España

Estómago. De Almudena Grandes

Ser demócrata consiste en defender los derechos y libertades de personas con las que no estamos en absoluto de acuerdo.

Ines Arrimadas en el Pleno del Parlament el pasado miércoles. Joan Valls GTRE

8 abril 2019 / EL PAIS

Hace poco más de una semana, unas declaraciones de Inés Arrimadas me dieron dolor de estómago. Miquel Iceta había dicho que, si en algún momento, los independentistas catalanes llegaban al 65%, el Estado español tendría que encontrar un mecanismo para encauzar el problema. Es una opinión razonable, que Arrimadas tergiversó, en un grado de obscenidad difícil de superar, al decir que la estrategia del PSC era esperar a que el independentismo creciera hasta el 65% para romper España. Nos estamos acostumbrando a los discursos repugnantes, pero una cosa son los candidatos, que vienen y van, dando más o menos asco, y otra las instituciones, cuya esencia consiste en permanecer. Por eso, cuando mi estómago no se había recuperado todavía, me dolió mucho más la actuación de Josep Costa, diputado de JxCat y presidente accidental del Parlament —en ausencia de Roger Torrent, que había ido al médico—, cuando mandó callar a Arrimadas en el estrado de la Cámara catalana.

La líder de Ciudadanos recordaba una serie de tuits auténticos de Quim Torra, por su contenido xenófobo y supremacista, cuando Costa, que en aquel momento era el presidente de la Cámara en la que reside la soberanía popular de todos los catalanes, la interrumpió para defender al president. Llegó a pedirle que se callara porque, desde que ocupaba ese cargo, Torra no había escrito esas cosas. La grosera, bochornosa censura de Costa, en una sala llena de lazos amarillos y carteles por la libertad de expresión, me indignó sobremanera, pero reforzó mis convicciones. Porque, si democracia no es una palabra hueca, ser demócrata consiste en defender los derechos y las libertades de personas que dan dolor de estómago. En mi caso, sin ir más lejos, Inés Arrimadas.

Dejar de meter la pata sin cesar. De Javier Marías

Buena parte de los españoles piensa que lo menos malo sería un pacto entre el PSOE de Rubalcaba o Guerra y el Ciudadanos de Arrimadas.

Javier Marías, escritor español, miembro de la Real Academia

3 marzo 2019 / EL PAIS SEMANAL

EN LOS ÚLTIMOS cuarenta y dos años, desde las elecciones de 1977, he votado muy variadamente. Desde —en aquellas primeras— a un partido de larga izquierda y corta vida y cuyo nombre ni recuerdo —vivía yo entonces en Barcelona—, hasta al CDS de Adolfo Suárez, que tampoco duró nada, y del cual me atrajo en su día su propuesta pionera de suprimir la mili que tanto amargó a los jóvenes españoles. Es decir, hace ya mucho que no me he sentido encorsetado por mis convicciones “de izquierdas”. Hay quienes se tatúan la frente y al día siguiente de votar son incapaces de mirarse al espejo si la papeleta que depositaron no coincide con el tatuaje o se le aproxima mucho. No es mi caso: llevo demasiadas legislaturas en las que voto contra quien me parece peor o más dañino; o a favor de quien veo menos repugnante o nocivo; o, como escribí años atrás, a quien me da “sólo” noventa y ocho patadas, en vez de las cien de nuestra locución verbal. Ojo, noventa y ocho son un montón, pero siempre hay otras formaciones que nos dan esas cien de rigor, o incluso ciento diez. Es lo que me pasa con el Partido Popular, que jamás ha entrado en mis fluctuaciones ni entrará, menos aún tras haber colocado a su frente a Pablo Casado, un vetusto joven que tiene como ídolo… a Aznar. Ni a éste ni a su partido les perdonaré nuestra involucración en la embustera, ilegal y contraproducente Guerra de Irak ni sus desfachatadas mentiras tras los atentados del 11-M de 2004, con el ministro del Interior Acebes jurando que habían sido obra de ETA. La primera vez que voté al PSOE fue de hecho aquel año. No porque me gustara Zapatero, sino porque lo urgente me parecía que nos quitásemos de encima la losa de Aznar. Era una de esas ocasiones en las que “cualquiera menos él”. (Y dicho sea de paso, la única y aterradora hipótesis en la que me vería escogiendo la papeleta del PP sería si un día la cosa se dirimiera entre ese partido y Vox; o tal vez Podemos, que tanto se asemeja a Vox, más o menos como en Francia suelen ir de la mano el “izquierdista” Mélenchon y la ultraderechista Le Pen, o en Italia el M5Stelle y La Lega, que gobiernan juntos. Todos admiradores de Putin, por cierto.)

De aquí a dos meses volveremos a tener elecciones, y una vez más habrá que buscar el partido que nos dé “sólo” noventa y ocho patadas, o incluso noventa y nueve. El PSOE lleva largo tiempo entontecido y en buena medida “podemizado”. De Podemos y sus confluencias ya está comprobado que sólo se pueden esperar megalomanía, caudillismo, antieuropeísmo, connivencia con los independentistas totalitarios y espíritu falangista-peronista. De los partidos nacionalistas, mezquindad sistemática y deslealtad hacia el conjunto. Pablo Casado no desaprovecha ocasión de soltar imbecilidades. Pero no imbecilidades inofensivas, sino dictadas por la mala fe. Un camorrista autosatisfecho, no se entiende satisfecho de qué. Y luego está Ciudadanos. Creo que nunca he hablado de ellos, quizá porque me parecía prudente no hacerlo hasta verlos más. Han tenido la suerte de no gobernar en casi ningún sitio hasta hoy. Y cuentan con quien es, en mi opinión, la política o político más inteligente y convincente de cuantos hay en España, Inés Arrimadas. Excelente parlamentaria, siempre con el tono adecuado (firme pero no prepotente), en absoluto engreída (algo insólito en su ámbito), casi nunca da la impresión de decir lo que no piensa (tal vez hasta hace poco, tal vez por “órdenes”). Ha sido lo bastante lista, además, para “perder un avión” de Barcelona a Madrid y no estar presente en la deprimente concentración de banderas de hace tres domingos en Colón. (Cuando veo muchas banderas, tanto me da cuáles sean, no puedo evitar acordarme de Núremberg en 1934.)PUBLICIDADinRead invented by Teads

Rara vez la gente vota unánimemente, en contra de lo que cada partido desearía para sí. Hay que aceptarlo y tenerlo en cuenta, y en ese sentido no estaba mal que hubiera una formación de centroderecha, aunque demasiado liberal en lo económico. Hay electores a los que eso va bien: un partido moderado, laico, conservador, no intrusista, equiparable a los que tradicionalmente ha habido en los demás países europeos. Ciudadanos podía ser eso. Así que resulta decepcionante y penoso verlo meter la pata en los últimos tiempos y enajenarse a posibles votantes. Se ha asimilado a este “nuevo” PP chulesco, beligerante y rancio, exagerado hasta la histeria. C’s se mantuvo más a distancia del de Rajoy para no verse salpicado por la corrupción, pero esa corrupción no ha desaparecido por arte de magia, y en cambio han reaparecido el encono y la bravuconería de Aznar. Tampoco le ha dado la espalda a Vox, que es como no dársela en Francia a Le Pen o en Hungría a Jobbik (partido más racista que Orbán, que ya es decir). Buena parte de los españoles piensa que lo menos malo en el actual panorama sería un pacto entre el PSOE de Rubalcaba o Guerra, para entendernos, y el Ciudadanos de Arrimadas. Dos partidos constitucionalistas, europeístas y no furibundos; en estos tiempos difíciles poco más se puede pedir. Pero Rubalcaba y Guerra están arrumbados y Arrimadas no es cabeza de lista. Quizá estén todos a tiempo —aún faltan casi dos meses— de dejar de meter la pata sin cesar. 

Destructores de las libertades ajenas. De Javier Marías

Es la tendencia de demasiada gente fanática: lo que yo condeno tiene que ser condenado por la sociedad, y a los que se opongan sólo cabe eliminarlos…

Javier Marías, escritor y columnista; miembro de la
Real Academia de España

20 enero 2019 / El PAIS SEMANAL

UNO DE LOS ELEMENTOS para medir la hipocresía de una sociedad es su sobreabundancia de eufemismos, así que no cabe duda de que la nuestra es la más hipócrita de los tiempos conocidos. Los hechos son invariables, pero las palabras que los describen “ofenden”, y se cree que cambiándolas los hechos desaparecen. No es así, aunque se lo parezca a los ingenuos: a un manco o a un cojo les siguen faltando el brazo o la pierna, por mucho que se decida desterrar esos términos y llamarlos de otra forma más “respetuosa”. El retrete sigue siendo el lugar de ciertas actividades fisiológicas, por mucho que se lo llame “aseo”, “lavabo”, “servicio” o el ridículo “rest room” (“habitación de descanso”) de los estadounidenses. Y bueno, el propio vocablo “retrete” era ya un eufemismo, el sitio retirado. Los eufemismos se utilizan también para blanquear lo oscuro y siniestro, desde aquella “movilidad exterior” de la ex-Ministra Báñez para referirse a los jóvenes que se marchaban de España desesperados por no encontrar aquí empleo, hasta el más reciente: son ya muchas las veces que he leído u oído la expresión “democracia iliberal” para asear y justificar regímenes o Gobiernos autoritarios, dictatoriales o totalitarios.

Se trata, para empezar, de una contradicción en los términos, porque “iliberal” anula el propio concepto de “democracia”, si entendemos “liberal” en las acepciones cuarta y quinta del DLE, las que la “i” niega: “Que se comporta o actúa de una manera alejada de modelos estrictos o rigurosos”; y “Comprensivo, respetuoso y tolerante con las ideas y modos de vida distintos de los propios, y con sus partidarios”. Lo conocido como “economía liberal” es otro asunto, que aquí no entra.

Muchas sociedades actuales creen que, para que un Gobierno sea democrático, basta con que haya sido elegido. Digamos que eso es más bien una condición necesaria, pero no suficiente. Para merecer el nombre, ha de serlo a diario, no sólo el día de su victoria en las urnas. Ha de respetar y tener en cuenta a toda la población, y en especial a las minorías. Y ha de ser liberal por fuerza, en el sentido de conservar y proteger las libertades individuales y colectivas. Y lo cierto es que cada vez hay más políticos y votantes cuyo primordial afán es prohibir, censurar y reprimir. Las nuevas generaciones ignoran lo odioso que resultaba ese afán, predominante durante el franquismo. La censura era omnipotente, casi todo estaba prohibido, y quienes se rebelaban eran reprimidos al instante: multados, detenidos, encarcelados y represaliados. Lo propio de los “iliberales” —esto es, de los autoritarios, dictatoriales o totalitarios— es no limitarse a observar las costumbres y seguir las opciones que a ellos les gustan, sino procurar que nadie observe ni siga las que rechazan. Si yo no soy gay, no permitiré que los gays se casen ni exhiban. Si yo nunca abortaría, ha de castigarse a quienes lo hagan. Si no soy comunista, hay que perseguir a quienes lo sean. Si no soy independentista, hay que ilegalizar a los partidos de ese signo. Si no fumo ni bebo, el tabaco y el alcohol deben prohibirse. Si soy animalista, han de suprimirse las corridas y las carreras de caballos. Si soy vegano, hay que atacar y cerrar las carnicerías, las pescaderías y los restaurantes. Esa es hoy la tendencia de demasiada gente “islamizada” y fanática: lo que yo condeno tiene que ser condenado por la sociedad, y a los que se opongan sólo cabe callarlos o eliminarlos.

La cosa va más lejos. Como he dicho otras veces, en poco tiempo hemos pasado de aquella bobada de “Toda opinión es respetable” a algo peor: “Que nadie exprese opiniones contrarias a las mías”. Se lleva a juicio a raperos y cómicos por sus sandeces, se multa a un poetilla aficionado por unas cuartetas inanes sobre la diputada Montero… O un ejemplo reciente y que tengo a mano: un artículo mío suscitó indignación no por lo que decía, sino por lo que algunos tergiversadores profesionales afirmaron que decía. Curioso que ciertos independentistas catalanes lo falsearan zafiamente a conciencia, cuando no trataba de su tema. La petición más frecuente fue que la directora de EL PAÍS me echara. Que me silenciara y me impidiera opinar, por lo menos en su periódico. Ella es muy libre de prescindir de mi pluma mañana mismo, si le parece, como lo soy yo de irme si me aburro o me harto de los “lectores de oídas” malintencionados. Pero lo primero que se pedía era censura. Eso no es propio de demócratas, ni siquiera “iliberales”, sino de gente con espíritu dictatorial y franquista. Gente que no se diferencia de Trump cuando llama a la prensa seria y veraz “enemigos del pueblo” e incita a éste a agredir a los reporteros; ni de Maduro cuando asfixia y cierra, uno tras otro, todos los medios que no le rinden pleitesía abyecta; ni de Putin cuando son asesinados periodistas desafectos bajo su mirada benévola; ni de Bolsonaro cuando hace que una Ministra suya decrete exaltada: “¡Los niños visten de azul y las niñas de rosa!” Lo peor no son estos políticos, pues siempre los hubo malvados o brutales. Lo peor es que tantos votantes de tantos países quieran imponer sus decretos y se estén haciendo “iliberales”, que no es sino destructores de las libertades ajenas. 

El llanto de Iglesias. De Salvador Garrido Román

Nunca hasta ahora, la lucha contra la dictadura fue usada por una organización para la confrontación política.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras su intervención en la sesión de control al Gobierno. J.J. Guillén

11 junio 2018 / EL PAIS

Yo fui torturado por Antonio González Pacheco —alias Billy el Niño— en 1972, cuando tenía veinte años. Guardo entre mis cosas el reloj de pulsera que llevaba puesto en el momento de mi detención, destrozado por el culatazo de arma de esbirro. Me puso su pistola en mi pecho y me dijo que mi cadáver aparecería flotando en el río Manzanares. Me preguntó si sabía quién investigaría mi muerte. Se respondió a sí mismo: “También yo”. Y rio su letal amenaza.

Fui entonces preso político, encarcelado por el torturador Billy el Niño. Ocurrió hace 46 años, va para medio siglo y ahora me lo rememora Pablo Iglesias con motivo de su alegato contra el mantenimiento de la concesión de una medalla en 1977. Nunca vi así mi caso en manos de una organización política.

Reprochó al ministro del Interior que la distinción a este torturador no hubiese sido retirada por el Gobierno. No mencionó que la Ley de Amnistía de 1977 supuso tabla rasa sobre estos asuntos: asesinos etarras con delitos de sangre, que volvieron a matar, se beneficiaron de la misma medida. No denunció esta infamia. Pero sí permitió, con sus silencios, que muchos españoles más jóvenes —como él—, pero desconocedores de esta tragedia, vislumbraran la vergüenza de mantener una condecoración a un torturador.

Afirmó Iglesias que ojalá un futuro ministro del Interior socialista haga justicia cuando sabe perfectamente que los hubo en el pasado durante más de veinte años de Gobierno y que no procedieron a la retirada de la condecoración que ahora reclama. A continuación, leyó algunos testimonios de víctimas del torturador en los que se relataba similares y más graves actos impropios hasta de una bestia.

El ministro le contestó que si los relatos que acababa de leer estuvieran recogidos en una sentencia, no habría diputado en la cámara que pensara en el merecimiento de la medalla y que caería sobre el torturador todo el peso de la ley. Iglesias no tenía ninguna sentencia. Su socio de coalición electoral, Alberto Garzón, envió acto seguido un mensaje público en el que incidía en este objetivo partidista acusando de poca vergüenza al ministro por haber defendido “a ese fascista delante de sus víctimas, que estaban en la tribuna” y mostrando su esperanza de que gente así sea expulsada del Gobierno.

Según Iglesias y Garzón, o se retira la medalla o se está en la vergüenza. A mí, sin embargo, me parece vergonzoso que un asunto así sirva para la confrontación partidista. Yo no hice lo que hice para que se usara de esta manera. Yo lo hice para que todos los españoles pudiéramos vivir en libertad, incluidos Iglesias, Garzón y los ministros del Interior, populares y socialistas, claro, y para que las leyes democráticas futuras fueran garantía de que no volviera a ocurrir. Como así fue. Nunca para que fuera arrojado, como una piedra, contra nadie. Cuando terminó su intervención, Iglesias se incorporó, levantó su puño, se sentó. Y lloró.

Mucho antes, en 2011, la ministra italiana de Trabajo lagrimó su comparecencia pública y dio tal imagen icónica la vuelta al mundo. Como cunda el ejemplo, y así parece, se va a generar una contienda política de desconsuelos. En mi caso, me sentí orgulloso de mi contribución a una nueva convivencia y convencido de que la democracia ha demostrado la imposibilidad de que vuelva a reproducirse la barbarie. Me satisfizo haber sido hijo de mi tiempo, comprometido, y me repele hoy la calificación de esclavo del pasado. Vencí al torturador cuando España se transformó en una democracia. Mi satisfacción, ya digo, es la libertad que disfruto, la misma que ocasiona la derrota del torturador.

Karl Popper afirmó que “aún el tirano más poderoso depende de su policía secreta, de sus secuaces y de sus verdugos”. Así, la dictadura se sustentó en numerosos torturadores, entre otros azotes. Uno de ellos fue Billy el Niño. Lo importante fue que no perdurara la tiranía. También André Glucksmann, en su libro “el discurso del odio” ofreció claves para reconocer esa lacra. Una de ellas es que “el odio se maquilla de ternura”. El argumentario del odiador es, señaló Glucksmann: “Quizá me equivoco… pero creía que estaba haciendo bien, voy de buena fe, nada malvado; el perverso eres tú, que osas suponerme tal”. Y con su conclusión me expreso: no necesito odiar el odio para combatir su locura asesina sino que sonrío ante su espantoso ridículo.

Pablo Iglesias representa un liderazgo cesarista que le permitió convocar una consulta entre los inscritos de Podemos sobre la permanencia de los cargos que su compañera Irene Montero y él tienen, cuestionada tras la compra de su nueva residencia. Obligó y sometió un asunto privado a la consideración política de su organización. Convirtió su designio personal en un referéndum político. Sin encomendar su voluntad a comité de dirección interno, conocido, alguno. Este comportamiento suyo fue autoritario y no veo razón alguna, sino todo lo contrario, para así calificarlo.

De aquella experiencia adversa no me quedó ningún estigma por suerte. De toda la transición política sí conservo una conciencia crítica que, con el tiempo, me mantiene en alerta contra los vestigios autoritarios y, hoy, me generan considerarlos un esperpento.

Salvador Garrido Román es periodista, fue secretario general del sindicato de CC. OO. de Correos y Telégrafos, elegido en su congreso constituyente de 1977.

Un Gobierno inviable. Editorial de El País

La moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política.

Pedro Sánchez del PSOE y Pablo Iglesias de PODEMOS durante el debate sobre la moción de remover a Rajoy del gobierno.

1 junio 2018 / Editorial de EL PAIS

La resistencia de Mariano Rajoy a dimitir —aún queda formalmente tiempo para que lo haga y apelamos enfáticamente a su responsabilidad para que responda en ese sentido— ha dejado al Congreso de los Diputados atrapado entre dos tiempos y requerimientos difíciles de conciliar entre sí.

Por un lado, un indiscutible imperativo ético obliga a desalojar al presidente de La Moncloa —que se despide insultando al Parlamento y a los votantes con su ausencia en la sesión vespertina y abrir un nuevo tiempo que dignifique la política y las instituciones democráticas lejos de la corrupción generalizada del PP. Por otro, si la Cámara censura con éxito al Gobierno, el tiempo de la urgencia ética deberá dar paso al tiempo normal de la política bajo otro Gobierno, que debería contar con un programa y apoyos parlamentarios que proporcionen estabilidad política y económica en un momento especialmente delicado. Desafortunadamente, no va a ser así.

El rechazo de uno a dimitir y del otro a ir a las urnas e
s un elemento adicional a la crisis

Como se constató este jueves en el hemiciclo, ni el presidente del Gobierno puede continuar ni el líder de la oposición tiene la capacidad política de liderar un Ejecutivo estable y coherente. La gobernabilidad de España está a punto de pasar de las manos de un líder, Mariano Rajoy, culpable de esta crisis institucional por su incapacidad para afrontar su responsabilidad política, a otro, Pedro Sánchez, que rechaza acudir a la ciudadanía para obtener un mandato claro para seguir adelante. Con su rechazo a convocar a las urnas para solventar esta grave crisis, los líderes de los dos partidos que han gobernado la democracia muestran que no tienen confianza en sí mismos ni en sus votantes para que renueven el apoyo que en otros tiempos les dieron. El rechazo de uno a dimitir tras haber perdido la mayoría y del otro a ir a las urnas para tener una mayoría estable se convierte así en un elemento adicional de la crisis del sistema democrático en el que la política se ha instalado desde 2015. Con su proceder, tanto uno como otro pretenden evitar el castigo de sus votantes en las urnas, aunque cabe preguntarse si a la larga no lo agravarán. Esto es lo más probable.

Asistimos, en realidad, al duelo entre dos políticos sin futuro; al último impulso, quizá, de dos dirigentes de dos partidos que se agarran desesperadamente entre sí ante el viento que los arrastra. Uno y otro parecían calcular si es mejor o peor apurar unos cuantos meses en La Moncloa para pilotar así en mejores condiciones las próximas elecciones. Entendemos que, no importa cuál de los dos pilote, ambos conducen la nave hacia un destino fatal. En ningún momento en el duelo Sánchez-Rajoy parecía adivinarse la menor preocupación por los intereses ciudadanos.

Intentar gobernar con unos apoyos
contraproducentes es una imprudencia

Mucho nos tememos que la crisis del sistema, ya grave, se agudizará si Sánchez logra su empeño de instalarse y permanecer en el Gobierno con el magro apoyo que proporciona un núcleo estable de 84 diputados que solo de forma excepcional ha logrado sumar una mayoría absoluta para lograr su investidura. Gobernar un país que afronta retos políticos, económicos, sociales y territoriales de indudable calibre con un apoyo tan exiguo sin duda generará inestabilidad, y con ello contribuirá a deteriorar la confianza en las instituciones.

Prueba de la artificialidad e inviabilidad del Gobierno que se propone es el programa que presentó Sánchez en el Congreso, que incluye la pretensión de gobernar con los Presupuestos Generales recién aprobados por el PP, al que aspira a desalojar, y que fueron motivo de una enmienda a la totalidad de su partido por su carácter supuestamente antisocial y regresivo. O el empeño en sacar adelante una importantísima agenda legislativa en materia económica y social desde un Gobierno monocolor que, con 84 diputados, representaría el 24% de los escaños de la Cámara.

Más preocupa si cabe el deseo expresado por el candidato de “tender puentes” y “dialogar” con las fuerzas independentistas catalanas cuando se sabe que ese diálogo —como dejó muy claro Tardà y ratificó después Iglesias— solo puede versar sobre el cómo y el cuándo se celebrará una consulta sobre la independencia de Cataluña. Hay que recordar que el bloque constitucional formado por el PP, el PSOE y Ciudadanos que ha gestionado la respuesta a la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 ha contado con 254 escaños, esto es el 72% de la Cámara. Sin embargo, con sus 84 escaños, el PSOE será minoritario en la coalición de 180 diputados con la que pretende gobernar, pues todos los partidos que le apoyan (Unidos Podemos, Bildu, ERC, PDeCAT y PNV) son partidarios, de una forma o de otra, del derecho a decidir, eufemismo de un derecho a la autodeterminación que no cabe en la Constitución. ¿Puede aspirar Sánchez a gestionar la crisis catalana siendo minoría dentro de su propia coalición parlamentaria y siendo minoría dentro del bloque constitucional? Difícilmente.

Desalojar a Rajoy, insistimos, es un imperativo. Intentar gobernar sin apoyos o, peor, con unos apoyos contraproducentes, una imprudencia. Tal y como hemos sostenido, en aras de evitar la inestabilidad y la deslegitimación del sistema democrático, apelamos a una pronta convocatoria a las urnas en fecha pactada por todos los grupos parlamentarios que quieran garantizar la estabilidad y la gobernabilidad y que piensen que la solución más eficaz y más democrática es dar la voz a los ciudadanos.

La fuerza de la hipocresía. De Máriam M-Bascuñán

Máriam M-Bascuñán, Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

19 mayo 2018 / EL PAIS

Desde hace tiempo se dice que la libertad de expresión peligra. Hablamos de espirales de silencio, de la amenaza de enjambres digitales prestos al linchamiento público de quien opina “incorrectamente”, de dictaduras de la mayoría que avasallan a los poderes del Estado y ejercen presión moral sobre la sociedad, o de la activa persecución de los irreverentes que osan mofarse de la cultura dominante.

Esto existe (¡a qué negarlo!), pero la discusión sobre la libertad de expresión no capta del todo las diatribas de nuestro tiempo. Quizá lo que se haya perdido sea la idea de una comunidad de comprensión donde se delibere con deseo de convicción mutua, construyendo un sentido verdaderamente común que permita el choque de argumentos contrarios. No parece que aspiremos al diálogo ni a convencer a quien piensa diferente, sino más bien a reforzar el canto de la tribu, el zumbido del enjambre al que apelamos. Cambiamos la conversación por una infructuosa yuxtaposición de monólogos paralelos.

Cuando Torra afirma que Cataluña vive una crisis humanitaria, sabe que es falso, pero no pretende abrir un debate. Se encierra en la Verdad del clan, precisamente para reforzarla e impedir la conversación. Hay cosas que no podemos sostener sin saltar fuera del espacio común, que solo se esgrimen cuando el lazo de convivencia está roto. Esta espistemología tribal nos dice que los grupos tenemos nuestro propio criterio de verdad, inmune al criterio de otras tribus. Se quiebra así la relación pública, que ya no busca la conversación porque esta se refiere al mundo compartido. Y se trataba, recordémoslo, de discernir conjuntamente los asuntos de la polis.

Frente a lo que se piensa, lo políticamente correcto, las buenas formas, el reconocimiento del otro en su particularidad, incluso los halagos y el gesto afable muestran que asumimos el riesgo de confiar en la conversación. Porque conversar es precisamente “vivir, dar vueltas en compañía”. Jon Elster lo llamó “la fuerza civilizatoria de la hipocresía” y presupone una relación ética entre quienes discuten, responsabilizándose mutuamente del dialogar. No es que vaya en contra de la libertad de expresión, sino que a veces es condición necesaria para su realización.

@MariamMartinezB