Mensaje de la Secretaría General de la OEA en ocasión de las manifestaciones del 1 de septiembre

Almagro y Maduro

Secretaría general OEA, 30 agosto 2016 / OAS

A escasas horas de las manifestaciones previstas para el 1 de septiembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recuerda que por encima de todo está la paz y los derechos de las personas. Cada uno, desde la dimensión institucional o desde las propias circunstancias de la vida, debe procurar el entendimiento mutuo y dar fuerza a la tolerancia de las ideas. La realidad de la política debe ser forjada en principios y valores que den el marco ético de convivencia, solidaridad y concordia.

En este contexto, corresponde al Gobierno, a los titulares de cargos gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad de sus habitantes, por lo cual son personal e institucionalmente responsables ante las instancias políticas y jurisdiccionales que corresponda, tanto a nivel interno como internacional, por el resultado de sus acciones u omisiones.

Gestiones de la Secretaría General para la observación de la marcha del 1 de septiembre

El pasado 12 de agosto el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recibió la solicitud por parte del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diputado Luis Florido, y del dirigente Carlos Vecchio para que la Secretaría General de la OEA procediera a observar las marchas y manifestaciones previstas para el próximo 1 de septiembre de 2016. Dicha solicitud –que fuera posteriormente respaldada por dirigentes e integrantes de la sociedad civil- fue recibida con la mejor disposición de cooperación por el Secretario General Almagro.

Ante ello, la Secretaría General realizó gestiones con la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA con la finalidad de habilitar los mecanismos tendientes a la observación y al acompañamiento de la marcha.

De ese modo, se cursó nota a la citada delegación diplomática el 12 de agosto de 2016 (Nota OSG 425), y se reiteraron similares gestiones el 22 de agosto del corriente (Nota OSG 438).

En dichas oportunidades la Secretaría General de la OEA manifestó:

• su disposición a coordinar el acompañamiento institucional de observación internacional de las referidas manifestaciones con el ánimo de brindar a Gobierno, oposición y ciudadanía venezolana las máximas garantías de imparcialidad en el contexto de la libre expresión de la voluntad ciudadana y el desarrollo pacífico en el marco de convivencia.

• que la referida intención se inscribe en el contexto de las competencias del Secretario General establecidas en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos jurídicos en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

• la vocación para explorar en forma conjunta las modalidades de seguimiento de las manifestaciones convocadas (a través de la Secretaría General y/u otros órganos de la OEA) de modo de asegurar un mecanismo de acompañamiento y observación conjunta garantista y efectiva.

• la necesidad del trabajo conjunto y el apoyo de la comunidad interamericana e internacional para garantizar los derechos de expresión ciudadana.

• que los lamentables acontecimientos del año 2014, en ocasión de las manifestaciones populares, que exhibieron niveles de violencia desmedidos, detenciones arbitrarias y la irreparable pérdida de 43 vidas humanas y centenares de heridos, recuerdan la necesidad permanente de extremar esfuerzos en favor de la paz y de la convivencia ciudadana, lo cual resulta absolutamente necesario para garantizar derechos, asegurar la no repetición y contar con elementos de rendición de cuentas.

• que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos cuenta con mecanismos probadamente eficaces, imparciales y profesionales para brindar las garantías de observación y seguimiento correspondientes.

• que los deberes jurídicos que se desprenden de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos obligan a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela a su observancia y cumplimiento cabal.

• que los mismos instrumentos jurídicos citados constituyen una obligación jurídica, ética, política y funcional de velar por su cumplimiento por parte del Secretario General de la OEA y de denunciar sus sistemáticas violaciones.

• que el contexto de erosión y deterioro institucional, militarización de actividades civiles, crisis humanitaria y existencia de presos políticos hacen aún más necesario para todas las partes contar con actores que puedan coadyuvar a otorgar las necesarias garantías de convivencia ciudadana pacífica.

Pese a las razones y argumentos presentados, el Gobierno de Venezuela ha rechazado la disposición de la Secretaría General de la OEA de trabajar para asegurar las mayores garantías para las marchas y manifestaciones previstas.

El hecho de haber negado una propuesta que otorgaba garantías a la gente para el ejercicio de sus derechos demuestra claramente una negativa de asegurar al propio pueblo condiciones de paz y tranquilidad en el contexto de las manifestaciones del 1 de septiembre. La Secretaría General de la OEA hace responsable al Gobierno de Venezuela de asegurar al pueblo su derecho a manifestarse pacíficamente, su derecho de asociación y su derecho de libre expresión sin sufrir ningún tipo de violencia e intimidación; será completamente inaceptable para la Secretaría General cualquier abuso de autoridad. La Secretaría General hace responsable al Gobierno de toda víctima, que espera no tener que lamentar.

Intentos de amedrentamiento a la oposición

La Secretaría General manifiesta su preocupación por lo ocurrido estos días previos al llamado de la oposición democrática venezolana del 1 de septiembre, donde se han recibido denuncias que demuestran el recrudecimiento de la represión y de las violaciones de Derechos Humanos. Se pretende criminalizar la protesta, se amenaza con inhabilitar a partidos políticos, y se criminaliza la actuación de diputados de la Asamblea Nacional y activistas de la sociedad civil, acciones que dejan serias dudas de que al gobierno venezolano le interese un diálogo serio y constructivo para salir de la crisis en la que ha sumergido a Venezuela.

Ante ello, se reitera la preocupación frente al creciente deterioro institucional registrado en Venezuela y -en este contexto- hace un llamado a que las manifestaciones y marchas previstas, al amparo del legítimo derecho de reunión y de expresión de la voluntad popular, se desarrollen de modo pacífico y en el clima de convivencia necesario.

Sobre este particular, se llama al inmediato cese de las medidas arbitrarias e impunes que tienen como objetivo deliberado la intimidación de líderes opositores y de la población en general a escasas horas de la marcha prevista.

Entre estas medidas se ha registrado:

• El traslado a prisión del ex-Alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, medida dispuesta sin las mínimas garantías civiles ni criterios objetivos, lo que constituye un extraordinario abuso y muestra de sembrar el miedo no sólo en el núcleo familiar del Sr. Ceballos y en sus allegados, sino también en la ciudadanía en general.

• Este lunes fue detenido el activista y líder juvenil Yon Goicoechea, quien se trasladaba por las calles de Caracas cuando fue interceptado por funcionarios policiales encapuchados. Recién a altas horas de la noche se supo, a través un diputado del oficialismo, de su paradero en la cárcel del SEBIN.

• Similares parámetros de arbitrariedad y tiranía exhibe la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez.

• Los allanamientos arbitrarios realizados en las residencias del Diputado Lester Toledo – quien posee inmunidad- y

• Del Alcalde Delson Guarate, sin guardar el debido proceso, demostrando el ensañamiento desmedido en contra de líderes de la oposición.

• Los medios de comunicación están siendo amedrentados constantemente, y hoy la sede del diario “El Nacional” fue atacada por grupos violentos identificados con el gobierno venezolano. Periodistas internacionales que están llegando a Caracas para cubrir el evento del 1 de septiembre están siendo retenidos en el aeropuerto, e incluso esperando ser deportados, tal el caso de los reporteros de Al Jazeera, lo que impide que la cobertura llegue libremente a la prensa internacional.

• El acoso a la sede de Voluntad Popular del día de hoy forma parte también de la operación de amedrentamiento en curso.

• La detención de Carlos Melo agrava aún más los abusos y privaciones de derechos, que constituyen provocaciones que van en desmedro de la reconciliación ciudadana a escasos días de las manifestaciones previstas para el 1 de septiembre.

• El arbitrario traslado de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, sin mostrar la orden de traslado ni habérselo participado a sus abogados ni familiares, permaneciendo presos sin acusación.

• El traslado en horas de la madrugada de hoy de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel para presos de alta peligrosidad 26 de Julio de Guárico, sin tampoco haberlo notificado a su defensa y familiares.

• La retención en el día de hoy de la Diputada María Hernández se suma también a la lista de arbitrariedades.

• En la misma línea, el gobierno venezolano ha ordenado el despido masivo de más de 4.000 funcionarios públicos que firmaron para el revocatorio, violando los derechos constitucionales que le garantizan a todos los venezolanos el derecho a discernir y a expresarse libremente.

• Los venezolanos que desde ahora se están movilizando para llegar a la Capital y participar en la manifestación han denunciado retenciones puestas por el gobierno nacional para impedirles el paso o desviarlos, tal y como ha ocurrido con la manifestación indígena que está caminando miles de kilómetros desde el Estado de Amazonas para participar.

• En el día de la fecha se produjo también el intento de incendio de la Casa del Partido Acción Democrática en San Carlos.

Los intentos de intimidación de la población ante la proximidad de instancias de expresión popular resultan propios de los más connotados regímenes autoritarios a lo largo de la historia.

Estas maniobras contribuyen a generar un clima de confrontación y crispación, así como potencian el riesgo de desbordes ante la arbitrariedad y descarada impunidad con que se actúa.

Todos los hechos reseñados ut supra forman parte de una acción sistémica apoyada en mecanismos de represión del Estado que violan absolutamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano. Ello contradice completamente los principios y valores democráticos y definen al Gobierno de Venezuela como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo.

Llamado al Gobierno de Venezuela al respeto de los Derechos Humanos y otorgamiento de las máximas garantías

Particularmente se llama al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a permitir, en el más amplio marco de libertad y de garantías ciudadanas, las manifestaciones de la expresión popular y a evitar medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales.

En el mismo sentido, se llama a las autoridades electorales a asegurar los derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos y a brindar certezas sobre la realización del referéndum revocatorio en el año 2016.

Corresponde al Consejo Nacional Electoral ser un elemento de imparcialidad y aseguramiento de garantías, y no una herramienta del poder político para la tergiversación de los plazos -o de los porcentajes de recolección de firmas- debidamente estipulados.

El no cumplimiento de estas obligaciones por parte del CNE contribuye a deteriorar el clima de convivencia y a potenciar la polarización política y social.

Adicionalmente, la existencia constatada de presos políticos no sólo vulnera los derechos humanos de los venezolanos, sino que impide la existencia de un sistema democrático y corroe aún más las bases de la necesaria convivencia pacífica. Se reitera el llamado a su inmediata liberación, medida que sin duda coadyuvará al camino de recuperación de los estándares democráticos en el país.

La Secretaría General de la OEA también alerta sobre las manipulaciones que han impedido la concreción de una reunión entre el Secretario General Almagro y el Comité de Víctimas de la Guarimba (solicitada inicialmente por la Secretaría General el 21 de octubre de 2015) y reitera la necesidad de esclarecimiento y justicia. Truncar mediante argucias el acceso al diálogo con la Secretaría General de la OEA por parte de las víctimas no se condice con la vocación de arrojar luz sobre los acontecimientos y de brindar las necesarias garantías de rendición de cuentas y no repetición. Y no resulta en absoluto constructivo para la paz ciudadana.

Urge el establecimiento de un diálogo genuino y en busca de resultados en el país. El establecimiento de plazos, objetivos y mediadores aceptados por todas las partes constituye una condición insoslayable para la recuperación democrática en Venezuela.

Por último, la Secretaría General enfatiza su llamado en favor de la paz, la concordia y la reconciliación de los venezolanos, anclado en el respeto a los derechos de todos y a la necesaria tolerancia para la jornada del 1 de septiembre.

 

La toma de Caracas. De Paolo Luers

Paolo Luers, 31 aogosto 2016 / EDH-Observadores

El jueves 1 de septiembre, la oposición venezolana se va a tomar Caracas. Suena beligerante, pero todos los líderes nacionales, locales y sectoriales que se juntaron para convocar a la ‘Toma de Caracas’ han enfatizado en su carácter pacífico. Si el 1 de septiembre se convierte en un día negro depende enteramente del gobierno que ya ha amenazado con bloquear con despliegues policiales y militares las arterias del país y de la ciudad.

De todos los rincones del país se encaminan marchas sobre la capital. Miles de personas caminando cientos de kilómetros, y aprovechando su paso por pueblos y ciudades para hacer crecer la marcha. Ya no es un asunto de los partidos opositores y sus dirigentes, se ha vuelto un asunto de la ciudadanía que ya no aguanta el caos económico y social creado por el régimen de Nicolás Maduro. La gran mayoría de los venezolanos, independiente de su afiliación ideológica, solo quiere que esta pesadilla termine.

La única manera de terminar esta pesadilla antes de que lleve al país a al caos total es el referéndum revocatorio, con el cual la posición pretende conseguir la destitución de Nicolás Maduro y su gobierno chavista. Esto lo permite la Constitución venezolana.

El problema es que la Constitución establece ciertos plazos. En concreto: Si el referéndum de revocación del presidente tiene lugar este año (y gana), habrá elecciones presidenciales. Si el régimen logra retrasar el referéndum hasta enero, siempre tendrá que renunciar Maduro, pero asumiría la vicepresidencia.

Entonces, el pleito sobre la fecha es un pleito sobre cambio de gobierno o cambio de régimen. Y para resolver la grave crisis económica y social de Venezuela, se necesita un cambio de régimen. Por esto la gente marcha sobre Caracas, a pesar de todas las amenazas.

De hecho, uno de los principales organizadores de la ‘Toma de Caracas’, Yon Goicoechea, quien hace tres días fue secuestrado por la policía política SEBIN. A gente como Yon Goicoechea le temen los chavistas, por que como líder estudiantil se puso a la cabeza de una movilización nacional de estudiantes que hizo perder a Hugo Chávez el referéndum del 2009 para aprobar su Constitución Socialista.

El régimen chavista, desde su control de todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia, ha puesto todas las trabas posibles e imposibles, legales e ilegales, para que el referéndum revocatorio no se pueda celebrar antes de terminar el año. La respuesta de la oposición es la ‘Toma de Caracas’, y la respuesta de la ciudadanía son las marchas sincronizadas sobre la capital.

Lo más peligroso para el régimen chavista es que alrededor del referéndum de revocatoria los diferentes liderazgos de la oposición se han vuelto a unificar. Lo que en los últimos años fueron serias disputas sobre estrategia y liderazgo entre los que propusieron conseguir ‘la salida’ de Maduro con movilizaciones, y los otros que apostaron a una salida constitucional, ahora se han encontrado en un punto que los une: una salida constitucional, el refer´ndum de revocatoria, y para conseguir que se haga a tiempo, todos apuestan a la calle y movilización pacífica. Los chavistas echaron preso al dirigente de ‘la salida’, Leopoldo López (y otros dirigentes afines a él), pero solo para darse cuenta que el dirigente de la supuesta tendencia moderada, el gobernador de Miranda Henrique Capriles, se puso a la cabeza de la movilización popular en pro de la revocatoria.

Nuevamente se forjó la unidad entre los dos líderes más carismáticos y capaces de la oposición: Henrique Capriles y Leopoldo López, y de sus partidos, Primeo Justicia y Voluntad Popular. Y yo siempre, desde que conocí a estos dos hombres y sus altibajos de unidad y competencia, les dije: Juntos, ustedes dos son invencibles.

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Fernando Mires: Antes del 1S
Henrique Capriles sobre la marcha del jueves: «La Toma de Caracas será masiva»

ULTIMA HORA:
Mensaje de la Secretaría General de la OEA
en ocasión de las manifestaciones del 1 de septiembre

 

Carta a la jueza en la mira del populismo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 agosto 2016 / EDH

Estimada jueza Evelyn Jiménez:
De un día al otro usted se convirtió en blanco de la frustración que mucha gente ha acumulado sobre nuestro sistema judicial. En redes sociales le dijeron de todo: corrupta, vendida… para solo citar las clasificaciones más decentes. Pero lo más preocupante: Todo esta ‘lluvia de porquería’ fue instigada por declaraciones de los fiscales del caso.

¿Por qué usted se convirtió en enemiga pública? Simplemente porque le tocó la papa caliente del caso Quique Rais/Luis Martínez. Simplemente porque usted se negó a declarar a estos personajes (tan detestables como los demás imputados) culpables antes del juicio. Yo, como ciudadano, tengo derecho de asumir que estos empresarios, fiscales, jueces y abogados acusados en este caso son corruptos y prepotentes. Lo asumo. Cuando Luis Martínez fue celebrado como el ‘fiscal general con valor’, y cuando muchos que ahora exigen que usted lo encarcele estaban promoviendo su reelección, yo señalé que estaba usando la Fiscalía para extorsionar y chantajear. Quiero verlo condenado.

Pero usted, como juzgadora, tiene que actuar bajo el imperativo constitucional de la presunción de inocencia. Y como pude observar, esto es exactamente lo que hizo en esta audiencia histórica contra Rais, Martínez y Cía.

Usted hizo lo que pocos jueces se hubieran atrevido: no aceptar que una fiscalía (que actuaba con todo el apoyo de una opinión pública frustrada con la impunidad histórica) convirtiera la audiencia inicial en un juicio adelantado para precondenar a los imputados.

¿Cuáles fueron los pecados suyos que la convirtieron en blanco de la ira de la Fiscalía y de la opinión pública? No admitir que en esta audiencia inicial (que por ley no era para evaluar pruebas ni mucho menos para concluir en la culpabilidad de los imputados) se reprodujeran los audios de las llamadas telefónicas que la Fiscalía ofrece como pruebas principales contra los imputados. Si entiendo bien, usted tuvo por lo menos dos razones de no hacer caso a la presión de los fiscales para que se escucharan estos audios: primero, le tocará al Juzgado de Instrucción decidir si estas grabaciones son admisibles, ya que la ley mandaba que hace tiempo tenían que haber sido destruidas por vencerse el plazo que da la Ley de Intervención Telefónica. No es competencia del Juez de Paz decidir si son admisibles como pruebas.

Tengo entendido que usted, en un primer momento, accedió a escuchar los audios, pero sin decidir de antemano si serían pruebas admisibles. Pero luego se encontró con una segunda razón de no permitir estos audios en su audiencia: Resulta que lo que la Fiscalía le entregó, era una versión editada de las grabaciones. Usted tuvo doblemente razón de no admitir una prueba ‘editada’ con el criterio de la Fiscalía.

Pero solo esto era suficiente para que los fiscales pusieran en duda su integridad como jueza, y llegaron al descaro de exigir que a la audiencia asistiera la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema para investigar a una jueza que aplica la ley en vez de remendar los errores técnicos de la Fiscalía.

Su otro pecado: Conceder a los imputados medidas sustitutivas a la detención. Muchos reclamaron que muchos imputados, sobre todo de pocos recursos, están esperando su juicio en las bartolinas, mientras que Luis Martínez, Quique Rais y Cía. salen libres con una fianza. Es muy correcta esta crítica, que siempre se le ha hecho al sistema judicial. Pero el problema no es que en este caso usted decidió conceder medidas sustitutivas; el problema que hay que denunciar, es que en muchos casos se aplica ilegalmente la presunción de culpabilidad – y a los imputados se les niega el derecho de esperar su juicio y preparar su defensa en libertad. Los fiscales siempre piden que se mantenga la detención, es su manera equivocada de medir su éxito, y demasiados jueces les hacen caso – y por esto tenemos miles de detenidos sin condena causando hacinamiento en las bartolinas y los penales. Usted hizo lo correcto: Cuando no hay una razón fuerte que obligue a mantener a los imputados en detención, hay que concederles libertad con medidas restrictivas.

Es lamentable que el simple hecho que una jueza aplique bien la ley, incluso teniendo el valor de ir contra la corriente de la opinión pública, la convierta en blanco de presiones y ataques indebidos. Los jueces no pueden trabajar bien bajo presión popular. Tienen que ser independientes, no solo del gobierno y otros poderes, sino también de la presión de la calle y de las redes sociales.

Es por esto que me preocupa la tendencia a un ‘populismo judicial’. La Fiscalía no puede promover sus acusaciones acudiendo a la movilización popular, mucho menos a las frustraciones y resentimientos acumulados. En este caso esto afecta a unos imputados que todos consideramos culpables, pero mañana puede afectar a cualquiera que va contra la corriente.

No la conozco, señora jueza, no sé si es buena jueza o no, pero sentí la necesidad de apoyarla contra la ola de ataques. Más bien se trata de proteger a la justicia.

Saludos,

Barcos a la deriva. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 agosto 2016 / EDH

En 1865, el novelista británico Lewis Carroll publicó su obra llamada “Alicia en el país de las maravillas”. En uno de los pasajes más celebres de la misma, Alicia, su protagonista, está  perdida en un camino y al llegar a una bifurcación, no sabe cuál dirección escoger. En ese lugar Alicia se encuentra al Gato y le pregunta: “¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?” A lo que el Gato respondió: “Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar”. Alicia contestó: “¡No me importa mucho!”. Y el Gato contestó: “Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”. Este pequeño fragmento representa lo que ha sucedido en El Salvador en las últimas décadas. No sabemos adónde  vamos como país, muchas instituciones parecen barcos a la deriva.

Buena parte de no saber el rumbo que llevamos como país es consecuencia de la falta de enfoque de los funcionarios encargados de tomar decisiones trascendentales. Y esta falta de orientación de muchos funcionarios tiene que ver con la poca claridad sobre lo que significa la función pública. La retórica que siempre hemos escuchado al momento que se realizan las elecciones es que van a “trabajar en beneficio del país”, “velar por los intereses generales”, “defender los derechos de la ciudadanía”; todos estos conceptos han sido de puro uso publicitario, acompañados con poca o nula ejecución. Muchos de los funcionarios han utilizado estas frases antes de ocupar sus puestos y luego no tienen ni idea o se les olvidan los fines para los que fueron seleccionados.

El  servicio civil o función pública se define como “un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que integran éste […]. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general” (Carta Iberoamericana de la Función Pública).

El régimen del servicio civil tiene una doble finalidad; en primer lugar, asegurar el correcto funcionamiento del aparato laboral estatal, en respeto a los derechos fundamentales de todo trabajador y como garantía de estabilidad laboral de los empleados públicos. En ese sentido, se establecen una serie de derechos en favor de los miembros del servicio civil, tendente a garantiza la inamovilidad (estabilidad laboral), desarrollo al interior de la institución con base en la meritocracia.

Por otra parte, la regulación del servicio civil es una pieza fundamental en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y en la vigencia del Estado de Derecho, ya que asegura en última instancia la ejecución de las políticas públicas a través de un cuerpo de servidores públicos lo suficientemente preparado como para tomar las mejores decisiones posibles. La Sala de lo Constitucional ha señalado esta finalidad del régimen del servicio civil al establecer que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y, por tanto responden al interés general.

Nada de lo anterior ha sido entendido por muchos de nuestros funcionarios. En El Salvador ya es normal que se tenga a disposición una cantidad considerable de dinero y esa sea utilizada a discreción. Los titulares de las instituciones deben de tener poder de ejecución para que las decisiones sean más fluidas, pero no tanto como para pretender manejar una institución como que si fuera su casa. Y la arbitrariedad en la toma de decisiones no solo tiene que ver con aspectos de despilfarro financiero, sino también en medidas que afectan los derechos de los demás, como por ejemplo el “engavetamiento” de casos o solicitudes, la omisión de investigación, la creación de situaciones falsas para beneficiar o afectar a intereses particulares.

Los casos que están siendo investigados actualmente por mal manejo de bienes-fondos o por actos presuntamente arbitrarios (Corte de Cuentas, ex Fiscal General, ex Presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa) no habrían sucedido si de verdad los funcionarios supieran lo que implica el manejo de la cosa pública. Estamos claros que muchos no están enterados del mandato que la Constitución les ha otorgado y hay que ir pensando en ni siquiera considerarlos como candidatos para futuras elecciones.

La burka. De Fernando Mires

En el post anterior publicamos la columna «Libertad, igualdad y fraternidad, pero no para todos«, de Cristina López – un alegato contra el intento en Francia (y otros pases europeos) de prohibir a las mujeres musulmanas el uso de la ‘burka’ ciertos espacios públicos. Luego de publicar esta columna, un amigo nos mandó una columna del politólogo Fernando Mires, quien vive en Alemania y da clases en la Universidad de Oldenburg. Esta columna es un alegato contra el uso de la Burka, aunque no plantea crear leyes para prohibirlo. Segunda Vuelta frecentemente reproduce artículos de análisis que Fernando Mires publica en el sitio digital PRODAVINCI, sobre Venezuela y otros temas latinoamericanos.

Segunda Vuelta

Politólogo chileno radicado en Alemania

Fernando Mires, 25 agosto 2016 / POLIS

Debo decir que no tengo nada en contra de que las mujeres se pongan en la cabeza lo que quieran, sea un velo, un sombrero o un macetero. Pero no me da lo mismo lo que se pongan sobre el rostro. Dicho en breve, estoy en contra de la burka y de su rejilla y de su gemelo sin rejilla, el nikab.

No solo estoy en contra de la burka. Estoy en contra de quienes opinan que da lo mismo que la usen o no, de las feministas que dicen que cada mujer puede vestirse o desvestirse como quiera, de los que identifican el uso de la burka con la libertad de culto. En fin, en contra de todos quienes están a favor de la burka, o les da lo mismo, o la politizan a su favor.

Estoy en contra de que una mujer me mire a través de una rejilla o un velo sin que yo sepa si me está mostrando odio, simpatía, indiferencia o burla. Para que se entienda mejor, si me topara en la calle con el Zorro o con Batman, también estaría en contra de ellos.

Nuestra cara es nuestra identidad. Sin la cara somos unos descarados. Nos reconocemos y relacionamos a través de las caras. No es posible ser ciudadano sin dar la cara. La ciudadanía debe ser pública o no ser.

¿Estoy a favor de la prohibición de la burka? Ética, estética y jurídicamente no puedo sino estar en contra de su uso. Pero, a la vez, sabemos que políticamente una prohibición puede ser contraproducente. El ministro del interior alemán, Thomas de Maizière, justamente quien iniciara el debate sobre el uso de la burka en su país, dijo con cierta razón:“No podemos prohibir todo lo que negamos”.

Probablemente el ministro pensaba en que una prohibición terminante de la burka podría llevar a producir el efecto contrario de lo que se busca alcanzar. Llevaría, sin duda, a que los islamistas más radicales usen la burka como símbolo de lucha. Policías en la calle obligando a las mujeres a despojarse de la arcaica indumentaria provocaría rechazo entre los propios sectores liberales, tanto dentro como fuera del Islam.

Decidí entonces llamar por teléfono a D.

1. es una reconocida académica alemana. Descendiente de padres sirios goza de plena autoridad en materias islámicas. Su posición en contra del uso de la burka la ha fundamentado públicamente desde su punto de vista religioso, feminista y político. Como en tan pocas líneas no puedo transcribir el curso de la conversación, me limitaré solo a presentar sus principales argumentos. Dijo ella:

Efectivamente, una prohibición de la burka puede convertirse en un tema de agitación a favor de los islamistas más radicales. Por eso, antes de hablar de prohibición yo llamaría a iniciar un debate. Lo ideal sería hacerlo en el marco de un acto plebiscitario. No, no me refiero a un plebiscito constitucional a “la suiza” cuyos agitadores principales serían los islamófobos, la ultraderecha y los fascistas. Hablo más bien de un plebiscito informal no vinculante, uno en el que participen solamente mujeres musulmanas que posean carta de residencia en Europa. Allí, las “antiburkistas”, no te quepa duda, somos la  inmensa mayoría. Pero más allá del resultado, cuyo efecto sería de por sí impactante, nos interesa llevar el tema a una discusión en la cual sus actores principales sean las propias mujeres del Islam. Solo pediríamos a los políticos que nos proporcionen algunos medios logísticos y un mínimo de cobertura medial.

• – ¿Crees que es posible? – pregunté.
• – Es difícil, estamos en un periodo electoral y la mayoría de los políticos no quiere asumir riesgos. Tú sabes, a veces la democracia se vuelve en contra de sí misma. Tenemos que aceptarlo.

Solo puedo desear que D. tenga mucho éxito en su proyecto. El problema –como ella dijo- es que a veces la democracia se vuelve en contra de sí misma.

 

Libertad, igualdad y fraternidad, pero no para todos. De Cristina López

Cristina López, 29 agosto 2016 / EDH

Francia se robó la atención de los medios de comunicación la semana pasada y por las peores razones. Se volvieron virales las imágenes de agentes policiales franceses que mientras patrullaban una playa hicieron cumplir la ley local a una de las vacacionantes. La ley, que aplica a varias localidades francesas, es la última en la sarta de estupideces legislativas que están plagando varias esquinas de Europa como consecuencia en el alza de nacionalismo e islamofobia. Esta ley era además extremadamente sexista, puesto que específicamente prohíbe a las mujeres el uso del “burkini” en las playas en las que aplica.

El “burkini”, por si no vio los Juegos Olímpicos de Río, es el atuendo con el que algunas musulmanas deciden vestirse en la playa. Es resistente al agua, y  así como la burka, solo deja visible la cara. Las musulmanas no son las únicas personas en el mundo que escogen cierto tipo de atuendos por razones religiosas. Quien interpreta la burka como evidencia de religiosidad retrógrada y no como una decisión derivada de la libertad de culto, y no aplica los mismos principios a los hábitos y sotanas de tantas órdenes religiosas, tiene un problema de consistencia.

En Francia, el populismo nacionalista que anda en voga (y que empieza a sonar en otros lugares del mundo gracias a los demagogos que han visto en el miedo un excelente trampolín electoral) ha llevado a legalizar los prejuicios y la islamofobia. El miedo causado por recientes actos terroristas ha llevado a los políticos y a muchos miembros de la prensa a demonizar al islam y a todos los musulmanes, una falacia argumental tan equivocada como decir que todos los salvadoreños pertenecen a las maras porque los miembros más conocidos son salvadoreños. Que la burka es una “provocación”, dijeron las autoridades para justificar el absurdo legislativo, sonando bastante similares a quienes culpan de violaciones a la víctima por “provocar” con su falda.

Qué miedo da la progresivísima Francia, la liberal, egalitaria y fraternal, con su retroceso a las peores épocas de la persecución religiosa. Por suerte, en esta persecución no ha habido aún sangre o inquisiciones, solamente el soberano ridículo que protagonizaron las autoridades francesas en las redes sociales. Quedó en evidencia lo absurdo de la ley cuando un par de motociclistas (vestidos de cabeza a los pies con sus trajes de pilotos) se echaron a tomar el sol, cubiertos lo mismo que una musulmana en burkini. La ley no les aplicaba, no eran mujeres ni sus trajes de moto eran parte de la manera como deciden expresar su religión.

Por suerte, la corte administrativa de mayor jerarquía invalidó la absurda prohibición, diciendo en su sentencia que los alcaldes habían abusado de su poder y con su prohibición habían infringido las más fundamentales libertades. En la sentencia, recordaron a los funcionarios que las libertades solo pueden restringirse cuando afectan a los demás.

Sin embargo, el daño está hecho: durante los días en que estuvo en vigencia, quedó demostrado que para quienes ejercen el poder, la igualdad, libertad y fraternidad solo aplica para algunos y bajo condición. La condición, aparentemente, es que tengan las mismas creencias, o el mismo color de piel. El argumento de que las creencias musulmanas les ordenan cometer actos terroristas, es tan ignorante como decir que el Ku Klux Klan es una expresión representativa del cristianismo sureño de los Estados Unidos.

@crislopezg

Vea  sobre el mismo tema: La Burka. De Fernando Mires

El país que dejó de creer. De Mariana Belloso

En aquel país ya no creían en nada ni en nadie. La justicia se había vuelto un concepto abstracto y etéreo. La impunidad era, en cambio, algo común, soportado, normalizado, casi esperado.

Mariana Belloso, 28 agosto 2016 / LPG-Séptimo Sentido

Había un país donde la gente ya no creía más. Nada les esperanzaba, no sabían qué era la fe. Marchaban a misa por costumbre, hablaban con sus parejas solo lo necesario, no se preguntaban cómo había estado el día ni qué habían hecho, cansados de escuchar puras mentiras.Tampoco creían en sus políticos. Votaban por el mero gusto de que no ganara el candidato del “otro”. Se metían en pleitos, ya fuera en bares, muros de Facebook o cronologías de Twitter, para defender al político de su bandera, únicamente para no dar su brazo a torcer, para sentirse superior al vecino.

Un día, en ese país comenzaron a capturar a exfuncionarios, a empresarios, a jueces, a abogados. Figuras de poder que todos creían intocables avanzaban esposados hacia las bartolinas. El fiscal alzó la voz y, señalándolos, proclamó que había desbaratado una red de corrupción. Los ciudadanos estaban acostumbrados a la idea de ser gobernados por corruptos, no pasaban de indignarse en alguna tarde de ocio y gustaban de conformarse con repetir que los corruptos del partido contrario eran los peores.

Con incredulidad, los ciudadanos se apostaron para disfrutar del espectáculo de los caídos. Vieron casas registradas, negocios intervenidos, desfiles de policías sacando artículos de lujo, extravagancias y chucherías carísimas que confirmaban los despilfarros que habían sido secretos a voces durante años, pero que nadie pensó nunca se verían así expuestos.

Extasiados, abrían los ojos para no perder detalle del show. Se quedaban sin saliva comentando lo sucios que eran unos, o defendiendo a otros, mientras sus dispositivos móviles se recalentaban entre acalorados debates cibernéticos sobre lo que ocurría.

Y como cosa extraña, finalmente estuvieron de acuerdo en algo: en que todo aquello no pasaría a más. “Disfrutemos del circo mientras dure, estos pronto volverán a estar libres”, se dijeron y volvieron a sus lugares, estupefactos de comprobar que los dioses también sangran, aunque sea por un par de días.

El fiscal consciente de las dudas sobre su trabajo se esmeraba más en demostrar que tenía pruebas y que contaba con un caso sólido. Pero todo abonaba al show y entre la euforia de este, la única certeza era que eventualmente terminaría.

Ni en las instituciones ni en las leyes ni en quienes las hicieron ni en quienes deben aplicarlas. En aquel país ya no creían en nada ni en nadie. La justicia se había vuelto un concepto abstracto y etéreo. La impunidad era, en cambio, algo común, soportado, normalizado, casi esperado.

La sed de justicia había sido sustituida por el hambre de espectáculo y de eso sobraba. Un tópico de moda para indignarse, para llorar, para pelear –sobre todo esto último– bastaba para llenarles los días. La gente que ya no cree gusta de discutir por todo y por nada, sobre todo cuando pueden hacerlo desde la comodidad de un teclado y la seguridad del anonimato.

Los políticos, sabedores de estos gustos, le apostaban a las declaraciones disparatadas, las entrevistas cargadas de emotividad y las promesas incumplibles. Poco a poco vieron en las redes sociales un espacio para convertirse en rockstars. Viejos políticos eran de pronto nuevas celebridades para cientos de jovencitos que no habían nacido cuando los otros ya hacían de las suyas desde sus espacios en el poder.

Este era el ambiente en medio del que se dio aquel vuelco repentino del status quo. Pero ni ver a los antiguos poderosos humillados en la silla de un juzgado hizo que aquellos ciudadanos volvieran a creer. Se conformaron, de nuevo, con el circo, ávidos de entretenimiento mientras este durara.

¿Justicia o impunidad? El final del cuento aún está por escribirse.

Promiscuas. De Cristian Villalta

¿Por qué ha sido tan fácil prostituir a nuestras instituciones?

Cristian Villalta, 28 agosto 2016 / LPG

Los nuestros no son maravillosos gánsteres, la mayoría o vulgares sátrapas con algún pedigrí o arribistas que le pegaron al gordo. Ninguno fue tan hábil como para no dejar sepultada en huellas, grabaciones, groseros indicios o inexplicable pecunio su pretensión de defraudar al Estado o servirse de él ilegalmente. Ni maquiavélicos ni cartesianos, ni más interesantes que el Sirra ni más inteligentes que el Directo. Ladrones. Mentirosos. Gentuza.

¿Cómo entonces es que se sirvieron de algunos de los más caros funcionarios, y se ubicaron al centro de una corrupción tan metódica que incluso subvirtió la naturaleza de algunas instituciones públicas? ¿Tal cosa es posible? ¿Por qué?

Porque pudieron. Porque el dinero les alcanzó para sobornar a quienes debían o para convidar al despojo a todos los que cabían. Porque las instituciones que debían liderar la construcción de un Estado de derecho en El Salvador, las que debían erguirse como pilares de nuestra vida en democracia, están erguidas sobre la misma miasma que las instituciones del pasado: exclusión, desequilibrio e impunidad. Y en instituciones de ese calado, la pregunta no es quién sino cuánto.

En el siglo pasado, la razón de ser de nuestras instancias más importantes fue preservar un statu quo rico en desequilibrio, un listado de entidades que sobrepasa lo obvio –la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad– y que incluso alcanzó a aquellos órganos que debían combatir esa lógica social como el Consejo Nacional del Salario Mínimo o el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, un nuevo país era necesario, y la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte de Cuentas de la República gozarían de un compromiso inalienable como garantes para conseguirlo. Debían hacerlo a través de la profesional persecución del delito, de la humanización de los cuerpos de seguridad, del manejo de la seguridad pública desde una perspectiva civil, de la contraloría a todos los funcionarios y de una aplicación de la justicia que garantizara el derecho de defensa y que no contemplara ninguna figura extrajudicial. El fracaso ha sido espectacular.

Los poderes reales del país han conspirado exitosamente contra la transformación del Estado. La resistencia de algunos sectores al fortalecimiento de la administración pública, ya sea porque se lucran de la liviandad de los contralores o porque sus efectos se transformarían en mayores controles a sus actividades, legales o no, se tradujo durante las primeras décadas de nuestra posguerra en un diseño presupuestario que ha impedido el blindaje de los fiscalizadores.

Por otro lado, en la designación de los funcionarios de segundo grado, todos los partidos políticos han actuado como operadores de sus financistas; a eso se debe que la calificación profesional o la idoneidad moral de los candidatos haya pasado (obviamente) a un plano secundario. Por eso hemos tenido lo que hemos tenido, en su mayoría empleados de otros señores y enemigos de la ciudadanía.

Por eso es que en esas instituciones que debían ser ejemplares se respira un ambiente de casa de citas. No es porque los sospechosos de moda hayan sido más tenaces, audaces ni atrevidos que sus predecesores (ustedes eligen si de Carlos Perla para adelante o de Carlos Perla para atrás). Es porque la revolución ciudadana que debía inspirar a esas instituciones nunca comenzó, por obra y gracia del servilismo de nuestros diputados y de quienes los dirigen.

Sin instituciones fuertes, dependeremos de qué tan estoico sea el funcionario de turno. La democracia necesita una lógica inversa: un fiscal puede fallar; la Fiscalía no puede fallarnos.

Populismo bueno. De Javier Cercas

Javier Cercas es profesor de literatura española en la Universidad de Girona. Ha escrito varios libros de éxito, entre ellos ‘Soldados de Salamina’, que fue llevado a la gran pantalla por David Trueba.

Javier Cercas, 28 agosto 2016 / EL PAIS SEMANAL

EN SU ÚLTIMO libro, Who Rules the World?, Noam Chomsky afirma que para la Administración norteamericana su terrorismo, “aunque sea terrorismo, es benigno”, mientras que el terrorismo ajeno es maligno. El libro de Chomsky, uno de los referentes de Podemos, constituye una denuncia de la inconsistencia y la hipocresía que rigen la política exterior estadounidense, pero lo cierto es que también los ideólogos de Podemos parecen pensar que existe un populismo malo y otro bueno. No sé si esta creencia es hipócrita; me parece inconsistente, equivocada

El populismo es un concepto difuso. Tradicionalmente designaba una ideología caracterizada por la hostilidad a las élites y la devoción al pueblo: según ella, lo que define a las élites es, además de sus privilegios, su egoísmo, su carácter corrupto y su desprecio de la gente común, mientras que lo que define al pueblo es su condición de víctima de las élites y su naturaleza virtuosa; el populismo tradicional también se caracterizaba por su rechazo de la división entre izquierda y derecha, su desconfianza del pluralismo político y su fe en un caudillo capaz de encarnar por sí solo al pueblo y expresar sus deseos. Todos estos rasgos, típicos de los fascismos, han sido lógicamente vistos con desconfianza por la izquierda democrática. En los últimos años, sin embargo, algunos pensadores de izquierda los han reivindicado; es el caso de Ernesto Laclau, inspirador ideológico del principal teórico de Podemos: Íñigo Errejón. Según Laclau, el populismo es una ideología hueca, sin contenido, pero ahí reside su principal virtud, porque en determinado momento es capaz de alojar toda la frustración y la justa rabia de los oprimidos contra unas instituciones democráticas insuficientes, incapaces de dar respuesta a las demandas de la gente común. Ese momento es el momento populista, como lo llama Chantal Mouffe, y los populistas deben aprovecharlo para provocar el cambio social con el carburante de la frustración y la rabia y las insuficiencias democráticas. Es lo que ha intentado Podemos. Ahora bien, como los propios populistas reconocen, ese carburante sirve lo mismo para impulsar a Trump o a Le Pen que a Podemos: la única diferencia es que, según Podemos, su populismo es benigno mientras que el de Trump o Le Pen es maligno. Ahí radica la equivocación o la inconsistencia, si no la hipocresía. Dejemos de lado ahora la desconfianza de la democracia que el populismo moderno ha heredado, igual que su querencia por el carisma de los hombres fuertes (como Trump o Le Pen, Iglesias es menos un político que un caudillo, y es mil veces preferible el peor político que el mejor caudillo, porque el político está hecho para la paz y el caudillo para la guerra); la pregunta es: ¿cómo sabemos que el populismo de Podemos es bueno y el de Trump no? ¿Sólo porque Trump es de derechas y Podemos no? Pero ¿no habíamos quedado en que ya no existen la derecha ni la izquierda sino sólo los de arriba y los de abajo? Y sobre todo: ¿basta cambiar a los de arriba por los de abajo o a la élite por la gente común para que desaparezca la corrupción y un país sea más justo y más próspero? Dado que nadie con dos dedos de frente se cree la pamema de que el pueblo es esencialmente virtuoso, ¿no ocurrirá más pronto que tarde que, convertidos en la nueva élite, los de abajo se vuelvan tan egoístas, corruptos y privilegiados como los de arriba, la nueva casta como la vieja? ¿Qué habremos arreglado, entonces? ¿No será que, como decía la vieja izquierda, lo que hay que cambiar no son las personas sino el sistema?

No: igual que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, no hay populismo bueno y populismo malo. Igual que todo terrorismo es malo porque apela a la violencia, todo populismo es malo porque apela a la frustración y la rabia (aunque sean justas, o precisamente porque lo son); también porque apela al pueblo, que es una abstracción de trilero, y no a los ciudadanos, que son realidades tangibles, sujetos de derechos y deberes, hombres y mujeres responsables de su destino. A ellos apelaba la vieja izquierda; a ellos, creo yo, debería seguir apelando la nueva.

Ataques de pánico. De Alberto Barrera Tyszka

Alberto Barrera Tyszka, 28 agosto 2016 / PRODAVINCI

Están muy asustados. Le tienen miedo a los votos, le tienen miedo a las manifestaciones, le tienen miedo al parlamento, le tienen miedo al dólar paralelo, le tienen miedo a las redes sociales y al precio de las cebollas. Es una alarma difícil de controlar, un temblor en el ánimo y en las certezas. La histeria se contagia más rápido que el zica. Y ahora el poder está histérico. No confía ni en sí mismo. Ingenua y lamentablemente, cree que su única seguridad está en la violencia.

El chavismo ya no sabe cómo congelar al pueblo. El gobierno, como en otras ocasiones,  apostó por el desgaste. Sin en el menor escrúpulo. Decidió usar la pobreza de los venezolanos, sus necesidades y carencias, con tal de no negociar nada. Prefirió sacrificar a la gente antes que renunciar a su control absoluto del poder. Pero ahora la realidad ha cambiado. La crisis económica es un vértigo fulminante. La política de la parálisis ya no parece ser tan eficaz.  El discurso encendido y vehemente tiene menos seguidores. La iglesia que promovía el culto a San Hugo no está de moda…Hace rato que la revolución cambió las promesas por las amenazas. Ahora, el socialismo del siglo XXI solo es un exceso de generales.

Un ataque de pánico es un rapto, un viaje hacia la irracionalidad. Así parece estar el gobierno. Su capacidad de discernimiento se ha evaporado velozmente. Sus reacciones frente a la marcha propuesta para el 1 de septiembre son destempladas, erráticas, miserables.  Hunden aun más su imagen en la violencia. Frente a los venezolanos, y también frente a la comunidad internacional, el gobierno de Maduro solo parece capaz de conjugar tres verbos: prohibir, censurar, reprimir.

La detención de Daniel Ceballos ofrece una narrativa digna de cualquier dictadura de la segunda mitad del siglo pasado en Latinoamérica. Una madrugada, una ambulancia, una orden de traslado clandestina…Hay en esa secuencia una construcción épica que solo alimenta a la oposición.  Lo mismo puede decirse del traslado, sin aviso y sin justificación, de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, dos jóvenes sometidos a un proceso judicial totalmente viciado, cuyo relato solo logra hacer crecer la temperatura heroica de quienes adversan al gobierno. Lo mismo, también, vale por supuesto para los demás detenidos por causas políticas. Se trata ya de una práctica continua y generalizada. Como la suspensión de sueldos para los parlamentarios. Como la prohibición de entrada al municipio libertador a la manifestación del próximo jueves.  Como la absurda medida que oficializa en el Estado Barinas la imposibilidad de ejercer un periodismo independiente y crítico. Estamos asistiendo a un espectáculo patético y terrible: un poder desesperado y sin tino, entregado a su propia ceguera.

En medio de todo esto no deja de ser penoso y lamentable ver cómo los líderes del oficialismo reproducen la misma retórica que, en su momento, esgrimieron algunos líderes de algunos gobiernos anteriores.  Así retrataba Chávez a la Venezuela de finales de los años 80: “Aquí estaban rotos casi todos los mecanismos de diálogo. El diálogo era plomo. Plomo, persecución, represión, hambre, miseria (…) Y los líderes encerrados en Miraflores lo que hicieron fue mandar a los militares (…) Nos utilizaron a nosotros para masacrar a un pueblo que lo que estaba reclamando era comida, salud, que alguien lo oyera”  ¿No podrían caber estas misma palabras en esta semana? ¿Qué piensan ahora militares mandados a reprimir cualquier protesta?

En el año 2005 Alejandra Szeplaki dirigió un documental sobre la década de los 80 en Venezuela. La narración se articulaba fundamentalmente sobre el testimonio de varios protagonistas del movimientos estudiantil de aquellos años. Ricardo Menéndez era uno de ellos. Ahora forma parte de la cúpula del madurismo y actualmente se desempeña como Ministro de Planificación. En la cinta, Menéndez dice lo siguiente: “Nos veían a los estudiantes como a unos revoltosos, como a unos desadaptados (…) Y se dedicaban las 24 horas a hablar en los programas de opinión descalificando al Movimiento Estudiantil” ¿No recordará el Ministro, ahora, estas frases? ¿No las pensará de nuevo mientras se transmite, en cadena nacional, una versión parcializada de lo ocurrido el 11 de abril del 2002?

En otro momento del mismo documental, Menéndez también refiere las tácticas represivas del Estado en aquellos años, cuando en algunas oportunidades los cuerpos policiales y militares aprovechaban las circunstancias y promovían la violencia. Que la marcha terminara o no terminara en paz –asegura Menéndez- no dependía del sector universitario. “Dependía del Estado”. Según él, lo único que buscaba con esto el gobierno de aquella época era “justificar acciones de represión masiva”  ¿Con qué cara se mira al espejo hoy día el Ministro Menéndez?  ¿Con qué dignidad escuchó ayer a Nicolás Maduro denunciando un supuesto golpe de Estado, justificando con antelación el uso de la violencia?

Deslegitimar desde el Estado la marcha del 1 de septiembre, tratar de desmovilizar a la población, sabotear la participación popular, promover la violencia, generar caos, organizar la represión…El oficialismo vive en un permanente ataque de pánico. La democracia les da terror. Es un susto muy costoso pero también muy inútil. No podrá detener la historia.