ejecuciones

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

***

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

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Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

‘They Are Slaughtering Us Like Animals’. THE NEW YORK TIMES desde Filipinas

Un reportaje extraordinario de THE NEW YORK TIMES sobre la campaña del presidente Duterte, de Filipinas, de erradicar a los narcotraficantes. Hay que verlo en la novedosa presentacion gráfica en el el sitio del NYT. Y luego hay que reflexionar hasta dónde queremos llegar en El Salvador…

Segunda Vuelta

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, 7 diciembre 2016 / THE NEW YORK TIMES

Lea la nota en español

You hear a murder scene before you see it: The desperate cries of a new widow. The piercing sirens of approaching police cars. The thud, thud, thud of the rain drumming on the pavement of a Manila alleyway — and on the back of Romeo Torres Fontanilla.

NEW YORK TIMESTigas, as Mr. Fontanilla was known, was lying facedown in the street when I pulled up after 1 a.m. He was 37. Gunned down, witnesses said, by two unknown men on a motorbike. The downpour had washed his blood into the gutter.

The rain-soaked alley in the Pasay district of Manila was my 17th crime scene, on my 11th day in the Philippines capital. I had come to document the bloody and chaotic campaign against drugs that President Rodrigo Duterte began when he took office on June 30: since then, about 2,000 people had been slain at the hands of the police alone.

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I witnessed bloody scenes just about everywhere imaginable — on the sidewalk, on train tracks, in front of a girls’ school, outside 7-Eleven stores and a McDonald’s restaurant, across bedroom mattresses and living-room sofas. I watched as a woman in red peeked at one of those grisly sites through fingers held over her eyes, at once trying to protect herself and permit herself one last glance at a man killed in the middle of a busy road.

Not far from where Tigas was killed, I found Michael Araja, shown in the first photo below, dead in front of a “sari sari,” what locals call the kiosks that sell basics in the slums. Neighbors told me that Mr. Araja, 29, had gone out to buy cigarettes and a drink for his wife, only to be shot dead by two men on a motorcycle, a tactic common enough to have earned its own nickname: riding in tandem.

In another neighborhood, Riverside, a bloodied Barbie doll lay next to the body of a 17-year-old girl who had been killed alongside her 21-year-old boyfriend.

“They are slaughtering us like animals,” said a bystander who was afraid to give his name.

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‘A common tactic’. Frederick Mafe, 48, and Arjay Lumbago, 23, were riding together on a motorbike when they, too, were killed by a pair on another motorbike.

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‘Back-alley killing’. Crime scene investigators hunched over the body of Romeo Torres Fontanilla, known as Tigas. His killers: two men on a motorbike

I have worked in 60 countries, covered wars in Iraq and Afghanistan, and spent much of 2014 living inside West Africa’s Ebola zone, a place gripped by fear and death. What I experienced in the Philippines felt like a new level of ruthlessness: police officers’ summarily shooting anyone suspected of dealing or even using drugs, vigilantes’ taking seriously Mr. Duterte’s call to “slaughter them all.”

He said in October, “You can expect 20,000 or 30,000 more.”

On Saturday, Mr. Duterte said that, in a telephone call the day before, President-elect Donald J. Trump had endorsed the brutal antidrug campaign and invited him to visit New York and Washington. “He said that, well, we are doing it as a sovereign nation, the right way,” Mr. Duterte said in a summary of the call released by his office.

Beyond those killed in official drug operations, the Philippine National Police have counted more than 3,500 unsolved homicides since July 1, turning much of the country into a macabre house of mourning.

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‘A father’s funeral’. Jimji, 6, cried out in anguish, saying “Papa” as workers moved the body of her father, Jimboy Bolasa, 25, for burial.

Some bodies were found on the streets with their heads wrapped in packing tape. Others were left with crude cardboard signs labeling victims as dealers or addicts. That is what happened with the two men in the video below, which was captured by a security camera outside Santa Catalina College, a private religious school for girls.

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More than 35,600 people have been arrested in antidrug operations the government calls Project Tokhang. The name is derived from a phrase meaning “knock and plead” in Cebuano, Mr. Duterte’s first language.

In affluent neighborhoods of gated communities and estates, there is, indeed, sometimes a polite knock on the door, an officer handing a pamphlet detailing the repercussions of drug use to the housekeeper who answers. In poorer districts, the police grab teenage boys and men off the street, run background checks, make arrests and sometimes shoot to kill.

Government forces have gone door to door to more than 3.57 million residences, according to the police. More than 727,600 drug users and 56,500 pushers have surrendered so far, the police say, overcrowding prisons. At the Quezon City Jail, shown in the middle photo below, inmates take turns sleeping in any available space, including a basketball court.

Inmates at a Manila police station watched as more drug suspects were processed after their arrests.

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‘Overcrowding’.

'Hiding their shame'.

‘Hiding their shame’. Four men arrested for possession of drugs covered their faces from my camera.

My nights in Manila would begin at 9 p.m. at the police district press office, where I joined a group of local reporters waiting for word of the latest killings. We would set off in convoys, like a train on rails, hazard lights flashing as we sped through red traffic lights.

I kept daily diaries and audio recordings of these overnight operations, working with Rica Concepcion, a Filipino reporter with 30 years of experience.

We joined the police on numerous stings. We also went on our own to the places where people were killed or bodies were found. The relatives and neighbors we met in those places often told a very different story from what was recorded in official police accounts.

“Nanlaban” is what the police call a case when a suspect resists arrest and ends up dead. It means “he fought it out.” That is what they said about Florjohn Cruz, 34, whose body was being carted away by a funeral home when I arrived at his home in the poor Caloocan neighborhood just before 11 p.m. one night.

His niece said they found a cardboard sign saying “Pusher at Adik Wag Tularan” — “Don’t be a pusher and an addict like him” — as they were cleaning Mr. Cruz’s blood from the floor near the family’s altar, shown in the middle photo below.

'Late-night execution'. Funeral parlor workers carried away Edwin Mendoza Alon-Alon, 36, who was shot in the head outside a 7-Eleven store.

‘Late-night execution’.
Funeral parlor workers carried away Edwin Mendoza Alon-Alon, 36, who was shot in the head outside a 7-Eleven store.

'Killed at home'. The blood of Florjohn Cruz, 34, stained the floor in his family’s living room, next to an altar displaying images and statues of the Virgin Mary, among other items.

‘Killed at home’.
The blood of Florjohn Cruz, 34, stained the floor in his family’s living room, next to an altar displaying images and statues of the Virgin Mary, among other items.

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‘Discarded’. Erika Angel Fernandez, 17, was one of three women among the 57 victims I photographed. She was killed alongside her boyfriend, Jericho Camitan, 23.

The police report said, “Suspect Cruz ran inside the house then pulled a firearm and successively shot the lawmen, prompting the same to return fire in order to prevent and repel Cruz’s unlawful aggression.”

His wife, Rita, told me, between pained cries, that Mr. Cruz had been fixing a transistor radio for his 71-year-old mother in the living room when armed men barged in and shot him dead.

The family said Mr. Cruz was not a drug dealer, only a user of shabu, as Filipinos call methamphetamine. He had surrendered months earlier, responding to Mr. Duterte’s call, for what was supposed to be a drug-treatment program. The police came for him anyway.

As my time in the Philippines wore on, the killings seemed to become more brazen. Police officers appeared to do little to hide their involvement in what were essentially extrajudicial executions. Nanlaban had become a dark joke.

“There is a new way of dying in the Philippines,” said Redentor C. Ulsano, the police superintendent in the Tondo district. He smiled and held his wrists together in front of him, pretending to be handcuffed.

‘Buy-bust operation’. Officers at the scene of Ronald Kalau’s death. The police report said Mr. Kalau drew a .38-caliber handgun when officers tried to arrest him as he bought methamphetamine. Neighbors said the police gunned him down in a house that was being used as a drug den.

‘Buy-bust operation’.
Officers at the scene of Ronald Kalau’s death. The police report said Mr. Kalau drew a .38-caliber handgun when officers tried to arrest him as he bought methamphetamine. Neighbors said the police gunned him down in a house that was being used as a drug den.

'Busy nights'. The Tondo neighborhood of Manila.

‘Busy nights’.
The Tondo neighborhood of Manila.

‘Nanlaban’. Roel Scott, 13, inspects the bloodied spot where his uncle, Joselito Jumaquio, 52, was killed by the police. Witnesses said they heard a woman shout “Nanlaban,” which means “fighting it out,” before they heard the gunshots.

‘Nanlaban’.
Roel Scott, 13, inspects the bloodied spot where his uncle, Joselito Jumaquio, 52, was killed by the police. Witnesses said they heard a woman shout “Nanlaban,” which means “fighting it out,” before they heard the gunshots.

Mr. Cruz’s 16-year-old nephew, Eliam, and 18-year-old niece, Princess, said they had watched from a second-story porch as the plainclothes officers who had killed their uncle emerged from the house. Eliam and Princess said they heard the beep of a text message and watched as one of the men read it from his phone.

“Ginebra’s won,” he announced to the others, referring to Barangay Ginebra San Miguel, the nation’s most popular basketball team, which had been battling for the championship across town. The teenagers said the men celebrated the team’s victory as their uncle was carried out in a body bag.

Roel Scott, 13, is one of the boys in the photo above, at the spot where his uncle, Joselito Jumaquio, was slain by a mob of masked men. Mourners often place candles in the blood of the victim to honor them.

Roel said he was playing video games with Mr. Jumaquio, a pedicab driver who had also surrendered himself to the authorities, when 15 of the masked men descended quickly and silently over the shantytown called Pandacan.

Witnesses told us the men dragged Mr. Jumaquio down an alley and shouted at gathering neighbors to go back into their homes and turn the lights off. They heard a woman shout, “Nanlaban!” He’s fighting it out.

Two shots rang out. Then four more.

When it was quiet, the neighbors found the pedicab driver’s bloodied body — a gun and a plastic bag of shabu next to his handcuffed hands. The police report called it a “buy-bust operation.”

I also photographed wakes and funerals, a growing part of daily life under Mr. Duterte. Relatives and priests rarely mentioned the brutal causes of death.

'A painful farewell'. Family and friends attending the funeral of Mr. Jumaquio, who witnesses said was killed by a gang of masked men.

‘A painful farewell’.
Family and friends attending the funeral of Mr. Jumaquio, who witnesses said was killed by a gang of masked men.

'Stacked like firewood'. Bodies were stacked up at a funeral parlor as the families of victims like Danilo Deparine, whose body lay on a metal stretcher on the floor, struggle to pay for burial.

‘Stacked like firewood’.
Bodies were stacked up at a funeral parlor as the families of victims like Danilo Deparine, whose body lay on a metal stretcher on the floor, struggle to pay for burial.

'From joy to sadness'. Benjamin Visda, 43, had left a family birthday celebration to get something from a convenience store when he was snatched off the street and killed, according to relatives.

‘From joy to sadness’.
Benjamin Visda, 43, had left a family birthday celebration to get something from a convenience store when he was snatched off the street and killed, according to relatives.

Maria Mesa Deparine lost two sons in a single week in September. Both had turned themselves in to the police. Both were found dead under bridges.

Ms. Deparine said it took her three weeks to collect loans and donations totaling 50,000 pesos, about $1,030, to pay for the burial of her baby, Aljon, who was 23. We went with her to the funeral home where she pleaded with the owners to reduce the fees for his brother, Danilo, 36.

Danilo’s body, on the floor in the middle photo above, had already spent two weeks in the morgue, where the dead are stacked like firewood, with nothing separating them. The funeral directors agreed to a cut rate of 12,000 pesos, about $240, for a one-day wake instead of the usual week.

Ms. Deparine left, unsure whether she could come up with the sum, or whether Danilo would end up in a mass grave with other victims of the president’s drug war.

The killing disrupts every aspect of life. Family members told me that Benjamin Visda, in the coffin in the above photo, had stepped out of a family birthday party to grab something at a sari sari and was eating cake when eight men grabbed him. Within 20 minutes, his body had been dumped outside a police station.

The police called this, too, a buy-bust operation, and said that Mr. Visda, while handcuffed, tried to grab an officer’s gun — Nanlaban — so they shot him. The video below, also taken from a security camera, shows him being loaded alive onto a motorcycle, sandwiched between two masked men.

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The same night Florjohn Cruz was killed, we found ourselves a few streets away an hour and a half later, at another home where a man had been murdered. It was raining that night, too.

We heard the wrenching screams of Nellie Diaz, the new widow, before we saw her — shown in the middle photo below — crumpled over the body of her husband, Crisostomo, who was 51.

'A threatening message'. This unidentified body, like many others, was found with his head wrapped in packing tape, his hands tied behind his back and a cardboard sign that read, “A pusher who won’t stop will have his life ended.”

‘A threatening message’.
This unidentified body, like many others, was found with his head wrapped in packing tape, his hands tied behind his back and a cardboard sign that read, “A pusher who won’t stop will have his life ended.”

'A widow’s grief'. Nellie Diaz hunched over the body of her husband, Crisostomo, a drug user who had surrendered but still ended up dead.

‘A widow’s grief’.
Nellie Diaz hunched over the body of her husband, Crisostomo, a drug user who had surrendered but still ended up dead.

'Visiting the dead'. On Nov. 1, All Saints’ Day, the Barangka cemetery in Manila was busy as relatives visited graves.

‘Visiting the dead’.
On Nov. 1, All Saints’ Day, the Barangka cemetery in Manila was busy as relatives visited graves.

Mr. Diaz grew up in the neighborhood, and worked intermittently, doing odd jobs. His wife said he was a user, not a dealer, and had turned himself in soon after Mr. Duterte’s election. She still thought it unsafe for him to sleep at home, and told him to stay with relatives. But he missed his nine children, and had returned days before.

Mr. Diaz’s eldest son, J.R., 19, said a man in a motorcycle helmet kicked in the front door, followed by two others. The man in the helmet pointed a gun at Mr. Diaz, J.R. said; the second man pointed a gun at his 15-year-old brother, Jhon Rex. The third man held a piece of paper.

J.R. said the man in the helmet said, “Goodbye, my friend,” before shooting his father in the chest. His body sank, but the man shot him twice more, in the head and cheeks. The children said the three men were laughing as they left.

'Too many tears'. Relatives overcome with grief at the site where the bodies of Frederick Mafe and Arjay Lumbago lay sprawled in the middle of a street.

‘Too many tears’.
Relatives overcome with grief at the site where the bodies of Frederick Mafe and Arjay Lumbago lay sprawled in the middle of a street.

Casi que Guardia Nacional Civil. De Roberto Valencia/El Faro

La Fuerza Armada y sobre todo la PNC están matando a presuntos pandilleros: unos 35 cada mes desde que el gobierno desató la ‘guerra’ contra las maras, en enero de 2015. El Gabinete de Seguridad justifica la matanza como enfrentamientos conforme a ley, pero el análisis pormenorizado de las cifras y su comparación con las de otros países con problemas de abusos policiales como México o Estados Unidos “apuntan a la presencia de ejecuciones sumarias”, asegura un experto.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un "enfrentamiento". Foto Víctor Peña.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un “enfrentamiento”. Foto Víctor Peña.

roberto-valenciaRoberto Valencia, 3 octubre 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mataron a 693 presuntos pandilleros en 20 meses. Más allá de la cifra, surrealista en un país de 6.5 millones de habitantes, la relación con otros parámetros –como las bajas propias o el número de heridos que dejan los supuestos enfrentamientos– refuerza la tesis de que las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo un uso desproporcionado de sus fusiles de asalto y que cometen ejecuciones extrajudiciales.

el faroLos abusos policiales son objeto de estudio en distintas sociedades, y la comunidad internacional ha consensuado indicadores de alerta. El Salvador los está sobrepasando todos. Un par de ejemplos: en los enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, tres presuntos mareros fallecieron por cada uno herido; asimismo, la relación en esos intercambios de disparos es de una víctima mortal policial por cada 53 provocadas.

“La incidencia de muertes de civiles a manos de agentes del Estado es muy elevada en El Salvador, incluso en comparación con países con problemas parecidos, como Brasil”, dice el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y reconocido experto en la materia por sus trabajos sobre la violencia policial en las favelas. “Los datos de El Salvador apuntan a un uso abusivo de la fuerza letal y a la presencia de ejecuciones sumarias”, sentencia Cano.

El Faro solicitó a la PNC, vía Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de todos los hechos que la institución policial clasificó como “enfrentamientos”, desde enero de 2015 –cuando el gobierno declaró la ‘guerra’ a las pandillas– y el 31 de agosto de 2016. Además de la ubicación temporal y geográfica, se pidió el detalle de los fallecidos y heridos en cada uno de los bandos, así como otras variables como el sexo y la edad de las víctimas.

Confrontadas con estudios similares en Brasil, México y Estados Unidos, la Policía Nacional Civil sale muy mal librada, con patrones de conducta similares a los atribuidos a los cuerpos policiales que operaban antes de los Acuerdos de Paz –como la extinta y temida Guardia Nacional, por ejemplo–, en las antípodas del comportamiento que se presupone a una policía de un estado democrático. “Y el abuso de la fuerza de los agentes del Estado se agravó en 2016”, dice Cano, el experto al que El Faro facilitó los datos para que los analizara e interpretara.

Bajo condición de anonimato, se habló con un oficial de la PNC que tiene a su cargo una subdelegación policial. “Nunca he recibido una orden de un superior para matar o para encubrir”, dice, pero “es evidente que entre los policías ha aumentado el odio hacia los pandilleros, el deseo de venganza, y sí escucho conversaciones de agentes que dicen: a estos hijos de puta hay que matarlos a todos”. Este oficial cree que las unidades especializadas, como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y las recién creadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), son las más propensas a cometer ejecuciones sumarias.

Las cifras oficiales, los informes y los testimonios avalan los temores sobre el actuar de la PNC y de la Fuerza Armada expresados ya por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas oenegés, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

No obstante, el gobierno respalda sin fisuras la labor de las fuerzas de seguridad y niega que estén violando los derechos humanos. “Los enfrentamientos ocurren cuando los delincuentes responden con disparos ante el intento de la Policía de detenerlos… y entonces mueren”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, el pasado 16 de septiembre en el programa de entrevistas Hechos AM, de Canal 12.

Comparaciones odiosas

El 26 de agosto, el periódico Chicago Tribune publicó una investigación similar referida al Chicago Police Department (CPD) y basada también en solicitudes de acceso a la información.

En los seis años (72 meses) transcurridos entre enero de 2010 y diciembre de 2015, el CPD registró 435 enfrentamientos armados con presuntos delincuentes, con saldo de 92 muertos y 170 heridos, un índice de letalidad de 0.54. Chicago tiene 2.7 millones de habitantes y el CPD lo integran unos 12,000 policías.

En El Salvador, en apenas 20 meses transcurridos entre enero de 2015 y agosto de 2016, la PNC registra 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos, un índice de letalidad de 2.72. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y la PNC la integran unos 23,000 policías.

El índice de letalidad es un indicador consensuado internacionalmente para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Establece la relación entre adversarios muertos y heridos en los enfrentamientos contra policías y/o soldados. “En cualquier enfrentamiento armado legítimo, sea policial o militar, es esperable encontrar un mayor número de heridos que de muertos, con lo que el coeficiente debería ser siempre inferior a 1”, dice Ignacio Cano.

“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos, y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno”, apunta en la misma línea un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad en la ‘guerra’ contra el narco librada en aquel país.

“La guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto durante los años de 1964 a 1973 [índice de letalidad: 0.25], y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo un índice de 4.5 heridos por cada muerto en 1982 [índice de letalidad: 0.22]”, ejemplifica el estudio de la UNAM.

En El Salvador, el índice de letalidad de sus fuerzas de seguridad en 2015 fue de 2.3, mientras que en los ocho primeros meses de 2016 saltó a 3.1. Estos números podrían ser más altos, ya que se han calculado sobre una categoría que la PNC etiquetó como ‘Pandilleros lesionados’, que no especifica si la lesión se produjo en el intercambio de disparos o después, en el traslado o en algún interrogatorio.

“Cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar”, dijo el director Cotto en la entrevista. “El policía en la actualidad anda en un estado de psicosis, y a veces es natural lo que dicen: mejor disparar primero”, dice el oficial que aceptó conversar con El Faro desde el anonimato.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador es muy precisa cuando determina cómo deben actuar los agentes en una situación de riesgo en la que se vean obligados a utilizar sus armas. El artículo 15 establece que “los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Los policías están obligados por ley a “reducir al mínimo los daños y lesiones, y a respetar y proteger la vida humana”, así como a “proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” en un intercambio de disparos.

¿Dónde hay más enfrentamientos?

En 20 meses son 1,074 los episodios catalogados por la PNC como ‘Enfrentamientos de policías o soldados con pandilleros’, lo que supone un promedio de 54 cada mes. Como referencia, el Departamento de Policía de Chicago promedia seis balaceras mensuales entre sus oficiales y presuntos delincuentes.

Cuando se comparan 2015 y 2016, la PNC está siendo mucho más letal con el paso de los meses. En ocho meses de 2016 acumula 373 presuntos pandilleros fallecidos, por los 320 registrados en todo 2015. En 2013 y 2014 hubo 39 y 49; la ‘guerra’ ha multiplicado por diez los presuntos mareros caídos. En cuanto a las bajas en las fuerzas de seguridad, en los enfrentamientos murieron 13 policías y 4 soldados en 2015, 4 y 3 respectivamente hasta el 31 de agosto de 2016.

Otros datos significativos son, por un lado, de género: el 99 % de los presuntos pandilleros son de sexo masculino; por otro lado, de edad: aunque la PNC asegura no haber podido establecer la edad de 330 de loa 693 víctimas mortales, entre los identificados hay 63 menores de edad, de donde se puede inferir que cerca de un centenar de los fallecidos son adolescentes menores de 18 años, “niños” según los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos, los departamentos más afectados –una vez ponderadas las cifras– son La Paz, Cuscatlán y Usulután. En el extremo opuesto, Ahuachapán, Morazán y Chalatenango –en ese orden– son los territorios en los que menos choques armados ha habido entre policías y pandilleros. A escala municipal, lo más reseñable es que pueblos y villas con vocación rural son el escenario predilecto.

Pero de todos los datos, el más preocupante a juicio del experto Ignacio Cano, es la relación entre bajas que tienen los policías-soldados y bajas de los pandilleros. En 2015 fue de 1 a 19.

En México, ni siquiera en los años más duros de la ‘guerra’ contra el narco se tuvieron indicadores tan disparados. La Policía Federal de México cosechó una relación de bajas 1 a 10 en 2012. Y el Ejército, actor clave en ese conflicto, tuvo entre 2011 y 2013 cifras arriba de 1 baja propia por cada 20 provocadas, con un pico de 32 en 2011.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destituyó a finales del agosto al máximo responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, después de que la institución fuera señalada de ejecuciones extrajudiciales.

En 2016, la Policía Nacional Civil salvadoreña tiene una relación entre bajas propias y provocadas de 1 a 53.

“De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más allá de lo necesario”, reza el informe de la UNAM, elaborado por un investigador estadounidense evocado también por Ignacio Cano para concluir que hay “abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de la ley en El Salvador”.

Paradójicamente, en el discurso con el que la PNC justifica la matanza de la ‘guerra’ contra las pandillas, se remarca que los presuntos pandilleros están fuertemente armados cuando son abatidos. “Solo en los procedimientos en los ha habido enfrentamientos, son 443 armas incautadas a los pandilleros este año; entre ellas, 18 fusiles AK-47 y 16 fusiles M-16”, dijo el director Cotto.

Presuntos pandilleros

Que en este reportaje las referencias a los muertos provocados por policías y militares sean llamados “presuntos pandilleros” no es una simple formalidad. En julio de 2015 y en febrero de 2016 El Faro reveló cómo agentes de la Policía asesinaron a dos jóvenes que luego la institución presentó como “pandilleros” aunque no formaban parte de estas estructuras.

El joven Dennis Alexander Martínez, por ejemplo, fue ultimado de un balazo en la cabeza por agentes de GRP mientras suplicaba arrodillado por su vida; ocurrió en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015, pero en las estadísticas policiales Dennis aparece como pandillero.

Lo mismo ocurrió con el joven trabajador Armando Díaz, ejecutado el 8 de febrero de 2016 –también por el GRP– en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, cuando tres menores de edad pandilleros que huían de un operativo policial se colaron por el techo de su vivienda; Armando es uno de los 693 pandilleros matados en defensa propia en los reportes oficiales.

Pese a que estos casos son públicos, así como otros revelados por otros medios de comunicación o incluso en informes oficiales de la PDDH, los eventos que la PNC etiqueta como “enfrentamientos” rara vez despiertan el interés de la Fiscalía General de la República, con excepción de los poquísimos enfrentamientos en los que sí hay víctimas entre policías o soldados.

Desde la Fiscalía, se rechaza la idea de que la institución sea benevolente con los abusos policiales. Su director de comunicaciones, Salvador Martínez, asegura que la muerte de un pandillero se procesa “como la de un médico o la de un campesino”. Ante la solicitud de conocer al detalle cuántos policías o soldados han sido procesados por participar en enfrentamientos, la respuesta de Martínez fue: “No es que nosotros no queramos dar la información, sino que tendríamos que analizar los seiscientos y pico de casos, uno por uno, para saber quiénes están siendo procesados”.

Pese al discurso de Martínez, un documento interno de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro evidencia que solo una de las 693 muertes de presuntos pandilleros causadas por las fuerzas de seguridad en 20 meses ha superado la barrera de la audiencia inicial en los tribunales: el joven Dennis Martínez, uno de los ocho fallecidos en la emblemática matanza de la finca San Blas.

En las restantes muertes, el 99.86 %, la Fiscalía hasta la fecha ha dado por válidas las versiones policiales.

PNC y derechos humanos

La PNC es la institución estatal que más denuncias acumula en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según una encuesta publicada a finales de agosto por LPG Datos, la unidad de investigación social del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el porcentaje de personas que dijeron haber sufrido maltrato policial saltó del 11 % en 2015 al 16 % en 2016.

No obstante, en El Salvador parece haber una mayoría social y política que tolera e incluso que aplaude los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en la ‘guerra’ contra las maras. La misma encuesta revela que los salvadoreños que tienen una opinión buena o muy buena de la PNC pasaron del 52 % al 54 %.

“Algunos policías se han dejado llevar por lo que pide la población”, dice el oficial de la PNC que aceptó hablar bajo condición de anonimato: “En las redes sociales, de cada 60 comentarios, 59 piden la muerte de todos los pandilleros”.

El sábado 12 de septiembre, desde la cuenta oficial de Twitter de la PNC se compartió una imagen de dos policías –un hombre con traje de protección como el que usa la Unidad de Mantenimiento del Orden y una mujer vestida con la camisa blanca oficial–, bajo el eslogan ‘Nuevo tiempos, héroes de El Salvador’. El fotomontaje se acompañó con este mensaje: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Al día siguiente, y después de que en las redes sociales se alzaron algunas voces críticas, el tuit fue eliminado y se difundió la misma imagen con un texto más correcto políticamente: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Cuando se analizan al detalle las cifras de muerte que está dejando la ‘guerra’ y se comparan con situaciones similares en países como Brasil y México, la idea expresada en el tuit neutralizado de que “todo está permitido” en el actuar de la PNC parece algo mucho más que un desliz del community manager de la cuenta oficial de Twitter.

Rescate del cuerpo de un agente de la Policía Nacional Civil, que el pasado 9 de febrero perdió la vida en un enfrentamiento a tiros en este cerro del municipio de San Vicente, que se levanta ante el valle de Jiboa, un icono de los paisajes de El Salvador. Al fondo, el volcán Chichontepec./ Foto El Faro: Víctor Peña

Rescate del cuerpo de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil fallecido en un enfrentamiento con pandilleros, ocurrido el 9 de febrero de 2016. Al fondo, el volcán Chichontepec. Foto Víctor Peña.

PDDH concluye que Policía y militares cometieron ejecuciones extralegales. El Faro

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Casi nueve meses después de que se abrió el expediente de la primera de las dos matanzas investigadas, la máxima instancia que vela por los derechos humanos en el país, la PDDH, concluyó que policías y soldados no solo masacraron a personas rendidas y el farodesarmadas, sino que trataron de encubrirlo. Según el procurador David Morales, ni la PNC ni Fiscalía ni Fuerza Armada dieron la información necesaria para aclarar dos masacres perpetradas en 2015 por fuerzas de seguridad, una en la finca San Blas (San José Villanueva) y la otra en el cantón Pajales (Panchimalco), que dejaron 13 personas muertas. La institución tiene otros 28 casos en estudio y admite que podrían ser aún más.

Óscar Martínez y Roberto Valencia, 25 abril 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses de investigación por David Morales, el procurador general.

La investigación de la PDDH se basó en el análisis de autopsias, entrevistas a forenses, entrevistas a sobrevivientes de ambas masacres, visita a los lugares y, en el caso de San Blas, en el análisis del dictamen de la Unidad de Control de la PNC. La Fuerza Armada, dijo Morales, no entregó ni un documento. La Policía y la Fiscalía colaboraron lo mínimo. Más bien, en palabras de Morales, todas las instituciones involucradas “dificultaron la investigación”. El informe de la PDDH no solo habla de las ejecuciones, sino de la alteración de las escenas del crimen. En ambos casos, concluye la institución estatal, la escena fue contaminda. En la masacre de la finca San Blas, agrega, cuatro cadáveres fueron cambiados de lugar antes de que llegara el Instituto de Medicina Legal.

Ambas investigaciones fueron abiertas por la PDDH tras la publicación de materiales periodísticos. El Faro publicó en julio de 2015 la crónica ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, mientras que La Prensa Gráfica publicó en octubre del mismo año el reportaje ‘Cinco muertes sin explicación’.

Negligencia en las investigaciones y negación de información

Antes de desmenuzar las investigaciones, Morales pidió un momento para rechazar las “informaciones falsas” que acusan a la PDDH de brindar “protección a delincuentes”. “Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos… El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, sentenció. Remató trayendo a cuento una década oscura para el país: “Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”.

Según la PNC, desde finales del año pasado se registran entre dos y tres “enfrentamientos” al día con pandilleros. Esa es la categoría bajo la que Policía y Fuerza Armada presentaron los hechos de los que se habla en el reporte de la PDDH. En la gran mayoría de enfrentamientos no hay bajas ni heridos de parte de las autoridades, pero sí muertos del lado de los supuestos delincuentes.

La introducción del procurador fue una reprimenda para las autoridades de seguridad de El Salvador: “Es motivo de preocupación para esta Procuraduría que se estén presentando desde el año pasado hasta lo que va de 2016 casos de supuestos enfrentamientos armados entre autoridades de seguridad con grupos delictivos, y en los cuales diferentes medios de comunicación están recogiendo elementos de información en el sentido de que pudieron haberse producido ejecuciones extralegales. Evidencia de que no necesariamente hubo un enfrentamiento; o, si se dio, el grupo de personas intervenidas fueron neutralizadas y pudieron ser objeto de privación arbitraria de la vida con posterioridad. Alrededor de 30 expedientes de trabajo han sido abiertos en mi gestión por casos que suponen este tipo de sospechas. Esos 30 casos suponen un aproximado de un centenar de personas fallecidas”, dijo Morales, antes de iniciar con los reclamos concretos a las autoridades por omisiones realizadas en los casos San Blas y Pajales.

Morales lamentó “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. Dijo que en ambos casos “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”.

Tras cuestionar los métodos de contraloría interna en la PNC, Morales enfiló contra el exfiscal Luis Martínez; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y contra la dirección de la PNC: “Tuvimos una total negativa de colaboración para acceder a la información fiscal por el anterior fiscal general, Luis Martínez. Parece estar cambiando a raíz de una mayor apertura del actual fiscal… Falta total de cooperación por parte del actual ministro de Defensa en el caso Pajales. Se negó a entregarnos la información requerida… Recibimos poca colaboración de los últimos dos directores de la Policía: comisionado Ramírez Landaverde y comisionado Howard Cotto. Tampoco remitieron la información requerida”.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

 

Según Morales, las excusas para no entregar información, al menos entre la Policía y la Fiscalía, venían encadenadas: la Policía aseguraba que ya la había remitido a la Fiscalía y que no se había quedado con ninguna copia; la Fiscalía aseguraba que ya la había recibido, pero que era información bajo reserva. El procurador invitó al actual fiscal, Douglas Meléndez, a ordenar una investigación para determinar si hubo encubrimiento de parte de altos funcionarios.

Cadáveres arrastrados y armas cargadas

La PDDH presentó un resumen de los hallazgos. En el caso de la masacre en la finca San Blas, aparte de la negligencia en el procesamiento de la escena, agrega dos inconsistencias determinadas durante la investigación. La primera se trata de una “inconsistencia con el estudio fotográfico de la escena y manipulación de las armas encontradas”. Ya en la publicación del reportaje se señalaba que en el caso de Sonia Guerrero, de 16 años y novia de uno de los pandilleros, la pistola Glock encasquillada junto a su cadáver y los dos cargadores aparecían en dos posiciones distintas. Eso era evidente en fotografías que circularon en las redes sociales, tomadas antes de que forenses del Instituto de Medicina Legal llegaran a la escena.

Sonia murió de un solo tiro en la boca. Consuelo Hernández, madre de uno de los muertos, escuchó todo a pocos metros de distancia, sometida por los policías en la parte baja de la finca. Según Consuelo, Sonia suplicó por su vida. Los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), con insultos, le ordenaron que se hincara. Ella lloraba y les pedía tiempo para explicarse. Sonia era novia de Taz, un pandillero de 34 años que murió en la misma matanza.

La segunda inconsistencia resaltada por la PDDH es la contradicción entre las declaraciones de agentes y la familiar de una de las víctimas. Consuelo era la madre de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años. Él no era pandillero, era el escribiente de la finca que poco a poco se tomaron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Este lunes, Morales lo reconoció: “Hemos confirmado que Dennis Alexander Martínez no habría sido miembro activo de pandillas, sino el joven escribiente de la finca”. Sobre el testimonio de Consuelo, el procurador dijo que es “consistente y creíble”. Consuelo Hernández de Ramírez, pobre y campesina, escuchó a su hijo suplicar también por su vida la madrugada del 26 de marzo. Luego escuchó el disparo que, de arriba hacia abajo, atravesó la cabeza de Dennis.

En la escena registrada por la Policía, a Dennis le habían colocado a su alrededor dos corvos y un cuchillo.

El hermano de Consuelo, Jesús Hernández, que habló por teléfono con Dennis hasta que el muchacho salió del cuarto y fue asesinado, desapareció 19 días después de la masacre, mientras iba hacia la finca. Apareció un día después con el cráneo destrozado y un lazo alrededor del cuello, muy cerca de la finca San Blas. Murió asfixiado y macheteado, según la autopsia. Él, a gritos, acusó a los policías de asesinos mientras procesaban la escena. Miembros de la familia, tras el asesinato de Dennis, recibieron llamadas del teléfono celular que Dennis tenía, el mismo que ocupó para hablar con Jesús antes de ser sometido por los policías. Los familiares no contestaron, pero interpretan las llamadas como una amenaza.

Consuelo, la madre de Dennis y única testigo que declaró ante la PDDH, fue amenazada de muerte vía telefónica en noviembre de 2015. Ese mes huyó del cantón El Matazano II, donde está la finca San Blas.

El informe de la PDDH agrega una lista de razones más por las que condena la actuación policial de aquella madrugada. Dan crédito a que la escena fue “contaminada deliberadamente”; que “cuatro cuerpos fueron movidos de su posición original”; que el examen serológico no registra muestras de sangre en las armas, algo muy raro teniendo en cuenta que se presentó el hecho como un enfrentamiento y que quienes supuestamente portaban esas armas murieron baleados; que los cuerpos no estaban en “posición de atrincheramiento”, sino expuestos, como si no se hubieran cubierto o no hubieran estado en ningún enfrentamiento; que cargadores de las armas que presuntamente tenían los masacrados estaban “llenos de munición, pese al supuesto enfrentamiento de 45 minutos”; que hay una persona con “edema cerebral y múltiples lesiones… lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido”.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Sobre esta masacre, el expediente SS-0309-2015 de la PDDH concluye que hay elementos suficientes para establecer “la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, por responsabilidad de efectivos policiales que formaron parte del operativo”.

Acerca de los otros seis muertos en la finca San Blas, el informe dice que “existen elementos suficientes de investigación para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal”.

Disparos a quemarropa

La versión oficial en el caso del cantón Pajales se dio por medio de comunicados de prensa de la Policía y la Fuerza Armada. La versión consigna que la noche del 15 de agosto de 2015, militares y policías habían detectado movimiento de pandilleros en la zona del caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco. Llegaron al lugar y fueron recibidos a balazos por miembros del Barrio 18-Revolucionarios. Los pandilleros, consignó la versión oficial, los atacaron desde el interior de una vivienda de adobe. Ellos respondieron y los mataron a todos, menos a uno, a quien detuvieron.

Testimonios recavados por periodistas de La Prensa Gráfica revelaron que las ejecuciones ocurrieron fuera de la vivienda, que los cuerpos fueron arrastrados luego a su interior y que en la casa estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes, una niña de dos años y un niño de cuatro.

Los pandilleros no vivían ahí, sino que habían llegado huyendo de los militares y policías. Llegaron armados pero, según la versión de los testigos, dejaron las armas cuando se vieron acorralados en la casa. Se entregaron y fueron fusilados ahí mismo.

En el caso SS-0369-2015 presentado por la PDDH se le da crédito absoluto a la versión publicada por La Prensa Gráfica. El informe detalla que, aparte de todas las evidencias que también presenta el caso de la masacre de la finca San Blas, en esta ocasión hay dos elementos contundentes más que personal de la Procuraduría corroboró en su propia investigación: “Un cuerpo revela tatuaje de pólvora y otro ahumamiento”. Eso significa que a uno le dispararon desde una distancia menor a 60 centímetros, y a otro a una distancia inferior a los 30 centímetros. Tres de los cuerpos muestran edema cerebral, además de otros disparos que debieron provocarles la muerte. Todo apunta a que fueron rematados cuando ya estaban heridos.

En este caso, la PDDH concluye que para los cinco muertos “hay elementos suficientes de investigción para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal… Por responsabilidad de efectivos  policiales y militares que formaron parte del operativo conjunto”.

La PDDH, al final del documento, hace sus recomendaciones y conclusiones finales. Por ambos casos declara el incumplimiento de la ley de la PDDH por parte del exfiscal Luis Martínez; del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad); del actual director, Howard Cotto; y del ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Exige a la Fiscalía investigar las amenazas contra Consuelo Hernández y los familiares de Camila, una testigo que desapareció tras la masacre de Pajales. Pide investigar la muerte de Jesús, el hermano de Consuelo, así como brindar protección a ella y su familia. Pide a la PNC y a la Fiscalía que se realicen investigaciones “objetivas y efectivas” en ambos casos. Pide lo mismo a la Inspectoría de la Policía.

Oenegés cuestionan al gobierno; también Estados Unidos

Los señalamientos de la PDDH a la administración de Salvador Sánchez Cerén y a la Fiscalía en materia de derechos humanos son el más reciente episodio de la preocupación que en distintos sectores han despertado el guerrerismo del gobierno, desatado en enero de 2015 y que con el paso de los meses no ha hecho sino aumentar en intensidad y en número de víctimas.

El pasado lunes 4 de abril, el Estado salvadoreño –representado por su canciller, Hugo Martínez– tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron al gobierno de desatender los derechos humanos en su estrategia de seguridad ciudadana.

“Las masacres sobre las que se ha pronunciado la PDDH no son dos casos aislados”, dijo Abraham Ábrego, director de Fespad, quien señaló que tanto la PNC como la Fuerza Armada están haciendo “un uso excesivo de la fuerza”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

Verónica Reyna, subdirectora de derechos humanos del SSPAS, fue más explícita en su denuncia: “Desde el Estado se ha dado la permisividad para que se cometa este tipo de arbitrariedades; hay elementos para creer que se está permitiendo una política de exterminio a la Policía Nacional Civil, y los controles internos no están funcionando, e incluso están facilitando que se den estos casos”. De la Fiscalía dijo que durante el mandato de Luis Martínez se hizo “del ojo pacho” ante las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.

Tanto Ábrego como Reyna se mostraron confiados en que en las próximas semanas la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para El Salvador de la CIDH, viaje a El Salvador para corroborar sus denuncias contra el Estado salvadoreño.

Aunado a los señalamientos de las oenegés, el interés de la CIDH y la investigación de la PDDH, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este asunto.

En su informe sobre la violación de los derechos humanos en el mundo que el Departamento de Estado presentó el pasado 13 de abril, Washington señaló al Gobierno: “En 2015 hubo numerosos reportes de fuerzas de seguridad relacionadas con asesinatos extrajudiciales”. Entre los casos señalados está la masacre de la finca de San Blas.

Nuestra propia guerra de Vietnam. Editorial El Faro

faroEditorial, 14 febrero 2016 / El Faro

Una vez tras otra, los últimos cuatro gobiernos —dos del partido Arena, otros dos del izquierdista FMLN― han aplicado contra las pandillas estrategias erráticas, inacabadas y de corto plazo que no solo no han acercado una solución sino provocado o acelerado sucesivas mutaciones del fenómeno que lo han agudizado. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son en El Salvador más organizadas y mucho más violentas que antes de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Son más conscientes de su poder, reflexivas y rencorosas que antes de la mal llamada Tregua. Y son, hoy, más desafiantes frente al Estado y tienen más arraigo en las comunidades que antes de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se lanzara hace un año a una guerra abierta, a tiro limpio, contra ellas.

La estrategia del actual gobierno, cuyo desastroso resultado se podría resumir en los 6,657 homicidios cometidos en el país en 2015, es más dura que las manos duras que impulsó la derecha; más torpe de momento que el desordenado diálogo que intentó el gobierno de Mauricio Funes; y más autodestructiva que todas las anteriores. Y está engendrando una violencia que se suma a la de las pandillas y la espolea.

El pasado lunes, tras perseguir a un grupo de asaltantes en Villas de Zaragoza, la Policía Nacional Civil volvió a ejecutar, según apuntan testigos, a pandilleros rendidos, desarmados y heridos. Y volvió a matar a sangre fría a un ciudadano común que tuvo el infortunio de quedar atrapado en medio de un operativo policial. La versión oficial, como viene siendo habitual en estos casos, que se repiten regularmente desde hace más de un año, es no solo inconsistente sino claramente falsa en varios puntos. Afirma que todas las víctimas eran parte de la pandilla Barrio 18; afirma que todas las muertes se dieron en enfrentamiento armado a pesar de que solo se reportaron dos armas en poder de las cuatro víctimas; e incluye imágenes en las que Armando Díaz Valladares, un empleado de fábrica que había tenido turno de noche y dormía en su cama cuando pandilleros y Policía irrumpieron en su casa, yace muerto boca abajo sobre un fusil, con un balazo en la espalda. Un burdo montaje.

La presencia del subdirector de la Policía en la escena del crimen, el hecho de que fuera él quien el mismo lunes dio la versión oficial de lo sucedido, compromete al cuerpo policial en pleno y descarta que se trate de un exceso fuera del control institucional. Quienes actuaron en Zaragoza fueron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), un cuerpo de élite responsable también de la masacre de San Blas, denunciada por El Faro en agosto del año pasado. Y como entonces, la Corporación calla cuando se le piden aclaraciones y no da señales de querer investigar lo sucedido.

Encaremos lo evidente: la cúpula policial, la Fiscalía, el mismo presidente de la República, saben que las ejecuciones sumarias se han vuelto una práctica habitual en El Salvador. Y las amparan con la excusa del aplauso popular. Como si el dolor de una sociedad víctima legitimara a sus fuerzas de seguridad y autoridades para ser victimarias. Escondida tras el mismo discurso cínico y triunfalista que usaba el Ejército en los 80, la Policía está rompiendo el marco de Derechos Humanos que tantas vidas —una guerra civil― costó levantar.

Pero no solo eso. La actual estrategia, que se nutre de la frustración de la población y los mismos policías, ha lanzado a los agentes a un campo de batalla sin reglas en el que están cada vez más solos, más acorralados. En muchas de las zonas más peligrosas del país, los vecinos ya temen y se protegen por igual de los pandilleros y la Policía. Al golpear sin distinción a cualquier joven de barriada pobre, irrumpir a la fuerza en cada vivienda sospechosa, amenazar y matar impunemente, la Policía dinamita el débil vínculo que aún la unía con los vecinos, de por sí sometidos desde hace años al “ver, oir y callar” impuesto por las pandillas. Los barrios se están convirtiendo en un Vietnam en el que los agentes a pie sospechan ya de todos, se protegen de todos y en última instancia golpean a todos.

En estos momentos, tras los nombramientos de las últimas semanas, en El Salvador todos los puestos de decisión del gabinete de Seguridad Pública están en manos de policías de carrera: desde el Ministerio hasta la Dirección de Migración y Extranjería, pasando por el Organismo de Inteligencia del Estado y obviamente por la Dirección de la Policía Nacional Civil. En este marco, la manera en la que la PNC se posicione éticamente ante la política del exceso de fuerza, ante las torturas en sede policial, ante las ejecuciones sumarias y la muerte del joven Armando, que descansaba en su cama cuando hombres uniformados entraron en su casa, retratará a todo el Gobierno.

El nuevo director de la PNC, Howard Cotto, tiene el deber inexcusable de reactivar la Inspectoría General y recuperar para la Policía el apego a la ley y la cordura estratégica. Es una maniobra delicada pero posible: sin dar una imagen de debilidad, ha de enviar a sus agentes el mensaje claro de que, con cada ejecución que cometen, se deprecian ellos y a su uniforme. Para hacerlo, debería contar con el apoyo o con la exigencia externa del nuevo Fiscal General, que ya ha dado las primeras muestras de querer evitar que la impunidad reinante en el país anide del todo en las fuerzas de seguridad.

También la sociedad civil y los medios de comunicación tenemos que bajarnos de inmediato de este tren de irreflexión y deseo de venganza que vitorea a los asesinos cuando llevan placa. Los periodistas debemos, por ética, reivindicar la complejidad del problema y de cualquier posible solución, y dejar de ser simples voceros de las autoridades y de la ira callejera. Aun yendo contra corriente, en estos tiempos críticos nos corresponde ser fiscales de la sociedad que estamos retratando y promoviendo.

El actual gobierno repite, como un mantra que lo quiere justificar todo, que estamos en guerra. El FMLN debería saber mejor que nadie que no todas las guerras son justas, todas las estrategias válidas ni todas las formas de combate nobles. De esta batalla, tal y como está planteada, solo podemos regresar, como individuos y como sociedad, derrotados y deshonrados.

Cinco muertes sin explicación

Las autopsias practicadas a los cadáveres de cinco hombres revelan que recibieron disparos a corta distancia. Algo que no compulsa con el tiroteo en el que, según las autoridades, perdieron la vida estas personas. Sucedió en Panchimalco el 15 de agosto de este año por la noche, el mes más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz. Solo tres días después, una mujer de 20 años que fue testigo desapareció. Las autoridades no han querido explicar por qué se dio la orden de disparar en un lugar en el que, aparte de dos mujeres, también se encontraban una niña de dos años y un niño de cuatro.

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la prensa graficaSuchit Chávez y Ezequiel Barrera, 25 octubre 2015 / LPG
Cinco cadáveres terminaron a mediados de agosto en una casa del cantón Pajales, en Panchimalco. La versión de las autoridades se resumió en un comunicado de prensa de siete líneas que, acerca del caso, hizo circular el Ministerio de la Defensa. Lo que según las autoridades sucedió el 15 de agosto por la noche también se encuentra descrito en las apenas 18 líneas que corresponden a la acusación contra Joel David Rodríguez Benítez, el único pandillero detenido tras el supuesto tiroteo. El último elemento escrito sobre esas cinco muertes violentas son las 25 líneas de las declaraciones del suceso dadas por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

En esta versión oficial se agrega, a secas, que se había detectado movimientos de pandilleros en la zona, por lo que policías y soldados hicieron un grupo conjunto para verificar. Cuando llegaron a Pajales, aseguran, fueron recibidos a tiros, y que por eso contestaron de la misma forma. Al final, ningún miembro del grupo conjunto fue lesionado y cinco pandilleros murieron en el supuesto intercambio de disparos. A los fallecidos los identificaron únicamente como miembros del Barrio 18, facción “revolucionaria”. Sin nombres.

Pero surgen dudas de la versión al revisar las autopsias que fueron practicadas a los cinco. Estas muestran que recibieron disparos a quemarropa, algo que corroboran testigos directos, que agregan que fueron ejecutados fuera de la casa y después trasladados al interior. La casa donde fueron encontrados, además, era un escenario irreal para un tiroteo sin más bajas, tal como la policía asegura.

Lo más cercano a lo que fuentes distintas a las oficiales aseguran que ocurrió se puede resumir en menos líneas que la versión oficial: cinco pandilleros fueron asesinados por soldados y policías entre el sábado 15 por la noche y el domingo 16 de agosto por la madrugada, en una casa del cantón Pajales. En la vivienda también estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes con sus hijos: una niña de dos años y un niño de cuatro, que fueron testigos. Tres días después de estas muertes violentas, una de las mujeres jóvenes desapareció.

El 28 de agosto por la mañana el país conoció que 51 salvadoreños habían muerto de forma violenta el día anterior. Esa mañana el viceministro de Justicia, Javier Martínez, dijo a la agencia de noticias Efe: “El Gobierno va a poner los (muertos) que nos toque ponerles a ellos (pandilleros)”. La retórica del endurecimiento de la represión del delito empezó a girar, desde meses atrás, de forma más acelerada, provocando un odio cíclico: por un lado, con los pandilleros que han asesinado a 51 policías y 17 militares, y por el otro, policías y militares matando a pandilleros en supuestos tiroteos. Solo en agosto 911 personas murieron producto de la violencia.

Parte de ese ciclo es lo que –según peritos y testigos no ligados a las autoridades– sucedió cuando soldados y policías dispararon en contra de Luis José Benítez Benito, de 21 años; Wálter Geovanny Ramos Vásquez, también de 21; Miguel Antonio Benítez Jorge, de 25; Jonathan Franklin Benítez Romero, de 17; y Óscar Leonel Martínez, de 15, cuando estaban en situación de desventaja.

Septimo Sentido 25 Octubre 2015 - General - Interior - pag 9

Hay, por lo menos, dos versiones más de las que ningún funcionario ha hablado. La primera es la relatada por la familia que habita en esa casa. Esa versión fue contada por primera vez a este periódico el domingo 16 de agosto, mientras la familia se afanaba limpiando la sangre, después de que la Fiscalía General de la República (FGR), Medicina Legal y la Policía ya se habían retirado luego de procesar la escena.

La vivienda donde murieron Luis, Wálter, Miguel, Jonathan y Óscar es una edificación de adobe con piso de tierra. Tiene dos cuartos con un pasillo que los divide y su extensión no excede los 10 metros cuadrados. Está ubicada en un desnivel de unos 2 metros, sobre una pequeña loma, con respecto de la calle polvosa del cantón. Aquí, en uno de estos dos cuartos, mientras tiraban ceniza sobre un charco de sangre que tenía cerca una bala dorada olvidada por Inspecciones Oculares de la PNC y mientras recogían ropa empapada, la pareja de esposos contó que la noche anterior sus hijas, de 16 años y la de 20, dormían en las camas de este cuarto con sus hijos, de cuatro y dos. Ellos estaban en el cuarto aledaño, a una distancia no mayor a 2 metros, junto con una niña de 12.

“Solo oímos el tropel que venía”, dijo la madre de las jóvenes. Eso, supuestamente, era el ruido de los hombres que huían de los soldados y policías por la calle, y que, según ella, buscando refugio irrumpieron por la fuerza al cuarto donde dormían sus hijas y sus nietos. Los soldados y los policías subieron hasta la casa, un minuto después, para tirar de una patada la puerta de lámina y madera y así entrar en el cuarto, donde los niños ya habían comenzado a llorar.

“Cuando los soldados entraron, detrás de los muchachos, ya no dejaron salir a nadie. Yo desde el otro cuarto, encerrada, gritaba que dejaran salir a mis niñas y a mis nietos”, dijo la madre de las mujeres. Según cuenta, se angustió porque comenzó a escuchar que los soldados estaban golpeando a los jóvenes que entraron, y alcanzó a escuchar un diálogo entre soldados, policías y pandilleros.

—Vamos a matarlos a todos –decían los soldados.

—No, por favor no. Si ya nos tienen, no nos maten, llévennos mejor –respondían los hombres, según recuerdan, mientras estaban tirados en el suelo de tierra de la casa y eran alumbrados con lámparas.

Su cónyuge, ese mismo domingo 16 de agosto pero horas más tarde, comentó: “Así como vinieron esos señores, si quizá otros hubieran sido, los hubieran capturado y no hubieran hecho esa grosería adentro, con los niños”.

—¿Les dispararon de un solo? –preguntó este periódico.

—Pues sí, parados, por qué no los amarraron, digo yo, los hubieran llevado. De todos modos ya los tenían agarrados –dijo el padre de las mujeres.

La familia agregó que las dos mujeres fueron sacadas del pelo por policías y soldados, y los niños entregados a sus abuelos. Incluso fueron amenazadas, dicen, de ser abusadas sexualmente, y fueron liberadas hasta que llegó una fiscal al reconocimiento.

Camila, la joven veinteañera, relató ese domingo que Luis, Wálter, Miguel, Jonathan y Óscar sí andaban armados, pero que lanzaron al suelo las armas al escuchar el llanto de los niños. Los cinco, según ese relato, fueron sacados del cuarto en el que se habían refugiado y llevados hacia un pequeño patio donde la familia tiene animales de corral. Los pusieron contra la pared y los acribillaron. Y luego todos, ya muertos, fueron llevados al cuarto por los policías y soldados. Eso, según esta versión, explicaría el charco de sangre que quedó en el patio, donde no había ningún cadáver, según el reconocimiento de las autoridades.

Camila mencionó que un policía le dijo que “el niño la había salvado” de ser asesinada también. No contó esta versión a la fiscal del caso, explicó a sus familiares, porque durante las entrevistas todos los policías que habían participado en el operativo estuvieron dentro de la casa.

Es ella, Camila, la que desapareció tres días después, es decir, el miércoles 19 de agosto, cuando regresaba de trabajar, cerca de las 6 de la tarde, y se dirigía a su casa en Pajales. Lo único que supo su familia es que esa tarde fue vista caminando junto a dos hombres rumbo a la finca Monteagua.

Esa misma noche del miércoles, día de la desaparición de Camila, varios policías llegaron a la casa de la familia y, según comentaron, golpearon al padre.

—Los policías dijeron que si llegaban a descubrir que nosotros colaboramos con las pandillas, nos iban a matar a todos. Y lo único que pude hacer, porque mucho me golpeaban, fue escaparme de la casa y dormir entre el monte.

La madre denunció la desaparición de su hija el jueves 20 de agosto, pero, dijo, ninguna autoridad ha querido acompañarla al terreno de la finca Monteagua, donde vecinos le dijeron que había un bulto semienterrado.

Todos los miembros de la familia, cuestionados en distintos momentos, insistieron en que no conocían a ninguno de los cinco jóvenes. La madre contó, eso sí, que uno de sus hijos está preso porque ha sido ligado al homicidio de José Luis Miranda, un miembro del Batallón Presidencial asesinado el pasado 10 de abril en Panchimalco, un crimen atribuido a la facción revolucionaria del Barrio 18, la misma pandilla a la que la PNC liga a los cinco fallecidos.

Las fotos. El día que se conoció la muerte de los cinco pandilleros, una serie de fotografías de sus cadáveres ensangrentados circularon en redes sociales. El lugar donde estos cuerpos fueron retratados es coincidente con la casa que este periódico visitó. Sus ropas también coinciden con las descritas en las cinco autopsias que efectuó Medicina Legal. Tres de los análisis fueron efectuados por un médico forense por la mañana y dos por otro en la tarde.

En las imágenes cada uno tiene en el cuerpo, a un lado, o entre las manos armas de distintos calibres. Tres acostados sobre la espalda, boca arriba; dos a medio sentar, con una postura laxa, y boca arriba.

La autopsia correspondiente a Luis Benítez detalla que murió a causa de cinco disparos y que el forense encontró 10 orificios en su cuerpo, cinco de salida. El documento detalla que Benítez recibió, al menos, tres disparos cercanos a la región del hombro izquierdo, los otros dos en el tórax. En ambas zonas, según dejó por escrito el forense, había “extensas zonas de tatuaje de pólvora”. El tatuaje de pólvora, según diversas publicaciones criminalistas y la explicación de médicos especialistas, debe entenderse como los granos de pólvora que se impregnan en la piel durante un disparo hecho a corta distancia: entre los 20 centímetros y un máximo de 1.50 metros de distancia.

Benítez tenía, además, “múltiples escoriaciones” en el rostro, es decir, golpes y raspaduras.

Otro de los que presentaron evidencia de disparo a corta distancia fue Jonathan Benítez Romero. En este caso, el forense se contradice ya que durante el desarrollo del análisis destaca que hay zona de “ahumamiento”, que se produce cuando se recibe un disparo desde una distancia corta, pero ya en las conclusiones dice que no existe este rastro de humo.

Benítez Romero, quien en la foto que circuló por redes sociales aparece con una pistola firmemente agarrada en la mano derecha, tan firme que incluso aún tiene un dedo en el gatillo, recibió cuatro disparos. Al analizar estas fotos y compararlas con las autopsias, surgen interrogantes aún no resueltas: ¿era posible sostener un tiroteo en un espacio tan pequeño y que los cuerpos quedaran en esa posición? ¿Era posible que existiera un tiroteo sin que ninguno de los siete miembros de la familia de esa casa resultara herido? O, aún, desde otra perspectiva: ¿por qué la policía y los soldados sostuvieron un tiroteo dentro de una casa en la que había dos niños? Hay otro detalle de las autopsias que plantea más interrogantes.

El mayor de los fallecidos, Miguel Benítez Jorge fue baleado en ocho ocasiones. Una de esas balas le perforó el pulmón derecho. Este tiro lo recibió en la espalda y emergió a través del pecho. Si Benítez Jorge estaba disparando y, como refirió la versión oficial, murió atacando a policías, ¿cómo es que recibió un tiro en la espalda? Si recibió un tiro por la espalda, ¿por qué quedó muerto boca arriba? En las fotografías Benítez Jorge aparece con un fusil sobre el cuerpo.

No es el único que tiene evidencias de disparos por la espalda. Óscar Leonel Martínez recibió un tiro en la parte trasera de la cabeza. Esa bala no salió del cuerpo. Su cadáver, que aparece retratado con lo que podría ser vómito en parte de su tórax también tiene golpes visibles. A su lado derecho se encontró un arma.

Las cinco autopsias, además, coinciden en un detalle: a todos los fallecidos los forenses les encontraron restos alimenticios en el estómago, específicamente granos de elote. Un detalle importante para explicar otro punto del caso. En las fotografías se pueden distinguir varias mazorcas de maíz ya roídas, tiradas por el piso y algunas teñidas de rojo. En una de las imágenes también se puede ver la huella de un zapato, en el mismo color sangre, a no más de 30 centímetros del cadáver de Jonathan Benítez Romero.

El detenido. Después de las cinco muertes violentas también se capturó a Joel David Rodríguez, de quien el requerimiento de la Fiscalía presentado en el Juzgado de Paz de Panchimalco plantea que fue encontrado escondido entre la maleza, cerca de las 8:30 de la mañana, el 16 de agosto. No especifica en qué punto de la casa. La acusación solo dice que Rodríguez estaba escondido y que cuando dos policías lo descubrieron y le ordenaron que saliera, él les disparó e intentó huir. El documento añade que Rodríguez se tropezó en las raíces de los árboles y se cayó. Y luego, los agentes “utilizaron la fuerza necesaria para neutralizarlo”.

Howard Cotto, el subdirector general de la PNC, se congratuló el domingo 16 de agosto a través de su cuenta personal de Twitter del decomiso de cinco armas en el intercambio de disparos y de la captura de Rodríguez. En la foto que acompañaba el tuit aparece el acusado: un hombre joven, con trazos de sangre que le recorrían el torso desnudo, miraba a la cámara con ojos entrecerrados; y en sus hombros, sin aparecer completos, se veían tatuajes.

El juzgado hizo la audiencia inicial en contra de Rodríguez el viernes 21 de agosto. Los dos delitos que se le imputaron fueron intento de homicidio contra dos agentes policiales y tenencia ilegal de arma. La fiscal del caso, cuando llegó al juzgado el día de la audiencia y fue abordada por este periódico, negó ser la fiscal del caso. Tras ser descubierta, dijo que no brindaría declaraciones.

—Tenemos algunas dudas en este caso y queremos resolverlas con la fiscal –dijo este periódico.

—Se van a quedar con las dudas. A veces es mejor quedarse con las dudas –respondió.

Rodríguez fue enviado a prisión preventiva. Él tampoco quiso contar nada acerca del 15 de agosto por la noche y el 16 por la madrugada.

La otra versión. Un familiar de Rodríguez, residente en Panchimalco, admite que el joven de 23 años es un pandillero del Barrio 18. Contó a este periódico que al momento de la masacre en Pajales tenía dos semanas de haber salido de un penal. Y que antes de esa ocasión también duró apenas unas dos semanas libre luego de varios meses en la cárcel de Quezaltepeque.

“Lo que pasa es que él es asmático y en un momento tosió y fue que lo descubrieron los policías”, dice el pariente, quien agrega que “los policías lo iban a matar también, pero hubo gente que se metió, que les dijo que ya habían matado a los otros”.

Este pariente dice que Camila, la joven desaparecida, “era amiga de ellos” y los invitó a una atolada en su casa, y “como era amiga de ellos, llegaron”. Los granos de maíz revelados por la autopsia refuerzan esta versión.

El familiar sigue diciendo que los otros cinco pandilleros ni siquiera estaban armados y que cuando llegaron los policías del GOPES y los soldados estaban preparándose para dormir: “¿Por qué cree que estaban sin zapatos?”, dice el familiar de Rodríguez.

Dice que en el momento de la captura de Rodríguez los vecinos vociferaron ante la policía: “Muy malos pueden ser, pero él no les está haciendo nada”.

Este familiar atribuye, de forma natural, la desaparición de Camila a una venganza de la clica de Rodríguez y los otros cinco pandilleros. Para él, la joven pudo haber recibido “un poco de dinero de la Policía para entregarlos” esa noche. La pandilla tomó nota: Camila está desaparecida desde el miércoles 19 de agosto, tres días después de la muerte de cinco pandilleros en uno de los cuartos de su casa.

Esta última versión sobre el quíntuple homicidio, contada por el pariente cercano de Rodríguez, también cuestiona la veracidad de la versión oficial, que por cierto oculta la presencia de niños mientras se desarrollaron los sucesos esa noche.

La fiscal que llegó a la escena fue la única persona que declaró a varios medios de comunicación que esa noche había dos niños mientras fueron asesinados los cinco pandilleros. Pero no consta en los audios de esas entrevistas que alguien preguntara si algún miembro de la familia había salido herido, si la familia había visto algo o si el protocolo usado por la policía había sido correcto. Este periódico solicitó entrevistas con la PNC, la FGR y el Ministerio de la Defensa respecto de este caso. La Fiscalía contestó a través de su Unidad de Prensa que no daría una entrevista. La PNC, también a través de su Unidad de Prensa, contestó que aún se gestionaba. Y el Ministerio de la Defensa ni siquiera contestó un correo que se le envió solicitando la información.

En una conferencia de prensa el pasado 27 de agosto, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo que en todos los casos de tiroteos o similares en que está involucrado algún miembro del Ejército, se abre una investigación interna y que aún no había recibido el informe del caso de Panchimalco y, por ello, no podía brindar conclusiones. “Pero todo indica que actuaron apegados a la ley”, dijo.

El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, defendió la actuación policial en el caso, un día después, y cuando era entrevistado por varios medios de comunicación manifestó que el uso de la fuerza fue “en legítima defensa de los efectivos militares y policías, y con la ley en la mano”.

Este periódico no ha podido preguntar a la PNC ni a la Fiscalía, entre otras cosas, si se ha comprobado que las armas incautadas a los pandilleros habían sido disparadas. Si estas armas tenían las huellas dactilares de los fallecidos o tenían otras. Si a los fallecidos se les hizo la prueba para detección de pólvora entre las manos para comprobar, con eso, si habían disparado las armas o no.

Tampoco se ha podido preguntar a ninguna de esas instituciones si corresponde al protocolo de actuación que policías y militares respondan con fuego abierto en un lugar donde están dos niños pequeños o si se solicitó la intervención urgente de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos al tener a una familia completa inmersa en la muerte violenta de personas en la misma zona en la que ellos residen. O por qué no se ha buscado a una mujer que desapareció apenas tres días después de la masacre.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, manifestó al respecto que “se están cometiendo, desde el año pasado, diversos supuestos enfrentamientos armados entre policías y delincuentes, muchos de los cuales terminan con todos los delincuentes fallecidos, sin que a veces haya bajas o lesiones en los agentes policiales”. “Hemos constatado que no existe una auditoría seria sobre estos procedimientos. Nos parece que existe el riesgo de que en estos operativos se haya producido ejecuciones arbitrarias”, agregó.

El funcionario manifestó que en este caso, cuando circularon fotografías en las redes sociales, “se generaban muchas dudas por la disposición de las armas en relación con los cadáveres, realmente daba la impresión de que pudo darse un montaje de las armas”.

Morales añadió que en la procuraduría hay al menos “17 casos difíciles de esclarecer y que han sido atribuidos a grupos de exterminio (dentro de la Policía)”.

En la casa de Pajales aún no tienen ninguna certeza acerca del paradero de Camila. En la delegación de la Policía de Panchimalco no han reportado hallazgos de restos humanos con las características de esta mujer que dejó atrás a un niño de cuatro años, el mismo que meses después de su desaparición sigue preguntando por ella. A él ninguna autoridad le ha dado nada parecido a una versión oficial.

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Hacia una filosofía de la seguridad. De Mario Vega

Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.

Mario Vega, pastor de ELIM

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 29 julio 2015 / EDH

Desde que se instaló el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se dejó muy en claro que el propósito del mismo no era el de elaborar el plan de seguridad del gobierno; el propósito era asesorar al gobierno, desde la experiencia de cada invitado, en temas de seguridad. Esas condiciones eran comprensibles para cualquiera pues la protección de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del gobierno. Pero además de los insumos del Consejo de Seguridad el gobierno cuenta con otros dos instrumentos: el programa quinquenal que es un documento del partido en el poder y el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual, por su carácter, es secreto.

No debería existir mayor dificultad con que el gobierno cuente con tres instrumentos para abordar el tema de seguridad, siempre y cuando, ellos sean coherentes y complementarios. Pero lo que ocurre es lo inverso. Mientras el plan quinquenal y el plan El Salvador Seguro del Consejo de Seguridad poseen un fuerte ingrediente de prevención de la violencia, el plan de Justicia y Seguridad es eminentemente represivo.

Mientras que el actual es el gobierno que más consistentemente ha hablado de prevención de la violencia, en la práctica, es el gobierno más represivo de la posguerra. Las campañas propagandísticas de Mano Dura y Súper Mano Dura de gobiernos anteriores no pasaron de ser propaganda. No obstante, el actual gobierno ha llevado la represión al uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Los mismos vicios por los cuales en los acuerdos de paz se optó por la disolución de la antigua Policía Nacional.

Mientras el gobierno desplegó en el territorio la Policía Comunitaria también creó los Batallones de Reacción Inmediata con una filosofía que desconoce totalmente la de aquella. Una acción pesa más que las muchas palabras y los grandes esfuerzos que la Policía Comunitaria ha hecho por ganarse un espacio en los pobladores de asentamientos precarios se tira por la borda con una intervención corta, pero muy violenta de los batallones que producen anticuerpos en las comunidades. Es un grave problema cuando los niños comienzan a tener temor de la Policía.

Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.

No hay investigación de los casos bastante evidentes de ejecuciones sumarias y si acaso existieron esa investigaciones no han conducido a ninguna consecuencia legal. Se adivina entonces que el plan secreto de seguridad consiste en usar la violencia como prevención de la violencia. Por supuesto que semejante camino es una contradicción absoluta al camino de la prevención propuesta por el Consejo de Seguridad y por el plan quinquenal del partido en el poder. En el fondo, se trata de la falta de una filosofía para la seguridad que no termina por definir un camino seguro de esperanza.