impunidad

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

Excelencia en el Estado y retos ciudadanos. De Daniel Olmedo

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, 14diciembre 2015 / EDH

Las instituciones que combaten la corrupción están funcionando.

Todo inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad. Estas se mantuvieron reservadas por casi 50 años; pero en julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que esa declaración se entregara.

Fue un ciudadano que tomó una iniciativa, y con ella detonó un cambio significativo. Provocó una cadena de efectos que llevó a muchos exfuncionarios de todo nivel a investigaciones civiles, administrativas y penales.

No fueron necesarios reformas legislativas, ni mayor presupuesto. Solo hubo un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo. Algo tan simple y revolucionario como eso.

diario hoyLos comisionados del IAIP, el director de la Sección de Probidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, y jueces y magistrados de cámara en materia civil y penal entraron en una dinámica distinta a la de décadas anteriores. Ellos y su equipo de colaboradores anónimos –de quienes poco sabemos, pero que tienen un papel fundamental en estos cambios– demuestran que sí se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva.

Las investigaciones oficiales y periodísticas pueden llevarnos al pesimismo. A mí me ha ocurrido. Pero algo bueno ocurre: las instituciones funcionan. Y estas no son entes abstractos. Detrás de ellas hay personas. De manera que estas investigaciones reflejan que en el aparato estatal hay gente haciendo su trabajo, y haciéndolo con excelencia a pesar de las adversidades.

Hace apenas algunos meses muchos considerábamos que era necesaria una comisión internacional contra la impunidad parecida a la de Guatemala. Algunos sostenían que no; planteaban que era preferible fortalecer la institucionalidad local. Creo que el tiempo les ha dado la razón. Esta vía parece ser una mejor ruta para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

La impunidad es un lastre histórico en El Salvador. Y vivimos tiempos en que ocurren avances importantes para superarla. En esta coyuntura los ciudadanos tenemos por lo menos tres retos:

1. Prudencia. Debemos respetar y promover la presunción de inocencia. Frustrados ante la sistemática impunidad, hoy podemos caer en la tentación de señalar como culpables a quienes solo están siendo investigados. Debemos contenernos y esperar las decisiones finales. Esto supone también evitar el acoso y señalamiento precipitado a funcionarios que a partir de su análisis del caso estimen que no procede una condena o una detención provisional. Seamos prudentes, dejemos que las instituciones funcionen, y respetemos sus decisiones.

2. Reconocimiento. Los muchos casos de despilfarro y desviación del dinero que dejamos de darle a nuestras familias para entregárselo al Estado mediante impuestos pueden llevarnos a descalificar de manera absoluta a la función pública. Reconozcamos que en el Estado hay mucha gente buena e íntegra. Varios de ellos son los responsables de esta lucha contra la corrupción. Si esos funcionarios y empleados públicos observan que reconocemos su esfuerzo, esta dinámica se potenciará. Debemos alentarles. Así como el Estado debe prescindir de quienes parasitan de los contribuyentes, también debe atraer y promover a quienes demuestran excelencia en su trabajo. A todos nos conviene que el Estado tenga a las mejores personas para prestarnos servicios de calidad.

3. Proactividad. No debemos ser simples espectadores de la lucha contra la corrupción. Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas. Así como aquel ciudadano tuvo una iniciativa que desencadenó este cambio, usted y yo debemos hacer lo propio. Nos corresponde participar utilizando las herramientas institucionales a nuestra disposición para incidir en la administración y limpieza del Estado. Ser ciudadano no es solo votar; ser ciudadano también es denunciar, plantear demandas, y presentar solicitudes de información.

dolmedo@espinolaw.com

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.

Corrupción, seguridad y democracia. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 10 octubre 2016 / LPG

La relación de la corrupción con la seguridad, nacional o ciudadana, así como con la democracia, ha sido muy poco analizada. Los análisis sobre la corrupción han estado más relacionados con la ética y la economía. En efecto, la lucha contra la corrupción moviliza cada vez más ciudadanos pues la faceta ética de nuestro ser es sensible ante el dolor ajeno que los corruptos provocan. La corrupción mata y los corruptos son criminales (por ejemplo cuando una licitación amañada resulta en edificios frágiles que cae fácilmente ante un terremoto). Esto indigna, como indigna el hecho que por causa de la corrupción no hay medicinas y buenos equipos en los hospitales, alimentos contaminados, falta de escuelas, etcétera.

la prensa graficaEl fenómeno de la corrupción también ha sido estudiado bajo la óptica económica. Varias investigaciones han venido estimando los costos económicos y fiscales de la corrupción, su relación con los índices de productividad y con los flujos de inversión externa, y es una variable que pronto se introducirá en los modelos econométricos.

Pero poco sabemos de las complejas interrelaciones que existen entre corrupción e impunidad con la política y la seguridad. En los últimos años, esta última relación ha venido cobrando mucha relevancia tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, más allá de las motivaciones éticas o económicas, la lucha contra la falta de transparencia y la corrupción ha recibido un empuje desde los países del Norte, entre otras razones, por las preocupaciones que el terrorismo y el narcotráfico genera: el soborno facilita el acceso a secretos e informaciones militares, mientras que los flujos financieros ilícitos potencian el accionar y movilidad de grupos como Al Qaeda o Isis. A nivel nacional, no es tanto la seguridad nacional la que preocupa, sino los efectos que la corrupción tiene sobre la seguridad ciudadana y sobre nuestra frágil democracia.

No se puede combatir adecuadamente la criminalidad si hay fuerte presencia de la corrupción dentro de la Policía; si altos oficiales de la Fuerza Armada se lucran del contrabando de armas, muchas de las cuales van a parar a manos de las pandillas; si en los penales campea el soborno; si los criminales y/o corruptos capturados por la policía y llevados a juicio por la fiscalía son al final declarados inocentes por jueces corrompidos. Tampoco se puede enfrentar adecuadamente la inseguridad si no hay una sustantiva participación ciudadana. Y esta no aflora cuando, a causa de la corrupción, hay fuerte desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Asimismo, la lucha contra la corrupción es fundamental para la consolidación de nuestra precaria democracia, y viceversa, la corrupción e impunidad la fracturan y debilitan. Así para el caso, la corrupción incrementa la distancia entre el Estado y la sociedad; aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones; favorece el fraude electoral; promoviendo el transfuguismo y cambiando la aritmética legislativa, se viola la voluntad de los electores; el sistema político se ve trastocado por el financiamiento partidario por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, la corrupción descompone la institucionalidad democrática y es una amenaza para el Estado de Derecho y la sana gobernabilidad.

De ahí la importancia de la lucha ciudadana contra la falta de transparencia, la corrupción e impunidad. Esta puede convertirse en un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestro hoy debilitado proceso democrático, en uno de los elementos claves para producir cambios políticos positivos.

En el país existen “parcelas” de institucionalidad que están contribuyendo al combate a la corrupción, como la Sala de lo Constitucional, la sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese buen esfuerzo institucional es insuficiente y corre el riesgo de que experimente retroceso en los próximos años con las elecciones de nuevos funcionarios. Por ello es urgente y necesario construir un movimiento ciudadano lo suficientemente preparado, sólido y sostenible para defender la institucionalidad democrática conquistada, así como para contribuir significativamente con su lucha contra la corrupción e impunidad, a los cambios políticos que nuestro proceso democrático demanda.

Apoyo internacional a la FGR. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 19 septiembre 2016 / EDH

El pasado miércoles catorce de septiembre, el embajador de Gran Bretaña en El Salvador, Bernhard Garside, publicó en su cuenta de Twitter una foto amena, como las que suele “subir” a dicha red social: seis personas sonriendo como si acabaran de terminar una reunión  de amigos. Inmediatamente los ojos de la prensa y de aquellos que seguimos con lupa la política salvadoreña se centraron en el amigo situado en el medio, el Fiscal General Douglas Meléndez. Y es que no se trataba de una plática de amigos cualquiera, sino una en que un grupo fuerte de aliados de la comunidad internacional otorgaba su respaldo a la Fiscalía en la lucha contra la corrupción.

diario hoyLas reacciones al tuit del embajador Garside no tardaron en aparecer. Muchos salvadoreños agradecían a través de las redes sociales que la comunidad internacional pusiera sus ojos en el trabajo que el Fiscal General está realizando e invitaban a que siguieran pendientes de la todavía lenta lucha contra la corrupción; por otra parte, varias personas cuestionaban qué tan desinteresada es la cooperación que se está brindando por los representantes de estos países a El Salvador.

Vamos al pensamiento más básico; cualquier diplomático proveniente de un país de primer mundo debe encontrarse escandalizado cuando es testigo que en el país hemos normalizado las altas cifras de homicidios diarios que soporta la ciudadanía, quienes optan por irse de la zona en la que viven e incluso consideran como mejor opción huir del país; cualquier diplomático se incomoda cuando observa el irrespeto a la institucionalidad, los indicios de corrupción y la polémica en la que se ven envueltos muchos políticos en el país, donde ya existe poca vergüenza y dignidad como para poner a disposición el cargo o renunciar. Las situaciones anteriores, entre otras, son fuente de alarma en países como Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, y creo que es hasta lógico que sus embajadas busquen la forma de colaborar en la lucha contra estas situaciones anormales, considerando también que muchas de estas naciones aportan fondos monetarios para el desarrollo de proyectos en el país.

Por otra parte, el punto fundamental por el cual países como Canadá y Estados Unidos están situando su vista en los países del Triángulo Norte es porque la poca capacidad de los gobiernos de mantener en condiciones dignas a sus ciudadanos está generando una crisis humanitaria en las fronteras de los países norteamericanos y estamos obligándolos a incurrir en costos humanos, sociales y políticos que quizá no deberían estar sufragando. El pasado martes trece de septiembre, La Casa Blanca publicó un comunicado en el que informaba una llamada telefónica entre el vice presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente Sánchez Cerén, en la que se externó la profunda preocupación que existe por parte de la nación norteamericana sobre la migración irregular (incluyendo la de niños solos hacia sus fronteras) y la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y regional para superar el problema.

Este tipo de crisis humanitarias es uno de los puntos más importantes por los cuales a la comunidad internacional le interesaría ver a un El Salvador menos corrupto, más fuerte institucionalmente hablando, que sea capaz de ofrecer respuestas a las necesidades de sus ciudadanos e impulsar el crecimiento económico que beneficie a todos; el mejoramiento de las instituciones trae consigo el bienestar de la gente, traducida en mejoras en la seguridad, en la prestación de servicios como educación, salud, justicia, transporte público, entre muchos más.

¿Alguien ve algo malo en querer limpiar la corrupción en las distintas instituciones? ¿Alguien ve algo malo en querer evitar crisis de migrantes y que estas personas tengan la oportunidad de salir adelante dentro de las fronteras que los vio nacer? Parte de la soberanía que tanto pregonamos incluye la capacidad del Estado de mantener a sus ciudadanos de manera digna dentro de sus fronteras y no incentivarlos a irse por situaciones de pobreza, exclusión e inseguridad. Yo me atrevería a decir que la comunidad internacional honesta y que quiere colaborar en la construcción de un mejor futuro para el país, no solo son amigos del Fiscal General, sino de la ciudadanía salvadoreña.

Díme a quién defiendes y te diré quién eres. De Joaquín Samayoa

Joaquin SamayoaJoaquón Samayoa, 16 septiembre 2016 / EDH-Observadores

Defenderse culpando a otros es parte del ADN del FMLN. ¿Aceptar errores? – Nunca. ¿Guardar prudente silencio? – Tampoco. ¿Defenderse con buenos argumentos? – Muy complicado, requiere cierto esfuerzo intelectual que no quieren o no pueden hacer. Es mucho más fácil inventar conspiraciones y dar vida a fantasmas de golpe de estado. Y, a medida que el tiempo transcurre, es cada vez más frecuente que nos vengan con ese tipo de patrañas. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que algunos dirigentes estaban genuinamente motivados por cierto idealismo, no en el sentido filosófico pero sí en el sentido moral del término. En su etapa germinal, predicaban la idea de la revolución como un vehículo necesario para hacer posible el surgimiento de un “hombre nuevo”. Todavía no había feministas que protestaran por el lenguaje sexista. De cualquier forma, al hombre nuevo le endilgaban una buena cantidad de virtudes, entre ellas la de estar abierto a la crítica y la de cultivar el hábito de la auto-crítica.

observadorEso era cuando luchaban por el poder. Ahora ya lo tienen. Ahora las cosas son muy diferentes, en parte porque los mejores hombres y mujeres que apoyaron el esfuerzo revolucionario ya no están; algunos simplemente se distanciaron, mientras que muchos otros ofrendaron sus vidas y han sido olvidados. De los que quedan, muchos se han dejado seducir por privilegios que nunca antes habían disfrutado; otros, los menos, tal vez conservan su integridad moral e ideológica, pero tienen pánico a reconocer el evidente fracaso del proyecto político al que han dedicado sus vidas; sienten una profunda necesidad existencial de negar su fracaso y culpar a otros por sus errores.

El caso es que ahora defienden todo aquello que tanto y con tan buenas razones repudiaban. Defienden regímenes que violan los más elementales derechos civiles y políticos. Nunca se les ha escuchado siquiera una débil crítica por los presos políticos y la represión en Venezuela, ni por los constantes atropellos a los medios de prensa, o por la abolición sistemática de la independencia de los poderes del Estado en ese y otros países de la región.

Los más altos dirigentes del FMLN, algunos de ellos con importantes cargos además en el gobierno o la legislatura, han intentado justificar, sin un ápice de vergüenza, sus despilfarros del dinero que tanta falta hace para satisfacer las necesidades más básicas del pueblo que creyó en sus promesas.

Tratan cada hecho aisladamente para poder trivializarlo fácilmente, pero en conjunto el desperdicio suma cientos de millones de dólares con los que se podría salvar y mejorar muchas vidas en hospitales desabastecidos, en calles inseguras, en escuelas desvencijadas.

Dentro de esa línea de pensamiento y acción, no es extraño que en la presente coyuntura defiendan al expresidente Funes, llegando al extremo de aconsejarle salir del país y pedir asilo político en Nicaragua para no ser alcanzado por el brazo de la justicia.

Todos conocemos y respetamos el principio jurídico de la presunción de inocencia, pero en este momento no se trata de eso. Para juzgar moralmente el comportamiento de un funcionario público no es necesario esperar los resultados de un proceso judicial. Los excesos de Funes siempre estuvieron a la vista de quien los quisiera ver. Los delitos propiamente dichos tendrán que ser probados en los tribunales, pero no quieran hacernos creer, señores y señoras del FMLN, que ustedes no se dieron cuenta de todas las irregularidades y del abuso, como mínimo, de muchos millones de dólares de la “partida secreta” para lujos que no van con el cargo que Funes ostentaba.

Con lo que ya se conoce, hay suficientes indicios para justificar la investigación que la Fiscalía está realizando. En vez de acusar a la Fiscalía de hacer persecución política, el FMLN debiera estar colaborando activamente para esclarecer toda la verdad.

No es extraño que quieran crear el fantasma de la persecución política, pero es una ofensa a la inteligencia y a la sensibilidad de la gente afirmar, como lo hizo la presidenta de la Asamblea Legislativa, que a Funes se le persigue porque ARENA lo odia. Lo único cierto en esa afirmación es que ARENA odia a Funes. Lo odia como reacción a la virulencia de sus incesantes ataques al sector privado; lo odia por su discurso divisivo que tanto daño hizo a nuestra sociedad; lo odia por su hipocresía y por su prepotencia.

Lo que no dice la señora Peña, porque no lo quiere decir o porque su ceguera ideológica le impide verlo, es que no es solo ARENA la que tiene animosidad contra el expresidente. La gente que está más molesta e indignada es la que creyó en él. Las mismas bases del FMLN son las que más razones tienen para odiarlo al darse cuenta de cómo se ha gastado el dinero que a ellos se les niega siempre que piden agua en sus comunidades, seguridad en sus vecindarios, medicinas en sus hospitales, incrementos en sus salarios, buena educación en las escuelas de sus hijos.

Al final de esta historia y cuando sea del conocimiento público toda la información que haya recabado la Fiscalía, tal vez no se pueda probar la culpabilidad del expresidente en todo lo que se le imputa, pero sí habrá pruebas contundentes para condenarlo judicialmente por algunos de ellos y quedará en evidencia también un cúmulo de actuaciones inapropiadas y hasta escandalosas que dejará muy mal parado al FMLN por su silencio cómplice y por su defensa de actuaciones reñidas con los valores políticos y religiosos de la gran mayoría del pueblo salvadoreño.

Juan Manuel Santos: “Una justicia perfecta no permite la paz”

el paisEl presidente de Colombia analiza el acuerdo alcanzado con las FARC: “Es imposible hacer justicia sobre 52 años de guerra.”

 Juan Manuel Santos, en el avión presidencial, tras la entrevista. CAMILO ROZO

Javier Lafuente, 4 septiembre 2016 / EL PAIS

La tarde del pasado 23 de agosto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951) seguía desde su oficina todo lo que ocurría La Habana. Por recomendación de Jonathan Powell, uno de sus asesores internacionales en las negociaciones con las FARC, había apremiado a su delegación para celebrar una suerte de cónclave con el que finiquitar las conversaciones después de cuatro años en La Habana. En torno a las 18.45, Santos recibió una llamada de la canciller, María Ángela Holguín. “Acabamos de terminar”, lee dijo. El presidente recordaba el momento en que dio por concluidas las negociaciones de paz que pusieron fin a 52 años de guerra el viernes durante un vuelo a Cartagena, donde invitó a realizar esta entrevista ante por lo apretado de su agenda.

Hasta que un poco después logró hablar con el jefe negociador, Humberto de la Calle, el mandatario colombiano recuerda que se quedó callado, contento. “Han sido cuatro años muy complicados, en los que estuvimos a punto de tirar la toalla. Pero es un acuerdo que va a cambiar la historia de Colombia. Ahora, esto ha sido difícil, pero construir la paz va a ser aún más complicado”, asegura Santos, consciente de que los acuerdos deben aún refrendarse en el plebiscito del 2 de octubre. A la hora de la entrevista, en la mañana, aún no se conocía la fecha y el lugar de la firma definitiva, que anunciaría esa misma tarde: el 26 de septiembre en Cartagena. En el viaje de vuelta, ya más distendido, bromea con que el desliz de Mariano Rajoy, presidente en funciones de España, fue una mera coincidencia. De hecho, se llegó a barajar el 29 de diciembre y asegura que se concretó definitivamente durante el almuerzo del viernes. La fecha elegida permitirá que los jefes de Estado que quieran acudir puedan prácticamente enlazar su visita a la Asamblea General de la ONU con el acto.

Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en tirar la toalla?

Respuesta. Al acercarnos al final las FARC comenzaron a añadir puntos a las negociaciones que no se habían discutido. Yo dije: “Si eso es lo que ellos creen que van a conseguir, terminemos ya”.

“El gran reto para el plebiscito será neutralizar
casi cuatro años de mentiras y de desinformación”

P. El jefe negociador, Humberto de la Calle, aseguró que les hubiese gustado haber logrado más en el acuerdo. ¿Qué le hubiese gustado conseguir?

R. De la Calle dijo lo que mucha gente piensa, yo incluido. En un acuerdo de esta naturaleza trazar la línea divisoria entre justicia y paz deja a muchos descontentos. Estoy seguro de que la mayoría de los colombianos hubiesen querido más justicia para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero el enfoque con el que abordamos le negociación fue encontrar el máximo de justicia que nos permita la paz. Por eso decimos que todo proceso de paz es imperfecto. Una justicia perfecta no permite la paz.

P. Gobierno y FARC acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que será quien sancione a los actores del conflicto. Después de 50 años de guerra, ¿cuánto se pueden demorar esos juicios?

“El odio y la envidia es lo único que justifica
ver a Uribe y Pastrana juntos”

R. Hay que proceder con mucho pragmatismo y realismo. El tribunal tiene que trabajar con mucha eficiencia y abordar en primera instancia los casos más significativos para generar credibilidad y que la gente perciba que se está aplicando la justicia. Pero no nos engañemos, poder impartir veredictos sobre todos y cada uno de los casos de 52 años de guerra es imposible.

P. De todas las críticas al proceso, ¿cuál es la que más entiende?

“No gobierno para las encuestas, hice este proceso
a sabiendas del costo político que iba a tener”

R. Mucha gente piensa que debe haber más justicia, pero porque no están acostumbrados a la justicia transicional, a la justicia restaurativa, a la reparadora. Estamos acostumbrados a la justicia vengativa, por cierto, cada vez más en entredicho si lo que se busca es restaurar a la víctima.

P. ¿Cuál es el gran reto para el plebiscito del 2 de octubre?

R. Poder poder neutralizar casi cuatro años de mentiras y de desinformación, que han hecho mella, que han confundido mucho la gente. Tenemos comprobado que a toda esa gente cuando se le explican los acuerdos dicen: “Ah, yo no sabía, tenía entendido otra cosa”. El gran reto es hacer una pedagogía efectiva.

P. ¿Cómo se va a lograr en cuatro semanas si no se ha conseguido en cuatro años?

R. Haremos una campaña sencilla pero muy intensa. Vamos a lograr el cometido, quizás no con todo el mundo, porque nos hubiese gustado tener más tiempo, pero creo que será suficiente para poder ganar el plebiscito ampliamente.

P. Ustedes han logrado un acuerdo de paz, pero siempre se les ve saliendo al paso de declaraciones de los críticos al proceso. ¿Por qué cree les cuesta marcar la agenda?

R. Los negociadores no han tenido el tiempo de hacer pedagogía, ahora están comenzando. Además, muchos de los periodistas han sido influidos por esa desinformación. Uno de los grandes debates que debería generarse en este país es el papel de los medios como cuestionadores. Un periodista cuando sabe que lo que le está diciendo es mentira debe cuestionar eso. Aquí muchos de los periodistas reproducen la mentira porque lo dice una persona u otra.

P. Las élites de las ciudades hace años que no sienten de cerca la violencia, pero son muy reacios al proceso. Y los que han sufrido la violencia más de cerca se sienten alejadas de las élites políticas. ¿A quién creen que tienen que dedicar más atención para el plebiscito?

R. La actitud de las víctimas ha sido una de las grandes lecciones de este proceso. Pensé que iban a ser los más duros y han sido los más generosos, los más dispuestos a perdonar. Ha sido una gran lección de vida. No entiendo cómo mis compañeros de élite, porque yo pertenezco a ella, soy miembro de los clubes más exclusivos de la capital, se dejan desinformar sobre los beneficios de la paz.

P. ¿Le molesta?

R. Me siento a veces triste de que exista gente que después de tener la información no entienda la importancia de dar este paso para dejarle a todos nuestros hijos un país más tranquilo. Aquí también hay un ingrediente político. Mucha gente está pensando en 2018 [año de las próximas elecciones presidenciales]. Cuando se piensa solamente con un criterio de conveniencia política se distorsiona la realidad. Otra cosa que me tiene triste es lo que el odio y la envidia son capaces de hacer. Unió a los dos enemigos más acérrimos, Uribe y Pastrana. Rezo todos los días para no ser invadido por esos sentimientos de odio y envidia, lo único que justifica ver a Uribe y Pastrana juntos.

P. Al igual que ocurrió con David Cameron, usted no tenía por qué convocar una consulta y las encuestas señalan que su popularidad baja. ¿Teme un Brexit a la colombiana?

R. No. Estoy seguro de que el pueblo colombiano tiene inteligencia para pensar que aunque no es una paz perfecta esto es mejor que 20 o 30 años más de guerra. Nunca he gobernado paras las encuestas, porque si se vive pendiente de las ellas no se toman decisiones. Yo hice este proceso a conciencia, a sabiendas del costo político que iba a tener. Cualquier líder debe asumir el capital político como algo para gastarlo. El que se mantiene cuidando su capital político no toma decisiones.

P. ¿Qué pasa si gana el no?

R. Muy sencillo: se devuelve la guerrilla a la selva y continúa el conflicto armado.

P. ¿Y con usted?

R. Termino mi mandato [en 2018] con una herida en mi capacidad de gobernar. Acabaría lo que hemos empezado además de la paz. Otra de las grandes mentiras es decir que yo me dediqué demasiado a la paz.

P. Esta ha sido una de las semanas más convulsas que se recuerda en América Latina. ¿Qué le ha parecido el impeachment a Dilma en Brasil?

R. Personalmente, me ha dolido. Tuve con Dilma una muy buena relación, colaboramos en muchos aspectos de la región. Verla en esta situación ha sido doloroso en lo personal. En la parte institucional, prefiero no opinar, porque tengo que respetar las reglas del juego internas de cualquier país. No quiero que Brasil salga perjudicado en este proceso.

P. Después de la multitudinaria manifestación en Venezuela, y con la frontera ya abierta, ¿teme que una implosión social afecte a Colombia?

R. Lo que sucedió en Venezuela es la demostración de que el pueblo venezolano quiere que se agilice el proceso de revocatorio, tienen todo el derecho a reclamarlo. Colombia ha estado siempre dispuesto a ayudar en cualquier momento para poder evitar una implosión que a nadie le conviene.

P. Estados Unidos ha sido el gran aliado de Colombia. Hillary Clinton ha apoyado el proceso de paz. Donald Trump no se ha pronunciado. ¿Usted a quién prefiere en la Casa Blanca?

R. Yo prefiero no meterme en la política de otro país, pero Hillary es una amiga personal, su marido y ella han sido un apoyo para mi gobierno y los anteriores. No tengo si no elogios para ellos. A Trump no lo conozco , pero sí puedo opinar que sus políticas no son las que estamos abanderando.