El patrimonio líquido del diputado Reynaldo Cardoza superó el millón de dólares. De El Faro

Esta es la primera de una serie de entregas sobre el patrimonio de los diputados. ¿Cómo mejoran sus cuentas los funcionarios públicos salvadoreños en el transcurso de los años? Este es el caso del diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, y de cómo en sus primeros seis años como legislador el patrimonio líquido suyo y de su grupo familiar se multiplicó por siete al pasar de poco más de 163 mil dólares a más de un millón.

Sergio Arauz, 31 agosto 2015 / EL FARO

Reynaldo Cardoza inició su carrera en 2009, cuando ganó por primera vez una diputación. Ha logrado tres elecciones consecutivas como diputado por el departamento de Chalatenango. Al inicio y al final de cada legislatura, Cardoza -como todos los funcionarios de mayor relevancia- debe entregar una declaración jurada de su patrimonio: casas, terrenos, vehículos, ingresos, cuentas bancarias, inversiones, empresas…

Declaración que por ley, debía mantenerse en secreto, hasta cuando el pasado 27 de julio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios y que la reserva de la que habla la Constitución se refiere solo a datos personales.

En 56 años que tiene de vigencia la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, esta es la primera vez que la Sección de Probidad da información sobre el patrimonio de los diputados o de otros exfuncionarios como presidentes de la República.

Según la versión pública de la primera declaración del diputado Cardoza, en 2009, el legislador del Partido de Conciliación Nacional (hoy Concertación Nacional) tenía junto con su grupo familiar (cónyuge e hijos) un patrimonio líquido valorado en 163 mil 618 dólares.

El patrimonio líquido es el monto que resulta de restar las deudas al total del patrimonio que posee una persona. El patrimonio lo forman todos los bienes del legislador -muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones en empresas…- y ya para 2009 Cardoza declaró bienes inmuebles -terrenos o casas- valorados en 405 mil dólares. Ese mismo año, sus deudas eran de 243 mil dólares, sus activos superaban los 400 mil dólares y él o su grupo familiar no eran acreedores de nadie. Es decir, sus cuentas por cobrar estaban en cero.

El diputado por Chalatenango fue miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en el trienio 2012-2015, y en la que inició en mayo pasado ocupa el cargo de secretario. Ahora es parte de la Comisión de Cultura y de la de Defensa.

Tres años después de haber iniciado su carrera como diputado, en 2012, los cambios más drásticos que reflejó su nueva declaración patrimonial estaban en cuatro rubros: a él y su grupo familiar les aparecen cuentas por cobrar por 577 mil dólares. Además, aquella deuda de casi un cuarto de millón de dólares que reportó en 2009 se vio reducida en tres años a menos de 54 mil dólares. Sus activos, que en 2009 estaban un poco por encima de 400 mil dólares, en 2012 superaron el millón de dólares y su patrimonio líquido se acercó al millón.

Para 2015, Cardoza y su grupo familiar poseían un patrimonio de 1.2 millones de dólares y su deuda era de tan sólo 2 centavos de dólar. Este año, el cambio más destacado en su historial desde 2009 es que sus bienes inmuebles (terrenos, casas, edificios, etc.) pasan de poco más de 300 mil dólares a más de un millón. Las cuentas por cobrar por más de 500 mil dólares que aparecieron en su declaración de 2012 se han extinguido.

¿Quién le debía ese dinero? ¿Cómo pagó más de 180 mil dólares en deudas con un salario anual de 48 mil dólares? Aunque en su ficha de la Corte Suprema de Justicia aparece como comerciante, dejó en blanco la casilla en la que los funcionarios deben declarar sus inversiones o empresas.

El Faro buscó una entrevista con el diputado Cardoza, pero este dijo vía telefónica que no tenía tiempo. En una breve conversación por teléfono, el diputado explicó -sin muchos detalles- que su patrimonio creció debido a una herencia.

—Su patrimonio empezó con un poco más de 163 mil dólares en 2009 y ahora es de más de un millón de dólares.

—¡Ahhhh! ¡Claro! ¡Claro, tengo más de un millón de dólares, lo que pasa es que usted distorsiona la noticia, distorsiona la noticia.

—No. No.

—Ustedes cómo Faro distorsionan la noticia y después no dan derecho a respuesta. Así hicieron con El Cártel de Texis.

—Cuénteme ahora para entender.

—Ustedes hicieron una nota periodística donde un policía, supuestamente, les iba contando en el camino.

—En abril de 2012, cuando terminó la legislatura 2009-2012, usted declaró que alguien le debía 577 mil dólares. ¿Quién le debía 577 mil dólares?

—Mire, ahorita no lo puedo atender, es la verdad, estoy en el pleno, ocupado, y vaya a ser que usted me confunda y me comience a distorsionar la noticia.

—¿Y cómo hacemos, nos puede recibir?

—Bueno, llame otro día, por favor.

El diputado interrumpe la llamada telefónica.

Hace 10 años, Reynaldo Cardoza estaba lejos de ser uno de los salvadoreños con mayor responsabilidad en el país. El 13 de septiembre de 2005 fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue detenido junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un expolicía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado.

Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores. En noviembre de 2005 salió libre al pagar una fianza de 2 mil dólares. En noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Años después, documentos de la Policía ubican a Cardoza en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado.

En enero de 2009, fue elegido diputado del PCN. En la legislatura 2012-2015 ganó la diputación junto a su amigo Wilver Rivera Monge, al que llevó como diputado suplente. Rivera Monge perdió su fuero en septiembre del año pasado, cuando fue señalado como una persona que lavaba dinero y facilitaba vehículos para el transporte de cocaína. Guarda prisión preventiva en el penal de Metapán mientras continúa su causa penal por el blanqueo de casi 10 millones de dólares. Este exdiputado suplente de Chalatenango, dice la Fiscalía, formó parte de la organización que dirigía el supuesto narco Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, conocido como El Repollo.

Ese escándalo de su suplente no perjudicó a Cardoza, quien en marzo de 2015 ganó por tercera ocasión consecutiva uno de los tres escaños chalatecos. Cardoza recibe su paga como diputado por medio de cheques. Una fuente administrativa de la Asamblea Legislativa aseguró que de los 84 legisladores propietarios, es el único que pidió que sus salarios se le paguen de esa forma y no con depósito a cuenta bancaria como se hace con el resto de parlamentarios.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL PATRIMONIO
DEL DIPUTADO REYNALDO CARDOZA DE 2009 A 2015

Son terroristas. ¿Ahora qué? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La Sala de lo Constitucional resolvió hace unos días cuatro demandas en contra de distintas disposiciones de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT).

Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 31 agosto 2015 / LPG

La Sala declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones señaladas, y en otras determinó que no existían los vicios invocados.

Pero lo que más se ha destacado de esta decisión –incluso por la misma Sala– es la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas. Vale la pena decir que el objeto de esos procesos de inconstitucionalidad no era obtener ese tipo de declaratoria. De la relación que se hace en la sentencia sobre las pretensiones de los demandantes no se advierte que estos se hayan referido a las pandillas.

Incluso, si hacemos una revisión histórica, la LECAT no fue impulsada por acontecimientos relacionados con las pandillas. Fue decretada en septiembre de 2006 a partir del asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, hechos que ocurrieron en el marco de una manifestación de carácter político en julio de ese año.

La LECAT establece una definición de “organizaciones terroristas”, pero no concreta un señalamiento sobre grupos en particular que se consideren como tales, de manera que serían los tribunales penales, en el conocimiento de cada caso concreto, quienes atribuirían esa calificación a determinados grupos.

En su decisión, la Sala considera como terroristas a quien incurra en el uso de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo, a quien afecte bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración, y a quien cause potenciales daños al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.

Y es dentro de esa caracterización, que la Sala es categórica al declarar que las pandillas son organizaciones terroristas. Incluso particulariza, entre ellas, a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.

Tal declaratoria es pronunciada en el contexto del análisis sobre la constitucionalidad de la definición legal de “terrorismo”, de manera que la cita respecto a las pandillas en realidad tiene un carácter ejemplificativo que pudo no haberse incluido por la Sala porque no era ese el objeto del recurso promovido. Ese pronunciamiento ocurre por la mera iniciativa de la Sala.

Ahora bien, el único efecto que se colige de tal declaratoria es que se aplicará –ahora sin cuestionamientos o dudas– la LECAT a los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas; particularmente a los de la Mara Salvatrucha y a las facciones revolucionaria y sureña de la pandilla 18.

Es importante que las autoridades comprendan eso y es necesario que lo trasladen a los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil, y a los miembros de la Fuerza Armada. Esto a fin de que nadie –y menos una autoridad de seguridad o defensa– tergiverse los efectos de tal declaratoria. La decisión de la Sala no puede interpretarse como una patente de corso para aniquilar pandilleros ni para cometer otro tipo de abusos.

Esto es importante porque en los últimos meses se han publicado reportajes periodísticos que señalan indicios de ajusticiamientos y abusos cometidos por las autoridades. Acciones de esa naturaleza escapan de la legalidad y el Estado de Derecho, por lo que, de ocurrir, deberán promoverse investigaciones por parte del inspector general de la PNC, el fiscal general de la República y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Reiteramos que en el CEJ estamos preocupado por la crisis de violencia provocada por las pandillas. Por eso apoyamos que las autoridades adopten medidas enérgicas y represivas para enfrentar a esos grupos ahora declarados terroristas. Pero también nos oponemos vehemente a los abusos de autoridad. No queremos que las instituciones de seguridad y defensa se conviertan en aquello contra lo que combaten, en un grupo delictivo más.

Un acuerdo muy prometedor que esperamos se concrete de manera progresiva y consistente en los hechos. Editorial La Prensa Gráfica

Ayer Segunda Vuelta publicó la «Declaratoria Conjunta de Ataco» de los partidos políticos, y convocó al debate público sobre este primer acuerdo de la Interpartidaria. La primera reacción pública es el editorial de La Prensa Gráfica. El debate está abierto.

Segunda Vuelta

31 agosto 2015 / Editorial LPG

La problemática generada por la inseguridad galopante que padecemos ha hecho que la misma realidad esté demandando, con creciente apremio, que los actores políticos se pongan en línea en la búsqueda de soluciones que vayan devolviéndole al ambiente la normalidad perdida. Resulta evidente que ha venido dándose, en especial por parte de las organizaciones partidarias, una tozuda resistencia a la búsqueda de entendimientos para enfrentar en común dicha problemática, pero la realidad se impone frente a los intereses particularizados y es lo que empezamos a comprobar una vez más en este momento.

El pasado jueves y viernes, en una encerrona en las refrescantes alturas de Ataco, los principales representantes de los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC llegaron a muy importantes acuerdos para encarar el tema delincuencial en común, dando señales concretas que apuntan a crear una atmósfera política propicia de aquí en adelante. Si bien es cierto, como decíamos, que el fenómeno real es algo a lo que nadie puede escapar de manera permanente, por más resistencias que se pongan en juego, en los acercamientos positivos que resultaron de la encerrona aludida vuelve a hacerse patente aquello que es enseñanza de la sabiduría popular que viene rodando desde siempre: el que quiere, puede.

Los 10 acuerdos concretos a los que se llegó dan pie para confiar en que habrá resultados también concretos. Ahí se incluyen cuestiones como el apoyo al Plan El Salvador Seguro, el fortalecimiento de las instituciones directamente encargadas del combate y la prevención de la violencia, la evaluación institucional del establecimiento de jueces sin rostro, la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito, el apoyo a las medidas para asegurar el bloqueo de las señales telefónica en los centros penales, entre otras. Y, desde luego, una cuestión que viene de generar gran confrontación política: el punto de la aprobación de los 900 millones de dólares en endeudamiento, acordado a última hora por la legislatura pasada. Hoy, en muestra de distensión muy elocuente, los partidos han decidido solicitar a la Asamblea Legislativa, configurada con ellos mismos, que exhorte a la Sala de lo Constitucional a que dé pronta resolución al recurso presentado contra aquella decisión legislativa.

Hay un acuerdo que se relaciona directamente con la función de los medios de comunicación: la exhortación a que, dentro del marco del respeto a las libertades de expresión y de prensa, contribuyan a propiciar un ambiente acorde con los esfuerzos y avances institucionales en el área de seguridad ciudadana. En lo que a nosotros corresponde, la práctica cotidiana se ha orientado siempre a presentar los hechos a la luz de la verdad; y, dentro de ese marco, la contribución al ambiente positivo es factor determinante de nuestra política informativa y formadora de opinión. Apoyamos, pues, todos los empeños institucionales que apunten a la dinamización del bien común.

Insistimos en la trascendencia de esta señal de armonía interpartidaria, que se pone en la línea de lo que la ciudadanía demanda desde hace tiempos. Ahora sólo queda esperar que lo acordado en las palabras pase a ser realidad verificable en los hechos. Le damos a esta iniciativa el beneficio de la confianza, en plan vigilante. Y reiteramos nuestra convicción de que la realidad es, en definitiva, la que manda.

Otto Pérez: Preso de su propia cobardía. De Jose Rubén Zamora

José Ruben Zamora, fundador de El Periódico de Guatemala

Jose Rubén Zamora, 31 agosto 2015 / elPERIODICO

No es que Pérez Molina tenga un cuero impenetrable, que carezca de emociones, que su cinismo no conozca fronteras, que su sordera sea profunda. Más bien, está preso de su propia cobardía y experimenta pánico y pavor de perder su inmunidad presidencial, pues iría de inmediato tras las rejas.

Su único objetivo es llegar al 15 de enero de 2016, día en que dejará la inmunidad de su puesto y empezará a gozar de la inmunidad del Parlacen. Sabe que es la única senda para quedar impune. Se quedará contra viento y marea, a menos que encontremos una estrategia inteligente y audaz de desobediencia civil, no violenta, que lo obligue a entregar la Presidencia de la República.

Por ahora, es fundamental enfocar la presión pública en la Junta Directiva del Congreso, presidida por Luis Rabbé, un hombre rudimentario, con excesivas limitaciones, testarudo, sin nodriza intelectual que lo corrija, quien cree que Guatemala son las oficinas del monopolio de televisión y la cadena de radios, encabezada por Sonora, donde desde niño se ha comportado sin modales, maneras ni educación, sin respetar ni escuchar a nadie.

Hay que mostrarle que no tememos a sus usuales infamias y berrinches y que si no lo educaron en casa, encontrará padres en la calle que lo corrijan y lo pongan en su sitio. Aunque su perro servil y faldero, Arnulfo Guzmán se ría y mofe de nosotros, como la pestilente y hedionda hiena que es.

Esta semana, nuestra tarea colectiva es abarrotar el Congreso, inundarlo de gente decente, de telegramas, de llamadas, de correos electrónicos, mensajes por redes sociales y cualquier camino alternativo hasta que la Directiva convoque al pleno y este retire el derecho de antejuicio a Otto Pérez Molina y, por lo tanto, su inmunidad, y pueda ser juzgado como es debido.

Gobierno con $772.7 Mlls. de préstamos sin usar desde 2011

Muchas de las escuelas públicas del país necesitan material didáctico, mobiliario nuevo y rehabilitar edificios.

Eugenia Velásquez, 31 agosto 2015 / EDH

Mientras el Gobierno plantea ante la Asamblea Legislativa la necesidad de adquirir más deuda por no contar con los recursos suficientes para combatir la inseguridad y cumplir con los programas sociales, en la Memoria de Labores presentada a los diputados por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en junio de este año, se desprende que el Gobierno no ha utilizado ni un cinco de $448.6 millones de fondos provenientes de nueve préstamos para diferentes rubros, algunos de ellos aprobados desde 2013.

También presenta una baja ejecución en 12 empréstitos más que datan desde 2011 con distintos organismos internacionales. La deuda de estos asciende a $484.3 millones, de los cuales y, según información de Hacienda, a mayo de este año, sólo se han ejecutado $160.3 millones.

En total son $772.7 millones en préstamos que el FMLN desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes no ha podido ejecutar hasta la fecha, aunque sí ha utilizado el cien por ciento de $5,059.7 millones entre deuda de libre disponibilidad y emisión de bonos. (Ver más detalles en nota aparte).

Dentro de los préstamos en los que el Gobierno no ha ejecutado ni un solo centavo destaca el firmado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) por $71 millones el 3 de octubre de 2013.

El dinero fue aprobado por la Asamblea Legislativa para comprar brazaletes electrónicos con el fin de descongestionar las cárceles, así como para ampliar el penal de Izalco y crear granjas carcelarias.

De estos fondos, y según consta en la memoria de labores de Hacienda, el Estado no ha ejecutado absolutamente nada. Es más, reclama a la oposición política su rechazo a la creación de un impuesto para seguridad y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por haber congelado la emisión de $900 millones en bonos, de los cuales $100 millones eran para el combate a la delincuencia.

Seguridad y agricultura

La presidenta del Congreso, Lorena Peña, del FMLN, matizó en días pasados que el atraso en ejecutar los $71 millones del préstamo con el BCIE se debe a que antes de implementar los brazaletes electrónicos se debe modificar la Ley Penitenciaria, una tarea pendiente por parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, argumentó (Ver más en la siguiente página).

Otro préstamo que data de 2013 es el de Desarrollo y Modernización Rural (Prodemor Central Fase II) ratificado el 21 de noviembre de 2013 por un monto de $14.8 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Estos fondos servirían para apoyar con proyectos de producción de granos básicos a varios municipios de la zona central y paracentral del país, tales como Cinquera, Dolores, Guacotecti, Ilobasco, Jutiapa, San Isidro, Sensuntepeque, Tejutepeque y Victoria, todos de Cabañas.

También en Cojutepeque, Suchitoto, San Pedro Perulapán, San José Guayabal, Tenancingo, San Rafael Cedros, Candelaria, El Carmen, Monte San Juan, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Bartolomé Perulapía, San Ramón, El Rosario, Oratorio de Concepción, y Santa Cruz Analquito, en el departamento de Cuscatlán; entre otros.

En las mismas condiciones se encuentra un préstamo por $16.2 millones para la recuperación social y económica del Centro Histórico de San Salvador. Este acuerdo se firmó con la Institución Financiera Italiana (IF) Artigiancassa, S.P.A., el 2 de mayo de 2014.

Para turismo

Con nula ejecución se detalla también el crédito para el desarrollo turístico de la franja costero-marina entre La Libertad y Usulután por $25 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Turismo, Napoleón Duarte, expresó en su momento que el dinero sería destinado a incrementar el ingreso y empleo que genera el sector turismo en las zonas de La Libertad y de la Bahía de Jiquilisco, de Usulután. “En particular para determinados grupos vulnerables de la población local, generando alternativas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad de dichas áreas”, manifestó Duarte.

Estos son algunos de los empréstitos en los que el Gobierno no ha ejecutado nada.

Para salud

Pero hay otros préstamos que datan desde 2011 que presentan una baja ejecución, por ejemplo, uno de $80 millones para el fortalecimiento del sistema de salud público con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que representa al Banco Mundial.

Según el ministerio de Hacienda, de este préstamo sólo se han ejecutado $5.1 millones a marzo de este año, siendo que los fondos están destinados a ampliar la cobertura en los sistemas de atención de salud, con un enfoque especial para la atención en el área rural, además de invertir en equipo médico y atención de emergencia de 16 hospitales y equipamiento para 14 más.

La ratificación de este préstamo tardó en la Asamblea, ya que ARENA pidió que antes de aprobarlo se redistribuyeran $9.3 millones para comprar una nueva bomba de cobalto para dar tratamiento a los pacientes con cáncer, así como para un equipo de hemodiálisis en el hospital de Usulután. El partido otorgó sus votos hasta que se redistribuyó el dinero de la deuda.

Pero han pasado cuatro años y pese a tener esos $80 millones las carencias en los hospitales siguen en aumento. Los sindicatos de los hospitales Rosales y el Bloom han protestado por la falta de medicamentos y de equipos para atender a los pacientes.

Para educación

En igual circunstancia se encuentra otro préstamo para Educación de $60 millones, fondos que serían utilizados para implementar la Educación de Tiempo Pleno, una de las apuestas de campaña electoral del actual presidente Salvador Sánchez Cerén.

En el informe de Hacienda se indica que hasta mayo de este año, de esos $60 millones el Gobierno solo ha ejecutado $12.1 millones.

Para Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Rural Urbana y Urbano Marginal de El Salvador (Simeduco), el atraso en echar a andar esos fondos se los atribuye al “fracaso” del programa de Tiempo Pleno, porque no ha tenido continuidad.

“Fue un proyecto que se ejecutó como proyecto piloto en varias escuelas, el último informe que tuvimos fue que de las 5,264 escuelas únicamente se habían convertido en escuelas inclusivas de tiempo pleno 64”, afirmó.

Y aseguró que fueron a verificar cómo estaban funcionando las escuelas y se percataron que esos 64 centros escolares ya estaban funcionando como “Escuelas 10”, un programa que instalaron los gobiernos anteriores.

“Sólo les cambiaron el nombre, la diferencia fue en cuanto al tiempo de atención. Lo que hicieron fue alargar la jornada de atención a los estudiantes para permanecer todo el día en la escuela, pero esta estrategia se les ha caído en la mayoría de escuelas. En algunos centros educativos el Gobierno había contratado empresas para que vendieran almuerzos, pero los primeros tres meses dejó de pagarles y ya no le prestaron el servicio”, explicó.

Zelada añadió que a raíz de esto los alumnos se iban a sus casas y por la tarde ya no tenían obligación de retornar a la escuela, por lo que muchos maestros contratados para ese programa se han quedado como un recurso “semidesperdiciado”, dijo el sindicalista.

Pedirán explicaciones

Para la efemelenista Lorena Peña no es cierto que hayan préstamos sin ejecutar o que tengan déficit de inversión. “Vamos a pedir que se revisen esos datos, porque efectivamente los préstamos tienen un tren de ejecución que está diseñado en el documento mismo; nunca se gasta el 100% en un año, el gasto principal va en los últimos dos o tres años. No es real que hayan préstamos al cero por ciento”, defendió.

Pero ARENA critica el galopante endeudamiento que han tenido los dos Gobiernos del FMLN. La legisladora Milena de Escalón expresó que si bien algunos préstamos no se pueden desembolsar de una sola vez, no hay excusas para la baja ejecución y, peor aún, para no haber invertido nada de varios créditos que fueron aprobados desde 2013.

Según De Escalón, no hacer uso de ese dinero podría tener una finalidad escondida. “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, acotó.

Y agregó que cada préstamo tiene su propia unidad de seguimiento de ejecución, por lo que ARENA pedirá el detalle del avance de cada uno.

Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que “sería una lástima que tanto que cuesta aprobar un préstamo y que la ejecución sea cero o con un porcentaje muy deficiente”, por lo que añadió que también pedirán explicaciones.

De igual forma, Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, afirmó que pedirán cuentas y dijo que se debe analizar en qué ha gastado el Gobierno los fondos. “Dónde ha fallado el Gobierno para no dar esa información en forma oportuna”, cuestionó.

 “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, Milena Calderón de Escalón, ARENA

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Gobierno tiene $138 Mlls. para seguridad que aún no ejecuta

Son producto de tres préstamos, el más antiguo fue aprobado en 2013.

Denuncian hacinamiento de policías por nuevas medidas de seguridad

Edmee Velásquez/Eugenia Velásquez, 31 agosto 2015 / EDH

Aunque el FMLN sigue pidiendo a la Sala de lo Constitucional, a través de sus diputados y del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que quite las restricciones para que el Gobierno pueda emitir $900 millones en bonos y combatir la delincuencia, tienen al menos $138 millones en préstamos que no han usado.

Estos fondos, que son producto total de tres créditos otorgados por igual número de instituciones bancarias a nivel mundial, fueron aprobados entre 2013 y 2015 por la Asamblea Legislativa, para ser gestionados y disponer del dinero para el combate de la violencia.

Por ejemplo, el empréstito más antiguo es el otorgado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue avalado por la Asamblea el 3 de octubre de 2013. Son $71 millones de los que puede disponer el Gobierno para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.

Según el decreto 503, se aprobó el contrato de préstamo Nº 2102 con el BCIE y desde ese año el Ejecutivo cuenta con esos fondos para mejorar el sistema penitenciario pero hasta la semana pasada no se había utilizado nada de ese dinero. Al menos no se ha informado públicamente.

Fue el pasado 20 de agosto, durante un acto público de las obras con las que se finalizará la tercera etapa del penal de Izalco, que las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad anunciaron que se utilizarán $8 millones, de los $71 que están disponibles.

Según reportes del Ministerio de Hacienda, que están en su página web, hay otros proyectos que pese a tener fondos asignados no han sido ejecutados como: la ampliación del Centro Penal de Izalco, la readecuación de granjas penitenciarias tanto en Izalco (Sonsonate), como en Zacatecoluca (La Paz) y en el municipio Santa Ana (Santa Ana).

En los reportes de 2014 y 2015 también se establece que parte de los fondos del préstamo del BCIE están destinados para el fortalecimiento institucional, pero cuando se revisó el monto ejecutado hasta el momento, aparece que es de cero.

Otro fondos otorgados al país por parte de instituciones extranjeras son los del banco alemán gubernamental Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), los cuales fueron aprobados el 9 de abril de 2015.

Se trata de 17 millones de euros ($22 millones), de los cuales €7 millones fueron dados en calidad de préstamo (poco más de $9.1 millones) y €10 millones son producto de donación (poco más de $12.8 millones).

En la memoria de labores más reciente del Ministerio de Hacienda, presentada en junio de 2015, se ven reflejados solo los $9.1 millones del préstamo y ahí se establece que aún no se ha hecho ningún desembolso al momento.

Según los documentos, este dinero está destinado para financiar el proyecto “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR”.

Según las condiciones del contrato, ese dinero será utilizado únicamente para la construcción , reparación y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, cofinanciamiento del trabajo y la capacitación con jóvenes.

Y el tercer préstamo es el contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $45 millones. Este fue avalado por la Asamblea el 9 de abril de 2015, pero tampoco se ha utilizado el dinero. Estos fondos están destinado para un programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia.

Algunos de los proyectos en los que se debe invertir estos recursos son los brazaletes electrónicos, dotación de equipamiento para centros penales, sistemas que permitan identificar, controlar y vigilar la introducción de objetos ilícitos a las penitenciarías y proyectos que ayuden a prevenir la violencia juvenil.

El BID informó a diputados de la Comisión de Hacienda, en julio pasado, que hasta el momento no se ha ejecutado ni una parte de esos fondos.

Ante tal situación, diputados y representantes de partidos políticos han cuestionado que no se usen los fondos.

Carmen Elena de Escalón, diputada de ARENA y miembro de la Comisión de Hacienda, considera que el motivo por el cual esto ocurre son por fines “electoreros”.

“Tendríamos que ver el préstamo para cuando quedó el primer desembolso (sobre el de $45 millones) y porqué no se hizo. Fue aprobado y ratificado en abril debería estar ejecutándose, (aunque) no en su totalidad”, afirmó.

Misael Mejía, diputado del FMLN, manifestó que el informe de Hacienda ya tiene desfase “de algunos días” y dice no creer que la ejecución de estos fondos este a cero.

“El informe, bueno, tendría que revisarlo, no es de que esté a cero. ARENA miente cuando plantea que para el tema de seguridad hay recursos, eso no es cierto”, defendió.

Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, expresó que el Gobierno debería estar asegurando la ejecución de esos fondos.

“Hay que pedir explicaciones al Ejecutivo (sobre) qué está pasando. Algunos préstamos están destinados exclusivamente para medidas especificas”, indicó.

Rodolfo Parker, diputado del PDC, afirmó que le exigirán al Gobierno la ejecución de los préstamos.

“¿Cuál es la manera de resolverlo? Que la ley exija poner un techo mínimo del 80% de ejecución, como se ejecutan  cada año (los préstamos), según los convenios, en ese marco que se exija”, expresó.

Lecciones guatemaltecas. De Cristina López

El jueves 27 de agosto pasará a la historia como el día que los guatemaltecos, bajo el estribillo de “Yo no tengo presidente”, abarrotaron calles y plazas, cerraron negocios (acarreándose pérdidas personales) y pospusieron clases, todo para pedir a una sola voz la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, luego de que se encontrara evidencia de sus vínculos con una estructura de corrupción.

Cristina López, 31 agosto 2015 / EDH

La manifestación unió sectores que rara vez concuerdan: desde los feudalismos corporativistas de las asociaciones empresariales, temerosos de cambios radicales al statu quo, hasta  estudiantes; desde grupos religiosos hasta grupos étnicos, a menudo manipulados y excluidos. Toda una manifestación de orden espontáneo –-o la armonía que resulta cuando a intereses encontrados les une el mutuo beneficio-– que, como diría el periodista guatemalteco Luis Barrueto, “le habría sacado lágrimas al economista austríaco Frederick Hayek”. El despertar ciudadano tiene todos los méritos para despertarle el optimismo a cualquiera.

La tolerancia a la corrupción por parte de la población se ha reducido a cero, se están creando estructuras de reacción cívica que estarán prontas a activarse para lo que se venga en el futuro y lo más importante: la gente está poniendo atención y ya se dio cuenta que ni el pan y el circo alcanzan, porque hasta eso se están robando.

Sin embargo, la realidad puede mancillar este optimismo, pues todavía no hay garantías de que a Pérez Molina se le logre llevar a la justicia.

El presidente está aferrándose a la inmunidad que le da su cargo. Probablemente comprando tiempo y negociando alianzas con la oposición legislativa para conseguir salir airoso del antejuicio que le podría quitar el fuero. Y ni siquiera tiene que aferrarse demasiado: todo indica que si aguanta hasta el fin de su período en enero (o en su defecto, logra negociar que no le quiten el fuero), puede entonces lanzarse de clavado en las aguas de la inmunidad que le acogerán en el Parlacen, junto a otros compadres de similares historiales. A Guatemala le esperan elecciones, y todo indica que el ganador será Manuel Baldizón –populista que no desentonaría en un coro integrado por Rafael Correa y Daniel Ortega-– en una contienda donde los perdedores no son muchísimo mejores. Un panorama electoral equivalente a salvarse de un barco que se hunde para caer en aguas infestadas de tiburones. Ojalá la ciudadanía guatemalteca no se desanime y sepa que esta es una lucha de largo plazo, pues el paro generalizado del 27A es solo el primer ladrillo para mantener al margen a quien venga después.

La lección más valiosa para nosotros, los vecinos de la región, es la que contesta la pregunta “¿para qué sirve una Comisión Internacional contra la Impunidad?”. Cuando se ejecuta como lo ha hecho el colombiano Iván Velásquez en Guatemala (de manera técnica y sin politiquerías) una CICIES nos serviría para lo que tanto necesitamos: iniciar investigaciones necesarias, convertir rumores en evidencia y despertar a la ciudadanía. Todo con tal de evitar que el poder siga siendo usado para evadir a la justicia e impulsar carreras beneficiadas por la corrupción. ¿Qué estamos esperando?

@crislopezg

La «Declaratoria Conjunta» de Ataco/Interpartidaria

Este proceso de diálogo interpartidario, que en su reunión de Ataca del 27/28 de agosto producjo un primer documento conjunta, requiere que se documente y que la sociedad civil lo pueda debatir. Comenzamos con la reproducción de la «Declararatoria Conjunta» de Ataco, y llamamos a los analistas, los representantes de movimientos ciudadanos, a la acedemia y los centros de pensamiento a comentar y monitorear este proceso. Lo que salga publicado, lo reproduciremos en Segunda Vuelta.

A los catalanes. De Felipe González. Y un editorial de EL PAIS

30 agosto 2015 / Editorial de EL PAIS

A un mes de las elecciones en Cataluña del 27-S, Felipe González dirige hoy desde nuestro periódico una carta abierta a los ciudadanos de esa comunidad. No escribe González como dirigente de un partido, ni puede hablar en nombre de los millones de catalanes y españoles que le votaron en seis elecciones generales consecutivas. Pero tampoco lo hace como un particular que expone opiniones personales, sino como un actor comprometido durante décadas con la causa del progreso de España y que fue durante casi 14 años el presidente del Gobierno.

Las elecciones del 27-S son o pueden llegar a ser, según sus resultados, decisivas para el futuro de millones de ciudadanos. El Gobierno de la Generalitat ha decidido lanzar un desafío a la opinión pública catalana, española e internacional. Sería irresponsable y cobarde mirar para otro lado, y mucho peor aún responder con amenazas, sarcasmos o simples descalificaciones. Es preciso tomárselo en serio y plantear con sencillez, claridad y sentido de la responsabilidad las consecuencias de un voto que puede abrir paso a la declaración unilateral de independencia. La convocatoria del plebiscito que Artur Mas pretende ha logrado ya fracturar a la sociedad catalana y a esta con el resto de España, lo que puede tener efectos muy desafortunados.

El gesto de González recuerda, salvando las distancias, al de Gordon Brown, ex primer ministro de Reino Unido, en vísperas del referéndum escocés. Alarmado por la falta de tino de la campaña por el no a la independencia, Brown, sin duda el político británico de mayor prestigio y proyección fuera de su país, salió de su retiro para decirles a los escoceses, con datos y argumentos, que les iría mucho mejor dentro que fuera de Reino Unido; y para ofrecerles, en nombre de los partidos opuestos a la secesión, que si votaban contra la ruptura se aprobarían reformas institucionales de reforzamiento de su autonomía.

El expresidente español les dice a los catalanes que si “desconectan” de España en lo que sería una grosera violación de la legalidad democrática y un verdadero retroceso histórico, no solo estarán peor sino enfrentados entre sí y con el resto de los españoles, tal vez durante muchas décadas. Ese enfrentamiento lo sería también con Europa, que no toleraría de ninguna manera la partición ilegal de uno de sus Estados, con Iberoamérica y también con una parte sustancial de las democracias avanzadas de todo el mundo, donde los avances tecnológicos y los movimientos progresistas coinciden justamente en la voluntad de derribar fronteras, no de crear otras nuevas.

Ojalá que este mensaje que González expresa con vehemencia y contundencia argumental no caiga en saco roto y sirva para que quienes pueden con su voto evitar esa ruptura, lo hagan. Y para que se rompa el silencio acomodaticio y culpable de muchos responsables de la vida empresarial y cultural de Cataluña.

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A los catalanes

La propuesta que hace Junts pel Sí, esa extraña coalición unida solo por el rechazo a España, puede ser el comienzo de la verdadera “vía muerta” para Cataluña. Rompiendo la legalidad, nadie que tenga la obligación de cumplir la ley va a negociar nada.

Felipe González, ex-presidente del gobierno español

Felipe González, 30 agosto 2015 / EL PAIS

Hace casi dos décadas que salí de la presidencia del Gobierno de España. No tengo responsabilidades institucionales ni de partido. He recuperado la sencilla condición de ciudadano, aunque en todo momento comprometido con nuestro destino común. Por ese compromiso con España, espacio público que compartimos durante siglos, me dirijo a los ciudadanos de Cataluña para que no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes y entre estos y los demás españoles.

Siempre he sentido gratitud por vuestro apoyo permanente y mayoritario para la tarea de gobierno. Siempre, incluso cuando este apoyo era declinante en el resto de España. Y gracias a esta sintonía he podido representaros con orgullo, como a todos los españoles, en Europa, en América Latina y en el mundo. Con vuestra confianza hemos progresado juntos, durante muchos años, superando la pesada herencia de la dictadura, consolidando las libertades, sentando las bases de la sociedad del bienestar y reconociendo, como nunca antes en la historia, la identidad de Cataluña y su derecho al autogobierno.

He creído y creo que estamos mucho mejor juntos que enfrentados: reconociendo la diversidad como una riqueza compartida y no como un motivo de fractura entre nosotros. Para mí, España dejaría de serlo sin Cataluña, y Cataluña tampoco sería lo que es separada y aislada.

La idea de “desconectar” de España, como propone Artur Mas, en un extraño y disparatado frente de rechazo y ruptura de la legalidad, tendría unas consecuencias que deben conocer todos:— Desconectarían de una parte sustancial de la sociedad catalana, fracturándola dramáticamente. Ya se siente esa fractura en la convivencia, y se empiezan a oír voces de rechazo a los que no tienen “pedigrí” catalán. Esos ciudadanos catalanes se sienten hoy agobiados porque se está limitando su libertad para expresar su repudio a esta aventura, porque le niegan o coartan su identidad —catalana y española— que viven como una riqueza propia y no como una contradicción.

EVA VÁZQUE

— Desconectarían del resto de España, rompiendo la Constitución, y por ello el Estatuto que garantiza el autogobierno, y la convivencia secular en este espacio público que compartimos. En el límite de la locura, empiezan a ofrecer ciudadanía catalana a los aragoneses, valencianos, baleares y franceses del sur. Hemos pasado épocas de represión de las diferencias, de los sentimientos de pertenencia, de la lengua, pero desde hace casi cuatro décadas, con la vuelta de Tarradellas, entramos en una nueva etapa de reconocimiento de la diversidad y de construcción del autogobierno más completo jamás habido en Cataluña.

— Desconectarían de Europa, aislando a Cataluña en una aventura sin propósito ni ventaja para nadie. ¿Imaginan un Consejo Europeo de 150 o 200 miembros en la ya difícil gobernanza de la Unión? Porque ese sería el resultado de la descomposición de la estructura de los 28 Estados nación que conforman la UE. ¿Imaginan al Estado francés cediendo parte de su territorio para satisfacer este nuevo irredentismo? Nadie serio se prestará a ello en Europa y, menos que nadie, España, que tanto luchó por incorporarse y participar en la construcción europea, tal como es, con su diversidad y, por cierto, con el máximo apoyo de Cataluña.

— Desconectarían de la dimensión iberoamericana (que tanto valor y trascendencia tiene para todos) y especialmente de Cataluña porque este vínculo se hace a través de España como Estado nación y de la lengua que compartimos con 500 millones de personas —el castellano—, como saben muy bien los mayores editores en esta lengua, que están en Barcelona.

El desgarro en la convivencia que provoca la aventura de Mas
afectará a nuestro futuro

Naturalmente afirman lo contrario: “Solo queremos desconectar de España”. ¿De qué España? ¿La que excluye también Aragón, Valencia y Baleares? Los responsables de la propuesta saben que lo que les estoy diciendo es la verdad, si se cumpliera ese “des-propósito”. En realidad tratan de llevaros, ciudadanos de Cataluña, a la verdadera “vía muerta” de la que habla Mas, en un extraño “acto fallido”.

Vivimos en la sociedad más conectada de la historia. La revolución tecnológica significa “conexión”, “interconexión”, todo lo contrario a “desconexión”. Cada día es mayor la interdependencia entre todos nosotros: españoles de todas las identidades, europeos de la Unión entre 28 Estados nación, latinoamericanos de más de 20 países, por no hablar de nuestros vecinos del sur o del resto del mundo. Pregunten a sus empresas, las que crean riqueza y empleo por esta desconexión.

La propuesta que hace esa extraña coalición unida solo por el rechazo a España, sea cual sea el resultado de la falseada contienda electoral, puede ser el comienzo de la verdadera “vía muerta”. ¿Cómo es posible que se quiera llevar al pueblo catalán al aislamiento, a una especie de Albania del siglo XXI? El señor Mas engaña a los independentistas y a los que han creído que el derecho a decidir sobre el espacio público que compartimos como Estado nación se puede fraccionar arbitraria e ilegalmente, o que ese es el camino para negociar con más fuerza. Comete el mismo error que Tsipras en Grecia, pero fuera de la ley y con resultados más graves.

¿Qué pasó cuando se propuso a los griegos una consulta para rechazar la oferta de la Unión Europea y “negociar con más fuerza”? Después de que más del 60% de los griegos lo creyeran, Tsipras aceptó condiciones mucho peores que las que habían rechazado en referéndum, con el argumento, que sabían de antemano, de que no tenían otra salida. ¿Sabían que no había otra salida y engañaron a los ciudadanos?

Pueden creerme. No conseguirán, rompiendo la legalidad, sentar a una mesa de negociación a nadie que tenga el deber de respetarla y hacerla cumplir. Ningún responsable puede permitir una política de hechos consumados, y menos rompiendo la legalidad, porque invitaría a otros a aventuras en sentido contrario. Todos arriesgaríamos lo ya conseguido y la posibilidad de avanzar con diálogo y reformas.

Eso es lo que necesitamos: reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales sin romper ni la igualdad básica de la ciudadanía ni la soberanía de todos para decidir nuestro futuro común. No necesitamos más liquidacionistas en nuestra historia que propongan romper la convivencia y las reglas de juego con planteamientos falsamente democráticos.

Si la reforma de la ley electoral catalana no ha podido aprobarse porque no se da la mayoría cualificada prevista en el Estatuto, ¿cómo se puede plantear en serio la liquidación del mismo Estatuto y de la Constitución en que se legitima, si se obtiene un diputado más en esa lista única de rechazo? ¿Cómo el presidente de la Generalitat va en el cuarto puesto, como si necesitara una guardia pretoriana para violentar la ley?

Es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Pero nos cuesta expresarlo así por respeto a la tradición de convivencia de Cataluña. El señor Mas sabe que, desde el momento mismo que incumple su obligación como presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir LA LEY. Se coloca fuera de la legalidad, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones.

No estoy de acuerdo con el inmovilismo del Gobierno de la nación, cerrado al diálogo y a la reforma, ni con los recursos innecesarios ante el Tribunal Constitucional. Pero esta convicción, que estrecha el margen de maniobra de los que desearíamos avanzar por la vía del entendimiento, no me puede llevar a una posición de equidistancia entre los que se atienen a la ley y los que tratan de romperla.

No creo que España se vaya a romper, porque sé que eso no va a ocurrir, sea cual sea el resultado electoral. Creo que el desgarro en la convivencia que provoca esta aventura afectará a nuestro futuro y al de nuestros hijos y trato de contribuir a evitarlo. Sé que en el enfrentamiento perderemos todos. En el entendimiento podemos seguir avanzando y resolviendo nuestros problemas.

La democracia (débil) en América. De Héctor Schamis

La década de prosperidad fomentó un clientelismo destinado a perpetuar a los Gobiernos en el poder. Pero hay esperanza: la sociedad civil, cada vez más vibrante, toma las calles. De Quito a Caracas, de São Paulo a Guatemala.

Protesta en Ciudad de Guatemala para pedir la dimisión del presidente Otto Pérez. / Johan Ordóñez (AFP)

Héctor Schamis, profesor de Estudios Latinoamericanos en Georgetown University

Héctor E. Schamis, 30 agosto 2015 / EL PAIS

La democracia decae. Así lo sugieren desde hace algún tiempo el Club de Madrid, Freedom House y el National Endowment for Democracy, entre otros. Al concluir la tercera ola, hemos sido testigos de una paulatina “recesión democrática”, en palabras de Larry Diamond. La prolongada crisis económica europea, el resurgimiento de los nacionalismos y los partidos xenófobos, el fracaso de la primavera árabe y, como contraparte, la estabilidad alcanzada por diversas autocracias hablan de un clima global inhóspito para la democracia.

En América Latina es más que eso, sin embargo. La narrativa de los ochenta estuvo marcada por los derechos humanos y la transición. El argumento de los noventa fue sobre las democracias delegativas, iliberales e híbridas, construcciones conceptuales que enfatizaban la robustez de los procesos electorales, no obstante sus déficits en las áreas de derechos ciudadanos y separación de poderes. Ese lenguaje es hoy insuficiente: la noción de recesión democrática no describe la regresión autoritaria en curso.

Dicha regresión no puede comprenderse desconectada del efecto de precios favorables de la última década. A muchos gobiernos democráticamente electos, el boom de las materias primas les aseguró términos de intercambio históricos y recursos fiscales sin precedentes. Los usaron para aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo, financiar máquinas clientelares de profunda capilaridad en la estructura social y extendidas en el territorio y, de este modo, buscar la perpetuación en el poder. Es paradójico que la prosperidad de este siglo haya dañado las instituciones democráticas más que la crisis de la deuda y la hiperinflación del siglo anterior. Eso invita a repensar la teoría.

La clave de este deterioro ha sido la reforma constitucional, un verdadero virus latinoamericano que no reconoce fronteras ni ideologías. Lo hicieron los de la izquierda, los de la derecha y los (mal llamados) populistas. Lo hicieron todos, y todos con el objetivo de quedarse en el poder más tiempo del estipulado al llegar al poder. De un periodo a dos, de dos a tres y de tres a la reelección indefinida. La regresión autoritaria se ha hecho así inevitable. Un presidencialismo sin alternancia no puede sino adquirir rasgos despóticos.

El desafío provendrá de la población joven, más educada
que sus mayores, pero también más desempleada

No es la reforma per se el problema, sino que la constitución se convierta en un traje a la medida del presidente de turno, un conjunto de normas con su apellido y escritas con su pluma. La pérdida de la neutralidad de las reglas de juego diluye la noción de igualdad ante la ley y erosiona la separación de poderes, el debido proceso y las garantías individuales, principios que le dan sentido a vivir en democracia. No sorprende entonces las subsiguientes restricciones a la libertad de prensa y la intimidación a jueces y fiscales independientes, prácticas frecuentes en la región. Es el menú completo de la manipulación.

La democracia es un contrasentido en ausencia del Estado de Derecho. Es difícil impartir justicia y proteger libertades y derechos sin una normatividad jurídica objetiva, neutral, impersonal y equitativa. Ni que hablar de la capacidad decreciente del Estado para monopolizar los medios de la coerción, cuya consecuencia inmediata ha sido la exacerbación del crimen organizado y la corrupción, síntomas gemelos de la degradación institucional.

Es casi un nuevo tipo de régimen político que ha tomado forma. En él, la corrupción es, justamente, el componente central de la dominación. Es mucho más que el acto ilegal de quedarse con dineros públicos. La corrupción hace las veces de partido político: selecciona dirigentes, organiza la competencia electoral y ejerce la representación—y, sobre todo, el control—territorial. Cristaliza de este modo la post-democracia latinoamericana.

El reto del futuro es que el ciclo económico ha cambiado. La desaceleración producirá un crecimiento más que modesto en los próximos años, y ello sin contar los serios problemas macroeconómicos de algunos países; Venezuela, Argentina y Brasil, en orden de gravedad. América Central tendrá desequilibrios en el sector externo por la disminución del subsidio de Petrocaribe y la merma de las exportaciones a Venezuela. El Caribe, a su vez sobre endeudado, sufrirá los aumentos de tasa de interés en Estados Unidos.

Las reformas constitucionales son el virus latinoamericano: l
as hicieron todos, izquierdas y derechas, para retener el poder

Las dificultades económicas pondrán presión sobre el sistema político. Si, además, el poder de las instituciones democráticas está diluido, la volatilidad macroeconómica bien podría derivar en una intensificación del conflicto social. Las voces que más se escucharán serán las de las nuevas clases medias, esos 70 millones de personas que dejaron la pobreza pero que son especialmente vulnerables ante cambios bruscos en la economía y el empleo. El gran desafío provendrá de la población joven, más educada que sus mayores pero también más desempleada. No es casual que ellos sean los más desafectados del proceso político. La frustración social podría generalizarse.

O tal vez no y, por el contrario, allí resida la gran oportunidad, la consecuencia no buscada (concepto acuñado por el gran Albert Hirschman) del boom y el clientelismo redistributivo. Ocurre que esas nuevas clases medias ya no quieren ser clientes, súbditos, piezas desechables de la maquinaria de la perpetuación. Son ciudadanos, reclaman sus derechos, detestan la corrupción, demandan calidad institucional, tienen voz y capacidad de acción colectiva, resisten la posdemocracia. Eso es lo que se ve en estos días en las calles de São Paulo, Caracas, Quito, Ciudad de Guatemala y San Miguel de Tucumán.

América Latina sigue siendo ella misma: poco Estado, un fragmentado sistema político, instituciones inexistentes y mucha, muchísima sociedad civil, cada vez más vibrante. Después de la ola bolivariana y tanta perpetuación habrá que volver a empezar. La buena noticia es que es en esas calles latinoamericanas donde soplan los nuevos y buenos aires democráticos del futuro.

Twitter: @hectorschamis.

El modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Más de 7,600 delitos en zonas con Policía Comunitaria

Registros de la PNC detallan que en los primeros ocho meses de ejecución del modelo, más de 1,100 personas fueron asesinadas en sectores custodiados por agentes comunitarios. Según analistas, ha fracasado por control territorial de las pandillas.

Miembros de la policia comunitaria, escuchan las peticiones de pobladores de la colonia miramonte en San salvador

30 agosto 2015 / EDH

El 11 de agosto del 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el gabinete de Seguridad Pública desplegaron  el modelo de Policía Comunitaria, como la apuesta principal de este gobierno para reducir los altos índices de violencia criminal, en especial la que provocan  las pandillas, la cual se ha profundizado en las últimas semanas hasta alcanzar promedios de 39 homicidios por día.

El despliegue se hizo en la colonia Costa Rica de San Salvador, sitio donde algunos residentes han manifestado que se continúan registrando hechos delictivos como asaltos a peatones y robo de vehículos,además de la poca la presencia de los policías comunitarios.

Sin embargo, a un año de haberse impulsado este modelo preventivo en más de 1,500 sectores en todo el país, la Policía Comunitaria no ha sido capaz de reducir el crimen en los sectores bajo su responsabilidad y, sobre todo, en aquellas zonas con presencia de las pandillas, grupos que han sido declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En los sitios donde se supone se encuentran los policías comunitarios se han registrado más de 7,680 hechos delictivos, según datos proporcionados por la Oficina de Información Pública de la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe de la referida oficina corresponde a los primeros ocho meses de la implementación del modelo preventivo.

La Policía Comunitaria es la principal apuesta de las autoridades de Seguridad y con la que, aseguran, se reduciría el problema de violencia e inseguridad ciudadana.

Las cifras oficiales proporcionadas por la referida oficina reflejan reducciones en delitos menores, pero un considerable aumento en los delitos graves como homicidios, lesiones e intentos de homicidios.

Asimismo, que no menos de 1,100 personas han sido asesinadas en los sitios donde opera la Policía Comunitaria.

Además, las estadísticas indican que más de 150 personas han desaparecido en sitios del Gran San Salvador, donde opera la Policía Comunitaria y en el mismo período.

Información de solo una parte del país
El informe proporcionado por la referida oficina corresponde a la incidencia delictiva en los municipios del área metropolitana de San Salvador, menos la ciudad capital, y las poblaciones de los departamentos de San Miguel, La Unión y Usulután.

Sin embargo, los datos sobre los delitos en los sitios con Policía Comunitaria de la zona Occidental, Central y Paracentral no fueron proporcionados por la Oficina de Información Pública de la PNC.

 Lo que llama la atención es que en municipios con altos índices delictivos del área metropolitana de San Salvador, como Soyapango, Ilopango, San Martín, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Mejicanos se tengan registrados pocas denuncias por extorsiones.

Por ejemplo, las cifras policiales solo reportan una denuncia por extorsión en Ilopango este año, mientras que en San Martín y Soyapango, ninguna. El año pasado solo registran seis denuncias de extorsión en Soyapango e Ilopango, pero ninguna en San Martín.

Sin embargo, las delegaciones de Policía en seis municipios de la zona norte de San Salvador recibieron las denuncias de  330 personas por extorsión en sectores donde se encuentra la Policía Comunitaria.

Al defender la estrategia impulsada por las autoridades de Seguridad Pública desde agosto de 2014, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que la meta del proyecto es mantenerlo durante los próximos cuatro años del presente gobierno, pero que las aspiraciones prioritarias son que la Policía  pueda adoptar un nuevo modelo de trabajo que comprende aliarse con la comunidad para enfrentar y solucionar de forma conjunta, comunidad y Policía, el problema de la inseguridad en su sector de responsabilidad.

Luego de transcurrido un año de haberse implementado este modelo de prevención de la criminalidad, Ramírez Landaverde destacó como logros del mismo la cobertura nacional que ha alcanzado la Policía Comunitaria y en segundo lugar, que se cuenta con los diagnósticos del problema de la inseguridad en la mayoría de los sectores donde se ha impulsado.

Sostuvo que estos diagnósticos le servirán a las autoridades para diseñar estrategias locales, de modo que tanto Policía como las comunidades puedan enfrentar conjuntamente no solo los homicidios, sino también el comportamiento de la delincuencia en esas zonas.

El director de la corporación destacó el impacto que ha tenido el despliegue de la Policía Comunitaria en las zonas con alta incidencia delictiva, y que se traduce en términos de reducción del delito en la mayoría de los  sectores donde se trabaja bajo esta estrategia.

“Lógicamente el impacto que este proyecto va a tener a mediano y largo plazo dependerá también de que esos planes (preventivos) puedan desarrollarse, porque son planes que se han orientado bajo un enfoque de corresponsabilidad basados en las necesidades locales y buscando la integralidad”, expuso.

A juicio de Ramírez Landaverde, “no es posible continuar pretendiendo de que solo con el uso de la fuerza o la mera aplicación de la ley penal se va a resolver el problema en todos estos sectores”.

En ese sentido, el jefe policial señaló que “es necesario desarrollar otras acciones de prevención y atender los riesgos sociales situacionales”.

Ramírez Landaverde aseguró que los policías comunitarios le ayudan a la gente a solventar sus problemas comunales y es “así como vemos a los policías en todo el país, con corvo en mano, brocha en mano, con la comunidad, reparando las calles, subido en una escalera cambiando lámparas”.

Agregó que “cada vez hay más comunidades que trabajan con la Policía para atender de manera conjunta las necesidades de seguridad locales”.

El director aclaró que respeta las opiniones de analistas de seguridad  que han cuestionado los resultados de la Policía Comunitaria.

Según su criterio, esas personas “lo hacen sin ningún conocimiento, sin ningún acercamiento a la Policía para al menos conocer o preguntar cómo se trabaja, qué se está haciendo y cuáles son los resultados que se están obteniendo”.

Analistas en el tema de seguridad ciudadana han coincidido en que el modelo de la Policía Comunitaria es una estrategia preventiva del delito que servirá en aquellas comunidades y colonias que no estén sometidas bajo el terror, temor la intimidación de las pandillas.

También explicaron que la desconfianza de la gente hacia los policías y la fuerte presencia de las pandillas en las comunidades han sido dos de los factores que no ha ayudado al éxito de la Policía Comunitaria en las zonas donde la misma ha sido desplegada.

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Analistas aseguran que el modelo de la Policía Comunitaria ha fracasado por el control de pandillas

Coinciden en que la Policía Comunitaria, principal apuesta del gobierno, no ha reducido delitos por la desconfianza ciudadana.

Despliegue de la Comunitaria en colonia Belén de Conchagua, La Unión.

30 agosto 2015 / EDH

La desconfianza ciudadana y la presencia de las pandillas en las comunidades son dos de los factores que, según analistas en seguridad, han llevado a que el modelo de Policía Comunitaria sea un fracaso y que, además, no  haya tenido los resultados que esperaban las autoridades de Seguridad Pública, luego de un año de haber implementado esa estrategia.

Los analistas sostienen que es necesaria la recuperación de los territorios con  alta presencia de pandillas, para echar a andar programas de prevención de la delincuencia y desarrollo comunitario.

Los analistas coincidieron en que la Policía Comunitaria es una estrategia de carácter preventivo y no represivo del crimen, y que solo funciona en aquellas zonas donde no existe presencia de pandillas y que, además, son vulnerables a la infiltración de esos grupos.

El diputado por Arena y exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, sostiene que la Policía Comunitaria puede funcionar en sectores donde no haya pandilleros y la gente le tenga confianza a la PNC.

Sostuvo también que este modelo de seguridad le da la oportunidad a la gente de “poder interactuar con los policías responsables de darle tranquilidad en su comunidad o colonia.

No obstante, considera que “en esta situación (de violencia) la gente tiene tanto miedo, que es obvio que la gente no va a participar. Entonces, este modelo de policía y comunidad funciona en las zonas donde la gente se puede organizar, donde puede interactuar con las autoridades de una manera preventiva”.

Agregó que “esto no sucede porque la gente tiene temor, tiene pavor. Entonces, ni los conceptos tradicionales de prevención del crimen funcionan, porque hay un dominio territorial y ocupación de los territorios por parte de estos criminales que subyugan mentalmente a los pobladores, no solo físicamente con la intimidación”.

Ávila señaló que la violencia generada por las pandillas “genera una subyugación y sometimiento sicológico, la gente tiene pavor, si hasta los miembros de la policía, de la Fuerza Armada, están diciendo que están abandonando sus casas. Es el colmo”.

El director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, también cuestiona que el gobierno haya impulsado el modelo de Policía Comunitaria en zonas con alta presencia de pandillas, y consideró que esa estrategia es de carácter preventiva y no represiva.

“Nosotros con tristeza sonreímos. Con tristeza digo porque era evidente que esa no es la solución. Eso es cuando uno empieza a ver que se puede formar alguna mara en algún lugar, pero no cuando ya se formó la pandilla. Poner a un policía comunitario es casi tanto como condenarlo a muerte en un momento determinado”, consideró Fortín Magaña.

Añadió que la estrategia de Policía Comunitaria es una buena medida preventiva, pero “no en los sitios donde hay más violencia, sino limpiar la zona, poner restricciones, volver a tomar el control de los territorios que el gobierno está perdiendo”.

Agregó que a ese ingrediente preventivo en las comunidades, también se le debe de dar prioridad al área de reinserción social de los pandilleros que desean retirarse de esos grupos declarados como terroristas y volverlos a reinsertarlos a la sociedad.

Pero aclaró que quienes están en las maras y han delinquido difícilmente podrán ser reinsertados.

Fortín Magaña cree que la solución para evitar  que se repita el mismo círculo vicioso dentro de las pandillas  es trabajar en cómo se incorporan  a los hijos de los mareros a la sociedad, porque “si no se les atiende con programas preventivos, entonces, se va a tener la posibilidad de que haya otra generación de pandilleros y eso ya no se puede permitir en el país”.

Por su parte, el criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, sostuvo que haber impulsado la Policía Comunitaria en zonas contaminadas de pandillas es el “más claro ejemplo de cómo una idea, un modelo excelente puede echarse al traste por una mala ejecución, resultante de la interferencia político-partidaria en el aparato de seguridad”.

Para Ponce, las “instituciones y unidades no están en manos de personas técnicamente capaces y profesionalmente proficientes, están en manos de personas ineptas cuya única cualidad es su lealtad inamovible y cercanía extrema al oficialismo y a la izquierda radical”.

No comparte que la prioridad de las actuales autoridades de Seguridad sea “la consecución de objetivos ideológicos y partidarios. Siempre habrá funcionarios incapaces de ejecutar con éxito hasta la más brillante de las estrategias o el más sencillo de los planes y formular y desarrollar acciones innovadoras y abordajes complejos del problema delictual”.

Ávila recomendó que para que las autoridades responsables de la Seguridad Pública recuperen el control de los territorios asediados por las pandillas es necesario que se imponga un régimen especial contra grupos organizados delincuenciales como las pandillas.

“Éstas medidas deberán de establecer prohibiciones como que no se puedan reunirse entre ellos, que no acosen a los menores de edad para reclutarlos, a excepción del  segundo grado de consanguinidad, que no se acerquen a las escuelas, manchar paredes con grafitos, y en cualquier momento se le puede retener en vías de investigación y hacer allanamientos a las casas que ellos ocupan para planear delitos”, dijo Ávila.

Mientras, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que los policías tienen ahora mayor acercamiento con la comunidad y se les apoya para solucionar sus problemas.

Ramírez Landaverde, quien dijo respetar los comentarios de los analistas sobre la policía comunitaria, explicó que la meta del proyecto es mantenerlo durante el actual gobierno, para que la PNC adopte un nuevo modelo de trabajo de aliarse con la comunidad para atender de forma conjunta el problema de la inseguridad.