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Debate CICIES: La comisión contra la impunidad debe ser formada por salvadoreños. Fabio Castillo:

El reconocido abogado y excoordinador del FMLN cree que una comisión de ciudadanos salvadoreños notables puede ayudar a combatir la corrupción mejor que un ente internacional.

Fabio Castillo opinó acerca de la propuesta de Bukele de instaurar una comisión internacional
contra la impunidad (CICIES). Foto EDH / Archivo

ENTREVISTA DE RICARDO AVELAR, 25 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

A pocas semanas de ganar la presidencia, es claro que una de las principales apuestas del Nayib Bukele al tomar posesión será instaurar una comisión internacional contra la impunidad (CICIES).

Esto ha despertado dudas sobre la legalidad, la legitimidad y la conveniencia de tal institución. Es decir, si el marco legal lo permite, si esta sería un complemento o un rival de la Fiscalía General de la República, o incluso si el país necesita una institución de este tipo. Para abordar algunas de estas dudas, El Diario de Hoy buscó a Fabio Castillo, excoordinador del FMLN y uno de los más reconocidos juristas del país.

Desde la sala de su casa, Castillo criticó el carácter internacional de la propuesta, pues considera negativo que el país ceda su soberanía en lo relativo a iniciar la acción penal en casos de corrupción.

El reconocido jurista también afirmó que en el país hay capacidad suficiente para fortalecer la institucionalidad, pero señaló que es necesario establecer una instancia que coadyuve los esfuerzos de una saturada Fiscalía General de la República. Esto es lo que conversamos:

¿Está de acuerdo con una comisión internacional contra la impunidad?

Para El Salvador no, en lo absoluto. Creo que cuando un país cede su soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal. La facultad de impartir justicia es exclusiva del estado nacional. Me parece que hace falta una comisión contra la impunidad, pero no debe ser internacional sino integrada por salvadoreños. Ese es otro argumento, porque da la impresión que no tenemos personas ni capaces, ni honradas, ni valientes, que son los tres requisitos indispensables para integrar una comisión de este tipo. Y las tenemos, hay muchos salvadoreños honorables, valientes, formados, inteligentes, cultos que podrían ejercer las funciones de esa comisión, no tenemos por qué ir a traer a ningún otro país. Es una labor que hay que hacer pero la debemos hacer los salvadoreños.

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¿Por qué cree que ha ganado tanta fuerza esta idea de una comisión internacional?

Porque en Guatemala ha funcionado en algunos casos muy bien y en otros, muy mal. Nosotros nos hemos dejado guiar porque en Guatemala la CICIG logró que renunciara un presidente y una vicepresidenta, que están presos.

Queremos que vengan a meter preso a medio mundo. Yo no creo en eso, creo que debemos crear una comisión de investigación con funcionarios salvadoreños y emprender una verdadera labor anticorrupción. Todos estamos de acuerdo, hasta los corruptos para disimular, que hay que combatir la corrupción. Hay que luchar férreamente contra la corrupción y es una labor que debemos emprender todos, comenzando por no ofrecer sobornos a ningún funcionario, o dádivas y si nos enteramos que alguien lo ha hecho, denunciarlo.

¿Qué hay de fortalecer a la Fiscalía en lugar de una nueva institución que pueda ser corruptible?

Estoy de acuerdo que tendrá que ser un organismo especializado porque la Fiscalía tiene tantos casos que yo veo difícil que pueda irse a plantear una denuncia ahí. Hay denuncias que llevan años. Recuerdo que Gerson Martínez, gran luchador contra la corrupción, envió a la Fiscalía muchos casos que le hacían sospechar que pudo haber habido corrupción y pocos fueron llevados a los tribunales.

¿Cómo debería esta comisión interactuar con la Fiscalía, con qué facultades debería operar?

Yo creo que la comisión debería tener facultades de llegar a cualquier oficina y tener acceso a archivos o documentos sin que pueda decretarse reserva para ningún caso, salvo los compromisos internacionales porque involucran a otro país.

Teniendo acceso a todo tipo de documentos o información, debería tener facultades para citar a cualquiera a fin de que rinda declaración sobre cualquier tipo de hechos que tengan que ver con el funcionamiento estatal, aun si la persona no es funcionario o funcionaria porque la corrupción puede estar en el funcionario o en el particular que provoca las intervenciones del funcionario.

“Creo que cuando un país cede su soberanía a otro país o a un organismo internacional, va mal”

Con esas facultades, establecer investigaciones con respecto a cosas que sean del dominio público o de denuncias serias, porque hay una serie de abogados que denuncian a cualquiera por cualquier cosa y eso entorpece la labor de la Fiscalía o los Tribunales y lo harían con esta comisión porque inundan con denuncias y ahogan con trabajo estéril.

Cualquier denuncia con seriedad, esta comisión la investiga y se me ocurre que una vez que concluya que hay actos de corrupción, que lo denuncie y si el acto constituye delito, que se proceda penalmente, o si da lugar a acción civil o administrativas, que se entable. Así podríamos limpiar al país de esa horrible plaga que es la corrupción.

Uno de los argumentos para una comisión internacional es la falta de intereses políticos. ¿Cómo una comisión local lidia con ese problema?

Si ya pensamos que en el país no hay cinco personas que puedan desempeñar un cargo como ese y que nombremos a quien nombremos, harán persecuciones políticas, ya estamos perdidos.

No dudo que las haya, pero ¿qué hay de los incentivos de este u otro gobierno al establecer una comisión de este tipo con finalidad política?

Por eso hay que escoger bien a las personas. Le doy unos nombres de personas que pueden integrar esta comisión. David Escobar Galindo, que fue miembro de la comisión de parte del gobierno para los Acuerdos de Paz. Pino Cáceres, que fue de probidad y todo el mundo lo recuerda como ejemplo de honradez y dignidad. Salvador Samayoa, también firmante de los acuerdos de paz, una persona vertical en todo. Y hay más. Le digo así ante lo intempestivo de la pregunta. Yo no creo que Salvador Samayoa ceda ante ningún tipo de presiones o que busque impulsar represalias o favoritismos políticos.

¿Qué nos garantiza…? (Interrumpe.)

¡Nada! Ni para los extranjeros ni para los salvadoreños. Tenemos que escoger bien y entender que debemos reclamarles si algo sale mal. No estamos buscando a los doce apóstoles del señor que son impecables, sino ante una comunidad de seres humanos, con defectos y cualidades. Tenemos que buscar sabiduría, honradez y valentía.

¿Cuál debería ser el blindaje institucional de este tipo de comisión para evitar que se instrumentalice?

Yo no tengo una propuesta al respecto. Ahorita hay una serie de personas que se atribuye facultades de presentar a la sociedad civil. Todos somos de la sociedad civil y ninguno tiene representación. Hay quienes arman una organización de supuestos expertos en derecho constitucional, dicen representar a la sociedad civil y le ponen nombres rimbombantes como “Asociación de defensa de la democracia” y no.

El Estado tiene sus órganos y podrían reunirse los presidentes de los tres órganos y elaborar una lista para someterlo al Consejo de Ministros, la Asamblea Legislativa y la Corte Plena.

Ahí podemos encontrar filtros que garanticen la propiedad con que se escogerá a las personas.

Seguimos hablando de personas. ¿Qué hay de las facultades legales o el diseño institucional para evitar abusos?

Ellos tendrían que determinar si necesitan auxilio de auditores o asesores financieros o jurídicos. Eso hay que pensarlo detenidamente y dejar a los primeros nombrados hacer un tipo de propuesta y prestarles todo el apoyo que el aparato estatal posible.

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A la luz de esta opinión, ¿cómo evalúa la propuesta de Nayib Bukele de una CICIES como un calco de la comisión internacional en Guatemala?

Estoy totalmente en contra de que sea internacional. En lo demás estoy de acuerdo.

Durante la campaña hubo dos visiones diferentes. Una CICIES como la de Guatemala y Félix Ulloa habló de que la presidencia centralice capacitaciones internacionales a fiscales. ¿Cómo ve esta dicotomía?

Yo no veo que los fiscales internacionales sean los grandes maestros, pero eso se puede hacer. Esto es conveniente para que haya discusión de ideas y aportes diferentes. Es más difícil escoger gente correcta del extranjero que gente correcta de aquí, y además que gente de fuera que entienda el funcionamiento de El Salvador y sus instituciones. Yo eso insisto en que debe ser una lucha de salvadoreños, que los hay, honrados, capaces, valientes, sabios y que puedan dedicar un tiempo al beneficio del país.

Cuando la idea de la CICIES ganó popularidad en el país (2015), teníamos una Fiscalía cooptada por mafias. Ahora que es una institución más sólida, ¿no conviene más fortalecer lo que ya existe en lugar de apostar por algo nuevo e incierto?

Primero, yo no creo que la Fiscalía hay sido lo que usted dice, o que ahora sea lo que usted señala.

La Fiscalía ha tenido aciertos y desaciertos y en el último periodo se convirtió en algo que tuvo sus méritos. No condeno la actitud de Douglas Meléndez, pero la institución se volvió un show mediático y un instrumento para perseguir fines que no eran propios de la Fiscalía, y no quiero entrar en algo que pudiera ser una difamación. No creo que haya que fortalecer esa Fiscalía. A la Fiscalía hay que fortalecerla pero no partiendo de que este comportamiento era el ideal.

Maduro y la falacia de la soberanía. De Ricardo Avelar

No se puede hablar de la soberanía de un país si sus ciudadanos no son libres de elegir su proyecto de vida y de nombrar a los representantes que quieran. No hay legitimidad de un sistema si se le ha negado la opinión a quienes tienen algo que señalar a sus gobiernos.

Ricardo Avelar, 10 mayo 2017 / EDH

Hace dos años, el Foro de Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas celebrado en Panamá fue testigo de un hecho inédito en varias décadas: por primera vez, delegaciones de Cuba se dieron cita en tan importante evento regional.

No obstante, debido a la difícil situación política del país, la isla tuvo que inscribir dos delegaciones diferentes. Una que representaba a los simpatizantes del régimen encabezado por Raúl Castro y la otra, formada por conocidos opositores, jóvenes activistas por la democracia, representantes de partidos políticos “clandestinos” que abogan por la institucionalidad y artistas que durante una semana ofrecieron conciertos por la paz y la unidad en diferentes puntos de la capital canalera.

Esta era una oportunidad dorada para que ciudadanos de un mismo país pudieran encontrarse y dar un mensaje que su vetusta cúpula de gobierno no ha podido dar: la apertura a ideas opuestas y la tolerancia a puntos divergentes.

Sin embargo, desde el inicio esta tarea se configuró como una odisea inalcanzable. Tanto el encuentro de jóvenes como el de sociedad civil tenían a su cargo redactar sendos comunicados sobre la gobernabilidad democrática en la región. Cuando se plantearon mínimos no negociables, como independencia de poderes, transparencia o ausencia de presos políticos, la delegación castrista tomó la triste decisión de boicotear la sesión.

Entre cantaletas de “gusanos”, “machete que son poquitos” o “cachorros de la oligarquía” (con las que buscan intimidar a sus detractores), los simpatizantes de la prehistórica tendencia de los Castro pusieron en pausa la misión hemisférica de pronunciarse a favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Y su única excusa era que debía respetarse la soberanía de Cuba, que “ha elegido” su sistema político, pese a que nadie menor de ochenta años ha votado libremente en ese país.

Dos años después, es Venezuela quien está pasando por una tremenda crisis humanitaria y una represión estatal de condiciones vergonzantes. Durante el último mes, día con día miles de opositores han salido a las principales calles del país a exigir que se convoquen elecciones generales, un restablecimiento del hilo constitucional democrático, la libertad de presos políticos y una salida de la grave escasez de bienes básicos. Y lejos de encontrarse con un gobierno dispuesto a ceder en estas básicas peticiones, se han topado con las balas y las bombas lacrimógenas propias del autoritarismo.

En este contexto, gran parte de la comunidad internacional dejó de anteponer excusas y ha dado un paso decisivo, el decir de forma lapidaria que en Venezuela la democracia no existe y que ahí se ha dado paso a una simple y llana dictadura, que además tiene peligrosos vínculos con grupos criminales.

En ese sentido, los pocos gobiernos que permanecen lambiscones (y los que ejercen una cómplice ambigüedad como el de El Salvador) al barbárico grupo de Maduro hacen alegatos similares a los de la delegación procastrista hace dos años en Panamá: apelan a la soberanía.

Según ellos, exigir elecciones, libertad de presos políticos y un cese a la represión son expresiones imperialistas que buscan matar el sueño de una América libre.

Afortunadamente, la lógica favorece a la causa democrática. Concretamente, la falacia “non-sequitur”, que es aquella que sucede cuando una conclusión no corresponde a sus premisas.

No se puede hablar de la soberanía de un país si sus ciudadanos no son libres de elegir su proyecto de vida y de nombrar a los representantes que quieran. No hay legitimidad de un sistema si se le ha negado la opinión a quienes tienen algo que señalar a sus gobiernos.

La batalla del lenguaje no es suficiente para derrotar a quienes tienen las armas, pero pueden resquebrajar el endeble apoyo popular a estos regímenes producto de la propaganda.

Pero poco a poco se puede romper el mito. Hagámosle un favor a nuestros hermanos venezolanos, cubanos o de cualquier otro país gobernado de manera autoritaria. Si no hay elecciones, si hay presos políticos y se silencia a quienes critican, eso es una dictadura y ahí no hay soberanía, legitimidad o justificación. Al menos eso hagamos en honor de quienes sufren y de quienes han muerto a manos de la violencia estatal.

@docAvelar