ejecuciones

Cimientos podridos. De Roberto Valencia

Foto -580


Roberto Valencia, 24 marzo 2017 / EL FARO

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿…?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

Anuncios

Reprobados en derechos humanos. De Mario Vega

Deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia, lo estamos convirtiendo en dos.

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 24 marzo 2017 / EDH

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer recientemente su informe sobre los derechos humanos de 2016. En relación a El Salvador, el informe recopila informaciones que reflejan el poco aprecio que a la vida humana se le da en nuestro país. El informe habla tanto del irrespeto a los derechos humanos que hacen los miembros de pandillas como los miembros de las fuerzas de seguridad. En relación a los primeros, el informe dice: “Los principales problemas de derechos humanos se derivan de la extorsión generalizada y otros delitos en comunidades pobres de todo el país”. Más adelante añaden: “Cada pandilla tiene su propio territorio controlado. Los miembros de las pandillas no permiten que las personas que viven en una zona controlada por otra pandilla entren en su territorio, incluso cuando viajan en transporte público. Las pandillas obligan a las personas a presentar tarjetas de identificación (que contienen sus direcciones) para determinar adónde viven. Si los miembros de una pandilla descubren que una persona vive en el territorio de una pandilla rival, esa persona podría ser asesinada, golpeada o impedida de entrar en el territorio”.

En relación a las fuerzas de seguridad, el informe afirma: “Durante el año no hubo informes verificados de que el gobierno o sus agentes hubieran cometido asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, hubo reportes de involucramiento de las fuerzas de seguridad en asesinatos ilegales. A partir de octubre, el Fiscal General estaba investigando 53 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno ocurrió en 2013, ninguno en 2014, 11 en 2015 y 41 en 2016. La Fiscalía anunció también la formación de un Grupo Especial contra la Impunidad, dedicado a investigar este tipo de delitos. Hasta marzo, la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había recibido 12 denuncias de presuntos asesinatos ilegales cometidos por agentes de seguridad, militares y otros funcionarios públicos, y encontró pruebas sustanciales en dos casos. En septiembre, la PDDH declaró que tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. De enero a julio, la Oficina de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que 12 oficiales de la PNC fueron acusados de homicidio. Todos, menos uno de los presuntos homicidios, fueron cometidos mientras los oficiales acusados estaban de servicio”.

Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos las personas se inclinan a reconocer como tales los cometidos por las pandillas, en tanto que los cometidos por las fuerzas de seguridad se consideran como justificados, a pesar que los niveles de crueldad y arbitrariedad utilizados son similares. Por la misma razón, se acusa sin mayor reflexión de aliados o de miembros de pandillas a las personas, organizaciones e iglesias que señalan los abusos de las autoridades. Esta vez, el señalamiento lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual nadie sensato afirmará ser un aliado de las pandillas. Más bien, deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia lo estamos convirtiendo en dos. En la medida que la población resulta víctima de uno u otro bando, la desesperanza aumenta y eso es muy peligroso para el país. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza, estamos aún a tiempo para reaccionar.

Cuando la Policía mata a la familia de un policía. Daniel Valencia Caravantes

La guerra del gobierno contra las pandillas tocó el 30 de junio de 2015 a un agente de la Policía Nacional Civil: minutos después de la muerte de “dos pandilleros” en presunto enfrentamiento, el agente llegó al lugar y al ver la escena se convenció de que sus parientes acababan de ser ejecutados por sus compañeros de uniforme. A sus cuestionamientos se suman los de los testigos, las inconsistencias entre informes de la Policía y una investigación de la Procuraduría .para la Defensa de los Derechos Humanos que ya habla de otro caso de “ejecuciones extralegales”.

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

Daniel Valencia Caravantes, 20 marzo 2017 / EL FARO

Dos días después de que la Policía había matado a su hermana y a su cuñado, el agente Antonio Hernández ingresó al caserío San Felipe, montado en su motocicleta negra. A lo lejos, sobre la calle principal, un compañero uniformado lo esperaba con la mano derecha levantada. Era la mañana del jueves 2 de julio de 2015, y en esa zona a escasos cuatro kilómetros de la costa hacía mucho calor, pero lo que quemaba por dentro a Antonio Hernández era otra llama. Le enfureció tener que obedecer al retén que le ordenaba alto, sobre todo al advertir que, de pie junto al carro policial, estaba Nicanor Calderón, el oficial responsable del operativo que acabó con la muerte de su hermana y su cuñado.

Luego de un breve intercambio en el que Antonio Hernández se negó a entregar los documentos de su motocicleta, el compañero uniformado le reclamó:

—¡Ah! ¿Y bravo?

—¡Bravo! —asintió Antonio—. ¿Vas a creer que voy a estar contento con lo que la Policía hizo?

El compañero le preguntó por qué decía eso y Antonio se soltó:

—¿Y vos a quién creés que han matado ahí? ¡A mi hermana han matado! —le reclamó, y luego se preocupó porque quedara claro que aludía al oficial parado junto al carro policial—. ¿Creés que ese va a ser un buen oficial, con los procedimientos que anda haciendo?

El compañero amagó una pregunta, pero Antonio ya estaba hablándole a Nicanor:

—¿Me va a decir qué clase de pandilleros son los que ha matado aquí? ¡A mi familia es a la que ha matado usted!

—¡Calmate! —intervino el compañero—. Vos no sabés cómo han sido las cosas.

Pero Antonio sí sabía cómo habían sido las cosas. Entonces el compañero intentó inocularle una duda sobre su hermana. Una versión que la Policía había divulgado dos noches atrás, cuando agentes policiales mataron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía. Según esa versión, la hermana de Antonio, armada con una pistola de balines, había iniciado junto con su esposo un enfrentamiento con los policías. Producto de ese “enfrentamiento”, ella murió con ocho balazos, todos en la parte trasera del cuerpo, y él recibió 29. Según esa versión, los esposos Mejía Hernández eran pandilleros.

—Quizá vos no sabías en qué andaba. Tenía una pistola —le dijo el compañero.

—Esa pistola se la pusieron –respondió Antonio, seguro de sus palabras. Las palabras de alguien que había llegado al lugar donde yacían las víctimas momentos después de las muertes y que, con su ojo experto de policía, estaba seguro de ver una escena de crimen alterada, un montaje.

Su compañero ni lo contradijo. En cambio, pronunció unas palabras que a Antonio le sonaron a amenaza.

—No, pues sí, ¿pero eso qué tiene? Hasta vos te podés morir —le dijo.

En ese momento, Antonio Hernández se tocó con la mano derecha la pistola que portaba en el cinto, debajo de la camisa, y respondió:

—No. Es que no es que me voy a morir: nos podemos matar —le corrigió—. ¿Vos creés que ando contento ahorita?

La ejecución de San Felipe

Un año y cuatro meses después de sus muertes, en la casa de Saidra y Óscar el tiempo pareciera haberse congelado. En la pared, junto a un rosario de madera, la última fecha que marca un viejo calendario es el día en el que fueron acribillados por aquellos que juraron protegerlos: 30 de junio de 2015. En una puerta contigua, los esposos Mejía habían pegado una calcomanía con un número de emergencias de la Policía. En el país que ese año se convirtió en el más violento del mundo, no estaba de más prever la posibilidad de que un día se requiriera en casa la presencia policial.

Una densa capa de polvo sobre los muebles, las camas y los adornos, habla de la ausencia de vida en un lugar en el que alguna vez sonrió una familia con dos hijos. Por todas partes hay impactos de bala: en las paredes, en las puertas, en las ventanas cubiertas con lámina metálica… En otra pared cuelga un diploma de la Fuerza Naval a nombre de Óscar Mejía, un subsargento de la marina. Óscar sirvió al Estado desde principios de los 80. Empezó en la Policía Nacional, uno de los desaparecidos cuerpos de seguridad. En el 84, en plena guerra civil, ingresó a la Fuerza Naval, y en el 89 fue herido en una pierna. Desde entonces cojeaba. Fue dado de baja en el 91. En la milicia no reportó mala conducta. En su trabajo, desde 2011, tampoco. En 2014 el alcalde de El Rosario y la gobernadora departamental de La Paz hablaron bien de él.

Óscar tenía 48 años al morir y trabajaba de vigilante privado. Saidra, su esposa, tenía 39 y era “una vecina amable que no se metía con nadie”, dedicada a sus dos hijos y empleada de maquila en la zona franca El Pedregal. De cariño, sus vecinos y familiares le decían “La Chele”. “Saidra era una mujer muy sencilla y Óscar era una persona honrada, muy respetuosa que no se metía con nadie”, dice Fredy Rivera, párroco desde 2007 de San José Las Isletas, iglesia que rige ese sector de San Pedro Masahuat. “Era una pareja de esposos tranquilísima. Eran cristianos activos en su fe. Iban a grupos de oración una vez a la semana. Acudían a sus sacramentos cada domingo”, añade Rivera.

—¿Eran mareros, como dice la Policía?

—Fue un acto de imprudencia haberles disparado de una sola vez sin saber quiénes eran ellos. Fue una injusticia –sentencia el párroco.

—¿Por qué cree que los mataron?

—Ellos murieron porque los policías pensaron que los muchachos a quienes andaban buscando se fueron a refugiar a su casa.

Sobre el destino de los Mejía, la Policía sostiene que murieron porque dispararon contra una patrulla del servicio de emergencias 911, de la que formaba parte la agente Ana Deysi Cabrera, quien murió en el “enfrentamiento”. Pero Antonio y una docena de testigos dicen tener razones de sobra para sostener que se trata de otro mal procedimiento policial que terminó en la muerte de los dos vecinos de San Felipe. Los testigos e información oficial de la Policía Nacional Civil también permiten ubicar a la agente Ana Deysi Cabrera en un lugar distinto a aquel en el que tenía que encontrarse para que pudiera dispararle alguien desde el terreno de los Mejía. Según la información oficial, el disparo que inició el presunto enfrentamiento no viajó en línea recta hacia la agente, sino que tuvo que hacer al menos un par de giros en el aire para poder impactarle en el pecho. Un disparo que desafía las leyes de la física. Además, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que el subinspector Nicanor Calderón participó en la alteración de las escenas y que la muerte de los Mejía es un caso más de ejecuciones extralegales.

***

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, la agente Deysi Cabrera, de 40 años, ya había sido asesinada frente a la casa contigua. Cayó a unos pasos de un callejón en el que no cabrían, lado a lado, tres personas juntas. Fue la segunda mujer policía asesinada en 2015, y fue la baja número 33 de un total de 69 reportadas ese año. Deysi no vestía chaleco antibalas y recibió un disparo que entró por el pecho derecho, rompió la cuarta costilla derecha, laceró el pulmón derecho, el corazón, atravesó el pulmón izquierdo, rompió una costilla izquierda y salió por la espalda. Un solo disparo que fue fulminante.

Sobre el asesinato de la agente Deysi Cabrera hay que decir que tres testigos la ubican en un lugar completamente alejado de Óscar Mejía cuando recibió el disparo que la mató, y que los testimonios de testigos, de policías e investigadores que conocieron del caso, documentos de la Policía y de la Fiscalía, fotografías tomadas un día después del crimen, levantamientos oficiales de escena y autopsias, ubican a Óscar y Saidra en lugares desde los cuales habría sido imposible disparar a Deysi Cabrera. Lo mismo concluye la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un informe que data de enero de 2016 y que no ha salido a la luz pública. Según la PDDH, la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi “al parecer fue inventada” por el jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón: “Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte”.

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, Saidra iba a prepararle la cena a Óscar. En el terreno de los Mejía hay dos pequeños cuartos y un jardín. El del fondo es el dormitorio y el ubicado frente a la calle es una cocina, a la que se accede desde la vía atravesado un falso hecho con trozos de madera y alambre de púas. Entre las 7 y las 7:30 de la noche se escucharon los primeros disparos de una larga balacera. Impactaron en la cocina, donde estaba Saidra. Hasta ella llegaron también unos gritos:

—¡¿Dónde están los mareros?! —preguntaban los policías.

—Aquí no hay mareros —respondía ella—. No me vayan a matar.

Saidra lloraba.

—No me vayan a hacer nada —repetía, cuando ya había sido sometida—. ¡Salí, Óscar! ¡Salí, hombre! —pedía a su esposo.

Hasta el momento de la irrupción policial Óscar descansaba en el dormitorio, donde oía música. Sus vecinos y familiares dicen que era medio sordo de un oído. Pasaron los segundos y Saidra seguía llorando, y las últimas palabras que le escucharon decir sus vecinos eran para abogar por su esposo:

—¡Dejen a mi esposito! ¡Dejen a mi esposito!

“De ahí se escuchó un balazo y ya no escuchamos la voz de ella”, dice un testigo de oídas.

La Policía recogió 174 casquillos de diferentes calibres percutidos en esa primera escena, y la inmensa mayoría fueron recogidos en aquellos lugares desde donde dispararon los policías. Los policías dispararon a todo lo que se moviera. Los Mejía tenían una perrita, Kitty, de pelos blancos, mitad cocker spaniel, mitad chihuahua. Kitty ladraba en medio de la balacera, hasta que dejó de hacerlo. Los investigadores la encontraron y documentaron esto: “Cinco casquillos de arma de fuego que en sus bases se lee PSD95 recolectados sobre el suelo contiguo a un perro“.

***

176 días antes de que mataran a los esposos Mejía, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que su gobierno no iba a considerar ninguna posibilidad de utilizar como estrategia de reducción de homicidios una tregua con las principales pandillas, al estilo de como lo había hecho el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. 151 días antes, el entonces director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, había enviado a los agentes el mensaje de que siempre que disparasen en cumplimiento del deber, nadie los investigaría internamente; 96 días antes, agentes del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, en La Libertad; 78 días antes, en abril, el presidente dio una especie de parte de guerra: detalló que 140 de los 481 homicidios registrados en marzo correspondían a “pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates con la Policía”. 32 días antes, dos organizaciones denunciaron malos tratos, intimidación y amenazas por parte de la Policía contra jóvenes entre 12 y 29 años en tres municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Y entonces, la guerra contra las pandillas llegó la noche del 30 de junio a San Felipe, y los esposos Mejía murieron en uno de esos “enfrentamientos” en el que particulares se convierten en pandilleros.

Un segundo testigo de San Felipe recuerda cómo Óscar, segundos antes de ser baleado, gritaba: “¡Yo no soy delincuente! ¡Yo he sido policía! Él quería decirles que había sido policía, pero de nada le sirvió”.

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Óscar era un exmilitar que sabía usar armas y que, en enero de 2015, gracias a la ayuda de un familiar, pudo comprar una Smith & Wesson. Tenía los papeles en regla y era su herramienta de trabajo. Óscar ganaba el mínimo en la agencia de seguridad privada Acosevprog, de R.L., pero que usara su propia arma le significaba un bono extra de 10 dólares mensuales. Un carné emitido por la Academia Nacional de Seguridad Pública le acreditaba como vigilante privado.

Un tercer testigo recuerda que Óscar parecía estar ya sometido ante los agentes en los últimos segundos de vida. “¡Auxilio! ¡Auxilio! Hasta acá se escuchaba cómo gritaba”, dice. “Pero siempre le disparaban”.

Óscar no tenía antecedentes policiales. En 2015, Hacienda había contratado a Acosevprog por 2.8 millones de dólares para vigilar la zona franca El Pedregal, donde Óscar era responsable de registrar ingresos y salidas de mercadería. Óscar tenía una buena imagen ante su empresa. “Le gustaba hacernos reír, pero nada de chistes vulgares. Era sano, se comportaba como un señor respetuoso, acorde a su edad, nada que ver con un pandillero”, dice uno de sus compañeros, para rechazar la historia oficial de la Policía.

“¡Ay, auxilio!, gritaba Óscar, cuando ya lo habían jodido”, dice otro testigo de aquella noche. Malherido y viéndose acorralado, Óscar pedía ayuda, pero al percibir que quienes le seguían disparando se acercaban más y más, salió por un baño con puerta al patio, donde dejó un charco de sangre. Brincó el cerco de láminas de metal, donde dejó más sangre, y desangrándose caminó unos pasos hacia la casa de Antonio, su cuñado el policía. Los testigos siguieron de oído el operativo. “¡Aquí va el rastro de sangre!”, gritó un agente. “Tengan cuidado. ¡Ya lo tenemos!”

“¡Dice Óscar que han matado a La Chele!”

Cuando Óscar Mejía llegó a la casa de Antonio Hernández, su cuñado, este se encontraba patrullando en la hacienda Amatecampo, cerca de la playa, a unos 20 minutos en vehículo. En la casa solo estaban su esposa y sus hijos, quienes se habían encerrado al escuchar la balacera. La esposa de Antonio se sorprendió al ver llegar a Óscar destrozado por dentro y por fuera.

—¡Auxilio! Me mataron —alcanzó a decirle.

—No, Óscar, estás vivo —le respondió ella, que lo vio sangrante y reparó en que, aunque Óscar era diestro, sostenía su pistola con la mano izquierda y temblaba.

 —Nos confundieron. La Chele está muerta. Ya no ando balas —le dijo—. Se me acabaron.

Óscar parecía tener intacta su cara, pero su mano derecha estaba deshecha y el brazo derecho tenía una gran lesión con hueso expuesto. Cuando la esposa de Antonio lo abrazó para sostenerlo, sintió que su mano izquierda se hundía en el torso de Óscar. “Tenía perforaciones, no era piel normal. Sentí aguado. No había estabilidad de carne”, recuerda.

—¿Qué expresión tenía Óscar?

 —De dolor y de angustia. Prácticamente él llevaba ya la muerte. Aunque así hubiera quedado, él iba a morir. ¡Si iba completamente deshecho!

Lo soltó para hacer una llamada telefónica a su esposo: “¡Antonio, dice Óscar que han matado a La Chele!”, le dijo, y vio que Óscar se marchaba. Intentó detenerlo y caminó unos pasos tras él, pero Óscar se negó: “Si me quedo, los matan”. Ambos vieron unos lamparazos que se acercaban desde detrás de la casa. “Regresate que te van a matar… ¡ahí vienen!”, gritó Óscar. Con miedo, ella entró de nuevo a su casa y se encerró, pero tuvo que reabrir la puerta de inmediato. “No me la vayan a botar, con mucho gusto se las voy a abrir”, imploró a los policías. Abrió y un policía enmascarado se lanzó contra ella y la entrampó contra una mesa mientras le apuntaba a la cara con un arma larga.

—¡¿Adónde está ese maldito?! ¡¿Por qué lo defendés?! —le preguntó. Mientras, otros encapuchados le desarmaban la casa, y uno golpeaba a su hija adolescente en la cabeza al lanzarla contra la pared.

—¡Él no es ningún maldito! —respondió. Él es Óscar, es cuñado de mi marido y mi marido es policía…

Aquellas últimas palabras hechizaron a los encapuchados que, sorprendidos, se miraron los unos a los otros. El hechizo provocó que la dejaran en paz, pero antes de marcharse le preguntaron hacia dónde se había dirigido Óscar. Ella les señaló la ruta y les pidió que la dejaran acompañarlos. Quería proteger a Óscar, pero no se lo permitieron.

Antonio, alertado sobre el tiroteo, aceleró el carro policial que conducía acompañado por otros tres agentes. Por la radio de la Policía escuchó a aquellos que perseguían a un fugitivo. “¡Aquí va!”, oía que se comunicaban. “¡Aquí se ha metido! ¡Aquí va el rasto de sangre!”, añadían. Finalmente: “¡Hey, aquí está acostado!”, alertó uno, y Antonio alcanzó a escuchar “la gran disparazón”.

La esposa de Antonio y todo San Felipe también escucharon aquella última ráfaga.

En la mañana, los investigadores de la Dirección Central de Investigación firmaron un parte policial en el que dicen haber recogido, en esta tercera escena, cinco casquillos y un proyectil semideformado. Ese mismo día, asegura la familia, debajo de un marañón en el mismo lugar encontraron otros 14 casquillos y un proyectil semideformado que aún conservan. Óscar murió a unos pasos del ramaje de ese marañón. Quedó tendido boca abajo, con cinco disparos en la cabeza, tres de ellos con trayectoria de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. Murió en un enfrentamiento, dice la Policía.

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

***

Unos 20 minutos después del tiroteo, Antonio Hernández reducía la velocidad del carro de la Policía que conducía cuando, a lo lejos, unas luces anunciaban un cerco policial. San Felipe estaba infestado de policías encapuchados.

Antonio todavía no creía lo que su esposa le había contado por teléfono, y mucho menos que su hermana y su cuñado hubiesen sido víctimas de sus compañeros. Habrá sido un error, pensó, y quizá Óscar solo huía de un enfrentamiento entre policías y pandilleros, algo que no era descabellado, dado que en San Felipe hay presencia importante de la Mara Salvatrucha. Por eso cuando pasó frente a la casa de su hermana no se percató de la cinta policial ni de los compañeros que custodiaban esa escena. Vio el cuerpo de la policía Deysi tirado sobre el pavimento y se metió al callejón estrecho por donde le dijeron que habían perseguido a “los muchachos”.

En el callejón, acurrucado en una esquina, en cuclillas, Antonio encontró a un subinspector Nicanor que miraba hacia el suelo.

—¿Qué pasó? —preguntó Antonio.

—Púchica, nos mataron a la compañera, pero ahí tenemos a una marera y a otro que también está muerto —respondió Nicanor.

—¿Y dónde están?

—Una ahí está, en la otra casa.

—¡Jue puya! —pensó Antonio—. Mejor me regreso. Y ahí la fui a ver…

Un año y medio después, Antonio Hernández se quiebra. Lo que no alcanza a decir, porque las lágrimas le cortan el habla, es que regresó a la casa de su hermana, acompañado por su jefe, uno de los encargados de la policía rural en el departamento de La Paz. Ambos entraron por el falso y encontraron a Saidra de rodillas, con la cabeza hacia el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Antonio llora cuando recuerda así a su hermana, La Chele, Saidra. “Sí venía de trabajar, todavía tenía puesto el uniforme”, dice. A Saidra le dispararon en la espalda y en los glúteos. Ocho orificios detalló la autopsia. 22 años en la carrera policial no prepararon a Antonio para enfrentarse al hecho de que la Policía había derramado sangre de su hermana, su sangre. Antonio, por un momento, pensó en sacar su arma y buscar al responsable, pero sabía que no podía hacer nada. 22 años en la Policía Nacional Civil no lo prepararon para lo que él vio con mucha claridad esa noche: que la institución creada para sustituir a los cuerpos de seguridad violadores de derechos humanos acababa de matar a su hermana, que no era pandillera.

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Su jefe en la policía rural tampoco podía creerlo. “Púchica, aquí sí que la cagamos”, le dijo, como hablando en nombre de la institución. Caminaron hacia el punto donde estaba el otro muerto, Óscar. “¿Qué talle de pandillero puede tener una persona mayor?”, preguntó, retóricamente, Antonio a su jefe. Sintió que se le entremezclaban la impotencia y la ira. Se encaminó, de regreso, a donde estaba el cadáver de su hermana Saidra.

—¿Por qué regresó, Antonio?

 —Yo ya sé cómo es un procedimiento en la Policía: cuando saben que no hay cómo justificar un procedimiento, así lo hacen. Cuando yo me fui de ahí, ella no tenía nada.

—¿Qué había de diferente cuando regresó?

 —Ya le habían puesto una pistola. A la par de la cabeza la tenía, porque ella estaba con las manos en la cara.

Saidra no sabía utilizar pistolas, pero la Policía dijo haber recogido contiguo a su cadáver “un artefacto de material sintético tipo arma de fuego donde se lee Powerline MODEL93ACD2BBCAL.177”. Las Powerline disparan postas de acero cubiertas de cobre. En un reporte de novedades de la Delegación de Zacatecoluca, la misma Policía concluyó que el arma era una “pistola de balines”. La Policía dice que Saidra, madre de dos jóvenes, empleada de una maquila y a punto de ser abuela, decidió enfrentar a una patrulla policial con una pistola de balines. Aquella noche, los hijos de Saidra no estaban en casa. La mayor estaba en su sexto mes de embarazo y hoy el niño crece sin sus abuelos maternos.

***

Cuando la Policía terminó de levantar las escenas de Deysi, Saidra y Óscar, San Felipe despertó conmocionado. Atrás había quedado una noche en que la Policía pateó puertas y espaldas, golpeó cabezas y caras, sometió a jóvenes, mujeres y ancianos. A un padre lo hincaron junto a sus hijos de 21, 16 y nueve años, con los brazos cruzados atrás de la cabeza. “¡Si se mueven los matamos!”, les advirtieron. El niño se movió, llorando, a los brazos de su madre, porque ya no aguantaba las rodillas. Los dejaron cuando inició la balacera final. A un joven que visitaba a su novia lo arrastraron hasta el monte. Lo obligaron a cruzar un cerco. Lo alumbraron y le apuntaron con los fusiles. Uno de los policías le habló al oído: “Aquí ando bastante armas. Nada me cuesta matarte, pegarme en el brazo y decir que eras marero. Te voy a matar si no me decís lo que quiero”, le dijo. El policía señaló hacia el lugar en donde quedó Óscar. “Allá tenemos un muerto. Ahí te voy a ir a matar también”, le dijo.

Cada escena de brutalidad solía terminar con dos preguntas: “¿Qué sabe de esta mujer? ¿Verdad que es pandillera?”, interrogaban mientras mostraban en un celular una imagen de Saidra junto a la pistola de balines. A la esposa de Antonio también llegaron esas dos preguntas. Pero más tarde la visitaron tres grupos más de policías que parecían muy preocupados. “Me preguntaban qué tan cierto era eso de que mi marido era policía. Uno de ellos entró a la casa y vio uniformes, cosas de él. Hasta me hicieron que les enseñara fotos de cuando salía vestido de policía”, cuenta la esposa de Antonio.

Cuando el entonces subdirector Howard Cotto llegó a la escena del crimen esa noche, era difícil que no supiera que los presuntos pandilleros eran familiares de un policía. Por un lado, tenía al jefe del operativo, Nicanor Calderón. Aparte, los investigadores policiales que levantaron la escena. Además, la Unidad de Control. Asimismo, Asuntos Internos. Pero esa noche se limitó a replicar la versión de sus subalternos. “Ellos tenían armas”, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. En una nota del Noticiero Hechos, de Canal 12, agregó: “Lamentablemente hoy pierde la vida una compañera más, pero debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía, del pueblo, incluso de ustedes”, dijo a los reporteros que llegaron a la escena. “Estamos protegiéndole la vida a la gente. Eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, a la gente trabajadora y humilde”. En ese afán, habían dado muerte en un enfrentamiento a Saidra, que terminó con ocho balazos, y a Óscar, muerto con 29 disparos en su cuerpo, incluidos cinco en la cabeza.

Pasaron las horas y amaneció y, muy temprano en la mañana, el padre Fredy Rivera fue a empaparse de llantos y miedo. “Fue una experiencia bastante impactante, dolorosa y de sufrimiento. Los niños, los hijos de ellos, todos los niños de la comunidad estaban traumados”, recuerda el sacerdote.

La prensa escrita, de radio y de televisión registró el hecho como un asesinato más de una agente policial, con un posterior enfrentamiento en el que murieron “dos pandilleros”.

Ilustración por Otto Meza.

Ilustración por Otto Meza.

***

Cuatro días después de la muerte de su hermana y su cuñado a manos de policías, Antonio Hernández fue convocado a una reunión en el cuartel central de la Policía, en el centro de San Salvador. Ahí lo esperaba el comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños, en aquellas fechas subdirector de áreas especializadas, división bajo la cual está adscrita la policía rural. Antonio Hernández llegó acompañado por su jefe inmediato que la noche del 30 de junio también había visitado San Felipe.

Escobar Baños dijo a Antonio que estaba atento al seguimiento del caso y que lamentaba lo ocurrido. Luego le entregó copia de dos memorandos girados uno por el director y otro por el subdirector de la Policía, en los que quedaba claro que se habían enterado de que Óscar y Saidra eran familiares de un agente de la institución. Antonio Hernández fue notificado de que “por razones de urgencia” lo sacaban del departamento de La Paz, de su casa en San Felipe y de su familia, para trasladarlo hasta una subdelegación fronteriza con Guatemala, en el departamento de Ahuachapán.

Antonio Hernández temió por su vida, pero, sobre todo, por la de su familia. El miedo le hizo morderse los labios y guardar silencio. El temor lo inhibió de denunciar. “Cualquier cosa me podía pasar en el trayecto, ¿y qué iban a decir después? Que un pandillero había sido”, comenta.

En la semana siguiente a los homicidios, un equipo de investigadores vestidos de particular volvió a San Felipe a indagar más sobre el caso. Buscaron al párroco de Las Isletas. “Y les dije exactamente lo mismo que les he dicho a ustedes: a la pobre mujer le toman fotografías y le ponen una pistola en su mano. ¡La mujer no sabía utilizar pistola!”, dice el padre Rivera. Esa vez, uno de los sobrinos de los Mejía no aguantó la rabia, y se abalanzó contra aquellos detectives. “¿A qué vienen? ¿Vienen a matarnos a todos, cómo hicieron con mis tíos? ¡Son unos asesinos!”, les dijo. Estos detectives no pateaban ni amenazaban. “Sí, muchacho, te comprendemos, pero nosotros no anduvimos aquí”, le dijo uno de ellos.

¿Para qué llegó aquel equipo de detectives a San Felipe? Un año y medio después, en la Policía ha ocurrido casi nada para dar respuesta a las dudas de Antonio Hernández. En realidad pareciera como que nunca sucedió nada. Por ejemplo, en septiembre de 2015, el subinspector Nicanor Calderón fue incorporado a una lista en la Asamblea Legislativa en la que se pedía, vía decreto, ascensos a inspectores para un grupo de oficiales. Ahora está destacado en la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) en La Paz, un comando élite diseñado para perseguir a pandilleros.

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando la familia Mejía Hernández intentó poner una denuncia en contra de la Policía, el fiscal asignado al caso les respondió que para él este estaba cerrado. En la mañana en la que se cerraban los levantamientos de escenas, este fiscal dispuso que no era necesario retener las armas de los policías relacionados con el caso. Según el fiscal Ulises Ramón Arce, de la Unidad Especializada Antipandillas, era claro que Óscar y Saidra habían matado a la policía Deysi Cabrera. El Faro pidió una entrevista con el fiscal Arce y con el jefe de la Unidad Antipandillas. Todavía no hay respuesta.

Antonio tenía miedo, pero las cosas cambiaron en octubre de 2015, cuando se enteró de que los compañeros de trabajo de su cuñado Óscar Mejía habían denunciado el caso en una carta dirigida al presidente de la República, con copia al entonces procurador de derechos humanos David Morales, y con copia al entonces ministro de Seguridad, Benito Lara. “Como puede darse cuenta, señor Presidente, se ha cometido una aberración contra esa familia…”, escribieron. Antonio fue convencido por sus familiares para vencer el miedo de enfrentarse con la Policía, buscar justicia, denunciar a través de la prensa. “Yo quiero que se investigue”, dice. “Esto que ha pasado no es correcto. Son procedimientos ilegales que se están haciendo. Mis mismos compañeros me han dicho: fulano mató a tu hermana, y la han matado así, para justificar la muerte de la compañera”.

Sus mismos compañeros le han dado el nombre de un agente destacado en la fuerza móvil de la región paracentral, que presuntamente custodió la escena unas dos horas y media junto al subinspector Nicanor Calderón, antes de que llegaran los investigadores. Otros policías también han repetido ese nombre ante la PDDH.

El domingo 19 de marzo de 2017, por la mañana, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo a El Faro que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. “Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto”, escribió.

Por la noche, el subinspector Nicanor Calderón correspondió una llamada de El Faro. Sobre lo ocurrido en San Felipe, en junio de 2015, dijo: “Mantengo lo que pasó ahí. No tengo una investigación hasta el momento”. Al preguntarle sobre el episodio en el que un subalterno suyo presuntamente amenazó al agente Antonio Hernández, el subinspector dijo que no daría más declaraciones a menos que la dirección de comunicaciones de la Policía se lo ordene.

Historias oficiales que no concuerdan

Deysi Cabrera ingresó en las primeras promociones de la PNC para ganar dinero y porque no sabía hacer otra cosa más que usar armas de fuego. Eso dijo a su familia cuando les contó que se uniría a la Policía Nacional Civil, luego de haber combatido durante la guerra civil en las filas de la Resistencia Nacional. Fue reclutada en Santa Marta, Cabañas. “Heidi” fue su seudónimo de guerrillera, cuando combatió junto a Howard Cotto, el actual director de la Policía.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

En los meses antes de su muerte, Deysi había tomado algunas decisiones que le habían granjeado suspicacias entre algunos de sus compañeros, y se había sumado al movimiento laboral de agentes de la Policía que ha sido perseguido por la jefatura de la institución.

El hecho de que Cotto hubiera sido compañero de Deysi en la guerrilla no ha ayudado a esclarecer cómo un disparo que desafía las leyes de la física mató a la agente. Cómo una bala presuntamente disparada por Óscar Mejía, un subsargento retirado de la marina, experto en contrainteligencia, devenido en vigilante privado, “pandillero de la MS”, mató a Deysi gracias a que en lugar de seguir una trayectoria recta en algún punto hizo un viraje para llegar hasta el corazón de la agente. Más aun: el “informe de novedades” de la Policía y el “parte policial” de las muertes ofrecen historias diferentes sobre aquel episodio.

El parte policial dice sobre la muerte de la agente Deysi Cabrera que ella vestía uniforme de fatiga (de combate), un gorro navarone, un cinturón policial, un reloj en la muñeca izquierda, pero no dice nada de un arma de fuego. No hay rastros de su arma en ninguna de las 77 marcas de evidencias recogidas por los investigadores. Si Deysi participó en el inicio de un “enfrentamiento”, ¿por qué su arma no aparece relacionada ni en su funda ni en una de sus manos ni contiguo a su cuerpo, que quedó tendido sobre la calle principal del caserío, a unos pasos de un callejón y frente al portón de la casa contigua al terreno de los Mejía? Murió por un disparo que le entró de frente “de derecha a izquierda” y la hizo caer de espaldas al terreno de los Mejía. Un disparo fulminante que le laceró el corazón. El parte policial describe dos manchas de sangre frente a la entrada de los Mejía, dos frente a la casa contigua, una debajo de su espalda, y una más frente a callejón por donde quedó su cadáver. Un testigo recuerda cuando Deysi entró a la calle principal, liderando la patrulla. Ella iba en dirección al callejón. Otro testigo asegura que en esos momentos, en la calle, solo había un grupo de jóvenes que departían cerca de la casa de los Mejía. Un tercer testigo corrobora la presencia de esos jóvenes, y recuerda que cuando escuchó la primera detonación de aquella noche, enfrente de la casa de los Mejía no había ningún enfrentamiento. Los jóvenes habían desaparecido, Óscar seguía adentro de su casa, Saidra en la cocina. Frente al falso de los Mejía no había ninguna mujer policía herida. La agente Deysi Cabrera no fue herida de muerte frente a la casa de los Mejía.

El testigo habla con la condición del anonimato: “Después del primer disparo dos policías llegaron al falso. Uno se quedó de pie y el otro se hincó, apuntando hacia adentro. Ellos dos iniciaron la balacera”, dice.

Las manchas de sangre frente a la entrada del terreno de los Mejía también se explican con esta versión. “A esos dos policías se les sumaron otros dos. Ellos detuvieron la balacera un momento, pero solo un momento. Cuando la reiniciaron, el finado Óscar se defendió, y de repente el Policía que estaba parado en el falso gritó: ¡Me dieron!”.

El testigo recuerda que a ese policía lo evacuaron en un pickup. Otro testigo de oídas también escuchó a un polícia que pedía auxilio, y a un vehículo que entró a la escena y salió de ella a toda marcha. Esa noche, la Policía dijo que había otro policía herido, al que evacuaron, pero a Deysi la dejaron tendida en la esquina de la casa contigua, frente a un callejón, allá hasta donde la ficción policial asegura que llegó un disparo de Óscar Mejía. Él estaba en el segundo cuarto y su disparo salió en línea recta atravesando el jardín, pasó por el falso; se detuvo un instante, flotó, cruzó la derecha sobre la calle principal; avanzó algunos metros y flotó de nuevo en línea recta, sobrepasando a Deysi; luego dio un pequeño giro en U, retornó y atravesó el pecho de Deysi. O ya creativos el disparo atravesó el muro de la casa contigua, la cochera, sin dejar rastro. Por donde se le mire, la ficción policial narra un disparo imposible.

Seis meses antes de morir, Deysi Cabrera había sido trasladada desde Suchitoto, donde vivía junto a su madre y sus tres hijos, hasta La Paz, a más de 80 kilómetros de distancia. Ella había reclamado derechos laborales. “Ella siempre iba de frente, y decía las cosas en la cara”, cuenta su hermana, Dina Cabrera, una excombatiente de las FPL en Cabañas. “Ella le envió mensajes de teléfono a Howard Cotto, porque se conocían, habían combatido juntos. Le envió correos, pidiéndole que le hicieran justicia, que la regresara a Suchitoto, pero él nunca le respondió”, dice Dina Cabrera. La familia de Deysi nunca estuvo satisfecha con las explicaciones de la Policía y ahora también pide justicia, y se une a los Mejía Hernández para que se esclarezcan todas las muertes.

Un mes antes de morir, Deysi se había incorporado al Movimiento de Trabajadores de la PNC, organización que reclama derechos laborales y que, en enero de 2016, realizó una marcha que terminó frente a Casa Presidencial, con más de 400 policías gritándole improperios al presidente Sánchez Cerén. Deysi era la encargada del sector femenino y reclutaba compañeras a la causa. Dos semanas antes de su muerte, Deysi había marchado junto con sus compañeros para exigir el pago de un bono que había prometido el gobierno. Los líderes de este movimiento eran y son perseguidos por las autoridades de la PNC. Contra cinco de ellos pesan suspensiones y sanciones administrativas.

Semanas antes de morir, Deysi había expresado a una confidente que se sentía atemorizada. “Vieras que aquí hay bastantes cabrones que son pirracheros (sic)”, dijo a su confidente, quien pide anonimato por temor a la Policía. Deysi había descubierto a unos compañeros que extorsionaban en la zona. La había invitado a que se echara “un pique” con ellos, a lo que Deysi se negó. “Prefiero almorzar una bolsa de agua a ser corrupta, a andar metida en cosas así”, les dijo. Los pirracheros se molestaron.

En 2014 y 2015, los años en los que estalló la violencia en el departamento de La Paz, un grupo de policías fueron denunciados en la cabecera del departamento, Zacatecoluca, porque falsificaban pruebas para extorsionar a civiles; otro grupo por matar a un grupo de jóvenes, supuestos pandilleros.

Un día antes de morir, el 29 de junio, un sargento de la delegación El Pedregal fue asesinado por disparos que le hicieron desde un vehículo en marcha. Un informe de novedades de la Policía dice que por esa razón para el 30 de junio se planeó un operativo de búsqueda que permitiera encontrar a los responsables del ametrallamiento en que murió el sargento. Por eso Deysi había ingresado a San Felipe. “En el mismo hecho en el que falleció la agente Cabrera también resultó fallecido el sujeto Óscar Mejía, de 48 años, miembro de la Mara Salvatrucha, y la señora Saidra Hernández, de 42 años. Según información, el sujeto Óscar Mejía fue quien disparó a la compañera, por lo que otros compañeros respondieron a la ataque”, dice el reporte de novedades.

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El día de su muerte, Deysi estaba de licencia, pero fue convocada de urgencia a su trabajo. Sobre lo ocurrido aquella noche, el parte policial desentona tres veces con el reporte de novedades. Según el parte policial, Saidra también era pandillera: “(…) personal de la subdelegación El Pedregal reportó un intercambio de disparos entre personal policial y pandilleros del sector, resultado fallecidos un elemento policial del sexo femenino y dos pandilleros de la Mara Salvatrucha”. Además, el parte policial sube de dos a cinco el número de pandilleros involucrados en el enfrentamiento: “(…) siendo así que a las 19 horas con 45 minutos ingresaron al caserío, observando un aproximado de cinco sujetos con apariencia de miembros de la mara, quienes al observar la presencia policial sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la integridad de los agentes”. Además, según el parte policial, los agentes ingresaron a San Felipe no para buscar a quienes habían ametrallado El Pedregal el día anterior: “(…) personal adscrito a la delegación de La Paz recibieron información que en el caserío había un grupo de miembros de la MS portando armas de fuego, razón por la cual se montó un dispositivo para verificar la información recibida, en el cual participaron un aproximado de 22 elementos policiales divididos en cuatro equipos”.

El parte policial nunca dice que Óscar haya matado a Deysi. Tampoco explica por qué el enfrentamiento ocurrió con los policías disparando hacia el interior del terreno de los Mejía, ni qué se hicieron los otros tres presuntos agresores ni explica por qué Óscar murió en un enfrentamiento a 300 metros de su casa y con 29 balazos en su cuerpo.

En la noche del crimen, Howard Cotto también explicó por qué Deysi había llegado a San Felipe. “Teníamos alguna información de que en este lugar se podían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos”, dijo. La única casa de dos plantas que hay cerca de la escena es aquella frente a la cual fue asesinada Deysi Cabrera. En esa vivienda solo viven dos ancianos.

Y entonces, ¿cómo murió Deysi? Un grupo de agentes de Zacatecoluca dijo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que a Deysi se le encomendó “cubrir al resto del equipo que había entrado por un pasaje cercano, el disparo que se escuchó se dirigió a la mujer agente, siendo herida mortalmente”.

Esta versión ubicaría al atacante de Deysi en el callejón, aquel donde no cabrían tres personas lado a lado. Si desde ahí disparó su atacante “pandillero”, este debió ser observado por el resto de policías porque el pasaje es cerrado, bloqueado por muros de concreto, malla metálica y cerco de púas. La PDDH ha concluido que la historia oficial es inverosímil. “La gravedad de los hechos advertidos en la presente investigación radican (…) en la falta de condiciones tanto materiales, humanas y de formación, que colocaron a la agente Cabrera en una condición de vulnerabilidad y riesgo, que finalizó en su fallecimiento; y también por las condiciones en que murieron los esposos Mejía, las que aducen a una clara ejecución extralegal”.

La Policía regresa a la escena del crimen

El 5 de enero de 2017, un año y medio después de que mataran a Óscar y Saidra, San Felipe de nuevo se infestó de policías encapuchados. Ellos pasaron en sus patrullas, o a pie, frente a la casa abandonada de los esposos Mejía Hernández; y frente al portón y el callejón en donde cayó asesinada la agente Deysi Cabrera.

La Policía regresó a San Felipe para enterrar al agente Mario Hernández, miembro del FIRT en el municipio de San Martín. Mario murió en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Le dispararon en el pecho. Un año y medio después de la muerte de los esposos Mejía, del asesinato de Deysi Cabrera, la guerra contra las pandillas –y contra todos lo que se pongan enfrente- aún no ha cesado.

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

Mario tenía 27 años, seis como policía, dos pequeñas niñas y era oriundo de San Felipe. Junto a unos 400 policías, a despedirlo llegaron también sus familiares, excepto dos: Saidra y Óscar. Su otro tío, el agente Antonio Hernández, también estaba ahí, y esta vez sí recibió algunas condolencias de algunos compañeros encapuchados.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el director de la Policía, Howard Cotto, asistieron a la misa de cuerpo presente, en la misma iglesia donde velaron a los esposos Mejía, la misma donde una vez por semana Saidra y Óscar convivían con un grupo de oración. Luego acompañaron el ataúd, en un recorrido de un par de kilómetros por un camino de tierra, hasta el cementerio de San Felipe, el mismo donde yacen sus cadáveres. Antes del entierro, Ramírez Landaverde y Cotto hablaron de Mario, de su ofrenda. Le hablaron a San Felipe: “Queremos agradecer a toda la comunidad, por haber demostrado que a pesar de las vicisitudes, hay familias que albergaran hombres y mujeres comprometidos con su país”, dijo el ministro.

Entre el público, Antonio Hernández lloró de nuevo. Por su sobrino y por el recuerdo de su hermana y su cuñado. En un momento del acto fúnebre estuvo lado a lado con sus jefes, pero no les dijo nada.

—¿Cómo hace para aguantarse la rabia?

—Uno no se siente bien, pero tengo claro que han venido solo a hacer el show, para que la gente vea. Yo ya no puedo confiar en ellos, y solo espero que se haga justicia.

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

***

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

‘They Are Slaughtering Us Like Animals’. THE NEW YORK TIMES desde Filipinas

Un reportaje extraordinario de THE NEW YORK TIMES sobre la campaña del presidente Duterte, de Filipinas, de erradicar a los narcotraficantes. Hay que verlo en la novedosa presentacion gráfica en el el sitio del NYT. Y luego hay que reflexionar hasta dónde queremos llegar en El Salvador…

Segunda Vuelta

screen-shot-2016-12-07-at-10-36-08-pm

, 7 diciembre 2016 / THE NEW YORK TIMES

Lea la nota en español

You hear a murder scene before you see it: The desperate cries of a new widow. The piercing sirens of approaching police cars. The thud, thud, thud of the rain drumming on the pavement of a Manila alleyway — and on the back of Romeo Torres Fontanilla.

NEW YORK TIMESTigas, as Mr. Fontanilla was known, was lying facedown in the street when I pulled up after 1 a.m. He was 37. Gunned down, witnesses said, by two unknown men on a motorbike. The downpour had washed his blood into the gutter.

The rain-soaked alley in the Pasay district of Manila was my 17th crime scene, on my 11th day in the Philippines capital. I had come to document the bloody and chaotic campaign against drugs that President Rodrigo Duterte began when he took office on June 30: since then, about 2,000 people had been slain at the hands of the police alone.

screen-shot-2016-12-07-at-10-34-47-pm

I witnessed bloody scenes just about everywhere imaginable — on the sidewalk, on train tracks, in front of a girls’ school, outside 7-Eleven stores and a McDonald’s restaurant, across bedroom mattresses and living-room sofas. I watched as a woman in red peeked at one of those grisly sites through fingers held over her eyes, at once trying to protect herself and permit herself one last glance at a man killed in the middle of a busy road.

Not far from where Tigas was killed, I found Michael Araja, shown in the first photo below, dead in front of a “sari sari,” what locals call the kiosks that sell basics in the slums. Neighbors told me that Mr. Araja, 29, had gone out to buy cigarettes and a drink for his wife, only to be shot dead by two men on a motorcycle, a tactic common enough to have earned its own nickname: riding in tandem.

In another neighborhood, Riverside, a bloodied Barbie doll lay next to the body of a 17-year-old girl who had been killed alongside her 21-year-old boyfriend.

“They are slaughtering us like animals,” said a bystander who was afraid to give his name.

screen-shot-2016-12-07-at-10-48-59-pm

screen-shot-2016-12-07-at-10-51-32-pm

screen-shot-2016-12-07-at-10-54-12-pm

‘A common tactic’. Frederick Mafe, 48, and Arjay Lumbago, 23, were riding together on a motorbike when they, too, were killed by a pair on another motorbike.

screen-shot-2016-12-07-at-11-00-32-pm

‘Back-alley killing’. Crime scene investigators hunched over the body of Romeo Torres Fontanilla, known as Tigas. His killers: two men on a motorbike

I have worked in 60 countries, covered wars in Iraq and Afghanistan, and spent much of 2014 living inside West Africa’s Ebola zone, a place gripped by fear and death. What I experienced in the Philippines felt like a new level of ruthlessness: police officers’ summarily shooting anyone suspected of dealing or even using drugs, vigilantes’ taking seriously Mr. Duterte’s call to “slaughter them all.”

He said in October, “You can expect 20,000 or 30,000 more.”

On Saturday, Mr. Duterte said that, in a telephone call the day before, President-elect Donald J. Trump had endorsed the brutal antidrug campaign and invited him to visit New York and Washington. “He said that, well, we are doing it as a sovereign nation, the right way,” Mr. Duterte said in a summary of the call released by his office.

Beyond those killed in official drug operations, the Philippine National Police have counted more than 3,500 unsolved homicides since July 1, turning much of the country into a macabre house of mourning.

screen-shot-2016-12-07-at-11-04-54-pm

‘A father’s funeral’. Jimji, 6, cried out in anguish, saying “Papa” as workers moved the body of her father, Jimboy Bolasa, 25, for burial.

Some bodies were found on the streets with their heads wrapped in packing tape. Others were left with crude cardboard signs labeling victims as dealers or addicts. That is what happened with the two men in the video below, which was captured by a security camera outside Santa Catalina College, a private religious school for girls.

screen-shot-2016-12-07-at-11-08-29-pm

More than 35,600 people have been arrested in antidrug operations the government calls Project Tokhang. The name is derived from a phrase meaning “knock and plead” in Cebuano, Mr. Duterte’s first language.

In affluent neighborhoods of gated communities and estates, there is, indeed, sometimes a polite knock on the door, an officer handing a pamphlet detailing the repercussions of drug use to the housekeeper who answers. In poorer districts, the police grab teenage boys and men off the street, run background checks, make arrests and sometimes shoot to kill.

Government forces have gone door to door to more than 3.57 million residences, according to the police. More than 727,600 drug users and 56,500 pushers have surrendered so far, the police say, overcrowding prisons. At the Quezon City Jail, shown in the middle photo below, inmates take turns sleeping in any available space, including a basketball court.

Inmates at a Manila police station watched as more drug suspects were processed after their arrests.

screen-shot-2016-12-07-at-11-13-21-pm

‘Overcrowding’.

'Hiding their shame'.

‘Hiding their shame’. Four men arrested for possession of drugs covered their faces from my camera.

My nights in Manila would begin at 9 p.m. at the police district press office, where I joined a group of local reporters waiting for word of the latest killings. We would set off in convoys, like a train on rails, hazard lights flashing as we sped through red traffic lights.

I kept daily diaries and audio recordings of these overnight operations, working with Rica Concepcion, a Filipino reporter with 30 years of experience.

We joined the police on numerous stings. We also went on our own to the places where people were killed or bodies were found. The relatives and neighbors we met in those places often told a very different story from what was recorded in official police accounts.

“Nanlaban” is what the police call a case when a suspect resists arrest and ends up dead. It means “he fought it out.” That is what they said about Florjohn Cruz, 34, whose body was being carted away by a funeral home when I arrived at his home in the poor Caloocan neighborhood just before 11 p.m. one night.

His niece said they found a cardboard sign saying “Pusher at Adik Wag Tularan” — “Don’t be a pusher and an addict like him” — as they were cleaning Mr. Cruz’s blood from the floor near the family’s altar, shown in the middle photo below.

'Late-night execution'. Funeral parlor workers carried away Edwin Mendoza Alon-Alon, 36, who was shot in the head outside a 7-Eleven store.

‘Late-night execution’.
Funeral parlor workers carried away Edwin Mendoza Alon-Alon, 36, who was shot in the head outside a 7-Eleven store.

'Killed at home'. The blood of Florjohn Cruz, 34, stained the floor in his family’s living room, next to an altar displaying images and statues of the Virgin Mary, among other items.

‘Killed at home’.
The blood of Florjohn Cruz, 34, stained the floor in his family’s living room, next to an altar displaying images and statues of the Virgin Mary, among other items.

screen-shot-2016-12-07-at-11-23-11-pm

‘Discarded’. Erika Angel Fernandez, 17, was one of three women among the 57 victims I photographed. She was killed alongside her boyfriend, Jericho Camitan, 23.

The police report said, “Suspect Cruz ran inside the house then pulled a firearm and successively shot the lawmen, prompting the same to return fire in order to prevent and repel Cruz’s unlawful aggression.”

His wife, Rita, told me, between pained cries, that Mr. Cruz had been fixing a transistor radio for his 71-year-old mother in the living room when armed men barged in and shot him dead.

The family said Mr. Cruz was not a drug dealer, only a user of shabu, as Filipinos call methamphetamine. He had surrendered months earlier, responding to Mr. Duterte’s call, for what was supposed to be a drug-treatment program. The police came for him anyway.

As my time in the Philippines wore on, the killings seemed to become more brazen. Police officers appeared to do little to hide their involvement in what were essentially extrajudicial executions. Nanlaban had become a dark joke.

“There is a new way of dying in the Philippines,” said Redentor C. Ulsano, the police superintendent in the Tondo district. He smiled and held his wrists together in front of him, pretending to be handcuffed.

‘Buy-bust operation’. Officers at the scene of Ronald Kalau’s death. The police report said Mr. Kalau drew a .38-caliber handgun when officers tried to arrest him as he bought methamphetamine. Neighbors said the police gunned him down in a house that was being used as a drug den.

‘Buy-bust operation’.
Officers at the scene of Ronald Kalau’s death. The police report said Mr. Kalau drew a .38-caliber handgun when officers tried to arrest him as he bought methamphetamine. Neighbors said the police gunned him down in a house that was being used as a drug den.

'Busy nights'. The Tondo neighborhood of Manila.

‘Busy nights’.
The Tondo neighborhood of Manila.

‘Nanlaban’. Roel Scott, 13, inspects the bloodied spot where his uncle, Joselito Jumaquio, 52, was killed by the police. Witnesses said they heard a woman shout “Nanlaban,” which means “fighting it out,” before they heard the gunshots.

‘Nanlaban’.
Roel Scott, 13, inspects the bloodied spot where his uncle, Joselito Jumaquio, 52, was killed by the police. Witnesses said they heard a woman shout “Nanlaban,” which means “fighting it out,” before they heard the gunshots.

Mr. Cruz’s 16-year-old nephew, Eliam, and 18-year-old niece, Princess, said they had watched from a second-story porch as the plainclothes officers who had killed their uncle emerged from the house. Eliam and Princess said they heard the beep of a text message and watched as one of the men read it from his phone.

“Ginebra’s won,” he announced to the others, referring to Barangay Ginebra San Miguel, the nation’s most popular basketball team, which had been battling for the championship across town. The teenagers said the men celebrated the team’s victory as their uncle was carried out in a body bag.

Roel Scott, 13, is one of the boys in the photo above, at the spot where his uncle, Joselito Jumaquio, was slain by a mob of masked men. Mourners often place candles in the blood of the victim to honor them.

Roel said he was playing video games with Mr. Jumaquio, a pedicab driver who had also surrendered himself to the authorities, when 15 of the masked men descended quickly and silently over the shantytown called Pandacan.

Witnesses told us the men dragged Mr. Jumaquio down an alley and shouted at gathering neighbors to go back into their homes and turn the lights off. They heard a woman shout, “Nanlaban!” He’s fighting it out.

Two shots rang out. Then four more.

When it was quiet, the neighbors found the pedicab driver’s bloodied body — a gun and a plastic bag of shabu next to his handcuffed hands. The police report called it a “buy-bust operation.”

I also photographed wakes and funerals, a growing part of daily life under Mr. Duterte. Relatives and priests rarely mentioned the brutal causes of death.

'A painful farewell'. Family and friends attending the funeral of Mr. Jumaquio, who witnesses said was killed by a gang of masked men.

‘A painful farewell’.
Family and friends attending the funeral of Mr. Jumaquio, who witnesses said was killed by a gang of masked men.

'Stacked like firewood'. Bodies were stacked up at a funeral parlor as the families of victims like Danilo Deparine, whose body lay on a metal stretcher on the floor, struggle to pay for burial.

‘Stacked like firewood’.
Bodies were stacked up at a funeral parlor as the families of victims like Danilo Deparine, whose body lay on a metal stretcher on the floor, struggle to pay for burial.

'From joy to sadness'. Benjamin Visda, 43, had left a family birthday celebration to get something from a convenience store when he was snatched off the street and killed, according to relatives.

‘From joy to sadness’.
Benjamin Visda, 43, had left a family birthday celebration to get something from a convenience store when he was snatched off the street and killed, according to relatives.

Maria Mesa Deparine lost two sons in a single week in September. Both had turned themselves in to the police. Both were found dead under bridges.

Ms. Deparine said it took her three weeks to collect loans and donations totaling 50,000 pesos, about $1,030, to pay for the burial of her baby, Aljon, who was 23. We went with her to the funeral home where she pleaded with the owners to reduce the fees for his brother, Danilo, 36.

Danilo’s body, on the floor in the middle photo above, had already spent two weeks in the morgue, where the dead are stacked like firewood, with nothing separating them. The funeral directors agreed to a cut rate of 12,000 pesos, about $240, for a one-day wake instead of the usual week.

Ms. Deparine left, unsure whether she could come up with the sum, or whether Danilo would end up in a mass grave with other victims of the president’s drug war.

The killing disrupts every aspect of life. Family members told me that Benjamin Visda, in the coffin in the above photo, had stepped out of a family birthday party to grab something at a sari sari and was eating cake when eight men grabbed him. Within 20 minutes, his body had been dumped outside a police station.

The police called this, too, a buy-bust operation, and said that Mr. Visda, while handcuffed, tried to grab an officer’s gun — Nanlaban — so they shot him. The video below, also taken from a security camera, shows him being loaded alive onto a motorcycle, sandwiched between two masked men.

screen-shot-2016-12-07-at-11-39-46-pm

The same night Florjohn Cruz was killed, we found ourselves a few streets away an hour and a half later, at another home where a man had been murdered. It was raining that night, too.

We heard the wrenching screams of Nellie Diaz, the new widow, before we saw her — shown in the middle photo below — crumpled over the body of her husband, Crisostomo, who was 51.

'A threatening message'. This unidentified body, like many others, was found with his head wrapped in packing tape, his hands tied behind his back and a cardboard sign that read, “A pusher who won’t stop will have his life ended.”

‘A threatening message’.
This unidentified body, like many others, was found with his head wrapped in packing tape, his hands tied behind his back and a cardboard sign that read, “A pusher who won’t stop will have his life ended.”

'A widow’s grief'. Nellie Diaz hunched over the body of her husband, Crisostomo, a drug user who had surrendered but still ended up dead.

‘A widow’s grief’.
Nellie Diaz hunched over the body of her husband, Crisostomo, a drug user who had surrendered but still ended up dead.

'Visiting the dead'. On Nov. 1, All Saints’ Day, the Barangka cemetery in Manila was busy as relatives visited graves.

‘Visiting the dead’.
On Nov. 1, All Saints’ Day, the Barangka cemetery in Manila was busy as relatives visited graves.

Mr. Diaz grew up in the neighborhood, and worked intermittently, doing odd jobs. His wife said he was a user, not a dealer, and had turned himself in soon after Mr. Duterte’s election. She still thought it unsafe for him to sleep at home, and told him to stay with relatives. But he missed his nine children, and had returned days before.

Mr. Diaz’s eldest son, J.R., 19, said a man in a motorcycle helmet kicked in the front door, followed by two others. The man in the helmet pointed a gun at Mr. Diaz, J.R. said; the second man pointed a gun at his 15-year-old brother, Jhon Rex. The third man held a piece of paper.

J.R. said the man in the helmet said, “Goodbye, my friend,” before shooting his father in the chest. His body sank, but the man shot him twice more, in the head and cheeks. The children said the three men were laughing as they left.

'Too many tears'. Relatives overcome with grief at the site where the bodies of Frederick Mafe and Arjay Lumbago lay sprawled in the middle of a street.

‘Too many tears’.
Relatives overcome with grief at the site where the bodies of Frederick Mafe and Arjay Lumbago lay sprawled in the middle of a street.

Casi que Guardia Nacional Civil. De Roberto Valencia/El Faro

La Fuerza Armada y sobre todo la PNC están matando a presuntos pandilleros: unos 35 cada mes desde que el gobierno desató la ‘guerra’ contra las maras, en enero de 2015. El Gabinete de Seguridad justifica la matanza como enfrentamientos conforme a ley, pero el análisis pormenorizado de las cifras y su comparación con las de otros países con problemas de abusos policiales como México o Estados Unidos “apuntan a la presencia de ejecuciones sumarias”, asegura un experto.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un "enfrentamiento". Foto Víctor Peña.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un “enfrentamiento”. Foto Víctor Peña.

roberto-valenciaRoberto Valencia, 3 octubre 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mataron a 693 presuntos pandilleros en 20 meses. Más allá de la cifra, surrealista en un país de 6.5 millones de habitantes, la relación con otros parámetros –como las bajas propias o el número de heridos que dejan los supuestos enfrentamientos– refuerza la tesis de que las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo un uso desproporcionado de sus fusiles de asalto y que cometen ejecuciones extrajudiciales.

el faroLos abusos policiales son objeto de estudio en distintas sociedades, y la comunidad internacional ha consensuado indicadores de alerta. El Salvador los está sobrepasando todos. Un par de ejemplos: en los enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, tres presuntos mareros fallecieron por cada uno herido; asimismo, la relación en esos intercambios de disparos es de una víctima mortal policial por cada 53 provocadas.

“La incidencia de muertes de civiles a manos de agentes del Estado es muy elevada en El Salvador, incluso en comparación con países con problemas parecidos, como Brasil”, dice el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y reconocido experto en la materia por sus trabajos sobre la violencia policial en las favelas. “Los datos de El Salvador apuntan a un uso abusivo de la fuerza letal y a la presencia de ejecuciones sumarias”, sentencia Cano.

El Faro solicitó a la PNC, vía Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de todos los hechos que la institución policial clasificó como “enfrentamientos”, desde enero de 2015 –cuando el gobierno declaró la ‘guerra’ a las pandillas– y el 31 de agosto de 2016. Además de la ubicación temporal y geográfica, se pidió el detalle de los fallecidos y heridos en cada uno de los bandos, así como otras variables como el sexo y la edad de las víctimas.

Confrontadas con estudios similares en Brasil, México y Estados Unidos, la Policía Nacional Civil sale muy mal librada, con patrones de conducta similares a los atribuidos a los cuerpos policiales que operaban antes de los Acuerdos de Paz –como la extinta y temida Guardia Nacional, por ejemplo–, en las antípodas del comportamiento que se presupone a una policía de un estado democrático. “Y el abuso de la fuerza de los agentes del Estado se agravó en 2016”, dice Cano, el experto al que El Faro facilitó los datos para que los analizara e interpretara.

Bajo condición de anonimato, se habló con un oficial de la PNC que tiene a su cargo una subdelegación policial. “Nunca he recibido una orden de un superior para matar o para encubrir”, dice, pero “es evidente que entre los policías ha aumentado el odio hacia los pandilleros, el deseo de venganza, y sí escucho conversaciones de agentes que dicen: a estos hijos de puta hay que matarlos a todos”. Este oficial cree que las unidades especializadas, como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y las recién creadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), son las más propensas a cometer ejecuciones sumarias.

Las cifras oficiales, los informes y los testimonios avalan los temores sobre el actuar de la PNC y de la Fuerza Armada expresados ya por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas oenegés, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

No obstante, el gobierno respalda sin fisuras la labor de las fuerzas de seguridad y niega que estén violando los derechos humanos. “Los enfrentamientos ocurren cuando los delincuentes responden con disparos ante el intento de la Policía de detenerlos… y entonces mueren”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, el pasado 16 de septiembre en el programa de entrevistas Hechos AM, de Canal 12.

Comparaciones odiosas

El 26 de agosto, el periódico Chicago Tribune publicó una investigación similar referida al Chicago Police Department (CPD) y basada también en solicitudes de acceso a la información.

En los seis años (72 meses) transcurridos entre enero de 2010 y diciembre de 2015, el CPD registró 435 enfrentamientos armados con presuntos delincuentes, con saldo de 92 muertos y 170 heridos, un índice de letalidad de 0.54. Chicago tiene 2.7 millones de habitantes y el CPD lo integran unos 12,000 policías.

En El Salvador, en apenas 20 meses transcurridos entre enero de 2015 y agosto de 2016, la PNC registra 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos, un índice de letalidad de 2.72. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y la PNC la integran unos 23,000 policías.

El índice de letalidad es un indicador consensuado internacionalmente para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Establece la relación entre adversarios muertos y heridos en los enfrentamientos contra policías y/o soldados. “En cualquier enfrentamiento armado legítimo, sea policial o militar, es esperable encontrar un mayor número de heridos que de muertos, con lo que el coeficiente debería ser siempre inferior a 1”, dice Ignacio Cano.

“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos, y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno”, apunta en la misma línea un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad en la ‘guerra’ contra el narco librada en aquel país.

“La guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto durante los años de 1964 a 1973 [índice de letalidad: 0.25], y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo un índice de 4.5 heridos por cada muerto en 1982 [índice de letalidad: 0.22]”, ejemplifica el estudio de la UNAM.

En El Salvador, el índice de letalidad de sus fuerzas de seguridad en 2015 fue de 2.3, mientras que en los ocho primeros meses de 2016 saltó a 3.1. Estos números podrían ser más altos, ya que se han calculado sobre una categoría que la PNC etiquetó como ‘Pandilleros lesionados’, que no especifica si la lesión se produjo en el intercambio de disparos o después, en el traslado o en algún interrogatorio.

“Cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar”, dijo el director Cotto en la entrevista. “El policía en la actualidad anda en un estado de psicosis, y a veces es natural lo que dicen: mejor disparar primero”, dice el oficial que aceptó conversar con El Faro desde el anonimato.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador es muy precisa cuando determina cómo deben actuar los agentes en una situación de riesgo en la que se vean obligados a utilizar sus armas. El artículo 15 establece que “los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Los policías están obligados por ley a “reducir al mínimo los daños y lesiones, y a respetar y proteger la vida humana”, así como a “proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” en un intercambio de disparos.

¿Dónde hay más enfrentamientos?

En 20 meses son 1,074 los episodios catalogados por la PNC como ‘Enfrentamientos de policías o soldados con pandilleros’, lo que supone un promedio de 54 cada mes. Como referencia, el Departamento de Policía de Chicago promedia seis balaceras mensuales entre sus oficiales y presuntos delincuentes.

Cuando se comparan 2015 y 2016, la PNC está siendo mucho más letal con el paso de los meses. En ocho meses de 2016 acumula 373 presuntos pandilleros fallecidos, por los 320 registrados en todo 2015. En 2013 y 2014 hubo 39 y 49; la ‘guerra’ ha multiplicado por diez los presuntos mareros caídos. En cuanto a las bajas en las fuerzas de seguridad, en los enfrentamientos murieron 13 policías y 4 soldados en 2015, 4 y 3 respectivamente hasta el 31 de agosto de 2016.

Otros datos significativos son, por un lado, de género: el 99 % de los presuntos pandilleros son de sexo masculino; por otro lado, de edad: aunque la PNC asegura no haber podido establecer la edad de 330 de loa 693 víctimas mortales, entre los identificados hay 63 menores de edad, de donde se puede inferir que cerca de un centenar de los fallecidos son adolescentes menores de 18 años, “niños” según los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos, los departamentos más afectados –una vez ponderadas las cifras– son La Paz, Cuscatlán y Usulután. En el extremo opuesto, Ahuachapán, Morazán y Chalatenango –en ese orden– son los territorios en los que menos choques armados ha habido entre policías y pandilleros. A escala municipal, lo más reseñable es que pueblos y villas con vocación rural son el escenario predilecto.

Pero de todos los datos, el más preocupante a juicio del experto Ignacio Cano, es la relación entre bajas que tienen los policías-soldados y bajas de los pandilleros. En 2015 fue de 1 a 19.

En México, ni siquiera en los años más duros de la ‘guerra’ contra el narco se tuvieron indicadores tan disparados. La Policía Federal de México cosechó una relación de bajas 1 a 10 en 2012. Y el Ejército, actor clave en ese conflicto, tuvo entre 2011 y 2013 cifras arriba de 1 baja propia por cada 20 provocadas, con un pico de 32 en 2011.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destituyó a finales del agosto al máximo responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, después de que la institución fuera señalada de ejecuciones extrajudiciales.

En 2016, la Policía Nacional Civil salvadoreña tiene una relación entre bajas propias y provocadas de 1 a 53.

“De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más allá de lo necesario”, reza el informe de la UNAM, elaborado por un investigador estadounidense evocado también por Ignacio Cano para concluir que hay “abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de la ley en El Salvador”.

Paradójicamente, en el discurso con el que la PNC justifica la matanza de la ‘guerra’ contra las pandillas, se remarca que los presuntos pandilleros están fuertemente armados cuando son abatidos. “Solo en los procedimientos en los ha habido enfrentamientos, son 443 armas incautadas a los pandilleros este año; entre ellas, 18 fusiles AK-47 y 16 fusiles M-16”, dijo el director Cotto.

Presuntos pandilleros

Que en este reportaje las referencias a los muertos provocados por policías y militares sean llamados “presuntos pandilleros” no es una simple formalidad. En julio de 2015 y en febrero de 2016 El Faro reveló cómo agentes de la Policía asesinaron a dos jóvenes que luego la institución presentó como “pandilleros” aunque no formaban parte de estas estructuras.

El joven Dennis Alexander Martínez, por ejemplo, fue ultimado de un balazo en la cabeza por agentes de GRP mientras suplicaba arrodillado por su vida; ocurrió en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015, pero en las estadísticas policiales Dennis aparece como pandillero.

Lo mismo ocurrió con el joven trabajador Armando Díaz, ejecutado el 8 de febrero de 2016 –también por el GRP– en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, cuando tres menores de edad pandilleros que huían de un operativo policial se colaron por el techo de su vivienda; Armando es uno de los 693 pandilleros matados en defensa propia en los reportes oficiales.

Pese a que estos casos son públicos, así como otros revelados por otros medios de comunicación o incluso en informes oficiales de la PDDH, los eventos que la PNC etiqueta como “enfrentamientos” rara vez despiertan el interés de la Fiscalía General de la República, con excepción de los poquísimos enfrentamientos en los que sí hay víctimas entre policías o soldados.

Desde la Fiscalía, se rechaza la idea de que la institución sea benevolente con los abusos policiales. Su director de comunicaciones, Salvador Martínez, asegura que la muerte de un pandillero se procesa “como la de un médico o la de un campesino”. Ante la solicitud de conocer al detalle cuántos policías o soldados han sido procesados por participar en enfrentamientos, la respuesta de Martínez fue: “No es que nosotros no queramos dar la información, sino que tendríamos que analizar los seiscientos y pico de casos, uno por uno, para saber quiénes están siendo procesados”.

Pese al discurso de Martínez, un documento interno de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro evidencia que solo una de las 693 muertes de presuntos pandilleros causadas por las fuerzas de seguridad en 20 meses ha superado la barrera de la audiencia inicial en los tribunales: el joven Dennis Martínez, uno de los ocho fallecidos en la emblemática matanza de la finca San Blas.

En las restantes muertes, el 99.86 %, la Fiscalía hasta la fecha ha dado por válidas las versiones policiales.

PNC y derechos humanos

La PNC es la institución estatal que más denuncias acumula en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según una encuesta publicada a finales de agosto por LPG Datos, la unidad de investigación social del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el porcentaje de personas que dijeron haber sufrido maltrato policial saltó del 11 % en 2015 al 16 % en 2016.

No obstante, en El Salvador parece haber una mayoría social y política que tolera e incluso que aplaude los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en la ‘guerra’ contra las maras. La misma encuesta revela que los salvadoreños que tienen una opinión buena o muy buena de la PNC pasaron del 52 % al 54 %.

“Algunos policías se han dejado llevar por lo que pide la población”, dice el oficial de la PNC que aceptó hablar bajo condición de anonimato: “En las redes sociales, de cada 60 comentarios, 59 piden la muerte de todos los pandilleros”.

El sábado 12 de septiembre, desde la cuenta oficial de Twitter de la PNC se compartió una imagen de dos policías –un hombre con traje de protección como el que usa la Unidad de Mantenimiento del Orden y una mujer vestida con la camisa blanca oficial–, bajo el eslogan ‘Nuevo tiempos, héroes de El Salvador’. El fotomontaje se acompañó con este mensaje: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Al día siguiente, y después de que en las redes sociales se alzaron algunas voces críticas, el tuit fue eliminado y se difundió la misma imagen con un texto más correcto políticamente: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Cuando se analizan al detalle las cifras de muerte que está dejando la ‘guerra’ y se comparan con situaciones similares en países como Brasil y México, la idea expresada en el tuit neutralizado de que “todo está permitido” en el actuar de la PNC parece algo mucho más que un desliz del community manager de la cuenta oficial de Twitter.

Rescate del cuerpo de un agente de la Policía Nacional Civil, que el pasado 9 de febrero perdió la vida en un enfrentamiento a tiros en este cerro del municipio de San Vicente, que se levanta ante el valle de Jiboa, un icono de los paisajes de El Salvador. Al fondo, el volcán Chichontepec./ Foto El Faro: Víctor Peña

Rescate del cuerpo de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil fallecido en un enfrentamiento con pandilleros, ocurrido el 9 de febrero de 2016. Al fondo, el volcán Chichontepec. Foto Víctor Peña.

PDDH concluye que Policía y militares cometieron ejecuciones extralegales. El Faro

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Entrada principal de la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva, lugar en el que la madrugada del 26 de marzo de 2015 el Grupo de Reacción Policial mató a ocho personas, entre los que había dos civiles. Foto archivo El Faro.

Casi nueve meses después de que se abrió el expediente de la primera de las dos matanzas investigadas, la máxima instancia que vela por los derechos humanos en el país, la PDDH, concluyó que policías y soldados no solo masacraron a personas rendidas y el farodesarmadas, sino que trataron de encubrirlo. Según el procurador David Morales, ni la PNC ni Fiscalía ni Fuerza Armada dieron la información necesaria para aclarar dos masacres perpetradas en 2015 por fuerzas de seguridad, una en la finca San Blas (San José Villanueva) y la otra en el cantón Pajales (Panchimalco), que dejaron 13 personas muertas. La institución tiene otros 28 casos en estudio y admite que podrían ser aún más.

Óscar Martínez y Roberto Valencia, 25 abril 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses de investigación por David Morales, el procurador general.

La investigación de la PDDH se basó en el análisis de autopsias, entrevistas a forenses, entrevistas a sobrevivientes de ambas masacres, visita a los lugares y, en el caso de San Blas, en el análisis del dictamen de la Unidad de Control de la PNC. La Fuerza Armada, dijo Morales, no entregó ni un documento. La Policía y la Fiscalía colaboraron lo mínimo. Más bien, en palabras de Morales, todas las instituciones involucradas “dificultaron la investigación”. El informe de la PDDH no solo habla de las ejecuciones, sino de la alteración de las escenas del crimen. En ambos casos, concluye la institución estatal, la escena fue contaminda. En la masacre de la finca San Blas, agrega, cuatro cadáveres fueron cambiados de lugar antes de que llegara el Instituto de Medicina Legal.

Ambas investigaciones fueron abiertas por la PDDH tras la publicación de materiales periodísticos. El Faro publicó en julio de 2015 la crónica ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, mientras que La Prensa Gráfica publicó en octubre del mismo año el reportaje ‘Cinco muertes sin explicación’.

Negligencia en las investigaciones y negación de información

Antes de desmenuzar las investigaciones, Morales pidió un momento para rechazar las “informaciones falsas” que acusan a la PDDH de brindar “protección a delincuentes”. “Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos… El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, sentenció. Remató trayendo a cuento una década oscura para el país: “Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”.

Según la PNC, desde finales del año pasado se registran entre dos y tres “enfrentamientos” al día con pandilleros. Esa es la categoría bajo la que Policía y Fuerza Armada presentaron los hechos de los que se habla en el reporte de la PDDH. En la gran mayoría de enfrentamientos no hay bajas ni heridos de parte de las autoridades, pero sí muertos del lado de los supuestos delincuentes.

La introducción del procurador fue una reprimenda para las autoridades de seguridad de El Salvador: “Es motivo de preocupación para esta Procuraduría que se estén presentando desde el año pasado hasta lo que va de 2016 casos de supuestos enfrentamientos armados entre autoridades de seguridad con grupos delictivos, y en los cuales diferentes medios de comunicación están recogiendo elementos de información en el sentido de que pudieron haberse producido ejecuciones extralegales. Evidencia de que no necesariamente hubo un enfrentamiento; o, si se dio, el grupo de personas intervenidas fueron neutralizadas y pudieron ser objeto de privación arbitraria de la vida con posterioridad. Alrededor de 30 expedientes de trabajo han sido abiertos en mi gestión por casos que suponen este tipo de sospechas. Esos 30 casos suponen un aproximado de un centenar de personas fallecidas”, dijo Morales, antes de iniciar con los reclamos concretos a las autoridades por omisiones realizadas en los casos San Blas y Pajales.

Morales lamentó “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. Dijo que en ambos casos “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”.

Tras cuestionar los métodos de contraloría interna en la PNC, Morales enfiló contra el exfiscal Luis Martínez; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y contra la dirección de la PNC: “Tuvimos una total negativa de colaboración para acceder a la información fiscal por el anterior fiscal general, Luis Martínez. Parece estar cambiando a raíz de una mayor apertura del actual fiscal… Falta total de cooperación por parte del actual ministro de Defensa en el caso Pajales. Se negó a entregarnos la información requerida… Recibimos poca colaboración de los últimos dos directores de la Policía: comisionado Ramírez Landaverde y comisionado Howard Cotto. Tampoco remitieron la información requerida”.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

David Morales, procurador para la Defensa de lso Derechos Humanos (PDDH). Foto cortesía PDDH.

 

Según Morales, las excusas para no entregar información, al menos entre la Policía y la Fiscalía, venían encadenadas: la Policía aseguraba que ya la había remitido a la Fiscalía y que no se había quedado con ninguna copia; la Fiscalía aseguraba que ya la había recibido, pero que era información bajo reserva. El procurador invitó al actual fiscal, Douglas Meléndez, a ordenar una investigación para determinar si hubo encubrimiento de parte de altos funcionarios.

Cadáveres arrastrados y armas cargadas

La PDDH presentó un resumen de los hallazgos. En el caso de la masacre en la finca San Blas, aparte de la negligencia en el procesamiento de la escena, agrega dos inconsistencias determinadas durante la investigación. La primera se trata de una “inconsistencia con el estudio fotográfico de la escena y manipulación de las armas encontradas”. Ya en la publicación del reportaje se señalaba que en el caso de Sonia Guerrero, de 16 años y novia de uno de los pandilleros, la pistola Glock encasquillada junto a su cadáver y los dos cargadores aparecían en dos posiciones distintas. Eso era evidente en fotografías que circularon en las redes sociales, tomadas antes de que forenses del Instituto de Medicina Legal llegaran a la escena.

Sonia murió de un solo tiro en la boca. Consuelo Hernández, madre de uno de los muertos, escuchó todo a pocos metros de distancia, sometida por los policías en la parte baja de la finca. Según Consuelo, Sonia suplicó por su vida. Los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), con insultos, le ordenaron que se hincara. Ella lloraba y les pedía tiempo para explicarse. Sonia era novia de Taz, un pandillero de 34 años que murió en la misma matanza.

La segunda inconsistencia resaltada por la PDDH es la contradicción entre las declaraciones de agentes y la familiar de una de las víctimas. Consuelo era la madre de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años. Él no era pandillero, era el escribiente de la finca que poco a poco se tomaron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Este lunes, Morales lo reconoció: “Hemos confirmado que Dennis Alexander Martínez no habría sido miembro activo de pandillas, sino el joven escribiente de la finca”. Sobre el testimonio de Consuelo, el procurador dijo que es “consistente y creíble”. Consuelo Hernández de Ramírez, pobre y campesina, escuchó a su hijo suplicar también por su vida la madrugada del 26 de marzo. Luego escuchó el disparo que, de arriba hacia abajo, atravesó la cabeza de Dennis.

En la escena registrada por la Policía, a Dennis le habían colocado a su alrededor dos corvos y un cuchillo.

El hermano de Consuelo, Jesús Hernández, que habló por teléfono con Dennis hasta que el muchacho salió del cuarto y fue asesinado, desapareció 19 días después de la masacre, mientras iba hacia la finca. Apareció un día después con el cráneo destrozado y un lazo alrededor del cuello, muy cerca de la finca San Blas. Murió asfixiado y macheteado, según la autopsia. Él, a gritos, acusó a los policías de asesinos mientras procesaban la escena. Miembros de la familia, tras el asesinato de Dennis, recibieron llamadas del teléfono celular que Dennis tenía, el mismo que ocupó para hablar con Jesús antes de ser sometido por los policías. Los familiares no contestaron, pero interpretan las llamadas como una amenaza.

Consuelo, la madre de Dennis y única testigo que declaró ante la PDDH, fue amenazada de muerte vía telefónica en noviembre de 2015. Ese mes huyó del cantón El Matazano II, donde está la finca San Blas.

El informe de la PDDH agrega una lista de razones más por las que condena la actuación policial de aquella madrugada. Dan crédito a que la escena fue “contaminada deliberadamente”; que “cuatro cuerpos fueron movidos de su posición original”; que el examen serológico no registra muestras de sangre en las armas, algo muy raro teniendo en cuenta que se presentó el hecho como un enfrentamiento y que quienes supuestamente portaban esas armas murieron baleados; que los cuerpos no estaban en “posición de atrincheramiento”, sino expuestos, como si no se hubieran cubierto o no hubieran estado en ningún enfrentamiento; que cargadores de las armas que presuntamente tenían los masacrados estaban “llenos de munición, pese al supuesto enfrentamiento de 45 minutos”; que hay una persona con “edema cerebral y múltiples lesiones… lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido”.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Imagen tomada un día después de la masacre de la finca San Blas. La sangre pertenece a Ernesto Hernández Aguirre (a) Bote, de 17 años de edad, uno de las ocho personas fallecidas en la matanza. Foto archivo El Faro.

Sobre esta masacre, el expediente SS-0309-2015 de la PDDH concluye que hay elementos suficientes para establecer “la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, por responsabilidad de efectivos policiales que formaron parte del operativo”.

Acerca de los otros seis muertos en la finca San Blas, el informe dice que “existen elementos suficientes de investigación para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal”.

Disparos a quemarropa

La versión oficial en el caso del cantón Pajales se dio por medio de comunicados de prensa de la Policía y la Fuerza Armada. La versión consigna que la noche del 15 de agosto de 2015, militares y policías habían detectado movimiento de pandilleros en la zona del caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco. Llegaron al lugar y fueron recibidos a balazos por miembros del Barrio 18-Revolucionarios. Los pandilleros, consignó la versión oficial, los atacaron desde el interior de una vivienda de adobe. Ellos respondieron y los mataron a todos, menos a uno, a quien detuvieron.

Testimonios recavados por periodistas de La Prensa Gráfica revelaron que las ejecuciones ocurrieron fuera de la vivienda, que los cuerpos fueron arrastrados luego a su interior y que en la casa estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes, una niña de dos años y un niño de cuatro.

Los pandilleros no vivían ahí, sino que habían llegado huyendo de los militares y policías. Llegaron armados pero, según la versión de los testigos, dejaron las armas cuando se vieron acorralados en la casa. Se entregaron y fueron fusilados ahí mismo.

En el caso SS-0369-2015 presentado por la PDDH se le da crédito absoluto a la versión publicada por La Prensa Gráfica. El informe detalla que, aparte de todas las evidencias que también presenta el caso de la masacre de la finca San Blas, en esta ocasión hay dos elementos contundentes más que personal de la Procuraduría corroboró en su propia investigación: “Un cuerpo revela tatuaje de pólvora y otro ahumamiento”. Eso significa que a uno le dispararon desde una distancia menor a 60 centímetros, y a otro a una distancia inferior a los 30 centímetros. Tres de los cuerpos muestran edema cerebral, además de otros disparos que debieron provocarles la muerte. Todo apunta a que fueron rematados cuando ya estaban heridos.

En este caso, la PDDH concluye que para los cinco muertos “hay elementos suficientes de investigción para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal… Por responsabilidad de efectivos  policiales y militares que formaron parte del operativo conjunto”.

La PDDH, al final del documento, hace sus recomendaciones y conclusiones finales. Por ambos casos declara el incumplimiento de la ley de la PDDH por parte del exfiscal Luis Martínez; del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad); del actual director, Howard Cotto; y del ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Exige a la Fiscalía investigar las amenazas contra Consuelo Hernández y los familiares de Camila, una testigo que desapareció tras la masacre de Pajales. Pide investigar la muerte de Jesús, el hermano de Consuelo, así como brindar protección a ella y su familia. Pide a la PNC y a la Fiscalía que se realicen investigaciones “objetivas y efectivas” en ambos casos. Pide lo mismo a la Inspectoría de la Policía.

Oenegés cuestionan al gobierno; también Estados Unidos

Los señalamientos de la PDDH a la administración de Salvador Sánchez Cerén y a la Fiscalía en materia de derechos humanos son el más reciente episodio de la preocupación que en distintos sectores han despertado el guerrerismo del gobierno, desatado en enero de 2015 y que con el paso de los meses no ha hecho sino aumentar en intensidad y en número de víctimas.

El pasado lunes 4 de abril, el Estado salvadoreño –representado por su canciller, Hugo Martínez– tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron al gobierno de desatender los derechos humanos en su estrategia de seguridad ciudadana.

“Las masacres sobre las que se ha pronunciado la PDDH no son dos casos aislados”, dijo Abraham Ábrego, director de Fespad, quien señaló que tanto la PNC como la Fuerza Armada están haciendo “un uso excesivo de la fuerza”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, fue interpetado ante la CIDH por representantes de las oenegés Fespad, SSPAS y Cejil el pasado 13 de abril en Washington, Estados Unidos. Las tres organizaciones creen que el Gobierno está violando los derechos humanos en su estrategia de combate a las pandillas. Foto cortesía CIDH.

Verónica Reyna, subdirectora de derechos humanos del SSPAS, fue más explícita en su denuncia: “Desde el Estado se ha dado la permisividad para que se cometa este tipo de arbitrariedades; hay elementos para creer que se está permitiendo una política de exterminio a la Policía Nacional Civil, y los controles internos no están funcionando, e incluso están facilitando que se den estos casos”. De la Fiscalía dijo que durante el mandato de Luis Martínez se hizo “del ojo pacho” ante las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.

Tanto Ábrego como Reyna se mostraron confiados en que en las próximas semanas la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para El Salvador de la CIDH, viaje a El Salvador para corroborar sus denuncias contra el Estado salvadoreño.

Aunado a los señalamientos de las oenegés, el interés de la CIDH y la investigación de la PDDH, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este asunto.

En su informe sobre la violación de los derechos humanos en el mundo que el Departamento de Estado presentó el pasado 13 de abril, Washington señaló al Gobierno: “En 2015 hubo numerosos reportes de fuerzas de seguridad relacionadas con asesinatos extrajudiciales”. Entre los casos señalados está la masacre de la finca de San Blas.