Mes: abril 2016

Carta a los artistas salvadoreños: Cero tolerancia con la censura. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 30 abril 2016 / EDH

Estimados amigos:
El jueves en la noche una exposición colectiva de 7 artistas salvadoreños tuvo que montarse en la calle, porque Casa Presidencial había ordenado cerrar las puertas de la Sala Nacional “Salarrué” para que nadie viera esta muestra pictórica. Todos pensábamos que en El Salvador ya estaba superada la censura como instrumento del poder político de disciplinar el arte. Pensábamos mal…

Por suerte, los artistas ya no aceptan la censura. Inmediatamente montaron sus obras en la acera encima de la Sala Nacional, a la orilla del Parque Cuscatlán, convocaron a la comunidad artística y los medios, y convirtieron la exhibición en una protesta contundente contra la censura gubernamental.

diario hoyResulta que en El Salvador la Secretaría de Cultura no es del Estado, como debe ser, es de la Presidencia de la República. Pero Casa Presidencial puede ser muy dueña de la Secretaría (y a través de ella de la Sala Nacional, del Teatro Nacional, de la Biblioteca Nacional, de la Compañía Nacional de Danza, del CENAR, de las Casa de Cultura…), pero no son dueños ni amos de los artistas.

¿Qué hay detrás de esta censura? ¿Qué tiene esta exposición que Casa Presidencial no pudo tolerar?

El recibo-contrato de César Menéndez

La introducción a “la última Cena” de la Secretaria de Cultura – antes de recibir ordenes

“La Ultima Cena” es un proyecto colectivo que surgió hace dos años. La primera vez escuché de esta idea por boca de los dos hombres que la impulsaron: el pintor Antonio Bonilla y el coleccionista Gerardo Martínez. Llegaron a La Ventana y me expusieron, con mucho entusiasmo, la idea: “La última cena marera”. En el catálogo de la exposición (con introducción de la actual Secretaria de Cultura de la Presidencia Silvia Elena Regalado), Gerardo resume su idea así: “Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y El ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte; y lo vil y despreciado del mundo ha escogido… y en este momento esto se resume en nuestro país en una palabra: pandillas. Así que, tenemos asociaciones ilícitas, a los monstruos y demonios que avergüenzan nuestra sociedad, pero que necesitan del rescate, y a la vez a nuestro El Salvador, plasmados en un lienzo.”

Gerardo Martínez expuso esta idea a los artistas, y les ofreció financiarles a cada uno su obra. Y varios de los mejores aceptaron el reto con entusiasmo y se apuntaron: César Menéndez, Mayra Barraza, Antonio Bonilla, Mauricio Mejía, Juan Carlos Lazos Tablas, Hernán Reyes y Salvador de la Mancha.

El recibo-contrato de César Menéndez

El recibo-contrato de César Menéndez

Cuando ya los cuadros, todos de gran formato, estaban listos, propusieron el proyecto a la Secretaría de Cultura. Mayra Barraza, directora de la Sala Nacional y artista participante; Augusto Crespín, pintor y Director Nacional de Artes; y Silvia Elena Regalado, escritora y Secretaria de Cultura, abrazaron la idea – y se comenzó a organizar la exhibición.

Pero los artistas (tanto los autores de la muestra, como los que dirigen la Secretaría) no tomaron en cuenta que en el transcurso del año que se trabajó la idea, el país ha cambiado. Cuando comenzaron a pintar las obras de “La última cena”, el gobierno hablaba del “gran diálogo nacional” para combatir la violencia. Cuando la muestra estaba lista, el gobierno habló de “la gran guerra contra las pandillas”, comenzó a diabolizar cualquier diálogo con los sectores fuera de la ley. Y cuando se trató de inaugurar la muestra, el país discutía masacres, batallones de limpieza, despliegue militar, defensas civiles con o sin armas, ejecuciones extrajurídicas…

En una situación donde pasan leyes que quieren penalizar que alguien se siente en una mesa para hablar con pandilleros, ¿cómo Casa Presidencial iba a permitir que su Secretaría de Cultura iba a exponer en su Sala Nacional unos cuadros, donde Jesús celebra la última cena con mareros tatuados? El arte es libre, pero no para tanto…

Primero uno de los artistas, que además tiene un cargo en la Secretaría, quiso retirar su obra. Pero Gerardo Martínez había pagado por estas obras, y además cada artista pintó su cuadro libremente, sin interferencia ninguna en su creación y contenido. Aceptaron la idea central – ya cada uno plasmó en el lienzo su propia visión. Por tanto, el coleccionista y promotor de la exposición insistió que todos los cuadros se exhibieran. Pero, un día antes de la inauguración vino la orden de censura – directamente de Casa Presidencial.

La expo va al exilio: a la calle

La expo va al exilio: a la calle. Foto: El Faro

El poder político no aguanta que nadie, ni los artistas, se salgan del guión oficial que ahora se llama: guerra. Pero por suerte, pueden controlar a la Secretaría de Cultura y sus Sala, pero no al arte ni a los artistas. La exposición se hizo. No en la Sala, pero en la calle. Le gente vino, la solidaridad funciona.

Toca a ustedes, los artistas, defenderse de la censura, de la imposición, de la intolerancia. Toca a nosotros, los escritores y periodistas, entender que la censura comienza contra el arte – pero si no la paramos, continuará contra los medios, el periodismo, la literatura.

Pueden haber muchos que no les gusten los cuadros de Antonio Bonilla, César Menéndez y Cía. No se trata de esto. Se trata de la libertad. No puede ser el gobierno es quien decida qué es bueno o malo en el arte.

Ánimo y aplauso para los artistas de la muestra “La última cena”. Saludos,

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Mayra Barraza: La última Cena: "Duchamp" en El Salvador

Mayra Barraza: La última Cena: “Duchamp” en El Salvador

 

Antonio Bonilla: "La última Cena: La Incertidumbre de la Espera"

Antonio Bonilla: “La última Cena: La Incertidumbre de la Espera”

 

César Menéndez: "La última Cena de la Reconciliación"

César Menéndez: “La última Cena de la Reconciliación”

Lo pueden hacer, pero… De Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 29 abril 2016 / LPG

La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto invitó al “Foro de Debate sobre Proyecto de Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones” presentado por el Gobierno. Fue amplia la convocatoria y diversa la participación. Debate no hubo. El foro se concentró en analizar la justificación fiscal de la propuesta del gobierno de “pedir prestados” cuatro mil millones de dólares ($4,000 mil millones) o un poquito más, que están en las cuentas individuales de los cotizantes a los fondos de pensiones.

la prensa graficaEl ministro de Hacienda se ocupó, con suficiente tiempo y con lujo de detalle, en demostrar la crisis fiscal que actualmente enfrenta el Ejecutivo y seguramente continuará enfrentando en el futuro. El ministro no abordó el sistema de pensiones. Se concentró en el tema fiscal haciendo un llamado de urgente ayuda para posponer la crisis fiscal. Se cuidó, exitosamente, de no mencionar ni un solo tema que debería estar incluido en un debate sobre el sistema de pensiones.La pensión por vejez depende del monto de aportación que el trabajador hace durante su vida productiva. Y el monto de la aportación depende de las condiciones del mercado laboral. De esto no se dijo nada. La pensión por vejez depende del número de años de cotización, el porcentaje que se aporta y el tiempo de sobrevivencia al momento de retiro. Nada de esto se dijo. Lo estructural del sistema no se abordó. Interesa tener autorización y para hacer uso de dinero ajeno para enfrentar la falta de recursos “frescos”. Y esto, es demandar un préstamo interno.

Alrededor de 2 de cada 10 personas en edad productiva son las que esperan tener una pensión después de 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas, y al haber cumplido 60 años los hombres y 55 años las mujeres. El proyecto de reforma el Ejecutivo ignora el monto ahorrado y capitalizado. Cuando llegue el momento de retirarse del mercado laboral, el cálculo de la pensión será atribución del Ministerio de Hacienda que las incluirá en la Ley de Presupuesto General del Estado.

En el Foro hicieron entrega de una copia del Proyecto. Uno de los conferencistas invitados a analizar los “Aspectos Constitucionales del Proyecto de Reforma” llamó la atención en el artículo 232D en el que define los criterios que el Ministerio de Hacienda tomará en cuenta para calcular la pensión. El primero es el “Índice de Precios al Consumidor” y el segundo “los recursos disponibles del Gobierno Central”. Esto es un desincentivo al ahorro previsional porque la propuesta de reforma para que los cotizantes “otorguen un préstamo al gobierno” pone, a futuro, todos los cotizantes a nivel de salario mínimo justificándolo en la “solidaridad” y en la “responsabilidad intergeneracional”.

El Foro sirvió para ilustrarse. El gobierno quiere tomar un préstamo multimillonario para financiar en el corto plazo el multimillonario desbalance fiscal. El conferencista responsable de reflexionar sobre los aspectos constitucionales llamó la atención de la audiencia al “cómo” analizando el mandato constitucional del artículo 148: Corresponde al Órgano Legislativo facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o fuera de la República, cuando una grave o urgente necesidad lo demande y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del Órgano Legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de dos tercios de votos de los diputados electos. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito, deberá expresar claramente el fin al que se destinarán los fondos y las condiciones esenciales de la operación.

En la versión del Proyecto que difundieron los medios masivos el miércoles, el artículo 232D del Proyecto de Reforma dice: “El monto (de pensión al cotizante) se establecerá anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley General de Presupuesto, conforme a la metodología que se establezca en la normativa técnica pertinente”. Y eso ¿qué significa? ¿El Órgano Ejecutivo quiere que los cotizantes que estamos capitalizando nuestro ahorro de pensiones con una rentabilidad mínima le otorguemos un préstamo de $4,000 millones sin explicar cómo cumplirá con la responsabilidad de cancelarlo? ¿Quién otorga un préstamo sin saber cómo le van a pagar de vuelta? ¿Es esto constitucional? ¡Cuidado!

PDDH concluye que Policía y militares cometieron ejecuciones extralegales. El Faro

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Casi nueve meses después de que se abrió el expediente de la primera de las dos matanzas investigadas, la máxima instancia que vela por los derechos humanos en el país, la PDDH, concluyó que policías y soldados no solo masacraron a personas rendidas y el farodesarmadas, sino que trataron de encubrirlo. Según el procurador David Morales, ni la PNC ni Fiscalía ni Fuerza Armada dieron la información necesaria para aclarar dos masacres perpetradas en 2015 por fuerzas de seguridad, una en la finca San Blas (San José Villanueva) y la otra en el cantón Pajales (Panchimalco), que dejaron 13 personas muertas. La institución tiene otros 28 casos en estudio y admite que podrían ser aún más.

Óscar Martínez y Roberto Valencia, 25 abril 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses de investigación por David Morales, el procurador general.

La investigación de la PDDH se basó en el análisis de autopsias, entrevistas a forenses, entrevistas a sobrevivientes de ambas masacres, visita a los lugares y, en el caso de San Blas, en el análisis del dictamen de la Unidad de Control de la PNC. La Fuerza Armada, dijo Morales, no entregó ni un documento. La Policía y la Fiscalía colaboraron lo mínimo. Más bien, en palabras de Morales, todas las instituciones involucradas “dificultaron la investigación”. El informe de la PDDH no solo habla de las ejecuciones, sino de la alteración de las escenas del crimen. En ambos casos, concluye la institución estatal, la escena fue contaminda. En la masacre de la finca San Blas, agrega, cuatro cadáveres fueron cambiados de lugar antes de que llegara el Instituto de Medicina Legal.

Ambas investigaciones fueron abiertas por la PDDH tras la publicación de materiales periodísticos. El Faro publicó en julio de 2015 la crónica ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, mientras que La Prensa Gráfica publicó en octubre del mismo año el reportaje ‘Cinco muertes sin explicación’.

Negligencia en las investigaciones y negación de información

Antes de desmenuzar las investigaciones, Morales pidió un momento para rechazar las “informaciones falsas” que acusan a la PDDH de brindar “protección a delincuentes”. “Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos… El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, sentenció. Remató trayendo a cuento una década oscura para el país: “Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”.

Según la PNC, desde finales del año pasado se registran entre dos y tres “enfrentamientos” al día con pandilleros. Esa es la categoría bajo la que Policía y Fuerza Armada presentaron los hechos de los que se habla en el reporte de la PDDH. En la gran mayoría de enfrentamientos no hay bajas ni heridos de parte de las autoridades, pero sí muertos del lado de los supuestos delincuentes.

La introducción del procurador fue una reprimenda para las autoridades de seguridad de El Salvador: “Es motivo de preocupación para esta Procuraduría que se estén presentando desde el año pasado hasta lo que va de 2016 casos de supuestos enfrentamientos armados entre autoridades de seguridad con grupos delictivos, y en los cuales diferentes medios de comunicación están recogiendo elementos de información en el sentido de que pudieron haberse producido ejecuciones extralegales. Evidencia de que no necesariamente hubo un enfrentamiento; o, si se dio, el grupo de personas intervenidas fueron neutralizadas y pudieron ser objeto de privación arbitraria de la vida con posterioridad. Alrededor de 30 expedientes de trabajo han sido abiertos en mi gestión por casos que suponen este tipo de sospechas. Esos 30 casos suponen un aproximado de un centenar de personas fallecidas”, dijo Morales, antes de iniciar con los reclamos concretos a las autoridades por omisiones realizadas en los casos San Blas y Pajales.

Morales lamentó “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. Dijo que en ambos casos “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”.

Tras cuestionar los métodos de contraloría interna en la PNC, Morales enfiló contra el exfiscal Luis Martínez; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y contra la dirección de la PNC: “Tuvimos una total negativa de colaboración para acceder a la información fiscal por el anterior fiscal general, Luis Martínez. Parece estar cambiando a raíz de una mayor apertura del actual fiscal… Falta total de cooperación por parte del actual ministro de Defensa en el caso Pajales. Se negó a entregarnos la información requerida… Recibimos poca colaboración de los últimos dos directores de la Policía: comisionado Ramírez Landaverde y comisionado Howard Cotto. Tampoco remitieron la información requerida”.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

 

Según Morales, las excusas para no entregar información, al menos entre la Policía y la Fiscalía, venían encadenadas: la Policía aseguraba que ya la había remitido a la Fiscalía y que no se había quedado con ninguna copia; la Fiscalía aseguraba que ya la había recibido, pero que era información bajo reserva. El procurador invitó al actual fiscal, Douglas Meléndez, a ordenar una investigación para determinar si hubo encubrimiento de parte de altos funcionarios.

Cadáveres arrastrados y armas cargadas

La PDDH presentó un resumen de los hallazgos. En el caso de la masacre en la finca San Blas, aparte de la negligencia en el procesamiento de la escena, agrega dos inconsistencias determinadas durante la investigación. La primera se trata de una “inconsistencia con el estudio fotográfico de la escena y manipulación de las armas encontradas”. Ya en la publicación del reportaje se señalaba que en el caso de Sonia Guerrero, de 16 años y novia de uno de los pandilleros, la pistola Glock encasquillada junto a su cadáver y los dos cargadores aparecían en dos posiciones distintas. Eso era evidente en fotografías que circularon en las redes sociales, tomadas antes de que forenses del Instituto de Medicina Legal llegaran a la escena.

Sonia murió de un solo tiro en la boca. Consuelo Hernández, madre de uno de los muertos, escuchó todo a pocos metros de distancia, sometida por los policías en la parte baja de la finca. Según Consuelo, Sonia suplicó por su vida. Los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), con insultos, le ordenaron que se hincara. Ella lloraba y les pedía tiempo para explicarse. Sonia era novia de Taz, un pandillero de 34 años que murió en la misma matanza.

La segunda inconsistencia resaltada por la PDDH es la contradicción entre las declaraciones de agentes y la familiar de una de las víctimas. Consuelo era la madre de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años. Él no era pandillero, era el escribiente de la finca que poco a poco se tomaron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Este lunes, Morales lo reconoció: “Hemos confirmado que Dennis Alexander Martínez no habría sido miembro activo de pandillas, sino el joven escribiente de la finca”. Sobre el testimonio de Consuelo, el procurador dijo que es “consistente y creíble”. Consuelo Hernández de Ramírez, pobre y campesina, escuchó a su hijo suplicar también por su vida la madrugada del 26 de marzo. Luego escuchó el disparo que, de arriba hacia abajo, atravesó la cabeza de Dennis.

En la escena registrada por la Policía, a Dennis le habían colocado a su alrededor dos corvos y un cuchillo.

El hermano de Consuelo, Jesús Hernández, que habló por teléfono con Dennis hasta que el muchacho salió del cuarto y fue asesinado, desapareció 19 días después de la masacre, mientras iba hacia la finca. Apareció un día después con el cráneo destrozado y un lazo alrededor del cuello, muy cerca de la finca San Blas. Murió asfixiado y macheteado, según la autopsia. Él, a gritos, acusó a los policías de asesinos mientras procesaban la escena. Miembros de la familia, tras el asesinato de Dennis, recibieron llamadas del teléfono celular que Dennis tenía, el mismo que ocupó para hablar con Jesús antes de ser sometido por los policías. Los familiares no contestaron, pero interpretan las llamadas como una amenaza.

Consuelo, la madre de Dennis y única testigo que declaró ante la PDDH, fue amenazada de muerte vía telefónica en noviembre de 2015. Ese mes huyó del cantón El Matazano II, donde está la finca San Blas.

El informe de la PDDH agrega una lista de razones más por las que condena la actuación policial de aquella madrugada. Dan crédito a que la escena fue “contaminada deliberadamente”; que “cuatro cuerpos fueron movidos de su posición original”; que el examen serológico no registra muestras de sangre en las armas, algo muy raro teniendo en cuenta que se presentó el hecho como un enfrentamiento y que quienes supuestamente portaban esas armas murieron baleados; que los cuerpos no estaban en “posición de atrincheramiento”, sino expuestos, como si no se hubieran cubierto o no hubieran estado en ningún enfrentamiento; que cargadores de las armas que presuntamente tenían los masacrados estaban “llenos de munición, pese al supuesto enfrentamiento de 45 minutos”; que hay una persona con “edema cerebral y múltiples lesiones… lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido”.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Sobre esta masacre, el expediente SS-0309-2015 de la PDDH concluye que hay elementos suficientes para establecer “la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, por responsabilidad de efectivos policiales que formaron parte del operativo”.

Acerca de los otros seis muertos en la finca San Blas, el informe dice que “existen elementos suficientes de investigación para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal”.

Disparos a quemarropa

La versión oficial en el caso del cantón Pajales se dio por medio de comunicados de prensa de la Policía y la Fuerza Armada. La versión consigna que la noche del 15 de agosto de 2015, militares y policías habían detectado movimiento de pandilleros en la zona del caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco. Llegaron al lugar y fueron recibidos a balazos por miembros del Barrio 18-Revolucionarios. Los pandilleros, consignó la versión oficial, los atacaron desde el interior de una vivienda de adobe. Ellos respondieron y los mataron a todos, menos a uno, a quien detuvieron.

Testimonios recavados por periodistas de La Prensa Gráfica revelaron que las ejecuciones ocurrieron fuera de la vivienda, que los cuerpos fueron arrastrados luego a su interior y que en la casa estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes, una niña de dos años y un niño de cuatro.

Los pandilleros no vivían ahí, sino que habían llegado huyendo de los militares y policías. Llegaron armados pero, según la versión de los testigos, dejaron las armas cuando se vieron acorralados en la casa. Se entregaron y fueron fusilados ahí mismo.

En el caso SS-0369-2015 presentado por la PDDH se le da crédito absoluto a la versión publicada por La Prensa Gráfica. El informe detalla que, aparte de todas las evidencias que también presenta el caso de la masacre de la finca San Blas, en esta ocasión hay dos elementos contundentes más que personal de la Procuraduría corroboró en su propia investigación: “Un cuerpo revela tatuaje de pólvora y otro ahumamiento”. Eso significa que a uno le dispararon desde una distancia menor a 60 centímetros, y a otro a una distancia inferior a los 30 centímetros. Tres de los cuerpos muestran edema cerebral, además de otros disparos que debieron provocarles la muerte. Todo apunta a que fueron rematados cuando ya estaban heridos.

En este caso, la PDDH concluye que para los cinco muertos “hay elementos suficientes de investigción para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal… Por responsabilidad de efectivos  policiales y militares que formaron parte del operativo conjunto”.

La PDDH, al final del documento, hace sus recomendaciones y conclusiones finales. Por ambos casos declara el incumplimiento de la ley de la PDDH por parte del exfiscal Luis Martínez; del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad); del actual director, Howard Cotto; y del ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Exige a la Fiscalía investigar las amenazas contra Consuelo Hernández y los familiares de Camila, una testigo que desapareció tras la masacre de Pajales. Pide investigar la muerte de Jesús, el hermano de Consuelo, así como brindar protección a ella y su familia. Pide a la PNC y a la Fiscalía que se realicen investigaciones “objetivas y efectivas” en ambos casos. Pide lo mismo a la Inspectoría de la Policía.

Oenegés cuestionan al gobierno; también Estados Unidos

Los señalamientos de la PDDH a la administración de Salvador Sánchez Cerén y a la Fiscalía en materia de derechos humanos son el más reciente episodio de la preocupación que en distintos sectores han despertado el guerrerismo del gobierno, desatado en enero de 2015 y que con el paso de los meses no ha hecho sino aumentar en intensidad y en número de víctimas.

El pasado lunes 4 de abril, el Estado salvadoreño –representado por su canciller, Hugo Martínez– tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron al gobierno de desatender los derechos humanos en su estrategia de seguridad ciudadana.

“Las masacres sobre las que se ha pronunciado la PDDH no son dos casos aislados”, dijo Abraham Ábrego, director de Fespad, quien señaló que tanto la PNC como la Fuerza Armada están haciendo “un uso excesivo de la fuerza”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

Verónica Reyna, subdirectora de derechos humanos del SSPAS, fue más explícita en su denuncia: “Desde el Estado se ha dado la permisividad para que se cometa este tipo de arbitrariedades; hay elementos para creer que se está permitiendo una política de exterminio a la Policía Nacional Civil, y los controles internos no están funcionando, e incluso están facilitando que se den estos casos”. De la Fiscalía dijo que durante el mandato de Luis Martínez se hizo “del ojo pacho” ante las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.

Tanto Ábrego como Reyna se mostraron confiados en que en las próximas semanas la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para El Salvador de la CIDH, viaje a El Salvador para corroborar sus denuncias contra el Estado salvadoreño.

Aunado a los señalamientos de las oenegés, el interés de la CIDH y la investigación de la PDDH, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este asunto.

En su informe sobre la violación de los derechos humanos en el mundo que el Departamento de Estado presentó el pasado 13 de abril, Washington señaló al Gobierno: “En 2015 hubo numerosos reportes de fuerzas de seguridad relacionadas con asesinatos extrajudiciales”. Entre los casos señalados está la masacre de la finca de San Blas.

Falta de transparencia de los partidos. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Saenz, abogado

Humberto Saenz, abogado

En El Salvador, es innegable que últimamente se han dado importantísimos pasos en materia de transparencia. La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las actuaciones del Instituto de Acceso a la Información que en el balance han resultado positivas, el proceso de maduración de la ciudadanía que ha comprendido la necesidad de involucrarse en la adopción de políticas públicas y, por ende, en su rol fiscalizador, ha generado un cambio radical en el manejo y divulgación de la información.

Como es natural, esto ha afrontado resistencias de ciertos sectores, que intentan mantener el status quo y que – sin decirlo abiertamente – aun no comparten la necesidad de transparentar y eficientar la gestión pública. Dentro de estos sectores, han sido los partidos políticos quienes más se han destacado.

De acuerdo a nuestro ordenamiento, los partidos políticos reciben fondos públicos a través de la “deuda política”, la cual busca promover la libertad y la independencia de los referidos institutos, otorgándoles determinadas cantidades de dinero en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones o, en su caso, en función del inicio de sus actividades como partido político.

La historia ha demostrado que este mecanismo ha sido insuficiente para financiar las necesidades de los partidos, los que se ven forzados a acudir al financiamiento privado, también permitido por nuestro ordenamiento. Es este el rubro de financiamiento que más dificultades ha presentado, porque ha sido manejado en la más absoluta obscuridad.

La falta de transparencia en este rubro ya ha demostrado generar importantes problemas para el ejercicio democrático y ha dejado entrever que es un nicho importante de actividades de corrupción, favoritismos y clientelismo. Esto a su vez ocasiona una afectación directa en los intereses de todos los ciudadanos.

El tema ha llegado incluso a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, la que reconoció que en materia de manejo de fondos por parte de los partidos, la transparencia contribuye a mejorar la calidad del proceso democrático ya que optimiza la calidad de la información del elector, facilita la identificación de vinculaciones entre políticos y sectores de interés, genera incentivos para evitar conductas corruptas, aumenta el costo o el riesgo que traen aparejados los actos de corrupción, permite la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiamiento, tiende a evitar la desviación de fondos públicos a favor del partido de gobierno, incentiva el control recíproco de los partidos políticos y brinda insumos y parámetros para la evaluación de las decisiones de los funcionarios, una vez que han sido electos.

Pero a pesar de ser esto tan claro, los partidos políticos han cerrado filas negándose a proporcionar esta información. En febrero de este año, algunos miembros del movimiento “Acción Ciudadana” presentaron a todos los partidos que participaron en la pasada contienda electoral, una petición formal para que entregaran información relacionada con su financiamiento y con el uso que habían dado a los fondos obtenidos.

Sin excepción, los partidos políticos se negaron a otorgar la información, dando respuestas que solamente reflejan la dualidad de su discurso. Contrario a las manifestaciones públicas de lucha contra la corrupción y apego a la transparencia, ninguno de los partidos políticos mostró estar verdaderamente comprometido con tales anhelos.

Los partidos olvidan que todos los ciudadanos tenemos derecho a que los vehículos a través de los cuales se propicia el ejercicio del sufragio y la posterior representación ciudadana, estén dispuestos a explicarnos cómo es que obtienen su financiamiento y de quién lo obtienen.

La realidad internacional pero sobre todo nuestra propia realidad nacional, nos ha enseñado que no son pocos los casos en que los partidos o sus miembros están recibiendo contribuciones provenientes de actividades ilícitas o están recibiendo contribuciones en tales proporciones, que es casi imperativo esperar un comportamiento que tienda a satisfacer los intereses del financiador, en perjuicio de los intereses de la colectividad.

Para nada estoy afirmando que esto es siempre así, pero tampoco se puede ignorar que esa falta de transparencia ya nos ha ocasionado muchos males y que de esto no ha escapado ninguno de los actuales partidos. Esto debe cambiar y debe cambiar muy pronto; si los partidos no quieren hacerlo, seremos los ciudadanos los que impulsaremos tales cambios. ¡Basta de dobles discursos!

Un cambio oinoso. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 29 abril 2016 / EDH

Una de las tendencias más nocivas que se manifiestan claramente en El Salvador es esa corrosiva sensación de desesperanza que ha ido invadiendo a la sociedad entera, manifiesta en cifras tan pesimistas como la que muestra en varias encuestas que las tres cuartas partes de la población se irían del país si tuvieran la oportunidad de hacerlo, en la falta de inversión y el bajo crecimiento económico que esta falta causa, y en la idea, cada vez más común de que el país no tiene ningún futuro, que todo sale mal aquí, que hay algún karma que condena a El Salvador a decaer sin haber nunca logrado el desarrollo.

El gobierno juega un papel muy activo en generar este ambiente de desesperanza. No sólo es que no hace nada para mejorar la situación sino que hace mucho para deteriorarla. Hasta ahora lo ha hecho con su incompetencia y con su continuo azuzamiento de conflictos y odios sociales. También se queja continuamente de que la economía no está creciendo porque el sector privado no invierte, y de que éste ni siquiera se presta para tener diálogos con el gobierno, que lo único que desea es colaborar con el sector privado para hacer crecer la economía.

Pero al mismo tiempo que dice estas cosas también dice otras que contradicen sus supuestas buenas intenciones en términos de colaborar con el sector privado. Acusa al sector privado de que no invierte porque quiere boicotear al gobierno, y de todas las cosas que los partidos comunistas, ya fenecidos en todas las sociedades desarrolladas, decían antes de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Diciendo que apoya al sector privado, el FMLN tuvo un congreso en 2015 que concluyó con un documento en el que dice que sigue trabajando en el espíritu de la “gloriosa Revolución Rusa de 1917”, que fue la que estableció el régimen comunista en Rusia, eliminando al sector privado. El documento también promete que el FMLN establecerá un régimen de propiedad en el país que excluye la propiedad privada.

Pero hasta ahora el FMLN y sus gobiernos asustaban a los inversionistas de todos los tamaños sólo verbalmente y a través de la continua obstaculización burocrática de sus operaciones—alargando enormemente los tiempos necesarios para obtener autorizaciones para realizar proyectos que el país necesita con urgencia para dar empleo y hacer crecer la economía. Pero hasta ahora no había habido un intento de confiscar la propiedad privada, que es la esencia del marxismo que subyace la ideología del FMLN.

Hasta ahora. Hasta ahora que el FMLN y su gobierno están intentando llevar adelante la confiscación más grande de la historia del país. Es irónico pero muy revelador que las víctimas de la confiscación no son grandes empresarios sino los trabajadores que el FMLN pretende defender. Para muchos de los trabajadores estos ahorros representan el activo más grande que pueden acumular en su vida entera. El FMLN, al quitárselos, demuestra que su verdadero interés no es el progreso de los trabajadores sino reducir el país entero a la pobreza total para que toda la población tenga que depender del gobierno para sobrevivir. No hay manera más efectiva que esta para preparar a un país para someterlo a un tiranía totalitarista. La gente empobrecida no tiene ni tiempo, ni energías ni medios para protestar e impedir que los que se consideran la vanguardia del proletariado se tomen todo el poder económico y político.

Los que todavía dudan que el FMLN busca llegar a un momento en el que pueda confiscar la economía entera deben meditar que si son capaces de confiscar a los que ellos dicen defender son todavía más capaces de confiscar a los que ellos clasifican como sus enemigos de clase. Este es el significado político de esta Reforma de Pensiones.

Es necesario estar conscientes de que, con su intento de confiscar los ahorros de los contribuyentes al sistema de pensiones, el FMLN ha escalado su agresión contra la libertad y las instituciones democráticas del país, orientándolo hacia los caminos del fracaso por los que ahora solo países muy atrasados como Cuba transitan. Ya no solo son palabras. Están actuando en consonancia con su ideología.

¿Y el Plan El Salvador Seguro? Mario Vega

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 29 abril 2016 / EDH

La responsabilidad del Estado de perseguir el delito es irrenunciable. Su deber es proteger la vida y los bienes de los ciudadanos tomando las medidas que sean necesarias y suficientes para ello. Ese deber no debe delegarlo o trasladarlo a los ciudadanos pues, tal cosa, sería una renuncia a su responsabilidad y un signo peligroso de debilitamiento de la institucionalidad. El límite para las medidas de persecución al delito son el respeto a los derechos humanos, los cuales son inalienables. También el respeto a la legalidad, a los protocolos y a los tratados internacionales. En medio de la vorágine violenta que vivimos es escandaloso que no se hagan esfuerzos por frenar, investigar y mucho menos castigar las evidentes y múltiples violaciones a esos principios.

diario hoyNo se puede resolver la barbarie con más barbarie, no se puede resolver la impunidad con más impunidad, no se puede resolver la crueldad con más crueldad, no se puede vencer la violencia con más violencia. Mientras tanto, el trabajo de prevención de la violencia sigue siendo una materia siempre postergada. Por muchos intentos que los funcionarios hacen por afirmar que las medidas extraordinarias son una extensión del Plan El Salvador Seguro, del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, nada más alejado de la verdad. El plan no contempla medidas específicas de carácter punitivo ya que no es su función y tampoco lo que se le ha pedido hacer. El Plan El Salvador Seguro es una propuesta a favor de la prevención de la violencia yendo a las raíces que la provocan. Mientras que el gobierno está empeñado en controlar el vapor que sale de la olla hirviente, el Plan El Salvador Seguro es una propuesta para apagar el fuego que hace hervir a la olla.

La impresión de estos meses es que el Plan El Salvador Seguro ha sido dejado de lado para priorizar el aspecto represivo. Como ya se dijo, la prevención no sustituye y tampoco es opuesta a la represión. Pero, dado que no se percibe la misma contundencia en el tema de la prevención ni se decretan medidas extraordinarias de prevención de la violencia, el sabor que queda es que se está postergando todavía más el esfuerzo que debió haberse iniciado hace dos décadas atrás. De esa manera, se nos conduce por un callejón sin salida en donde los supuestos logros en el campo represivo no podrán ser sostenibles en el tiempo. El incremento del aprisionamiento y el endurecimiento de las leyes nos conducen a un colapso mayor del sistema penitenciario y deteriora mucho más la ya casi nula capacidad del Estado para rehabilitar a los reclusos.

Mientras tanto, las condiciones de marginalidad y desarraigo continúan incrementándose y fortaleciendo el ciclo migratorio que conduce a más hogares rotos y éstos a mayor negligencia infantil y ésta a mayor incorporación a las pandillas y éstas a mayores migraciones. La verdad es que no se está haciendo nada significativo ni sostenido para romper con ese ciclo que alimenta interminablemente a las pandillas. El Plan El Salvador Seguro es una apuesta limitada en su alcance y en el tiempo. Pero es un primer paso para comenzar. Pero si ni siquiera se comienza por allí, no hay motivos para que las personas sensatas puedan abrigar algún tipo de esperanza de solución cierta.

Los confiscados y las penas para los confiscadores . De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 28 abril 2016 / EDH

Es muy probable que el Gobierno presente el día de hoy a la Asamblea Legislativa la así llamada Reforma de Pensiones, que en realidad es una ley para financiar al Gobierno por lo que queda de esta administración a través de confiscar los ahorros de los futuros pensionados. El hecho que el Gobierno todavía siga pensando en que este jueves, o cualquier otro jueves, va a presentar ese proyecto de ley demuestra lo poco que le importa al Gobierno el tener un diálogo realmente transparente con los ciudadanos. Si al Gobierno le importara el diálogo honesto, habría desde el principio declarado que lo que lo mueve es el deseo de apoderarse de más de ocho mil millones de dólares que los futuros pensionados han ahorrado para su retiro, y que aunque en la ley se contemplan ciertas reformas del sistema de pensiones, además de la confiscación, estas reformas están orientadas a dejar desprotegidos a los futuros pensionados, y a reducirles su pensión.

observadorHabría dicho también que las cuentas individuales, que le dan propiedad a la gente sobre los fondos que se usarán para sus pensiones, y que les permiten saber cuánto dinero tienen ahorrado en el sistema y cuánta rentabilidad han tenido, van a desaparecer en la mitad de los ahorros que serán confiscados, y que probablemente del resto también, ya que el Ministerio de Hacienda ha dicho que en un par de años el Gobierno confiscaría el resto de los ahorros y de las contribuciones mensuales. Habría dicho, pues, que los ahorrantes del sistema de pensiones serían despojados de la mitad o más de sus ahorros, y luego de lo que les quedaría, y que esto el Gobierno lo desperdiciaría de la misma forma en la que ha desperdiciado y sigue desperdiciando los recursos del estado.

En vez de decir estas verdades, el Gobierno ha lanzado una campaña de publicidad negra en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Viendo que éstas son el blanco de los ataques del Gobierno, la gente tiende a pensar que es a ellas a las que el Gobierno quiere confiscar, en algo similar a la fracasada nacionalización de la banca de los años ochentas. En la nacionalización de la banca todos los depositantes mantuvieron sus cuentas, a nadie le quitaron sus depósitos. Lo que cambió de propiedad fueron los bancos. El fracaso fue por otras razones que no son del caso discutir.

En este caso, los confiscados serían los ahorrantes mismos. Las AFP permanecerían privadas, con sus mismos dueños. Es como si en los ochentas hubieran dejado a los bancos privados pero le hubieran confiscado los recursos que todos los usuarios del sistema bancario tenían depositados en el sistema. Es como si los bancos hubieran amanecido un día sin ningún recurso, y en vez de dinero y otros activos hubieran tenido una vaga promesa de que el Gobierno pagaría parte del dinero confiscado en algún momento en el futuro, aclarando, como la Ley de Reforma de Pensiones dice, que se pagará si es que Hacienda tiene el dinero para hacerlo.

Esto es lo que el Gobierno está haciendo. Los confiscados no son dos AFP, sino los más de un millón de cotizantes a los fondos de pensiones. Por supuesto, la Constitución prohibe la confiscación independientemente del número de confiscados. Pero el número hace una enorme diferencia política. Si los diputados aprueban que la confiscación se lleve a cabo, no se estarían echando encima el odio de unos cuantos cientos de accionistas de las AFP, sino el de más de un millón de personas que serían despojadas de sus ahorros actuales y de la posibilidad de tener a su nombre sus ahorros futuros.

En esto, el Gobierno no ha sido honesto con los diputados, y mucho menos en decirles que la confiscación es inconstitucional, y que si votan por ella, de acuerdo a la Constitución (no a una ley que ellos mismos pudieran derogar) “responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles”.

En este momento el Gobierno no está siendo honesto tampoco en revelar que en el foro que se realizó esta semana para supuestamente discutir el proyecto no pudo responder a los señalamientos que sindicatos, empresarios y profesionales le hicieron de la inconstitucionalidad de la medida y de las responsabilidades patrimoniales que votar por la ley crearía para los diputados que la aprueben. El ignorar estos señalamientos en realidad es suicida para todos los funcionarios, incluyendo diputados, que participen en la emisión de la ley. Si lo hacen, van a pagar muy caro la falta de diálogo verdadero.

En el fondo, lo que pasa es que el Gobierno está tan cegado por la codicia que le despiertan las enormes cantidades que tienen ahorrados los cotizantes que se está engañando a sí mismo, sin darse cuenta de la gran deuda que están adquiriendo, no sólo para el Gobierno sino para ellos mismos. Siendo tantos los despojados, y tan grande la cantidad despojada, es imposible que nadie los persiga. Firmar esta ley es firmar la propia insolvencia.