El reconocido abogado y excoordinador del FMLN cree que una comisión de ciudadanos salvadoreños notables puede ayudar a combatir la corrupción mejor que un ente internacional.
Fabio Castillo opinó acerca de la propuesta de Bukele de instaurar una comisión internacional contra la impunidad (CICIES). Foto EDH / Archivo
ENTREVISTA DE RICARDO AVELAR, 25 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY
Esto ha despertado dudas sobre la legalidad, la legitimidad y
la conveniencia de tal institución. Es decir, si el marco legal lo
permite, si esta sería un complemento o un rival de la Fiscalía General
de la República, o incluso si el país necesita una institución de este
tipo. Para abordar algunas de estas dudas, El Diario de Hoy buscó a
Fabio Castillo, excoordinador del FMLN y uno de los más reconocidos
juristas del país.
Desde la sala de su casa, Castillo criticó el carácter internacional
de la propuesta, pues considera negativo que el país ceda su soberanía
en lo relativo a iniciar la acción penal en casos de corrupción.
El reconocido jurista también afirmó que en el país hay capacidad
suficiente para fortalecer la institucionalidad, pero señaló que es
necesario establecer una instancia que coadyuve los esfuerzos de una
saturada Fiscalía General de la República. Esto es lo que conversamos:
¿Está de acuerdo con una comisión internacional contra la impunidad?
Para El Salvador no, en lo absoluto. Creo que cuando un país cede su
soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal. La
facultad de impartir justicia es exclusiva del estado nacional. Me
parece que hace falta una comisión contra la impunidad, pero no debe ser
internacional sino integrada por salvadoreños. Ese es otro argumento,
porque da la impresión que no tenemos personas ni capaces, ni honradas,
ni valientes, que son los tres requisitos indispensables para integrar
una comisión de este tipo. Y las tenemos, hay muchos salvadoreños
honorables, valientes, formados, inteligentes, cultos que podrían
ejercer las funciones de esa comisión, no tenemos por qué ir a traer a
ningún otro país. Es una labor que hay que hacer pero la debemos hacer
los salvadoreños.
¿Por qué cree que ha ganado tanta fuerza esta idea de una comisión internacional?
Porque en Guatemala ha funcionado en algunos casos muy bien y en
otros, muy mal. Nosotros nos hemos dejado guiar porque en Guatemala la
CICIG logró que renunciara un presidente y una vicepresidenta, que están
presos.
Queremos que vengan a meter preso a medio mundo. Yo no creo en eso,
creo que debemos crear una comisión de investigación con funcionarios
salvadoreños y emprender una verdadera labor anticorrupción. Todos
estamos de acuerdo, hasta los corruptos para disimular, que hay que
combatir la corrupción. Hay que luchar férreamente contra la corrupción y
es una labor que debemos emprender todos, comenzando por no ofrecer
sobornos a ningún funcionario, o dádivas y si nos enteramos que alguien
lo ha hecho, denunciarlo.
¿Qué hay de fortalecer a la Fiscalía en lugar de una nueva institución que pueda ser corruptible?
Estoy de acuerdo que tendrá que ser un organismo especializado porque
la Fiscalía tiene tantos casos que yo veo difícil que pueda irse a
plantear una denuncia ahí. Hay denuncias que llevan años. Recuerdo que
Gerson Martínez, gran luchador contra la corrupción, envió a la Fiscalía
muchos casos que le hacían sospechar que pudo haber habido corrupción y
pocos fueron llevados a los tribunales.
¿Cómo debería esta comisión interactuar con la Fiscalía, con qué facultades debería operar?
Yo creo que la comisión debería tener facultades de llegar a
cualquier oficina y tener acceso a archivos o documentos sin que pueda
decretarse reserva para ningún caso, salvo los compromisos
internacionales porque involucran a otro país.
Teniendo acceso a todo tipo de documentos o información, debería
tener facultades para citar a cualquiera a fin de que rinda declaración
sobre cualquier tipo de hechos que tengan que ver con el funcionamiento
estatal, aun si la persona no es funcionario o funcionaria porque la
corrupción puede estar en el funcionario o en el particular que provoca
las intervenciones del funcionario.
«Creo que cuando un país cede su soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal»
Con esas facultades, establecer investigaciones con respecto a cosas que sean del dominio público o de denuncias serias, porque hay una serie de abogados que denuncian a cualquiera por cualquier cosa y eso entorpece la labor de la Fiscalía o los Tribunales y lo harían con esta comisión porque inundan con denuncias y ahogan con trabajo estéril.
Cualquier denuncia con seriedad, esta comisión la investiga y se me
ocurre que una vez que concluya que hay actos de corrupción, que lo
denuncie y si el acto constituye delito, que se proceda penalmente, o si
da lugar a acción civil o administrativas, que se entable. Así
podríamos limpiar al país de esa horrible plaga que es la corrupción.
Uno de los argumentos para una comisión internacional es la
falta de intereses políticos. ¿Cómo una comisión local lidia con ese
problema?
Si ya pensamos que en el país no hay cinco personas que puedan
desempeñar un cargo como ese y que nombremos a quien nombremos, harán
persecuciones políticas, ya estamos perdidos.
No dudo que las haya, pero ¿qué hay de los incentivos de este
u otro gobierno al establecer una comisión de este tipo con finalidad
política?
Por eso hay que escoger bien a las personas. Le doy unos nombres de
personas que pueden integrar esta comisión. David Escobar Galindo, que
fue miembro de la comisión de parte del gobierno para los Acuerdos de
Paz. Pino Cáceres, que fue de probidad y todo el mundo lo recuerda como
ejemplo de honradez y dignidad. Salvador Samayoa, también firmante de
los acuerdos de paz, una persona vertical en todo. Y hay más. Le digo
así ante lo intempestivo de la pregunta. Yo no creo que Salvador Samayoa
ceda ante ningún tipo de presiones o que busque impulsar represalias o
favoritismos políticos.
¿Qué nos garantiza…? (Interrumpe.)
¡Nada! Ni para los extranjeros ni para los salvadoreños. Tenemos que
escoger bien y entender que debemos reclamarles si algo sale mal. No
estamos buscando a los doce apóstoles del señor que son impecables, sino
ante una comunidad de seres humanos, con defectos y cualidades. Tenemos
que buscar sabiduría, honradez y valentía.
¿Cuál debería ser el blindaje institucional de este tipo de comisión para evitar que se instrumentalice?
Yo no tengo una propuesta al respecto. Ahorita hay una serie de
personas que se atribuye facultades de presentar a la sociedad civil.
Todos somos de la sociedad civil y ninguno tiene representación. Hay
quienes arman una organización de supuestos expertos en derecho
constitucional, dicen representar a la sociedad civil y le ponen nombres
rimbombantes como “Asociación de defensa de la democracia” y no.
El Estado tiene sus órganos y podrían reunirse los presidentes de los
tres órganos y elaborar una lista para someterlo al Consejo de
Ministros, la Asamblea Legislativa y la Corte Plena.
Ahí podemos encontrar filtros que garanticen la propiedad con que se escogerá a las personas.
Seguimos hablando de personas. ¿Qué hay de las facultades legales o el diseño institucional para evitar abusos?
Ellos tendrían que determinar si necesitan auxilio de auditores o
asesores financieros o jurídicos. Eso hay que pensarlo detenidamente y
dejar a los primeros nombrados hacer un tipo de propuesta y prestarles
todo el apoyo que el aparato estatal posible.
A la luz de esta opinión, ¿cómo evalúa la propuesta de Nayib
Bukele de una CICIES como un calco de la comisión internacional en
Guatemala?
Estoy totalmente en contra de que sea internacional. En lo demás estoy de acuerdo.
Durante la campaña hubo dos visiones diferentes. Una CICIES
como la de Guatemala y Félix Ulloa habló de que la presidencia
centralice capacitaciones internacionales a fiscales. ¿Cómo ve esta
dicotomía?
Yo no veo que los fiscales internacionales sean los grandes maestros,
pero eso se puede hacer. Esto es conveniente para que haya discusión de
ideas y aportes diferentes. Es más difícil escoger gente correcta del
extranjero que gente correcta de aquí, y además que gente de fuera que
entienda el funcionamiento de El Salvador y sus instituciones. Yo eso
insisto en que debe ser una lucha de salvadoreños, que los hay,
honrados, capaces, valientes, sabios y que puedan dedicar un tiempo al
beneficio del país.
Cuando la idea de la CICIES ganó popularidad en el país
(2015), teníamos una Fiscalía cooptada por mafias. Ahora que es una
institución más sólida, ¿no conviene más fortalecer lo que ya existe en
lugar de apostar por algo nuevo e incierto?
Primero, yo no creo que la Fiscalía hay sido lo que usted dice, o que ahora sea lo que usted señala.
La Fiscalía ha tenido aciertos y desaciertos y en el último periodo se convirtió en algo que tuvo sus méritos. No condeno la actitud de Douglas Meléndez, pero la institución se volvió un show mediático y un instrumento para perseguir fines que no eran propios de la Fiscalía, y no quiero entrar en algo que pudiera ser una difamación. No creo que haya que fortalecer esa Fiscalía. A la Fiscalía hay que fortalecerla pero no partiendo de que este comportamiento era el ideal.
Urge que la sociedad (partidos, academia, organizaciones civiles, gremios, medios) discuta el concepto y los pros y contras de una CICIES. El gobierno entrante ha puesto este tema en la agenda del día, como una de sus prioridades – aunque la idea de instalar en El Salvador una comisión internacional que ayude a investigar la corrupcn y as prevenir la impunidad viene de mucho antes y surgió de la Sociedad Civil. ¿Qué competencias puede tener una CICIES sin violar normas constitucionales? ¿Cómo evitar que se vuelva instrumento de lucha política en manos del Ejecutivo? ¿Cómo sería la relación entre Fiscalía General de la República y CICIES? Todos estos termas (y otros) tienen que abordarse, aclararse y concertarse, antes de que se pueda pensar en instalar una CICIES. Vamos a acumular en este blog todas las aportaciones racionaes a este debate necesario.
La confianza con la que la ciudadanía ve al gobierno se la tienen que
ganar los funcionarios. Es algo que simplemente no se puede
autoproclamar o exigir. Los ciudadanos confían en el gobierno según
perciben las acciones y posturas que adopta el Ejecutivo a través de su
gabinete. Si se perciben como objetivas, íntegras, justas, transparentes
y rectas, la gente confía en ellos y en el gobierno. Cuando los
funcionarios dan señales de ser parcializados, injustos, incorrectos,
turbios, interesados o falsos, la ciudadanía no confía en el gobierno y
hasta pone en duda la legitimidad de la autoridad conferida al Estado.
La desconfianza es contagiosa. Basta con tener un funcionario en el
que la gente no confíe para que se generalice a todo el gobierno. Una
manzana podrida no es vista como prueba de que el resto, que se ven
sanas, realmente lo están, sino como síntoma de que todas, a pesar de
verse frescas y saludables, secretamente están igual de arruinadas. Esta
contaminación es una de las principales razones por las que los
candidatos de ARENA y el FMLN obtuvieron tan malos resultados en las
pasadas elecciones.
La CICIES, uno de los proyectos con que Nayib Bukele promocionó su
campaña, así como está planteada hasta este momento, tiene el potencial
de convertirse en una perfecta ilustración de la analogía de la manzana
podrida. Hay varios detalles que le restan objetividad, integridad,
transparencia y rectitud a la principal apuesta en la lucha contra la
corrupción del nuevo gobierno. Es sumamente importante prestar atención a
estos detalles si la intención es genuina.
El más importante tiene que ver con quién controlará el proyecto.
Según lo han dado a entender, el Ejecutivo pretende tener control
absoluto, designando como encargado a Félix Ulloa, vicepresidente
electo. Ambas decisiones restan confianza al proyecto. La nueva entidad
dependería del sistema al que pretenderá vigilar e investigar. Eso sería
repetir el error que se cometió al subordinar la Inspectoría de la PNC
al director general, sabiendo cómo esto la debilitó, solo que las
consecuencias serían mucho más graves. Mantener el mando del ente
contralor se interpreta como que se continuará con la práctica de
aparentar luchar contra la corrupción seleccionando objetivos simbólicos
a quién meter presos, mientras, a escondidas, se crea su propia red de
corruptos.
La mejor forma de implementar este proyecto es que el mismo Bukele
predique con el ejemplo, sometiéndose él y a sus funcionarios al
escrutinio de la nueva entidad. Esto es imposible si mantiene el control
del proyecto. Las actuaciones del actual secretario de Transparencia y
Anticorrupción, Marcos Rodríguez, son un vivo ejemplo de que mantener al
contralor bajo el mando del controlado es una receta para garantizar la
impunidad de los funcionarios en el poder, atacar a los adversarios
políticos y erosionar la confianza ciudadana.
Esta iniciativa generará confianza para el resto del gobierno en la
medida en que: 1) funcione de forma independiente, sin estar subordinada
al ejecutivo o a las influencias partidarias; 2) la persona que esté al
frente del proyecto debe ser alguien que goce del respeto y
reconocimiento de todos los sectores; 3) no usurpe las funciones de la
FGR sino que las complemente y monitoree. Estas tres cosas requieren un
replanteamiento del diseño del proyecto y exigen un mecanismo para que
la persona encargada no sea nombrada de dedo, sino que su designación
sea el resultado de un amplio consenso que no esté sujeto a las
influencias partidarias. Si se pretende implementar como se ha descrito,
la ciudadanía perderá la confianza, primero en el proyecto y
progresivamente en el nuevo gobierno.
El Salvador ya tiene su primer expresidente de la República condenado a cárcel por delitos de corrupción. Motivo de vergüenza nacional. El pasado miércoles, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Elías Antonio Saca y varios de sus colaboradores más cercanos a penas de prisión y a restituir cientos de millones al Estado salvadoreño. Es discutible si la pena es ejemplarizante o injusta, pues para unos es motivo de celebración, pero para otros estas personas merecían la hoguera. La condena fue calificada como histórica por el Fiscal General de la República, y no han faltado los reproches tanto a la pena como a la afirmación del funcionario.
Para un sector de la opinión pública es risible una condena a diez años de cárcel, cuando ésta tiene como base la confesión de desfalco de más de trescientos millones de dólares por el mismo expresidente. A un ciudadano común y corriente, en un proceso judicial con todas las de la ley, le habrían tocado entre veinte y treinta años de prisión. Pero tratemos de tomar las cosas en su justa medida. Sí, es una condena mínima en relación con el impacto que los actos de corrupción han tenido en la sociedad salvadoreña; pero no es poco, ni el equivalente a un viaje al Caribe. Más que por el número de años de prisión ordenados por el juez, la condena al expresidente Saca es histórica porque, esta vez, la impunidad en los delitos de cuello blanco no se salió con la suya.
El Salvador ha tenido una historia en la que el peso de la justicia le llega al más pobre. Hemos visto duras condenas a personas que se han robado gallinas para poder comer o muchos años de prisión a quien se robó un reloj de quince dólares. Pero pocas veces la justicia le había llegado a personas en posiciones de privilegio y menos a un expresidente de la República. Lo anterior no significa que hay que aplaudir el trabajo del sistema de justicia, pues falta muchísimo por hacer; pero resulta imposible negar que existe un avance.
Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República demostrar que esta condena no fue un golpe de suerte. En primer lugar, las investigaciones y procesos judiciales deben seguir. La confesión del expresidente dejó sobre la mesa la posibilidad de investigar el cometimiento de otros delitos por parte de personas que no han sido procesadas. Esto debe hacerse. Por otro lado, la Fiscalía está en la obligación de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, recuperar el dinero robado y devolverlo al Estado para su inversión en la sociedad. El afectado directo por los delitos de corrupción siempre es el ciudadano que no obtuvo un servicio público de calidad por carencias económicas del gobierno.
Y para dejar a un lado especulaciones, la Fiscalía debe transparentar los motivos por los cuales negoció penas parciales con los condenados. Si se contaban con todos los elementos probatorios de los cuales se hacía alarde en cada conferencia de prensa, lo justo es que se revele a la población qué gana el Estado con bajarle una pena a alguien que se la merecía completa.
Así como una persona no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, tampoco las instituciones. La Fiscalía nunca va a quedar bien con todos y siempre le vamos a exigir más. Pero no podemos negar que la condena a un expresidente de la República por corrupción es un paso en la dirección correcta. Para cerrar uno de los tantos capítulos tenebrosos de nuestra historia, es necesario que se concluyan el resto de investigaciones y procesos judiciales en el caso “destape a la corrupción”, y que además se recupere el dinero robado.
Como sociedad debemos tener en cuenta que los cambios son procesos que llevan tiempo, no son eventos de un momento específico. Esta condena no va a limpiar el historial de corrupción, es solamente un paso en el combate de un delito enquistado en nuestra sociedad a distintos niveles. También hay que poner los ojos en el sistema de transparencia del país. Las personas que estuvieron al frente de instituciones como la Corte de Cuentas también deben responder por su pasividad u omisión de actuación durante la época de Saca. Las investigaciones y condenas deben continuar.
Paolo Luers, 17 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy
Carla y Karla.
Carla Ayala y Karla Turcios.
Una agente policial y una periodista.
Una secuestrada y asesinada por un colega policía del GRP, hace 3 meses y 2 semanas. La otra secuestrada y asesinada por desconocidos, hace 3 días. Un caso de impunidad institucional dentro de la misma corporación policial. No me recuerdo haber escuchado al presidente de la República ordenando al director de la PNC esclarecerlo a la brevedad. El otro, un caso que el presidente inmediatamente ordenó investigar, vía Twitter. No creo que hará alguna diferencia.
Ambos casos no tienen que ver con pandillas. El de Carla con toda seguridad, porque se sabe quien es el policía culpable y quienes son los policías que le facilitaron el secuestro y la fuga. En el caso de Karla, ni siquiera Howard Cotto señala responsabilidad de pandilleros, como siempre hace, aun antes de comenzar la investigación.
Carla y Karla son dos casos emblemáticos. El primero, porque revela el problema de impunidad y encubrimiento dentro de la PNC; el otro, porque se trata de una periodista. Ambos casos demuestran que tenemos problemas que van mucho más allá de las pandillas. Problemas serios, como violencia a manos de policías, violencia machista contra mujeres dentro de la policía, porque el de Carla Ayala no es un caso aislado. Y problemas con violencia social, que posiblemente está detrás de la muerte de Karla Turcios. Ojala que no resulte que también tengamos un problema de violencia contra la libertad de prensa – flagelo muy serio en países vecinos como México y Honduras, que hasta la fecha no hemos observado en El Salvador.
Todos los políticos hablan de la violencia de las pandillas. Es inevitable y necesario, porque afecta diariamente a amplios sectores de la población. Pero aparte de Javier Simán no he escuchado a políticos señalando la violencia policial, tanto dentro de la PNC, como contra personas detenidas y de manera indiscriminada contra los jóvenes que habitan las comunidades con presencia de pandillas.
Me pregunto cuántos asesinatos quedan impunes, porque automáticamente la PNC los pone en la cuenta de las pandillas y no sigue otras pistas de investigación. Lo mismo pasó durante la guerra. Cualquiera podía matar a un vecino o incluso familiar por algún pleito, y el caso fue adjudicado al conflicto armado.
No menciono todo esto para reforzar el falso lugar común que seamos un país que tenga la violencia en su ADN. No es cierto. Tenemos violencia, y nuestras instituciones para investigarla no funcionan. Esto quiero señalar.
Y esto tiene que cambiar. Casos no resueltos como el de la agente Carla no pueden pasar. Y casos como el de Karla no pueden quedar impune, como cientos de otros que simplemente van a archivo como crimen de pandillas, pero sin esclarecer y sin que los autores lleguen a enfrentar la justicia.
La impunidad por falta de capacidad (y a veces, como el caso de Carla, de voluntad) de investigar es una de las deudas de los gobiernos que hemos tenido, y el que elijamos en febrero la tiene que saldar.
Ninguna cifra sobre lo que hizo la policía importa tras la desaparición de la agente Carla Ayala, en diciembre de 2017. Ni si el decomiso de drogas superó lo de otros años, o el decomiso de armas, ni su efectividad en operativos, ni si bajaron las extorsiones. Nada. El 2017 cerró para la entidad policial, ya cuestionada por claras dudas sobre ejecuciones extrajudiciales, con el escándalo en una de sus unidades élite, el Grupo de Reacción Policial (GRP).
Esta unidad gozó durante mucho tiempo de un buen nombre, eran los que llegaba a poner orden, los tácticos, lo mejor de lo mejor en el interior de la corporación.
Pero una fiesta que estuvo absolutamente fuera de control en las instalaciones que albergaban a esta unidad, donde hubo mucho licor, violencia y la violación y posterior desaparición de una de sus agentes, dejó todo ese buen nombre convertido en añicos.
Todavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.
Esta semana, que fue presentada la nueva Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) –cuyos agentes serán conocidos como jaguares–, que busca sustituir al GRP, vale la pena recordar que muy poco se recuperará de la confianza en la Policía si no hay una investigación seria sobre lo ocurrido aquella noche de diciembre en el GRP. No importa cuántas unidades nuevas creen, ni cuántas veces cambien nombres. Lo único que les devolverá un poco de respeto y confianza por parte de la población será que resuelvan qué pasó con Carla Ayala y su atacante y que lleven ante las autoridades a los responsables de su agresión y desaparición.
A estas alturas, como mínimo, el jefe del GRP debería estar procesado porque la celebración que propició el ataque contra Ayala ocurrió bajo el aval del jefe, quien también permitió el consumo de alcohol.
Presentar a la UTEP sin mostrar avances en la investigación del caso y sin tener aún ninguna detención envía un mal mensaje a la población, que en medio de la violencia que vive el país, aspira a poder confiar su seguridad en la Policía.
De momento, el mensaje que recibimos es que la PNC tampoco está exenta de este virus de impunidad que nos mantiene afectados como sociedad y que hace que no respetemos las reglas porque sabemos de antemano que no recibiremos castigo. Si no, basta ver el comportamiento de las pandillas sobre los homicidios y extorsiones o, peor aún, nuestro comportamiento a la hora de conducir, donde constantemente irrespetamos las leyes, lo que se traduce en epidémicos números de accidentes de tránsito.
El director de la PNC, Howard Cotto, ha prometido que el 15 de marzo terminará la evaluación del personal del GRP. A partir de allí, decidirá hacia a dónde destinará a la mayoría de sus agentes. Ojalá para entonces, la investigación de este penoso caso también tenga avances. Eso no solo le dará un poco de sentido de justicia al país, sino que, al identificar y condenar a los agentes que cometieron y encubrieron delitos, hablaremos más de los buenos resultados de la PNC y de los buenos elementos que seguramente hay en su interior. Por ahora, este escándalo los tiene con la moral baja a ellos y a nosotros. Urge resolverlo.
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió de todos los cargos a los “troles” que falsificaron y divulgaron en redes sociales páginas electrónicas falsas de importantes medios de comunicación del país. Si no se enmienda la plasta judicial en la instancia de apelación correspondiente, los ciudadanos, las entidades y la opinión pública quedarán desprotegidos ante cualquiera que tenga el dinero y los recursos técnicos para realizar este tipo de engaño masivo.
Publicar noticias discutibles no es problema. Casi todas tienen elementos de información o enfoques con los que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Publicar noticias tendenciosas es un problema ético, en la frontera de la mentira o la desinformación. Publicar noticias o declaraciones falsas – las famosas “fake news”- sabiendo que son falsas o, peor aún, habiendo fabricado la falsificación, puede ser un asunto muy grave de carácter jurídico, político y social. Falsificar el “sitio web” de periódicos de gran circulación y viralizar las páginas clonadas es a todas luces un delito de considerable importancia en el ámbito nacional.
En este caso, además, con extraordinarios agravantes de cinismo y premeditación. Para muestra, circuló como parte de los archivos extraídos de discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos de los acusados un documento denominado “ejes comunicacionales” . Eran los ejes de una campaña para desprestigiar al adversario y favorecer la victoria del candidato Nayib Bukele en la elección municipal de la ciudad capital. En una parte dice textualmente: “El sitio será la copia exacta de uno de los periódicos digitales más reconocidos y de mayor consulta por la población. El mirror será promocionado por medio de Facebook… y de igual forma generaremos incertidumbre por medio de noticias falsas a favor de la campaña”.
De la sentencia absolutoria preocupa la argumentación tanto como la conclusión. A reserva de analizar más en detalle el razonamiento cuando el Tribunal emita el texto completo de su resolución, de antemano preocupan las razones que se han esgrimido para la absolución. Que no fuera acusado el personaje que a la luz de evidencias inobjetables pareciera ser el principal responsable de la trama y el jefe indiscutible de la agrupación, es algo que habrá que esclarecer pidiendo explicaciones al Fiscal, pero no vemos de qué manera esa deficiencia o abstención de la acusación pueda librar de responsabilidad a quienes de manera probada participaron en la planificación y realizaron el fraude comunicacional.
De igual manera, si se dice que los acusados no son responsables de falsedad material porque solo se probó que difundieron y no que elaboraron o decidieron las pautas de desinformación, este precedente abrirá la puerta al desenfreno de los estafadores políticos sin mayor consideración.
En el caso del delito de violación de distintivos comerciales, los jueces mostraron un apego literal que refleja exactamente lo que no hay que hacer en el ejercicio judicial. La parte sustantiva es la prohibición de utilizar de cualquier modo sin consentimiento del titular una marca, nombre o distintivo comercial. Es cierto que el código castiga expresamente al que lo haga con fines industriales o comerciales, pero es obvio que no está en esa particular finalidad el sentido único del tipo penal, porque si así fuera caeríamos en el absurdo de dejar impune al que viole distintivos con la finalidad de socavar la credibilidad, afectar económicamente o causar otro perjuicio a una empresa o a cualquier organización, siempre que no lo haga con algún fin comercial. En este enfoque absurdo de la ley, estos propósitos aviesos se considerarían como finalidades lícitas de la falsificación.
Si no se revierte la sentencia, que no nos extrañe que en tiempos de intensa confrontación política, se envenene aún más la convivencia social y se agudice la guerra sucia en las plataformas informáticas de la tecnología digital.
No hay que olvidar que en el engaño masivo orquestado por los troles, el propósito era favorecer la victoria electoral de su candidato a la alcaldía de la capital. En una concepción social de la “fe pública”, esta constituye un bien jurídico colectivo y su protección penal debe extenderse a aquellos hechos susceptibles de inducir a engaño a un número indeterminado de personas, en otras palabras al público en general.
Este caso debe servir a la comunidad jurídica para tomar conciencia de que el apego literal -leguleyo- al texto en casos que obviamente requieren criterios más amplios aleja el lenguaje jurídico de las expectativas ciudadanas, aísla al sistema judicial de las situaciones propias de cada época y, sobre todo, resta legitimidad social a todo el andamiaje de la justicia penal.
Este es un problema típico de letra y espíritu de la ley, sobre el que se han derramado ríos de tinta desde tiempos inmemoriales. Se sabe que es peligroso abusar de la interpretación cuando no es necesaria, pero de igual manera es peligroso renunciar a toda interpretación ante situaciones nuevas, que no existían antes como modalidades posibles de transgresión de la ley, o en casos en los que el sentido más razonable y lógico de la norma jurídica así lo demande.
No es correcto disociar la semántica del sentido práctico y el significado obvio de los textos jurídicos. Aquí aplica el trillado ejemplo de una ordenanza que obliga a cerrar la venta de bebidas alcohólicas a las 12 de la noche. Un leguleyo “vivo” puede recomendar a su cliente que cierre a las 12 y vuelva a abrir a las 12:05, porque la ley solo dicta que los establecimientos deben cerrar a esa hora y no dice expresamente que deben permanecer cerrados a partir de esa hora. Se entiende la “viveza” del tinterillo en este caso, pero es obvio que ese no es el sentido de la ordenanza. Que los defensores de intereses particulares actúen así es una cosa, que los jueces lo hagan es otra muy diferente. Y, por cierto, llama la atención que se haya programado el viernes 22 de diciembre para publicar la sentencia, justo el día en que queda desmovilizada por completo la opinión pública por la vacación de navidad.
Está por terminar el juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes, Vanda Pignato y uno de los hijos del ex mandatario. El martes de la próxima semana conoceremos la sentencia.
La fiscalía ha sostenido ante la Cámara de lo Civil que los procesados se han ilícitamente enriquecido por un monto de 1.2 millones de dólares, y solicitó que les ordenen reincorporar esta suma al Estado.
Lo que nadie se explica es: Si el propio fiscal general está tan convencido que Funes aprovechó Casa Presidencial para enriquecerse, ¿por qué no lo acusa penalmente? Porque sin acusación penal, el hombre sigue tranquilo en su refugio en Managua. ¿Y por qué la fiscalía, convencida de la culpabilidad de Vanda Pignato, tampoco la acusa penalmente. Porque así le permite seguir ejerciendo su alto cargo en Casa Presidencial, manejando fondos públicos.
Tengo que aclarar una cosa: No hago estas preguntas porque quisiera ver presos a Funes y Pignato. En un juicio penal pueden salir condenados o liberados de culpa, y por supuesto les asiste la presunción de inocencia. Hago estas preguntas porque necesitamos que la Fiscalía General actúe con coherencia. Necesitamos que la ciudadanía pueda restablecer la confianza perdida en la lucha contra la corrupción que todos confiesan en sus discursos. Necesitamos que la comunidad internacional (por ejemplo el gobierno y el Congreso de Estados Unidos) deje de cuestionar su aporte financiero a nuestro desarrollo debido a la sospecha que aquí sigue reinando la impunidad.
Pocos en El Salvador (y en Washington) tendrán confianza en nuestro sistema de justicia, mientras la fiscalía permita que la señora Pignato pueda seguir ejerciendo su cargo en Casa Presidencial, como si no existiera contra ella una acusación de enriquecimiento ilícito, y como si ante cortes brasileños no haya sido mencionada en el caso Odebrecht, por haber supuestamente gestionado fondos ilícitos para la campaña presidencial de Funes.
El caso Saca demuestra que la fiscalía sí puede proceder penalmente, independiente del caso civil. Pero una vez que termine el juicio civil contra Funes y Pignato, sin que la fiscalía los acuse penalmente, ya no habrá nada que hacer.
Esta carta debería estar dirigida al fiscal general Douglas Meléndez. Pero este señor no escucha. Si no escucha al gobierno de Estados Unidos, que más le da apoyo, ¿cómo va a escuchar a un periodista?
Mando esta carta a las organizaciones cívicas que luchan contra la impunidad. Mucha condescendencia han mostrado al fiscal general. No pueden seguir así.
La presa se reventó. Cedió, impotente ante la presión causada por decenas y decenas de valientes mujeres que fueron a la prensa para que constara en el récord que el billonario productor hollywoodense Harvey Weinstein usaba su poder para abusar de sus víctimas. Y después de que cayó él comenzaron a caer más. Y desde entonces, a diario, la prensa estadounidense ha ido publicando las historias de muchas otras mujeres que han sido victimizadas en sus lugares de trabajo, ya sea en los bastidores de un club de comedia, las fiestas postproducción de una película, o el cuarto de prensa de importantes (y supuestamente progresivas e inclusivas) instituciones del periodismo.
Es triste que la fuerza continúe estando en los números y que tenga que llegarse a una masa crítica de denuncias para que la opinión pública comience a creerles a las víctimas. La consecuencia, por el momento, es que a los victimarios se les ha despojado de sus privilegios. Despidos, cierres de compañías, proyectos cancelados. Al respecto, no han faltado las críticas compadeciéndose de los pobres victimarios vueltos parias, y del “linchamiento” público y asesinato de carácter que han supuestamente sufrido. Si bien la presunción de inocencia es un principio constitucional de aplicación perpetua, este se refiere a los procesos judiciales –en la convivencia en sociedad, el mercado de las ideas permite que haya ideas que ganen y otras que pierdan, y el tufillo del abuso sexual debería de ser una idea perdedora. No han faltado quienes han dicho, “¿y por qué hablan hasta ahora?”, cubriendo de duda las denuncias porque en sus cabezas el momento no corresponde en lo que a línea de tiempo se refiere con su propia idea de cómo lidiar con algo tan incómodo y traumático como el abuso sexual. Como si el tiempo transcurrido borrara en manera alguna los traumas o las experiencias vividas.
El rompimiento de la presa ha empoderado a muchas víctimas y muchas han dado a conocer su historia diciendo valientemente “yo también”. Y mientras es fácil empatizar con las actrices y modelos famosas que han sufrido victimizaciones a manos de los poderosos de los que han tenido que depender para hacer su trabajo, es imposible negar que incluso ellas han logrado la valentía de presentarse ante la prensa y la opinión pública para denunciar a sus acusadores porque tienen también cierto privilegio. ¿Qué hay de las miles que no lo tienen y cuyas plazas laborales son fácilmente reemplazables? ¿Qué hay de aquellas que trabajan alejadas de la luz brillante de los escenarios y el glamour de las cámaras, en maquilas, cafetales o call centers?
¿Qué hay de las que no tienen la capacidad de acudir a un periodista, porque su historia parecerá demasiado insignificante para la prensa, como si por no ser conocida su abuso doliera menos?
¿Cuántas personas, hombres y mujeres, pueden en el país decir “yo también”? ¿Cuántos contestarán a la defensiva, diciendo que es exageración porque “no todos los hombres” son así, como si cada denuncia los atacara personalmente? ¿Cuántos dirán que porque tienen hijas, hermanas o mamá, respetan automáticamente a las mujeres? Como si solo mereciéramos respeto por nuestro parentesco con un hombre y no por nuestra condición y dignidad de seres humanos. El efecto Weinstein –y el periodismo cumpliendo esencialmente su rol de auditoría y pedir cuentas — está cosechando efectos positivos entre las poderosas élites, quizás empezando a romper con la perpetuidad de que tener poder otorga la ventaja de acciones sin consecuencia alguna. Pero a menos que logre romper la normalización con la que tratamos los abusos cotidianos que se padecen en los estratos alejados de la fama, servirá a las víctimas de manera limitada.
Un grupo élite de la policía salvadoreña está involucrado en homicidios, agresiones sexuales contra menores y extorsión. Es la punta del iceberg de numerosos grupos dentro de la policía que, desde redes sociales, planean ejecuciones extrajudiciales y otros delitos en todo el país.
Bryan Avelar y Juan Martínez d’Aubuisson, 22 agosto 2017 / FACTUM
Un grupo élite de la Policía Nacional Civil tiene rodeada una champa de lámina y tablas en un pequeño patio de una comunidad marginal del municipio de Aguilares, a 40 minutos de la capital. Tres policías avanzan sigilosos, fusil en mano. Atraviesan un cerco de alambre de púas. Los agentes visten uniformes de camuflaje azul digital. Un cuarto policía se ha quedado en la retaguardia y cuida la patrulla donde ya hay un detenido. Es martes 14 de febrero de 2017.
El policía que encabeza la columna se para frente a la puerta, le da varios golpes y grita. Ordena a quien está dentro que salga. La puerta se abre. Del pequeño cuarto de láminas, de unos cuatro metros de largo por cuatro de ancho, sale Bam Bam, a quien los agentes tienen identificado como un pandillero del Barrio 18 Revolucionarios.
Bam Bam sale con las manos en alto. Viste una calzoneta negra con rayas rojas y una camisa. Los policías le dan patadas y puñetazos mientras lo insultan. Revisan el cuartucho donde no hay nada más que una cama vieja y varios recortes de periódicos de mujeres en bikini pegados en la pared.
El agente de indicativo Perry es el que más patadas le da a Bam Bam. Luego le ordena que se quite la camisa. Bam Bam obedece. Luego le ordena que se pare a unos centímetros del umbral de la puerta y lanza una broma: “Te vamos a tomar una foto”. Y se ríe. Bam Bam se queda de pie mientras el agente de indicativo Shenlong le dispara dos veces en el pecho con su fusil. Bam Bam se desploma: queda tendido, con los pies fuera del umbral y el resto de su cuerpo dentro de su champa de lámina.
A los cuatro policías los acompaña un hombre más, uno que no es policía. Es quien los ha conducido hasta este lugar. A este hombre solamente lo llamaremos Rastreador.
Si el patio en el que está la casa de láminas de Bam Bam fuera un cuadrado visto desde arriba, todo el lado inferior sería el cerco de madera y alambres de púas. La entrada a este solar está en la parte derecha de ese cerco. Los otros tres lados son paredes de ladrillo y cemento. La champa de Bam Bam está en la esquina superior izquierda del cuadrado.
El agente de indicativo Lico, quien comanda este pequeño escuadrón de la FES, ordena a Rastreador que entregue la escopeta que tiene en sus manos. Shenlong la toma, introduce tres cartuchos de perdigones y se para frente a la pared que, en la figura anterior, es la parte inferior del lado derecho, cerca de la entrada. El policía dispara dos veces a una corta distancia. En la pared quedan marcados dos enjambres circulares con muescas de los perdigones de la escopeta.
Shenlong saca entonces unos guantes de látex azules de uno de los compartimentos de su chaleco. Con ellos frota la escopeta para intentar borrar las huellas. Camina nuevamente hasta donde está el cuerpo y coloca, despacio, la escopeta al lado del brazo izquierdo de Bam Bam, ya muerto. Entonces termina su broma: saca su teléfono celular y toma una foto del cadáver, con la escopeta al lado.
Solo después de que el cuerpo tuvo la escopeta al lado, y después de que Shenlong tomó la fotografía, el grupo pidió refuerzos. Después de los disparos de Shenlong, Lico sale del patio y camina hacia el pick up vidrios polarizados, marca Nissan Frontier. La matrícula del vehículo asignado a este grupo es N13669, propiedad de la PNC, según lo verificó Factum. A Lico lo acompaña Rastreador. Le pregunta cómo se llama exactamente esa colonia y levanta el radio Motorola de uso policial. Rastreador responde que el lugar es el pasaje número 2 de la colonia Las Casitas, en Aguilares. Lico abre la comunicación del radio y grita con un tono de voz agitado.
–¡Tenemos un enfrentamiento en el pasaje 2 de la colonia Las Casitas, en Aguilares! ¡Refuerzos, rápido, refuerzos!
Este es el lugar donde miembros de la FES, ejecutaron extrajudicialmente a Iván Benjamín Carcamo Caballero, de 29 años, conocido como “Bam Bam”, en Aguilares, Colonia Las Casitas. Foto FACTUM/Bryan Avelar
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La versión oficial de la muerte de Bam Bam, según la Fiscalía General de la República, será esta: Un pandillero del Barrio 18 Revolucionarios falleció al enfrentarse con la PNC. La Policía añadirá detalles: Un equipo especializado de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) realizaba un patrullaje por la zona cuando fue informado de la presencia de un grupo de pandilleros en una casa. Al ubicarla, los agentes entraron al patio donde está la pequeña champa de lámina y fueron recibidos a tiros por los pandilleros. Uno cayó abatido ante la respuesta policial, después de dispararles dos veces con una escopeta, y otros dos huyeron, pero luego fueron capturados.
Esta versión, sin embargo, es falsa.
Durante tres meses, Revista Factum entrevistó a Rastreador, un testigo civil que no solo vio, sino que participó y colaboró directamente en las actividades del grupo de la FES dirigido por el cabo Díaz Lico. Con los relatos de Rastreador, y tras entrevistas con decenas de testigos, acceso a bases de datos de Medicina Legal, Policía Nacional Civil, autopsias y corroboraciones en el terreno, Factum ha logrado comprobar que este grupo cometió al menos tres ejecuciones extralegales, dos abusos sexuales contra menores de edad, diversos robos y una extorsión agravada en la que pedían dinero a cambio de respetar la vida de una persona retenida en un operativo policial.
Pero no solo eso.
Factum también ha tenido acceso, durante este mismo periodo, a chats privados en tiempo real en los que participan al menos 40 policías que van desde el nivel básico hasta unidades especializadas, además de varios colaboradores civiles. Esta infiltración a las conversaciones privadas, gracias al teléfono de Rastreador, permitió entrar hasta la intimidad de un grupo de policías que hablan libremente de compra y venta de armas, torturas a pandilleros y montajes de escenas de supuestos enfrentamientos armados donde lo que realmente ocurren son ejecuciones extrajudiciales.
Para comprobar que la versión de este enfrentamiento es falsa, Factum visitó el lugar de los hechos, revisó la autopsia del caso y consultó con un experto en armas y explosivos. Todas estas pruebas coinciden con la versión de Rastreador sobre la ejecución extrajudicial de Bam Bam.
Durante tres meses, este medio le siguió la pista a este y otros hechos en los que se ha visto involucrado el grupo de la FES liderado por Díaz Lico. En este periodo, se pudo comprobar que este grupo no solo se dedica a ejecutar pandilleros, sino que también ha cometido otra serie de delitos.
Sobre el caso de Bam Bam, a partir de la disposición de los elementos implicados en la escena, un especialista en armas y explosivos consultado por Factum aseguró que la trayectoria de los disparos es diferente a la que narró la PNC.
Los dos disparos que la Policía asegura que hizo Bam Bam supuestamente fueron hechos desde su champa de lámina hacia la entrada, por donde ellos iban ingresando. Sin embargo, la huella que los perdigones dejaron en la pared describe algo diferente.
Según el experto consultado por Factum, ambos disparos dejaron un derrape -o lo que técnicamente es conocido como shot splash- que indica que los tiros fueron disparados desde un ángulo de entre 70 y 80 grados desde la derecha. Es decir, quien disparó los dos tiros con la escopeta lo hizo desde una posición más cercana al cerco de alambres de la entrada y no desde el fondo del patio, donde está la champa de lámina en la que murió Bam Bam.
La otra posibilidad es que el tiro haya viajado en “s” desde la puerta de la casucha de Bam Bam hasta la pared. Es decir, que el proyectil haya salido en línea recta desde la posición en que se encontraba Bam Bam, luego haya girado a la derecha en el aire, a una distancia de unos seis metros, para tomar una curva nuevamente hacia atrás, y unos cuatro metros después hacer un giro en “u” para impactar contra la pared, desde una distancia de aproximadamente seis metros, que es la distancia que el experto calcula a partir del diámetro del impacto.
Bam Bam tenía 15 tatuajes en su cuerpo. Entre otros, tenía la palabra “Revolución” en la espalda. En sus brazos un “1” y un “8”, y en su pierna izquierda, de arriba hacia abajo, “Las Casitas Locotes”.
Factum tuvo acceso a la autopsia de Bam Bam, cuyo nombre real es Iván Benjamín Cárcamo Caballero, de 29 años de edad. Según la descripción médico-forense, el cuerpo de Bam Bam recibió dos tiros en el pecho. Uno de ellos fue en la región pectoral derecha, cerca del brazo. La trayectoria del proyectil descrita por el médico dice que la bala entró en dirección de izquierda a derecha, dañó los músculos y golpeó la parte superior del húmero, el hueso que une el hombro con el codo, y luego salió por el hombro.
El segundo proyectil, según la autopsia, fue la que le causó la muerte. Este entró por la región pectoral izquierda, en el quinto espacio intercostal izquierdo. El disparo entró en la cavidad torácica, fracturó tres costillas, laceró el pericardio (tejido que cubre el corazón) y la aurícula izquierda del corazón; luego atravesó el esófago, hasta salir por la espalda. Según la descripción del forense, este proyectil tuvo una trayectoria también de izquierda a derecha y ligeramente de arriba hacia abajo.
Este documento oficial refuerza la versión que Factum pudo constatar en el lugar: que los disparos a Bam Bam le entraron por el pecho. Es decir, quien le disparó tuvo que estar parado frente a él.
Luego del falso enfrentamiento, al pasaje 2 de la colonia Las Casitas llegaron decenas de policías a apoyar a sus compañeros, supuestamente en apuros. En realidad se trataba de un engaño.
* * *
Las maneras de Lico y su porte son los de un militar de vieja escuela: erguido y rudo. Lleva gorra siempre puesta y casi nunca hace bromas. Da órdenes. Perry, el policía que pateaba fuerte a Bam Bam, es probablemente el más hablador y bromista del grupo. Le encanta contar sus hazañas matando pandilleros y a la hora de actuar es el primero en atacar. Shenlong, quien disparó contra el pandillero y colocó la escopeta junto al cuerpo, es el más alto y el que mejor cuida su físico y su apariencia. Su uniforme esta siempre impecable. Su cara es larguirucha, lleva un bigote negro y ralo que lo hace ver más estilizado. Usa el cabello largo para los parámetros policiales y es quien va mejor peinado. Mowgli, el cuarto de ellos, es fuerte y tiene un evidente sobrepeso. Es el almadanero del grupo; es decir, es quien porta y maneja la almádana, el martillo gigante con que la Policía salvadoreña destroza las puertas de las casas. Las descripciones dadas por Rastreador coinciden, además, con fotografías en poder de Factum.
Estos cuatro policías son el cabo Díaz Lico, el agente Bladimir de Jesús Flores Ávalos, con ONI 27791; el agente José Roberto Ventura Gámez, con ONI 27518; y otro más identificado únicamente con el indicativo Mowgli. La confirmación de sus nombres fue posible después de cotejar un acta de captura, de un caso procesado en un juzgado de San Salvador, donde constan los nombres de los agentes captores: Flores Ávalos y Ventura Gámez. Ese caso, la captura de un supuesto pandillero, ocurrió ante los ojos de Rastreador a principios de este año.
Este es uno de los grupos de las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador, la sección policial que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha creado expresamente con tres objetivos: neutralizar estructuras delictivas, ir tras los 100 principales cabecillas de pandillas y detener a los criminales culpables del delito de homicidio. La FES está conformada por mil hombres, 400 policías y 600 soldados, que se dividen en pequeñas células como esta. Entre todas, han sostenido 38 supuestos enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, solo entre enero y junio de 2017, según las estadísticas oficiales.
Desde que la FES fue presentada oficialmente, el 19 de abril del 2016, el jefe a cargo de esta unidad fue el subcomisionado Marco Tulio Lima. A principios de febrero de este año, la Policía realizó 44 cambios, entre ellos varios mandos medios. Lima fue trasladado a la delegación de Sonsonate y en su cargo quedó el inspector jefe Elvis Cisneros Ascencio.
El director de la PNC, Howard Cotto, luego de un evento público realizado en San Salvador, respondió a Factum la jerarquía de mando de la FES: Todas las unidades en el territorio, incluida la comandada por Díaz Lico, responden a un solo jefe, el jefe de la FES. Este le responde al subdirector de áreas especializadas operativas de la PNC, quien a su vez le responde al director. El director le responde al ministro de Justicia y Seguridad Pública y este al presidente de la República. Es decir, que entre Díaz Lico y el director de la PNC solo hay dos mandos intermedios.
El 20 de Abril de 2016, el vicepresidente de la república, Oscar Ortíz, hizo la presentación de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, como parte de las herramientas de las “medidas extraordinarias” de la seguridad, en su combate contra las pandillas. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
El rastreador de pandilleros
Rastreador es un hombre perseguido. Tiene serios problemas con las tres pandillas más grandes de El Salvador. Las rastreó y contribuyó a cazarlas durante al menos un año junto a escuadrones de la muerte de la Policía. Pero también tiene problemas con estos escuadrones policiales: luego de trabajar con ellos, los delató ante la Fiscalía General de la Republica. Contó sus secretos, sus formas de operar y ayudó a una revista digital, a Factum, a infiltrarse en sus comunicaciones. Rastreador tiene también problemas con el sistema legal salvadoreño, pues lo que hizo para cazar pandilleros se traduce en una larga lista de delitos.
Rastreador tiene 27 años y hasta hace dos vivía con su familia en un municipio de San Salvador. Desde que se graduó del instituto nacional de su municipio se dedicó a trabajar. Fue dependiente de una comercial y vendedor por comisión de varios negocios de electrodomésticos. Su trabajo consistía en visitar las colonias, cantones y caseríos, catálogo en mano, y lograr que la gente comprara, casi siempre a crédito, desde una licuadora hasta un juego de comedor. Así sostenía un hogar formado por su madre y su esposa.
Era un buen vendedor, muy habilidoso con las palabras.
En febrero del 2016, su moto, la que usaba para trabajar, desapareció. Se la llevaron por la noche. Duro golpe para una economía familiar que se basaba, en buena medida, en que esa moto llevara a Rastreador hacia posibles compradores. Entonces compró otra, una motocicleta china marca Freedom modelo Spitzer 200.
Pero en mayo de ese mismo año, un diente de la catarina, el disco que mueve la cadena, se rompió mientras transitaba por la carretera Troncal del Norte. Desde ese momento la vida cambió radicalmente para él y su familia.
Rastreador empujó su moto averiada hacia el taller más cercano, siempre sobre esa carretera. Ahí habló con Julio César Calderón, el encargado del negocio e incluso dejó un adelanto para las reparaciones.
Pasaron varias semanas y no tuvo noticias de su moto, así que fue a visitar nuevamente al encargado del taller. Pero nada. Su moto no había sido reparada.
Visitó el taller nuevamente días después, pero tampoco esa vez estaba lista. Calderón le dijo que no llegara más, que esa moto ya no era suya. Rastreador rogó un poco, pero fue en vano, el hombre estaba armado. Le dijo: “Acá nosotros todos estamos con el Barrio 18”. Concretamente con la facción Revolucionaria de esa pandilla. No solo querían su moto, la querían legal. Así que le exigieron a Rastreador la tarjeta de circulación. Rastreador se negó.
Semanas después, Julio César Calderón llegó a casa de Rastreador montado en la Freedom. Con él iba un pandillero del Barrio 18. En la casa solo estaba la madre de Rastreador. Ella trató de engañarlos y les dijo que su hijo había migrado hacia los Estados Unidos, pero no le creyeron. Hicieron sus amenazas y se fueron. La mujer pidió a su hijo que no regresara más a esa casa. En cuestión de semanas, Rastreador había perdido casi todo lo que había ganado trabajando. Vivía en un rancho, donde unos familiares de su mujer, y el poco dinero que llevó se estaba agotando.
Rastreador no era un ciudadano común. Había tenido algunos acercamientos con el mundo criminal. Según datos de la Policía, Rastreador fue detenido en varias ocasiones por diversos delitos menores: una estafa a una mujer en 2016 y una detención por portación ilegal de arma de fuego en el 2015. De hecho, una ficha policial incluso vincula a Rastreador con la MS-13.
Si Rastreador realmente tuvo relaciones con pandillas, estas no alcanzaron para recuperar su motocicleta.
Fue después de la visita de Calderón a la casa de su madre cuando, desesperado, decidió buscar ayuda en el Estado salvadoreño. Rastreador hizo lo que se supone debe hacer un buen ciudadano: fue a la Policía. Puso una denuncia formal, dio declaraciones muy detalladas y les dijo a los investigadores que podía incluso llevarlos a los lugares donde vivían los pandilleros que le robaron.
Durante varios días, Rastreador fue con los agentes de la PNC, vestido de policía y con gorro pasamontañas, a buscar pandilleros. Fue un buen guía y buscador. Los llevó a los sitios exactos y la Policía pudo capturar al menos a tres pandilleros y algunos colaboradores, incluido Julio César Calderón. Rastreador cuenta que Elián, un agente de la Dirección de Investigaciones (DIN) del municipio de Apopa, le dijo: “Mirá, me gusta cómo trabajas vos, trabajás bien. ¿No te gustaría trabajar en algo más fino?” Rastreador, sin saber a ciencia cierta qué significaba aquello, les dijo que sí.
Rastreador ubicó entre julio y agosto de 2016 al menos a cuatro pandilleros y contribuyó a encontrar a varios más para los investigadores de la DIN. No estaba muy seguro si lo que hacía era legal, pero poco importaba. Estaba ayudando a golpear a la pandilla que le robó su vida y la de su familia.
Pasadas tres semanas, nuevamente, el investigador Elián llegó con una propuesta.
-Ey, estamos bien contentos con tu trabajo, nos gusta. Te quisiera presentar a unas personas que hacen un trabajo todavía más fino, ¿te parece?, dijo Elián, según recuerda Rastreador.
Para este policía la fineza del trabajo policial depende del destino de los pandilleros. Arrestarlos es todavía algo muy grueso.
Una tarde calurosa de agosto, Rastreador recibió la llamada de un hombre de voz ronca. Quedaron de verse en el parqueo de un centro comercial de Apopa llamado Pericentro. Ahí, estacionado, estaba un pick up blanco Nissan Frontier año 2016, placas N13669, con los vidrios polarizados. Dentro lo esperaban cuatro hombres con camuflaje azul digital. Tenían una nueva propuesta -muy fina- para él.
Desde ese día hizo varias cosas para este grupo. No solo les ayudaba a encontrar pandilleros, pues conocía cada rincón de su municipio. Si un pandillero no estaba en la casa a la que los había llevado, sabía dónde estaban sus hermanos o su madre. Sabía en cuáles veredas podrían encontrar a los pandilleros fumando un puro de marihuana y dónde la habían comprado. Creció en este municipio y era un experto en él.
Pero Rastreador no solo era bueno encontrando gente. También se volvió un verdadero especialista en buscar perfiles de Facebook. El método era sencillo: creaba un perfil de mujer, con fotos e historial de publicaciones, y para hacerlo verosímil bajaba de internet fotos de chicas desnudas en secuencia de la página web vk.com, para que pareciera que fueron tomadas en el transcurso de la conversación. La idea era empezar a hablar con los pandilleros, coquetearles, pero hacerse un poco difícil. Una vez establecía un contacto regular con ellos utilizaba las fotografías. Les mandaba una por una hasta calentar la cosa y, entonces, la estocada final. Les preguntaba dónde estaban en ese momento. Los pandilleros esperaban a una chica exuberante y tetona y en su lugar los visitaba Lico, Perry, Shenlong y Mowgli.
Pero Rastreador fue más que eso; fue la conexión en las redes sociales, en específico Whatsapp, del grupo de Lico con decenas de policías que en todo el país se dedican a lo mismo: a ejecutar extrajudicialmente pandilleros.
Las redes del exterminio
Un mensaje de voz llega al chat de WhatsApp.
–Compañeros, me está tirando el 911 que hay siete ratas eliminadas, ¡qué alegría!
Luego llegan otros mensajes en respuesta. Emoticons de aprobación, felicitaciones y frases de regocijo.
Quien envió el mensaje es un policía destacado en la Unidad Antipandillas. Quienes responden son otros policías de bajo rango de distintas divisiones, investigadores policiales y colaboradores civiles cercanos a la institución. No se trata de un chat oficial, no es un chat orgánicamente vinculado a la PNC. Se trata de algo informal entre policías y civiles a los que los une una sola cosa: la convicción de que hay que exterminar pandilleros.
Factum tuvo acceso a dos de estos chats a través del teléfono de Rastreador. Durante casi tres meses, esta revista monitoreó los contenidos que eran subidos diariamente a estos grupos de WhatsApp donde participan al menos 50 personas, entre policías y civiles. Algunas de estas personas crearon además páginas de Facebook en donde se comparte información de uso policial como escenas de asesinatos, perfiles de supuestos pandilleros, datos personales de familiares de estos e información sobre estructuras de grupos de pandillas. Rastreador, como parte de su colaboración con el grupo de la FES dirigido por Díaz Lico, creó una de estas páginas. Fue a través de su teléfono que esta revista monitoreó diariamente las conversaciones y los contenidos compartidos en estos chats y a su vez pudo relacionar los números telefónicos de estos policías y colaboradores con páginas de Facebook creadas desde estos números de teléfonos.
Estos son algunos de los hallazgos que se encontraron.
3 de junio de 2017. Un policía escribe en el chat la ubicación de un pandillero herido. Dice que un religioso le está dando protección en una iglesia de un municipio de Sonsonate. Los policías están molestos porque el religioso se negó a entregarles al herido. Suben fotos y dicen que es un líder pandillero baleado por policías y que recientemente ha salido de un penal. Otros se quejan de las leyes que no les permiten matarlos de una vez. “Valen verga las leyes”. Otro policía escribe: “Eso pasa por dejar libres a esas ratas”. Otro replica: “Ojalá se muera ese hijo de la gran puta”.
Al final llegan todos a una conclusión casi religiosa. Uno de ellos dice en una nota de voz: “Lo que es de Dios es de Dios, porque una rata de estas ¿qué beneficios podrá dar? La misma palabra dice: árbol que no da fruto debe ser cortado y echado al fuego, ¿y esta rata qué fruto va a dar…?”
El compañero del herido no corrió con tanta suerte. Un equipo de la FES le disparó mientras se conducía en una motocicleta. En las primeras fotos del cadáver, que fueron subidas a uno de estos chats, se ve a un hombre tirado en el piso en un charco de su propia sangre. Entre sus piernas está su motocicleta y a centímetros de su mano derecha una pistola. La versión oficial de la policía es que el hombre aceleraba su moto y disparaba al mismo tiempo. Con la misma mano.
Luego envían bromas y pornografía. Se lanzan guasas y chanzas y pasan a otros temas.
Este chat no solo es usado para intercambiar opiniones sobre la necesidad del exterminio de pandilleros.
A principios de 2017 se compartió un video en el chat. Un hombre de unos 30 años se arrastra malamente por el patio de una delegación policial. Tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. “Mara Salvatrucha 13” se lee en su cuerpo. Tiene las piernas muy lesionadas, sus pies están hinchados y lacerados y de su oído sale un hilo de sangre que ya se ha coagulado sobre sus mejillas. Se arrastra con las manos y a su alrededor varios policías se mofan de su mala ventura.
–Así se arrastran siempre las basuras… ¿Ey, te pica el culo, pendejo, que te vas arrastrando?, dice uno de los cinco uniformados que lo rodean. El patio de esta delegación policial es largo y al fondo se escuchan las burlas de los policías.
–Se cayó del segundo piso la ancianita. Se quebró las patas, dicen.
La espalda del pandillero está enrojecida por múltiples bultos. Quien graba el video lo apresura a que se mueva con rapidez. “¡Apurate, pues, pendejo!” El hombre se arrastra hacia una patrulla. En el fondo se escuchan risas.
24 de junio de 2017. Un grupo de la Sección Táctico Operativa (STO) de la PNC reporta haberse enfrentado a pandilleros en el cantón Primavera de Quezaltepeque, municipio de La Libertad. Los policías subieron casi inmediatamente las fotos de los cadáveres a sus chats.
El primer cadáver es el de José Luis Polanco Escalante, de 22 años. Tiene los ojos abiertos, muy abiertos, y las rodillas flexionadas. A centímetros de su brazo izquierdo está una gorra negra y a menos de medio metro su camisa, como si se la hubiese quitado para morir. A centímetros de su mano derecha hay una pistola negra pero el cañón apunta hacia atrás, como si José Luis la hubiera empuñado hacia sí mismo al momento del supuesto enfrentamiento. Sus asesinos le bajaron el pants hasta dejar al descubierto su pene.
Los policías celebran la muerte de José Luis en uno de los chats y la ocurrencia de dejar el pene al aire.
–Vaya, para Stanley. Él se la hubiera decomisado, dicen los policías, mofándose de uno de los agentes del grupo. Pero este se defiende.
–No. Ahí Gladiador se la hubiera quitado, dice el agente identificado como Stanley.
Gladiador, usando la lógica de que no se rían de uno sino con uno, responde.
–Nombre, a mí me gustan más grandes. Un gran hijueputón ja ja ja ja.
Cerca del cadáver de José Luis yace el de Douglas Ramírez. Junto a él también está su camisa y su gorra.
En su cuenta de Twitter la Fiscalía General de la Republica (FGR) se limitó a reportar “doble homicidio en Cantón Primavera, Quezaltepeque. Intercambio de disparos entre miembros de la pandilla 18 y PNC”.
En los chats, los policías no solo celebran las muertes de los pandilleros. Estos espacios constituyen una forma de organización que facilita el exterminio. Es una especie de sistema de inteligencia informal. También se orientan o llaman la atención cuando las escenas de homicidios en falsos enfrentamientos son mal montadas.
El 29 de junio de 2017, a las 5:59 de la tarde, uno de los miembros del chat envió una foto seguida de varios mensajes de texto. En la imagen se ve a un joven desnudo tirado en medio de un monte espeso. Tiene el pantalón enrollado hasta los pies y los zapatos aún puestos. La foto va seguida de este mensaje: “Se reporta intercambio de disparos entre personal de la DIN Quezaltepeque y pandilleros de la 18R (…) resultó fallecido el sujeto alias El Pedo Triste, reconocido pandillero del sector, quedando un arma de fuego en la escena”.
A este mensaje le sigue otro: “Ése nes ya publico eso y está desnudo mala onda por los del procedimiento” (sic). “Pero hay cuatro camaradas detenidos así me dicen” (Sic). “Compañeros ay q tener cuidado con las fotos seamos listos para montar escenas para q no salga clavoz después” (sic). “Ojala no vaya haber problema ahí” (sic).
Este hecho fue publicado por varias de las páginas que son alimentadas desde este grupo de WhatsApp, incluyendo NES (Noticias El Salvador), administrada por el agente de indicativo Mateo, y Máximo Gladiador SV, administrada por el agende de la STO de indicativo Máximo.
Aunque la Fiscalía no reportó este hecho en su cuenta de Twitter, como usualmente lo hace cuando hay intercambios de disparos entre policías y pandilleros, el Instituto de Medicina Legal (IML) sí reportó el levantamiento de un cuerpo ese día. La víctima, según datos del IML, era un joven de sexo masculino de 17 años de edad. El levantamiento fue realizado a las 6:15 de la tarde en una hacienda de Quezaltepeque.
Además, cuando un pandillero sale en libertad de un penal, algunos policías le toman fotografías y las envía a sus colegas junto con la dirección o la ruta de buses que la persona tomó después de cumplir su sentencia.
El 29 de mayo a las 10 de la noche llegó un mensaje a uno de los dos chats policiales a los que Factum tuvo acceso. El mensaje lo enviaba uno de los integrantes con número de teléfono de terminación 9363.
“Compas hay va esta rata saliendo del penal de chalate” (sic). “Buzos, es de la colonia 10 de octubre san marcos” (sic). “De la Clica octubres locos” (sic). “De nombre Abel Antonio Ángel Valladares” (sic). “Alias Spay” (sic).
Seguido de estos mensajes manda seis fotos de detalle de los tatuajes de un pandillero que posa con las manos en la nuca. Después, otro mensaje más escueto y directo: “Gas urgente”. En El Salvador, la expresión “dar gas” a alguien es utilizada popularmente para decir “darle muerte”.
Esta red también es útil para conseguir armas. Al menos en tres ocasiones, los policías hicieron negocios de compra, venta y remodelación de armas de fuego. En uno de los chats, incluso se hablaba de un taller para modificar armas y hacerlas “a la carta”.
Esta red informal cobra mejor forma cuando pasa de WhatsApp a Facebook. En esta última red social algunos agentes y colaboradores señalados en esta investigación crearon las páginas: Resumen El Salvador, que es administrada por el agente de indicativo Stanley, con el número de teléfono de terminación 9793; Diario Leo SV, que es administrado por la persona conocida como Roro o Leo, con el número de teléfono de terminación 4622; Héroe Azul Verdadero, que es administrada por un agente de la DCI, con indicativo Felipe, con el número de teléfono de terminación 5709; y Máximo Gladiador SV, que es administrada por el agente de indicativo Máximo, de la Sección Táctico Operativa (STO), con el número de teléfono de terminación 9403.
De otro de los chats a los que esta revista tuvo acceso se alimentan las páginas NES Noticias El Salvador, administrada por el agente policial de indicativo Mateo, con número de teléfono con terminación 8910; Hechos Informativos SV, administrada por el agente de indicativo Siniestro, con el número de teléfono de terminación 0573; e Informador Periódico Digital, administrada por un civil del cual no se sabe el nombre, pero porta el número de teléfono de terminación 9364.
Todos ellos participan de forma activa en los chats, de donde sale casi toda la información hacia las páginas.
El agente de indicativo Máximo, quien administra la página Máximo Gladiador SV, aceptó hablar con Factum. En esta página se han subido decenas de imágenes de supuestos pandilleros muertos con el mensaje “rata eliminada”. O fotos de personas de quienes se dice que son familiares de pandilleros con un evidente propósito de exponerlos.
–Las publicaciones de su sitio demuestran una clara apología al exterminio de pandilleros. ¿Por qué?, le preguntó Factum.
–No es una apología, sino que, normalmente, cuando existe un enfrentamiento se publica lo legal que es, ¿verdad? Digamos que si dos pandilleros fallecieron en el enfrentamiento es así. Ahora talvez se puede ocupar la palabra, por decirle, rata, pero es algo normal, verdad, que se tomen así ese tipo de personas antisociales. Pero a eso no queremos darle a… por decirle… a ningún grupo de exterminio en ningún momento, verdad, dijo Máximo.
Estas páginas tienen además una misión muy importante para los exterminadores. Les permite recoger denuncias e inteligencia proveniente de las comunidades. Y algo más. Dinero.
A principios de enero de 2017, Rastreador creó su propia página de Facebook: Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador. Esta, según él mismo lo explica, serviría para publicar información policial de las actividades del grupo de la FES comandado por Díaz Lico y de otros policías que compartían información en los grupos de WhatsApp. De esta forma, al ganar seguidores, podrían obtener denuncias o información de ciudadanos que les ayudaran a ubicar pandilleros.
Al poco tiempo de haber sido creada, la página administrada por Rastreador recibió algunas denuncias de personas que le dieron información de pandilleros, otras pedían ayuda, y otras buscaban contratar los servicios de sicarios. En una ocasión una mujer escribió con un ofrecimiento.
–Yo busque a la página Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador, les dije que les podía colaborar para que limpiaran la zona donde vive mi familia. Me respondieron, me dijeron que me agradecían mucho, que los policías estaban pasando una mala situación y que tenían salarios muy bajos. Así que les empecé a mandar dinero. Pero no era mucho, unos cincuenta dólares una vez, unos cien la siguiente, y así. Para que comieran algo.
La que habla es una mujer que vive desde hace más de cinco años en los Estados Unidos y ayudó, durante varios meses, enviando dinero al grupo dirigido por Díaz Lico para exterminar pandilleros de la zona norte de San Salvador. Factum logró hablar con ella.
Según dijo, ella cree que apoyando a los grupos de exterminio contribuye a que El Salvador, y concretamente el municipio donde vive su familia, sea más seguro.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Factum que hasta el momento no se tienen investigaciones abiertas sobre estas páginas.
Los videos en estas páginas son explícitos y numerosos: un chico que se arrastra semidesnudo por un camino de tierra mientras un policía lo obliga a cantar; una chica forzada a hacer sentadillas mientras sostiene una enorme piedra sobre su cabeza; dos chicos arrodillados dentro de una delegación policial siendo mordidos por un perro y electrocutados por uniformados; cuatro chicos forzados a acostarse en un hormiguero; un pandillero recibiendo las patadas de un policía en el estómago y las costillas mientras está esposado y en el suelo; un policía élite torturando con un cuchillo a un pandillero esposado, y una larga lista de manifestaciones de la brutalidad. No es difícil encontrar información como esta. Basta con buscar en Google con el reactivo “policía salvadoreña torturando pandilleros”.
Estas puestas en público del exterminio y la tortura de pandilleros han sido exitosas, tanto recopilando información como obteniendo recursos, y esto ha sido posible gracias al inmenso apoyo de la población salvadoreña. Solo la página de Facebook Héroe Azul tiene más de cincuenta mil seguidores. El Salvador apoya el exterminio, al menos en su versión digital.
Un agente policial vigila un pasaje en la Comunidad La Selva en Ilopango, San Salvador, y a sus espaldas se leen los nombres de los pandilleros que han muerto en este sector controlado por la Mara Salvatrucha. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
“Bichas putas, de darle cuca a los homeboys vienen”
A principios de marzo del 2017, el grupo de la FES liderado por el cabo Díaz Lico llegó al cerro de Juan Zamora, en Aguilares, en el lindero norte de San Salvador. Los policías buscaban a un pandillero del Barrio 18 que vendía droga. Habían recibido información de que se escondía en una casa de aquel cerro y llegaron en su pick up Nissan Frontier blanco acompañados por Rastreador.
Para llegar al cerro de Juan Zamora hay que dejar el camino pavimentado y adentrarse un par de kilómetros por un camino angosto de tierra y piedras sueltas. Luego de pasar por el casco de la hacienda se toma un sendero todavía más estrecho hasta llegar a un llano. Ahí está la casa donde Lico, Perry, Shenlong, Mowgli y Rastreador llegaron aquella tarde.
Para entrar a la casa, la FES no necesitó ninguna orden de allanamiento, tenía sus armas. Los policías entraron gritando y botando cosas. Los inquilinos, amenazados por los fusiles de los agentes, se limitaron a ver cómo estos ponían su casa patas arriba.
Ese día, los agentes del grupo de Díaz Lico no encontraron ni al pandillero, ni su droga, ni sus armas; ni siquiera pruebas de que en realidad viviera en esa casa. Se pusieron furiosos. Sobre todo Perry y Shenlong, según recuerda Rastreador.
En un monte cercano a aquella casa, dos niñas de 13 y 14 años cortaban jocotes. Ignoraban la presencia de los policías. Los árboles en ese cerro, si bien tienen dueño, son pepenados por la gente de los alrededores sin causar mayor problema. Las niñas llenaron sus bolsas de jocotes e iniciaron su camino de vuelta a sus casas, pero a su paso se encontraron con la FES.
–Ajá, bichas putas, de regalarle cuca (vagina) a los homeboys (pandilleros) vienen, ¿veá, putas? ¿Dónde andan la droga?, dijo Perry.
En el patio de la casa, cerca de un portón de madera, hay un pequeño tanque de agua con tres láminas viejas y oxidadas enfrente. Estas hacen las veces de ducha improvisada. Las latas sirvieron algún día para cubrir apenas el torso de quienes se bañaban ahí, pero se nota que quedó en desuso hace mucho tiempo.
Las niñas, que vestían aquella tarde cada una un pequeño short y camisas ajustadas, dijeron que ellas no andaban droga, y para demostrarlo abrieron una pequeña cartera que llevaban consigo. Pero a Shenlong y a Perry no les bastó esa prueba.
–Bichas putas, ¡ustedes son ratas, son ratas!, les gritaban los policías. Entonces las llevaron hasta la ducha improvisada.
Shenlong metió a la niña de 13 años al recuadro de láminas y le pidió que se quitara la camisa. La niña dijo que no, pero ante su respuesta el enorme policía la golpeó varias veces en la frente con la punta de su fusil. Ella, llorando, suplicaba que no la mataran. Pero ante las súplicas a Shenlong se le ocurrió hacerle más daño.
–¡Quitate la ropa!, pues, hija de puta ¿o querés que te mate? Ahí andás la droga– le dijo Shenlong a la menor de las chicas. Y le metió la punta del fusil en la boca para que esta lo lamiera.
La niña se fue quitando poco a poco la ropa ante la mirada y las amenazas a muerte del policía.
–Te voy a revisar, ¿ahí abajo andás la droga vea?, dijo Shenlong.
La niña se quitó el short con lágrimas en los ojos, mientras el policía le introducía los dedos en su vagina.
Al otro lado de la lámina, Perry hacia lo mismo con la otra niña de 14 años.
–Ve qué flojas están estas bichas putas. Bien guangas (flojas) están, se decían entre risas los agentes, ante la mirada de Lico, Mowgli y Rastreador. Y ante la mirada, también, de los vecinos.
Casi 20 minutos después, las dejaron ir, vejadas, llorando y amenazadas.
Ese día el grupo tres de la FES no logró cazar a ningún pandillero. Tampoco consiguió la droga ni las armas que buscaba. Tampoco obtuvo ninguna información relevante para el combate del crimen. La FES, igual que lo hicieron años atrás los cuerpos de seguridad del Estado, no tuvo reparo en hacerle esto a dos niñas. Lo hicieron ante la mirada de varias personas.
Un agente policial vigila un pasaje en la Comunidad La Selva en Ilopango, San Salvador, y a sus espaldas se leen los nombres de los pandilleros que han muerto en este sector controlado por la Mara Salvatrucha. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
El final de El Eclipse
El 3 de marzo de 2017, Lico, el líder del equipo, aseguró tener información sobre el lugar donde se escondía un pandillero de alias El Eclipse, miembro de la clica City Paraísos Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha 13. El nombre de este sujeto era en realidad Samuel Antonio Avelar Carpio, de 26 años, quien estaba junto a otro pandillero a quien las autoridades no han logrado identificar. Alrededor de la 1 de tarde, Rastreador, junto al equipo de Lico, se dirigió hacía el Distrito Italia, un complejo habitacional en Tonacatepeque, al nororiente de San Salvador, construido por la cooperación italiana para gente de escasos recursos. Ahí, en la manzana 55, en el segundo pasaje, Samuel Avelar descansaba después de comer su almuerzo cuando el equipo de la FES entró a su casa.
La testigo 1 llegó corriendo a las 2:00 p. m. al pasaje donde vivía El Eclipse, llevando consigo a su hija de pocos años. Un policía recio con camuflaje azul digital la enfrentó.
–¿Qué buscás aquí? Andate a la mierda mejor. Andá a ver qué putas le das de hartar a esa tu niña– le dijo el robusto policía.
La testigo 1 conocía a Samuel desde hacía muchos años. Ella sabía que estaba dentro de la casa en la que habían entrado los policías y desde la que salía un grito desesperado: “¡Ayuda, me van a matar!”
Ella llegó hasta ese pasaje porque vio un pick up blanco Nissan Frontier pasar a toda velocidad por la calle principal rumbo a la manzana 55. Aunque el pick up no tenía ningún distintivo policial, ella sabía que eran policías.
Testigo 1 corrió a toda prisa, lo más rápido que pudo, pero no lo suficiente para alertar a tiempo al pandillero. A las 2:15 p. m. escuchó el sonido de una ráfaga salir del interior de la casa y luego varios tiros sueltos. Testigo 1 salió de ahí con su hija en brazos, ahuyentada por las amenazas del policía que custodiaba la casa, con la esperanza de que no fuera El Eclipse quien hubiese recibido aquella ráfaga.
Testigo 2 escuchó el grito “¡ayuda, me van a matar!” alrededor de las 2:10 p.m. Según cuenta, aproximadamente a las 2:00 p. m., vio a dos policías entrar por la fuerza a la vivienda donde estaba El Eclipse y su compañero. Los policías tenían camuflaje azul digital y fusiles automáticos. El primero en entrar era un hombre alto y fibroso. El segundo era más robusto y bajo.
Alrededor de las 2:15 p.m., testigo 2 escuchó una ráfaga y luego varios tiros sueltos.
Testigo 1 dice que, cuando salió del pasaje hacia su casa, vio el pick up blanco Nissan Frontier estacionado frente a la entrada de los pasajes, y dentro de este un hombre sin uniforme y cubierto con un gorro pasamontañas.
Otros testigos, incluidos líderes religiosos y vecinos de esa comunidad, confirman los hechos.
Rastreador dice que ese día se quedó en el carro mientras el grupo entraba en la casa de El Eclipse. Dice que quienes entraron a matar fueron Shenlong y Perry. Lico se quedó fuera junto a Mowgli, dando seguridad perimetral. Él aguardó dentro del pick up, con un pasamontaña sobre la cabeza.
Los testigos consultados por Factum en este caso señalan que El Eclipse y su compañero sí eran pandilleros de la MS-13, sí estaban en esa casa, sí estaban escondidos y sí tenían armas. Sin embargo, los testigos también señalan que los pandilleros, al ver entrar a los policías, se rindieron.
Aquella tarde del 3 de marzo de 2017, la FES no iba a capturar pandilleros. Iba a matarlos.
A El Eclipse, la FES le dio ocho disparos. Uno en el pecho y siete por la espalda. La autopsia a la que Factum tuvo acceso describe que el tiro que impactó en el pecho salió por la espalda, lo cual, según el mismo documento, indica una trayectoria “de adelante hacia atrás”.
Los siete disparos que recibió El Eclipse por la espalda, según la autopsia, entraron por la región dorsolumbar izquierda. De estos, dos salieron por el hipocondrio derecho (zona cercana al hígado), y los otros cinco, por las zonas infraescapular derecha y fosa renal derecha. Todos estos disparos, según el documento, describen una trayectoria “de izquierda a derecha” respecto al cuerpo de la víctima.
En el caso del otro pandillero, a quien ni la pandilla que lo acogió en el Distrito Italia ni las autoridades de Medicina Legal lograron reconocer, recibió cuatro disparos de la FES. Los primeros dos descritos en la autopsia le entraron por la cara externa del brazo izquierdo, uno por delante y otro por detrás. Ambos tiros describen una trayectoria de izquierda a derecha y, según el documento, atravesaron todo el torso del pandillero hasta salir por la zona axilar derecha y reentraron por la cara interna del brazo derecho hasta salir por la cara externa del mismo.
Otro tiro le entró por la zona iliaca izquierda (zona inferior izquierda del torso) y salió por el hipocondrio derecho. La trayectoria de este proyectil, según la autopsia, describe un camino “de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha”.
Y el último tiro descrito por la autopsia entró por la zona lumbar izquierda (espalda) y salió con “trayectoria intracorpórea de delante hacia atrás, de derecha a izquierda” por la zona del hipocondrio derecho.
Rastreador cuenta que luego de asesinar a El Eclipse, Lico llamó por radio pidiendo refuerzos. Los testigos de la comunidad cuentan que después de los últimos tiros llegaron decenas de policías y militares a apoyar al grupo de Lico en un enfrentamiento que no ocurrió contra unos pandilleros que ya estaban muertos.
Un caso que avanza a cuestas en la Fiscalía General
Una tarde, a principios de mayo de 2017, Rastreador llegó a la Fiscalía diciendo palabras muy extrañas, pidiendo algo que solo alguien desesperado podría pedir. Llegó rogando, suplicando, que lo metieran preso, que lo encerraran en una bartolina, que lo convirtieran en un testigo criteriado.
Rastreador pedía esto sabiendo que, en El Salvador, ser un criteriado y estar encerrado en una casa de seguridad es vivir a medias, vivir en un lugar reducido, sucio y junto a otros criminales que el Estado perdona a cambio de confesar sus delitos y entregar a sus cómplices. Pero la petición solo podía venir de alguien que está en el límite, como él.
Luego de estar en varias misiones ubicando pandilleros y tras haberse ganado la confianza de los policías hasta llegar a sus círculos más íntimos, Rastreador decidió hablar con la Fiscalía y con Factum. A finales de abril de 2017, decidió ya no colaborar más con el grupo de Díaz Lico y contar todo lo que había hecho, visto y oído.
Poco antes de hablar con este medio, Rastreador buscó al Estado. Llegó a las oficinas de la Fiscalía y contó que él había sido miembro de un grupo de la Policía que se dedica a ejecutar, robar y extorsionar. Pero no lo tomaron en serio. Más bien, cuenta que lo humillaron y que lo llamaron “rata”, para luego darle la espalda.
Pero Rastreador fue insistente. Siguió buscando a la Fiscalía hasta que, por fin, lo escucharon.
Una fiscal de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado le tomó, durante varias semanas, declaraciones sobre lo que sabía. Casi dos meses después de iniciar su proceso, la Fiscalía le ofreció convertirlo en testigo protegido. Pero el proceso avanzó despacio, con una lentitud burocrática. Dos meses después de su primera declaración, la Fiscalía por fin le presentó a dos policías de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC, para que trabajaran en el caso, quienes luego fueron sustituidos por otros policías.
Durante las primeras semanas de investigación, los agentes de la DECO asignados al caso no se encargaron de preguntarle a Rastreador sobre los policías y sus crímenes, sino sobre pandilleros. Los agentes le escribían y lo llamaban constantemente para preguntarle sobre pandilleros de la zona norte de San Salvador, sobre dónde ubicarlos y otros datos relevantes para su búsqueda.
Durante un buen tiempo de la investigación, la Fiscalía no centró su atención en investigar a los policías, sino en cuestionar a Rastreador sobre su comunicación con Factum. La fiscal del caso dedicó buen rato de varias entrevistas para hablar de periodistas y de organizaciones de derechos humanos a los que Rastreador contactó.
Por cuatro meses, la Fiscalía abandonó en la calle a su principal testigo sobre un caso de grupos de exterminio dentro de la Policía. Rastreador durmió en parques, en plazas, en iglesias, en moteles baratos, abandonado a su suerte.
Tras cuatro meses de insistencia, finalmente la Fiscalía accedió a encerrarlo en una casa de seguridad, en medio de un territorio controlado por pandillas, junto a otros testigos criteriados.
Si quiere recuperar a su familiar, busque al Grupo de Exterminio
El 16 de enero de 2017, la víctima con nombre clave 385 buscó la página de Facebook Grupo de Exterminio. En ella vio la foto de un familiar suyo. De inmediato se contactó con el administrador de la página para pedir que lo devolvieran. La respuesta que recibió por el chat fue que, si quería que su familiar permaneciera con vida, debía pagar 600 dólares, según consta en un expediente judicial de un juzgado al oriente del país al que Factum accedió.
La página a la que se contactó la víctima 385 era administrada por Rastreador y servía como fuente de información al grupo de la FES dirigido por Díaz Lico.
Según el relato de Rastreador, aquel grupo realizó un operativo en el oriente del país y en él capturaron a un pandillero que extorsionaba a un comerciante. Durante el allanamiento, uno de los miembros del grupo de la FES le dijo a una chica que estaba en la casa que si quería recuperar a su familiar debía contactarlos por medio de la página Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador.
Rastreador asegura que Lico le dijo que debía exigirle 600 dólares a 385 y que le prometiera que le devolverían vivo a su familiar. Sin embargo, el líder del grupo de la FES no tenía la intención de entregar a aquel joven detenido.
El joven nunca regresó con su familia, a pesar de que los 600 dólares fueron entregados a la cuenta bancaria de la mujer de Rastreador, según consta en el documento fiscal. Ahora ella está presa por el delito de extorsión en grado de coautora. Según Rastreador, ella nunca participó este hecho. Él, en cambio, sí.
Factum llamó a los teléfonos personales de los agentes de indicativos Perry, Shenlong, Mowgli y Díaz Lico. De estos, solo el último contestó. Aunque al principio contestó de manera afirmativa a su nombre como a su cargo dentro de la FES, al escuchar los señalamientos sobre homicidios, abusos sexuales y extorsión en que está involucrado él y su equipo, negó tener conocimiento de los hechos, negó ser policía. Negó ser Díaz Lico.
Entre el 1.° de enero y el 21 de agosto de este año, la Policía salvadoreña ha matado a 293 pandilleros en 346 supuestos enfrentamientos armados.
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Grupo élite de la PNC involucrado en homicidios, agresiones sexuales y extorsión
El grupo de la FES, la unidad estrella de la estrategia de seguridad del actual gobierno, ha cometido los delitos usualmente ligados a las pandillas que dice combatir.
Bryan Avelar y Juan Martínez d’Aubuisson, 22 agosto 2017 / FACTUM
Agentes uniformados de un grupo de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) de la Policía Nacional Civil ejecutaron al menos tres homicidios y participaron en agresiones sexuales a dos adolescentes en dos municipios al norte de San Salvador, además de extorsionar a una mujer en San Miguel, entre febrero y marzo de este año.
La FES es el batallón élite creado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén en abril de 2016 para combatir a las pandillas MS-13 y a las dos facciones del Barrio 18. Está compuesta por 1,000 hombres agrupados en unidades conformadas por entre 4 y 10 agentes al mando de oficiales de la corporación policial. En una detallada investigación, Revista Factum cuenta cómo la falta de supervisión institucional facilitó en parte que esa unidad se convirtiera en un grupo de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante tres meses, Revista Factum investigó las acciones del grupo de la FES al mando del cabo Díaz Lico, conformado por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos, portador del Orden Numérico Institucional (ONI) 27791; José Roberto Ventura Gámez, ONI 27518; y otro identificado solo con el indicativo Mogwli. A los cuatro policías los acompañaba un civil al que solo identificaremos como Rastreador, cuyo testimonio sobre los crímenes atribuidos al grupo es del conocimiento de la Fiscalía General de la República.
Desde finales de mayo, un equipo de Factum, basado en principio en el testimonio de Rastreador, emprendió una investigación periodística que incluyó entrevistas con decenas de testigos en los sitios donde ocurrieron los crímenes atribuidos a los agentes de la FES, revisión de autopsias de los asesinatos, consultas en bases de datos de la Policía y el acceso en tiempo real a comunicaciones entre el grupo del cabo Díaz Lico con Rastreador y de este con otros miembros de la PNC, a través de redes sociales en las que se intercambiaban información y peticiones para ejecutar pandilleros.
Tras esa investigación, Factum certificó la participación del grupo de Díaz Lico en tres homicidios, dos agresiones sexuales, robos y al menos una extorsión.
El 14 de febrero de este año, el grupo de Díaz Lico participó en la ejecución de Iván Benjamín Cárcamo Caballero, un hombre de 29 años de alias Bam Bam e identificado por la Policía como miembro del Barrio 18 Revolucionarios. Díaz Lico, Flores Ávalos y Ventura Gámez entraron a una casa de láminas ubicada en un terreno de Aguilares a asesinar al pandillero; el agente de indicativo Mogwli permaneció en el lugar para brindar vigilancia. Cuando los agentes habían matado al pandillero, Díaz Lico hizo una llamada por radio para fingir un enfrentamiento entre policías y pandilleros.
Cárcamo Caballero es uno de los 293 pandilleros que, según el director de la PNC, Howard Cotto, han muerto en los 346 intercambios de disparos o “enfrentamientos” que supuestamente ha sostenido la PNC con miembros de pandillas del 1.º de enero al 21 de agosto de 2017. Sin embargo, la investigación de Factum demuestra que, en el caso de Bam Bam, no hubo enfrentamiento alguno.
Otras dos ejecuciones ocurrieron el pasado 3 de marzo. Ese día, Ventura Gámez y Flores Ávalos asesinaron en el Distrito Italia de Tonacatepeque a Samuel Antonio Avelar Carpio, de 26 años y alias Eclipse, identificado como miembro de la clica City Paraísos Locos Salvatrucha de la MS-13. La misma dinámica: mientras los dos agentes asesinaban, los otros cuidaban el perímetro.
La autopsia de Avelar Carpio, a la que Factum tuvo acceso, indica que el pandillero recibió un disparo de frente y siete por la espalda.
En el mismo hecho, el grupo de Díaz Lico asesinó a otro pandillero que aún no sido identificado. Un documento oficial de la Corte Suprema de Justicia, en poder de Factum, certifica que este pandillero murió el 3 de marzo de 2017 en el Distrito Italia II Casa 19, Pasaje Salsa, Manzana 55, la misma dirección exacta en la que Eclipse fue asesinado.
El día 16 de enero de 2017, una víctima con nombre clave 385 fue extorsionada a través de una página de Facebook llamada Grupo de Exterminio de Pandilleros de El Salvador, que era utilizada por el grupo de Díaz Lico para compartir información sobre su propia actividad y las de otros policías. La página también servía para obtener información de potenciales objetivos. Fatcum corroboró, en un proceso judicial abierto en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, que a la víctima antes mencionada se le exigió, desde el sitio Grupo de Exterminio de Pandilleros de El Salvador, el pago de $600 a cambio de respetar la vida de un familiar suyo que recién había sido retenido por elementos de la Policía.
Esta revista cuestionó al director de la PNC, Howard Cotto, y al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por los delitos atribuidos a los miembros uniformados de la FES. Ambos funcionarios son parte de la cadena de mando que rige a la unidad élite. Ambos reconocieron que han recibido denuncias sobre ilegalidades atribuidas a miembros de la Policía, pero negaron que haya grupos de exterminio al interior de la corporación. Prometieron iniciar investigaciones al respecto.
El Estado salvadoreño, de hecho, ya tiene conocimiento formal de todos los delitos atribuidos al grupo de Díaz Lico en la FES: Rastreador denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República en mayo pasado. El Ministerio Público ofreció protección al denunciante y lo puso a hablar con dos agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC; estos policías, en lugar de cuestionar al testigo por las actividades atribuidas a los miembros de la FES, se concentraron en preguntarle por las ubicaciones de pandilleros y por las pláticas que había sostenido con periodistas de este medio.
El director de la Policía Howard Cotto dijo desconocer los crímenes cometidos por la unidad, pero se comprometió a investigar y negó que la FES haya sido constituida como un grupo de exterminio.
“El Salvador no puede permitirse perder por completo a sus instituciones, por aceptar la disolución del Estado de Derecho que implica tolerar actividades criminales en el seno de la Policía”, sostiene la revista Factum en su editorial.
Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.
Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG
En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.
La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.
Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.
En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.
Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.
Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.
Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.
Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.
Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.
La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.
Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.
Claudia D. Ramírez, 18 febrero 2018 / 
Todavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.
Publicar noticias discutibles no es problema. Casi todas tienen elementos de información o enfoques con los que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Publicar noticias tendenciosas es un problema ético, en la frontera de la mentira o la desinformación. Publicar noticias o declaraciones falsas – las famosas “fake news”- sabiendo que son falsas o, peor aún, habiendo fabricado la falsificación, puede ser un asunto muy grave de carácter jurídico, político y social. Falsificar el “sitio web” de periódicos de gran circulación y viralizar las páginas clonadas es a todas luces un delito de considerable importancia en el ámbito nacional.
Cristina López, 13 noviembre 2017 / 
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Segunda Vuelta 