Observando y analizando las entrevistas a magistrados. De Claudia Umaña

No se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario.

Claudia Umaña, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, vicepresidenta de FUSADES

26 junio 2018 / El Diario de Hoy

Debo reconocer, empecé muy optimista cuando la Subcomisión legislativa que está conduciendo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el proceso de entrevistas a los candidatos Luego de presenciar varias de las sesiones estoy moderando las expectativas pues aún no se sabe si la mejora será sustancial o meramente formal pero sin mayor impacto.

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) que regula la forma de conducir esta etapa del proceso, contiene una normativa insuficiente y escueta para realizar una evaluación con elementos técnicos suficientes que garanticen que se estudiarán seriamente los expedientes de los candidatos para escoger a los mejores.

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó un anteproyecto de reformas al RIAL que contenía los elementos básicos para mejorar el proceso, tales como transparencia e idoneidad a través de espacios de participación ciudadana, mejores entrevistas, perfil y baremo, documentación de requisitos y desvinculación partidaria, entre otros. Estos elementos se tomaron parcialmente en cuenta y ahora corren el peligro de ser utilizados con criterios restrictivos, lo cual no refleja el compromiso con la transparencia que originalmente expresaron los diputados.

Lo que parece pasar desapercibido es que mejorar el mecanismo tiene un impacto directo en la legitimidad de la elección. ¿Podrán los diputados encargados del proceso explicar en qué se basaron para evaluar a los candidatos? ¿Se van a tomar decisiones sin mayor reflexión, porque lo que se está llevando a cabo es una negociación paralela en donde lo que está privando son arreglos políticos?

Algunos diputados no se están responsabilizando de sus actuaciones al señalar que con elegir a cualquiera de los treinta ya cumplen con su deber. Esto es equivalente a no reconocer la diferencia entre los que cuentan con requisitos mínimos y cuáles pueden desempeñar el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional en forma honorable e íntegra, aplicando criterios técnicos y contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de derecho dentro de nuestra joven república.

Las entrevistas se están desarrollando en un espacioso auditorio dentro de la Villa Dueñas, al que han asistido miembros de la academia, estudiantes, abogados, medios de comunicación y sindicalistas, en un ambiente de respeto y orden. Se puede entender que no se permitan los aplausos o barras, pero tampoco se puede decir que el ambiente ha sido particularmente desordenado, ojalá que los niveles de tolerancia a cierta espontaneidad no se traduzcan en limitaciones al control ciudadano. Es de valorar que se está viviendo la elección de magistrados que más ha llamado la atención de la ciudadanía, por lo que se ha convertido en la más vigilada hasta este momento en este tipo de elecciones. Es una evidencia de una madurez del proceso democrático que no debe tener retroceso.

Recientemente se han vetado preguntas de la sociedad civil, argumentando que son incómodas y que no se debe preguntar por la vida personal ni de otros cargos que han ostentado los candidatos. Las preguntas deben ayudar a esclarecer la condición de una persona como honesta y de conducta irreprochable. Es mejor cuestionar ahora y no sufrir por nueve años una mala decisión que tendrá un efecto incalculable. No es invento de la sociedad civil, estos son estándares internacionales, es decir buenas prácticas para la identificación correcta de los que merecen ostentar la más alta magistratura.

Las necesidades de justicia en El Salvador son enormes, solo basta leer los periódicos para saber que nos hace falta más combate a la corrupción, con los niveles de inseguridad ciudadana tenemos que recibir justicia a las miles de víctimas, ampliar los ámbitos de los derechos humanos, entre otros. Podremos tener confianza en estos magistrados que resultaran electos, asegurándonos que sus vinculaciones no son políticas sino que están atados únicamente a la Constitución. Que si se equivocan o que sus sentencias no son plenamente compartidas, será por un afán de encontrar mayores espacios para ciertos derechos de los ciudadanos, pero nunca para favorecer a grupos de políticos o de interés.

Reconocemos que las reglas de participación de la ciudadanía no han quedado claras y por ahora no se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones: el reparto partidario; ojalá esto no sea así.

Desafíos para la Asamblea Legislativa 2018-2021. De Claudia Umaña

5 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa y se abren una serie de oportunidades para continuar con el progreso del país; sin embargo, si no se hacen bien las cosas también se vislumbran riesgos que debemos tener en mente.

Lo que ya sucedió. En cuanto al tamaño de la Asamblea, lamentamos profundamente que no se haya escuchado el llamado de la ciudadanía por una Junta Directiva compuesta de siete integrantes. Al hacer una comparación con la Cámara Baja del Congreso alemán, cuya junta directiva cuenta con seis miembros, o en Guatemala, que con 158 congresistas tienen una junta directiva de nueve miembros, llegamos a la triste conclusión de que el caso salvadoreño está desprovisto de criterios de austeridad y ninguna relación costo beneficio.

La fundación DTJ promovió una campaña en la que solicitaba una Asamblea Legislativa que estuviera más cercana a la ciudadanía y que los discursos de austeridad se tradujeran en acciones. La forma en que está compuesta esta Junta Directiva deja mucho que desear, pues no se ha producido una medida específica de transparencia, efectividad y racionalidad, a pesar que estamos en un país con graves problemas en el déficit fiscal. Este órgano del Estado continúa con muchos niveles de opacidad, como por ejemplo: una serie de beneficios injustificados que incluyen innumerables asesores, bonificaciones, etc. Por eso, cuando más adelante se hagan encuestas de opinión a los ciudadanos sobre sus gobernantes, recordemos este caso como uno de los tantos que desencantan y decepcionan.

Lo que falta. Acordar una agenda de desarrollo para el país que además incluya elementos para el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese sentido, vale la pena resaltar que se deben de acordar reformas a la Ley de Asocios Público Privados para volverla más eficiente y atractiva a los inversionistas y mejorar el nivel regulatorio para reducir la burocracia; aprobar la Ley de la Función Pública, pues no podemos continuar con la dinámica que trabajar en el Estado es una especie de botín para amigos y favores políticos.

Lo inmediato. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará en el próximo mes y en el seno de la Asamblea habrá una negociación muy relevante acerca de que los candidatos sean los idóneos, comprometidos e independientes. Un paso previo y fundamental es la revisión del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, para fortalecer los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, con lo cual se verá el ánimo de negociar bajo reglas de transparencia. Como Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentamos a la anterior legislatura un proyecto de reforma a dicho Reglamento y esperamos que este pueda ser retomado por la nueva legislatura. No solo bastará que reciban los listados que les envíe el Consejo Nacional de la Judicatura esperando que allí se hayan realizado las depuraciones necesarias, sino que también es necesario que se empiecen a generar las condiciones para un proceso transparente de evaluación de los perfiles de candidatos con la intervención de la sociedad civil, a través de una mejora en la calidad de las entrevistas que se harán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo peor que podría suceder es que este proceso se vaya a dar a espaldas de la ciudadanía y que no se haga una evaluación en profundidad que permita analizar por qué un candidato ha sido seleccionado sobre otro. Los cuerpos colegiados deben poder decidir de forma motivada y documentada.

Desde ya exigimos que la elección no se vaya a dar por cuoteos partidarios sino que sea basada en mérito, en calidad de los profesionales, en su compromiso con una justicia independiente y el servicio a la ciudadanía.

 

Valoraciones sobre el proceso de observación de las elecciones en Fedaes y CNJ. De Claudia Umaña

Claudia Umaña, 6 abril 2018 / El Diario de Hoy

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2018 ha sido objeto de observación por parte de la sociedad civil en sus diversas etapas. Recientemente, la Fundación DTJ fue parte de un grupo de observación llamado: Ciudadanos por una Corte Independiente, el cual tuvo presencia en los centros de votación de la Fedaes, ubicados a lo largo del territorio nacional. Como Fundación, en un esfuerzo paralelo, habíamos realizado un trabajo muy grande de llamado al voto hacia la comunidad de abogados que se encuentran habilitados para ejercer ese sufragio. Nos encontramos particularmente satisfechos que en esta ocasión se logró un incremento del 20 %, es decir 6,684 abogados acudieron a votar por los candidatos a magistrados que fueron de su preferencia, de esto resultó la elección de 15 candidatos que formarán parte del listado que el CNJ le enviará a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los filtros de la Fedaes continúan siendo deficientes y por ello debe valorarse su mejora para futuras elecciones.

Asimismo, como parte de la iniciativa Ciudadanos por una Corte Independiente, DTJ pudo presenciar una serie de entrevistas que se llevaron a cabo durante la semana del 19 al 23 de marzo en el CNJ, quien está obligado normativamente a escoger a aquellos candidatos que gocen de todas las calificaciones y méritos, luego de deliberar y motivar su decisión frente a una ciudadanía vigilante. Esta modalidad es absolutamente novedosa, ya que desde 1994 hasta el año 2015, nunca se hizo con el rigor y la transparencia que se pudo presenciar durante las recientes entrevistas. Definitivamente, el proceso de elaboración de un Manual de Selección de Magistrados y Jueces con la participación de la sociedad civil y demás organizaciones para hacer recomendaciones sobre áreas de mejora fue un logro. Ahora el reto es implementar, con el fin de que se establezcan filtros que permitan depurar el listado, una metodología objetiva que incluya la tabla de ponderación para evaluar a los candidatos.

Durante una semana, el CNJ llevó a cabo jornadas de más de 8 horas para realizar 68 entrevistas, cuya duración era aproximadamente de entre 15 a 30 minutos, dependiendo del nivel de complejidad de la respuesta elaborada por el candidato. Pudimos presenciar de primera mano cómo los candidatos que aspiran a la más alta magistratura demostraban sus conocimientos y manejo público en temáticas clave, como la identificación de su corriente de pensamiento jurídico, visión sobre la competencia de la Sala de lo Constitucional, propuestas para el Órgano Judicial, ética y probidad, así como sobre su vinculación política. DTJ tuvo la oportunidad de ser parte del proceso, informando de forma constante a través de redes sociales sobre lo que estaba sucediendo en esa sala de entrevistas, pudiendo así contribuir para informar a los ciudadanos que no pudieran estar presencialmente en las audiencias. Algunos entrevistados claramente usaban destrezas orales de forma sobresaliente y otros evidenciaban su falta de profundidad en ciertas materias jurídicas, puntos a considerar en la evaluación sobre el cumplimiento del perfil que requieren dichos funcionarios.

El CNJ ha hecho una labor destacable en cuanto a la mejoría en la calidad de las preguntas, el manejo de los tiempos y la apertura a la ciudadanía, que dotan de transparencia y un mayor grado de confianza en el proceso; sin embargo, aún tiene en este momento el tremendo reto de realizar evaluaciones objetivas y aplicar rigurosamente el Manual de Selección a todos los entrevistados. Todo en concordancia con las sentencias de la Sala de lo Constitucional que insistentemente han desarrollado el tema de la transparencia de la elección y que se busque la independencia, honorabilidad e idoneidad de los candidatos a cargos de segundo grado.

Si esto se hace de la forma adecuada, el CNJ habrá logrado cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. Si el proceso de selección se hace de forma ligera y superficial, esto podría dar motivo a creer que son consideraciones de carácter político y no la búsqueda de la idoneidad de los candidatos. Por el bien del país y de la justicia que todos los ciudadanos nos merecemos, esperemos que nuestros nuevos magistrados sean personas independientes, honorables e idóneos, comprometidos con El Salvador y el respeto al Estado de derecho.

“Se aprendió a vivir en el marco de la Constitución”: Claudia Umañana

La coyuntura de 2012 transformó a la sociedad civil para siempre, de acuerdo a la abogada.

Entrevista a Claudia Umaña, de Guillermo Miranda Cuestas, 14 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

En 2012, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) reunió a distintos jóvenes que rápidamente coordinaron iniciativas ciudadanas para incidir en la crisis institucional. De esos espacios surgieron líderes juveniles y organizaciones que actualmente dibujan el mapa de la sociedad civil salvadoreña joven. La presidente de DTJ, Claudia Umaña, recuerda aquellos días críticos para la democracia salvadoreña.

¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la crisis?
La crisis realmente lo que hace es provocar una reacción desde la sociedad civil de protección hacia la institucionalidad. Eso vino a cambiar el escenario de la sociedad civil para siempre. En la Fundación DTJ tuvimos muchos acercamientos con jóvenes que nos preguntaban qué es lo que está sucediendo, porque hasta esa época los jóvenes no habían tenido esa identificación tan importante con ciertos derechos constitucionales y la comprensión de la teoría a la práctica era todavía un poco difusa. Sin embargo, se empezaron a dar iniciativas interesantísimas.

¿Como cuáles?
Movimientos que incluían formas de activismo innovadoras; marchas, videos, participaciones en medios televisivos, generadores de opinión. Esto provocó también un efecto de contagio, de tal forma que hubo un despertar de la juventud. El desafío era entonces cómo contagiar a más jóvenes para que comprendan que sus libertades individuales pueden ser dañadas en la medida en que tengamos a una Sala de lo Constitucional que ya no esté al servicio de la ciudadanía, sino que se le ate, se le provoque una parálisis que le impida ejercer los frenos y contrapesos. Surgieron iniciativas como Yo Me Visto de Blanco, el Zapatazo… Incluso meses después, cuando se quiso limitar la Ley de Acceso a la Información Pública con nuevas reservas, se desarrollaron dinámicas tan puntuales como “Presidente Vete”, que fueron muy ágiles y se volvieron virales.

¿Hubo colaboración entre generaciones?
La hubo. Recuerda que la crisis trascendió cuando se llevó el conflicto a la Corte Centroamericana de Justicia y en ese momento se vio cómo desde la institucionalidad, no solo nacional sino también regional, se intentaba mantener esa restricción que se le quería imponer a la Sala de lo Constitucional. En ese momento hubo una serie de tensiones muy fuertes; no solo estaban los abogados de gran trayectoria, los que llamamos esos “abogados notables”, los “gurús” involucrados, sino que también los jóvenes coincidieron en esa gesta de protección hacia la Sala de lo Constitucional, que estaba basada en un mayor conocimiento del contenido de la Constitución y del respeto que debe de haber de un órgano hacia el otro. Se concibió una justicia independiente como valor supremo a conservar para mantener los frenos y contrapesos.

¿Se superó la polarización alrededor de ello?
Sí, de hecho la exposición de las ideas fue lo que eventualmente fue calmando las aguas. Se aprendió a vivir el marco de la Constitución en la práctica y privó la independencia judicial y el respeto a la Constitución. Se revalorizó el rol de la Sala de lo Constitucional y fue un proceso de autodescubrimiento de la sociedad civil de su capacidad de incidencia. al sacar esa voz que, aunque vemos a veces que se vuelve a quedar callada, nos dio la percepción de que los jóvenes podían articularse de una manera efectiva e innovadora.

¿Está preparada la ciudadanía para asumir ese rol de ocurrir otra coyuntura similar?
Absolutamente. Con las nuevas técnicas que se han desarrollado, con el activismo, el país ha ido ganando una madurez destacada y de esto ya no hay un regreso. Si bien desde 1983 hemos recorrido momentos históricos, ahora es cuando veo que el tejido ya se armó y hay una sociedad civil dispuesta a cooperar para preservar la institucionalidad.