¿Sodomitas? ¿Comunistas? ¿Asesinos? De Herman Duarte

Las amenazas al matrimonio CIVIL no vienen de que dos personas del mismo sexo puedan acceder a las mismas instituciones civiles que ofrece el Estado, sino que vienen de la doble moral.

Herman Duarte, 23 julio 2017 / EDH

“Sabemos, por lo doloroso de la experiencia, que la libertad nunca es voluntariamente dada por el opresor; debe ser exigida por los oprimidos”, reza el texto de la carta de 1963 escrita por el presbítero Dr. Martin Luther King Jr. Esa imborrable frase del libro de la justicia universal se extrae de la carta de la Cárcel de Birmingham que el pastor envió como respuesta a su injusto encarcelamiento por desobedecer leyes que segregaban a la sociedad.

En la misiva, el Nobel de la Paz (1964-1965) hace una referencia filosófica a Santo Tomás de Aquino sobre el carácter justo/injusto de una ley: “Cualquier ley que eleva la personalidad humana es justa. Cualquier ley que degrada la personalidad humana es injusta. Todos los estatutos de segregación son injustos porque la segregación distorsiona el alma y daña la personalidad”. Nunca antes las frases de MLK cobran tanta relevancia en nuestra paupérrima realidad.

La referencia a MLK surge como respuesta al artículo “LGBTI, género, homosexualidad, aborto, comunismo” publicado el 15 de julio de 2017 en este periódico. La columna hace una correlación entre ser un “inexperto sodomita” y ser “comunista”. Haciendo gala de una sorprendente capacidad para insultar a miles de personas, el privilegiado espacio para opinar a las masas, finaliza con un mensaje entre líneas: los “sodomitas” activistas son personas descerebradas, sin criterio propio, que no tienen otra opción que seguir la línea de la izquierda radical (ignorando la existencia de ideología “libertaria” por ejemplo).

Primero que nada, existen personas LGBTI que además de honrar a padre y madre, también tienen el honor y privilegio de serlo. Sin dejar a un lado, que hay muchos padres que se sienten orgullosos de sus hijos e hijas LGBTI. Esta aceptación ha sido crucial para reducir la tasa de suicidios a raíz del acoso social que existe contra las personas LGBTI (¿quién es el asesino ahora?). También, por lo innegable que existen personas LGBTI que pertenecen a una religión, ser religioso y LGBTI no son incompatibles. En todo caso, no podemos olvidar que el Estado salvadoreño es laico y debe garantizar el trato igualitario a todas las personas.

La referencia a que la fornicación ataca a la familia, pues estoy de acuerdo; pero la fornicación —entendida ésta como las relaciones extramaritales— no son actos exclusivos de los “sodomitas”, sino que se presentan en las relaciones heterosexuales. Insisto, al igual y como lo hice en mi columna de junio de 2014 en este periódico, las amenazas al matrimonio CIVIL no vienen de que dos personas del mismo sexo puedan acceder a las mismas instituciones civiles que ofrece el Estado (matrimonio y unión no matrimonial, proceso de inconstitucionalidad 184-2016, interpuesto por el movimiento Igualitos.as), sino que vienen de la doble moral. Los derechos humanos no son como un pastel, no se pierden por el hecho que alguien más pueda tener los mismos derechos (G. Walsh).

El debate es el combustible de la democracia, el cual se alimenta del pensamiento diverso de la sociedad. Hay leyes injustas que merecen ser revisadas en El Salvador, hay leyes discriminatorias que deben ser cambiadas en El Salvador. Traer mención a ellas, luchar contra ellas, no solamente es moralmente correcto, sino también justo y decente.

Como dijo el Dr. Luther King: “El poder en el mejor de los casos es el amor que pone en práctica las exigencias de la justicia, y la justicia en su mejor momento es el poder que corrige todo lo que está en contra del amor”. Y esto es lo que debemos ver a medida que avanzamos.

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De Estados constitucionales de derecho y diputados vaqueros. De Herman Duarte

Herman Duarte, 9 julio 2017 / LPG

El 14 de febrero de 1995 fue inaugurado el Tribunal Constitucional de Sudáfrica. “Una corte de la que depende el futuro de nuestra democracia”, según dijo el presidente Nelson Mandela, continuando: “La gente viene y la gente va. Costumbres, modas y preferencias cambian. Sin embargo, la red de derechos fundamentales y de justicia que proclama una nación no debe romperse”. También dijo en su discurso inaugural: “Nuestra Constitución se basa en tres pilares fundamentales: el Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Cada uno tiene su papel específico que desempeñar. Socavar cualquiera debilita toda la estructura. Es por eso que su independencia está garantizada en la Constitución”.

Ese Tribunal Constitucional se ha posicionado como una de las cortes más calificadas del mundo para hablar sobre discriminación. Dentro de sus cientos de sentencias, la que más destaco es la del caso CCT11/98, ya que ha dejado palabras que harán eco hasta la eternidad. Esa sentencia expone lo que cada persona LGBTIQ enfrenta al darse cuenta de su realidad: “En el caso de los gays, la historia y la experiencia nos enseñan que la marca no surge de la pobreza ni de la impotencia, sino de la invisibilidad. Son la contaminación del deseo, la atribución de perversidad y de vergüenza a un afecto físico espontáneo, la prohibición de la expresión del amor, la negación de la plena ciudadanía moral en la sociedad por ser uno quien es lo que vulnera la dignidad y la autoestima de un grupo… Son, en general, un grupo que no es obvio, presionado por una sociedad y por la legislación para que se mantenga invisible. La característica que los identifica combina todas las ansiedades que produce la sexualidad con todos los efectos alienantes resultantes de la diferencia, y se les considera especialmente contagiosos o propensos a corromper a los demás. Ninguno de estos factores es aplicable a otros grupos tradicionalmente objeto de discriminación, como las personas de color o las mujeres, cada uno de los cuales, como es de suponer, han tenido que padecer sus propias formas de opresión”.

Los principios soslayados por el Nobel de la Paz son completamente aplicables a la realidad salvadoreña. Una acción protectora y reivindicatoria de los derechos de las minorías –como la presentada en noviembre de 2016 por el movimiento Igualitos.as (www.facebook.com/igualitos.as) y además suscrita por Comcavis Trans, Entre Amigos y la activista independiente Bessy Ríos– se fundamenta en la naturaleza misma del Estado constitucional democrático de derecho, que busca la protección de todos los ciudadanos incluso contra la voluntad de las mayorías.

La fragilidad de nuestra democracia se evidencia con los hechos que los tres últimos presidentes han tenido escándalos de corrupción, hay evidencia de redes de narcotráfico dentro del Estado, la laicidad del Estado se ignora, donde el statu quo resulta intolerante a liderazgos emergentes (Aida Betancourt, Gaby Trigueros), se prefieren visiones polarizadas que viven estancadas en los ochenta (Grillo Barrientos), así como el absurdo de preferir a un vaquero pistolero novelesco por encima de criterios independientes con visión de primer mundo (Juan Valiente y Johnny Wright). En donde solamente queda la esperanza en las respuestas favorables del último garante de la existencia de una democracia: los tribunales Constitucionales. Y la esperanza es lo último que se pierde.

Dos mujeres y un camino: Digicel y la CNP. De Herman Duarte

Herman Duarte, 5 junio 2016 / LPG

El Consejo Nacional de la Publicidad (CNP), alegando una violación al código de autorregulación publicitaria y a las “leyes vigentes en el país”, censuró una valla publicitaria de Digicel en la que aparecen dos mujeres abrazadas y la palabra “tolerancia”. En mi opinión, la posición de la CNP es contraria a derecho por estas razones:

Por ir en contra del artículo 86 de la Constitución Política que establece el carácter “republicano, democrático y representativo” del Estado Constitucional de Derecho de la República de El Salvador. La CNP fundamenta el retiro de la publicidad por promover “antivalores” que atentan contra el concepto “tradicional de la familia” (¿qué acaso no tienen parientes/amigos/colegas LGBT?), lo cual es un argumento de tinte religioso. Al permitir acciones represivas y contrarias a la libertad de expresión, se promueve una dictadura de las mayorías. Además se viola el requisito primero e irrevocable para que una sociedad pueda ser considerada como democrática: el carácter laico del Estado. (Vargas Llosa, “La Civilización del Espectáculo”, p. 98).

Porque la campaña no viola ninguna ley vigente. Es preocupante que el director ejecutivo de la CNP, quien firmó la orden de censura a la campaña publicitaria de Digicel, no haya tenido la mínima diligencia de revisar que NO existe UN solo cuerpo normativo (Constitución, Tratados, Ley o Reglamento) que promueva la discriminación de la población LGBT o que penalice las relaciones LGBT como un delito. En este entender, se trata de una acción discriminadora que no tiene fundamento jurídico.

Porque con la actuación fascista de censurar a Digicel se viola –de forma indirecta– el artículo 4 del Código de Autorregulación Publicitaria (CAP) que establece que no es aceptable fomentar la discriminación por la orientación sexual usando medios publicitarios. La violación indirecta se constituye porque se bloquea la salida a medios de publicidad (vallas, radios y televisión) el mensaje de tolerancia hacia grupos minoritarios LGBT que la campaña busca promover, buscando el progreso social e impulsar la evolución social dejando a un lado concepciones prehistóricas, machistas y discriminatorias. En este entender el artículo 4 del mencionado código, interpretándose de una forma sistemática, holística y finalista, debe entenderse que es aplicable a las acciones de la Dirección Ejecutiva, de tal forma que por medio de sus actuaciones no pueda promover la discriminación por orientación sexual, tal y como lo ha perpetuado en su acto en contra de una noble y amorosa campaña de igualdad de derechos humanos.

Finalmente, no podemos perder de vista que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo y dentro de tan vergonzosa presea uno de los grupos más afectados por asesinatos de odio son los grupos LGBT, de tal forma que el anuncio de Digicel con su mensaje de amor y tolerancia sin duda alguna es positivo para el país. Por lo que el bloqueo de la publicidad de Digicel fomenta la homofobia –prima hermana del machismo– que reina en El Salvador.

Al CNP lo invito a que además del examen de conciencia y propósito de enmienda de no continuar discriminando a la población LGBT que recuerden que el Estado laico no es enemigo de la religión. A Digicel, como inversionista extranjero, les pido disculpas por los mojigatos que toman las decisiones en mi país, pero por fortuna, su derecho de libertad de expresión es sujeto a amparo constitucional.