Roberto Valencia

Cimientos podridos. De Roberto Valencia

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Roberto Valencia, 24 marzo 2017 / EL FARO

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿…?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

Sobreseimiento definitivo para Miguel. De Roberto Valencia

Roberto Valencia, 22 febrero 2017 / EL FARO

el faro“Siendo entonces que se tiene la certeza de que el joven acá presente, Miguel Ángel Deras Martínez, nunca participó en el delito que se le atribuyó en aquel momento, es procedente dictar un sobreseimiento definitivo”. Con estas palabras, la titular del Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador puso fin el miércoles 22 de febrero a los nueve meses de sufrimiento e incertidumbre vividos por este joven de Quezaltepeque, acusado en mayo pasado por Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de ser uno de los pandilleros que participó en la ‘Masacre de Opico’, ocurrida el 3 de marzo de 2016 y en la que fueron asesinados 11 obreros y agricultores.

El Faro destapó el caso en una crónica titulada ‘La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado’, publicada apenas una semana después de su detención; sin embargo, el Estado salvadoreño lo retuvo 59 días encarcelado en las bartolinas de la subdelegación policial de Las Arboledas, en el cantón Lourdes del municipio de Colón, La Libertad. Esos dos meses los pasó en condiciones de hacinamiento extremo, privado de visitas, y en calidad de civil en un espacio asignado a la pandilla 18-Revolucionarios.

Un detalle significativo es que cuando policías y soldados lo detuvieron el 17 de mayo en su casa con una orden fiscal, a Miguel le colocaron un revólver, hecho que incluso fue publicitado por la Fuerza Armada en su página de Twitter, y por el que no hay ningún procedimiento sancionatorio abierto.

Miguel recuperó la libertad el 15 de julio, pero el proceso en su contra continuaba. El sobreseimiento definitivo dictado ahora por la juez fue solicitado por la Fiscalía, que terminó aceptando su error, y supone la libertad sin ningún tipo de restricciones.

El atropello sufrido por Miguel no es el único de esta naturaleza. En los últimos meses, se han posicionado en la agenda pública distintos casos de procedimientos con vicios de irregularidad, como el de Daniel Alemán, detenido en la residencial Altavista; el de Wendy Morales, detenida en Morazán; o el de Alvin Carreño, un joven de la comunidad Las Palmas de la capital que ya ha pasado dos años entre rejas, y que aún se enfrenta a una condena porque Policía y Fiscalía lo etiquetaron como pandillero.

“Lo que se le olvida al gobierno es que al matarnos están matando a la gente que los llevó al poder”: MS13

La Mara Salvatrucha-13 asegura que la estrategia gubernamental, lejos de arrinconarlos o debilitarlos, les nutre sus filas de nuevos miembros con sed de venganza y que eso les permite estar fuertes y con capacidad para ser “el detonante” de una guerra que conduciría al “caos”. Sin embargo, la pandilla dice que prefiere agotar la opción del diálogo para desactivar la bomba de tiempo.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

La MS-13 asegura haber vivido un proceso de metamorfosis, que ya pasaron los días en que eran “manada” y se ven a sí mismos ahora más sofisticados, más políticos… más temibles; a pesar de los mensajes triunfalistas del gobierno, que repite que las pandillas están en retroceso, desarticuladas y lastimadas íntimamente.

Los voceros de la pandilla más grande de El Salvador lanzan un mensaje que tiene como destinatario al Estado, y ofrecen al presidente y a todos los partidos llevar el conflicto a su terreno, es decir, al de la política. Proponen una mesa de negociación pública y para hacerla atractiva han desbloqueado dos puntos que hace cuatro años -en medio de la Tregua- estaban fuera de cualquier conversación: abrir las puertas para que pandilleros activos abandonen la estructura e incluso para que se discuta una ruta que pueda conducir a la desarticulación de la Mara Salvatrucha-13.

La siguiente es la conversación que dos voceros nacionales de la pandilla sostuvieron con dos reporteros de El Faro a finales del año pasado. El encuentro ocurrió en una de las comunidades en las que esta organización ejerce un poderoso control territorial. Uno de los voceros llevaba consigo unas páginas de papel en las que había escrita una serie de puntos que debían desarrollar en la reunión que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016. Posteriormente, El Faro contactó en tres ocasiones más a los voceros por vía telefónica para precisar e insistir sobre los puntos medulares de la conversación. Este artículo solo recoge el contenido de la primera conversación, que inició con uno de los pandilleros desarrollando el primer punto de su lista:

“Como primer punto, la MS quiere hacer saber al pueblo salvadoreño que no estamos en guerra contra el Estado o contra el gobierno. Punto dos: si así fuera, policías y militantes políticos, y sus familias que viven en las comunidades y barrios que controlamos… sería un caos. Nosotros convivimos con personas de todos los colores políticos, nos han visto crecer y los conocemos. Si estuviéramos en guerra, ¿crees que no fuera una matazón de personas allegadas a este gobierno? A pesar de que el gobierno y su gente nos han tocado al pueblo de nosotros, nosotros no les hemos tocado a su pueblo. Los respetamos porque hemos crecido con ellos. Las pandillas ultimadamente han respondido a los ataques de los que están siendo víctimas, los asesinatos de parte de la Policía y de los militares, con la nueva unidad, las FIRT [Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio], que matan poniendo de excusa que hay enfrentamientos… Pero los representantes de la MS no estamos diciendo a nuestra gente: “Ataquemos”. No. Las pandillas responden. Nos han matado a un sinfín de jóvenes, y un animal que se siente acorralado busca defenderse. Tal vez es lo que está pasando en varios puntos del país, pero no es generalizado. Si fuera generalizado, ¿cuantos policías y militares viven en comunidades donde están asentadas las pandillas? No hay línea de atacar a militares y policías”.

¿Ni siquiera en la primera semana de noviembre, cuando hubo una brutal secuencia de asesinatos?
La MS está respondiendo tarde. Debimos haber respondido nomás el gobierno empezó a decir que la MS estaba detrás de los asesinatos de policías y militares. ¿Cuántos policías y militares no se agarraron de eso para matar a miembros de la MS-13? Lo que estamos haciendo ahorita lo hubiéramos hecho antes. Los policías matan a jóvenes en las comunidades: miembros y no miembros de pandillas. Porque aquí no solo las pandillas sufren ataques de los policías. La población civil está sufriendo. En las colonias donde está la MS-13 la Policía aplasta parejo: pandilleros y no pandilleros. ¿Vos creés que toda la población está agradecida con las medidas extraordinarias? Y la pregunta sobre nosotros: un policía llega y te mata a uno, dos o tres jóvenes. ¿Qué hace la pandilla? Te reacciona. Y en esa semana de noviembre reaccionaron a tanto ataque.

¿Es una decisión del líder de cada clica?
Hay veces que sí y hay veces que no. Te voy a hablar por mi caso. Cuando veo que me están matando a tres o cuatro cipotes de la colonia, ¿qué decisión voy a tomar? Son bichos que conocemos desde pequeños. ¿Cómo no me va a doler que me estén matando a un compadre mío? ¿Cómo no voy a reaccionar? ¿O cómo voy a detener al compañero que quiere vengarse? Ese cabrón anda encabronado.

Pero en noviembre se pasó de aquella semana sangrienta a prácticamente no ocurrir más asesinatos de policías y soldados en casi dos meses. ¿Cómo se puede explicar algo así si no es porque la MS tira línea?
Cuando vemos que algo se está saliendo de lo normal, ahí es cuando entramos nosotros a calmar. ¿Quién agradece el trabajo que estamos haciendo para detener más muertes de policías? Nadie. Nadie nos va a dar el Premio Nobel de la Paz. El gobierno inventa planes, pero lo único que hace es matar. Las pandillas intentan rectificar los errores que andan cometiendo ciertos miembros. En Quezaltepeque, donde la MS mató a un policía y a su hijo universitario, ¿a cuántos pandilleros no habían matado primero en ese municipio? Como te digo: hay quien toma la venganza en las manos.

¿Ustedes dicen que la orden que lanzaron fue “Calmémonos”?
A nivel nacional… llámese ranfla u organización… pero se convierte en un resorte para que los asesinatos se calmen. Es un trabajo difícil pero, ¿quién lo agradece? Cuando alguien se dispara, a nosotros nos toca: “Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así”. Pero imagínate con ese caso de Quezalte, que luego llegaron los policías a matar a otros tres cipotes. ¿Vos creés que no quedan más resentidos, con ganas de matar a más policías?

Luego de las medidas extraordinarias, ¿es más difícil para la Mara Salvatrucha girar lineamientos a escala nacional?
Es más difícil. Mi abuelo tenían un dicho: a veces por persignarnos nos aruñamos la cara. Y es lo que pasa en este país: por persignarse, imaginate lo que está pasando: cortan la comunicación y aíslan a las personas influyentes de las pandillas. Cuando el carro no tiene motorista, esto es un desvergue mayor, y estamos peleando un montón de personas queriendo calmar lo que está pasando. Toda comunicación ha sido cortada. No hay medio de establecer un diálogo. Y un carro sin motorista va a estrellarse.

Cuando dice que se está intentando calmar, ¿quién lo hace?
Ya no se hace como antes. Prácticamente se está haciendo más que todo en la calle. Nosotros somos los que estamos peleando y deteniendo el gran degenere para que los militares y policías no sigan contando muertos.

Esa nueva estructura de la libre, ¿tiene capacidad de llamar al palabrero de cualquier clica del país y ordenarle que se calme? ¿Hay un piloto sustituto en ese carro que menciona?
Es complicada esa pregunta. Es complicada porque el gobierno lo toma en el sentido de que nos estamos restructurando para atacar, cuando lo que queremos es calmarnos.

Lo que ustedes nos están contando, ¿a quiénes representa? ¿Quién nos está hablando? A título personal, como responsables de clica, o de programa, o…
Está hablando la Mara Salvatrucha-13.

¿Entonces ustedes sí mantienen algún nivel de comunicación con las cárceles?
Más que todo los que estamos en la libre. Y, ante lo que está pasando, queremos preguntar al presidente, al vicepresidente y al ministro de Seguridad: ¿están de acuerdo con los asesinatos de pandilleros? Si no fuera así, ¿eso quiere decir que el control de la Policía se les fue de las manos? Señor presidente, ¿sabe que policías y militares están ocupando armas y transporte público para asesinar? Señores del partido FMLN: aquí no solo las pandillas están sufriendo abusos de autoridad, sino que la población civil también, tan solo por vivir en territorios de pandillas. ¿Por qué, señores de los partidos políticos, cuando se les habla de diálogo por la estabilidad del país prefieren invertir en guerra en lugar de rehabilitación? Las pandillas queremos tranquilizar un montón de cosas que están pasando, pero, ¿qué hacen los políticos? ¿Por qué solo se acercan a las comunidades cuando quieren votos? ¿Por qué solo se acercan a las pandillas cuando quieren votos?

¿La MS-13 está haciendo una oferta de negociación?
La palabra negociar se escucha fuerte. La gente no quiere oír hablar de treguas o de negociación. Lo que ofrecemos es una estabilidad al país. Estabilidad para todos, no solo para los pandilleros.

¿La MS-13 reanudaría el diálogo como durante la Tregua o la posibilidad de dialogar está cerrada?
Un diálogo, pero que la población no lo interprete como una tregua o una negociación, porque la palabra negociación la gente cree que es a cambio de dinero… Lo que ofrecemos ahora es un diálogo concreto, para la estabilidad de El Salvador, porque todos en las comunidades están sufriendo el acoso y la represión.

Hace algunos meses las tres pandillas nos hicieron llegar un comunicado diciendo que se sentían traicionadas por el FMLN y GANA, y les amenazaron con no dejarles hacer proselitismo en las comunidades que controlan.
A las pandillas nos ocuparon para llegar al poder. He estado en la vela de compañeros y alguna vez me llega a reclamar la mamá: ¿para eso mi hijo me hizo que fuera a votar por Sánchez Cerén? Lo que se le olvida al gobierno y a un montón de gente que está sentada en la Asamblea es que están matando a la gente que los llevó al poder. El mismo presidente está sentado porque las pandillas le dieron el voto, esperanzados con una reinserción en los penales y en las comunidades, esperanzados con un diálogo como el que estamos ofreciendo ahorita. Con esa esperanza mucha gente fue a votar por el FMLN. El presidente lo sabe, y el gabinete de seguridad lo sabe.

En esa oferta que ustedes plantean, ¿qué gana el maestro al que los pandilleros tienen extorsionado en la escuela? ¿O la señora del mercado que también paga renta?
El pueblo sigue sufriendo a los dos bandos: a la Policía y a las pandillas. ¿Vos creés que mi familia o la familia de un policía viven bien? Nos conocemos. Convivimos a diario. Al policía nosotros lo vemos y tratamos de respetarlo. ¿Pero sabés qué pasa? Que viene un policía de otro departamento a matar a nuestra gente, y ahí es cuando hay bichos de las pandillas que buscan al que está a la mano. Aquel viene solo a dejar la cagada y se va. No se pone a pensar en la familia del policía que vive en los territorios donde hizo las cosas.

Pero preguntamos por la gente que no es parte de ningún bando. Quien paga una renta, por ejemplo ¿qué beneficio saca de un hipotético cese de hostilidades entre las fuerzas de seguridad y las pandillas?
En la Tregua [2012-2014], a nosotros nos hablaban seguido para decirnos que tal o cual persona estaba siendo extorsionada. ¿Creen que las pandillas no quitaron un vergo de rentas durante la Tregua y que estas personas no están agradecidas con nosotros? Eso no lo sabe el gobierno. Hay gente que estaba en las listas de las pandillas y dijimos: no, ahora esta no es la onda. ¿Y cómo el gobierno pone un impuesto a la telefonía y nadie dice nada?

¿Su lógica es que si el gobierno cobra impuestos, también las pandillas pueden pedir la renta y extorsionar?
Hay gente que manejó esas lógicas, pero ahora no se trata de esa cuestión. Lo que estamos viendo es que el gobierno viene y cobra para comprar armas y tiros y gasolina. Y hay compañeros que nos dicen: “Puta, ¿por qué no le damos fuego a esta onda?”. Pero para la MS no es ese el lineamiento ahora. Nosotros estamos proponiendo… llámese diálogo, no lo queremos llamar tregua o negociación, un diálogo estable para el país.

¿Quién participaría en ese diálogo que proponen? ¿Solo gobierno y pandilleros?
No. Todos los partidos políticos. Queremos establecer una mesa de diálogo seria. Que incluya a los miembros de pandillas.

¿De las tres pandillas (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18)?
Sí. Y a familiares de reos civiles, organizaciones de derechos humanos, autoridades de Centros Penales, líderes de las comunidades… Una comisión con representantes de todos los partidos políticos porque, si no, se sientan los políticos solo para sacarse clavos unos a otros. Queremos una comisión para el bienestar y la estabilidad del país.

¿Qué debería discutirse en esa comisión?
Programas de reinserción obligatorios en los penales y en las comunidades.

¿Por reinserción entienden que haya mecanismos para que quien quiera dejar de ser pandillero puedan hacerlo?
Exacto. Además exigimos salud, trabajo y educación para nuestras comunidades. Hoy en día, si vivís en San Martín y querés ir al Hospital de San Bartolo, no podés. ¿Cuánta gente no se está muriendo por no poder ir al hospital? Hemos creado ese monstruo en las comunidades, y las personas no pueden moverse. En la comunidad en la que yo crecí, si nos pusieran una clínica y una escuela, la gente estaría alegre. Pero el gobierno no quiere invertir en las comunidades con la excusa de que son violentas.

Pero la responsabilidad mayor de que alguien no se pueda mover libremente de una comunidad es sobre todo de las pandillas.
También de los policías. Si a un joven de La Campanera lo paran, aunque no tenga nada que ver con la pandilla, a ese cabrón mínimo le quitan el celular, le dan verga y lo mandan traumado para la casa. Nosotros queremos abrir canales de estabilidad para toda la población, para acabar con el monstruo que se dejó crear por este gobierno y por los anteriores. Por eso proponemos que haya una comisión bien formada y estable, con todos los partidos políticos.

¿Esa propuesta la hace solo la Mara Salvatrucha-13?
Las letras, cabal.

¿Cómo está la comunicación con las otras pandillas? Sería por gusto si la MS-13 se compromete a algo, pero no la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios.
Hasta cierto punto se mantiene la comunicación.

¿Hasta cierto punto? ¿Siguen en guerra con ellos?
Fijate que seguimos en contacto, pero como no hay algo estable… Si el gobierno y los partidos políticos se amarraran bien los pantalones e hiciéramos algo grande, cualquiera se incluye.

¿Esta, pues, es una invitación dirigida tanto al gobierno como a los partidos políticos, a la sociedad y a las otras dos pandillas?
Se ve imposible, pero cuando uno quiere, se puede. Lo vivimos en 2012, y logramos que bajaran los homicidios. La MS-13 está diciendo: ¿qué esperamos?

El gobierno atribuye a las medidas extraordinarias la reducción de asesinatos en 2016 con respecto de 2015. ¿Cómo lo explica la MS-13?
¿Sabés cuál es el factor sorpresa de un asesino? Ese de repente te sale, no espera. Entonces, ¿vos creés que hay tanto policía para cuidar a tanta persona en las comunidades? No. Ahorita las pandillas lo que están haciendo es otra metamorfosis. Imaginate: nos están toreando, nos están haciendo esto y lo otro… y las pandillas no hemos dado un paso atrás. Las pandillas seguimos a pesar de tanto muerto, a pesar de tanto baleado, a pesar de tanto preso… Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS sigue sonando a nivel nacional.

La renta sigue.
Todo sigue sonando: asesinatos, rentas… Los homicidios están bajando porque nosotros así lo queremos.

¿Hay un acuerdo entre las pandillas para matarse menos que explique en parte el descenso en los homicidios?
Las personas que están grandes y adultas y seguimos en esto… entendemos que ahorita el mayor problema no es la rivalidad entre las pandillas. El monstruo que se ha creado ahora es el gobierno, los policías asesinos y militares. Entonces, una guerra se gana con inteligencia. Y pensamos: tranquilicémonos, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo entre nosotros cuando otra gente nos anda jodiendo a los dos?

¿Pero esa es tu reflexión o es algo que han hablado entre los voceros de las tres pandillas?
Los mismos golpes de la vida nos han venido enseñando qué tenemos que hacer y qué no. Yo, como te digo, y ustedes saben la rivalidad entre nosotros, pero decimos: “Hey, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo ahorita? ¿Por qué vamos a estar jodiendo a las personas civiles? Repito: no estamos en el país de las maravillas, y siguen pasando cosas a diario, pero la idea es tratar de solucionarlas.

¿Qué certeza puede tener la sociedad de que es una oferta de la Mara Salvatrucha-13 en su conjunto, y no solo de un grupito de voceros?
Yo estoy hablando en nombre de toda la organización. Si no, yo no habría venido aquí. Yo estaría ahora en mi casa, tomando mi café y mi pan dulce, y viendo tele, tranquilo. Pero estamos aquí, queriendo hacer algo por la estabilidad, no de las pandillas, sino de todo El Salvador. En 2016 hemos visto que este país se ha seguido desangrando, pero yo no veo que nadie tome la iniciativa. Nosotros, como la MS-13 que somos, tomamos la iniciativa y hacemos un llamado al diálogo.

¿Reinsertar a la pandilla en su conjunto o reinsertar a los pandilleros, incluso a aquellos que quieran dejar la pandilla? Es un matiz importantísimo.
Nosotros hablamos de un reinserción integral. ¿A qué nos referimos con integral? No es lo mismo que el gobierno ponga una panadería o una granja, para salir en televisión y luego desaparecer, que una reinserción que incluya empleos, educación y también lo espiritual. Y esto no es solo para la MS, sino para todos los que viven en comunidades, y también de las otras pandillas. Así como estuvimos esperanzados y fuimos a hacer la fila para darles el voto a Sánchez Cerén y a su colega Óscar Ortiz…

Insistimos: en su idea, ¿el pandillero podría salirse de la Mara Salvatrucha-13 si así lo quiere?
De eso estamos hablando y disertando. Todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Uno de morro hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto, y uno tiene hijos y todo, la mente madura. Eso que hiciste ya no querés hacerlo. ¿Por qué? Porque ves a tus hijos y querés lo mejor para ellos, enseñarles el camino correcto, pero para eso lo primero es meterte en el camino correcto vos. Pero si las autoridades no te lo permiten porque andás las letras… todas las personas tienen el derecho a cambiar.

¿La MS dejaría que sus integrantes se pudieran alejar de la pandilla?
Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado? Nadie. A los pandilleros los tienen por lacras, como dice el gobierno, y no es así. Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados. Gente inocente. Si muere un policía, las madres y los hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren. Son los pobres los que estamos muriendo. La gente pobre es la que está enterrando a sus hijos.

Han dejado claro lo que piden, pero ¿qué ofrece la Mara Salvatrucha en esa hipotética mesa de diálogo?
Yo no soy una persona ignorante y veo lo que está pasando en las comunidades. Yo miro cómo prosperan los países. ¿Por qué no le apostamos a que mejore la economía de este país, dando trabajo a tanto marero y desempleado que hay? Lo que la MS está ofreciendo al país es una estabilidad, sacarlo del ránking de los países más violentos. Pero ya no queremos a tanto político mentiroso que ahorita se toma la foto con nosotros y mañana se van a la mierda, pues. Estamos cansados de tanto cabrón mentiroso. Pero nosotros estamos diciendo: hey, aquí estamos.

Si en esa mesa de diálogo se pidiera que desaparezca la extorsión, ¿se sentarían en esa mesa?
Fijate que… nosotros no nos podemos comprometer desde el inicio, y te digo por qué: porque nosotros ya nos hemos comprometido. Lo voy a decir claro: nosotros hemos dado el voto al FMLN, eso ya se sabe y ahora lo confirmamos. Pero nos mintieron. Nos ofrecieron empresas, nos ofrecieron esto y lo otro. Y no creás que solo ese partido político. Todos los partidos llegan a ofrecer de todo cuando están en campaña y van a las comunidades. Ahora, todo ese montón de gente… Rodrigo Ávila… todos estos políticos… Chato Vargas, Almendáriz… Misael Mejía, del FMLN, que es uno de los que me vio la cara a mí… por eso queremos que se enteren de tanto cerdo que tenemos como político, que no te arreglan una calle si nos das el voto. Así funciona este país. Y con las pandillas es igual. Nos ofrecieron esto, aquello y lo otro.

¿Están dispuestos a sentarse a discutir, en una mesa como la que plantean, la desarticulación de la MS-13?
Las FARC lo han hecho. Pero esos son procesos que llevan años. En El Salvador a día de hoy estamos lejos de alcanzar esos grandes logros. Ahora lo que tenemos es falta de voluntad.

¿Queda algún punto más en su lista?
Algo más. Si a las pandillas nos vieran como un problema grande, como lo son las FARC, o como lo fue ETA en España, o como lo está siendo ISIS en Siria, una organización de esa magnitud… nosotros tenemos la capacidad de ser una organización así, pero no la queremos ocupar. Les voy a decir por qué: nosotros podemos ser el detonante para que estalle una verdadera guerra en este país. Hay gente que cree que las pandillas estamos solos, pero los que están disconformes con todo este montón de políticos son muchos más. Estos políticos que se aprueban un seguro médico que cuesta millones mientras en las comunidades los niños están llenos de lombrices. Las pandillas podemos ser ese detonante. El sector salud no está agradecido. El sector educación. La misma Policía y los militares están protestando en las calles. Si nosotros empezáramos algo en contra de este gobierno y de los políticos, no estamos solos. Hay un montón de gente que se uniría, porque está cansada de tanto político que les ha prometido cosas que luego no les han cumplido. Como nos hicieron a nosotros. Las pandillas podemos ser ese detonante, pero no lo estamos ocupando por no confrontar, sino que queremos agotar el diálogo.

El Faro ha publicado que, desde el tramo final de la Tregua, en 2014, las pandillas se están armando con fusiles y armamento de guerra. Eso va en contra de lo que usted trata de vendernos.
Las pandillas entregaron armas durante la Tregua.

Hubo tres entregas, pero pequeñas.
Entregamos las armas. Y ahí está ocurriendo algo que nadie se ha metido a investigar aún. ¿Cómo, decime vos, va a ser posible que en un enfrentamiento en el que los pandilleros aparecen muertos con cinco o seis fusiles a la par no hay siquiera un policía herido?

Ese es otro tema. Les hemos preguntado por las armas que la MS adquiere. Se informó, por ejemplo, de la incautación de un arsenal que líderes de la MS fueron a comprar a Guatemala.
Nosotros, como MS, no queremos echarle más leña al fuego. Y el tema de las armas lo podría interpretar mal la población. Nosotros, lo digo así de claro, tenemos toda la posibilidad de responder al Estado. Imaginate si la MS, o las tres pandillas, hicieran una cruzada a nivel nacional, y comenzáramos a asesinar a toda esta clase de personas que podrían considerarse enemigos… Toda guerra es negocio, y nosotros también entendemos esa parte. ¿Por qué los políticos no le invierten al tema de la prevención? Porque en la guerra hay dinero de por medio. ¿Cuántos millones se invierten en seguridad en este país? ¿Por qué no le cambiamos la razón de ser a esos millones e invertimos en prevención?

¿Qué pasa si el gobierno se niega al diálogo, que es lo previsible, visto lo impopular que sería esa posibilidad?
Fijate que al “no” ya estamos acostumbrados, pero vivimos con aquella esperanza de que El Salvador mejore. Esto no es para que yo, o el compañero o la MS mejoren, para lograr un acuerdo que nos dé comodidades a nosotros. No. No pedimos mucho. Mirá lo que se está negociando en Colombia, nosotros no pedimos algo así. El “no” ya lo tenemos. Esos mismos políticos ya nos han mentido otras veces. Y el fracaso de la Tregua y los muertos que hubo después se los achacan a las pandillas, pero no al gobierno que mintió a las pandillas.

Hay lectores que creerán, no sin razones de peso, que la MS-13 hace este ofrecimiento ahora porque el Estado los ha golpeado mucho.
Está muriendo mucha gente en este país, no solo pandilleros. Los policías, por ejemplo. Ellos trabajan por la misma necesidad. Ellos son gente pobre también. La sangre de los agentes se están derramando injustamente por las órdenes que dan los políticos.

No nos ha respondido la pregunta: ¿tiene el Estado contra las cuerdas a la Mara Salvatrucha?
No. ¿Cuántos policías creen que viven en esta comunidad en la que estamos ahora? No menos de 15 o 20. Yo a todos los conozco. Si tuviéramos una guerra así, a las cabales, esa gente no estaría en esta comunidad. Pero no queremos eso. Queremos ver la manera de que esto se arregle.

En 2015 y 2016 la Policía dice haber matado a más de 900 pandilleros en supuestos enfrentamientos. ¿Las pandillas tienen capacidad para suplir esas bajas?
Cuando nos matan a uno en mi clica, rápido viene el hijo de 14 o 15 años, y el sobrino, y el hermano… personas que no se quisieron meter en la pandilla, pero que lo hacen cuando saben cómo la Policía ha matado a su familiar o a su amigo. El Estado está obligando a muchos salvadoreños a ser fieles a la pandilla, porque les asesinaron a un familiar. Nos matan a uno, pero dejan a tres resentidos más. Hay gente que cuando les matan a un familiar se nos acercan y hablan de tambores de guerra, de que ya es hora de despertar. “¿Cuándo nos vamos a matar con estos hijosdeputa?”, nos dicen. Pero las guerras se ganan con inteligencia y, si quisiéramos, ya habríamos matado a todo mundo que nos estorba en las comunidades, pero no se trata de eso.

¿La Mara Salvatrucha no está ahora más débil que hace dos años?
No. Tal vez nos han cortado la conexión de allá [los penales] para acá, ¿pero en la calle, qué?

¿Sigue habiendo jóvenes que quieren ser pandilleros?
Si matan a uno, siempre hay alguien que dice: “La Policía me mató a mi tío o a mi hermano; yo quiero ser pandillero también”. Es más: si la pandilla no le da la oportunidad, algunos van a buscar un arma y van a tratar de desquitarse igual. El presidente y ese montón de gente que vive en la Escalón no saben lo que sucede en las comunidades. Yo leo los comentarios en las redes sociales, que piden que maten a los mareros y todo eso, pero que no se den casaca: esos que escriben no son de las comunidades. Nosotros estamos en las comunidades desde los noventa, hemos sobrevivido a un montón de cosas, y vamos a seguir sobreviviendo. Los jóvenes siguen pidiendo ser parte de las pandillas. Hay un montón de carga acumulada, y el gobierno quizá no lo sabe, porque ellos solo ven el objetivo que ellos llevan, y no ven los tropiezos que están dejando a los lados. Y la metamorfosis de las pandillas sigue. Cada vez que ocurre algo, cada año, cada mes, cada día… porque la mara ya no somos aquellos cabrones de antes, que andábamos como manada. ¡No! Ahorita ahí estamos, vos sabés, como el cáncer.

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MS-13 pide diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación

La Mara Salvatrucha pide hoy un diálogo cuya agenda pueda incluir la desarticulación de la pandilla, lo que implica un giro radical a la postura de hace cuatro años, cuando la cúpula nacional rechazó siquiera hablar de su posible desmontaje. Tres voceros de la organización criminal expusieron a El Faro una propuesta para discutir soluciones al problema de violencia en una mesa de negociación pública que incluya al gobierno y a todos los partidos políticos. El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, dice que es una propuesta “a la que hay que darle taller”.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

Voceros de la Mara Salvatrucha-13 –la pandillas más numerosa de El Salvador– se reunieron con El Faro a finales de diciembre pasado para exponer una nueva propuesta hacia la sociedad y el gobierno: la MS-13 pide la creación de una mesa de diálogo pública, en la que estén representados todos los partidos políticos, el gobierno, instituciones de derechos humanos y los líderes de las tres pandillas principales que operan en el país: 18 Sureños, 18 Revolucionarios y la Mara Salvatrucha-13. Su propuesta, dicen, tiene por objetivo detener la crisis de violencia que vive el país y frenar la escalada bélica entre las pandillas y las fuerzas de seguridad, antes de que derive en una “guerra”.

Como punto de partida, la pandilla ha desbloqueado dos puntos de negociación que nunca antes habían estado sobre la mesa: el primero es la posibilidad de que el gobierno cree procesos que permitan a los miembros activos salirse de la pandilla: “Uno de morro (niño) hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto y uno tiene hijos, la mente madura y eso que hiciste ya no querés hacerlo. Todo ser humano tiene derecho a cambiar, no toda la vida va a andar uno haciendo cosas ilícitas”, dijo uno de los dos líderes de la MS presentes en la entrevista, realizada al interior de una vivienda de una colonia del Área Metropolitana de San Salvador.

El segundo punto -que constituye la principal novedad del ofrecimiento- se refiere a la posibilidad de discutir la desarticulación de la pandilla. El Faro insistió sobre este punto durante la entrevista y en conversaciones telefónicas posteriores y los voceros de la Mara Salvatrucha-13 aseguraron que este es un tema que puede ser abordado si la mesa que proponen es tratada con seriedad: “¿Están dispuestos a discutir la desarticulación de la MS?”, preguntó este periódico. “Las FARC lo han hecho…”, dijo un vocero. “No podemos partir diciendo que nos vamos a desarmar, todo depende de cómo el gobierno reciba la propuesta y la seriedad que le dé”, añadió, para luego asegurar que la MS-13 ha visto como modélico el proceso que condujo al desmontaje del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Ellos después de andar matando gente, de ser terroristas, se van a reinsertar como ciudadanos”, dijo.

A diferencia de la guerrilla colombiana, la Mara Salvatrucha-13 creció en El Salvador como una estructura delictiva sin agenda política, sin cohesionantes ideológicos y sin buscar derrocar al gobierno para hacerse del poder. Sin embargo, desde que inició el proceso de diálogo que el gobierno del expresidente Mauricio Funes estableció con las pandillas en 2012, estas estructuras han ido articulando un discurso reivindicativo que busca justificar su propia existencia a través de la marginación social y la falta de Estado en las comunidades en las que crecieron y prosperaron.

La sola posibilidad de poner sobre la mesa la salida de sus miembros y su posible desarticulación como estructura marca una clara diferencia en la pandilla con respecto a la negociación de 2012, conocida como la Tregua. En aquel momento, la Mara Salvatrucha-13 fue muy enfática al señalar que la posibilidad de su desarticulación estaba fuera de cualquier discusión. Consultado sobre el cambio de postura, uno de los representantes explicó: “Hace cuatro años no había un rumbo muy claro de hacia dónde iba esto, la pandilla ha tenido su metamorfosis y ha venido madurando durante este tiempo. Eso fue lo que nos enseñó la Tregua”.

En el gobierno, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que él no podía responder si la administración accedería a sentarse a dialogar con pandilleros, porque hasta ahora la decisión es que esa no es una vía para resolver el problema de violencia de pandillas. “Hasta hoy la posición ha sido ningún trato con esos grupos. Pero el presidente tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, dijo Chicas. “Es un tema al que hay que darle taller”.

El director de la policía, Howard Cotto, fue más tajante, al considerar que el gobierno no tiene nada que negociar con las pandillas: “El único ofrecimiento de negociación de ellos es el seguir cometiendo delitos si no negociamos o dejar de cometerlos si negociamos y esa brújula es equivocada … ¿qué ofrecen? ¿dejar de matar o dejar de extorsionar? ¿Y a cambio querés algo? ¡no! Solo déjenlo de hacer”, resumió.

A diferencia de comunicados públicos anteriores -en los que las pandillas anunciaban decisiones o cuestionaban la falta de voluntad de diálogo del gobierno- esta vez no son las tres pandillas las que lanzan esta propuesta, sino solo la MS-13. Sus voceros insistieron en que su llamado pretende también convocar a sus rivales históricos: las dos facciones de la pandilla Barrio 18.

Los nuevos voceros

El 24 de noviembre, uno de los reporteros de El Faro fue contactado por un pandillero de la Mara Salvatrucha, que proponía una reunión para, en nombre de toda la organización, exponer algunos puntos. En ocasiones anteriores, este mismo pandillero había servido ya como vocero oficial de la pandilla, junto con Marvin Quintanilla, conocido como “Piwa”, a quien las autoridades acusan de ser el cerebro financiero de la estructura. Esta persona –cuyo nombre se omite como parte de los acuerdos que permitieron el encuentro– es parte de una larga cadena de reemplazo de liderazgo, que no implica que el poder dentro de la pandilla haya cambiado de manos, sino solo de quién lo representa en la calle.

En 2012, en el contexto de la Tregua entre pandillas negociada con el gobierno, la MS-13 creó una estructura de liderazgo fuera de los centros penales conocida como La Ranfla en Libertad o la Ranfla de la Libre, que representaba la autoridad de la verdadera cúpula pandillera, recluida en el sistema penitenciario. Los primeros miembros de esta estructura fueron integrantes de la cúpula en prisión que habían cumplido sus condenas y que tomaban el control de las acciones en la calle. Pero con el tiempo casi todos los pandilleros que formaron parte de la Ranfla de la Libre de la MS-13 han sido arrestados y enviados al Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca. Sin embargo, la pandilla ha sido capaz de reemplazar una y otra vez a los líderes en libertad.

El pandillero que se puso en contacto con El Faro es heredero de esa larga cadena de sustituciones y por lo tanto goza de la facultad de hablar a nombre de toda la estructura. Ha sido un vocero constante de la MS-13 durante más de un año y ha representado la voz de la pandilla ante los voceros del Barrio 18.

El encuentro tuvo lugar el 21 de diciembre, casi un mes después del primer contacto. El líder pandillero advirtió que él no estaría presente pero que delegaría a dos voceros que contaban con la autorización de hablar en nombre de la Mara Salvatrucha. La reunión tuvo lugar en una comunidad en la que esta pandilla ejerce un férreo control.

Los voceros aseguraron que el contenido de su comunicado representaba a toda la estructura y que ellos habían sido delegados para representar a la Mara Salvatrucha-13 ante este periódico. La lista de ideas venían anotadas en unas páginas sueltas y escritas a mano y uno de los voceros fue desarrollando punto por punto. El interés principal de la pandilla era negar que la organización haya decidido asesinar sistemáticamente a policías o militares como respuesta al endurecimiento de condiciones de reclusión de pandilleros a partir de abril de 2016.

“La MS está respondiendo muy tarde. Al nomás empezaron los comunicados (del gobierno) a decir que la MS estaba en guerra con el gobierno, se tuvo que haber dado respuesta. Se tuvo que haber dado respuesta en la misma semana en la que empezaron los rumores de guerra”, inició el vocero.

Se refería a los hechos ocurridos durante la primera quincena de noviembre, en el que fueron asesinados 10 policías y 3 militares. El gobierno responsabilizó a la Mara Salvatrucha-13 de haber emprendido una guerra abierta contra policías y soldados. Por ello, recrudeció las condiciones carcelarias contra los miembros de esta pandilla y lanzó una ofensiva contra los territorios controlados por ella.

Los voceros de la MS-13 aseguraron que no existe una orden de la cúpula de la estructura para lanzar a sus bases contra los policías, aunque justificaron los asesinatos de policías diciendo que se trata de la reacción natural de líderes locales de la pandilla, palabreros de clica, ante el acoso de las fuerzas de seguridad.

“Un policía que llega y te mata a uno, dos o tres miembros, o incluso a gente que no es miembro de la pandilla, ¿qué hacen las pandillas? Te reaccionan. Esa semana está comprobado: reaccionaron a tanto ataque… cuando alguien se dispara, tenemos que decirle: ‘Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así´. Pero imaginate cuando los policías vienen, por ejemplo en Quezaltepeque, y les matan a tres cipotes: ¿vos creés que no quedan más resentidos y con más ganas de matar a policías?”, justificó uno de ellos. Este es un punto en el que la pandilla ha insistido desde que se rompió la Tregua en 2014.

Aseguraron que para atajar la situación, su pandilla ha decidido hacer un ofrecimiento de diálogo: “Nosotros estamos proponiendo un diálogo. No lo queremos llamar tregua o negociación… porque la gente cuando le mencionás la palabra tregua o la palabra negociación interpreta que es a cambio de dinero, y no es así. Estamos ofreciendo un diálogo para este país”.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto de El Faro.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre de 2016, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto Roberto Valencia.

Los representantes de la Mara Salvatrucha-13 dijeron que su estructura ha pensado en una comisión en la que estén incluidos no solo el gobierno, sino también todos los partidos políticos. “Porque si solo un partido quiere hacer algo bueno por el país, los demás no lo dejan avanzar”. Piden que se incluyan también a “autoridades de derechos humanos y centros penales, familiares de reos y líderes comunales”.

Aseguraron que buscan que esta “comisión” desactive “al monstruo” que han creado en las comunidades. “Queremos abrir todos los canales posibles para que la población no sea víctima de las pandillas, te lo voy a plantear de esta manera: Si venís de San Martín y querés ir al hospital de San Bartolo… ¿cuánta gente no se está muriendo de un montón de cosas porque no tienen ese acceso? Hemos creado ese monstruo en las comunidades y en un sinfín de partes, y las personas no pueden ir a tal o cual parte”, dijo uno de los pandilleros.

El primer punto de su lista de temas a abordar en esa mesa consiste en “la reinserción obligatoria de los penales, los miembros de pandillas y las comunidades”.

El Faro preguntó: “Por reinserción entendemos mecanismos para que los miembros activos que quieran dejar de ser pandilleros puedan hacerlo. ¿Lo que piden es que se abran caminos oficiales para que sus miembros puedan dejar de ser pandilleros?”. Esta fue la respuesta: “Exacto, así es”, y abundaron en consideraciones sobre la posibilidad de enmendar errores: “Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado (tatuado)? Nadie.”, dijeron.

Posteriormente, en una conversación telefónica con uno de los mismos voceros, este periódico volvió a insistir sobre este punto :

—¿Te das cuenta de que lo que proponen es en la práctica un camino para el gradual desmontaje de la pandilla?

—Así es. Lo que queremos es desmontar el desvergue que hay en la calle.

Contactado con posterioridad, el pandillero que concertó el encuentro repitió que este punto no constituye una promesa de entrada, pero que “todos los puntos pueden ser dialogados”.

Del “no” al “tal vez”

En octubre de 2012, en pleno apogeo de la Tregua gestionada por la administración Funes, El Faro entrevistó a la ranfla de la MS-13 –la cúpula nacional de líderes pandilleros– en el Centro Penal Ciudad Barrios.

Por aquellos días, los hombres más poderosos de esta pandilla habían sido trasladados del penal de máxima seguridad a penales regulares, como parte del acuerdo con el gobierno. Encabezados por Borromeo Henríquez (a) Diablito de Hollywood, el más icónico líder de esta estructura, una veintena de líderes conversaron durante más de cuatro horas con tres periodistas de este periódico. Aunque hubo momentos incómodos, el único punto que tensó el ambiente hasta una abierta hostilidad fue la conversación sobre la desarticulación de la pandilla, que provocó un gran revuelo entre los pandilleros y un rotundo “no”.

Uno de los líderes presentes en aquella reunión, conocido como el Chino de Western, montó en cólera cuando se les preguntó si, producto de la negociación que se abrió con la Tregua, estarían dispuestos a abrir las puertas a que sus miembros dejen la pandilla: “Ustedes quieren meterse mucho en la onda de la pandilla. ¿Y sabes qué? Con todo respeto, ustedes tienen un hasta aquí. O sea, vos tenés tu trabajo, yo quiero mi pandilla. Nos hacés muchas preguntas comprometedoras. Bien comprometedoras. ¡Vos tenías tres años cuando yo comencé a caminar en las pandillas! ¿Y creés que me va a gustar que tú vengás a decirme a mí si nos vamos a deshacer? ¿Que si nosotros vamos a deshacer las pandillas? ¿Sabes qué? Yo creo que ese derecho no lo tienes…”

En aquel momento, otro pandillero irrumpió en la conversación para cuestionar al reportero: “Con las dudas no hay pedo. Lo único es eso, que este siempre insiste. ¿Cómo vamos a… todo pandillero que quiera se puede salir? Eso creo que no, simón, eso es cosa de nosotros”.

Cuatro años después de aquella entrevista, tres voceros mucho más jóvenes que el promedio de edad de los hombres de la ranfla –que ronda los 40 años- hablan del tema con naturalidad y lo proponen incluso como parte de la agenda de negociación con el gobierno. Se trata, dicen, de un asunto de maduración en la pandilla.

Los voceros de la MS-13 dijeron estar conscientes de que este ofrecimiento podría ser tomado como un síntoma de debilidad de la pandilla y, previsiblemente, negaron que la estrategia del gobierno los haya afectado. “Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS  sigue sonando a nivel nacional”, dijeron.

El director de la policía, asegura que la estrategia de gobierno ha conseguido “debilitar un poco” el control territorial de las pandillas, aunque admite que “no en los términos que la gente espera, ni tampoco en los que nosotros esperamos, eso es muy duro y complicado y sigue siendo un reto enorme”, dijo.

Los pandilleros recordaron al gobierno que su partido, el FMLN, llegó a acuerdos con las principales pandillas salvadoreñas para obtener su respaldo electoral y les demandan retomar las conversaciones. “Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar una vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados: gente inocente. Si muere un policía, las madres y sus hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren”, argumentaron.

Eugenio Chicas: “Hay que darle taller”

El Faro consultó al gobierno por medio del vocero presidencial, Eugenio Chicas, sobre las posibilidades de que su política de confrontación directa contra las pandillas, anunciada por el presidente Salvador Sánchez Cerén en enero de 2015, dé un viraje radical para considerar el ofrecimiento de la MS-13.

La oferta de la pandilla fue expuesta a Chicas por El Faro el viernes 6 de enero.

“Me estás haciendo un planteamiento que tiene mucho fondo y que es bien serio y no se puede adoptar una respuesta ligera e improvisada. No soy el canal para una propuesta de esta naturaleza, esto lo debe ventilar el secretario de Gobernación, Hato Hasbún, quien es el que lleva todos los diálogos y entendimientos para la gobernabilidad”, comentó el secretario de Comunicaciones, luego de advertir que ni el presidente, ni Hasbún conocían la propuesta.

Sin embargo, Chicas dijo estar en capacidad de dibujar el panorama de posibilidades que esta idea tiene de prosperar. “La posición del gobierno sobre diálogo, entendimiento, conversación con pandillas es irreductible: ningún diálogo ni entendimiento ni conversación con estos grupos, ningún trato. Hasta hoy. Y digo hasta hoy, porque es lo que me consta. Si el presidente dice otra cosa, será él, y él tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, matizó.

Según Chicas, las posibilidades de abrir un espacio de diálogo con las pandillas no son comparables con el proceso de entendimiento que el gobierno colombiano tuvo con la guerrilla de las FARC: “La posibilidad de encontrarle una salida política a un conflicto no se mide por lo cruento que puede ser el conflicto, sino por la expectativa de quienes están confrontando, que es lo que genera determinadas expectativas políticas. No es la violencia la que abre la puerta para el tratamiento político de un conflicto”.

Chicas cree que la posibilidad de que una exploración de entendimiento con la Mara Salvatrucha-13 depende de varios factores: uno, de la aceptación social del experimento; dos, de la convergencia de voluntades políticas del resto de partidos; y tres, de los recursos con los que se cuente para financiar un proceso de esa naturaleza y de las consideraciones jurídicas que hay que hacer.

“Es un tema al que hay que darle taller. La sociedad salvadoreña tiene un claro rechazo no solo a cualquier perspectiva de diálogo o de conversación, sino a cualquier ventaja o beneficio a este tipo de grupos. Para un gobierno el medir a la sociedad es importante. Ese es un ingrediente, pero no es el único. Otro elemento es la posibilidad de entendimiento político entre las fuerzas que marcan la gobernabilidad, en este caso la gobernabilidad de este país está dada por el peso de la oposición y de otros actores sociales, que se reflejan en el Consejo Nacional de Seguridad. Ese es otro factor a tomar en cuenta y un tercer elemento es si la propia estrategia tiene las perspectivas de ofrecer mejores resultados en los tiempos políticos que nos quedan. Tomando en cuenta que los años que quedan son electorales”, expuso.

Chicas se refería a que el gobierno de Sánchez Cerén termina el 1 de junio de 2019, y tanto ese año como en 2018 hay elecciones. En 2018 los salvadoreños elegirán nueva Asamblea Legislativa y concejos municipales, y en 2019 votarán por la Presidencia de la República.

Agregó además que el país no pasa por un buen momento en términos de finanzas públicas y que este proceso podría superar las posibilidades de las arcas nacionales: “Hay otro elemento muy importante: hay una palabra mágica que hay que reflexionar políticamente y es que estos señores señalan que la presunta desmovilización de sus estructuras es un tema abierto pero en el contexto de un mecanismo de conversación. En este sentido yo me hago una reflexión: sabemos las propias dificultades que tienen las reivindicaciones y las demandas de los desmovilizados del conflicto armado. Ellos enarbolan una bandera de 12,000 dólares para cada uno, lo que con el número que ellos representan es un reto que el país hoy no lo puede resolver, no hay capacidad. Creo que cualquier gobierno responsable se debe de plantear las capacidades del país para asumir temas de esa naturaleza ¿de cuántas personas estamos hablando? Es muy muy complejo”, argumentó.

En un posible diálogo de gobierno con pandillas, quedaría descartada la consideración de dispensas penales a pandilleros debido a que la Sala de lo Constitucional, en una resolución de agosto de 2015, estableció que las pandillas son grupos terroristas y que el Estado no puede llegar a acuerdos con ellas para aliviarles castigos por los crímenes que cometan.

En los meses previos a las elecciones presidenciales que llevaron a este gobierno a la presidencia, distintos voceros del FMLN entraron en contactos secretos con las pandillas, a fin de buscar el respaldo electoral de estas estructuras. A cambio, el FMLN ofreció que -de llegar al gobierno- retomarían el diálogo que se abrió durante la presidencia de Funes. También ofrecieron 10 millones de dólares en microcréditos para que pandilleros montaran microempresas. Las pandillas han dicho en comunicados conjuntos sentirse traicionadas por el FMLN, que, luego de haberse hecho con el gobierno, rompió los canales de comunicación.

Chicas evitó comentar estos encuentros argumentando que su rol de vocero presidencial solo incluye los eventos ocurridos durante el ejercicio efectivo de este gobierno y se  limitó a comentar: “no siempre el gobierno coincide con las decisiones del partido”.

¿Está mejorando realmente El Salvador, una de las sociedades más violentas del mundo? De Roberto Valencia

Miembros de las pandillas son escoltados al llegar a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador en Zacatecoluca el 1 de diciembre de 2016. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Miembros de las pandillas son escoltados al llegar a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador en Zacatecoluca el 1 de diciembre de 2016. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Roberto Valencia, 5 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES/Español

MARYLAND —El Salvador, el pequeño país centroamericano de 20.000 kilómetros cuadrados y seis millones y medio de habitantes, cerró 2016 con 5.278 asesinatos. Un promedio de 14 al día. Una tasa de 81 homicidios por cada cien mil habitantes. Ocho veces superior al límite que Naciones Unidas fija para establecer que una sociedad sufre epidemia de violencia.

A pesar de estos números, el gobierno lleva semanas hablando de éxito en su estrategia de combate a la criminalidad. “Las medidas extraordinarias implementadas por mi gobierno están dando resultados positivos”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso de fin de año.

El gabinete de seguridad se aferra al clavo ardiente de que en 2015 las cifras fueron más terroríficas —una tasa de tres dígitos— para inflar un discurso triunfalista que está en las antípodas de lo conveniente para una sociedad herida y traumatizada. Sin embargo, lejos de la idea que sus asesores de comunicación quieren diseminar, el combate frontal a las maras no está sino agravando y dilatando los problemas de convivencia social arrastrados durante décadas.

El bienio 2015-16 es el más mortífero desde que inició el siglo: casi 12.000 asesinados. Tendrían que haber matado a 80.000 personas en Argentina, a 234.000 en México, o a 593.000 en Estados Unidos para igualar la tasa salvadoreña.

El bienio sangriento calza a la perfección con la estrategia belicista del gobierno de Sánchez Cerén, que tiene su arranque simbólico el 5 de enero de 2015, con un discurso en el cuartel central de la Policía Nacional Civil en el que el presidente rechazó “volver a negociar con las pandillas” y anunció una política de persecución y castigo. Dicho así suena enérgico y bien intencionado, pero luego se reveló que apenas un año atrás, su partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), al más alto nivel —y bajo la mesa— había negociado con las maras contraprestaciones a cambio del voto de las decenas de miles de pandilleros y de sus familiares.

Conviene consignar que en 2012 y 2013, durante la fase más exitosa de la negociación entre el gobierno anterior y las pandillas, un proceso conocido como la Tregua —también oscuro y mal manejado, pero monitoreado por la Organización de Estados Americanos—, la cifra de asesinados bajó a unos 2.500 cada año.

Las maras no son la única expresión de la violencia en El Salvador, pero sí la más cruda, publicitada y la que más víctimas genera. En marzo de 2012, cuando las tres pandillas dominantes —Mara Salvatrucha-13, 18-Revolucionarios y 18-Sureños— se involucraron en la Tregua, los homicidios cayeron un 60 por ciento de la noche a la mañana, literalmente. Entonces se cifró en 62.000 la cantidad de pandilleros activos, con un colchón social de unas 500.000 personas, integrado por familiares, novias, colaboradores y simpatizantes. Un 8 o 9 por ciento de la población.

Más allá de los números, lo que hace de las maras un fenómeno único en el mundo es su asfixiante control territorial y social. En centenares de colonias y cantones que la debilidad del Estado les permite controlar, por lo general los más empobrecidos, los mareros determinan quién entra, dónde estudian los niños, qué ropa puede usarse, quiénes pagan renta, y hasta qué familiares llegan al velorio cuando un vecino fallece. No hay señal de que esas estructuras de terror, sintetizadas en la hollywoodense frase “ver, oír y callar”, se hayan debilitado tras dos años de represión brutal.

A corto y mediano plazo, la estrategia actual del gobierno no invita al optimismo. Los números 13 y el 18 se importaron desde California hace un cuarto de siglo, pero las maras como fenómeno, la dimensión alcanzada, son consecuencia de las condiciones estructurales que ofrece la sociedad salvadoreña: la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ejemplificadas en empresarios reticentes a pagar a un cortador de caña 200 dólares mensuales en un país en el que un litro de leche cuesta 1.30 dólares; la debilidad institucional y un sistema político partidario empeñado en perpetuarla; el histórico uso de la violencia para resolver diferencias, tanto políticas como personales; y un clasismo latente del que nadie quiere hablar, con familias clasemedieras que pagan al día 12 dólares o menos a las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos.

Incluso si la persecución y el castigo debilitaran las maras, nada indica que el escenario resultante vaya a ser mejor. El Estado salvadoreño, con el aplauso o la indiferencia de la ciudadanía, ha hecho a un lado los derechos humanos en su guerra a las pandillas, al más puro ‘Duterte style’. Se está resucitando y tolerando la idea, propia de décadas no tan remotas, de que es legítimo tomarse la justicia por cuenta propia. En dos años, la Policía y las Fuerzas Armadas han matado a más de 900 personas en operativos, hechos que presenta como “enfrentamientos”. Investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, han evidenciado que las ejecuciones extrajudiciales son práctica habitual y que los ejecutados en ocasiones ni siquiera son pandilleros. Ni un solo policía o soldado ha sido condenado.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, se atrevió a denunciar apenas un puñado de casos. Lo destituyeron. Su sucesora, Raquel Caballero, accedió al cargo en septiembre con la venia de todas las fuerzas políticas que impulsan la estrategia represiva, y se ha sumado al coro de instituciones que actúa como si el elefante de las ejecuciones y los abusos no existiera. “Respaldamos las medidas extraordinarias, por el mismo clamor de la población”, dijo Caballero el 22 de diciembre.

Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa, dinamizó su carrera defendiendo la pena de muerte. En la sociedad más violenta del mundo, da votos tuitear “muerte a los mareros” o “pasó lo que queríamos que pasara” el día en que un motín carcelario se salda con 14 pandilleros muertos. Por el contrario, es un suicidio político —y social— exigir que los policías respeten los derechos humanos, plantear mejoras en las cárceles tendientes a la reinserción, o sugerir soluciones al problema que incluyan el diálogo directo y sobre la mesa con los pandilleros.

Hace dos décadas, Colombia tenía tasas de homicidios similares a las que hoy presenta El Salvador. Las han reducido a un tercio. Fortalecer el Estado de derecho y fomentar el diálogo transparente parecen ser apuestas seguras, pero el Estado y la sociedad salvadoreñas prefieren, hoy por hoy, seguir caminando en sentido contrario.

Casi que Guardia Nacional Civil. De Roberto Valencia/El Faro

La Fuerza Armada y sobre todo la PNC están matando a presuntos pandilleros: unos 35 cada mes desde que el gobierno desató la ‘guerra’ contra las maras, en enero de 2015. El Gabinete de Seguridad justifica la matanza como enfrentamientos conforme a ley, pero el análisis pormenorizado de las cifras y su comparación con las de otros países con problemas de abusos policiales como México o Estados Unidos “apuntan a la presencia de ejecuciones sumarias”, asegura un experto.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un "enfrentamiento". Foto Víctor Peña.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un “enfrentamiento”. Foto Víctor Peña.

roberto-valenciaRoberto Valencia, 3 octubre 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mataron a 693 presuntos pandilleros en 20 meses. Más allá de la cifra, surrealista en un país de 6.5 millones de habitantes, la relación con otros parámetros –como las bajas propias o el número de heridos que dejan los supuestos enfrentamientos– refuerza la tesis de que las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo un uso desproporcionado de sus fusiles de asalto y que cometen ejecuciones extrajudiciales.

el faroLos abusos policiales son objeto de estudio en distintas sociedades, y la comunidad internacional ha consensuado indicadores de alerta. El Salvador los está sobrepasando todos. Un par de ejemplos: en los enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, tres presuntos mareros fallecieron por cada uno herido; asimismo, la relación en esos intercambios de disparos es de una víctima mortal policial por cada 53 provocadas.

“La incidencia de muertes de civiles a manos de agentes del Estado es muy elevada en El Salvador, incluso en comparación con países con problemas parecidos, como Brasil”, dice el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y reconocido experto en la materia por sus trabajos sobre la violencia policial en las favelas. “Los datos de El Salvador apuntan a un uso abusivo de la fuerza letal y a la presencia de ejecuciones sumarias”, sentencia Cano.

El Faro solicitó a la PNC, vía Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de todos los hechos que la institución policial clasificó como “enfrentamientos”, desde enero de 2015 –cuando el gobierno declaró la ‘guerra’ a las pandillas– y el 31 de agosto de 2016. Además de la ubicación temporal y geográfica, se pidió el detalle de los fallecidos y heridos en cada uno de los bandos, así como otras variables como el sexo y la edad de las víctimas.

Confrontadas con estudios similares en Brasil, México y Estados Unidos, la Policía Nacional Civil sale muy mal librada, con patrones de conducta similares a los atribuidos a los cuerpos policiales que operaban antes de los Acuerdos de Paz –como la extinta y temida Guardia Nacional, por ejemplo–, en las antípodas del comportamiento que se presupone a una policía de un estado democrático. “Y el abuso de la fuerza de los agentes del Estado se agravó en 2016”, dice Cano, el experto al que El Faro facilitó los datos para que los analizara e interpretara.

Bajo condición de anonimato, se habló con un oficial de la PNC que tiene a su cargo una subdelegación policial. “Nunca he recibido una orden de un superior para matar o para encubrir”, dice, pero “es evidente que entre los policías ha aumentado el odio hacia los pandilleros, el deseo de venganza, y sí escucho conversaciones de agentes que dicen: a estos hijos de puta hay que matarlos a todos”. Este oficial cree que las unidades especializadas, como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y las recién creadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), son las más propensas a cometer ejecuciones sumarias.

Las cifras oficiales, los informes y los testimonios avalan los temores sobre el actuar de la PNC y de la Fuerza Armada expresados ya por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas oenegés, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

No obstante, el gobierno respalda sin fisuras la labor de las fuerzas de seguridad y niega que estén violando los derechos humanos. “Los enfrentamientos ocurren cuando los delincuentes responden con disparos ante el intento de la Policía de detenerlos… y entonces mueren”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, el pasado 16 de septiembre en el programa de entrevistas Hechos AM, de Canal 12.

Comparaciones odiosas

El 26 de agosto, el periódico Chicago Tribune publicó una investigación similar referida al Chicago Police Department (CPD) y basada también en solicitudes de acceso a la información.

En los seis años (72 meses) transcurridos entre enero de 2010 y diciembre de 2015, el CPD registró 435 enfrentamientos armados con presuntos delincuentes, con saldo de 92 muertos y 170 heridos, un índice de letalidad de 0.54. Chicago tiene 2.7 millones de habitantes y el CPD lo integran unos 12,000 policías.

En El Salvador, en apenas 20 meses transcurridos entre enero de 2015 y agosto de 2016, la PNC registra 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos, un índice de letalidad de 2.72. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y la PNC la integran unos 23,000 policías.

El índice de letalidad es un indicador consensuado internacionalmente para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Establece la relación entre adversarios muertos y heridos en los enfrentamientos contra policías y/o soldados. “En cualquier enfrentamiento armado legítimo, sea policial o militar, es esperable encontrar un mayor número de heridos que de muertos, con lo que el coeficiente debería ser siempre inferior a 1”, dice Ignacio Cano.

“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos, y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno”, apunta en la misma línea un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad en la ‘guerra’ contra el narco librada en aquel país.

“La guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto durante los años de 1964 a 1973 [índice de letalidad: 0.25], y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo un índice de 4.5 heridos por cada muerto en 1982 [índice de letalidad: 0.22]”, ejemplifica el estudio de la UNAM.

En El Salvador, el índice de letalidad de sus fuerzas de seguridad en 2015 fue de 2.3, mientras que en los ocho primeros meses de 2016 saltó a 3.1. Estos números podrían ser más altos, ya que se han calculado sobre una categoría que la PNC etiquetó como ‘Pandilleros lesionados’, que no especifica si la lesión se produjo en el intercambio de disparos o después, en el traslado o en algún interrogatorio.

“Cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar”, dijo el director Cotto en la entrevista. “El policía en la actualidad anda en un estado de psicosis, y a veces es natural lo que dicen: mejor disparar primero”, dice el oficial que aceptó conversar con El Faro desde el anonimato.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador es muy precisa cuando determina cómo deben actuar los agentes en una situación de riesgo en la que se vean obligados a utilizar sus armas. El artículo 15 establece que “los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Los policías están obligados por ley a “reducir al mínimo los daños y lesiones, y a respetar y proteger la vida humana”, así como a “proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” en un intercambio de disparos.

¿Dónde hay más enfrentamientos?

En 20 meses son 1,074 los episodios catalogados por la PNC como ‘Enfrentamientos de policías o soldados con pandilleros’, lo que supone un promedio de 54 cada mes. Como referencia, el Departamento de Policía de Chicago promedia seis balaceras mensuales entre sus oficiales y presuntos delincuentes.

Cuando se comparan 2015 y 2016, la PNC está siendo mucho más letal con el paso de los meses. En ocho meses de 2016 acumula 373 presuntos pandilleros fallecidos, por los 320 registrados en todo 2015. En 2013 y 2014 hubo 39 y 49; la ‘guerra’ ha multiplicado por diez los presuntos mareros caídos. En cuanto a las bajas en las fuerzas de seguridad, en los enfrentamientos murieron 13 policías y 4 soldados en 2015, 4 y 3 respectivamente hasta el 31 de agosto de 2016.

Otros datos significativos son, por un lado, de género: el 99 % de los presuntos pandilleros son de sexo masculino; por otro lado, de edad: aunque la PNC asegura no haber podido establecer la edad de 330 de loa 693 víctimas mortales, entre los identificados hay 63 menores de edad, de donde se puede inferir que cerca de un centenar de los fallecidos son adolescentes menores de 18 años, “niños” según los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos, los departamentos más afectados –una vez ponderadas las cifras– son La Paz, Cuscatlán y Usulután. En el extremo opuesto, Ahuachapán, Morazán y Chalatenango –en ese orden– son los territorios en los que menos choques armados ha habido entre policías y pandilleros. A escala municipal, lo más reseñable es que pueblos y villas con vocación rural son el escenario predilecto.

Pero de todos los datos, el más preocupante a juicio del experto Ignacio Cano, es la relación entre bajas que tienen los policías-soldados y bajas de los pandilleros. En 2015 fue de 1 a 19.

En México, ni siquiera en los años más duros de la ‘guerra’ contra el narco se tuvieron indicadores tan disparados. La Policía Federal de México cosechó una relación de bajas 1 a 10 en 2012. Y el Ejército, actor clave en ese conflicto, tuvo entre 2011 y 2013 cifras arriba de 1 baja propia por cada 20 provocadas, con un pico de 32 en 2011.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destituyó a finales del agosto al máximo responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, después de que la institución fuera señalada de ejecuciones extrajudiciales.

En 2016, la Policía Nacional Civil salvadoreña tiene una relación entre bajas propias y provocadas de 1 a 53.

“De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más allá de lo necesario”, reza el informe de la UNAM, elaborado por un investigador estadounidense evocado también por Ignacio Cano para concluir que hay “abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de la ley en El Salvador”.

Paradójicamente, en el discurso con el que la PNC justifica la matanza de la ‘guerra’ contra las pandillas, se remarca que los presuntos pandilleros están fuertemente armados cuando son abatidos. “Solo en los procedimientos en los ha habido enfrentamientos, son 443 armas incautadas a los pandilleros este año; entre ellas, 18 fusiles AK-47 y 16 fusiles M-16”, dijo el director Cotto.

Presuntos pandilleros

Que en este reportaje las referencias a los muertos provocados por policías y militares sean llamados “presuntos pandilleros” no es una simple formalidad. En julio de 2015 y en febrero de 2016 El Faro reveló cómo agentes de la Policía asesinaron a dos jóvenes que luego la institución presentó como “pandilleros” aunque no formaban parte de estas estructuras.

El joven Dennis Alexander Martínez, por ejemplo, fue ultimado de un balazo en la cabeza por agentes de GRP mientras suplicaba arrodillado por su vida; ocurrió en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015, pero en las estadísticas policiales Dennis aparece como pandillero.

Lo mismo ocurrió con el joven trabajador Armando Díaz, ejecutado el 8 de febrero de 2016 –también por el GRP– en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, cuando tres menores de edad pandilleros que huían de un operativo policial se colaron por el techo de su vivienda; Armando es uno de los 693 pandilleros matados en defensa propia en los reportes oficiales.

Pese a que estos casos son públicos, así como otros revelados por otros medios de comunicación o incluso en informes oficiales de la PDDH, los eventos que la PNC etiqueta como “enfrentamientos” rara vez despiertan el interés de la Fiscalía General de la República, con excepción de los poquísimos enfrentamientos en los que sí hay víctimas entre policías o soldados.

Desde la Fiscalía, se rechaza la idea de que la institución sea benevolente con los abusos policiales. Su director de comunicaciones, Salvador Martínez, asegura que la muerte de un pandillero se procesa “como la de un médico o la de un campesino”. Ante la solicitud de conocer al detalle cuántos policías o soldados han sido procesados por participar en enfrentamientos, la respuesta de Martínez fue: “No es que nosotros no queramos dar la información, sino que tendríamos que analizar los seiscientos y pico de casos, uno por uno, para saber quiénes están siendo procesados”.

Pese al discurso de Martínez, un documento interno de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro evidencia que solo una de las 693 muertes de presuntos pandilleros causadas por las fuerzas de seguridad en 20 meses ha superado la barrera de la audiencia inicial en los tribunales: el joven Dennis Martínez, uno de los ocho fallecidos en la emblemática matanza de la finca San Blas.

En las restantes muertes, el 99.86 %, la Fiscalía hasta la fecha ha dado por válidas las versiones policiales.

PNC y derechos humanos

La PNC es la institución estatal que más denuncias acumula en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según una encuesta publicada a finales de agosto por LPG Datos, la unidad de investigación social del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el porcentaje de personas que dijeron haber sufrido maltrato policial saltó del 11 % en 2015 al 16 % en 2016.

No obstante, en El Salvador parece haber una mayoría social y política que tolera e incluso que aplaude los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en la ‘guerra’ contra las maras. La misma encuesta revela que los salvadoreños que tienen una opinión buena o muy buena de la PNC pasaron del 52 % al 54 %.

“Algunos policías se han dejado llevar por lo que pide la población”, dice el oficial de la PNC que aceptó hablar bajo condición de anonimato: “En las redes sociales, de cada 60 comentarios, 59 piden la muerte de todos los pandilleros”.

El sábado 12 de septiembre, desde la cuenta oficial de Twitter de la PNC se compartió una imagen de dos policías –un hombre con traje de protección como el que usa la Unidad de Mantenimiento del Orden y una mujer vestida con la camisa blanca oficial–, bajo el eslogan ‘Nuevo tiempos, héroes de El Salvador’. El fotomontaje se acompañó con este mensaje: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Al día siguiente, y después de que en las redes sociales se alzaron algunas voces críticas, el tuit fue eliminado y se difundió la misma imagen con un texto más correcto políticamente: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Cuando se analizan al detalle las cifras de muerte que está dejando la ‘guerra’ y se comparan con situaciones similares en países como Brasil y México, la idea expresada en el tuit neutralizado de que “todo está permitido” en el actuar de la PNC parece algo mucho más que un desliz del community manager de la cuenta oficial de Twitter.

Rescate del cuerpo de un agente de la Policía Nacional Civil, que el pasado 9 de febrero perdió la vida en un enfrentamiento a tiros en este cerro del municipio de San Vicente, que se levanta ante el valle de Jiboa, un icono de los paisajes de El Salvador. Al fondo, el volcán Chichontepec./ Foto El Faro: Víctor Peña

Rescate del cuerpo de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil fallecido en un enfrentamiento con pandilleros, ocurrido el 9 de febrero de 2016. Al fondo, el volcán Chichontepec. Foto Víctor Peña.

La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado. De Roberto Valencia

La Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía pretende que el joven Miguel Ángel Deras Martínez pase el resto de su vida en la cárcel. Lo acusa se de ser uno de los nueve adultos que participaron el faroen la masacre de Opico, cometida el 3 de marzo. Lo llaman el “Slipi de la Santa María”, un pandillero de la 18-Revolucionarios identificado por el testigo criteriado. Pero Miguel ni siquiera vive en la colonia Santa María, sino en la otra punta de Quezaltepeque, y una veintena de personas aseguran que la mañana del 3 de marzo la pasó comprando conchas en el mercado Central de San Salvador; es más, dicen –y hay razones de peso para creer esa versión– que Miguel ni siquiera es pandillero.

El lunes 23 de mayo, Miguel Ángel Martínez abandona el Juzgado de Paz de Quezaltepeque, después de que la jueza desestimara la detención solicitada por la Fiscalía, por el delito de agrupaciones ilícitas. A la salida lo esperaba una docena de familiares y amigos, a los que trata de saludar. Foto Roberto Valencia. 

El lunes 23 de mayo, Miguel Ángel Martínez abandona el Juzgado de Paz de Quezaltepeque, después de que la jueza desestimara la detención solicitada por la Fiscalía, por el delito de agrupaciones ilícitas. A la salida lo esperaba una docena de familiares y amigos, a los que trata de saludar. Foto Roberto Valencia.

Roberto Valencia, 25 MAYO 2016 / EL FARO

Dos meses de investigaciones después, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía General de la República cree que Miguel Ángel Deras Martínez, de 22 años, es un marero que pasó la mañana del 3 de marzo de 2016 en el caserío Las Flores, del cantón Agua Escondida, municipio de San Juan Opico. Aquel día y en aquel lugar, dice el requerimiento fiscal, una clica del Barrio 18-Revolucionarios asesinó a 11 salvadoreños: ocho empleados de una distribuidora de energía eléctrica y tres jornaleros. Los asesinaron con crueldad extrema y grabaron partes de la matanza con celular, para regocijo de las redes sociales de la sociedad más violenta del mundo.

Dos meses de investigaciones después, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil creen que Miguel es un terrorista que participó en la masacre de Opico. Pero hay otra versión que dinamita la versión oficial, que señala que han detenido al joven equivocado, y que ubica a Miguel aquella mañana del 3 de marzo en el mercado Central de San Salvador, comprando conchas, pancitos y camaroncillo.

La Fiscalía acusó ya formalmente a Miguel y a otros ocho adultos de ser miembros de la clica Vatos Locos Primaveras. “Todos son autores directos y realizaron funciones propias para privar de libertad a las víctimas y quitarles la vida”, dice José Ernesto Castaneda Guevara, el fiscal que lleva el caso.

“Sinceramente… me duele lo que le han montado a mi hijo, porque ese día él estaba por San Salvador, a comprar conchas para la coctelería que administra”, dice Miguel Ángel Deras padre, veterano empleado de la alcaldía de Quezaltepeque, de la que llegó a ser administrador de mercados durante la gestión del Manuel ‘Chino’ Flores, hoy diputado por el FMLN.

Al igual que el padre, docenas de amigos, vecinos, familiares y conocidos creen que fiscales y mandamases policiales se equivocan cuando aseguran que Miguel pasó la mañana del 3 de marzo en Opico. Dicen que Miguel ni siquiera es pandillero.

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La de Opico quizá sea la masacre atribuida a las maras que más impacto ha generado en la sociedad salvadoreña desde la quema del microbús en Mejicanos, en junio de 2010. A la brutalidad de la cifra, 11 trabajadores salvadoreños asesinados con corvos, pistolas y armas largas, se sumó que a mediados de abril se filtró un vídeo grabado por uno de los pandilleros que perpetraron la matanza, en el que se aprecia cómo machetean la nuca de uno de los empleados, tirado contra el suelo con las manos amarradas a la espalda.

Desde el inicio, el gobierno –embarcado como está en una guerra abierta contra las pandillas– quiso mostrar firmeza y efectividad. En las horas posteriores a la masacre, desplegó a cientos de policías y soldados en la zona, que se tradujeron en más de 80 detenciones.

El 7 de marzo, en una conferencia de prensa del gabinete de Seguridad encabezada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se informó que el caso estaba en vías de resolución. “Son 82 capturados que pertenecen a grupos de pandillas de la MS-13 (Mara Salvatrucha)”, dijo Sánchez Cerén, apenas unos minutos antes de que el director de la PNC, Howard Cotto, detallara la desarticulación de cuatro clicas de la referida pandilla y dijera incluso que habían determinado que las órdenes para cometer la matanza procedían de los penales de Ciudad Barrios y del Sector 2 de Izalco, donde el Estado recluye solo a emeeses.

En esta imagen descargada de la cuenta Facebook, Miguel y tres amigos asisten el 18 de mayo de 2013 al Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, para ver el partido de vuelta de la semifinal entre Juventud Independiente y FAS, el equipo del que Miguel era fanático.

En esta imagen descargada de la cuenta Facebook, Miguel y tres amigos asisten el 18 de mayo de 2013 al Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, para ver el partido de vuelta de la semifinal entre Juventud Independiente y FAS, el equipo del que Miguel era fanático.

Sin embargo, apenas un día después, la Fiscalía desdeñó las pesquisas de la PNC, y anunció que no presentaría cargos relacionados con la masacre contra ninguno de los detenidos.

A partir de entonces, la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía tomó las riendas de la investigación que, dos meses después, cuajó en órdenes de detención contra cuatro menores de edad y nueve adultos, supuestos integrantes de una clica de la pandilla 18-Revolucionarios con base en el municipio aledaño de Quezaltepeque.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía, que cuadra con el testimonio de un vocero de las pandillas al que ha tenido acceso un periodista de la Sala Negra de El Faro, el grupo de dieciocheros se desplazó armado con fusiles, escopetas y pistolas a Opico, a un sector controlado por la Mara Salvatrucha, para hacer una pegada, para matar a enemigos. Al no hallar a ninguno, cometieron la masacre con la idea de calentar la zona, para que el Estado se desquitara contra los emeeses.

“Tenemos una gama de prueba documental, pericial y testimonial”, dice el fiscal Castaneda Guevara. “Tenemos testigos presenciales que nos aportan elementos que contribuyen a establecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y el nivel de participación de cada uno de los procesados en el mismo”, dice. “Contamos con un vídeo”, dice.

En otras palabras, la Fiscalía ha negociado con un exintegrante de la clica presente en la matanza, lo ha bautizado con el sobrenombre de Islámico, y le ha ofrecido criterio de oportunidad, que no es más que beneficios a cambio de poner el dedo a sus homeboys.

En este contexto es que la Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado.

***

Miguel cumplió 22 años en abril. Cuando uno navega en su página de Facebook, lo que halla son continuas referencias a su novia, a su familia, a sus amistades y a los dos equipos de fútbol de su preferencia: el Club Deportivo FAS y el Fútbol Club Barcelona. Es un joven en apariencia enamoradizo, risueño y apegado a los suyos. Sus últimos dos mensajes los dedica uno a su novia (“Un año 3 meses mi amor atu lado te amo mi vida eres lo máximo”, el 14 de mayo), y el otro a su madre (“Feliz día de la madre le doy gracias ah Dios por permitirme tenerte ami lado un año más te amo mama”, el 10 de mayo). El joven que se ve en las fotos viste socado, camisolas sport o camisas abotonadas, tenis discretos, todo en las antípodas del look atribuido a las pandillas. “Mi hijo no está tatuado ni usa aritos… nada”, dice Ana Lilian Martínez, la madre. En una pared de la habitación en la que vive, en casa de sus padres, Miguel pintó en letras grandes y rojas ‘Guns N’Roses’, el nombre de la banda metalera estadounidense, alejada de los gustos musicales que se presuponen a los mareros.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos.

En la investigación lo han bautizado con la taka Slipi, Miguel Ángel Deras Martínez (a) Slipi de la Santa María, y dicen que disparó en la nuca a una de las víctimas con una 9 mm de fabricación checa. “Pero Miguel le decimos nosotros; Miguel o Miguelito, eso de Slipi se lo han inventado”, dice uno de los amigos, que pide no ser identificado por miedo. “Nosotros somos el círculo de amigos y le decimos Miguel”, apuntala. Otros cinco amigos presentes asienten. A pesar de que a Miguel le tocó ser joven en Quezaltepeque, quizá el municipio salvadoreño más estigmatizado por la violencia, no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Ni él ni nadie de su círculo familiar cercano.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

La familia de Miguel es una familia integrada por padre, madre y tres hermanas mayores. Son clase media y viven en una casa grande ubicada en la Lotificación Antonieta, donde no hay una presencia activa de pandillas. Ana Lilian tiene un puesto en el mercado de Quezaltepeque. Miguel Ángel Deras padre trabaja para la alcaldía desde hace 27 años, salvo el trienio 2012-2015, cuando Arena llegó al poder y lo despidió por ser uno de los cargos de confianza del hoy diputado efemelenista Manuel ‘Chino’ Flores. “El Chino es gran amigo mío; de niños, sus hijos y Miguelito jugaban juntos en el mismo equipo de fútbol”, dice el padre. Miguel se graduó en 2012 de bachiller general en el Instituto Nacional Juan Pablo II, en Nejapa, y el despido de su padre lo desanimó de ir a la universidad. En 2015, Miguel Ángel Deras padre se reintegró en la planilla de la municipalidad, amparado por una sentencia judicial. Con el dinero de la indemnización por la improcedencia del despido, alquilaron un localito en el centro de Quezaltepeque y abrieron una coctelería, que tiene los cócteles de conchas y de camaroncillo como principal reclamo de su menú. El negocio lo administran Miguel y Alberto Domínguez.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

En un municipio como Quezaltepeque, en el que las fronteras de los sectores controlados por la Mara Salvatrucha o el Barrio 18 están muy delimitados, Miguel se mueve con relativa libertad. Vive en la Antonieta, rodeado de canchas firmes de la 18; lleva a su sobrina al Colegio Adventista, en la otra punta de la ciudad, cerca del redondel de la fábrica Corinca; el puesto de su madre, que visita con frecuencia, está en un sector del mercado bajo influencia de la Mara Salvatrucha; la coctelería, a tres cuadras del parque Central. Viaja seguido a la capital, a Santa Ana para ver al FAS, incluso hace escapadas con sus amigos a la playa El Tunco, en La Libertad. No parece el tren de vida de un marero activo.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

Un veintena de personas juran y perjuran que la mañana del jueves 3 de marzo, día de la masacre de Opico, Miguel hizo lo mismo que el 2 y el 4 de marzo, su rutina desde que comenzó a administrar la coctelería a mediados de 2015. Mañaneó, fue a dejar en mototaxi a su sobrina al Colegio Adventista, incluso se tomó una foto con ella que subió a su Facebook a las 7:22 a. m., se reunió con su padre para que le diera 30 dólares, se fue en Coaster con una mochila alpina al sector de mariscos del mercado Central de San Salvador, donde compró 150 conchas a nueve dólares el ciento, dos dólares de pancitos duros y el resto en camaroncillo fresco. Regresó tipo 10 y media para abrir la coctelería y se puso a jugar maquinitas; en esas estaba cuando llegó su socio Alberto Domínguez, quien también respalda con su testimonio la versión.

Pero la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero, de que su taka es el Slipi de la Santa María, y de que es un asesino desalmado.

Habitación en la que vive Miguel Ángel Deras, en la que no se aprecia la más mínima referencia que implique la pertenencia al Barrio 18 que la Fiscalía atribuye a Miguel Ángel Martínez. Guns N' Roses es un reconocido grupo metalero estadounidense, en las antípodas de la música rap y hip-hop con la que más se identifica el fenómeno de las pandillas. Foto Roberto Valencia.

Habitación en la que vive Miguel Ángel Deras, en la que no se aprecia la más mínima referencia que implique la pertenencia al Barrio 18 que la Fiscalía atribuye a Miguel Ángel Martínez. Guns N’ Roses es un reconocido grupo metalero estadounidense, en las antípodas de la música rap y hip-hop con la que más se identifica el fenómeno de las pandillas. Foto Roberto Valencia.

A Miguel lo detienen unos minutos antes del mediodía del martes 17 de mayo, en su día libre. A las 10:52 a. m. había escrito su último mensaje de Whatsapp a su novia, Jackeline Jiménez: “Okizz mi amor aver si no viene cansada”. Un pick up nuevo y blanco, sin ningún tipo de distintivos, llegó con seis militares y dos policías. Él les abrió y se lo llevaron a la subdelegación policial de Quezaltepeque, y de ahí, ya en la tarde-noche, a las bartolinas de Lourdes, en Colón, que por su tamaño y hacinamiento ya se conocen con el sobrenombre del Penalito. Esa detención se tradujo en dos procesos judiciales distintos: el primero, por agrupaciones ilícitas –nombre legal que recibe la pertenencia a una mara u otra agrupación de naturaleza criminal–, con un requerimiento fiscal tan débil que incluso mentía al aseverar que Miguel fue detenido a las 7 de la noche en la colonia Primavera, y sobre el que el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque concluyó, el lunes 23 de mayo, que ni siquiera ameritaba la detención provisional; el segundo proceso es el de la masacre de Opico, por el que el fiscal Castaneda Guevara pide no menos de 344 años de cárcel para Miguel, e igual número para los otros ocho involucrados.

Porque la Fiscalía está convencida de que Miguel es pandillero.

***

Mediodía del lunes 23 de mayo de 2016. Miguel sale de la pequeña sala que acoge el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque. Lleva la camisola y los chores blancos que la PNC entrega ahora a los detenidos relacionados con pandillas. Una jueza acaba de decirle que el caso con el que la Fiscalía pretendía que él y otros cinco jóvenes fueran privados de libertad por agrupaciones ilícitas no tiene sustancia suficiente. Miguel luce somnoliento y huele a bartolina, pero acepta platicar.

—En realidad… no sé qué hago aquí, porque yo no tengo ningún vínculo con pandillas –dice.

—Alguien ha tenido que decir que formas parte de la clica.

—Pero no tengo ni la menor idea. Adentro he hablado con los bichos, y ellos mismos me han dicho que ni saben por qué yo estoy aquí. Uno me dijo: “Sí se pelaron con vos…”

En el requerimiento de la Fiscalía identificado como 64-UDHO-LL-16, el referido a la masacre de Opico, el testigo criteriado Islámico identifica con precisión al Slipi de la Santa María como uno de los jóvenes que participó en la matanza, con un rol destacado. En la página 17 lo describe: “De 18 años de edad aproximadamente, de complexión física delgada, piel negra, cabello negro, de un metro con sesenta centímetros de estatura aproximadamente, residente en colonia Santa María, Quezaltepeque, no le ha visto tatuajes y es soldado o gato de la cancha de la Santa María”. Miguel tiene 22 años y vive en la lotificación Antonieta, casi en la otra punta de la ciudad.

—Yo no soy pandillero y no tengo… o sea, enemigos, o sea… yo no tengo enemigos –dice Miguel.

—¿Cómo explicas lo que te está pasando?

—No le he hallado… porque yo jamás me he metido en problemas. Ni sé por qué me tienen vinculado.

Al salir del juzgado, un hombre llamado Carlos González se acerca al periodista, se identifica como amigo de Miguel y pregunta por él. Con el celular muestra un par de fotos de hace varios años en las que se ve a ambos. A Carlos todos le dicen Charly, tiene una parte del pelo teñido de rubio, viste colorido y vive de su puesto en el mercado, donde arregla ropa. Es homosexual y lo lleva con orgullo.

En el submundo de las pandillas, la homosexualidad –el culerismo, dicen– está vista como una de las desviaciones intolerables en un homie, razón más que suficiente para ser asesinados. Miguel y Charly son amigos desde hace años.

Pero el fiscal Castaneda Guevara está convencido de que Miguel es pandillero.