CEPA

¿Qué dicen los responsables? ¿Y los especialistas? De Sandra de Barraza

4 mayo 2018 / La Prensa Gráfica

El 16 de diciembre de 2013, a cuatro años de la gestión del primer gobierno del FMLN, la Secretaría Técnica de la Presidencia presentó el Plan Maestro para la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador. “El Plan Maestro para la ampliación del aeropuerto fue elaborado por la empresa estadounidense Kimley Horn, que ganó la licitación del convenio de cooperación técnica no reembolsable por $427 mil entre la Agencia de Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (USTDA, por su sigla en inglés) y CEPA, en el marco del Asocio para el Crecimiento entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos”.

Debe aclararse que no es el primer Plan Maestro que se diseña para ese aeropuerto internacional. Si mal no recuerdo, el Gobierno de Francia hizo una donación similar cinco o seis años antes. Cuando inició la primera gestión del FMLN el país contaba con una propuesta de uso planificado del recurso de cara a convertir al país en un centro de logística y servicios internacionales. Seguramente si se investiga en los archivos institucionales e internacionales, hay otros estudios financiados por la institución o ejecutados mediante cooperación internacional que simple y sencillamente se tiraron a la basura.

Un plan maestro es un instrumento básico para orientar el uso racional y equilibrado de los recursos. Es un instrumento orientador de la inversión. Es un instrumento para programar la inversión. Es un instrumento para racionalizar la inversión pública. Es un instrumento para atraer inversiones privadas. Es un instrumento que requiere especialistas para su desarrollo. Y es un instrumento que exige tomadores de decisión comprometidos con el presente y el futuro de los recursos estratégicos, especialmente los de un aeropuerto internacional.

El aeropuerto es un activo territorial y un activo nacional. Tiene alrededor de 39,200 metros cuadrados en un espacio con amplias posibilidades productivas. Allí se propuso (2001, 2009) una ordenada expansión urbana para crear una ciudad aeroportuaria promoviendo la conurbación lineal de cuatro ciudades: Santiago y San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca. Una ciudad aeroportuaria para proveer el soporte al aeropuerto internacional con infraestructura, servicios e institucionalidad.

Por esto, con mucha pena se conoce el anuncio reciente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de “ampliar y modernizar” el aeropuerto internacional con una inversión de $36 millones haciendo caso omiso de los planes maestros diseñados para el aeropuerto y, de manera particular, el presentado en 2013 durante la gestión del FMLN. De la manga de la camisa sacan un diseño que desentona, hacen presupuesto, abren licitación y lo adjudican a una empresa mexicana.

¿Qué dice el vicepresidente, promotor de la inversión internacional? ¿Qué dice la Secretaría Técnica, encargada de la planificación? ¿Qué dice el Viceministerio de Transporte, responsable del transporte aéreo? ¿Qué dicen los profesionales de la arquitectura y la ingeniería sobre el diseño y especificaciones técnicas? Pregunto porque en 10 meses que le quedan a esta gestión gubernamental, la obra no se finaliza. ¿Será otra Diego de Holguín? ¿Será otro SITRAMSS? Pregunto porque los funcionarios de turno no tienen el derecho de ahogar oportunidades de desarrollo futuro con inversiones caprichosas que no responden a una planificación estratégica.

Y hay que decirlo categóricamente. No tienen el derecho de ahogar oportunidades futuras o hacerlas más caras. Este es un recurso estratégico para hacer de El Salvador un centro de servicios logísticos, industriales, turísticos y aeronáuticos. El desarrollo se planifica. Para eso son los planes maestros.

¿Y la política? De Sandra de Barraza

Un poco de historia. En mayo de 1952 se creó la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla con el propósito de “planificar y ejecutar la construcción del puerto”. Concluida la construcción, se le encomendaron la dirección de las operaciones y la administración de las instalaciones. En diciembre de 1963, el Órgano Ejecutivo le asignó la dirección, ejecución y administración del muelle y demás instalaciones del Puerto de La Libertad y la facultad de efectuar las operaciones complementarias.

20 abril 2018 / La Prensa Gráfica

En octubre de 1965, fue “necesaria una administración eficiente de los servicios portuarios y actividades complementarias”. Se reestructura la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla para convertirla en empresa del Estado. Asume la responsabilidad de dirigir y administrar los puertos de Acajutla y de La Libertad, así como el Ferrocarril de El Salvador. Esto se aprobó mediante el decreto 454 del 21 de ese mes. Allí surgió la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Un poco de actualidad. Legalmente CEPA es la responsable de “la administración, explotación, dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todas las instalaciones de los puertos de la República, no sujetos a régimen especial, así como la custodia, manejo y almacenamiento de mercadería de exportación e importación”. También es de la administración, explotación y dirección del sistema ferroviario. Y estas atribuciones suponen “la planeación y la construcción de nuevas instalaciones y todas las obras necesarias para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones portuarias y ferroviarias existentes”.

CEPA es una empresa estatal que administra millonarios activos nacionales: 2 puertos aéreos, el de Ilopango y el Monseñor Óscar Arnulfo Romero; 2 puertos marítimos, el de Acajutla y el de La Unión ¿y el de La Libertad?; y un ferrocarril con más de 600 kilómetros de red con sus respectivos derechos de vía. Su misión es “desarrollar la infraestructura y puertos, aeropuertos y ferrocarriles a través de nuevos modelos de gestión”.

La autonomía de regirse por normas propias otorgada a CEPA no significa independencia. Está adscrita al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y particularmente al Viceministerio de Transporte que es el responsable de “investigar las necesidades de transporte terrestre, aéreo y marítimo; garantizar la eficiencia y seguridad en el servicio de transporte terrestre, aéreo y marítimo; otorgar y cancelar autorizaciones para el funcionamiento de empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo…”. Y esto demanda planificar, analizar, coordinar y ejecutar la política de Estado en materia de transporte.

¿Qué política de transporte portuario guía el accionar de CEPA? ¿Qué seguimiento le da el MOP al desempeño de CEPA? ¿Cómo miden la eficiencia que le exige la ley? ¿Cumple con su misión o se pierde en el camino? Si no tiene financiamiento ¿por qué tiró el asocio público-privado en el aeropuerto de Comalapa? ¿Cumple el viceministerio con la presentación del informe semestral a la Presidencia?

Hay más preguntas. Después de 9 años de gestión del FMLN, en CEPA se tiene un puerto marítimo tirado que hace noticia porque llega un crucero con 93 turistas; hay inversiones millonarias en cambios cosméticos en el aeropuerto de Comalapa que no han modernizado el transporte aéreo; anuncian la construcción de un centro comercial en el aeropuerto de Ilopango pero nada dicen sobre su operación; han donado derechos de vía del ferrocarril asumiendo funciones que no les competen y fueron cuestionados por la compra de miles de dólares en licores y alimentos. ¿Hay efectividad?

Carta a los ejecutivos del gobierno: Sí es personal

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 agosto 2016 / EDH

Estimados amigos:
Siempre la mara los está jodiendo. Como ahora vivimos bajo el régimen de la transparencia, alguien publicó los salarios que ustedes reciben, y que había encontrado en algún sitio de Internet.

Gran escándalo: Los secretarios de la presidencia todos ganan como 6 mil al mes, y algo parecido los jefes de las autónomas. Sumemos a esto el uso de buenos vehículos del estado, gasolina y celular libre, indudablemente sale una buena vida.

Fíjense, a mi no me escandaliza la manera como nosotros remuneramos a los ejecutivos del gobierno. O mejor dicho: si tuviera la certeza que ustedes son ejecutivos preparados, de la mayor calificación académica-profesional y alto rendimiento, yo estaría de acuerdo que ganen aun más. Estoy convencido que el Estado debe de tener la capacidad de competir con el sector privado en la atracción de los mejores cuadros gerenciales.

diario hoyMe parece ridículo que en nuestro país los ministros tengan salarios de 3 mil dólares, cuando ejecutivos en el empresa privada con el mismo grado de responsabilidad, manejo de personal y de presupuestos no estarían dispuestos de trabajar por ese salario. Y me parece sumamente peligroso que la solución a este dilema no es redefinir los salarios formales sino la cultura del sobre de manila con el sobresueldo. Es peligroso porque abre la puerta a cualquier tipo de arbitrariedad, corrupción y compromisos de compadres.

En este sentido, es mucho mejor definir que el presidente de CEL devenga un salario de 10 mil.

Entonces, el escándalo no es el monto de los salarios de nuestros ejecutivos, sino son dos mañas que realmente huelen muy mal: por una parte la creación de puestos que no son necesarios, como el montón de secretarios en Casa Presidencial que duplican (y complican) la labor de los ministerios. Son cargos que surgen de la necesidad política y partidaria, pero no de la lógica de eficiencia del aparto ejecutivo. Y la segunda cosa que huela a podrido es la falta de idoneidad de los altos funcionarios – y por siguiente, la falta de resultados. El hecho que hay cuadros del partido y de ALBA que ocupan cargos importantes en instituciones como CEPA, PROESA, CNR, Ministerio de Economía y varias Superintendencias – y que ganen de 6 mil para arriba, esto sí es escandaloso.

Cuando esto pasa, el malestar popular, que nunca es muy justo, conduce a conclusiones erróneas y juicios peligrosos. Por ejemplo, que si el país está en crisis, los ejecutivos del gobierno también tienen que compartir la miseria. O la otra, que todos ustedes son corruptos e ineptos.

¿Cómo no va pensar (y gritar) esto la mara si ven a un presidente de CEL, cuya calificación es su relación familiar con el máximo líder del FMLN, Medardo González, pero que tiene la CEL desfinanciada, envuelta en casos de corrupción e invirtiendo en megaproyectos equivocados, como El Chaparral y la ampliación de la presa 5 de noviembre, que por su elevado costo no pueden ser rentables nunca? ¿O cuando ven a un secretario de Transparencia que no cum0le ninguna función ejecutiva, pero que no solo gana 6 mil dólares al mes, sino además dispone de enormes recursos de Casa Presidencial en asuntos que exclusivamente son de interés partidario e ideológico?

Normalmente se dice: No lo tomen personal. Pero en los casos de los funcionarios ineptos o no necesarios, el asunto sí es personal. Ahí la única solución sería removerlos.

Saludos,

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Corrupción: de la zona gris hacia la negra. De Roberto Rubio

roberto rubioRoberto Rubio, 18 julio 2016 / LPG

Cuando en 2009 hubo cambio de gobierno, y el discurso presidencial de toma de posesión estuvo lleno de alusiones al combate a la corrupción, muchos creyeron que al fin se comenzaría a iluminar la lucha contra la corrupción e impunidad. Craso error. Muchos no entendieron las dinámicas del poder, ni conocían las mañas de los nuevos inquilinos, y menos de las de su líder.

Más allá de los discursos y promesas (con excepción de algunas acciones impulsadas por el ministro de Obras Públicas y el FISDL), el gobierno anterior se desarrolló en una zona gris. Junto con el partido oficial, se intentó obstaculizar el acceso a la información pública: buscando quitarle dientes a la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública por medio de la la prensa graficamodificación de su reglamento, dilatando la puesta en marcha del Instituto de Acceso a la Información, negando información sobre los gastos de publicidad de Casa Presidencial (CAPRES) o los viajes del presidente, así como ocultando información sobre asesores en la Asamblea Legislativa. Asimismo, la zona gris se ubicó en el campo de la protección de funcionarios involucrados en posibles hechos de corrupción y conflicto de interés, como fue la defensa que hizo del anterior presidente de la Asamblea Legislativa la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.

El actual gobierno viene dando señales preocupantes de transitar de esa zona gris hacia la negra. En efecto, ya no solo se sigue obstaculizando el acceso a la información con el creciente uso/abuso de las declaraciones de reserva, sino que se recurre a acciones de difamación e intimidación hacia los que buscan combatir la opacidad, la corrupción e impunidad… hasta llegar al posible encubrimiento de un delito.

Este gobierno sigue negando información sobre los viajes del expresidente Funes, sobre los gastos de publicidad y el detalle de las auditorías de la Presidencia, se “pierden” documentos y registros en CAPRES y el Ministerio de Economía, se hacen los locos sobre el rol de sus altos funcionarios durante la tregua o sobre el tráfico de armas al interior de la Fuerza Armada. Asimismo, se sigue defendiendo a funcionarios señalados públicamente de cometer hechos delictivos, como la presencia de altos dirigentes del partido, e irónicamente del secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, en la amenazante manifestación organizada por el alcalde de San Salvador ante la Fiscalía, de cara a las investigaciones de esta sobre el caso de los troles. Más recientemente, frente a los gastos festivos de CEPA, la secretaría en mención monta una de sus típicas operaciones de apariencia, solicitando a CEPA la devolución de unos $5 mil, intentando así contener las exigencias ciudadanas para una verdadera rendición de cuentas de la autónoma. También se ha seguido poniendo obstáculos a los esfuerzos que hace la Sección de Probidad de la CSJ, o para contar con una buena Ley de Probidad.

Preocupan algunas señales de tránsito hacia la zona negra de la difamación e intimidación, y el encubrimiento delictivo: los que solicitan apoyo internacional para combatir la corrupción son golpistas; los que protestan contra la corrupción son agredidos; la contribución de la Sala de lo Constitucional al saneamiento de una Corte de Cuentas desprestigiada e históricamente protectora de la corrupción es también una acción golpista.

También hemos asistido a un manejo burdo, oscuro y posiblemente delictivo de un accidente de tránsito, por parte de CAPRES, donde una persona perdió la vida. Las evidencias de terreno e informaciones publicadas sobre el tema, el comportamiento misterioso de Casa Presidencial, el sentido común, apuntan a que el vehículo está vinculado a un alto funcionario de CAPRES que no se quiere dar a conocer. Se contaminó la escena del accidente por parte del Batallón Presidencial, se borró la evidencia del accidente, se dieron informaciones contradictorias entre los voceros oficiales, se negó la existencia de registro de vehículos asignados y sus misiones. En conclusión, en este caso de zona negra, que nos recuerdan los gobiernos militares, se configura una acción penal para los involucrados en el encubrimiento de un homicidio culposo. –

La máscara cayéndose. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 24 junio 2016 / EDH

El FMLN ha dicho siempre que es un partido a favor de los pobres. Pero en el gobierno ha demostrado con gran claridad que esa supuesta defensa de los intereses de los pobres es una máscara que se está cayendo.

Los dos gobiernos del FMLN han tenido dos características muy claras. Una es el apetito insaciable por dinero. La otra es el uso perverso del dinero que han conseguido en actividades que no dejan nada para el pueblo sino sólo sirven para crear una red enorme de clientelismo. El FMLN ha llenado el gobierno con personas totalmente incompetentes que están chupando los recursos del estado que deberían estar siendo ocupados para otras cosas que sirvan a la población.

diario hoyEl apetito por el dinero ha proporcionado al gobierno una cantidad de recursos sin precedentes. En sus siete años en el poder hasta Diciembre de 2015, los dos gobiernos del FMLN habían gastado 35,294 millones de dólares. En los siete años anteriores el gobierno había gastado apenas 22,472 millones, o sea que el FMLN ha gastado 12,822 millones más en ese período, o 1,831 millones más por año. Esta es una cantidad extraordinaria, con la que podría haberse hecho muchísimo a favor de la población. Pero, en vez de usarse para esto, el dinero se ha hecho agua en desperdicios.

De 2009 a 2015 el gobierno sólo gastó 331 millones más en inversión de lo que se había gastado en 2008, en todos los siete años. Y estas inversiones han sido desastrosas.

Para muestra basta enumerar el SITRAMSS, que ha hecho colapsar al tráfico de la ciudad entera para que unos cuantos cientos de personas viajen confortablemente en unos pocos buses a un costo extraordinariamente alto. Basta ver las adiciones que el gobierno ha hecho al trébol de las Naciones Unidas, que, como tanta gente dijo que pasaría, ha resultado en los atolladeros peores en la historia del país porque, al igual que el del redondel Masferrer, no resuelve sino empeora el problema de fondo del tráfico en la ciudad. Ahora el gobierno dice que va a escalonar horarios del sector público para resolver el problema, una solución que habrá que ver si funciona pero que debía de haber sido considerada antes de gastar los millones que han gastado en los dos tréboles.

Las noticias de los últimos días muestran, sin embargo, un giro hacia un desorden todavía peor, con ideas todavía peores, como un nuevo túnel debajo de el Salvador del Mundo y una carretera elevada sobre la Manuel Enrique Araujo para que pase sólo el SITRAMSS, y lo que el Presidente de la República anunció esta semana: que el gobierno subsidiará a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los así llamados “ninis”. Y mientras tanto dicen que el gobierno tiene una crisis fiscal y que necesitan 1,200 millones más por sobre los 150 millones que les aprobó la Asamblea hace dos semanas, y los 4,500 millones que quieren confiscar a los ahorrantes del sistema de pensiones.

Mientras anuncian todo esto, y mientras siguen desperdiciando desaforadamente el dinero, la gente se está muriendo porque no hay catéteres para hacerles las diálisis, catéteres que son mucho más baratos que los 300,000 dólares gastados por la CEPA en comidas y licores en unos pocos meses, o los 500,000 dólares gastados por la Asamblea para poner los nombres de los diputados y contar los votos que siempre se han contado a costo cero.

Y mientras todo esto pasa, el Consejo Nacional de Educación presenta un plan para aumentar la calidad y penetración de la educación en el país a un costo de 12,573 millones de dólares en una década—un plan que debería de tener altísima prioridad porque es inversión en capital humano que es lo que lleva al desarrollo. Pero el presidente dijo que sin una reforma fiscal sería imposible costearlo. Por supuesto. Hay necesidad de gastar más en comida y licores, y en rótulos, y en subsidios a los “ninis” y en túneles inútiles, y en tantas otras cosas…Y para mientras, el gobierno les ha bajado el presupuesto a las escuelas, de 25 a 13 dólares por alumno. El objetivo del FMLN es vivir en una francachela con dineros del público, no ayudar a los pobres.

Inconsistencias que desprestigian. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 17 junio 2016 / LPG

 Lo peor que sucede al gobierno es la inconsistencia entre lo que dice y lo que hace porque esto resta credibilidad. El estribillo del gobierno del Órgano Ejecutivo pasado se concentró en la corrupción de los 20 años del gobierno del anterior. Casi ningún funcionario público se salvó de acusaciones y la cacería de brujas se anunció con bombos y platillos. Mucho esfuerzo y energía para encontrar casos y “lucirse” públicamente como probos y comprometidos con el dinero de los contribuyentes. A la fecha, con todo lo que anunciaron y denunciaron, los casos se hay ido cayendo con serias implicaciones para el Estado de Derecho. Muchas acusaciones y muchas difamaciones contrarias a lo establecido en la Constitución de la República: “Toda persona a quien se le impute un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad”.

la prensa graficaLo peor que le sucede al ciudadano de a pie y de manera especial al que contribuye es el despilfarro que hacen con los recursos públicos sin vergüenza para nadie. ¿Despilfarro? En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se han usado $232,000 para financiar alimentación y bebidas. Del presidente de esta comisión y otros que le acuerpan se escucharon las justificaciones del gasto. ¿Capacitación de personal? Los resultados de esta “inversión en alimento y bebida” para el desarrollo de “talento humano” ¿se ven en las obras portuarias que pertenecen al Estado, ese Estado que somos todos? El puerto La Unión es la expresión de la incapacidad ejecutiva del personal y la dirigencia de la autónoma. Se podrá creer cuando esos $220 millones tirados al mar lo utilicen en un espacio para el control del narcotráfico que, según voces en parlante, pasan con libertad desde el sur. Se ha conocido de uno que otro cargamento interceptado, pero… ¿cuántos dejan pasar? Mi sugerencia para esta autónoma es que se abstenga de desprestigiar al gobierno del presidente Sánchez Cerén. Dicen que ¿retribuyeron el monto de las bebidas que consumieron? Disculpas. Con esto no eliminan la opinión pública ni la indignación que genera el mal manejo de fondos públicos.

¿Cuántos casos más existen en el aparato gubernamental? Seguros, bonos, viáticos, contratos de asesores y otros muchos más difundidos por los medios de comunicación están allí, sin pena ni vergüenza para nadie. ¿Por qué los empleados y funcionarios públicos tienen el privilegio de seguros privados millonarios cuando existe un Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) al que se tiene obligación de contribuir? Los funcionarios y empleados públicos privilegiados se abstienen de asistir a instituciones públicas ¿porque reconocen las carencias y no quieren arriesgarse?

Falta conducción, falta austeridad, falta eficacia de instituciones obligadas a velar por la probidad y el eficaz uso de recursos públicos. Y con esto ¿cómo pretenden funcionarios del Órgano Ejecutivo que se les crea que no se tienen suficientes recursos para enfrentar la inseguridad?

Recursos para inseguridad se han dado a pesar de largas discusiones y permanentes acusaciones públicas. Al final, a los consumidores y contribuyentes se les han reducido sus ingresos con contribuciones especiales, créditos y más. Pero ¿saben lo que están haciendo? Y de manera más precisa ¿se dan cuenta de lo que no hacen? Pregunto porque hay muestras en el sistema carcelario de lo que no hacen.

Recientemente estuvieron en primera plana los decomisos de productos “prohibidos”, y otra vez la justificación de la irregular situación es la incapacidad de los directores y jefes de depurar el sistema.

Y entonces, ¿para qué quieren más recursos si no tienen capacidad de asegurar que los “colaboradores” son los que deben ser? Van a cerrar ese recinto carcelario porque no cumple con los mínimos requisitos de seguridad dijeron los funcionarios. Y ¿hasta ahora se dieron cuenta?

Pregunto porque desde hace siete años anuncian mejoras al sistema, recuerdo haber escuchado que la innovación llegaría hasta el uso de contenedores transformados. Así son de creativas las declaraciones que contrastan con lo que la gente sigue viviendo en las calles, avenidas y los centros escolares. Es cierto que la tasa de homicidios ha disminuido. Aplausos. Pero hace unos días sacaron a un estudiante de tercer ciclo de su escuela y lo asesinaron con lujo de barbarie. ¿Cuánto tiempo necesitan para recuperar el ambiente de seguridad? ¿Y tienen certeza y capacidad de sostenerlo en el tiempo?

Kriete no respalda ampliar aeropuerto Romero con APP

El instrumento puede aplicarse en otra área, pero no considera conveniente que sea en el aeropuerto de Comalapa.

Aeropuerto

Ampliar el aeropuerto Romero es urgente, pues el flujo de pasajeros supera en 150 % la capacidad de la terminal.

Uveli Alemán, 25 noviembre 2015 / elmundo.sv

el mundoEl empresario aeronáutico Roberto Kriete, miembro de la junta directiva y fundador de Avianca Holdings, consideró inconveniente utilizar un asocio público-privado (APP) para financiar la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Kriete aclaró que no está en contra de implementar APP, pero sí de utilizar como “conejillo de Indias” al “activo más importante” que posee El Salvador, pues con las condiciones actuales del país y con una ley de APP que aún no ha sido utilizada por ninguna institución, le “da un enorme temor que el activo, el bien más importante que tiene El Salvador (…), lo vayamos a entrampar”.

El empresario señaló que antes de pensar en esta posibilidad, sería mejor implementar un asocio en otras áreas de menor complejidad y con una magnitud más manejable, para que en el proceso se depure la Ley antes de ser implantada en este tipo de proyectos.

“Ocupar el aeropuerto como el conejillo de Indias para probar el concepto y para probar la ley, a mí definitivamente no me gusta”, comentó.

La postura de Kriete sobre la implementación de un APP para financiar la expansión de la terminal de pasajeros ya había sido adelantada en una entrevista televisiva por el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.

Expansión es urgente

Para Avianca, que maneja el 70 % del flujo de pasajeros en el aeropuerto, así como para el resto de líneas aéreas que lo utilizan, es de vital importancia que se amplíe esta infraestructura, pues está deteniendo sus planes de expansión.

La aerolínea ya ha indicado que no ha podido introducir más vuelos por la falta de espacio para recibir más pasajeros, lo que también limita la generación de empleos.

Los datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) señalan que el aeropuerto tiene una capacidad instalada de 1.6 millones de pasajeros, pero en 2014 recibió a 2.4 millones, mayor en 150 % a lo que puede atender la infraestructura.

Inicialmente, el proyecto se incluyó en los dos primeros asocios público-privados  (APP) que se ejecutarían en el país, asistidos por  la Corporación Reto del Milenio (MCC), a través de la donación de Fomilenio II. Sin embargo, se descartó el APP y anunció que la CEPA realizaría una segunda titularización para financiar las primeras obras de ampliación, y que buscaría otras alternativas.

Recientemente, el Gobierno y Avianca firmaron un convenio donde el Estado se compromete a ampliar la terminal, y la empresa, por su parte, a continuar con sus planes de inversión.

150 % Capacidad

El año pasado, el flujo de pasajeros en el aeropuerto Monseñor Romero superó en 150 % la capacidad de la terminal.

69 % Pasajeros

En 2014, Avianca transportó a casi el 69.2 % de todos los pasajeros que transitaron por el aeropuerto, según la CEPA.