Mes: agosto 2015

El patrimonio líquido del diputado Reynaldo Cardoza superó el millón de dólares. De El Faro

Esta es la primera de una serie de entregas sobre el patrimonio de los diputados. ¿Cómo mejoran sus cuentas los funcionarios públicos salvadoreños en el transcurso de los años? Este es el caso del diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, y de cómo en sus primeros seis años como legislador el patrimonio líquido suyo y de su grupo familiar se multiplicó por siete al pasar de poco más de 163 mil dólares a más de un millón.

el faroSergio Arauz, 31 agosto 2015 / EL FARO

Reynaldo Cardoza inició su carrera en 2009, cuando ganó por primera vez una diputación. Ha logrado tres elecciones consecutivas como diputado por el departamento de Chalatenango. Al inicio y al final de cada legislatura, Cardoza -como todos los funcionarios de mayor relevancia- debe entregar una declaración jurada de su patrimonio: casas, terrenos, vehículos, ingresos, cuentas bancarias, inversiones, empresas…

Declaración que por ley, debía mantenerse en secreto, hasta cuando el pasado 27 de julio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios y que la reserva de la que habla la Constitución se refiere solo a datos personales.

En 56 años que tiene de vigencia la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, esta es la primera vez que la Sección de Probidad da información sobre el patrimonio de los diputados o de otros exfuncionarios como presidentes de la República.

Según la versión pública de la primera declaración del diputado Cardoza, en 2009, el legislador del Partido de Conciliación Nacional (hoy Concertación Nacional) tenía junto con su grupo familiar (cónyuge e hijos) un patrimonio líquido valorado en 163 mil 618 dólares.

El patrimonio líquido es el monto que resulta de restar las deudas al total del patrimonio que posee una persona. El patrimonio lo forman todos los bienes del legislador -muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones en empresas…- y ya para 2009 Cardoza declaró bienes inmuebles -terrenos o casas- valorados en 405 mil dólares. Ese mismo año, sus deudas eran de 243 mil dólares, sus activos superaban los 400 mil dólares y él o su grupo familiar no eran acreedores de nadie. Es decir, sus cuentas por cobrar estaban en cero.

El diputado por Chalatenango fue miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en el trienio 2012-2015, y en la que inició en mayo pasado ocupa el cargo de secretario. Ahora es parte de la Comisión de Cultura y de la de Defensa.

Tres años después de haber iniciado su carrera como diputado, en 2012, los cambios más drásticos que reflejó su nueva declaración patrimonial estaban en cuatro rubros: a él y su grupo familiar les aparecen cuentas por cobrar por 577 mil dólares. Además, aquella deuda de casi un cuarto de millón de dólares que reportó en 2009 se vio reducida en tres años a menos de 54 mil dólares. Sus activos, que en 2009 estaban un poco por encima de 400 mil dólares, en 2012 superaron el millón de dólares y su patrimonio líquido se acercó al millón.

Para 2015, Cardoza y su grupo familiar poseían un patrimonio de 1.2 millones de dólares y su deuda era de tan sólo 2 centavos de dólar. Este año, el cambio más destacado en su historial desde 2009 es que sus bienes inmuebles (terrenos, casas, edificios, etc.) pasan de poco más de 300 mil dólares a más de un millón. Las cuentas por cobrar por más de 500 mil dólares que aparecieron en su declaración de 2012 se han extinguido.

¿Quién le debía ese dinero? ¿Cómo pagó más de 180 mil dólares en deudas con un salario anual de 48 mil dólares? Aunque en su ficha de la Corte Suprema de Justicia aparece como comerciante, dejó en blanco la casilla en la que los funcionarios deben declarar sus inversiones o empresas.

El Faro buscó una entrevista con el diputado Cardoza, pero este dijo vía telefónica que no tenía tiempo. En una breve conversación por teléfono, el diputado explicó -sin muchos detalles- que su patrimonio creció debido a una herencia.

—Su patrimonio empezó con un poco más de 163 mil dólares en 2009 y ahora es de más de un millón de dólares.

—¡Ahhhh! ¡Claro! ¡Claro, tengo más de un millón de dólares, lo que pasa es que usted distorsiona la noticia, distorsiona la noticia.

—No. No.

—Ustedes cómo Faro distorsionan la noticia y después no dan derecho a respuesta. Así hicieron con El Cártel de Texis.

—Cuénteme ahora para entender.

—Ustedes hicieron una nota periodística donde un policía, supuestamente, les iba contando en el camino.

—En abril de 2012, cuando terminó la legislatura 2009-2012, usted declaró que alguien le debía 577 mil dólares. ¿Quién le debía 577 mil dólares?

—Mire, ahorita no lo puedo atender, es la verdad, estoy en el pleno, ocupado, y vaya a ser que usted me confunda y me comience a distorsionar la noticia.

—¿Y cómo hacemos, nos puede recibir?

—Bueno, llame otro día, por favor.

El diputado interrumpe la llamada telefónica.

Hace 10 años, Reynaldo Cardoza estaba lejos de ser uno de los salvadoreños con mayor responsabilidad en el país. El 13 de septiembre de 2005 fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue detenido junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un expolicía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado.

Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores. En noviembre de 2005 salió libre al pagar una fianza de 2 mil dólares. En noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Años después, documentos de la Policía ubican a Cardoza en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado.

En enero de 2009, fue elegido diputado del PCN. En la legislatura 2012-2015 ganó la diputación junto a su amigo Wilver Rivera Monge, al que llevó como diputado suplente. Rivera Monge perdió su fuero en septiembre del año pasado, cuando fue señalado como una persona que lavaba dinero y facilitaba vehículos para el transporte de cocaína. Guarda prisión preventiva en el penal de Metapán mientras continúa su causa penal por el blanqueo de casi 10 millones de dólares. Este exdiputado suplente de Chalatenango, dice la Fiscalía, formó parte de la organización que dirigía el supuesto narco Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, conocido como El Repollo.

Ese escándalo de su suplente no perjudicó a Cardoza, quien en marzo de 2015 ganó por tercera ocasión consecutiva uno de los tres escaños chalatecos. Cardoza recibe su paga como diputado por medio de cheques. Una fuente administrativa de la Asamblea Legislativa aseguró que de los 84 legisladores propietarios, es el único que pidió que sus salarios se le paguen de esa forma y no con depósito a cuenta bancaria como se hace con el resto de parlamentarios.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL PATRIMONIO
DEL DIPUTADO REYNALDO CARDOZA DE 2009 A 2015

Son terroristas. ¿Ahora qué? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La Sala de lo Constitucional resolvió hace unos días cuatro demandas en contra de distintas disposiciones de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT).

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 31 agosto 2015 / LPG

La Sala declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones señaladas, y en otras determinó que no existían los vicios invocados.

Pero lo que más se ha destacado de esta decisión –incluso por la misma Sala– es la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas. Vale la pena decir que el objeto de esos procesos de inconstitucionalidad no era obtener ese tipo de declaratoria. De la relación que se hace en la sentencia sobre las pretensiones de los demandantes no se advierte que estos se hayan referido a las pandillas.

Incluso, si hacemos una revisión histórica, la LECAT no fue impulsada por acontecimientos relacionados con las pandillas. Fue decretada en septiembre de 2006 a partir del asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, hechos que ocurrieron en el marco de una manifestación de carácter político en julio de ese año.

La LECAT establece una definición de “organizaciones terroristas”, pero no concreta un señalamiento sobre grupos en particular que se consideren como tales, de manera que serían los tribunales penales, en el conocimiento de cada caso concreto, quienes atribuirían esa calificación a determinados grupos.

En su decisión, la Sala considera como terroristas a quien incurra en el uso de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo, a quien afecte bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración, y a quien cause potenciales daños al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.

Y es dentro de esa caracterización, que la Sala es categórica al declarar que las pandillas son organizaciones terroristas. Incluso particulariza, entre ellas, a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.

Tal declaratoria es pronunciada en el contexto del análisis sobre la constitucionalidad de la definición legal de “terrorismo”, de manera que la cita respecto a las pandillas en realidad tiene un carácter ejemplificativo que pudo no haberse incluido por la Sala porque no era ese el objeto del recurso promovido. Ese pronunciamiento ocurre por la mera iniciativa de la Sala.

Ahora bien, el único efecto que se colige de tal declaratoria es que se aplicará –ahora sin cuestionamientos o dudas– la LECAT a los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas; particularmente a los de la Mara Salvatrucha y a las facciones revolucionaria y sureña de la pandilla 18.

Es importante que las autoridades comprendan eso y es necesario que lo trasladen a los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil, y a los miembros de la Fuerza Armada. Esto a fin de que nadie –y menos una autoridad de seguridad o defensa– tergiverse los efectos de tal declaratoria. La decisión de la Sala no puede interpretarse como una patente de corso para aniquilar pandilleros ni para cometer otro tipo de abusos.

Esto es importante porque en los últimos meses se han publicado reportajes periodísticos que señalan indicios de ajusticiamientos y abusos cometidos por las autoridades. Acciones de esa naturaleza escapan de la legalidad y el Estado de Derecho, por lo que, de ocurrir, deberán promoverse investigaciones por parte del inspector general de la PNC, el fiscal general de la República y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Reiteramos que en el CEJ estamos preocupado por la crisis de violencia provocada por las pandillas. Por eso apoyamos que las autoridades adopten medidas enérgicas y represivas para enfrentar a esos grupos ahora declarados terroristas. Pero también nos oponemos vehemente a los abusos de autoridad. No queremos que las instituciones de seguridad y defensa se conviertan en aquello contra lo que combaten, en un grupo delictivo más.

Un acuerdo muy prometedor que esperamos se concrete de manera progresiva y consistente en los hechos. Editorial La Prensa Gráfica

Ayer Segunda Vuelta publicó la “Declaratoria Conjunta de Ataco” de los partidos políticos, y convocó al debate público sobre este primer acuerdo de la Interpartidaria. La primera reacción pública es el editorial de La Prensa Gráfica. El debate está abierto.

Segunda Vuelta

LPG-131 agosto 2015 / Editorial LPG

La problemática generada por la inseguridad galopante que padecemos ha hecho que la misma realidad esté demandando, con creciente apremio, que los actores políticos se pongan en línea en la búsqueda de soluciones que vayan devolviéndole al ambiente la normalidad perdida. Resulta evidente que ha venido dándose, en especial por parte de las organizaciones partidarias, una tozuda resistencia a la búsqueda de entendimientos para enfrentar en común dicha problemática, pero la realidad se impone frente a los intereses particularizados y es lo que empezamos a comprobar una vez más en este momento.

El pasado jueves y viernes, en una encerrona en las refrescantes alturas de Ataco, los principales representantes de los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC llegaron a muy importantes acuerdos para encarar el tema delincuencial en común, dando señales concretas que apuntan a crear una atmósfera política propicia de aquí en adelante. Si bien es cierto, como decíamos, que el fenómeno real es algo a lo que nadie puede escapar de manera permanente, por más resistencias que se pongan en juego, en los acercamientos positivos que resultaron de la encerrona aludida vuelve a hacerse patente aquello que es enseñanza de la sabiduría popular que viene rodando desde siempre: el que quiere, puede.

Los 10 acuerdos concretos a los que se llegó dan pie para confiar en que habrá resultados también concretos. Ahí se incluyen cuestiones como el apoyo al Plan El Salvador Seguro, el fortalecimiento de las instituciones directamente encargadas del combate y la prevención de la violencia, la evaluación institucional del establecimiento de jueces sin rostro, la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito, el apoyo a las medidas para asegurar el bloqueo de las señales telefónica en los centros penales, entre otras. Y, desde luego, una cuestión que viene de generar gran confrontación política: el punto de la aprobación de los 900 millones de dólares en endeudamiento, acordado a última hora por la legislatura pasada. Hoy, en muestra de distensión muy elocuente, los partidos han decidido solicitar a la Asamblea Legislativa, configurada con ellos mismos, que exhorte a la Sala de lo Constitucional a que dé pronta resolución al recurso presentado contra aquella decisión legislativa.

Hay un acuerdo que se relaciona directamente con la función de los medios de comunicación: la exhortación a que, dentro del marco del respeto a las libertades de expresión y de prensa, contribuyan a propiciar un ambiente acorde con los esfuerzos y avances institucionales en el área de seguridad ciudadana. En lo que a nosotros corresponde, la práctica cotidiana se ha orientado siempre a presentar los hechos a la luz de la verdad; y, dentro de ese marco, la contribución al ambiente positivo es factor determinante de nuestra política informativa y formadora de opinión. Apoyamos, pues, todos los empeños institucionales que apunten a la dinamización del bien común.

Insistimos en la trascendencia de esta señal de armonía interpartidaria, que se pone en la línea de lo que la ciudadanía demanda desde hace tiempos. Ahora sólo queda esperar que lo acordado en las palabras pase a ser realidad verificable en los hechos. Le damos a esta iniciativa el beneficio de la confianza, en plan vigilante. Y reiteramos nuestra convicción de que la realidad es, en definitiva, la que manda.

Otto Pérez: Preso de su propia cobardía. De Jose Rubén Zamora

José Ruben Zamora, propietario de El Periódico de Guatemala

José Ruben Zamora, fundador de El Periódico de Guatemala

Jose Rubén Zamora, 31 agosto 2015 / elPERIODICO

No es que Pérez Molina tenga un cuero impenetrable, que carezca de emociones, que su cinismo no conozca fronteras, que su sordera sea profunda. Más bien, está preso de su propia cobardía y experimenta pánico y pavor de perder su inmunidad presidencial, pues iría de inmediato tras las rejas.

Su único objetivo es llegar al 15 de enero de 2016, día en que dejará la inmunidad de su puesto y empezará a gozar de la inmunidad del Parlacen. Sabe que es la única senda para quedar impune. Se quedará contra viento y marea, a menos que encontremos una estrategia inteligente y audaz de desobediencia civil, no violenta, que lo obligue a entregar la Presidencia de la República.

Por ahora, es fundamental enfocar la presión pública en la Junta Directiva del Congreso, presidida por Luis Rabbé, un hombre rudimentario, con excesivas limitaciones, testarudo, sin nodriza intelectual que lo corrija, quien cree que Guatemala son las oficinas del monopolio de televisión y la cadena de radios, encabezada por Sonora, donde desde niño se ha comportado sin modales, maneras ni educación, sin respetar ni escuchar a nadie.

Hay que mostrarle que no tememos a sus usuales infamias y berrinches y que si no lo educaron en casa, encontrará padres en la calle que lo corrijan y lo pongan en su sitio. Aunque su perro servil y faldero, Arnulfo Guzmán se ría y mofe de nosotros, como la pestilente y hedionda hiena que es.

Esta semana, nuestra tarea colectiva es abarrotar el Congreso, inundarlo de gente decente, de telegramas, de llamadas, de correos electrónicos, mensajes por redes sociales y cualquier camino alternativo hasta que la Directiva convoque al pleno y este retire el derecho de antejuicio a Otto Pérez Molina y, por lo tanto, su inmunidad, y pueda ser juzgado como es debido.

Gobierno con $772.7 Mlls. de préstamos sin usar desde 2011

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Muchas de las escuelas públicas del país necesitan material didáctico, mobiliario nuevo y rehabilitar edificios.

Muchas de las escuelas públicas del país necesitan material didáctico, mobiliario nuevo y rehabilitar edificios.

, 31 agosto 2015 / EDH

Mientras el Gobierno plantea ante la Asamblea Legislativa la necesidad de adquirir más deuda por no contar con los recursos suficientes para combatir la inseguridad y cumplir con los programas sociales, en la Memoria de Labores presentada a los diputados por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en junio de este año, se desprende que el Gobierno no ha utilizado ni un cinco de $448.6 millones de fondos provenientes de nueve préstamos para diferentes rubros, algunos de ellos aprobados desde 2013.

También presenta una baja ejecución en 12 empréstitos más que datan desde 2011 con distintos organismos internacionales. La deuda de estos asciende a $484.3 millones, de los cuales y, según información de Hacienda, a mayo de este año, sólo se han ejecutado $160.3 millones.

En total son $772.7 millones en préstamos que el FMLN desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes no ha podido ejecutar hasta la fecha, aunque sí ha utilizado el cien por ciento de $5,059.7 millones entre deuda de libre disponibilidad y emisión de bonos. (Ver más detalles en nota aparte).

Dentro de los préstamos en los que el Gobierno no ha ejecutado ni un solo centavo destaca el firmado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) por $71 millones el 3 de octubre de 2013.

El dinero fue aprobado por la Asamblea Legislativa para comprar brazaletes electrónicos con el fin de descongestionar las cárceles, así como para ampliar el penal de Izalco y crear granjas carcelarias.

De estos fondos, y según consta en la memoria de labores de Hacienda, el Estado no ha ejecutado absolutamente nada. Es más, reclama a la oposición política su rechazo a la creación de un impuesto para seguridad y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por haber congelado la emisión de $900 millones en bonos, de los cuales $100 millones eran para el combate a la delincuencia.

Screen Shot 2015-08-31 at 6.53.40 PMSeguridad y agricultura

La presidenta del Congreso, Lorena Peña, del FMLN, matizó en días pasados que el atraso en ejecutar los $71 millones del préstamo con el BCIE se debe a que antes de implementar los brazaletes electrónicos se debe modificar la Ley Penitenciaria, una tarea pendiente por parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, argumentó (Ver más en la siguiente página).

Otro préstamo que data de 2013 es el de Desarrollo y Modernización Rural (Prodemor Central Fase II) ratificado el 21 de noviembre de 2013 por un monto de $14.8 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Estos fondos servirían para apoyar con proyectos de producción de granos básicos a varios municipios de la zona central y paracentral del país, tales como Cinquera, Dolores, Guacotecti, Ilobasco, Jutiapa, San Isidro, Sensuntepeque, Tejutepeque y Victoria, todos de Cabañas.

También en Cojutepeque, Suchitoto, San Pedro Perulapán, San José Guayabal, Tenancingo, San Rafael Cedros, Candelaria, El Carmen, Monte San Juan, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Bartolomé Perulapía, San Ramón, El Rosario, Oratorio de Concepción, y Santa Cruz Analquito, en el departamento de Cuscatlán; entre otros.

En las mismas condiciones se encuentra un préstamo por $16.2 millones para la recuperación social y económica del Centro Histórico de San Salvador. Este acuerdo se firmó con la Institución Financiera Italiana (IF) Artigiancassa, S.P.A., el 2 de mayo de 2014.

Para turismo

Con nula ejecución se detalla también el crédito para el desarrollo turístico de la franja costero-marina entre La Libertad y Usulután por $25 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Turismo, Napoleón Duarte, expresó en su momento que el dinero sería destinado a incrementar el ingreso y empleo que genera el sector turismo en las zonas de La Libertad y de la Bahía de Jiquilisco, de Usulután. “En particular para determinados grupos vulnerables de la población local, generando alternativas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad de dichas áreas”, manifestó Duarte.

Estos son algunos de los empréstitos en los que el Gobierno no ha ejecutado nada.

Screen Shot 2015-08-31 at 6.54.21 PMPara salud

Pero hay otros préstamos que datan desde 2011 que presentan una baja ejecución, por ejemplo, uno de $80 millones para el fortalecimiento del sistema de salud público con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que representa al Banco Mundial.

Según el ministerio de Hacienda, de este préstamo sólo se han ejecutado $5.1 millones a marzo de este año, siendo que los fondos están destinados a ampliar la cobertura en los sistemas de atención de salud, con un enfoque especial para la atención en el área rural, además de invertir en equipo médico y atención de emergencia de 16 hospitales y equipamiento para 14 más.

La ratificación de este préstamo tardó en la Asamblea, ya que ARENA pidió que antes de aprobarlo se redistribuyeran $9.3 millones para comprar una nueva bomba de cobalto para dar tratamiento a los pacientes con cáncer, así como para un equipo de hemodiálisis en el hospital de Usulután. El partido otorgó sus votos hasta que se redistribuyó el dinero de la deuda.

Pero han pasado cuatro años y pese a tener esos $80 millones las carencias en los hospitales siguen en aumento. Los sindicatos de los hospitales Rosales y el Bloom han protestado por la falta de medicamentos y de equipos para atender a los pacientes.

Para educación

En igual circunstancia se encuentra otro préstamo para Educación de $60 millones, fondos que serían utilizados para implementar la Educación de Tiempo Pleno, una de las apuestas de campaña electoral del actual presidente Salvador Sánchez Cerén.

En el informe de Hacienda se indica que hasta mayo de este año, de esos $60 millones el Gobierno solo ha ejecutado $12.1 millones.

Para Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Rural Urbana y Urbano Marginal de El Salvador (Simeduco), el atraso en echar a andar esos fondos se los atribuye al “fracaso” del programa de Tiempo Pleno, porque no ha tenido continuidad.

“Fue un proyecto que se ejecutó como proyecto piloto en varias escuelas, el último informe que tuvimos fue que de las 5,264 escuelas únicamente se habían convertido en escuelas inclusivas de tiempo pleno 64”, afirmó.

Y aseguró que fueron a verificar cómo estaban funcionando las escuelas y se percataron que esos 64 centros escolares ya estaban funcionando como “Escuelas 10”, un programa que instalaron los gobiernos anteriores.

“Sólo les cambiaron el nombre, la diferencia fue en cuanto al tiempo de atención. Lo que hicieron fue alargar la jornada de atención a los estudiantes para permanecer todo el día en la escuela, pero esta estrategia se les ha caído en la mayoría de escuelas. En algunos centros educativos el Gobierno había contratado empresas para que vendieran almuerzos, pero los primeros tres meses dejó de pagarles y ya no le prestaron el servicio”, explicó.

Zelada añadió que a raíz de esto los alumnos se iban a sus casas y por la tarde ya no tenían obligación de retornar a la escuela, por lo que muchos maestros contratados para ese programa se han quedado como un recurso “semidesperdiciado”, dijo el sindicalista.

Screen Shot 2015-08-31 at 6.54.37 PMPedirán explicaciones

Para la efemelenista Lorena Peña no es cierto que hayan préstamos sin ejecutar o que tengan déficit de inversión. “Vamos a pedir que se revisen esos datos, porque efectivamente los préstamos tienen un tren de ejecución que está diseñado en el documento mismo; nunca se gasta el 100% en un año, el gasto principal va en los últimos dos o tres años. No es real que hayan préstamos al cero por ciento”, defendió.

Pero ARENA critica el galopante endeudamiento que han tenido los dos Gobiernos del FMLN. La legisladora Milena de Escalón expresó que si bien algunos préstamos no se pueden desembolsar de una sola vez, no hay excusas para la baja ejecución y, peor aún, para no haber invertido nada de varios créditos que fueron aprobados desde 2013.

Según De Escalón, no hacer uso de ese dinero podría tener una finalidad escondida. “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, acotó.

Y agregó que cada préstamo tiene su propia unidad de seguimiento de ejecución, por lo que ARENA pedirá el detalle del avance de cada uno.

Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que “sería una lástima que tanto que cuesta aprobar un préstamo y que la ejecución sea cero o con un porcentaje muy deficiente”, por lo que añadió que también pedirán explicaciones.

De igual forma, Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, afirmó que pedirán cuentas y dijo que se debe analizar en qué ha gastado el Gobierno los fondos. “Dónde ha fallado el Gobierno para no dar esa información en forma oportuna”, cuestionó.

 “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, Milena Calderón de Escalón, ARENA

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Gobierno tiene $138 Mlls. para seguridad que aún no ejecuta

Son producto de tres préstamos, el más antiguo fue aprobado en 2013.

Denuncian hacinamiento de policías por nuevas medidas de seguridad

Denuncian hacinamiento de policías por nuevas medidas de seguridad

, 31 agosto 2015 / EDH

Aunque el FMLN sigue pidiendo a la Sala de lo Constitucional, a través de sus diputados y del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que quite las restricciones para que el Gobierno pueda emitir $900 millones en bonos y combatir la delincuencia, tienen al menos $138 millones en préstamos que no han usado.

Estos fondos, que son producto total de tres créditos otorgados por igual número de instituciones bancarias a nivel mundial, fueron aprobados entre 2013 y 2015 por la Asamblea Legislativa, para ser gestionados y disponer del dinero para el combate de la violencia.

Por ejemplo, el empréstito más antiguo es el otorgado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue avalado por la Asamblea el 3 de octubre de 2013. Son $71 millones de los que puede disponer el Gobierno para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.

Según el decreto 503, se aprobó el contrato de préstamo Nº 2102 con el BCIE y desde ese año el Ejecutivo cuenta con esos fondos para mejorar el sistema penitenciario pero hasta la semana pasada no se había utilizado nada de ese dinero. Al menos no se ha informado públicamente.

Fue el pasado 20 de agosto, durante un acto público de las obras con las que se finalizará la tercera etapa del penal de Izalco, que las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad anunciaron que se utilizarán $8 millones, de los $71 que están disponibles.

Screen Shot 2015-08-31 at 6.59.18 PMSegún reportes del Ministerio de Hacienda, que están en su página web, hay otros proyectos que pese a tener fondos asignados no han sido ejecutados como: la ampliación del Centro Penal de Izalco, la readecuación de granjas penitenciarias tanto en Izalco (Sonsonate), como en Zacatecoluca (La Paz) y en el municipio Santa Ana (Santa Ana).

En los reportes de 2014 y 2015 también se establece que parte de los fondos del préstamo del BCIE están destinados para el fortalecimiento institucional, pero cuando se revisó el monto ejecutado hasta el momento, aparece que es de cero.

Otro fondos otorgados al país por parte de instituciones extranjeras son los del banco alemán gubernamental Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), los cuales fueron aprobados el 9 de abril de 2015.

Se trata de 17 millones de euros ($22 millones), de los cuales €7 millones fueron dados en calidad de préstamo (poco más de $9.1 millones) y €10 millones son producto de donación (poco más de $12.8 millones).

En la memoria de labores más reciente del Ministerio de Hacienda, presentada en junio de 2015, se ven reflejados solo los $9.1 millones del préstamo y ahí se establece que aún no se ha hecho ningún desembolso al momento.

Según los documentos, este dinero está destinado para financiar el proyecto “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR”.

Según las condiciones del contrato, ese dinero será utilizado únicamente para la construcción , reparación y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, cofinanciamiento del trabajo y la capacitación con jóvenes.

Y el tercer préstamo es el contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $45 millones. Este fue avalado por la Asamblea el 9 de abril de 2015, pero tampoco se ha utilizado el dinero. Estos fondos están destinado para un programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia.

Algunos de los proyectos en los que se debe invertir estos recursos son los brazaletes electrónicos, dotación de equipamiento para centros penales, sistemas que permitan identificar, controlar y vigilar la introducción de objetos ilícitos a las penitenciarías y proyectos que ayuden a prevenir la violencia juvenil.

El BID informó a diputados de la Comisión de Hacienda, en julio pasado, que hasta el momento no se ha ejecutado ni una parte de esos fondos.

Ante tal situación, diputados y representantes de partidos políticos han cuestionado que no se usen los fondos.

Carmen Elena de Escalón, diputada de ARENA y miembro de la Comisión de Hacienda, considera que el motivo por el cual esto ocurre son por fines “electoreros”.

“Tendríamos que ver el préstamo para cuando quedó el primer desembolso (sobre el de $45 millones) y porqué no se hizo. Fue aprobado y ratificado en abril debería estar ejecutándose, (aunque) no en su totalidad”, afirmó.

Misael Mejía, diputado del FMLN, manifestó que el informe de Hacienda ya tiene desfase “de algunos días” y dice no creer que la ejecución de estos fondos este a cero.

“El informe, bueno, tendría que revisarlo, no es de que esté a cero. ARENA miente cuando plantea que para el tema de seguridad hay recursos, eso no es cierto”, defendió.

Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, expresó que el Gobierno debería estar asegurando la ejecución de esos fondos.

“Hay que pedir explicaciones al Ejecutivo (sobre) qué está pasando. Algunos préstamos están destinados exclusivamente para medidas especificas”, indicó.

Rodolfo Parker, diputado del PDC, afirmó que le exigirán al Gobierno la ejecución de los préstamos.

“¿Cuál es la manera de resolverlo? Que la ley exija poner un techo mínimo del 80% de ejecución, como se ejecutan  cada año (los préstamos), según los convenios, en ese marco que se exija”, expresó.

Lecciones guatemaltecas. De Cristina López

El jueves 27 de agosto pasará a la historia como el día que los guatemaltecos, bajo el estribillo de “Yo no tengo presidente”, abarrotaron calles y plazas, cerraron negocios (acarreándose pérdidas personales) y pospusieron clases, todo para pedir a una sola voz la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, luego de que se encontrara evidencia de sus vínculos con una estructura de corrupción.

Cristina LópezCristina López, 31 agosto 2015 / EDH

La manifestación unió sectores que rara vez concuerdan: desde los feudalismos corporativistas de las asociaciones empresariales, temerosos de cambios radicales al statu quo, hasta  estudiantes; desde grupos religiosos hasta grupos étnicos, a menudo manipulados y excluidos. Toda una manifestación de orden espontáneo –-o la armonía que resulta cuando a intereses encontrados les une el mutuo beneficio-– que, como diría el periodista guatemalteco Luis Barrueto, “le habría sacado lágrimas al economista austríaco Frederick Hayek”. El despertar ciudadano tiene todos los méritos para despertarle el optimismo a cualquiera.

La tolerancia a la corrupción por parte de la población se ha reducido a cero, se están creando estructuras de reacción cívica que estarán prontas a activarse para lo que se venga en el futuro y lo más importante: la gente está poniendo atención y ya se dio cuenta que ni el pan y el circo alcanzan, porque hasta eso se están robando.

Sin embargo, la realidad puede mancillar este optimismo, pues todavía no hay garantías de que a Pérez Molina se le logre llevar a la justicia.

El presidente está aferrándose a la inmunidad que le da su cargo. Probablemente comprando tiempo y negociando alianzas con la oposición legislativa para conseguir salir airoso del antejuicio que le podría quitar el fuero. Y ni siquiera tiene que aferrarse demasiado: todo indica que si aguanta hasta el fin de su período en enero (o en su defecto, logra negociar que no le quiten el fuero), puede entonces lanzarse de clavado en las aguas de la inmunidad que le acogerán en el Parlacen, junto a otros compadres de similares historiales. A Guatemala le esperan elecciones, y todo indica que el ganador será Manuel Baldizón –populista que no desentonaría en un coro integrado por Rafael Correa y Daniel Ortega-– en una contienda donde los perdedores no son muchísimo mejores. Un panorama electoral equivalente a salvarse de un barco que se hunde para caer en aguas infestadas de tiburones. Ojalá la ciudadanía guatemalteca no se desanime y sepa que esta es una lucha de largo plazo, pues el paro generalizado del 27A es solo el primer ladrillo para mantener al margen a quien venga después.

La lección más valiosa para nosotros, los vecinos de la región, es la que contesta la pregunta “¿para qué sirve una Comisión Internacional contra la Impunidad?”. Cuando se ejecuta como lo ha hecho el colombiano Iván Velásquez en Guatemala (de manera técnica y sin politiquerías) una CICIES nos serviría para lo que tanto necesitamos: iniciar investigaciones necesarias, convertir rumores en evidencia y despertar a la ciudadanía. Todo con tal de evitar que el poder siga siendo usado para evadir a la justicia e impulsar carreras beneficiadas por la corrupción. ¿Qué estamos esperando?

@crislopezg