impunidad

En la intimidad del Escuadrón de la Muerte de la policía. De FACTUM

Un grupo élite de la policía salvadoreña está involucrado en homicidios, agresiones sexuales contra menores y extorsión. Es la punta del iceberg de numerosos grupos dentro de la policía que, desde redes sociales, planean ejecuciones extrajudiciales y otros delitos en todo el país.

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Bryan Avelar y Juan Martínez d’Aubuisson, 22 agosto 2017 / FACTUM

Screen Shot 2017-08-23 at 11.43.36 AMUn grupo élite de la Policía Nacional Civil tiene rodeada una champa de lámina y tablas en un pequeño patio de una comunidad marginal del municipio de Aguilares, a 40 minutos de la capital. Tres policías avanzan sigilosos, fusil en mano. Atraviesan un cerco de alambre de púas. Los agentes visten uniformes de camuflaje azul digital. Un cuarto policía se ha quedado en la retaguardia y cuida la patrulla donde ya hay un detenido. Es martes 14 de febrero de 2017.

El policía que encabeza la columna se para frente a la puerta, le da varios golpes y grita. Ordena a quien está dentro que salga. La puerta se abre. Del pequeño cuarto de láminas, de unos cuatro metros de largo por cuatro de ancho, sale Bam Bam, a quien los agentes tienen identificado como un pandillero del Barrio 18 Revolucionarios.

Bam Bam sale con las manos en alto. Viste una calzoneta negra con rayas rojas y una camisa. Los policías le dan patadas y puñetazos mientras lo insultan. Revisan el cuartucho donde no hay nada más que una cama vieja y varios recortes de periódicos de mujeres en bikini pegados en la pared.

El agente de indicativo Perry es el que más patadas le da a Bam Bam. Luego le ordena que se quite la camisa. Bam Bam obedece. Luego le ordena que se pare a unos centímetros del umbral de la puerta y lanza una broma: “Te vamos a tomar una foto”. Y se ríe. Bam Bam se queda de pie mientras el agente de indicativo Shenlong le dispara dos veces en el pecho con su fusil. Bam Bam se desploma: queda tendido, con los pies fuera del umbral y el resto de su cuerpo dentro de su champa de lámina.

A los cuatro policías los acompaña un hombre más, uno que no es policía. Es quien los ha conducido hasta este lugar. A este hombre solamente lo llamaremos Rastreador.

Si el patio en el que está la casa de láminas de Bam Bam fuera un cuadrado visto desde arriba, todo el lado inferior sería el cerco de madera y alambres de púas. La entrada a este solar está en la parte derecha de ese cerco. Los otros tres lados son paredes de ladrillo y cemento. La champa de Bam Bam está en la esquina superior izquierda del cuadrado.

El agente de indicativo Lico, quien comanda este pequeño escuadrón de la FES, ordena a Rastreador que entregue la escopeta que tiene en sus manos. Shenlong la toma, introduce tres cartuchos de perdigones y se para frente a la pared que, en la figura anterior, es la parte inferior del lado derecho, cerca de la entrada. El policía dispara dos veces a una corta distancia. En la pared quedan marcados dos enjambres circulares con muescas de los perdigones de la escopeta.

Shenlong saca entonces unos guantes de látex azules de uno de los compartimentos de su chaleco. Con ellos frota la escopeta para intentar borrar las huellas. Camina nuevamente hasta donde está el cuerpo y coloca, despacio, la escopeta al lado del brazo izquierdo de Bam Bam, ya muerto. Entonces termina su broma: saca su teléfono celular y toma una foto del cadáver, con la escopeta al lado.

Solo después de que el cuerpo tuvo la escopeta al lado, y después de que Shenlong tomó la fotografía, el grupo pidió refuerzos. Después de los disparos de Shenlong, Lico sale del patio y camina hacia el pick up vidrios polarizados, marca Nissan Frontier. La matrícula del vehículo asignado a este grupo es N13669, propiedad de la PNC, según lo verificó Factum. A Lico lo acompaña Rastreador. Le pregunta cómo se llama exactamente esa colonia y levanta el radio Motorola de uso policial. Rastreador responde que el lugar es el pasaje número 2 de la colonia Las Casitas, en Aguilares. Lico abre la comunicación del radio y grita con un tono de voz agitado.

–¡Tenemos un enfrentamiento en el pasaje 2 de la colonia Las Casitas, en Aguilares! ¡Refuerzos, rápido, refuerzos!

Este es el lugar donde miembros de la FES, ejecutaron extrajudicialmente a Iván Benjamín Carcamo Caballero, de 29 años, conocido como “Bam Bam”, en Aguilares, Colonia Las Casitas.
Foto FACTUM/Bryan Avelar

***

La versión oficial de la muerte de Bam Bam, según la Fiscalía General de la República, será esta: Un pandillero del Barrio 18 Revolucionarios falleció al enfrentarse con la PNC. La Policía añadirá detalles: Un equipo especializado de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) realizaba un patrullaje por la zona cuando fue informado de la presencia de un grupo de pandilleros en una casa. Al ubicarla, los agentes entraron al patio donde está la pequeña champa de lámina y fueron recibidos a tiros por los pandilleros. Uno cayó abatido ante la respuesta policial, después de dispararles dos veces con una escopeta, y otros dos huyeron, pero luego fueron capturados.

Esta versión, sin embargo, es falsa.

Durante tres meses, Revista Factum entrevistó a Rastreador, un testigo civil que no solo vio, sino que participó y colaboró directamente en las actividades del grupo de la FES dirigido por el cabo Díaz Lico. Con los relatos de Rastreador, y tras entrevistas con decenas de testigos, acceso a bases de datos de Medicina Legal, Policía Nacional Civil, autopsias y corroboraciones en el terreno, Factum ha logrado comprobar que este grupo cometió al menos tres ejecuciones extralegales, dos abusos sexuales contra menores de edad, diversos robos y una extorsión agravada en la que pedían dinero a cambio de respetar la vida de una persona retenida en un operativo policial.

Pero no solo eso.

Factum también ha tenido acceso, durante este mismo periodo, a chats privados en tiempo real en los que participan al menos 40 policías que van desde el nivel básico hasta unidades especializadas, además de varios colaboradores civiles. Esta infiltración a las conversaciones privadas, gracias al teléfono de Rastreador, permitió entrar hasta la intimidad de un grupo de policías que hablan libremente de compra y venta de armas, torturas a pandilleros y montajes de escenas de supuestos enfrentamientos armados donde lo que realmente ocurren son ejecuciones extrajudiciales.

Para comprobar que la versión de este enfrentamiento es falsa, Factum visitó el lugar de los hechos, revisó la autopsia del caso y consultó con un experto en armas y explosivos. Todas estas pruebas coinciden con la versión de Rastreador sobre la ejecución extrajudicial de Bam Bam.

Durante tres meses, este medio le siguió la pista a este y otros hechos en los que se ha visto involucrado el grupo de la FES liderado por Díaz Lico. En este periodo, se pudo comprobar que este grupo no solo se dedica a ejecutar pandilleros, sino que también ha cometido otra serie de delitos.

Sobre el caso de Bam Bam, a partir de la disposición de los elementos implicados en la escena, un especialista en armas y explosivos consultado por Factum aseguró que la trayectoria de los disparos es diferente a la que narró la PNC.

Los dos disparos que la Policía asegura que hizo Bam Bam supuestamente fueron hechos desde su champa de lámina hacia la entrada, por donde ellos iban ingresando. Sin embargo, la huella que los perdigones dejaron en la pared describe algo diferente.

Según el experto consultado por Factum, ambos disparos dejaron un derrape -o lo que técnicamente es conocido como shot splash- que indica que los tiros fueron disparados desde un ángulo de entre 70 y 80 grados desde la derecha. Es decir, quien disparó los dos tiros con la escopeta lo hizo desde una posición más cercana al cerco de alambres de la entrada y no desde el fondo del patio, donde está la champa de lámina en la que murió Bam Bam.

La otra posibilidad es que el tiro haya viajado en “s” desde la puerta de la casucha de Bam Bam hasta la pared. Es decir, que el proyectil haya salido en línea recta desde la posición en que se encontraba Bam Bam, luego haya girado a la derecha en el aire, a una distancia de unos seis metros, para tomar una curva nuevamente hacia atrás, y unos cuatro metros después hacer un giro en “u” para impactar contra la pared, desde una distancia de aproximadamente seis metros, que es la distancia que el experto calcula a partir del diámetro del impacto.

Bam Bam tenía 15 tatuajes en su cuerpo. Entre otros, tenía la palabra “Revolución” en la espalda. En sus brazos un “1” y un “8”, y en su pierna izquierda, de arriba hacia abajo, “Las Casitas Locotes”.

Factum tuvo acceso a la autopsia de Bam Bam, cuyo nombre real es Iván Benjamín Cárcamo Caballero, de 29 años de edad. Según la descripción médico-forense, el cuerpo de Bam Bam recibió dos tiros en el pecho. Uno de ellos fue en la región pectoral derecha, cerca del brazo. La trayectoria del proyectil descrita por el médico dice que la bala entró en dirección de izquierda a derecha, dañó los músculos y golpeó la parte superior del húmero, el hueso que une el hombro con el codo, y luego salió por el hombro.

El segundo proyectil, según la autopsia, fue la que le causó la muerte. Este entró por la región pectoral izquierda, en el quinto espacio intercostal izquierdo. El disparo entró en la cavidad torácica, fracturó tres costillas, laceró el pericardio (tejido que cubre el corazón) y la aurícula izquierda del corazón; luego atravesó el esófago, hasta salir por la espalda. Según la descripción del forense, este proyectil tuvo una trayectoria también de izquierda a derecha y ligeramente de arriba hacia abajo.

Este documento oficial refuerza la versión que Factum pudo constatar en el lugar: que los disparos a Bam Bam le entraron por el pecho. Es decir, quien le disparó tuvo que estar parado frente a él.

Luego del falso enfrentamiento, al pasaje 2 de la colonia Las Casitas llegaron decenas de policías a apoyar a sus compañeros, supuestamente en apuros. En realidad se trataba de un engaño.

* * *

Las maneras de Lico y su porte son los de un militar de vieja escuela: erguido y rudo. Lleva gorra siempre puesta y casi nunca hace bromas. Da órdenes. Perry, el policía que pateaba fuerte a Bam Bam, es probablemente el más hablador y bromista del grupo. Le encanta contar sus hazañas matando pandilleros y a la hora de actuar es el primero en atacar. Shenlong, quien disparó contra el pandillero y colocó la escopeta junto al cuerpo, es el más alto y el que mejor cuida su físico y su apariencia. Su uniforme esta siempre impecable. Su cara es larguirucha, lleva un bigote negro y ralo que lo hace ver más estilizado.  Usa el cabello largo para los parámetros policiales y es quien va mejor peinado.  Mowgli, el cuarto de ellos, es fuerte y tiene un evidente sobrepeso. Es el almadanero del grupo; es decir, es quien porta y maneja la almádana, el martillo gigante con que la Policía salvadoreña destroza las puertas de las casas. Las descripciones dadas por Rastreador coinciden, además, con fotografías en poder de Factum.

Estos cuatro policías son el cabo Díaz Lico, el agente Bladimir de Jesús Flores Ávalos, con ONI 27791; el agente José Roberto Ventura Gámez, con ONI 27518; y otro más identificado únicamente con el indicativo Mowgli. La confirmación de sus nombres fue posible después de cotejar un acta de captura, de un caso procesado en un juzgado de San Salvador, donde constan los nombres de los agentes captores: Flores Ávalos y Ventura Gámez. Ese caso, la captura de un supuesto pandillero, ocurrió ante los ojos de Rastreador a principios de este año.

Este es uno de los grupos de las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador, la sección policial que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha creado expresamente con tres objetivos: neutralizar estructuras delictivas, ir tras los 100 principales cabecillas de pandillas y detener a los criminales culpables del delito de homicidio. La FES está conformada por mil hombres, 400 policías y 600 soldados, que se dividen en pequeñas células como esta. Entre todas, han sostenido 38 supuestos enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, solo entre enero y junio de 2017, según las estadísticas oficiales.

Desde que la FES fue presentada oficialmente, el 19 de abril del 2016, el jefe a cargo de esta unidad fue el subcomisionado Marco Tulio Lima. A principios de febrero de este año, la Policía realizó 44 cambios, entre ellos varios mandos medios. Lima fue trasladado a la delegación de Sonsonate y en su cargo quedó el inspector jefe Elvis Cisneros Ascencio.

El director de la PNC, Howard Cotto, luego de un evento público realizado en San Salvador, respondió a Factum la jerarquía de mando de la FES: Todas las unidades en el territorio, incluida la comandada por Díaz Lico, responden a un solo jefe, el jefe de la FES. Este le responde al subdirector de áreas especializadas operativas de la PNC, quien a su vez le responde al director. El director le responde al ministro de Justicia y Seguridad Pública y este al presidente de la República. Es decir, que entre Díaz Lico y el director de la PNC solo hay dos mandos intermedios.

El 20 de Abril de 2016, el vicepresidente de la república, Oscar Ortíz, hizo la presentación de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, como parte de las herramientas de las “medidas extraordinarias” de la seguridad, en su combate contra las pandillas.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El rastreador de pandilleros

Rastreador es un hombre perseguido. Tiene serios problemas con las tres pandillas más grandes de El Salvador. Las rastreó y contribuyó a cazarlas durante al menos un año junto a escuadrones de la muerte de la Policía. Pero también tiene problemas con estos escuadrones policiales: luego de trabajar con ellos, los delató ante la Fiscalía General de la Republica. Contó sus secretos,  sus formas de operar y ayudó a una revista digital, a Factum, a  infiltrarse  en sus comunicaciones. Rastreador tiene también problemas con el sistema legal salvadoreño, pues lo que hizo para cazar pandilleros se traduce en una larga lista de delitos.

Rastreador tiene 27 años y hasta hace dos vivía con su familia en un municipio de San Salvador.  Desde que se graduó del instituto nacional de su municipio se dedicó a trabajar. Fue dependiente de una comercial y vendedor por comisión de varios negocios de electrodomésticos. Su trabajo consistía en visitar las colonias, cantones y caseríos, catálogo en mano, y lograr que la gente comprara, casi siempre a crédito, desde una licuadora hasta un juego de comedor.  Así sostenía un hogar formado por su madre y su esposa.

Era un buen vendedor, muy habilidoso con las palabras.

En febrero del 2016, su moto, la que usaba para trabajar, desapareció. Se la llevaron por la noche. Duro golpe para una economía familiar que se basaba, en buena medida, en que esa moto llevara a Rastreador hacia posibles compradores. Entonces compró otra, una motocicleta china marca Freedom modelo Spitzer 200.

Pero en mayo de ese mismo año, un diente de la catarina, el disco que mueve la cadena, se rompió mientras transitaba por la carretera Troncal del Norte. Desde ese momento la vida cambió radicalmente para él y su familia.

Rastreador empujó su moto averiada hacia el taller más cercano, siempre sobre esa carretera. Ahí habló con Julio César Calderón, el encargado del negocio e incluso dejó un adelanto para las reparaciones.

Pasaron varias semanas y no tuvo noticias de su moto, así que fue a visitar nuevamente al encargado del taller. Pero nada. Su moto no había sido reparada.

Visitó el taller nuevamente días después, pero tampoco esa vez estaba lista. Calderón le dijo que no llegara más, que esa moto ya no era suya.  Rastreador rogó un poco, pero fue en vano, el hombre estaba armado. Le dijo: “Acá nosotros todos estamos con el Barrio 18”. Concretamente con la facción Revolucionaria de esa pandilla. No solo querían su moto, la querían legal. Así que le exigieron a Rastreador la tarjeta de circulación.  Rastreador se negó.

Semanas después, Julio César Calderón llegó a casa de Rastreador montado en la Freedom. Con él iba un pandillero del Barrio 18. En la casa solo estaba la madre de Rastreador. Ella trató de engañarlos y les dijo que su hijo había migrado hacia los Estados Unidos, pero no le creyeron. Hicieron sus amenazas y se fueron. La mujer pidió a su hijo que no regresara más a esa casa. En cuestión de semanas, Rastreador había perdido casi todo lo que había ganado trabajando. Vivía en un rancho, donde unos familiares de su mujer, y el poco dinero que llevó se estaba agotando.

Rastreador no era un ciudadano común. Había tenido algunos acercamientos con el mundo criminal. Según datos de la Policía, Rastreador fue detenido en varias ocasiones por diversos delitos menores: una estafa a una mujer en 2016 y una detención por portación ilegal de arma de fuego en el 2015. De hecho, una ficha policial incluso vincula a Rastreador con la MS-13.

Si Rastreador realmente tuvo relaciones con  pandillas, estas no alcanzaron para recuperar su motocicleta.

Fue después de la visita de Calderón a la casa de su madre cuando, desesperado, decidió buscar ayuda en el Estado salvadoreño. Rastreador hizo lo que se supone debe hacer un buen ciudadano: fue a la Policía. Puso una denuncia formal, dio declaraciones muy detalladas y les dijo a los investigadores que podía incluso llevarlos a los lugares donde vivían los pandilleros que le robaron.

Durante varios días, Rastreador fue con los agentes de la PNC, vestido de policía y con gorro pasamontañas, a buscar pandilleros. Fue un buen guía y buscador. Los llevó a los sitios exactos y la Policía pudo capturar al menos a tres pandilleros y algunos colaboradores, incluido Julio César Calderón.  Rastreador cuenta que Elián, un agente de la Dirección de Investigaciones (DIN) del municipio de Apopa, le dijo: “Mirá, me gusta cómo trabajas vos, trabajás bien. ¿No te gustaría trabajar en algo más fino?” Rastreador, sin saber a ciencia cierta qué significaba aquello, les dijo que sí.

Rastreador ubicó entre julio y agosto de 2016 al menos a cuatro pandilleros y contribuyó a encontrar a varios más para los investigadores de la DIN.  No estaba muy seguro si lo que hacía era legal, pero poco importaba. Estaba ayudando a golpear a la pandilla que le robó su vida y la de su familia.

Pasadas tres semanas, nuevamente, el investigador Elián llegó con una propuesta.

-Ey, estamos bien contentos con tu trabajo, nos gusta. Te quisiera presentar a unas personas que hacen un trabajo todavía más fino, ¿te parece?, dijo Elián, según recuerda Rastreador.

Para este policía la fineza del trabajo policial depende del destino de los pandilleros. Arrestarlos es todavía algo muy grueso.

Una tarde calurosa de agosto, Rastreador recibió la llamada de un hombre de voz ronca. Quedaron de verse en el parqueo de un centro comercial de Apopa llamado Pericentro. Ahí, estacionado, estaba un pick up blanco Nissan Frontier año 2016, placas N13669, con los vidrios polarizados. Dentro lo esperaban cuatro hombres con camuflaje azul digital. Tenían una nueva propuesta -muy fina- para él.

Desde ese día hizo varias cosas para este grupo. No solo les ayudaba a encontrar pandilleros, pues conocía cada rincón de su municipio. Si un pandillero no estaba en la casa a la que los había llevado, sabía dónde estaban sus hermanos o su madre. Sabía en cuáles veredas podrían encontrar a los pandilleros fumando un puro de marihuana y dónde la habían comprado. Creció en este municipio y era un experto en él.

Pero Rastreador no solo era bueno encontrando gente. También se volvió un verdadero especialista en buscar perfiles de Facebook.  El método era sencillo: creaba un perfil de mujer, con fotos e historial de publicaciones, y para hacerlo verosímil bajaba de internet fotos de chicas desnudas en secuencia de la página web vk.com, para que pareciera que fueron tomadas en el transcurso de la conversación. La idea era empezar a hablar con los pandilleros, coquetearles, pero hacerse un poco difícil. Una vez establecía un contacto regular con ellos utilizaba las fotografías. Les mandaba una por una hasta calentar la cosa y, entonces, la estocada final. Les preguntaba dónde estaban en ese momento. Los pandilleros esperaban a una chica exuberante y tetona y en su lugar los visitaba Lico, Perry, Shenlong y Mowgli.

Pero Rastreador fue más que eso; fue la conexión en las redes sociales, en específico Whatsapp, del grupo de Lico con decenas de policías que en todo el país se dedican a lo mismo: a ejecutar extrajudicialmente pandilleros.

Las redes del exterminio

Un mensaje de voz llega al chat de WhatsApp.

–Compañeros, me está tirando el 911 que hay siete ratas eliminadas, ¡qué alegría!

Luego llegan otros mensajes en respuesta. Emoticons de aprobación, felicitaciones y frases de regocijo.

Quien envió el mensaje es un policía destacado en la Unidad Antipandillas. Quienes responden son otros policías de bajo rango de distintas divisiones, investigadores policiales y colaboradores civiles cercanos a la institución. No se trata de un chat oficial, no es un chat orgánicamente vinculado a la PNC. Se trata de algo informal entre policías y civiles a los que los une una sola cosa: la convicción de que hay que exterminar pandilleros.

Factum tuvo acceso a dos de estos chats a través del teléfono de Rastreador. Durante casi tres meses, esta revista monitoreó los contenidos que eran subidos diariamente a estos grupos de WhatsApp donde participan al menos 50 personas, entre policías y civiles.  Algunas de estas personas crearon además páginas de Facebook en donde se comparte información de uso policial como escenas de asesinatos, perfiles de supuestos pandilleros, datos personales de familiares de estos e información sobre estructuras de grupos de pandillas. Rastreador, como parte de su colaboración con el grupo de la FES dirigido por Díaz Lico, creó una de estas páginas. Fue a través de su teléfono que esta revista monitoreó diariamente las conversaciones y los contenidos compartidos en estos chats y a su vez pudo relacionar los números telefónicos de estos policías y colaboradores con páginas de Facebook creadas desde estos números de teléfonos.

Estos son algunos de los hallazgos que se encontraron.

3 de junio de 2017. Un policía escribe en el chat la ubicación de un pandillero herido. Dice que un religioso le está dando protección en una iglesia de un municipio de Sonsonate. Los policías están molestos porque el religioso se negó a entregarles al herido. Suben fotos y dicen que es un líder pandillero baleado por policías y que recientemente ha salido de un penal. Otros se quejan de las leyes que no les permiten matarlos de una vez. “Valen verga las leyes”. Otro policía escribe: “Eso pasa por dejar libres a esas ratas”. Otro replica: “Ojalá se muera ese hijo de la gran puta”.

Al final llegan todos a una conclusión casi religiosa. Uno de ellos dice en una nota de voz: “Lo que es de Dios es de Dios, porque una rata de estas ¿qué beneficios podrá dar? La misma palabra dice: árbol que no da fruto debe ser cortado y echado al fuego, ¿y esta rata qué fruto va a dar…?”

El compañero del herido no corrió con tanta suerte. Un equipo de la FES le disparó mientras se conducía en una motocicleta. En las primeras fotos del cadáver, que fueron subidas a uno de estos chats, se ve a un hombre tirado en el piso en un charco de su propia sangre. Entre sus piernas está su motocicleta y a centímetros de su mano derecha una pistola. La versión oficial de la policía es que el hombre aceleraba su moto y disparaba al mismo tiempo. Con la misma mano.

Luego envían bromas y pornografía. Se lanzan guasas y chanzas y pasan a otros temas.

Este chat no solo es usado para intercambiar opiniones sobre la necesidad del exterminio de pandilleros.

A principios de 2017 se compartió un video en el chat. Un hombre de unos 30 años se arrastra malamente por el patio de una delegación policial. Tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. “Mara Salvatrucha 13” se lee en su cuerpo. Tiene las piernas muy lesionadas, sus pies están hinchados y lacerados y de su oído sale un hilo de sangre que ya se ha coagulado sobre sus mejillas. Se arrastra con las manos y a su alrededor varios policías se mofan de su mala ventura.

–Así se arrastran siempre las basuras… ¿Ey, te pica el culo, pendejo, que te vas arrastrando?, dice uno de los cinco uniformados que lo rodean. El patio de esta delegación policial es largo y al fondo se escuchan las burlas de los policías.

–Se cayó del segundo piso la ancianita. Se quebró las patas, dicen.

La espalda del pandillero está enrojecida por múltiples bultos. Quien graba el video lo apresura a que se mueva con rapidez. “¡Apurate, pues, pendejo!” El hombre se arrastra hacia una patrulla. En el fondo se escuchan risas.

24 de junio de 2017. Un grupo de la Sección Táctico Operativa (STO) de la PNC reporta haberse enfrentado a pandilleros en el cantón Primavera de Quezaltepeque, municipio de La Libertad. Los policías subieron casi inmediatamente las fotos de los cadáveres a sus chats.

El primer cadáver es el de José Luis Polanco Escalante, de 22 años. Tiene los ojos abiertos, muy abiertos, y las rodillas flexionadas. A centímetros de su brazo izquierdo está una gorra negra y a menos de medio metro su camisa, como si se la hubiese quitado para morir. A centímetros de su mano derecha hay una pistola negra pero el cañón apunta hacia atrás, como si José Luis la hubiera empuñado hacia sí mismo al momento del  supuesto enfrentamiento. Sus asesinos le bajaron el pants hasta dejar al descubierto su pene.

Los policías celebran la muerte de José Luis en uno de los chats y la ocurrencia de dejar el pene al aire.

–Vaya, para Stanley. Él se la hubiera decomisado, dicen los policías, mofándose de uno de los agentes del grupo. Pero este se defiende.

–No. Ahí Gladiador se la hubiera quitado, dice el agente identificado como Stanley.

Gladiador, usando la lógica de que no se rían de uno sino con uno, responde.

–Nombre, a mí me gustan más grandes. Un gran hijueputón ja ja ja ja.

Cerca del cadáver de José Luis yace el de Douglas Ramírez. Junto a él también está su camisa y su gorra.

En su cuenta de Twitter la Fiscalía General de la Republica (FGR) se limitó a reportar “doble homicidio en Cantón Primavera, Quezaltepeque. Intercambio de disparos entre miembros de la pandilla 18 y PNC”.

En los chats, los policías no solo celebran las muertes de los pandilleros. Estos espacios constituyen una forma de organización que facilita el exterminio. Es una especie de sistema de inteligencia informal. También se orientan o llaman la atención cuando las escenas de homicidios en falsos enfrentamientos son mal montadas.

El 29 de junio de 2017, a las 5:59 de la tarde, uno de los miembros del chat envió una foto seguida de varios mensajes de texto. En la imagen se ve a un joven desnudo tirado en medio de un monte espeso. Tiene el pantalón enrollado hasta los pies y los zapatos aún puestos. La foto va seguida de este mensaje: “Se reporta intercambio de disparos entre personal de la DIN Quezaltepeque y pandilleros de la 18R (…) resultó fallecido el sujeto alias El Pedo Triste, reconocido pandillero del sector, quedando un arma de fuego en la escena”.

A este mensaje le sigue otro: “Ése nes ya publico eso y está desnudo mala onda por los del procedimiento” (sic). “Pero hay cuatro camaradas detenidos así me dicen” (Sic). “Compañeros ay q tener cuidado con las fotos seamos listos para montar escenas para q no salga clavoz después” (sic). “Ojala no vaya haber problema ahí” (sic).

Este hecho fue publicado por varias de las páginas que son alimentadas desde este grupo de WhatsApp, incluyendo NES (Noticias El Salvador), administrada por el agente de indicativo Mateo, y Máximo Gladiador SV, administrada por el agende de la STO de indicativo Máximo.

Aunque la Fiscalía no reportó este hecho en su cuenta de Twitter, como usualmente lo hace cuando hay intercambios de disparos entre policías y pandilleros, el Instituto de Medicina Legal (IML) sí reportó el levantamiento de un cuerpo ese día. La víctima, según datos del IML, era un joven de sexo masculino de 17 años de edad. El levantamiento fue realizado a las 6:15 de la tarde en una hacienda de Quezaltepeque.

Además, cuando un pandillero sale en libertad de un penal, algunos policías le toman fotografías y las envía a sus colegas junto con la dirección o la ruta de buses que la persona tomó después de cumplir su sentencia.

El 29 de mayo a las 10 de la noche llegó un mensaje a uno de los dos chats policiales a los que Factum tuvo acceso. El mensaje lo enviaba uno de los integrantes con número de teléfono de terminación 9363.

“Compas hay va esta rata saliendo del penal de chalate” (sic). “Buzos, es de la colonia 10 de octubre san marcos” (sic). “De la Clica octubres locos” (sic). “De nombre Abel Antonio Ángel Valladares” (sic). “Alias Spay” (sic).

Seguido de estos mensajes manda seis fotos de detalle de los tatuajes de un pandillero que posa con las manos en la nuca. Después, otro mensaje más escueto y directo: “Gas urgente”. En El Salvador, la expresión “dar gas” a alguien es utilizada popularmente para decir “darle muerte”.

Esta red también es útil para conseguir armas. Al menos en tres ocasiones, los policías hicieron negocios de compra, venta y remodelación de armas de fuego. En uno de los chats, incluso se hablaba de un taller para modificar armas y hacerlas “a la carta”.

Esta red informal cobra mejor forma cuando pasa de WhatsApp a Facebook. En esta última red social algunos agentes y colaboradores señalados en esta investigación crearon las páginas: Resumen El Salvador, que es administrada por el agente de indicativo Stanley, con el número de teléfono de terminación 9793; Diario Leo SV, que es administrado por la persona conocida como Roro o Leo, con el número de teléfono de terminación 4622; Héroe Azul Verdadero, que es administrada por un agente de la DCI, con indicativo Felipe, con el número de teléfono de terminación 5709; y Máximo Gladiador SV, que es administrada por el agente de indicativo Máximo, de la Sección Táctico Operativa (STO), con el número de teléfono de terminación 9403.

De otro de los chats a los que esta revista tuvo acceso se alimentan las páginas NES Noticias El Salvador, administrada por el agente policial de indicativo Mateo, con número de teléfono con terminación 8910; Hechos Informativos SV, administrada por el agente de indicativo Siniestro, con el número de teléfono de terminación 0573; e Informador Periódico Digital, administrada por un civil del cual no se sabe el nombre, pero porta el número de teléfono de terminación 9364.

Todos ellos participan de forma activa en los chats, de donde sale casi toda la información hacia las páginas.

El agente de indicativo Máximo, quien administra la página Máximo Gladiador SV, aceptó hablar con Factum. En esta página se han subido decenas de imágenes de supuestos pandilleros muertos con el mensaje “rata eliminada”. O fotos de personas de quienes se dice que son familiares de pandilleros con un evidente propósito de exponerlos.

–Las publicaciones de su sitio demuestran una clara apología al exterminio de pandilleros. ¿Por qué?, le preguntó Factum.

–No es una apología, sino que, normalmente, cuando existe un enfrentamiento se publica lo legal que es, ¿verdad? Digamos que si dos pandilleros fallecieron en el enfrentamiento es así. Ahora talvez se puede ocupar la palabra, por decirle, rata, pero es algo normal, verdad, que se tomen así ese tipo de personas antisociales. Pero a eso no queremos darle a… por decirle… a ningún grupo de exterminio en ningún momento, verdad, dijo Máximo.

Estas páginas tienen además una misión muy importante para los exterminadores. Les permite recoger denuncias e inteligencia proveniente de las comunidades. Y algo más. Dinero.

A principios de enero de 2017, Rastreador creó su propia página de Facebook: Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador. Esta, según él mismo lo explica, serviría para publicar información policial de las actividades del grupo de la FES comandado por Díaz Lico y de otros policías que compartían información en los grupos de WhatsApp. De esta forma, al ganar seguidores, podrían obtener denuncias o información de ciudadanos que les ayudaran a ubicar pandilleros.

Al poco tiempo de haber sido creada, la página administrada por Rastreador recibió algunas denuncias de personas que le dieron información de pandilleros, otras pedían ayuda, y otras buscaban contratar los servicios de sicarios. En una ocasión una mujer escribió con un ofrecimiento.

–Yo busque a la página Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador, les dije que les podía colaborar para que limpiaran la zona donde vive mi familia. Me respondieron, me dijeron que me agradecían mucho, que los policías estaban pasando una mala situación y que tenían salarios muy bajos. Así que les empecé a mandar dinero. Pero no era mucho, unos cincuenta dólares una vez, unos cien la siguiente, y así. Para que comieran algo.

La que habla es una mujer que vive desde hace más de cinco años en los Estados Unidos y ayudó, durante varios meses, enviando dinero al grupo dirigido por Díaz Lico para exterminar pandilleros de la zona norte de San Salvador. Factum logró hablar con ella.

Según dijo, ella cree que apoyando a los grupos de exterminio contribuye a que El Salvador, y concretamente el municipio donde vive su familia, sea más seguro.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Factum que hasta el momento no se tienen investigaciones abiertas sobre estas páginas.

Los videos en estas páginas son explícitos y numerosos: un chico que se arrastra semidesnudo por un camino de tierra mientras un policía lo obliga a cantar; una chica forzada a hacer sentadillas mientras sostiene una enorme piedra sobre su cabeza; dos chicos arrodillados dentro de una delegación policial siendo mordidos por un perro y electrocutados por uniformados; cuatro chicos forzados a acostarse en un hormiguero; un pandillero recibiendo las  patadas de un policía  en el estómago y las costillas mientras está esposado y en el suelo; un policía élite torturando con un cuchillo a un pandillero esposado, y una larga lista de manifestaciones de la brutalidad. No es difícil encontrar información como esta. Basta con buscar en Google con el reactivo “policía salvadoreña torturando pandilleros”.

Estas puestas en público del exterminio y la tortura de pandilleros han sido exitosas, tanto recopilando información como obteniendo recursos, y esto ha sido posible gracias al inmenso apoyo de la población salvadoreña. Solo la página de Facebook Héroe Azul tiene más de cincuenta mil seguidores. El Salvador apoya el exterminio, al menos en su versión digital. 

Un agente policial vigila un pasaje en la Comunidad La Selva en Ilopango, San Salvador, y a sus espaldas se leen los nombres de los pandilleros que han muerto en este sector controlado por la Mara Salvatrucha.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

“Bichas putas, de darle cuca a los homeboys vienen”

A principios de marzo del 2017, el grupo de la FES liderado por el cabo Díaz Lico llegó al cerro de Juan Zamora, en Aguilares, en el lindero norte de San Salvador. Los policías buscaban a un pandillero del Barrio 18 que vendía droga. Habían recibido información de que se escondía en una casa de aquel cerro y llegaron en su pick up Nissan Frontier blanco acompañados por Rastreador.

Para llegar al cerro de Juan Zamora hay que dejar el camino pavimentado y adentrarse un par de kilómetros por un camino angosto de tierra y piedras sueltas. Luego de pasar por el casco de la hacienda se toma un sendero todavía más estrecho hasta llegar a un llano. Ahí está la casa donde Lico, Perry, Shenlong, Mowgli y Rastreador llegaron aquella tarde.

Para entrar a la casa, la FES no necesitó ninguna orden de allanamiento, tenía sus armas. Los policías entraron gritando y botando cosas. Los inquilinos, amenazados por los fusiles de los agentes, se limitaron a ver cómo estos ponían su casa patas arriba.

Ese día, los agentes del grupo de Díaz Lico no encontraron ni al pandillero, ni su droga, ni sus armas; ni siquiera pruebas de que en realidad viviera en esa casa. Se pusieron furiosos. Sobre todo Perry y Shenlong, según recuerda Rastreador.

En un monte cercano a aquella casa, dos niñas de 13 y 14 años cortaban jocotes. Ignoraban la presencia de los policías. Los árboles en ese cerro, si bien tienen dueño, son pepenados por la gente de los alrededores sin causar mayor problema. Las niñas llenaron sus bolsas de jocotes e iniciaron su camino de vuelta a sus casas, pero a su paso se encontraron con la FES.

–Ajá, bichas putas, de regalarle cuca (vagina) a los homeboys (pandilleros) vienen, ¿veá, putas? ¿Dónde andan la droga?, dijo Perry.

En el patio de la casa, cerca de un portón de madera, hay un pequeño tanque de agua con tres láminas viejas y oxidadas enfrente. Estas hacen las veces de ducha improvisada. Las latas sirvieron algún día para cubrir apenas el torso de quienes se bañaban ahí, pero se nota que quedó en desuso hace mucho tiempo.

Las niñas, que vestían aquella tarde cada una un pequeño short y camisas ajustadas, dijeron que ellas no andaban droga, y para demostrarlo abrieron una pequeña cartera que llevaban consigo. Pero a Shenlong y a Perry no les bastó esa prueba.

–Bichas putas, ¡ustedes son ratas, son ratas!, les gritaban los policías. Entonces las llevaron hasta la ducha improvisada.

Shenlong metió a la niña de 13 años al recuadro de láminas y le pidió que se quitara la camisa. La niña dijo que no, pero ante su respuesta el enorme policía la golpeó varias veces en la frente con la punta de su fusil. Ella, llorando, suplicaba que no la mataran. Pero ante las súplicas a Shenlong se le ocurrió hacerle más daño.

–¡Quitate la ropa!, pues, hija de puta ¿o querés que te mate?  Ahí andás la droga– le dijo Shenlong a la menor de las chicas. Y le metió la punta del fusil en la boca para que esta lo lamiera.

La niña se fue quitando poco a poco la ropa ante la mirada y las amenazas a muerte del policía.

–Te voy a revisar, ¿ahí abajo andás la droga vea?, dijo Shenlong.

La niña se quitó el short con lágrimas en los ojos, mientras el policía le introducía los dedos en su vagina.

Al otro lado de la lámina, Perry hacia lo mismo con la otra niña de 14 años.

–Ve qué flojas están estas bichas putas. Bien guangas (flojas) están, se decían entre risas los agentes, ante la mirada de Lico, Mowgli y Rastreador. Y ante la mirada, también, de los vecinos.

Casi 20 minutos después, las dejaron ir, vejadas, llorando y amenazadas.

Ese día el grupo tres de la FES no logró cazar a ningún pandillero. Tampoco consiguió la droga ni las armas que buscaba. Tampoco obtuvo ninguna información relevante para el combate del crimen. La FES, igual que lo hicieron años atrás los cuerpos de seguridad del Estado, no tuvo reparo en hacerle esto a dos niñas. Lo hicieron ante la mirada de varias personas.

Un agente policial vigila un pasaje en la Comunidad La Selva en Ilopango, San Salvador, y a sus espaldas se leen los nombres de los pandilleros que han muerto en este sector controlado por la Mara Salvatrucha.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El final de El Eclipse

El 3 de marzo de 2017, Lico, el líder del equipo, aseguró tener información sobre el lugar donde se escondía un pandillero de alias El Eclipse, miembro de la clica City Paraísos Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha 13. El nombre de este sujeto era en realidad Samuel Antonio Avelar Carpio, de 26 años, quien estaba junto a otro pandillero a quien las autoridades no han logrado identificar.  Alrededor de la 1 de tarde, Rastreador, junto al equipo de Lico, se dirigió hacía el Distrito Italia, un complejo habitacional en Tonacatepeque, al nororiente de San Salvador, construido por la cooperación italiana para gente de escasos recursos.  Ahí, en la manzana 55, en el segundo pasaje, Samuel Avelar descansaba después de comer su almuerzo cuando el equipo de la FES entró a su casa.

La testigo 1 llegó corriendo a las 2:00 p. m. al pasaje donde vivía El Eclipse, llevando consigo a su hija de pocos años.  Un policía recio con camuflaje azul digital la enfrentó.

–¿Qué buscás aquí? Andate a la mierda mejor. Andá a ver qué putas le das de hartar a esa tu niña– le dijo el robusto policía.

La testigo 1 conocía a Samuel desde hacía muchos años. Ella sabía que estaba dentro de la casa en la que habían entrado los policías y desde la que salía un grito desesperado: “¡Ayuda, me van a matar!”

Ella llegó hasta ese pasaje porque vio un pick up blanco Nissan Frontier pasar a toda velocidad por la calle principal rumbo a la manzana 55. Aunque el pick up no tenía ningún distintivo policial, ella sabía que eran policías.

Testigo 1 corrió a toda prisa, lo más rápido que pudo, pero no lo suficiente para alertar a tiempo al pandillero. A las 2:15 p. m. escuchó el sonido de una ráfaga salir del interior de la casa y luego varios tiros sueltos. Testigo 1 salió de ahí con su hija en brazos, ahuyentada por las amenazas del policía que custodiaba la casa, con la esperanza de que no fuera El Eclipse quien hubiese recibido aquella ráfaga.

Testigo 2 escuchó el grito “¡ayuda, me van a matar!” alrededor de las 2:10 p.m. Según cuenta, aproximadamente a las 2:00 p. m., vio a dos policías entrar por la fuerza a la vivienda donde estaba El Eclipse y su compañero. Los policías tenían camuflaje azul digital y fusiles automáticos. El primero en entrar era un hombre alto y fibroso. El segundo era más robusto y bajo.

Alrededor de las 2:15 p.m., testigo 2 escuchó una ráfaga y luego varios tiros sueltos.

Testigo 1 dice que, cuando salió del pasaje hacia su casa, vio el pick up blanco Nissan Frontier estacionado frente a la entrada de los pasajes, y dentro de este un hombre sin uniforme y cubierto con un gorro pasamontañas.

Otros testigos, incluidos líderes religiosos y vecinos de esa comunidad, confirman los hechos.

Rastreador dice que ese día se quedó en el carro mientras el grupo entraba en la casa de El Eclipse. Dice que quienes entraron a matar fueron Shenlong y PerryLico se quedó fuera junto a Mowgli, dando seguridad perimetral. Él aguardó dentro del pick up, con un pasamontaña sobre la cabeza.

Los testigos consultados por Factum en este caso señalan que El Eclipse y su compañero sí eran pandilleros de la MS-13, sí estaban en esa casa, sí estaban escondidos y sí tenían armas. Sin embargo, los testigos también señalan que los pandilleros, al ver entrar a los policías, se rindieron.

Aquella tarde del 3 de marzo de 2017, la FES no iba a capturar pandilleros. Iba a matarlos.

A El Eclipse, la FES le dio ocho disparos. Uno en el pecho y siete por la espalda. La autopsia a la que Factum tuvo acceso describe que el tiro que impactó en el pecho salió por la espalda, lo cual, según el mismo documento, indica una trayectoria “de adelante hacia atrás”.

Los siete disparos que recibió El Eclipse por la espalda, según la autopsia, entraron por la región dorsolumbar izquierda. De estos, dos salieron por el hipocondrio derecho (zona cercana al hígado), y los otros cinco, por las zonas infraescapular derecha y fosa renal derecha. Todos estos disparos, según el documento, describen una trayectoria “de izquierda a derecha” respecto al cuerpo de la víctima.

En el caso del otro pandillero, a quien ni la pandilla que lo acogió en el Distrito Italia ni las autoridades de Medicina Legal lograron reconocer, recibió cuatro disparos de la FES. Los primeros dos descritos en la autopsia le entraron por la cara externa del brazo izquierdo, uno por delante y otro por detrás. Ambos tiros describen una trayectoria de izquierda a derecha y, según el documento, atravesaron todo el torso del pandillero hasta salir por la zona axilar derecha y reentraron por la cara interna del brazo derecho hasta salir por la cara externa del mismo.

Otro tiro le entró por la zona iliaca izquierda (zona inferior izquierda del torso) y salió por el hipocondrio derecho. La trayectoria de este proyectil, según la autopsia, describe un camino “de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha”.

Y el último tiro descrito por la autopsia entró por la zona lumbar izquierda (espalda) y salió con “trayectoria intracorpórea de delante hacia atrás, de derecha a izquierda” por la zona del hipocondrio derecho.

Rastreador cuenta que luego de asesinar a El Eclipse, Lico llamó por radio pidiendo refuerzos. Los testigos de la comunidad cuentan que después de los últimos tiros llegaron decenas de policías y militares a apoyar al grupo de Lico en un enfrentamiento que no ocurrió contra unos pandilleros que ya estaban muertos.

Un caso que avanza a cuestas en la Fiscalía General

Una tarde, a principios de mayo de 2017, Rastreador llegó a la Fiscalía diciendo palabras muy extrañas, pidiendo algo que solo alguien desesperado podría pedir. Llegó rogando, suplicando, que lo metieran preso, que lo encerraran en una bartolina, que lo convirtieran en un testigo criteriado.

Rastreador pedía esto sabiendo que, en El Salvador, ser un criteriado y estar encerrado en una casa de seguridad es vivir a medias, vivir en un lugar reducido, sucio y junto a otros criminales que el Estado perdona a cambio de confesar sus delitos y entregar a sus cómplices. Pero la petición solo podía venir de alguien que está en el límite, como él.

Luego de estar en varias misiones ubicando pandilleros y tras haberse ganado la confianza de los policías hasta llegar a sus círculos más íntimos, Rastreador decidió hablar con la Fiscalía y con Factum. A finales de abril de 2017, decidió ya no colaborar más con el grupo de Díaz Lico y contar todo lo que había hecho, visto y oído.

Poco antes de hablar con este medio, Rastreador buscó al Estado. Llegó a las oficinas de la Fiscalía y contó que él había sido miembro de un grupo de la Policía que se dedica a ejecutar, robar y extorsionar. Pero no lo tomaron en serio. Más bien, cuenta que lo humillaron y que lo llamaron “rata”, para luego darle la espalda.

Pero Rastreador fue insistente. Siguió buscando a la Fiscalía hasta que, por fin, lo escucharon.

Una fiscal de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado le tomó, durante varias semanas, declaraciones sobre lo que sabía. Casi dos meses después de iniciar su proceso, la Fiscalía le ofreció convertirlo en testigo protegido. Pero el proceso avanzó despacio, con una lentitud burocrática. Dos meses después de su primera declaración, la Fiscalía por fin le presentó a dos policías de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC, para que trabajaran en el caso, quienes luego fueron sustituidos por otros policías.

Durante las primeras semanas de investigación, los agentes de la DECO asignados al caso no se encargaron de preguntarle a Rastreador sobre los policías y sus crímenes, sino sobre pandilleros. Los agentes le escribían y lo llamaban constantemente para preguntarle sobre pandilleros de la zona norte de San Salvador, sobre dónde ubicarlos y otros datos relevantes para su búsqueda.

Durante un buen tiempo de la investigación, la Fiscalía no centró su atención en investigar a los policías, sino en cuestionar a Rastreador sobre su comunicación con Factum. La fiscal del caso dedicó buen rato de varias entrevistas para hablar de periodistas y de organizaciones de derechos humanos a los que Rastreador contactó.

Por cuatro meses, la Fiscalía abandonó en la calle a su principal testigo sobre un caso de grupos de exterminio dentro de la Policía. Rastreador durmió en parques, en plazas, en iglesias, en moteles baratos, abandonado a su suerte.

Tras cuatro meses de insistencia, finalmente la Fiscalía accedió a encerrarlo en una casa de seguridad, en medio de un territorio controlado por pandillas, junto a otros testigos criteriados.

Si quiere recuperar a su familiar, busque al Grupo de Exterminio

El 16 de enero de 2017, la víctima con nombre clave 385 buscó la página de Facebook Grupo de Exterminio. En ella vio la foto de un familiar suyo. De inmediato se contactó con el administrador de la página para pedir que lo devolvieran. La respuesta que recibió por el chat fue que, si quería que su familiar permaneciera con vida, debía pagar 600 dólares, según consta en un expediente judicial de un juzgado al oriente del país al que Factum accedió.

La página a la que se contactó la víctima 385 era administrada por Rastreador y servía como fuente de información al grupo de la FES dirigido por Díaz Lico.

Según el relato de Rastreador, aquel grupo realizó un operativo en el oriente del país y en él capturaron a un pandillero que extorsionaba a un comerciante. Durante el allanamiento, uno de los miembros del grupo de la FES le dijo a una chica que estaba en la casa que si quería recuperar a su familiar debía contactarlos por medio de la página Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador.

Rastreador asegura que Lico le dijo que debía exigirle 600 dólares a 385 y que le prometiera que le devolverían vivo a su familiar. Sin embargo, el líder del grupo de la FES no tenía la intención de entregar a aquel joven detenido.

El joven nunca regresó con su familia, a pesar de que los 600 dólares fueron entregados a la cuenta bancaria de la mujer de Rastreador, según consta en el documento fiscal. Ahora ella está presa por el delito de extorsión en grado de coautora. Según Rastreador, ella nunca participó este hecho. Él, en cambio, sí.

Factum llamó a los teléfonos personales de los agentes de indicativos Perry, Shenlong, Mowgli y Díaz Lico. De estos, solo el último contestó. Aunque al principio contestó de manera afirmativa a su nombre como a su cargo dentro de la FES, al escuchar los señalamientos sobre homicidios, abusos sexuales y extorsión en que está involucrado él y su equipo, negó tener conocimiento de los hechos, negó ser policía. Negó ser Díaz Lico.

Entre el 1.° de enero y el 21 de agosto de este año, la Policía salvadoreña ha matado a 293 pandilleros en 346 supuestos enfrentamientos armados.

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Grupo élite de la PNC involucrado en homicidios, agresiones sexuales y extorsión

El grupo de la FES, la unidad estrella de la estrategia de seguridad del actual gobierno, ha cometido los delitos usualmente ligados a las pandillas que dice combatir.

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Bryan Avelar y Juan Martínez d’Aubuisson, 22 agosto 2017 / FACTUM

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Agentes uniformados de un grupo de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) de la Policía Nacional Civil ejecutaron al menos tres homicidios y participaron en agresiones sexuales a dos adolescentes en dos municipios al norte de San Salvador, además de extorsionar a una mujer en San Miguel, entre febrero y marzo de este año.

La FES es el batallón élite creado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén en abril de 2016 para combatir a las pandillas MS-13 y a las dos facciones del Barrio 18. Está compuesta por 1,000 hombres agrupados en unidades conformadas por entre 4 y 10 agentes al mando de oficiales de la corporación policial. En una detallada investigación, Revista Factum cuenta cómo la falta de supervisión institucional facilitó en parte que esa unidad se convirtiera en un grupo de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante tres meses, Revista Factum investigó las acciones del grupo de la FES al mando del cabo Díaz Lico, conformado por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos, portador del Orden Numérico Institucional (ONI) 27791; José Roberto Ventura Gámez, ONI 27518; y otro identificado solo con el indicativo Mogwli. A los cuatro policías los acompañaba un civil al que solo identificaremos como Rastreador, cuyo testimonio sobre los crímenes atribuidos al grupo es del conocimiento de la Fiscalía General de la República.

Desde finales de mayo, un equipo de Factum, basado en principio en el testimonio de Rastreador, emprendió una investigación periodística que incluyó entrevistas con decenas de testigos en los sitios donde ocurrieron los crímenes atribuidos a los agentes de la FES, revisión de autopsias de los asesinatos, consultas en bases de datos de la Policía y el acceso en tiempo real a comunicaciones entre el grupo del cabo Díaz Lico con Rastreador y de este con otros miembros de la PNC, a través de redes sociales en las que se intercambiaban información y peticiones para ejecutar pandilleros.

Tras esa investigación, Factum certificó la participación del grupo de Díaz Lico en tres homicidios, dos agresiones sexuales, robos y al menos una extorsión.

El 14 de febrero de este año, el grupo de Díaz Lico participó en la ejecución de Iván Benjamín Cárcamo Caballero, un hombre de 29 años de alias Bam Bam e identificado por la Policía como miembro del Barrio 18 Revolucionarios. Díaz Lico, Flores Ávalos y Ventura Gámez entraron a una casa de láminas ubicada en un terreno de Aguilares a asesinar al pandillero; el agente de indicativo Mogwli  permaneció en el lugar para brindar vigilancia. Cuando los agentes habían matado al pandillero, Díaz Lico hizo una llamada por radio para fingir un enfrentamiento entre policías y pandilleros.

Cárcamo Caballero es uno de los 293 pandilleros que, según el director de la PNC, Howard Cotto, han muerto en los 346 intercambios de disparos o “enfrentamientos” que supuestamente ha sostenido la PNC con miembros de pandillas del 1.º de enero al 21 de agosto de 2017. Sin embargo, la investigación de Factum demuestra que, en el caso de Bam Bam, no hubo enfrentamiento alguno.

Otras dos ejecuciones ocurrieron el pasado 3 de marzo. Ese día, Ventura Gámez y Flores Ávalos asesinaron en el Distrito Italia de Tonacatepeque a Samuel Antonio Avelar Carpio, de 26 años y alias Eclipse, identificado como miembro de la clica City Paraísos Locos Salvatrucha de la MS-13. La misma dinámica: mientras los dos agentes asesinaban, los otros cuidaban el perímetro.

La autopsia de Avelar Carpio, a la que Factum tuvo acceso, indica que el pandillero recibió un disparo de frente y siete por la espalda.

En el mismo hecho, el grupo de Díaz Lico asesinó a otro pandillero que aún no sido identificado. Un documento oficial de la Corte Suprema de Justicia, en poder de Factum, certifica que este pandillero murió el 3 de marzo de 2017 en el Distrito Italia II Casa 19, Pasaje Salsa, Manzana 55, la misma dirección exacta en la que Eclipse fue asesinado.

El día 16 de enero de 2017, una víctima con nombre clave 385 fue extorsionada a través de una página de Facebook llamada Grupo de Exterminio de Pandilleros de El Salvador, que era utilizada por el grupo de Díaz Lico para compartir información sobre su propia actividad y las de otros policías. La página también servía para obtener información de potenciales objetivos. Fatcum corroboró, en un proceso judicial abierto en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, que a la víctima antes mencionada se le exigió, desde el sitio Grupo de Exterminio de Pandilleros de El Salvador, el pago de $600 a cambio de respetar la vida de un familiar suyo que recién había sido retenido por elementos de la Policía.

Esta revista cuestionó al director de la PNC, Howard Cotto, y al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por los delitos atribuidos a los miembros uniformados de la FES. Ambos funcionarios son parte de la cadena de mando que rige a la unidad élite. Ambos reconocieron que han recibido denuncias sobre ilegalidades atribuidas a miembros de la Policía, pero negaron que haya grupos de exterminio al interior de la corporación. Prometieron iniciar investigaciones al respecto.

El Estado salvadoreño, de hecho, ya tiene conocimiento formal de todos los delitos atribuidos al grupo de Díaz Lico en la FES: Rastreador denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República en mayo pasado. El Ministerio Público ofreció protección al denunciante y lo puso a hablar con dos agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC; estos policías, en lugar de cuestionar al testigo por las actividades atribuidas a los miembros de la FES, se concentraron en preguntarle por las ubicaciones de pandilleros y por las pláticas que había sostenido con periodistas de este medio.

El director de la Policía Howard Cotto dijo desconocer los crímenes cometidos por la unidad, pero se comprometió a investigar y negó que la FES haya sido constituida como un grupo de exterminio.

“De ser ciertos los hechos, son una acción delictiva”

 

“El Salvador no puede permitirse perder por completo a sus instituciones, por aceptar la disolución del Estado de Derecho que implica tolerar actividades criminales en el seno de la Policía”, sostiene la revista Factum en su editorial.

Asesinos en el Estado

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La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

Excelencia en el Estado y retos ciudadanos. De Daniel Olmedo

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, 14diciembre 2015 / EDH

Las instituciones que combaten la corrupción están funcionando.

Todo inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad. Estas se mantuvieron reservadas por casi 50 años; pero en julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que esa declaración se entregara.

Fue un ciudadano que tomó una iniciativa, y con ella detonó un cambio significativo. Provocó una cadena de efectos que llevó a muchos exfuncionarios de todo nivel a investigaciones civiles, administrativas y penales.

No fueron necesarios reformas legislativas, ni mayor presupuesto. Solo hubo un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo. Algo tan simple y revolucionario como eso.

diario hoyLos comisionados del IAIP, el director de la Sección de Probidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, y jueces y magistrados de cámara en materia civil y penal entraron en una dinámica distinta a la de décadas anteriores. Ellos y su equipo de colaboradores anónimos –de quienes poco sabemos, pero que tienen un papel fundamental en estos cambios– demuestran que sí se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva.

Las investigaciones oficiales y periodísticas pueden llevarnos al pesimismo. A mí me ha ocurrido. Pero algo bueno ocurre: las instituciones funcionan. Y estas no son entes abstractos. Detrás de ellas hay personas. De manera que estas investigaciones reflejan que en el aparato estatal hay gente haciendo su trabajo, y haciéndolo con excelencia a pesar de las adversidades.

Hace apenas algunos meses muchos considerábamos que era necesaria una comisión internacional contra la impunidad parecida a la de Guatemala. Algunos sostenían que no; planteaban que era preferible fortalecer la institucionalidad local. Creo que el tiempo les ha dado la razón. Esta vía parece ser una mejor ruta para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

La impunidad es un lastre histórico en El Salvador. Y vivimos tiempos en que ocurren avances importantes para superarla. En esta coyuntura los ciudadanos tenemos por lo menos tres retos:

1. Prudencia. Debemos respetar y promover la presunción de inocencia. Frustrados ante la sistemática impunidad, hoy podemos caer en la tentación de señalar como culpables a quienes solo están siendo investigados. Debemos contenernos y esperar las decisiones finales. Esto supone también evitar el acoso y señalamiento precipitado a funcionarios que a partir de su análisis del caso estimen que no procede una condena o una detención provisional. Seamos prudentes, dejemos que las instituciones funcionen, y respetemos sus decisiones.

2. Reconocimiento. Los muchos casos de despilfarro y desviación del dinero que dejamos de darle a nuestras familias para entregárselo al Estado mediante impuestos pueden llevarnos a descalificar de manera absoluta a la función pública. Reconozcamos que en el Estado hay mucha gente buena e íntegra. Varios de ellos son los responsables de esta lucha contra la corrupción. Si esos funcionarios y empleados públicos observan que reconocemos su esfuerzo, esta dinámica se potenciará. Debemos alentarles. Así como el Estado debe prescindir de quienes parasitan de los contribuyentes, también debe atraer y promover a quienes demuestran excelencia en su trabajo. A todos nos conviene que el Estado tenga a las mejores personas para prestarnos servicios de calidad.

3. Proactividad. No debemos ser simples espectadores de la lucha contra la corrupción. Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas. Así como aquel ciudadano tuvo una iniciativa que desencadenó este cambio, usted y yo debemos hacer lo propio. Nos corresponde participar utilizando las herramientas institucionales a nuestra disposición para incidir en la administración y limpieza del Estado. Ser ciudadano no es solo votar; ser ciudadano también es denunciar, plantear demandas, y presentar solicitudes de información.

dolmedo@espinolaw.com

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.

Corrupción, seguridad y democracia. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 10 octubre 2016 / LPG

La relación de la corrupción con la seguridad, nacional o ciudadana, así como con la democracia, ha sido muy poco analizada. Los análisis sobre la corrupción han estado más relacionados con la ética y la economía. En efecto, la lucha contra la corrupción moviliza cada vez más ciudadanos pues la faceta ética de nuestro ser es sensible ante el dolor ajeno que los corruptos provocan. La corrupción mata y los corruptos son criminales (por ejemplo cuando una licitación amañada resulta en edificios frágiles que cae fácilmente ante un terremoto). Esto indigna, como indigna el hecho que por causa de la corrupción no hay medicinas y buenos equipos en los hospitales, alimentos contaminados, falta de escuelas, etcétera.

la prensa graficaEl fenómeno de la corrupción también ha sido estudiado bajo la óptica económica. Varias investigaciones han venido estimando los costos económicos y fiscales de la corrupción, su relación con los índices de productividad y con los flujos de inversión externa, y es una variable que pronto se introducirá en los modelos econométricos.

Pero poco sabemos de las complejas interrelaciones que existen entre corrupción e impunidad con la política y la seguridad. En los últimos años, esta última relación ha venido cobrando mucha relevancia tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, más allá de las motivaciones éticas o económicas, la lucha contra la falta de transparencia y la corrupción ha recibido un empuje desde los países del Norte, entre otras razones, por las preocupaciones que el terrorismo y el narcotráfico genera: el soborno facilita el acceso a secretos e informaciones militares, mientras que los flujos financieros ilícitos potencian el accionar y movilidad de grupos como Al Qaeda o Isis. A nivel nacional, no es tanto la seguridad nacional la que preocupa, sino los efectos que la corrupción tiene sobre la seguridad ciudadana y sobre nuestra frágil democracia.

No se puede combatir adecuadamente la criminalidad si hay fuerte presencia de la corrupción dentro de la Policía; si altos oficiales de la Fuerza Armada se lucran del contrabando de armas, muchas de las cuales van a parar a manos de las pandillas; si en los penales campea el soborno; si los criminales y/o corruptos capturados por la policía y llevados a juicio por la fiscalía son al final declarados inocentes por jueces corrompidos. Tampoco se puede enfrentar adecuadamente la inseguridad si no hay una sustantiva participación ciudadana. Y esta no aflora cuando, a causa de la corrupción, hay fuerte desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Asimismo, la lucha contra la corrupción es fundamental para la consolidación de nuestra precaria democracia, y viceversa, la corrupción e impunidad la fracturan y debilitan. Así para el caso, la corrupción incrementa la distancia entre el Estado y la sociedad; aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones; favorece el fraude electoral; promoviendo el transfuguismo y cambiando la aritmética legislativa, se viola la voluntad de los electores; el sistema político se ve trastocado por el financiamiento partidario por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, la corrupción descompone la institucionalidad democrática y es una amenaza para el Estado de Derecho y la sana gobernabilidad.

De ahí la importancia de la lucha ciudadana contra la falta de transparencia, la corrupción e impunidad. Esta puede convertirse en un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestro hoy debilitado proceso democrático, en uno de los elementos claves para producir cambios políticos positivos.

En el país existen “parcelas” de institucionalidad que están contribuyendo al combate a la corrupción, como la Sala de lo Constitucional, la sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese buen esfuerzo institucional es insuficiente y corre el riesgo de que experimente retroceso en los próximos años con las elecciones de nuevos funcionarios. Por ello es urgente y necesario construir un movimiento ciudadano lo suficientemente preparado, sólido y sostenible para defender la institucionalidad democrática conquistada, así como para contribuir significativamente con su lucha contra la corrupción e impunidad, a los cambios políticos que nuestro proceso democrático demanda.

Apoyo internacional a la FGR. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 19 septiembre 2016 / EDH

El pasado miércoles catorce de septiembre, el embajador de Gran Bretaña en El Salvador, Bernhard Garside, publicó en su cuenta de Twitter una foto amena, como las que suele “subir” a dicha red social: seis personas sonriendo como si acabaran de terminar una reunión  de amigos. Inmediatamente los ojos de la prensa y de aquellos que seguimos con lupa la política salvadoreña se centraron en el amigo situado en el medio, el Fiscal General Douglas Meléndez. Y es que no se trataba de una plática de amigos cualquiera, sino una en que un grupo fuerte de aliados de la comunidad internacional otorgaba su respaldo a la Fiscalía en la lucha contra la corrupción.

diario hoyLas reacciones al tuit del embajador Garside no tardaron en aparecer. Muchos salvadoreños agradecían a través de las redes sociales que la comunidad internacional pusiera sus ojos en el trabajo que el Fiscal General está realizando e invitaban a que siguieran pendientes de la todavía lenta lucha contra la corrupción; por otra parte, varias personas cuestionaban qué tan desinteresada es la cooperación que se está brindando por los representantes de estos países a El Salvador.

Vamos al pensamiento más básico; cualquier diplomático proveniente de un país de primer mundo debe encontrarse escandalizado cuando es testigo que en el país hemos normalizado las altas cifras de homicidios diarios que soporta la ciudadanía, quienes optan por irse de la zona en la que viven e incluso consideran como mejor opción huir del país; cualquier diplomático se incomoda cuando observa el irrespeto a la institucionalidad, los indicios de corrupción y la polémica en la que se ven envueltos muchos políticos en el país, donde ya existe poca vergüenza y dignidad como para poner a disposición el cargo o renunciar. Las situaciones anteriores, entre otras, son fuente de alarma en países como Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, y creo que es hasta lógico que sus embajadas busquen la forma de colaborar en la lucha contra estas situaciones anormales, considerando también que muchas de estas naciones aportan fondos monetarios para el desarrollo de proyectos en el país.

Por otra parte, el punto fundamental por el cual países como Canadá y Estados Unidos están situando su vista en los países del Triángulo Norte es porque la poca capacidad de los gobiernos de mantener en condiciones dignas a sus ciudadanos está generando una crisis humanitaria en las fronteras de los países norteamericanos y estamos obligándolos a incurrir en costos humanos, sociales y políticos que quizá no deberían estar sufragando. El pasado martes trece de septiembre, La Casa Blanca publicó un comunicado en el que informaba una llamada telefónica entre el vice presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente Sánchez Cerén, en la que se externó la profunda preocupación que existe por parte de la nación norteamericana sobre la migración irregular (incluyendo la de niños solos hacia sus fronteras) y la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y regional para superar el problema.

Este tipo de crisis humanitarias es uno de los puntos más importantes por los cuales a la comunidad internacional le interesaría ver a un El Salvador menos corrupto, más fuerte institucionalmente hablando, que sea capaz de ofrecer respuestas a las necesidades de sus ciudadanos e impulsar el crecimiento económico que beneficie a todos; el mejoramiento de las instituciones trae consigo el bienestar de la gente, traducida en mejoras en la seguridad, en la prestación de servicios como educación, salud, justicia, transporte público, entre muchos más.

¿Alguien ve algo malo en querer limpiar la corrupción en las distintas instituciones? ¿Alguien ve algo malo en querer evitar crisis de migrantes y que estas personas tengan la oportunidad de salir adelante dentro de las fronteras que los vio nacer? Parte de la soberanía que tanto pregonamos incluye la capacidad del Estado de mantener a sus ciudadanos de manera digna dentro de sus fronteras y no incentivarlos a irse por situaciones de pobreza, exclusión e inseguridad. Yo me atrevería a decir que la comunidad internacional honesta y que quiere colaborar en la construcción de un mejor futuro para el país, no solo son amigos del Fiscal General, sino de la ciudadanía salvadoreña.

Díme a quién defiendes y te diré quién eres. De Joaquín Samayoa

Joaquin SamayoaJoaquón Samayoa, 16 septiembre 2016 / EDH-Observadores

Defenderse culpando a otros es parte del ADN del FMLN. ¿Aceptar errores? – Nunca. ¿Guardar prudente silencio? – Tampoco. ¿Defenderse con buenos argumentos? – Muy complicado, requiere cierto esfuerzo intelectual que no quieren o no pueden hacer. Es mucho más fácil inventar conspiraciones y dar vida a fantasmas de golpe de estado. Y, a medida que el tiempo transcurre, es cada vez más frecuente que nos vengan con ese tipo de patrañas. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que algunos dirigentes estaban genuinamente motivados por cierto idealismo, no en el sentido filosófico pero sí en el sentido moral del término. En su etapa germinal, predicaban la idea de la revolución como un vehículo necesario para hacer posible el surgimiento de un “hombre nuevo”. Todavía no había feministas que protestaran por el lenguaje sexista. De cualquier forma, al hombre nuevo le endilgaban una buena cantidad de virtudes, entre ellas la de estar abierto a la crítica y la de cultivar el hábito de la auto-crítica.

observadorEso era cuando luchaban por el poder. Ahora ya lo tienen. Ahora las cosas son muy diferentes, en parte porque los mejores hombres y mujeres que apoyaron el esfuerzo revolucionario ya no están; algunos simplemente se distanciaron, mientras que muchos otros ofrendaron sus vidas y han sido olvidados. De los que quedan, muchos se han dejado seducir por privilegios que nunca antes habían disfrutado; otros, los menos, tal vez conservan su integridad moral e ideológica, pero tienen pánico a reconocer el evidente fracaso del proyecto político al que han dedicado sus vidas; sienten una profunda necesidad existencial de negar su fracaso y culpar a otros por sus errores.

El caso es que ahora defienden todo aquello que tanto y con tan buenas razones repudiaban. Defienden regímenes que violan los más elementales derechos civiles y políticos. Nunca se les ha escuchado siquiera una débil crítica por los presos políticos y la represión en Venezuela, ni por los constantes atropellos a los medios de prensa, o por la abolición sistemática de la independencia de los poderes del Estado en ese y otros países de la región.

Los más altos dirigentes del FMLN, algunos de ellos con importantes cargos además en el gobierno o la legislatura, han intentado justificar, sin un ápice de vergüenza, sus despilfarros del dinero que tanta falta hace para satisfacer las necesidades más básicas del pueblo que creyó en sus promesas.

Tratan cada hecho aisladamente para poder trivializarlo fácilmente, pero en conjunto el desperdicio suma cientos de millones de dólares con los que se podría salvar y mejorar muchas vidas en hospitales desabastecidos, en calles inseguras, en escuelas desvencijadas.

Dentro de esa línea de pensamiento y acción, no es extraño que en la presente coyuntura defiendan al expresidente Funes, llegando al extremo de aconsejarle salir del país y pedir asilo político en Nicaragua para no ser alcanzado por el brazo de la justicia.

Todos conocemos y respetamos el principio jurídico de la presunción de inocencia, pero en este momento no se trata de eso. Para juzgar moralmente el comportamiento de un funcionario público no es necesario esperar los resultados de un proceso judicial. Los excesos de Funes siempre estuvieron a la vista de quien los quisiera ver. Los delitos propiamente dichos tendrán que ser probados en los tribunales, pero no quieran hacernos creer, señores y señoras del FMLN, que ustedes no se dieron cuenta de todas las irregularidades y del abuso, como mínimo, de muchos millones de dólares de la “partida secreta” para lujos que no van con el cargo que Funes ostentaba.

Con lo que ya se conoce, hay suficientes indicios para justificar la investigación que la Fiscalía está realizando. En vez de acusar a la Fiscalía de hacer persecución política, el FMLN debiera estar colaborando activamente para esclarecer toda la verdad.

No es extraño que quieran crear el fantasma de la persecución política, pero es una ofensa a la inteligencia y a la sensibilidad de la gente afirmar, como lo hizo la presidenta de la Asamblea Legislativa, que a Funes se le persigue porque ARENA lo odia. Lo único cierto en esa afirmación es que ARENA odia a Funes. Lo odia como reacción a la virulencia de sus incesantes ataques al sector privado; lo odia por su discurso divisivo que tanto daño hizo a nuestra sociedad; lo odia por su hipocresía y por su prepotencia.

Lo que no dice la señora Peña, porque no lo quiere decir o porque su ceguera ideológica le impide verlo, es que no es solo ARENA la que tiene animosidad contra el expresidente. La gente que está más molesta e indignada es la que creyó en él. Las mismas bases del FMLN son las que más razones tienen para odiarlo al darse cuenta de cómo se ha gastado el dinero que a ellos se les niega siempre que piden agua en sus comunidades, seguridad en sus vecindarios, medicinas en sus hospitales, incrementos en sus salarios, buena educación en las escuelas de sus hijos.

Al final de esta historia y cuando sea del conocimiento público toda la información que haya recabado la Fiscalía, tal vez no se pueda probar la culpabilidad del expresidente en todo lo que se le imputa, pero sí habrá pruebas contundentes para condenarlo judicialmente por algunos de ellos y quedará en evidencia también un cúmulo de actuaciones inapropiadas y hasta escandalosas que dejará muy mal parado al FMLN por su silencio cómplice y por su defensa de actuaciones reñidas con los valores políticos y religiosos de la gran mayoría del pueblo salvadoreño.