El Ring de Hoy: ¿Es necesaria la austeridad para salir de la crisis fiscal actual? Sí: Erick Iván Ortiz. No: Werner Peña

Sí, austeridad es necesaria

Erick Iván Ortiz, 11 agosto 2016 / EDH

Uno de los fundamentos básicos de la economía es la noción de la escasez de los recursos. Esta premisa configura muchas de las acciones que tomamos tanto de manera individual como colectiva; a través, por ejemplo, del Gobierno.

En política económica, el uso austero de los recursos del Estado no debe entenderse como el desatender las obligaciones de este, sino más bien como la administración responsable y eficaz de estos. El manejo despreocupado e irresponsable del patrimonio público puede dilapidar las posibilidades de desarrollo incluso de aquellas sociedades consideradas con amplias riquezas. Un caso paradigmático es el de Venezuela, que aun teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo sufre una severa crisis económica y social.

El Salvador ha padecido un progresivo deterioro de su entorno macroeconómico, que se agudiza a partir de la crisis económica internacional. A pesar de la contracción en la actividad económica  generada, el Gobierno ha mantenido e incluso ampliado el gasto público.

Esto, desde una perspectiva económica heterodoxa, no sería negativo si el enfoque primara en la inversión en infraestructuras, en productividad, que luego generarían rentabilidad y no en el gasto corriente (salarios públicos, publicidad, etc.). El problema actual es que el gasto prácticamente se ha visto apalancado a través de préstamos, alzas y creación de nuevos impuestos y el margen que queda para continuar esta dinámica es muy estrecho.

De hecho, el país desde hace meses camina al borde del abismo fiscal. El propio presidente Sánchez Cerén se ha visto obligado a pedir un pacto que reflote y oxigene las alicaídas cuentas estatales. El panorama es sombrío, múltiples analistas apuntan a que el gobierno se quedará sin fondos tan pronto como octubre, es decir, sin capacidad de poder cancelar salarios, pensiones, ni subsidios.

El IPSFA, que gestiona las pensiones de los militares, ha retrasado ya pagos por falta de fondos. Las alcaldías también han visto retrasos en la entrega del FODES. La austeridad, por tanto, dejó de ser ya solo una opción y pasó a ser una necesidad apremiante. Este escenario plantea un reto mayúsculo no solo para el Gobierno, sino para la sociedad en general. De generarse un impago del Gobierno, la crisis económica subsecuente inflamaría rápidamente la crisis social en la que ya vivimos.

Con todo, esta es una oportunidad para intervenir en el endeble sistema fiscal actual, pero también para sincerar las cuentas públicas. Es necesario reconocer que, hoy por hoy, vivimos por encima de nuestras posibilidades y que debemos hacer ajustes. Esto no implica de entrada eliminar programas sociales de interés general, sino encontrar formas creativas que permitan equilibrar los gastos y los ingresos para hacerle frente a las necesidades del país.

Se necesita un acuerdo integral que tenga al menos tres objetivos claros: un recorte del gasto superfluo, un aumento en los ingresos y una apuesta decidida por el crecimiento. En este último punto es donde hay más oportunidades para revertir la situación actual y atajar uno de los problemas estructurales más crónicos.

El déficit en infraestructuras abre un abanico de posibilidades para las inversiones a través del esquema asocios público-privados, figura que permitiría sortear el costo de oportunidad entre los programas sociales y la necesidad de obras. Bajo este esquema, con dinero privado, se podrían obtener más y mejores infraestructuras que inyectarían dinamismo en la economía, crearían empleos y aumentarían la productividad y la recaudación fiscal.

La mayor austeridad se puede encontrar en el gasto pensado y razonado. La eficiencia y eficacia de los programas tienen que ser la guía de las políticas públicas. En El Salvador, hoy más que nunca, se debe invertir pensando en el futuro.

*Economista de la ESEN. Consultor en temas de pobreza y desarrollo. Activista social y miembro del Colectivo Normal.

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No, austeridad no es necesaria

Werner Peña, 11 agosto 2016 / EDH

En un contexto de bajo crecimiento estructural no es necesario. Primero un pequeño matiz. Sí creo que la reorientación del gasto superfluo, una ejecución del presupuesto más transparente y eficiente y la focalización de ciertos subsidios liberaría recursos para atender otras necesidades más urgentes. Entrando al tema, la actual situación fiscal del país no es la mejor. La recurrencia a colocar LETES en los últimos años es el reflejo de crecientes problemas de caja del gobierno.

Muchos proponen la austeridad como solución. En general, esta visión tiene al menos dos anclas interrelacionadas. La primera se basa en la creencia que el mercado es capaz de auto-regularse y cualquier intervención del Estado desestabiliza este equilibrio. Por otro lado, el principal soporte técnico de esta visión proviene del concepto “Crowding out”, el cual postula que un incremento del gasto público y la deuda pública, al competir por recursos con el gasto privado, hacen subir la tasa de interés real -costo de pedir préstamos- lo que termina desincentivando la inversión y el consumo privado. La versión extrema del “Crowding out” es un multiplicador del gasto público (incremento del producto por cada dólar extra de gasto público) igual a cero, es decir que un dólar extra en gasto público reduce en un dólar el gasto privado, dejando intacto el crecimiento del producto.

La idea de auto-regulación tiene nula verificación empírica. La reciente crisis del mercado sub-prime en EEUU mostró como un mercado financiero con pocas regulaciones multiplicó activos tóxicos a niveles inimaginables desencadenando una crisis global. En cuanto al “Crowding out”, la evidencia empírica muestra que el multiplicador del gasto dista mucho de ser igual a cero y que incluso es mayor a uno, lo que implicaría que los beneficios de la expansión fiscal superan los efectos de desplazamiento del gasto e inversión privados. En 2009 el equipo económico de Obama estimó un multiplicador total del gasto público de 1.57 para la economía de EEUU. Con base en esta estimación, su equipo propuso medidas fiscales y monetarias expansivas que tienen ahora a la economía de EEUU en un nivel mucho más saludable que las economías europeas, las cuales aplicaron fuertes medidas de austeridad, recomendadas, entre otros, por el FMI.

Como argumentaba el presidente del BCR, aplicar en El Salvador medidas contractivas del gasto en un contexto de bajo crecimiento estructural y sub-utilización de la capacidad instalada, podría ser contraproducente para el país y muy posiblemente requeriría la aplicación de posteriores ajustes, un círculo vicioso que nos podría llevar una deflación de la deuda (Concepto acuñado en 1933 por el economista Irving Fischer para referirse al binomio demanda deprimida con caída en el nivel general de precios -deflación- y deuda elevada). El principal problema de la deflación de la deuda es que la deuda no se termina de pagar porque, en términos reales, su valor incrementar debido a la deflación (riesgo, según el Banco Central Europeo, bastante latente en las economías del sur de Europa). Si esto sucede, el remedio sería peor que la enfermedad.

Ante este panorama, surgen al menos tres propuestas para enfrentar el problema fiscal. Primero, reducir los niveles de evasión del impuesto sobre la renta (sociedades e individuos) e IVA -a los niveles de Chile, por ejemplo-reportaría más de US$600 millones adicionales por año (según datos de BCR y CEPAL). Segundo, el país debe incrementar su recaudación fiscal progresiva. Según la OCDE estamos por debajo del promedio de recaudación fiscal en América Latina y según OXFAM tenemos 160 multimillonarios que acumulan US$21 mil millones, los cuales no pagan impuesto al patrimonio no productivo ni a la sucesión, como sí lo hacen la mayoría de multimillonarios del continente. Tercero, apostar, entre otros aspectos, por la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva para garantizar un crecimiento sostenido y equitativo que incremente los ingresos tributarios y reduzca el ratio de deuda en el mediano plazo.

El crecimiento de la economía salvadoreña es aun débil y aplicar medidas contractivas que depriman aún más la demanda hará poco por mejorar la situación fiscal y económica del país.

*Licenciado en Economía de la UCA y actualmente candidato al máster en Economía y Política del Desarrollo en la Universidad de Manchester, Reino Unido.

¿Nuevas Ideas, Nayib? De Erick Iván Ortiz

Erick Iván Ortiz/POLITIQUIANDO

La ciudadanía confía cada vez menos en la política. Y, aunque en el pasado, esta relación no fue mucho mejor, lo cierto es que la crisis económica global ha tensado aún más la relación entre gobernantes y gobernados. Esta animadversión hacia la política tradicional ha tenido diversas expresiones, desde el debilitamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de terceras vías, hasta cambios radicales de gobierno. Europa ha sido el principal de estos escenarios, pero también América Latina ha vivido en este período poscrisis la volatilidad política que genera esta coyuntura social. En ambos casos, como en otros, han surgido figuras que han logrado capitalizar este descontento.

El bipartidismo, otrora panacea de la estabilidad política, ha sido probablemente el más afectado; son los países que tenían esta correlación de fuerzas en donde se observan los casos más emblemáticos (con la notoria excepción de Estados Unidos). El hartazgo social por el deterioro de los niveles de vida, así como el manejo de las respectivas crisis, han sido el motor para catapultar a la primera línea política a figuras como Nigel Farage en Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, Alexis Tsipras en Grecia y Pablo Iglesias en España. Quiénes, valiéndose de discursos populistas y enarbolando la bandera del cambio radical del sistema político, han logrado conectar con las vastas capas sociales descontentas, y sobre todo, con la juventud.

El Salvador, no ha estado exento de estos movimientos políticos y sociales. El estancamiento económico, la epidemia de violencia, así como la corrupción y el mercantilismo político, han sido el detonante de un tímido despertar de la consciencia social en el país. Así, la presión ciudadana sobre el poder político se ha multiplicado, sobre todo gracias a las redes sociales. Esta coyuntura ha sido bien aprovechada por rostros foráneos a la política tradicional, y dentro de estos resalta visiblemente el recién estrenado alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

Bukele, un lince en cuanto a marketing político se trata, ha tenido un ascenso vertiginoso, apoyado en una plataforma mediática que ondea las banderas de cambio y juventud, que se resumen en su último eslogan de campaña: Nuevas Ideas. Su retórica y manejo de medios, así como las torpes actuaciones de algunos miembros de oposición, le han abierto las puertas de la capital del país, y se ha ganado el beneplácito de la población. Según las encuestas, es el político mejor evaluado del país. Una de sus principales cartas ha sido su crítica a las enraizadas malas prácticas de los políticos, incluidos los de su propio partido.

A pesar de esto, en los últimos días el alcalde de San Salvador ha sido señalado por nepotismo a la hora de contratar personal dentro de la Alcaldía capitalina. Su hermano, Yamil Bukele, es el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación; su primo, Hassan Bukele, es Secretario Municipal; y su cuñada, Arena Ortega, está encargada de la Unidad de Cooperación Externa de la comuna. El alcalde, como respuesta, ha iniciado una campaña a través de redes sociales contra los periódicos que han publicado el caso, acusándoles de evadir impuestos. El viejo, y también típico, escape político: atacar al mensajero para que se olviden del mensaje. Una cortina de humo, pues el alcalde obvió que la Asamblea Legislativa hace algún tiempo eliminó la exención de impuestos para los periódicos.

El alcalde Bukele intentó argumentar que sus familiares laboran ad-honorem: “Para que alguien tenga una contratación debe haber una retribución económica, si no hay salario no es una contratación y menos un empleo”, dijo en una entrevista. Sin embargo, el conflicto de interés que generan la contratación de sus familiares nada tiene que ver con si estos devengan un sueldo o no. El conflicto de interés deviene de la capacidad de influir y decidir gracias al poder que sus puestos dentro de la Alcaldía les otorgan, así como los resultados de estas actuaciones.

La Ley de Ética Gubernamental, a la que está sujeto como funcionario público, explícitamente le prohíbe en su artículo 6 y literal g: “Nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten servicios en la entidad que preside o se desempeñe”. Y, frente a la incapacidad de defender sus actuaciones por la vía legal, ha optado más recientemente por la semántica, al decir que sus familiares tienen nombramientos de representación, no contrataciones. Representantes, colaboradores, socios o como el alcalde Bukele quiera llamarles, siempre que tengan en sus manos capacidad de decisión y ejecución dentro de la Alcaldía, son parte de esta y sujetos a la ley.

El alcalde Bukele debe entender que la crítica es especialmente dura hacia él porque ha sido precisamente él quién ha generado expectativas de cambios en el electorado. No puede pretender que, después de venderse como artífice de las Nuevas Ideas, venga con las mismas ideas/prácticas de siempre y salir inmune.

@EIvanOrtiz