Sandra de Barraza

Avances, retrocesos y desafíos. De Sandra de Barraza

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Sandra de Barraza, 24 marzo 2017 / LPG

Flacso El Salvador, Fundaungo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco se han unido para convocar a la reflexión sobre la educación en El Salvador a 25 años de los Acuerdos de Paz. El tema provoca.

¿Qué ha pasado en 25 años? En El Salvador se han hecho esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema educativo. Estudios demuestran que entre el año 2000 y 2011 la tendencia ha sido creciente, no se ha logrado el 100 % en ningún nivel, aunque en los primeros dos ciclos de educación básica falta poco para lograrlo.

Los resultados son desafiantes para el nivel de tercer ciclo y el bachillerato. Entre 7º y 9º grado, 40 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. En bachillerato, 65 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. También queda pendiente atender a los menores de 7 años. Se ha logrado cubrir casi a la mitad de población en edad preescolar, pero, la educación inicial, la de población menor de 4 años, queda pendiente.

La información oficial del Ministerio de Educación (MINED) demuestra el esfuerzo pendiente. En el año 2016, se matricularon 1.5 millones de alumnos en el sistema educativo. 7 de cada 10 son de Educación Básica. Un poco más de 8 de cada 10 fueron atendidos por el sector público.

Ese mismo año, entre el primer ciclo y el segundo ciclo de educación básica hay una diferencia de 9,667 alumnos. Entre el segundo ciclo y el tercer ciclo la diferencia es de 8,038 alumnos. Pero la diferencia entre la matrícula de tercer ciclo de educación básica y educación media es de 135,000 alumnos.

Esto significa que el año recién pasado, 135,000 personas que tendrían que estar en la escuela estuvieron fuera, con las implicaciones sociales y económicas que esto representa. Difícil no reconocer que se ha puesto poca atención a los jóvenes entre 12 y 15 años. Se van de la escuela y a nadie le importa.

Con esta deserción, la matrícula de educación media (bachillerato) representa no más que el 14 % (205,351). Esto es extraordinariamente bajo. La cobertura y los resultados del proceso de aprendizaje son otra vez del sector público. Casi 8 de cada 10 estudiantes de bachillerato son atendidos por el sector público.

La cobertura pública tiene más relevancia y en consecuencia, los resultados obligan a concentrar la atención especialmente en el maestro y la escuela públicas, porque la educación, como muchos reconocen, llega hasta donde llega el maestro. El número contratado ha crecido de 26,200 en 1992 a 57,100. Casi 8 de cada 10 trabajan en lo público y 7 de cada 10 son mujeres. Hay más del doble, pero ¿enseñan mejor?

Para esta atención, el presupuesto se ha incrementado. Entre el año 2001 y 2017, el presupuesto ha incrementado de $472.3 a $944.4 millones. Casi un 100 % de incremento. El MINED absorbe alrededor del 20 % del presupuesto general de la república. Como porcentaje del PIB, a educación se le asigna alrededor del 3 %. ¿Es suficiente? No, no es suficiente.

Hay otras fuentes de financiamiento a la educación. Hay millonarios recursos destinados a educación dispersos en otras instituciones de gobierno, en organizaciones no gubernamentales, en la empresa privada y en las alcaldías. Los hogares también aportan aunque según la Encuesta de Ingresos y Gastos de la Dirección de Estadística y Censos, se gasta más en telefonía móvil y fija que en educación.

El destino del incremento por niveles educativos llama la atención. La mayor tasa de crecimiento se registra en el nivel de educación superior. Presupuestariamente se ha hecho mayor esfuerzo para financiar la educación superior que ofrece la Universidad de El Salvador (UES) que en educación media.

El país continúa invirtiendo poco en educación. En educación preescolar se gastan $271 por alumno, en básica $342 y en media $470. Esto contrasta con el gasto por persona en los privados de libertad. Según el Banco Mundial, en el año 2006 el gasto promedio fue de $2,000 al año. En octubre de 2013 (LPG), el responsable de la Dirección de Centros Penales declaró que en alimentación gastan $1,754 por persona al año.

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Otra llamado. De Sandra de Barraza

Los temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 17 febrero 2017 / LPG

Una y otra vez se escucha a funcionarios, especialmente de alto nivel, hacer llamados al diálogo. Una y otra vez se escucha a funcionarios de alto nivel poner adjetivos poco estimulantes a todos aquellos con quienes dicen querer dialogar. Destaco esta actitud porque los adjetivos son un atarrayazo y son contradictorios con el llamado a dialogar.

Son contradictorios. Esto es un problema porque al 25 aniversario de la paz se ha hecho, otra vez, un llamado a fomentar la cultura de paz. La Asamblea Legislativa tiene un decreto y el Ministerio de Educación un programa especial. Pero la cultura de paz tiene, obligadamente, que adoptar un vocabulario de paz. Y ese vocabulario de paz no se hace evidente en los funcionarios de alto nivel y en los dirigentes partidarios. La palabra y la postura, el lenguaje verbal y el no verbal deben tener coherencia.

la prensa graficaLos temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar. Carentes de planteamientos alternativos, se justifica exigirle al otro y a la expectativa. Diálogo y propuestas concretas no son posibles sin una agenda de trabajo con temas priorizados y razonados. Una agenda que permita solicitar propuestas en tiempos específicos.

Sin agenda de temas priorizados en forma compartida no hay compromiso de aportes. Se convoca y es “el otro” el que pone la agenda y la agenda en mano no puede desarrollarse. El convocado, que es “el invitado”, llega con otro objetivo, con otra expectativa y sale insatisfecho. Así, una y otra vez y la sensación es “no se avanza”. Y lo dicen y lo repiten, hasta que todos lo creemos.

Y todos lo creemos porque siempre están en primera plana. Y todos lo creemos porque quieren dialogar a través de los medios masivos de comunicación. Lo que están buscando los dirigentes partidarios es cámara y micrófono para demostrarnos que el privilegio que les otorga la Constitución de la República de representar los intereses del pueblo ante el gobierno es un privilegio que les queda muy, pero muy grande.

Son dos los que tienen que acordar la agenda y hacer propuestas. Y hacerlas en un tiempo establecido para salir del entrampamiento objetivo y subjetivo. Y esos dos tienen nombre y apellido. FMLN y ARENA. Son dos los que nos tienen atrapados. Los dos que tienen la misma intención de voto. Están parejos. Y al estar parejos, se les exige la misma responsabilidad, la misma capacidad de propuesta y la misma capacidad ejecutiva.

Con el privilegio y el monopolio que les otorga el artículo 85 de la Constitución de la República, no se vale seguir con la misma actitud pública, esa actitud que a la gente común y corriente la decepciona. Y la decepciona porque, independientemente de la escolaridad, todos los integrantes del gran pueblo salvadoreño tenemos otras expectativas, otras exigencias y otros criterios de valoración de los dirigentes partidarios. ¿No se han dado cuenta? ¿Son incapaces de darse cuenta?

El presupuesto está desfinanciado. El gobierno es incapaz de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Aunque quiera, el decreto es otro intento fallido que merece archivo. Hay cuentas por pagar: $53 millones a los distribuidores de energía eléctrica, $397 millones a las alcaldías, $140 millones a los proveedores de zapatos y uniformes escolares y $4,800 millones de pensiones sin incluir a los privilegiados militares. Falta el financiamiento para las elecciones y quién sabe qué más.

¿Cuáles son las prioridades? ¿Niños y adolescentes en edad escolar dentro y fuera del sistema educativo o escalafones para servidores públicos? ¿Combate a la criminalidad y la corrupción o Ciudad Mujer? ¿Medicinas para los hospitales y centros asistenciales o carros y seguros privados para los servidores públicos? ¿Los asesores y consultores del gobierno central o los servidores públicos que prestan servicios de recolección y tratamiento de desechos en los 262 gobiernos municipales?

Hay iliquidez, falta austeridad, la incapacidad ejecutiva del gobierno central es evidente, los subsidios no pueden financiarse y no hay forma de estimular las inversiones y el empleo. Pero… ¿quién asume la responsabilidad de cumplir con las prioridades? Hay que preguntarlo porque ahora hasta el FOVIAL hace prevención con millones que sobraron al Ministerio de Justicia y Seguridad. Increíble pero cierto. Sin definir prioridades ¿cómo pasar a discutir y proponer fuentes de financiamiento?

 

El modelo está claro. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 10 febrero 2017 / LPG

En el título V, artículos del 101 al 120, de nuestra Constitución de la República está el orden económico de nuestra sociedad. ¿Orden económico? La RAE lo define como “el mandato que se debe obedecer, observar o ejecutar” en la “organización económica” a la que se aspira. ¿Orden es sinónimo de modelo? Como la Constitución es el contrato social, lo asumo como sinónimo: “modelo, es un esquema teórico de un sistema o una realidad compleja para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.

la prensa graficaLa Constitución obliga al Estado y su administración pública a “promover el desarrollo económico y social mediante el crecimiento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos”. Es claro el cómo. No hay desarrollo económico ni social sin producción. No hay desarrollo económico ni social sin productividad. No hay desarrollo económico ni social usando irracionalmente los recursos humanos, naturales, económicos, financieros y más.

En el país hay producción. Hay manufactura de textiles, de confección, de plásticos, de alimentos, de bebidas, de productos químico/farmacéuticos, de calzado, de papel y cartón, metalmecánica y más. Se producen abundantes servicios de comida (restaurantes, comedores y otros), de alojamiento (hoteles, hostales y otros), de salud, profesionales/técnicos y científicos, administrativos y logísticos, de financiamiento, de seguros, de informática, artísticos y de recreación. Hay servicios de comunicación y transporte.

Hay agroindustria (azúcar y café). Se tiene construcción. Se explotan minas (p. ej. carbón) y canteras (p. ej. piedra, grava). Hay industria creativa en publicidad, en artesanías de exportación, en diseño, en arquitectura, en desarrollo de software, música, video, ediciones, radio, televisión… y más. ¿Cuáles son las apuestas estratégicas? Fue la pregunta del Asocio para el Crecimiento (2011-2016). El Plan 2014-2019 tiene 9 prioridades en industria manufacturera y tiene 8 servicios priorizados. El Plan 2014-2019 prioriza 17 “sectores de la producción” para promoverlos tal como lo manda la Constitución. ¿Tienen condiciones internacionales? Hay que preguntar porque el mercado nacional es irrelevante.

Son las empresas las que producen. ¿Cuántas son? Las empresas formales tienen que pasar por seis o más dependencias gubernamentales, para renovar el permiso de operación. Pero… no hay información actualizada. La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) registró 25,000 unidades productivas en 2011. La mayoría son micro y están concentradas territorialmente. Si el Estado, a través de la administración pública, es eficaz en la tarea, el número de unidades y su tamaño en ventas y empleo, deberían crecer. ¿Se ha logrado con eficacia? No se ha pasado del 2.5 %.

La otra ocupación que debe asumir el Estado es la productividad, que se refiere al número de unidades que se producen en un determinado tiempo, utilizando los recursos y el equipo necesario. Esto tiene que ver con tecnología. ¿Somos productivos? El Banco Central de Reserva (BCR) difundió el estudio “Análisis de la Productividad y los Costos Laborales Unitarios Reales en El Salvador en el período 1990-2009”. Afirmó: “Los sectores económicos con mayores niveles de productividad y menores costos laborales son: industria, agropecuario; minas y canteras; comunicaciones, y electricidad, gas y agua. Los sectores con resultados desfavorables son el financiero, el inmobiliario, los servicios a empresas; los servicios del gobierno (la burocracia); el comercio, los restaurantes y hoteles”. El BCR participó la iniciativa de CEPAL para precisar los indicadores de productividad. ¿Sirve para algo esta información? ¿Se usa para diseñar políticas públicas? Hay que confirmar que las decisiones no se toman con el corazón.

La Constitución manda “la racional utilización de recursos”. ¿Con qué lo hacen? Con abundantes normas y regulaciones. Pero ¿son coherentes con el mandato constitucional? Hay que preguntarlo porque es usual que las leyes y reglamentos obstruyan el mandato constitucional.

Y el mismo artículo establece el para qué del mandato. Para “asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna de ser humano”. Y esto ¿qué significa? ¿Qué alcance tiene? Hay que responder. Y hay que hacerlo porque de esto depende cumplir con el principio de justicia social. El título V de la Constitución contiene el modelo económico. Precisa el qué, el cómo y el para qué. ¿Por qué afirman que el modelo económico está agotado? ¿Se ha asumido realistamente lo que mandata la Constitución? Hay conciencia de qué hacer y qué no hacer. Responder implica una autocrítica de los que representan los intereses del pueblo dentro del gobierno. ¿Es posible?

Todo con el mismo peso. De Sandra de Barraza

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué?

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 3 enero 2017 / LPG

A menos de 30 meses para que finalice la administración del Órgano Ejecutivo, seguimos atrapados en la falta de prioridades. El cambio climático es prioridad. La producción agrícola es prioridad. La mujer es prioridad. El desarrollo municipal es prioridad. El transporte público es prioridad. La primera infancia es prioridad. La salud es prioridad. El saneamiento es prioridad. El escalafón es prioridad. La participación ciudadana es prioridad. La publicidad gubernamental es prioridad. La transparencia es prioridad. La seguridad es prioridad. El empleo público es prioridad. El sindicalismo es prioridad. La Policía es prioridad. ¡Y así, hasta el infinito!

la prensa graficaCon todos y con todo, se quiere quedar bien. Todo se quiere hacer. Todo se quiere con el mismo presupuesto. Y lo peor es que el presupuesto no alcanza. Y más crítico aún es que la confianza para hacer todo y quedar bien con todos se pone en las instituciones de financiamiento internacional y en los cooperantes. Y con la crisis fiscal que se enfrenta y se prevé para el futuro, difícilmente podremos financiar lo que a todos les conviene.

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué? Hay que preguntarlo porque los 262 gobiernos municipales están enfrentando la realidad a la que el gobierno central nos ha llevado. Y esto es crítico, especialmente por el servicio de recolección de desechos y las implicaciones de hacerlo en su momento. Pronto, el país será como el municipio de Mejicanos en la administración pasada, las calificadoras de riesgo nos ubican en la categoría de “bonos basura”.

Pronto, muy pronto, los subsidiados en el servicio de energía enfrentarán la realidad. Tendrán que pagar el servicio. Pocos hablan de este tema porque políticamente no es popular. Pero tarde o temprano, los tomadores de decisiones tendrán que reconocer que los subsidios son impagables. Mientras, los trabajadores sindicalizados en el Ministerio de Salud siguen creyendo que es mala voluntad de las autoridades el no cumplimiento de la ley del escalafón. En esta crisis, los tomadores de decisiones incumplen cualquier ley. Y allí está el FODES como ejemplo.

En un momento de crisis fiscal, y en un entorno de violencia e inseguridad con falta generalizada de empleo decente, conformarse con el monto recaudado en “la contribución especial a la telefonía” y confiar en las “medidas extraordinarias” para resolver el problema que hace evidente la incapacidad gubernamental es poco responsable. Y es poco responsable porque se quiere hacer creer a la gente que “lo extraordinario” de hacer las cosas “de manera extraordinaria” permitirá recuperar el ambiente de sana convivencia y seguridad.

Las “medidas extraordinarias” están distorsionando la institucionalidad. Otra vez, insisto. La prevención se da y se debe dar en las escuelas. Y ¿dónde esta el Ministerio de Educación rindiendo cuentas de lo que hace y deja de hacer en las escuelas? No es tarea de la PNC, ni de las Fuerzas Armadas, ni tampoco de ciudades especiales o institutos especializados, la responsabilidad de atender a la población en edad escolar.

Los funcionarios desfilan en la Asamblea para solicitar 10, 20, 50 o 100 millones o más en préstamos. Préstamos que les sirven para continuar reproduciendo su burocracia. Y ¿quién llama la atención sobre lo que es prioritario? ¿Quiénes demandan la atención a los jóvenes y adolescentes, esos que tienen que estar en la escuela y no están? De la oposición no se escucha absolutamente nada.

Los maestros se están quejando sobre el cierre de secciones en las escuelas. Los maestros se están quejando por la solicitud de transferir plazas y sobresueldos para reubicarlos. Estas quejas, que se han leído en los medios de comunicación, son el reflejo de la falta de prioridad que se le da a la atención de la población en edad escolar.

Las escuelas están en malas condiciones. Los bachilleratos están hacinados. La deserción entre tercer ciclo y primero de bachillerato se explica por la concentración y la falta de oferta. Y la educación a tiempo pleno, de 8 horas diarias desarrollando competencias con la asistencia de profesionales en distintas disciplinas, se quedó en el discurso de las agencias de cooperación. La estrategia conceptual es válida y tenemos 90 meses escuchando el discurso. No hay pisto. Y entonces ¿dónde está la prioridad?

Hagan su trabajo. De Sandra de Barraza

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos.

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 27 enero 2017 / LPG

La Ley de la Corte de Cuentas de la República es de septiembre de 1995. “La Corte”, dice la ley, “es el organismo encargado de fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular”. Fiscaliza también la gestión de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo. Y también, fiscaliza la ejecución del presupuesto de los concejos municipales.

la prensa graficaÚnicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer ajustes a su proyecto de presupuesto; la Asamblea Legislativa, por votación nominal y pública, elige al presidente y magistrados que la presiden; la Asamblea Legislativa recibe y aprueba su informe anual. Así es de importante “la Corte”.

La jurisdicción de la Corte es amplia y su trabajo es fundamental. Fiscaliza y controla a todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna, dice la ley. Fiscaliza también las actividades de entidades, organismos y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

La tarea de fiscalización incluye desde federaciones de fútbol y otras deportivas, hasta partidos políticos, incluyendo ONG, asociaciones, fundaciones, hogares y más. La tarea de fiscalización incluye desde empresarios de buses hasta lisiados de guerra. Así de amplia y compleja es la tarea porque así de amplia es la distribución de recursos públicos. Pero ¿quiénes reciben recursos públicos?

El presupuesto 2017 del Ministerio de Educación (MINED) es de $941.9 millones. Son $64.3 millones para educación de primera infancia (7 % del presupuesto); son $477 millones para Educación Básica (51 % del presupuesto). Son $86 millones para Educación Media (9 % del presupuesto). A la Universidad de El Salvador (UES) le asignan $72.2 millones (8 % del presupuesto). Y para protección social (uniformes, vaso leche y alimentación) son $105 millones (11 % del presupuesto).

En el presupuesto del MINED, hay $119 millones para “Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades”. Este monto representa el 13 % del presupuesto total. ¿Quiénes son las adscritas? Allí están la Universidad de El Salvador (UES), la Caja Mutual de los Empleados del MINED, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

¿Quiénes son las “Otras entidades” en el presupuesto 2017 del MINED? Son 33 entidades y tienen el calificativo de “Implementadoras de Programas Educativos”. Están con nombre y apellido. Son entidades que ponen en funcionamiento iniciativas para complementar el trabajo del MINED y esto motiva un convenio con responsabilidades definidas.

Entre las 33 Implementadoras de Programas Educativos hay 3 Institutos Tecnológicos de Educación Superior y 4 Escuelas Superiores de Ingeniería. También hay 7 universidades privadas, 11 asociaciones, 4 Fundaciones, 1 Hogar, 1 Federación, 1 Comité y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Las 33 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ramo de Trabajo y Previsión Social apoya con “subsidio al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado”. El Ramo de Salud apoya al ISRI, al Hogar de Ancianos, a la Cruz Roja, al Fondo de Salud y al Consejo Nacional de Salud. Y también apoyan a “30 entidades de asistencia social”. Las 35 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ministerio de Economía también apoya otras entidades. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) tiene 14 entidades implementadoras de la estrategia para el desarrollo de la mype. Las 14 deben ser fiscalizables por la Corte.

Y también aparecen en el Ministerio de Obras Públicas, en Medio Ambiente y en Defensa. En todos los casos, las instituciones aparecen con nombre y apellido y son 3 las que deben ser fiscalizadas por la Corte. Con esta lista, la Corte tiene al menos 82 para fiscalizar. No todas reciben subsidio. Los términos deben usarse con sabiduría para no confundir la tarea. Faltan. En el Portal de Transparencia Fiscal no aparecen las entidades que reciben recursos públicos de la Asamblea Legislativa.

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos. La Corte debe investigar. La Corte debe darnos certeza. Hagan su trabajo.

Arrinconados. De Sandra de Barraza

Arrinconados, terminan el año los empresarios. La ministra de Trabajo impuso el salario mínimo sin consenso con el sector que genera la riqueza para mantener a la burocracia gubernamental.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 23 diciembre 2016 / LPG

Arrinconados… olvidados y retirados del centro de poder y de atención. Este fue el adjetivo que utilizó el periodista para cerrar su reportaje sobre la situación de las comunidades indígenas del área rural del municipio de Nahuizalco: abandonaron su tierra, dejaron de cultivar la tierra, no pudieron recoger su cosecha y muchos no pueden pagar el arrendamiento; los pandilleros se han tomado el territorio en el que sobreviven. Trágico.

Eso se vive en Nahuizalco, en Soyapango, en San Salvador, en Apopa, en Caluco diferentes municipios. En no más que 20,000 km², el gobierno no ha sido capaz de recuperar el control del territorio y mucho menos, de controlar a los grupos organizados, esos llamados pandillas. Han sido capaces de emitir leyes declarándoles terroristas, pero allí no más.

la prensa graficaCualquiera quiere creerle a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y a los de la Policía Nacional Civil. Cualquiera quisiera creer el informe anual que el presidente de la República dio a la mitad de su período de su gestión. Pero la realidad es distinta a la que describen. En el territorio, ni el artículo n.º 1 ni el n.º 2 de la Constitución de la República se viven, ni se sienten.

Cerramos 2016 con un Consejo Nacional, con más aportes financieros obligados para la seguridad pública, con créditos aprobados, con créditos pendientes y con declaraciones de buenas intenciones que no han logrado erradicar el ambiente de inseguridad en el que diariamente hay que sobrevivir. En el territorio, las pandillas y el gobierno del FMLN ahogan a los gobiernos locales y a los municipios.

Arrinconados… así termina el año para los gobiernos locales que no han podido cubrir sus compromisos ni ejecutar su plan de trabajo con la irregularidad con la que han recibido la transferencia del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES). El gobierno del FMLN, supuestamente comprometido con la descentralización del Estado, demuestra lo contrario.

Desde fuera de los dos niveles de gobierno es notorio el desprecio por lo local; desde fuera de los dos niveles de gobierno, es notoria la centralización a la que quieren conducir al Estado y al gobierno haciendo declaraciones poco responsables sobre las principales causas por las que no transfieren el FODES. Si por decreto pudieran borrar el espíritu democrático de la población y la mínima expresión del Estado en el territorio, seguramente procederían.

El espíritu centralista de la dirigencia del FMLN les está haciendo olvidar el fuerte sentimiento de arraigo e identidad municipal que la gente tiene y vive. Se puede sobrevivir con las incapacidades del gobierno central porque ese nivel de gobierno está lejos del diario vivir. Pero las exigencias a los gobiernos locales son concretas y reales, son medibles y comparables. Se ven servicios. Y sin en FODES, están en riesgo.

El FODES es una obligación del Estado con los municipios que anualmente debe calcularse sobre los ingresos planificados. Es una estimación que requiere realismo. Pero… el sentido de realidad es lo más ausente en la dirigencia del gobierno central. En los últimos años el gobierno ha hecho cálculos optimistas y al cierre del año 2016 tuvieron sus consecuencias.

Arrinconados… así cerraron la última plenaria los diputados que representan al pueblo entero en la Asamblea Legislativa. No pudieron aprobar el presupuesto 2017 porque el gobierno no fue capaz –porque no quiso– de satisfacer las críticas y las demandas de la oposición y de los que fueran sus aliados. Perdieron la aritmética y difícilmente la recuperan mientras la sensatez y el sentido común prevalezcan.

No hay ingresos suficientes para cubrir con los gastos que no se han incluido. Si se ignora esta realidad, las demandas y presiones para la aprobación de préstamos de corto plazo será mayor que la del presente año. El gobierno central cerró con grandes apuros y llamados de emergencia. Y la historia no puede, ni debe repetirse. Pasamos a 2017, con el presupuesto desfinanciado de 2016 y hay que sincerarse.

Arrinconados, terminan el año los empresarios. La ministra de Trabajo impuso el salario mínimo sin consenso con el sector que genera la riqueza para mantener a la burocracia gubernamental. Hay mil empresas grandes y mil empresas pequeñas. No dudo que estas empresas podrán acomodarse. Pero hay 20 mil microempresas y 5,000 empresas pequeñas que se quedan arrinconadas con la única opción de hacerse informales.

¿Quién establece las prioridades? De Sandra de Barraza

En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 9 diciembre 2016 / LPG

La situación fiscal del país no es alentadora y la perspectiva viene de gris a negro. La base productiva no produce lo que necesita el gobierno para financiar los gastos corrientes, los de inversión y mucho menos para honrar sus deudas con los pensionados, los veteranos de guerra, los lisiados y otros más. Se crece al 2.5 % y esto no es suficiente.

La base productiva no logra reducir costos en el proceso de producción; debe acomodarse al impacto de los procesos innovadores de la burocracia que afectan a todo tamaño de empresa y en todo el país. La base productiva tributa más y aporta a más contribuciones especiales y no se amplía a la velocidad que el empleo público crece ni al ritmo de gasto del gobierno.

la prensa graficaEl Órgano Ejecutivo destinó el 55 % del presupuesto 2015 al desarrollo social. Fueron $2,900 millones y las instituciones privilegiadas fueron el MINED, Salud, ISDEM, ISSS y el INPEP. Tuvieron asignación entre $227 a $772 millones. El próximo año, el porcentaje del anteproyecto desfinanciado de presupuesto se reduce al 43 %. Y esto ha significado la reducción del presupuesto ordinario y especiales del MINED en un 20 %.

¿Cuáles son las prioridades? ¿El pago de salarios? Según el M. de Hacienda, hay 161,623 empleados públicos, y de este total, 3 de cada 10 servidores públicos se ocupan en administración y servicios, y un poco menos de 3 de cada 10 se ocupan de la docencia. ¿Cuáles son las prioridades? Y menos del 1 % se dedica a la seguridad y la justicia, a pesar de la situación que se enfrenta.

La administración pública la hacen los servidores públicos contratados para promover el desarrollo social, crear condiciones para el desarrollo económico y los que deben dar confianza en la seguridad pública. El M. de Hacienda registra que el 31 % de los servidores públicos tiene grado académico universitario y de posgrado y 45 % tiene 9.º grado o menos escolaridad. Y casi el 50 % está en el departamento de San Salvador. Y el 21 % está distribuido proporcionalmente en San Miguel, Santa Ana y La Libertad.

Los salarios han mejorado. Los empleados que ganan entre $1,300 y $1,600 se han triplicado entre el año 2009 y 2015. En 6 años pasaron de 2,488 a 8,067 los contratados; se han duplicado los que ganan entre $1,600 y $2,000 que pasaron de 1,334 a 3,044; y casi se han duplicado los que ganan entre $1,000 a $1,300. En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Hay quejas generalizadas porque dicen no ganar lo suficiente para adquirir la canasta básica que incluye celular y mucho menos la ampliada que debe actualizarse con otros artículos y servicios como por ejemplo internet. La aspiración salarial de los funcionarios públicos la comparto. Pero ¿cuáles son los requisitos de formación y de mérito? En la administración pública deben estar los mejores. Y a los mejores no puede ni debe dárseles sobresueldos o complementos salariales. En esta coyuntura, este tema debe discutirse en la mesa fiscal.

¿Cuánto dinero se ha gastado en la modernización del Estado y el empleo público? Sería oportuno investigarlo. Son millones de préstamos con organismos internacionales los que se han gastado inspirados en este objetivo. Son millones las donaciones que se han obtenido para este objetivo. Y son millones los que se han tirado al cesto de la basura o adornan los anaqueles del gobierno porque no se toman decisiones. La administración pública continúa siendo el espacio para pagar favores partidarios. Hay que estar bien conectado para ingresar.

Esto necesita un acuerdo político y viabilidad financiera para modernizar el empleo público y encontrar la salida a la complicada situación fiscal. El acuerdo debe incluir la reducción del gasto corriente y esto exige analizar la estructura del empleo público. ¿Es posible liberar del servicio público al menos 60,000 plazas en cinco años? ¿Es posible aspirar a otra estructura de salarios para hacer atractivo el servicio público a los mejores profesionales?

Dar respuesta a estas preguntas significa tomar en serio el crecimiento económico y el servicio civil. Debemos tener a los mejores en la investigación del delito, en seguridad y justicia, en educación y en salud y saneamiento. ¿Quién establece las prioridades?