¿Qué dicen los responsables? ¿Y los especialistas? De Sandra de Barraza

4 mayo 2018 / La Prensa Gráfica

El 16 de diciembre de 2013, a cuatro años de la gestión del primer gobierno del FMLN, la Secretaría Técnica de la Presidencia presentó el Plan Maestro para la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador. “El Plan Maestro para la ampliación del aeropuerto fue elaborado por la empresa estadounidense Kimley Horn, que ganó la licitación del convenio de cooperación técnica no reembolsable por $427 mil entre la Agencia de Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (USTDA, por su sigla en inglés) y CEPA, en el marco del Asocio para el Crecimiento entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos”.

Debe aclararse que no es el primer Plan Maestro que se diseña para ese aeropuerto internacional. Si mal no recuerdo, el Gobierno de Francia hizo una donación similar cinco o seis años antes. Cuando inició la primera gestión del FMLN el país contaba con una propuesta de uso planificado del recurso de cara a convertir al país en un centro de logística y servicios internacionales. Seguramente si se investiga en los archivos institucionales e internacionales, hay otros estudios financiados por la institución o ejecutados mediante cooperación internacional que simple y sencillamente se tiraron a la basura.

Un plan maestro es un instrumento básico para orientar el uso racional y equilibrado de los recursos. Es un instrumento orientador de la inversión. Es un instrumento para programar la inversión. Es un instrumento para racionalizar la inversión pública. Es un instrumento para atraer inversiones privadas. Es un instrumento que requiere especialistas para su desarrollo. Y es un instrumento que exige tomadores de decisión comprometidos con el presente y el futuro de los recursos estratégicos, especialmente los de un aeropuerto internacional.

El aeropuerto es un activo territorial y un activo nacional. Tiene alrededor de 39,200 metros cuadrados en un espacio con amplias posibilidades productivas. Allí se propuso (2001, 2009) una ordenada expansión urbana para crear una ciudad aeroportuaria promoviendo la conurbación lineal de cuatro ciudades: Santiago y San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca. Una ciudad aeroportuaria para proveer el soporte al aeropuerto internacional con infraestructura, servicios e institucionalidad.

Por esto, con mucha pena se conoce el anuncio reciente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de “ampliar y modernizar” el aeropuerto internacional con una inversión de $36 millones haciendo caso omiso de los planes maestros diseñados para el aeropuerto y, de manera particular, el presentado en 2013 durante la gestión del FMLN. De la manga de la camisa sacan un diseño que desentona, hacen presupuesto, abren licitación y lo adjudican a una empresa mexicana.

¿Qué dice el vicepresidente, promotor de la inversión internacional? ¿Qué dice la Secretaría Técnica, encargada de la planificación? ¿Qué dice el Viceministerio de Transporte, responsable del transporte aéreo? ¿Qué dicen los profesionales de la arquitectura y la ingeniería sobre el diseño y especificaciones técnicas? Pregunto porque en 10 meses que le quedan a esta gestión gubernamental, la obra no se finaliza. ¿Será otra Diego de Holguín? ¿Será otro SITRAMSS? Pregunto porque los funcionarios de turno no tienen el derecho de ahogar oportunidades de desarrollo futuro con inversiones caprichosas que no responden a una planificación estratégica.

Y hay que decirlo categóricamente. No tienen el derecho de ahogar oportunidades futuras o hacerlas más caras. Este es un recurso estratégico para hacer de El Salvador un centro de servicios logísticos, industriales, turísticos y aeronáuticos. El desarrollo se planifica. Para eso son los planes maestros.

¿Y la política? De Sandra de Barraza

Un poco de historia. En mayo de 1952 se creó la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla con el propósito de “planificar y ejecutar la construcción del puerto”. Concluida la construcción, se le encomendaron la dirección de las operaciones y la administración de las instalaciones. En diciembre de 1963, el Órgano Ejecutivo le asignó la dirección, ejecución y administración del muelle y demás instalaciones del Puerto de La Libertad y la facultad de efectuar las operaciones complementarias.

20 abril 2018 / La Prensa Gráfica

En octubre de 1965, fue “necesaria una administración eficiente de los servicios portuarios y actividades complementarias”. Se reestructura la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla para convertirla en empresa del Estado. Asume la responsabilidad de dirigir y administrar los puertos de Acajutla y de La Libertad, así como el Ferrocarril de El Salvador. Esto se aprobó mediante el decreto 454 del 21 de ese mes. Allí surgió la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Un poco de actualidad. Legalmente CEPA es la responsable de “la administración, explotación, dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todas las instalaciones de los puertos de la República, no sujetos a régimen especial, así como la custodia, manejo y almacenamiento de mercadería de exportación e importación”. También es de la administración, explotación y dirección del sistema ferroviario. Y estas atribuciones suponen “la planeación y la construcción de nuevas instalaciones y todas las obras necesarias para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones portuarias y ferroviarias existentes”.

CEPA es una empresa estatal que administra millonarios activos nacionales: 2 puertos aéreos, el de Ilopango y el Monseñor Óscar Arnulfo Romero; 2 puertos marítimos, el de Acajutla y el de La Unión ¿y el de La Libertad?; y un ferrocarril con más de 600 kilómetros de red con sus respectivos derechos de vía. Su misión es “desarrollar la infraestructura y puertos, aeropuertos y ferrocarriles a través de nuevos modelos de gestión”.

La autonomía de regirse por normas propias otorgada a CEPA no significa independencia. Está adscrita al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y particularmente al Viceministerio de Transporte que es el responsable de “investigar las necesidades de transporte terrestre, aéreo y marítimo; garantizar la eficiencia y seguridad en el servicio de transporte terrestre, aéreo y marítimo; otorgar y cancelar autorizaciones para el funcionamiento de empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo…”. Y esto demanda planificar, analizar, coordinar y ejecutar la política de Estado en materia de transporte.

¿Qué política de transporte portuario guía el accionar de CEPA? ¿Qué seguimiento le da el MOP al desempeño de CEPA? ¿Cómo miden la eficiencia que le exige la ley? ¿Cumple con su misión o se pierde en el camino? Si no tiene financiamiento ¿por qué tiró el asocio público-privado en el aeropuerto de Comalapa? ¿Cumple el viceministerio con la presentación del informe semestral a la Presidencia?

Hay más preguntas. Después de 9 años de gestión del FMLN, en CEPA se tiene un puerto marítimo tirado que hace noticia porque llega un crucero con 93 turistas; hay inversiones millonarias en cambios cosméticos en el aeropuerto de Comalapa que no han modernizado el transporte aéreo; anuncian la construcción de un centro comercial en el aeropuerto de Ilopango pero nada dicen sobre su operación; han donado derechos de vía del ferrocarril asumiendo funciones que no les competen y fueron cuestionados por la compra de miles de dólares en licores y alimentos. ¿Hay efectividad?

Libres y responsables. De Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 13 abril 2018 / La Prensa Gráfica

El Salvador tiene 6.6 millones de habitantes. El 53 % somos mujeres. El promedio de edad es de 30.9 años. Oficialmente son 35 años de edad fértil (15 a 49). La práctica la amplía a 39 años (11-49). Hay 2.2 millones de mujeres salvadoreñas en edad de reproducirse con una tasa de fecundidad de 1.8. Las mujeres tenemos menos de 2 hijos durante 35 años de edad fértil y la estimación a 2050 no alcanza para el reemplazo de pareja. (DIGESTYC).

Las mujeres salvadoreñas tenemos menos hijos que hace 10, 20 o 30 años. La tasa de fecundidad ha bajado. En 2005 se estimó en 2.39 y en 2007 en 3.08. Los hogares salvadoreños tienen un menor número de miembros. Y la mayor parte de los hogares salvadoreños (64 %) tienen como “cabeza de hogar” a un hombre. Esta es la realidad.

¿Cuántas salvadoreñas se embarazan anualmente? Con las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) no puede precisarse. ¿Se puede suponer que entre un 5 y un 10 % de las mujeres en edad fértil? Esto significaría que hay entre 100 y 220 mil embarazadas por año. No todas las mujeres se embarazan. Y en su mayoría, las que lo hacen, lo deciden y lo programan.

Las mujeres conocemos y demandamos métodos de planificación familiar. Se conocen los servicios del Ministerio de Salud. Las mujeres se abastecen de métodos temporales o deciden por un método permanente. En el año 2017, alrededor de 426,000 mujeres acudieron al Ministerio de Salud por servicios de planificación familiar temporal y 105,000 lo hicieron para métodos permanentes de planificación familiar.

Ese ministerio no registra al gran número de mujeres que opta por métodos naturales de control natal. Seguramente es la mayoría. El resultado es el mismo: menos embarazos y nacimientos por mujer. Y la mayoría de embarazos son normales y concluyen con el nacimiento de niños y niñas normales y sanos. Hay raras, rarísimas excepciones. Las mujeres somos libres y responsables con nuestra procreación.

Las mujeres somos libres y responsables con nuestra procreación. Tenemos mejor educación, tenemos acceso a información, sabemos tomar decisiones y asumimos las consecuencias. En todas partes y en todos los niveles esto es una realidad. ¿Cierto?

El aborto no es un método de control natal. Nada más alejado de la realidad; no se vale confundir y no puede negarse. Hay estadísticas en el Ministerio de Salud sobre mujeres que sufrieron aborto en 2017. Los registros varían entre 142 y 330. El número es irrelevante con relación a las mujeres atendidas por parto.

Los casos de aborto existen y deben abordarse responsablemente particularmente ante la iniciativa de ley. Se discute despenalizar 2 causas de aborto, descritas y limitadas al riesgo inminente de muerte de la mujer embarazada. Son excepcionales y numéricamente irrelevantes los embarazos que amenazan la vida de la mujer. La mayoría de mujeres tiene embarazos normales y felices. Una gran bendición.

Pero hay raras excepciones y de estas mujeres se trata. Hace 20 años se eliminaron las 4 causas de despenalización del aborto y allí, una minoría quedó condenada a la muerte. ¿No hay derechos? El decreto 520/2010 tipifica el suicidio feminicida por inducción como delito y reconoce la modalidad de violencia institucional. 20 años después ¿habrá consistencia e integridad en la defensa de los derechos de una minoría excepcional de mujeres? Ojalá.

«Eliminar el presidencialismo»: Sandra de Barraza

SEGUNDA VUELTA cambió el titular de esta entrevista. El titular original “Es poco responsable pedir a la gente que anule el voto” no es muy original. Lo nuevo e importante que dice Sandra de Barraza es que necesitamos una Asamblea con alto perfil político para «eliminar el presidencialismo.»

Segunda Vuelta

La académica señala que el país debe eliminar el presidencialismo y apostar por una Asamblea Legislativa de alto perfil para generar gobernabilidad.

Entrevista de Juan José Morales, 3 marzo 2018 / EL Diario de Hoy

Sandra de Barraza tiene claro que la sociedad salvadoreña, el próximo domingo, no puede perder una nueva oportunidad de alejarse de ese “exceso de presidencialismo” y de apostar por una Asamblea Legislativa que sea uno de los tres pilares del sistema republicano y democrático y que se puedan asignar curules a candidatos que tienen un perfil donde se destaca más su compromiso con la nación que con agendas o aspiraciones partidarias.

La académica y ex miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo exhortó a los salvadoreños a acudir de forma masiva a las urnas y recordó que la responsabilidad ciudadana implica no anular el voto y elegir entre las mejores propuestas para que la Asamblea sea un buen espacio de debate y de elaboración de leyes.

¿Qué está en juego en estas elecciones? ¿qué necesita el país de la política para salir adelante?
Lo que nos estamos jugando es la posibilidad de romper un viejo paradigma donde creemos que es el órgano Ejecutivo el que decide y marca el rumbo del país. Hay que aclararle a la población que no somos una monarquía y que somos una República con tres órganos de Estado y por ello hay que elegir una Asamblea para que legisle y regule el comportamiento de grupos sociales y económicos, apruebe un buen presupuesto general de la nación definiendo prioridades y que escoja a funcionarios de segundo grado como el Fiscal General y los magistrados de la Sala de lo Constitucional con la confianza que les da la ciudadanía. Por ello creo que son elecciones fundamentales para el pluralismo y el buen funcionamiento de los partidos políticos pero además porque nuestro país no se limita a un presidente y se necesita buena gobernabilidad, escoger bien nos ayudará a eliminar ese presidencialismo que olvida la estructura formal del Estado.

¿Los perfiles de los candidatos a diputados y alcaldes son los idóneos? ¿Responden a las necesidades del país?
Creo que hoy tenemos la ventaja de que podemos votar por personas, por rostros, pero lamentablemente este ejercicio no está bien aprovechado, no hemos tenido el tiempo suficiente para conocer los perfiles de los más de 550 candidatos, lamentablemente no hemos podido conocer a profundidad las credenciales y eso no nos permite tener claridad sobre quienes son las mejores personas para integrar la Asamblea, por ello yo esperaría que los jóvenes tengan aspiración de ocupar un cargo de elección popular a futuro y de ejercer su derecho, he ahí mi llamado a que el domingo también pongamos en práctica el derecho de votar por persona, informándonos bien y hasta participando en las mesas electorales, sin olvidar que los partidos políticos son expresiones del pluralismo donde hay que tener a los mejores candidatos.

¿Son válidos esos llamados a la nulidad del voto? ¿Esconden alguna estrategia?
A mi me parece que es poco responsable pedir a la gente que anule el voto, aunque también hay opciones y candidaturas no aceptables en los partidos políticos, incluso entre sus mismos correligionarios quizá hay intención de votar nulo. Sin embargo los ciudadanos, que somos la gran mayoría, no podemos tomar esa decisión, uno entendería que un militante de un partido, resentido, sí anule el voto pero un ciudadano responsable, en su derecho y su deber, no debe de anular su voto porque en la democracia uno delega la representación de sus intereses, eso es clave.

¿Hay que votar por propuestas concretas o seguir el voto partidario?
Yo espero que sí, que se vote más por propuesta, pero hay que tener claras las atribuciones por órgano de Estado, yo he oído, en esta campaña ofertas que más parecen del gobierno central y no de una Asamblea Legislativa, hay candidatos a diputados que ofrecen calles, hospitales, eso es estar equivocado. Ellos lo que deben de ofrecer es cómo financiar mejor esas obras, como tener buenos presupuestos, como modernizar con leyes el país, como incrementar las penas ante la delincuencia, ese es su deber.

¿Cómo motivaría usted a la ciudadanía, a todos los salvadoreños a votar?
Mi llamado es a que todos reconozcamos que los diputados representan a todo el pueblo, nuestro rol como ciudadanos es elegir a las autoridades que representan los intereses de la gente y velen por el país, el resto depende de nosotros, ocupémonos por El Salvador, tengamos una buena cultura política y asegurémonos que este domingo conformemos una Asamblea Legislativa equilibrada, con pluralismo, donde no exista la mayoría simple y se pueda dar un clima de negociación y gobernabilidad para que los diputados se puedan poner de acuerdo en temas fundamentales de país y que se pueda desarrollar una agenda de interés nacional.

¿Cuál es la diferencia? De Sandra de Barraza

Esta pregunta deben responderla los candidatos de los diferentes partidos políticos que quieren asumir la responsabilidad de representar al pueblo dentro del gobierno. El gran dilema es que nunca responden con claridad.

Sandra de Barraza, 15 septiembre 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Estamos atrapados entre dos partidos políticos. Uno dice ser de derecha. El otro de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esta es pregunta obligada de PAES. La respuesta no es sencilla, pero es necesaria para que la ciudadanía que debe ejercer periódicamente su derecho al sufragio tome decisiones fundamentadas.

Cualquiera que observa el desempeño público de los que representan los principios ideológicos de los partidos políticos queda confundido. Cambian de opinión y de postura sin importar la ideología. Su opinión depende del rol que asumen, y caen en enormes contradicciones. Con estos mensajes públicos, cualquiera se confunde y tiene que preguntar: ¿Y en qué creen?

Esto es lo que puede explicar la tendencia en la intención de voto legislativo que registró LPG Datos en su última encuesta. En el mes de febrero de 2017, ARENA punteó 30.1 y el FMLN 18.3. La diferencia fue de 11.8 puntos. En agosto del mismo año, a 7 meses de las elecciones, ARENA puntea 17.7 y el FMLN 12.4. La diferencia en la intención de voto se acorta a 5.3 y esto ha sucedido en 6 meses. ARENA ha perdido 12.4 puntos mientras que el FMLN tiene 5.9 puntos menos.

¿Puede ARENA estar confiada? Para nada. Especialmente si toma en serio la Encuesta de Opinión de la UCA que puso en evidencia que la gente no quiere que siga gobernando el FMLN, pero tampoco quiere que regrese ARENA. La ciudadanía la tiene difícil porque no tienen opción. Ni uno ni otro. Y con esto, puede el FMLN estar confiado. Para nada. Especialmente cuando la misma encuesta de LPG Datos registra que la gente cree que el rumbo de país es el equivocado.

¿Estamos en rumbo equivocado? ¿Es la gente la equivocada con esta opinión que se repite una y otra vez? O ¿es el gobierno el equivocado que insiste en el buen vivir de todos? La gente no creo que esté equivocada. Son las madres, padres, tías, abuelas, hermanas o hermanos y parientes políticos en el país y fuera del país los que están sufriendo las consecuencias de la inseguridad. Otra vez. No se necesita ser especialista para reconocerlo.

La gente también se queja de la situación económica. Con lo que se tiene, ya no alcanza para cubrir las necesidades. El costo de los servicios, el costo de la canasta alimentaria, el costo del transporte, el costo de las telecomunicaciones, los impuestos a pagar, tienen a los asalariados haciendo acrobacias. Y los que buscan trabajo, no encuentran. Y la alternativa es irse con todo lo que esto significa.

Es importante destacar el registro de información sobre “identidad ideológica”. ¿Con quién se identifica el ciudadano? El 43 % de los encuestados se autocalifican como neutrales y estos son los que hacen la diferencia en las urnas. Los neutrales son los que deciden y buscan información para justificarla. El 21.7 % de autodefinen de derecha. El 17 % son de centro. Y el 11.2 % son de izquierda. Los extremos tienen tarea para enamorar a los del centro y para atraer a los neutrales. Pero, no importa si la gente se siente identificada con la derecha, con el centro, con la izquierda o es neutral; la valoración sobre el desempeño del gobierno no es positiva. Esto es lo que se interpreta de la información difundida por LPG Datos.

Importa que los ciudadanos tengan y fortalezcan su cultura política. Importa que los ciudadanos se informen, valoren y evalúen la política, importa que los ciudadanos no sean indiferentes con la administración del poder; importa que los ciudadanos evalúen el sistema político que tiene que ver con partidos, con ideología, con planes y ofertas electorales.

Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro partido político? Esta pregunta deben responderla los candidatos de los diferentes partidos políticos que quieren asumir la responsabilidad de representar al pueblo dentro del gobierno. El gran dilema es que nunca responden con claridad. Y ahora con tantos problemas se espera tener claro en qué se diferencian.

Hay que dejarlo claro porque los partidos políticos están obligados a formular su ideario, sus programas y planes que reflejen su ideología, su visión de país y sus propuestas para el desarrollo nacional. Y los ciudadanos, especialmente el 60 % que se define como neutral y de centro, tienen la obligación de evaluar su viabilidad para decidir.

Penoso. De Sandra de Barraza

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público.

Sandra de Barraza, 14 julio 2017 / LPG

Hace una semana perdió la vida una colaboradora del Ministerio de Hacienda. Días después falleció otra. En el centro hospitalario aún se encuentran varios colaboradores y algunos en estado crítico. La noticia impactó, ha estado en el comentario público toda la semana y seguramente, continuará. A los familiares que están en zozobra, expresiones de solidaridad.

El suceso ha puesto en evidencia, otra vez, que la ley no se aplica por igual. La “Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo” fue decretada en enero de 2010. El decreto fue aprobado y su tiempo de aplicación se flexibilizó. Entró en vigor dos años después para dar tiempo al acomodo.

Dice el artículo n.º 4 que “la ley se aplicará a todos los lugares de trabajo, sean privados o del Estado. Ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones”.

Claramente define el ente responsable. El artículo n.º 5 dice “será competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Previsión Social, y de la Dirección General de Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento y promoción de la presente ley; así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, y sancionarlos por infracciones”.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo se hicieron sentir cuando inició la ley. Llegaron para hacer su trabajo a empresas de todo tamaño y actividad económica, a colegios y universidades y a muchas otras. Viví y observé dos casos de empresas agrícolas y de servicios.

Con la ley en mano, evaluaron. Con ley en mano hicieron cuanta observación pudieron. Las observaciones fueron de obligatorio cumplimiento y sujetas de supervisión y sanción correspondiente. La autoridad la hicieron sentir. Dejaron notas para hacerse presente a las oficinas centrales y al hacerlo, se comprobaban colas de “afectados” por las observaciones de la inspectoría. Nadie pudo quejarse. La ley es la ley y la intervención de los inspectores dio la sensación de acoso institucional.

Lo establecido en la ley tuvo impacto presupuestario. Las exigencias en construcción e infraestructura tuvieron costos y nadie puede negar que impactaron el presupuesto de inversiones. A los inspectores no les importó si la empresa tenía disponibilidad financiera para construir nuevos accesos, para cambiar las orientaciones de las puertas, para hacer las señalizaciones correspondientes y todas las demás exigencias legales.

El Ministerio de Trabajo, vía sus dos direcciones responsables, fue implacable con el empleo en el sector privado. Acosó y acosó, y siguió acosando en el marco de su atribución de vigilancia y supervisión. Los privados tuvieron dos años para ajustarse. Y entrada en vigor la ley, a nadie le importó la situación financiera de la empresa. Así fueron.

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público. Peor aún. El Ministerio de Trabajo hasta encuentra justificación para que en los empleos públicos no cumpla la ley. Penosa declaración.

¿Por qué la excepción? ¿Por qué el privilegio? Hay que preguntar porque la ley se aplica por igual a todos. El siniestro obliga a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pregunte por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales”. A ningún empleador privado le perdonan no tenerlo. Y más, le obligan a renovarlo periódicamente y demostrar el presupuesto para su ejecución.

Deben preguntar por el “Plan de emergencia y evacuación” a que todo empleador privado y público está obligado. También debe preguntar por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales” porque el Ministerio de Hacienda tiene más de 15 trabajadores y está obligado a tenerlo. ¿No?

El Ministerio de Trabajo no debe olvidar que la ley manda a contar con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y que su conformación depende del número de empleados y su ubicación. ¿Comprobaron las competencias del personal de Hacienda? Pregunto porque los riesgos no se dan exclusivamente en el empleo privado.

¿Y los extintores? ¿Dónde estaban? ¿El número corresponde al área? ¿Estaban cargados? ¿Sabían utilizarlos? Hay que preguntar. Esto es lo que supervisan los inspectores del Ministerio de Trabajo en lugares de trabajo privado. Y se ocupan en buscar para poner infracción.

 

Siga con su trabajo, Superintendencia. De Sandra de Barraza

Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable de defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Sandra de Barraza, 30 junio 2017 / LPG

Casi la cuarta parte del ingreso de los hogares se destina a la compra de alimentos y bebidas. Y casi la cuarta parte del gasto es para el consumo en pan y cereales. El 98 % de los hogares consume pan y cereales. Cualquier modificación en los precios hace diferencia. Las encuestas de Ingresos y Gastos de la DIGESTYC lo demuestran.

En 2006, 1.3 millones de hogares salvadoreños gastaron $30.5 millones en pan al mes. Ese año los hogares gastaron $366 millones en pan. Eso es mucho dinero. Cualquier modificación en los precios del pan hace diferencia.

En octubre de 2012, miembros de la Asociación de Panaderos Artesanales Independientes protestaron frente a Casa Presidencial por el alto precio de las harinas de trigo, “los altos precios de la harina de trigo ahogan a los panaderos”.

“La principal queja de los panaderos es que los precios de la harina se mantienen altos desde agosto de 2012, cuando el quintal de harina tipo pasó de $16 a $24. En septiembre hubo otro incremento, hasta llegar a los $32 y $40 el quintal. Para noviembre, el quintal ya costaba $42, detallaron los artesanales. La pregunta que ellos se hacen es por qué en El Salvador la harina sigue tan cara, si a nivel internacional el costo ha bajado entre $60 a $70 la tonelada métrica desde noviembre de 2011”.

Analizaron la distorsión de precios con autoridades del Ministerio de Economía. A nivel internacional los precios han bajado, dijeron, y a nivel nacional, los precios van al alza. El ministerio ofreció “interceder ante las harineras, para que los precios bajen cuando el precio internacional baje”. Así informaron los medios.

El precio de la harina impactó a un millón trescientos mil hogares porque la harina de trigo es el principal insumo para elaborar el pan. Los hogares compraron el pan más caro. Los hogares compraron el pan más pequeño.

Desde 2008, la Superintendencia de Competencia “demostró que dos empresas acordaron repartirse el mercado de la harina de trigo en 55 y 45 % respectivamente afectando. El Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a dos agentes económicos ordenando el cese del acuerdo anticompetitivo; la abstención de intercambiar datos o información sensible y relacionada con producción, ventas, precios y clientes; y el pago de las multas de $1,971,015.16 a una y de $2,061,406.20 a la otra. El acuerdo habría provocado que los consumidores pagaran en un período de 25 meses un sobreprecio aproximado del 22 % en la harina de trigo, equivalente a $25 millones”.

La Superintendencia de Competencia hizo su trabajo. Sancionó y multó a las empresas. Las empresas iniciaron juicios en contra de la Superintendencia de Competencia. Cuatro años después, en enero de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón a las empresas afectando a la Superintendencia de Competencia y a 1.3 millones de hogares salvadoreños. En febrero de 2012 la Superintendencia de Competencia puso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, demostrando integridad y compromiso con su misión.

En octubre de 2014, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Le ordenó hacer una nueva sentencia. Lo hizo porque la Sala de lo Constitucional está integrada por gente decente. Y, después de 103 meses, en mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso emite nueva resolución “corrigiendo”. ¡Esto sucede por primera vez en este país!

A todos nos conviene la competencia porque dinamiza el mercado y favorece a los consumidores. A pocos les convienen los privilegios y los mercados cautivos. Sin competencia el capitalismo no se desarrolla. Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Llama la atención que el presidente de la República y su equipo de trabajo no comentan absolutamente nada en su informe anual. Llama la atención porque esta resolución beneficia más que los mismos uniformes y zapatos escolares. Reconozco la importancia de la competencia y por esto felicito al superintendente y a su equipo de trabajo. Sigan haciendo lo que les manda la ley. Aprendimos que las Salas de la Corte Suprema de Justicia hacen diferencia dependiendo de la gente que las integra.

Temas de campaña. De Sandra de Barraza

 Esta semana otra vez el gobierno del FMLN demuestra quiénes son sus referentes. Su referente ideológico está en el sur, en el gobierno de Venezuela, ese gobierno que se empeña en destruir la democracia y el Estado de Derecho…

Sandra de Barraza, 5 mayo 2017 / LPG

El 1.º de mayo inició la campaña electoral sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya dicho nada. El Sr. presidente de la República, ese mandatario obligado a velar por el bien común, hizo un llamado a la división, hizo un llamado a unirse en contra de la mitad de la población que no votó por su partido político. También hizo un llamado a no respetar el espíritu democrático y la alternabilidad política que están consignados en la Constitución de la República.

El gobierno del presidente Sánchez Cerén llega a su tercer año. Por ocho años consecutivos las oportunidades de país, los problemas de país y el destino de país han estado en manos del FMLN. Ellos son la alternancia partidaria. Y ocho años son suficientes para sentar bases para el desarrollo; ocho años son suficientes para demostrar capacidad ejecutiva; ocho años son suficientes para asumir la responsabilidad de lo que se hace y no se hace.

Otra vez se escuchó el mismo mensaje. Los gobiernos del partido de oposición son los culpables de lo que el gobierno del FMLN no se puede ni quiere hacer. ¿Y entonces? Pregunto porque estas declaraciones demuestran ¿poca capacidad de gobernar?; demuestran ¿incapacidad de asumir el mandato ciudadano?; demuestran ¿irresponsabilidad de asumir la responsabilidad de conducción y ejecución?

A pocos días de su tercer año de gobierno, el discurso del presidente de la República es la apertura de la campaña política de 2018 y de 2019. Y con esta apertura, ciudadanos tenemos que prepararnos para las preguntas y respuestas político/partidarias que contribuirán a profundizar el ambiente de violencia al que estamos sometidos. El reto es sobrevivir.

Para sobrevivir, vale recordar que en 2014, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución ordenando a todo funcionario público del Órgano Ejecutivo, del Órgano Legislativo, del Órgano Judicial, de todas las instituciones autónomas, y de los 262 gobiernos locales, sin excepción alguna, “NO participar en actividades relacionadas con la política partidista, prevaliéndose del cargo público, especialmente en lo que se refiere a actividades de campaña proselitista”.

La Sala de lo Constitucional precisó, con ejemplos concretos, el alcance de la resolución. Uno de los ejemplos de la prohibición fue la de “aprovechar la relevancia social y el tratamiento informativo de sus funciones públicas para expresar sus preferencias electorales”. Ante esto, lo que se escuchó del presidente de la República el 1.º de mayo ¿respeta el fallo de la Sala?

Importa recordarle a toda la burocracia estatal que el artículo 218 de la Constitución de la República, que corresponde al régimen administrativo del servicio civil, establece claramente que los funcionarios y los empleados públicos NO podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. Así lo dice la Constitución de la República y toda la burocracia está obligada a cumplirlo.

También la Constitución de la República establece que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La forma de gobierno es republicana, es democrática y es representativa. Establecido de esta manera, lo que se escuchó del presidente de la república el 1.º de mayo ¿respeta el mandato de la Constitución de la República?

Hay que preguntar. Hay que responder. Y hay que responder porque los funcionarios del gobierno del FMLN se empeñan en “confundir a la gente”. Dicen creer en la democracia pero apoyan al régimen dictatorial de Venezuela; dicen creer en la democracia pero llaman a impedir la alternancia partidaria; hacen llamados al diálogo y la concertación, pero públicamente descalifican a cualquiera.

“Por sus obras se conocen” y las palabras quedan cortas ante las acciones. Esta semana otra vez el gobierno del FMLN demuestra quiénes son sus referentes. Su referente ideológico está en el sur, en el gobierno de Venezuela, ese gobierno que se empeña en destruir la democracia y el Estado de Derecho; ese gobierno que ha llevado a la población a la miseria y ha obligado a la resistencia en las calles y avenidas. Ese gobierno dictatorial que diariamente se está cobrando vidas.

Con la campaña electoral anticipada, hay que reconocer que el FMLN es un partido que tiene puesto sus ojos, su corazón y su mente en gobiernos al estilo Maduro. Y, contradictoriamente, para vergüenza de muchos, tiene puesta su mano al norte. Esto es poco digno.

Avances, retrocesos y desafíos. De Sandra de Barraza

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Sandra de Barraza, 24 marzo 2017 / LPG

Flacso El Salvador, Fundaungo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco se han unido para convocar a la reflexión sobre la educación en El Salvador a 25 años de los Acuerdos de Paz. El tema provoca.

¿Qué ha pasado en 25 años? En El Salvador se han hecho esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema educativo. Estudios demuestran que entre el año 2000 y 2011 la tendencia ha sido creciente, no se ha logrado el 100 % en ningún nivel, aunque en los primeros dos ciclos de educación básica falta poco para lograrlo.

Los resultados son desafiantes para el nivel de tercer ciclo y el bachillerato. Entre 7º y 9º grado, 40 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. En bachillerato, 65 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. También queda pendiente atender a los menores de 7 años. Se ha logrado cubrir casi a la mitad de población en edad preescolar, pero, la educación inicial, la de población menor de 4 años, queda pendiente.

La información oficial del Ministerio de Educación (MINED) demuestra el esfuerzo pendiente. En el año 2016, se matricularon 1.5 millones de alumnos en el sistema educativo. 7 de cada 10 son de Educación Básica. Un poco más de 8 de cada 10 fueron atendidos por el sector público.

Ese mismo año, entre el primer ciclo y el segundo ciclo de educación básica hay una diferencia de 9,667 alumnos. Entre el segundo ciclo y el tercer ciclo la diferencia es de 8,038 alumnos. Pero la diferencia entre la matrícula de tercer ciclo de educación básica y educación media es de 135,000 alumnos.

Esto significa que el año recién pasado, 135,000 personas que tendrían que estar en la escuela estuvieron fuera, con las implicaciones sociales y económicas que esto representa. Difícil no reconocer que se ha puesto poca atención a los jóvenes entre 12 y 15 años. Se van de la escuela y a nadie le importa.

Con esta deserción, la matrícula de educación media (bachillerato) representa no más que el 14 % (205,351). Esto es extraordinariamente bajo. La cobertura y los resultados del proceso de aprendizaje son otra vez del sector público. Casi 8 de cada 10 estudiantes de bachillerato son atendidos por el sector público.

La cobertura pública tiene más relevancia y en consecuencia, los resultados obligan a concentrar la atención especialmente en el maestro y la escuela públicas, porque la educación, como muchos reconocen, llega hasta donde llega el maestro. El número contratado ha crecido de 26,200 en 1992 a 57,100. Casi 8 de cada 10 trabajan en lo público y 7 de cada 10 son mujeres. Hay más del doble, pero ¿enseñan mejor?

Para esta atención, el presupuesto se ha incrementado. Entre el año 2001 y 2017, el presupuesto ha incrementado de $472.3 a $944.4 millones. Casi un 100 % de incremento. El MINED absorbe alrededor del 20 % del presupuesto general de la república. Como porcentaje del PIB, a educación se le asigna alrededor del 3 %. ¿Es suficiente? No, no es suficiente.

Hay otras fuentes de financiamiento a la educación. Hay millonarios recursos destinados a educación dispersos en otras instituciones de gobierno, en organizaciones no gubernamentales, en la empresa privada y en las alcaldías. Los hogares también aportan aunque según la Encuesta de Ingresos y Gastos de la Dirección de Estadística y Censos, se gasta más en telefonía móvil y fija que en educación.

El destino del incremento por niveles educativos llama la atención. La mayor tasa de crecimiento se registra en el nivel de educación superior. Presupuestariamente se ha hecho mayor esfuerzo para financiar la educación superior que ofrece la Universidad de El Salvador (UES) que en educación media.

El país continúa invirtiendo poco en educación. En educación preescolar se gastan $271 por alumno, en básica $342 y en media $470. Esto contrasta con el gasto por persona en los privados de libertad. Según el Banco Mundial, en el año 2006 el gasto promedio fue de $2,000 al año. En octubre de 2013 (LPG), el responsable de la Dirección de Centros Penales declaró que en alimentación gastan $1,754 por persona al año.

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Otra llamado. De Sandra de Barraza

Los temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar.

Sandra de Barraza, 17 febrero 2017 / LPG

Una y otra vez se escucha a funcionarios, especialmente de alto nivel, hacer llamados al diálogo. Una y otra vez se escucha a funcionarios de alto nivel poner adjetivos poco estimulantes a todos aquellos con quienes dicen querer dialogar. Destaco esta actitud porque los adjetivos son un atarrayazo y son contradictorios con el llamado a dialogar.

Son contradictorios. Esto es un problema porque al 25 aniversario de la paz se ha hecho, otra vez, un llamado a fomentar la cultura de paz. La Asamblea Legislativa tiene un decreto y el Ministerio de Educación un programa especial. Pero la cultura de paz tiene, obligadamente, que adoptar un vocabulario de paz. Y ese vocabulario de paz no se hace evidente en los funcionarios de alto nivel y en los dirigentes partidarios. La palabra y la postura, el lenguaje verbal y el no verbal deben tener coherencia.

Los temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar. Carentes de planteamientos alternativos, se justifica exigirle al otro y a la expectativa. Diálogo y propuestas concretas no son posibles sin una agenda de trabajo con temas priorizados y razonados. Una agenda que permita solicitar propuestas en tiempos específicos.

Sin agenda de temas priorizados en forma compartida no hay compromiso de aportes. Se convoca y es “el otro” el que pone la agenda y la agenda en mano no puede desarrollarse. El convocado, que es “el invitado”, llega con otro objetivo, con otra expectativa y sale insatisfecho. Así, una y otra vez y la sensación es “no se avanza”. Y lo dicen y lo repiten, hasta que todos lo creemos.

Y todos lo creemos porque siempre están en primera plana. Y todos lo creemos porque quieren dialogar a través de los medios masivos de comunicación. Lo que están buscando los dirigentes partidarios es cámara y micrófono para demostrarnos que el privilegio que les otorga la Constitución de la República de representar los intereses del pueblo ante el gobierno es un privilegio que les queda muy, pero muy grande.

Son dos los que tienen que acordar la agenda y hacer propuestas. Y hacerlas en un tiempo establecido para salir del entrampamiento objetivo y subjetivo. Y esos dos tienen nombre y apellido. FMLN y ARENA. Son dos los que nos tienen atrapados. Los dos que tienen la misma intención de voto. Están parejos. Y al estar parejos, se les exige la misma responsabilidad, la misma capacidad de propuesta y la misma capacidad ejecutiva.

Con el privilegio y el monopolio que les otorga el artículo 85 de la Constitución de la República, no se vale seguir con la misma actitud pública, esa actitud que a la gente común y corriente la decepciona. Y la decepciona porque, independientemente de la escolaridad, todos los integrantes del gran pueblo salvadoreño tenemos otras expectativas, otras exigencias y otros criterios de valoración de los dirigentes partidarios. ¿No se han dado cuenta? ¿Son incapaces de darse cuenta?

El presupuesto está desfinanciado. El gobierno es incapaz de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Aunque quiera, el decreto es otro intento fallido que merece archivo. Hay cuentas por pagar: $53 millones a los distribuidores de energía eléctrica, $397 millones a las alcaldías, $140 millones a los proveedores de zapatos y uniformes escolares y $4,800 millones de pensiones sin incluir a los privilegiados militares. Falta el financiamiento para las elecciones y quién sabe qué más.

¿Cuáles son las prioridades? ¿Niños y adolescentes en edad escolar dentro y fuera del sistema educativo o escalafones para servidores públicos? ¿Combate a la criminalidad y la corrupción o Ciudad Mujer? ¿Medicinas para los hospitales y centros asistenciales o carros y seguros privados para los servidores públicos? ¿Los asesores y consultores del gobierno central o los servidores públicos que prestan servicios de recolección y tratamiento de desechos en los 262 gobiernos municipales?

Hay iliquidez, falta austeridad, la incapacidad ejecutiva del gobierno central es evidente, los subsidios no pueden financiarse y no hay forma de estimular las inversiones y el empleo. Pero… ¿quién asume la responsabilidad de cumplir con las prioridades? Hay que preguntarlo porque ahora hasta el FOVIAL hace prevención con millones que sobraron al Ministerio de Justicia y Seguridad. Increíble pero cierto. Sin definir prioridades ¿cómo pasar a discutir y proponer fuentes de financiamiento?