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Debate CICIES: La comisión contra la impunidad debe ser formada por salvadoreños. Fabio Castillo:

El reconocido abogado y excoordinador del FMLN cree que una comisión de ciudadanos salvadoreños notables puede ayudar a combatir la corrupción mejor que un ente internacional.

Fabio Castillo opinó acerca de la propuesta de Bukele de instaurar una comisión internacional
contra la impunidad (CICIES). Foto EDH / Archivo

ENTREVISTA DE RICARDO AVELAR, 25 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

A pocas semanas de ganar la presidencia, es claro que una de las principales apuestas del Nayib Bukele al tomar posesión será instaurar una comisión internacional contra la impunidad (CICIES).

Esto ha despertado dudas sobre la legalidad, la legitimidad y la conveniencia de tal institución. Es decir, si el marco legal lo permite, si esta sería un complemento o un rival de la Fiscalía General de la República, o incluso si el país necesita una institución de este tipo. Para abordar algunas de estas dudas, El Diario de Hoy buscó a Fabio Castillo, excoordinador del FMLN y uno de los más reconocidos juristas del país.

Desde la sala de su casa, Castillo criticó el carácter internacional de la propuesta, pues considera negativo que el país ceda su soberanía en lo relativo a iniciar la acción penal en casos de corrupción.

El reconocido jurista también afirmó que en el país hay capacidad suficiente para fortalecer la institucionalidad, pero señaló que es necesario establecer una instancia que coadyuve los esfuerzos de una saturada Fiscalía General de la República. Esto es lo que conversamos:

¿Está de acuerdo con una comisión internacional contra la impunidad?

Para El Salvador no, en lo absoluto. Creo que cuando un país cede su soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal. La facultad de impartir justicia es exclusiva del estado nacional. Me parece que hace falta una comisión contra la impunidad, pero no debe ser internacional sino integrada por salvadoreños. Ese es otro argumento, porque da la impresión que no tenemos personas ni capaces, ni honradas, ni valientes, que son los tres requisitos indispensables para integrar una comisión de este tipo. Y las tenemos, hay muchos salvadoreños honorables, valientes, formados, inteligentes, cultos que podrían ejercer las funciones de esa comisión, no tenemos por qué ir a traer a ningún otro país. Es una labor que hay que hacer pero la debemos hacer los salvadoreños.

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¿Por qué cree que ha ganado tanta fuerza esta idea de una comisión internacional?

Porque en Guatemala ha funcionado en algunos casos muy bien y en otros, muy mal. Nosotros nos hemos dejado guiar porque en Guatemala la CICIG logró que renunciara un presidente y una vicepresidenta, que están presos.

Queremos que vengan a meter preso a medio mundo. Yo no creo en eso, creo que debemos crear una comisión de investigación con funcionarios salvadoreños y emprender una verdadera labor anticorrupción. Todos estamos de acuerdo, hasta los corruptos para disimular, que hay que combatir la corrupción. Hay que luchar férreamente contra la corrupción y es una labor que debemos emprender todos, comenzando por no ofrecer sobornos a ningún funcionario, o dádivas y si nos enteramos que alguien lo ha hecho, denunciarlo.

¿Qué hay de fortalecer a la Fiscalía en lugar de una nueva institución que pueda ser corruptible?

Estoy de acuerdo que tendrá que ser un organismo especializado porque la Fiscalía tiene tantos casos que yo veo difícil que pueda irse a plantear una denuncia ahí. Hay denuncias que llevan años. Recuerdo que Gerson Martínez, gran luchador contra la corrupción, envió a la Fiscalía muchos casos que le hacían sospechar que pudo haber habido corrupción y pocos fueron llevados a los tribunales.

¿Cómo debería esta comisión interactuar con la Fiscalía, con qué facultades debería operar?

Yo creo que la comisión debería tener facultades de llegar a cualquier oficina y tener acceso a archivos o documentos sin que pueda decretarse reserva para ningún caso, salvo los compromisos internacionales porque involucran a otro país.

Teniendo acceso a todo tipo de documentos o información, debería tener facultades para citar a cualquiera a fin de que rinda declaración sobre cualquier tipo de hechos que tengan que ver con el funcionamiento estatal, aun si la persona no es funcionario o funcionaria porque la corrupción puede estar en el funcionario o en el particular que provoca las intervenciones del funcionario.

“Creo que cuando un país cede su soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal”

Con esas facultades, establecer investigaciones con respecto a cosas que sean del dominio público o de denuncias serias, porque hay una serie de abogados que denuncian a cualquiera por cualquier cosa y eso entorpece la labor de la Fiscalía o los Tribunales y lo harían con esta comisión porque inundan con denuncias y ahogan con trabajo estéril.

Cualquier denuncia con seriedad, esta comisión la investiga y se me ocurre que una vez que concluya que hay actos de corrupción, que lo denuncie y si el acto constituye delito, que se proceda penalmente, o si da lugar a acción civil o administrativas, que se entable. Así podríamos limpiar al país de esa horrible plaga que es la corrupción.

Uno de los argumentos para una comisión internacional es la falta de intereses políticos. ¿Cómo una comisión local lidia con ese problema?

Si ya pensamos que en el país no hay cinco personas que puedan desempeñar un cargo como ese y que nombremos a quien nombremos, harán persecuciones políticas, ya estamos perdidos.

No dudo que las haya, pero ¿qué hay de los incentivos de este u otro gobierno al establecer una comisión de este tipo con finalidad política?

Por eso hay que escoger bien a las personas. Le doy unos nombres de personas que pueden integrar esta comisión. David Escobar Galindo, que fue miembro de la comisión de parte del gobierno para los Acuerdos de Paz. Pino Cáceres, que fue de probidad y todo el mundo lo recuerda como ejemplo de honradez y dignidad. Salvador Samayoa, también firmante de los acuerdos de paz, una persona vertical en todo. Y hay más. Le digo así ante lo intempestivo de la pregunta. Yo no creo que Salvador Samayoa ceda ante ningún tipo de presiones o que busque impulsar represalias o favoritismos políticos.

¿Qué nos garantiza…? (Interrumpe.)

¡Nada! Ni para los extranjeros ni para los salvadoreños. Tenemos que escoger bien y entender que debemos reclamarles si algo sale mal. No estamos buscando a los doce apóstoles del señor que son impecables, sino ante una comunidad de seres humanos, con defectos y cualidades. Tenemos que buscar sabiduría, honradez y valentía.

¿Cuál debería ser el blindaje institucional de este tipo de comisión para evitar que se instrumentalice?

Yo no tengo una propuesta al respecto. Ahorita hay una serie de personas que se atribuye facultades de presentar a la sociedad civil. Todos somos de la sociedad civil y ninguno tiene representación. Hay quienes arman una organización de supuestos expertos en derecho constitucional, dicen representar a la sociedad civil y le ponen nombres rimbombantes como “Asociación de defensa de la democracia” y no.

El Estado tiene sus órganos y podrían reunirse los presidentes de los tres órganos y elaborar una lista para someterlo al Consejo de Ministros, la Asamblea Legislativa y la Corte Plena.

Ahí podemos encontrar filtros que garanticen la propiedad con que se escogerá a las personas.

Seguimos hablando de personas. ¿Qué hay de las facultades legales o el diseño institucional para evitar abusos?

Ellos tendrían que determinar si necesitan auxilio de auditores o asesores financieros o jurídicos. Eso hay que pensarlo detenidamente y dejar a los primeros nombrados hacer un tipo de propuesta y prestarles todo el apoyo que el aparato estatal posible.

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A la luz de esta opinión, ¿cómo evalúa la propuesta de Nayib Bukele de una CICIES como un calco de la comisión internacional en Guatemala?

Estoy totalmente en contra de que sea internacional. En lo demás estoy de acuerdo.

Durante la campaña hubo dos visiones diferentes. Una CICIES como la de Guatemala y Félix Ulloa habló de que la presidencia centralice capacitaciones internacionales a fiscales. ¿Cómo ve esta dicotomía?

Yo no veo que los fiscales internacionales sean los grandes maestros, pero eso se puede hacer. Esto es conveniente para que haya discusión de ideas y aportes diferentes. Es más difícil escoger gente correcta del extranjero que gente correcta de aquí, y además que gente de fuera que entienda el funcionamiento de El Salvador y sus instituciones. Yo eso insisto en que debe ser una lucha de salvadoreños, que los hay, honrados, capaces, valientes, sabios y que puedan dedicar un tiempo al beneficio del país.

Cuando la idea de la CICIES ganó popularidad en el país (2015), teníamos una Fiscalía cooptada por mafias. Ahora que es una institución más sólida, ¿no conviene más fortalecer lo que ya existe en lugar de apostar por algo nuevo e incierto?

Primero, yo no creo que la Fiscalía hay sido lo que usted dice, o que ahora sea lo que usted señala.

La Fiscalía ha tenido aciertos y desaciertos y en el último periodo se convirtió en algo que tuvo sus méritos. No condeno la actitud de Douglas Meléndez, pero la institución se volvió un show mediático y un instrumento para perseguir fines que no eran propios de la Fiscalía, y no quiero entrar en algo que pudiera ser una difamación. No creo que haya que fortalecer esa Fiscalía. A la Fiscalía hay que fortalecerla pero no partiendo de que este comportamiento era el ideal.

Debate sobre la CICIES: La manzana podrida y la salud del resto. De Carlos Ponce

Urge que la sociedad (partidos, academia, organizaciones civiles, gremios, medios) discuta el concepto y los pros y contras de una CICIES. El gobierno entrante ha puesto este tema en la agenda del día, como una de sus prioridades – aunque la idea de instalar en El Salvador una comisión internacional que ayude a investigar la corrupcn y as prevenir la impunidad viene de mucho antes y surgió de la Sociedad Civil.
¿Qué competencias puede tener una CICIES sin violar normas constitucionales? ¿Cómo evitar que se vuelva instrumento de lucha política en manos del Ejecutivo? ¿Cómo sería la relación entre Fiscalía General de la República y CICIES?
Todos estos termas (y otros) tienen que abordarse, aclararse y concertarse, antes de que se pueda pensar en instalar una CICIES.
Vamos a acumular en este blog todas las aportaciones racionaes a este debate necesario.

Segunda Vuelta

13 febrero 2018 / EL DIARIO DE HOY

La confianza con la que la ciudadanía ve al gobierno se la tienen que ganar los funcionarios. Es algo que simplemente no se puede autoproclamar o exigir. Los ciudadanos confían en el gobierno según perciben las acciones y posturas que adopta el Ejecutivo a través de su gabinete. Si se perciben como objetivas, íntegras, justas, transparentes y rectas, la gente confía en ellos y en el gobierno. Cuando los funcionarios dan señales de ser parcializados, injustos, incorrectos, turbios, interesados o falsos, la ciudadanía no confía en el gobierno y hasta pone en duda la legitimidad de la autoridad conferida al Estado.

La desconfianza es contagiosa. Basta con tener un funcionario en el que la gente no confíe para que se generalice a todo el gobierno. Una manzana podrida no es vista como prueba de que el resto, que se ven sanas, realmente lo están, sino como síntoma de que todas, a pesar de verse frescas y saludables, secretamente están igual de arruinadas. Esta contaminación es una de las principales razones por las que los candidatos de ARENA y el FMLN obtuvieron tan malos resultados en las pasadas elecciones.

La CICIES, uno de los proyectos con que Nayib Bukele promocionó su campaña, así como está planteada hasta este momento, tiene el potencial de convertirse en una perfecta ilustración de la analogía de la manzana podrida. Hay varios detalles que le restan objetividad, integridad, transparencia y rectitud a la principal apuesta en la lucha contra la corrupción del nuevo gobierno. Es sumamente importante prestar atención a estos detalles si la intención es genuina.

El más importante tiene que ver con quién controlará el proyecto. Según lo han dado a entender, el Ejecutivo pretende tener control absoluto, designando como encargado a Félix Ulloa, vicepresidente electo. Ambas decisiones restan confianza al proyecto. La nueva entidad dependería del sistema al que pretenderá vigilar e investigar. Eso sería repetir el error que se cometió al subordinar la Inspectoría de la PNC al director general, sabiendo cómo esto la debilitó, solo que las consecuencias serían mucho más graves. Mantener el mando del ente contralor se interpreta como que se continuará con la práctica de aparentar luchar contra la corrupción seleccionando objetivos simbólicos a quién meter presos, mientras, a escondidas, se crea su propia red de corruptos.

La mejor forma de implementar este proyecto es que el mismo Bukele predique con el ejemplo, sometiéndose él y a sus funcionarios al escrutinio de la nueva entidad. Esto es imposible si mantiene el control del proyecto. Las actuaciones del actual secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, son un vivo ejemplo de que mantener al contralor bajo el mando del controlado es una receta para garantizar la impunidad de los funcionarios en el poder, atacar a los adversarios políticos y erosionar la confianza ciudadana.

Esta iniciativa generará confianza para el resto del gobierno en la medida en que: 1) funcione de forma independiente, sin estar subordinada al ejecutivo o a las influencias partidarias; 2) la persona que esté al frente del proyecto debe ser alguien que goce del respeto y reconocimiento de todos los sectores; 3) no usurpe las funciones de la FGR sino que las complemente y monitoree. Estas tres cosas requieren un replanteamiento del diseño del proyecto y exigen un mecanismo para que la persona encargada no sea nombrada de dedo, sino que su designación sea el resultado de un amplio consenso que no esté sujeto a las influencias partidarias. Si se pretende implementar como se ha descrito, la ciudadanía perderá la confianza, primero en el proyecto y progresivamente en el nuevo gobierno.

@_carlos_ponce

La lucha contra la impunidad debe seguir. De Erika Saldaña

17 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador ya tiene su primer expresidente de la República condenado a cárcel por delitos de corrupción. Motivo de vergüenza nacional. El pasado miércoles, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Elías Antonio Saca y varios de sus colaboradores más cercanos a penas de prisión y a restituir cientos de millones al Estado salvadoreño. Es discutible si la pena es ejemplarizante o injusta, pues para unos es motivo de celebración, pero para otros estas personas merecían la hoguera. La condena fue calificada como histórica por el Fiscal General de la República, y no han faltado los reproches tanto a la pena como a la afirmación del funcionario.

Para un sector de la opinión pública es risible una condena a diez años de cárcel, cuando ésta tiene como base la confesión de desfalco de más de trescientos millones de dólares por el mismo expresidente. A un ciudadano común y corriente, en un proceso judicial con todas las de la ley, le habrían tocado entre veinte y treinta años de prisión. Pero tratemos de tomar las cosas en su justa medida. Sí, es una condena mínima en relación con el impacto que los actos de corrupción han tenido en la sociedad salvadoreña; pero no es poco, ni el equivalente a un viaje al Caribe. Más que por el número de años de prisión ordenados por el juez, la condena al expresidente Saca es histórica porque, esta vez, la impunidad en los delitos de cuello blanco no se salió con la suya.

El Salvador ha tenido una historia en la que el peso de la justicia le llega al más pobre. Hemos visto duras condenas a personas que se han robado gallinas para poder comer o muchos años de prisión a quien se robó un reloj de quince dólares. Pero pocas veces la justicia le había llegado a personas en posiciones de privilegio y menos a un expresidente de la República. Lo anterior no significa que hay que aplaudir el trabajo del sistema de justicia, pues falta muchísimo por hacer; pero resulta imposible negar que existe un avance.

Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República demostrar que esta condena no fue un golpe de suerte. En primer lugar, las investigaciones y procesos judiciales deben seguir. La confesión del expresidente dejó sobre la mesa la posibilidad de investigar el cometimiento de otros delitos por parte de personas que no han sido procesadas. Esto debe hacerse. Por otro lado, la Fiscalía está en la obligación de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, recuperar el dinero robado y devolverlo al Estado para su inversión en la sociedad. El afectado directo por los delitos de corrupción siempre es el ciudadano que no obtuvo un servicio público de calidad por carencias económicas del gobierno.

Y para dejar a un lado especulaciones, la Fiscalía debe transparentar los motivos por los cuales negoció penas parciales con los condenados. Si se contaban con todos los elementos probatorios de los cuales se hacía alarde en cada conferencia de prensa, lo justo es que se revele a la población qué gana el Estado con bajarle una pena a alguien que se la merecía completa.

Así como una persona no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, tampoco las instituciones. La Fiscalía nunca va a quedar bien con todos y siempre le vamos a exigir más. Pero no podemos negar que la condena a un expresidente de la República por corrupción es un paso en la dirección correcta. Para cerrar uno de los tantos capítulos tenebrosos de nuestra historia, es necesario que se concluyan el resto de investigaciones y procesos judiciales en el caso “destape a la corrupción”, y que además se recupere el dinero robado.

Como sociedad debemos tener en cuenta que los cambios son procesos que llevan tiempo, no son eventos de un momento específico. Esta condena no va a limpiar el historial de corrupción, es solamente un paso en el combate de un delito enquistado en nuestra sociedad a distintos niveles. También hay que poner los ojos en el sistema de transparencia del país. Las personas que estuvieron al frente de instituciones como la Corte de Cuentas también deben responder por su pasividad u omisión de actuación durante la época de Saca. Las investigaciones y condenas deben continuar.

Carta sobre Carla y Karla. De Paolo Luers

Paolo Luers, 17 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Carla y Karla.
Carla Ayala y Karla Turcios.
Una agente policial y una periodista.

Una secuestrada y asesinada por un colega policía del GRP, hace 3 meses y 2 semanas. La otra secuestrada y asesinada por desconocidos, hace 3 días. Un caso de impunidad institucional dentro de la misma corporación policial. No me recuerdo haber escuchado al presidente de la República ordenando al director de la PNC esclarecerlo a la brevedad. El otro, un caso que el presidente inmediatamente ordenó investigar, vía Twitter. No creo que hará alguna diferencia.

Ambos casos no tienen que ver con pandillas. El de Carla con toda seguridad, porque se sabe quien es el policía culpable y quienes son los policías que le facilitaron el secuestro y la fuga. En el caso de Karla, ni siquiera Howard Cotto señala responsabilidad de pandilleros, como siempre hace, aun antes de comenzar la investigación.

Carla y Karla son dos casos emblemáticos. El primero, porque revela el problema de impunidad y encubrimiento dentro de la PNC; el otro, porque se trata de una periodista. Ambos casos demuestran que tenemos problemas que van mucho más allá de las pandillas. Problemas serios, como violencia a manos de policías, violencia machista contra mujeres dentro de la policía, porque el de Carla Ayala no es un caso aislado. Y problemas con violencia social, que posiblemente está detrás de la muerte de Karla Turcios. Ojala que no resulte que también tengamos un problema de violencia contra la libertad de prensa – flagelo muy serio en países vecinos como México y Honduras, que hasta la fecha no hemos observado en El Salvador.

Todos los políticos hablan de la violencia de las pandillas. Es inevitable y necesario, porque afecta diariamente a amplios sectores de la población. Pero aparte de Javier Simán no he escuchado a políticos señalando la violencia policial, tanto dentro de la PNC, como contra personas detenidas y de manera indiscriminada contra los jóvenes que habitan las comunidades con presencia de pandillas.

Me pregunto cuántos asesinatos quedan impunes, porque automáticamente la PNC los pone en la cuenta de las pandillas y no sigue otras pistas de investigación. Lo mismo pasó durante la guerra. Cualquiera podía matar a un vecino o incluso familiar por algún pleito, y el caso fue adjudicado al conflicto armado.

No menciono todo esto para reforzar el falso lugar común que seamos un país que tenga la violencia en su ADN. No es cierto. Tenemos violencia, y nuestras instituciones para investigarla no funcionan. Esto quiero señalar.

Y esto tiene que cambiar. Casos no resueltos como el de la agente Carla no pueden pasar. Y casos como el de Karla no pueden quedar impune, como cientos de otros que simplemente van a archivo como crimen de pandillas, pero sin esclarecer y sin que los autores lleguen a enfrentar la justicia.

La impunidad por falta de capacidad (y a veces, como el caso de Carla, de voluntad) de investigar es una de las deudas de los gobiernos que hemos tenido, y el que elijamos en febrero la tiene que saldar. 

Saludos,

Jaguares en una selva de impunidad. De Claudia D. Ramírez

Ninguna cifra sobre lo que hizo la policía importa tras la desaparición de la agente Carla Ayala, en diciembre de 2017. Ni si el decomiso de drogas superó lo de otros años, o el decomiso de armas, ni su efectividad en operativos, ni si bajaron las extorsiones. Nada. El 2017 cerró para la entidad policial, ya cuestionada por claras dudas sobre ejecuciones extrajudiciales, con el escándalo en una de sus unidades élite, el Grupo de Reacción Policial (GRP).

Claudia D. Ramírez / Subjefa de Información de LA PRENSA GRÁFICAClaudia D. Ramírez, 18 febrero 2018 / La Prensa Gráfica

Esta unidad gozó durante mucho tiempo de un buen nombre, eran los que llegaba a poner orden, los tácticos, lo mejor de lo mejor en el interior de la corporación.

Pero una fiesta que estuvo absolutamente fuera de control en las instalaciones que albergaban a esta unidad, donde hubo mucho licor, violencia y la violación y posterior desaparición de una de sus agentes, dejó todo ese buen nombre convertido en añicos.

LPGTodavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.

Esta semana, que fue presentada la nueva Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) –cuyos agentes serán conocidos como jaguares–, que busca sustituir al GRP, vale la pena recordar que muy poco se recuperará de la confianza en la Policía si no hay una investigación seria sobre lo ocurrido aquella noche de diciembre en el GRP. No importa cuántas unidades nuevas creen, ni cuántas veces cambien nombres. Lo único que les devolverá un poco de respeto y confianza por parte de la población será que resuelvan qué pasó con Carla Ayala y su atacante y que lleven ante las autoridades a los responsables de su agresión y desaparición.

A estas alturas, como mínimo, el jefe del GRP debería estar procesado porque la celebración que propició el ataque contra Ayala ocurrió bajo el aval del jefe, quien también permitió el consumo de alcohol.

Presentar a la UTEP sin mostrar avances en la investigación del caso y sin tener aún ninguna detención envía un mal mensaje a la población, que en medio de la violencia que vive el país, aspira a poder confiar su seguridad en la Policía.

De momento, el mensaje que recibimos es que la PNC tampoco está exenta de este virus de impunidad que nos mantiene afectados como sociedad y que hace que no respetemos las reglas porque sabemos de antemano que no recibiremos castigo. Si no, basta ver el comportamiento de las pandillas sobre los homicidios y extorsiones o, peor aún, nuestro comportamiento a la hora de conducir, donde constantemente irrespetamos las leyes, lo que se traduce en epidémicos números de accidentes de tránsito.

El director de la PNC, Howard Cotto, ha prometido que el 15 de marzo terminará la evaluación del personal del GRP. A partir de allí, decidirá hacia a dónde destinará a la mayoría de sus agentes. Ojalá para entonces, la investigación de este penoso caso también tenga avances. Eso no solo le dará un poco de sentido de justicia al país, sino que, al identificar y condenar a los agentes que cometieron y encubrieron delitos, hablaremos más de los buenos resultados de la PNC y de los buenos elementos que seguramente hay en su interior. Por ahora, este escándalo los tiene con la moral baja a ellos y a nosotros. Urge resolverlo.

Licencia para embaucar. De Salvador Samayoa

Foro El Diario de Hoy, roces entre Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia y otros temas de interes a la ciudadania. participantes Fabio Castillo, Francisco Bertrand Galindo y Salvador Samayoa

Salvador Samayoa, 7 diciembre 2017 / EDH-Observadores

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió de todos los cargos a los “troles” que falsificaron y divulgaron en redes sociales páginas electrónicas falsas de importantes medios de comunicación del país. Si no se enmienda la plasta judicial en la instancia de apelación correspondiente, los ciudadanos, las entidades y la opinión pública quedarán desprotegidos ante cualquiera que tenga el dinero y los recursos técnicos para realizar este tipo de engaño masivo.

observadorPublicar noticias discutibles no es problema. Casi todas tienen elementos de información o enfoques con los que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Publicar noticias tendenciosas es un problema ético, en la frontera de la mentira o la desinformación. Publicar noticias o declaraciones falsas – las famosas “fake news”- sabiendo que son falsas o, peor aún, habiendo fabricado la falsificación, puede ser un asunto muy grave de carácter jurídico, político y social. Falsificar el “sitio web” de periódicos de gran circulación y viralizar las páginas clonadas es a todas luces un delito de considerable importancia en el ámbito nacional.

En este caso, además, con extraordinarios agravantes de cinismo y premeditación. Para muestra, circuló como parte de los archivos extraídos de discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos de los acusados un documento denominado “ejes comunicacionales” . Eran los ejes de una campaña para desprestigiar al adversario y favorecer la victoria del candidato Nayib Bukele en la elección municipal de la ciudad capital. En una parte dice textualmente: “El sitio será la copia exacta de uno de los periódicos digitales más reconocidos y de mayor consulta por la población. El mirror será promocionado por medio de Facebook… y de igual forma generaremos incertidumbre por medio de noticias falsas a favor de la campaña”.

De la sentencia absolutoria preocupa la argumentación tanto como la conclusión. A reserva de analizar más en detalle el razonamiento cuando el Tribunal emita el texto completo de su resolución, de antemano preocupan las razones que se han esgrimido para la absolución. Que no fuera acusado el personaje que a la luz de evidencias inobjetables pareciera ser el principal responsable de la trama y el jefe indiscutible de la agrupación, es algo que habrá que esclarecer pidiendo explicaciones al Fiscal, pero no vemos de qué manera esa deficiencia o abstención de la acusación pueda librar de responsabilidad a quienes de manera probada participaron en la planificación y realizaron el fraude comunicacional.

De igual manera, si se dice que los acusados no son responsables de falsedad material porque solo se probó que difundieron y no que elaboraron o decidieron las pautas de desinformación, este precedente abrirá la puerta al desenfreno de los estafadores políticos sin mayor consideración.

En el caso del delito de violación de distintivos comerciales, los jueces mostraron un apego literal que refleja exactamente lo que no hay que hacer en el ejercicio judicial. La parte sustantiva es la prohibición de utilizar de cualquier modo sin consentimiento del titular una marca, nombre o distintivo comercial. Es cierto que el código castiga expresamente al que lo haga con fines industriales o comerciales, pero es obvio que no está en esa particular finalidad el sentido único del tipo penal, porque si así fuera caeríamos en el absurdo de dejar impune al que viole distintivos con la finalidad de socavar la credibilidad, afectar económicamente o causar otro perjuicio a una empresa o a cualquier organización, siempre que no lo haga con algún fin comercial. En este enfoque absurdo de la ley, estos propósitos aviesos se considerarían como finalidades lícitas de la falsificación.

Si no se revierte la sentencia, que no nos extrañe que en tiempos de intensa confrontación política, se envenene aún más la convivencia social y se agudice la guerra sucia en las plataformas informáticas de la tecnología digital.
No hay que olvidar que en el engaño masivo orquestado por los troles, el propósito era favorecer la victoria electoral de su candidato a la alcaldía de la capital. En una concepción social de la “fe pública”, esta constituye un bien jurídico colectivo y su protección penal debe extenderse a aquellos hechos susceptibles de inducir a engaño a un número indeterminado de personas, en otras palabras al público en general.

Este caso debe servir a la comunidad jurídica para tomar conciencia de que el apego literal -leguleyo- al texto en casos que obviamente requieren criterios más amplios aleja el lenguaje jurídico de las expectativas ciudadanas, aísla al sistema judicial de las situaciones propias de cada época y, sobre todo, resta legitimidad social a todo el andamiaje de la justicia penal.

Este es un problema típico de letra y espíritu de la ley, sobre el que se han derramado ríos de tinta desde tiempos inmemoriales. Se sabe que es peligroso abusar de la interpretación cuando no es necesaria, pero de igual manera es peligroso renunciar a toda interpretación ante situaciones nuevas, que no existían antes como modalidades posibles de transgresión de la ley, o en casos en los que el sentido más razonable y lógico de la norma jurídica así lo demande.

No es correcto disociar la semántica del sentido práctico y el significado obvio de los textos jurídicos. Aquí aplica el trillado ejemplo de una ordenanza que obliga a cerrar la venta de bebidas alcohólicas a las 12 de la noche. Un leguleyo “vivo” puede recomendar a su cliente que cierre a las 12 y vuelva a abrir a las 12:05, porque la ley solo dicta que los establecimientos deben cerrar a esa hora y no dice expresamente que deben permanecer cerrados a partir de esa hora. Se entiende la “viveza” del tinterillo en este caso, pero es obvio que ese no es el sentido de la ordenanza. Que los defensores de intereses particulares actúen así es una cosa, que los jueces lo hagan es otra muy diferente. Y, por cierto, llama la atención que se haya programado el viernes 22 de diciembre para publicar la sentencia, justo el día en que queda desmovilizada por completo la opinión pública por la vacación de navidad.

Carta a la ciudadanía organizada: Hablen claro con el fiscal. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 25 noviembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

Está por terminar el juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes, Vanda Pignato y uno de los hijos del ex mandatario. El martes de la próxima semana conoceremos la sentencia.

La fiscalía ha sostenido ante la Cámara de lo Civil que los procesados se han ilícitamente enriquecido por un monto de 1.2 millones de dólares, y solicitó que les ordenen reincorporar esta suma al Estado.

logos MAS y EDHLo que nadie se explica es: Si el propio fiscal general está tan convencido que Funes aprovechó Casa Presidencial para enriquecerse, ¿por qué no lo acusa penalmente? Porque sin acusación penal, el hombre sigue tranquilo en su refugio en Managua. ¿Y por qué la fiscalía, convencida de la culpabilidad de Vanda Pignato, tampoco la acusa penalmente. Porque así le permite seguir ejerciendo su alto cargo en Casa Presidencial, manejando fondos públicos.

Tengo que aclarar una cosa: No hago estas preguntas porque quisiera ver presos a Funes y Pignato. En un juicio penal pueden salir condenados o liberados de culpa, y por supuesto les asiste la presunción de inocencia. Hago estas preguntas porque necesitamos que la Fiscalía General actúe con coherencia. Necesitamos que la ciudadanía pueda restablecer la confianza perdida en la lucha contra la corrupción que todos confiesan en sus discursos. Necesitamos que la comunidad internacional (por ejemplo el gobierno y el Congreso de Estados Unidos) deje de cuestionar su aporte financiero a nuestro desarrollo debido a la sospecha que aquí sigue reinando la impunidad.

Pocos en El Salvador (y en Washington) tendrán confianza en nuestro sistema de justicia, mientras la fiscalía permita que la señora Pignato pueda seguir ejerciendo su cargo en Casa Presidencial, como si no existiera contra ella una acusación de enriquecimiento ilícito, y como si ante cortes brasileños no haya sido mencionada en el caso Odebrecht, por haber supuestamente gestionado fondos ilícitos para la campaña presidencial de Funes.

El caso Saca demuestra que la fiscalía sí puede proceder penalmente, independiente del caso civil. Pero una vez que termine el juicio civil contra Funes y Pignato, sin que la fiscalía los acuse penalmente, ya no habrá nada que hacer.

Esta carta debería estar dirigida al fiscal general Douglas Meléndez. Pero este señor no escucha. Si no escucha al gobierno de Estados Unidos, que más le da apoyo, ¿cómo va a escuchar a un periodista?

Mando esta carta a las organizaciones cívicas que luchan contra la impunidad. Mucha condescendencia han mostrado al fiscal general. No pueden seguir así.

Saludos,

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