PNC

“No hay vida en la PNC para una mujer”. Una agente policial anónima

Sus jefes en la Policía Nacional Civil quieren deshacerse de ella porque los denunció. Ella está convencida de que es así. Era una de las policías seleccionadas para formar la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) en febrero de 2018, pero la dejaron fuera de un curso para especializarse y mantenerse dentro de la unidad élite. Según ella, por una sola razón: ser mujer. Este es su relato en primera persona.

 

Presentación. Las jefaturas de la PNC presentaron en febrero pasado a un grupo de mujeres que integrarían la unidad élite.

Ricardo Flores, 24 septiembre 2018 / La Prensa Gráfica

Cuento mi caso porque tengo miedo que me maten. Estoy más que segura que me van a matar. Ellos mismos se encargaron de decirme que las denuncias que puse ante la Unidad de Derechos Humanos y la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC) no iban a prosperar y por eso era mejor que me quedara quieta, sin hacer ni decir nada.

Mi caso inició en diciembre del año pasado, unos días antes de que un agente del GRP matara a Carla Ayala. Yo era parte de la Sección Táctica Operativa (un grupo de la PNC que apoya en emergencias especiales) destacada en el municipio de Mejicanos cuando me seleccionaron como la única mujer del sector donde operaba para pertenecer a la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES).

En enero comenzaron las pruebas físicas y técnicas, las superé con notas sobresalientes. Hasta me sometí con éxito a la evaluación que hace la embajada de los Estados Unidos. Estaba, en teoría, lista para formar parte de la FES; pero decidieron disolver esa fuerza especializada, por la muerte de Carla.

El 11 de febrero pasado, nos convocaron a todas las mujeres STO a una reunión. Ahí nos invitaron a participar en ese nuevo grupo élite que iban a crear. Tomé a bien levantar la mano porque ya me había evaluado y había pasado todo. Sentía que estaba cumpliendo mi sueño de estar en el GRP. Me gusta ser policía y mi sueño en los cuatro años que tengo de vestir el uniforme policial era ser parte de esa unidad especializada. Me gusta lo táctico, servir a la gente, sentir la adrenalina. Dijeron que estaba bien y seleccionaron a 16 mujeres de todo el país. Yo era una de las que nos formamos en el estacionamiento del CIFCO aquel 14 de febrero. Nos pusieron un parche nuevo en el brazo con la leyenda UTEP-Jaguares.

El escándalo en el interior de la PNC tras el asesinato de Carla Ayala, la agente que fue atacada por sus mismos compañeros tras una fiesta navideña en la sede del extinto GRP, hizo que el director de la institución disolviera el grupo élite y lo renombrara como UTEP, una unidad formada por agentes destacados en la FES, GOPES y STO. El grupo fue presentado el 14 de febrero de 2018. El director de la PNC, Howard Cotto, entregó una rosa ese día a cada una de las 16 mujeres de la unidad.

Cuatro días después, los jefes de la UTEP me notificaron que iba a ir al curso avanzado de técnicas y tácticas policiales. El día que nos presentaron solo fue para mostrar el nuevo nombre de la máxima unidad élite de la PNC, pero nadie había sido capacitado. Yo estaba emocionada porque era la única mujer seleccionada para someterse a esa capacitación.

El 20 de marzo de 2018, cuando eran las 9:21 de la mañana, recibí una orden para alistar el equipo que necesitaría para el curso. Era feliz, todo estaba bien.

Pero todo cambió por la tarde, como a las 3 p. m., hubo una reunión donde estaban las jefaturas de la UTEP, un coronel que es el representante de la embajada de los Estados Unidos y los miembros del comando Jungla (instructores colombianos). Todos hombres. En esa reunión determinaron que yo no iría al curso.

Tres horas después, fui al comedor de la UTEP a cenar y fue ahí cuando una compañera me dio la noticia de que yo estaba fuera de la convocatoria. En la entrada estaba uno de los jefes y le pregunté si me iban a brindar transporte para asistir al curso porque era necesario llevar armas y equipo. Me respondió que yo no iba porque era mujer.

Así comenzó mi discriminación.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo esto el día en que fue presentada la UTEP: “Esta unidad ofrece un mayor servicio a la mujer y también en atender la problemática interna de la mujer dentro de la PNC. Estas mujeres se comprometen a mantener un enfoque de género y en un trato igualitario de las mujeres”.

Las jefaturas de la UTEP no quisieron hacer público mi retiro del curso, muchos compañeros hablaron mal de mí. Dijeron que me sacaron porque había dado el culo, porque estaba embarazada, oí muchos comentarios y les pedí que hicieran público la razón de mi separación; pero no quisieron hacerlo.

Seis días después, fui a poner la denuncia a la Unidad de Derechos Humanos de la PNC contra las jefaturas de la UTEP, el representante de los EUA y el grupo de instructores colombianos. También decidí activar el Protocolo para el Abordaje de la Violencia y Discriminación por Razones de Género contra las Mujeres al interior de la PNC. Eso desencadenó el acoso de tres de las compañeras porque “había denunciado a su jefecito”.

Una de ellas me dijo en una reunión donde solo estábamos las mujeres de las UTEP que en un intercambio de disparos me iba a disparar a mí. Me llamó una mierda, un cero a la izquierda y que a partir de esa fecha nadie me iba a apoyar. Hice un informe de esa amenaza, porque no era posible que ella me tratara así.

El día en que se presentó a la UTEP, el director de la PNC dio un discurso con énfasis en el tema de género. Dijo que las mujeres “van a demostrar que es posible tener compañeras en estas unidades, no existe barrera que se sume a cualquier esfuerzo policial. Ustedes portarán este uniforme con mucho orgullo. Son parte de un todo, no están por debajo de nadie”.

Después de eso, mis uniformes siempre estaban en la basura. A medianoche me movían la cama donde dormía, yo pensaba que era una emergencia. Decidí mejor dormir en el suelo, sobre una toalla, porque me bloqueaban llegar a la cama. Al verme en el piso decían “la perra está echada”. El 29 de julio pasado, hubo otra convocatoria para ingresar al curso y seguir en la UTEP. Nos dijeron que las 16 debíamos ir porque necesitaban tener mujeres en la UTEP. En la primera semana me lanzaron mis pertenencias en una caja, me insultaban y por último me golpearon. Entonces, decidí desertar del curso. Hace un par de semanas, me llamaron de la subdirección de la PNC donde me dijeron que había llegado un documento para que me preguntaran si yo quería ser trasladada y dije que no. A pesar de eso, decidieron enviarme de forma arbitraria para un puesto policial en Soyapango.

Mi vida está en riesgo porque me mandan para un lugar donde varias de las jefaturas UTEP han estado y conocen bastante la zona. Quieren que me presente a un lugar donde no he solicitado estar me pone mal. Para donde me trasladaron es el infierno.

La Unidad de Derechos Humanos de la PNC ya resolvió que en mi caso hubo “vulneración de los derechos humanos por discriminación”. En la Inspectoría también hay avances, pasó el caso a la Unidad de Investigación Disciplinaria que tiene potestad para enviarlo a un juzgado. A pesar de una resolución a mi favor, a ellos no les ha afectado en nada hasta hoy.

Mi vida está en riesgo por los pandilleros, por mis propios compañeros y por las jefaturas de la UTEP. No hay vida en la PNC para una mujer.

 

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El inspector general de Seguridad Pública cree que la PNC mata con apego a la ley

Tito Zelada, el hombre que está al frente de la institución que debería supervisar que la Policía Nacional Civil respete la ley y los derechos humanos en sus actuaciones, el farocontradice a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en los dos casos más sonoros de abuso policial del año pasado: las masacres de la finca San Blas y del cantón Pajales de Panchimalco. El inspector general de Seguridad Pública asegura que los policías salvadoreños no cometen ejecuciones extrajudiciales.

Un integrante del Grupo de Reacción Policial (GRP), una de las estructuras elite de la Policía Nacional Civil que más se ha visto involucrada en el combate directo contra las pandillas desde enero de 2015. Foto Roberto Valencia.

Un integrante del Grupo de Reacción Policial (GRP), una de las estructuras elite de la Policía Nacional Civil que más se ha visto involucrada en el combate directo contra las pandillas desde enero de 2015. Foto Roberto Valencia.

Nelson Rauda Zablah, 3 julio 2016 / EL FARO

El inspector general de Seguridad Pública, Tito Zelada, defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) en dos escenas de crimen que investigaciones periodísticas primero, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) después, catalogaron como ejecuciones extrajudiciales. Se trata de la masacre de la finca San Blas, cometida el 26 de marzo de 2015, y la del cantón Pajales en Panchimalco, del 15 de agosto de 2015. Entre ambos casos, 13 personas fallecieron en operativos realizados por personal de la PNC, que fueron etiquetados como ‘enfrentamientos’ con pandilleros en los reportes oficiales.

La Inspectoría General de Seguridad Pública y su titular, Tito Edmundo Zelada, fueron cuestionados con dureza por la PDDH. “Resulta preocupante la pasividad adoptada por el ente contralor de las actuaciones policiales en este caso”, dice en su informe sobre la masacre de la finca San Blas.

Han pasado más de dos meses desde que los reportes se hicieron públicos y, lejos de aceptar la versión de la PDDH o de ampliar la investigación propia, como se exhorta de forma explícita en el informe, Zelada descarga la responsabilidad en la Fiscalía General de la República. “Fíjese que nuestra información no arroja eso (ejecuciones extralegales); ha habido mucha insistencia por los medios de dos casos concretos y, a raíz de eso, se le ha dado a la Fiscalía toda la información, y la investigación ellos lo tienen”, dijo el funcionario.

El Faro conversó con Zelada por poco más de un minuto, cuando el inspector salía del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, tras acompañar al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en su rendición de cuentas de este año, el jueves 30 de junio.

En abril de 2016, el procurador David Morales presentó los resultados de una investigación de nueve meses que condujo sobre los dos casos. Morales acusó a la PNC y al Ejército por sus actuaciones (en Panchimalco actuó un comando conjunto de soldados y policías), pero además, señaló a la Policía, a la Inspectoría General y a la Fiscalía de entorpecer la investigación. Morales se quejó por “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. La PDDH dijo que las instituciones de seguridad  “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”, tanto en San Blas como en Panchimalco.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, nombró a Zelada como inspector de Seguridad el 16 de julio de 2015, una semana antes de que El Faro publicara su investigación sobre lo ocurrido en la finca San Blas, y tres meses antes de que La Prensa Gráfica publicara su investigación sobre Panchimalco. Zelada está obligado por ley a “controlar y fiscalizar las actuaciones de los servicios operativos y de gestión de la Policía (…) con especial observancia al respeto de los derechos humanos”. Sin embargo, en estos dos casos contradice al procurador de Derechos Humanos en el país.

Pese a la brevedad de la entrevista, es la primera vez que  responde preguntas de este periódico. Desde su nombramiento, El Faro ha solicitado en la Inspectoría General un espacio para entrevistar a Zelada, sin éxito. Zelada solo llegó a ser inspector después de que la Sala de lo Constitucional lo destituyó de su anterior cargo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Los magistrados concluyeron que cuando la Asamblea nombró a Zelada como presidente del CNJ, no demostró su independencia partidaria. En 2012, a Zelada se le vio haciendo campaña electoral a favor del entonces candidato a la Presidencia Sánchez Cerén, del FMLN.

Antes de retirarse, Zelada dijo que hasta junio de 2016, la Inspectoría General tiene “como mil y pico de casos pendientes, de asuntos estrictamente disciplinarios”. Y confirmó la pasividad de la Policía con los participantes del operativo de la finca San Blas. Cuando este periódico preguntó si los agentes que participaron en el operativo, en marzo de 2015, estaban sancionados, Zelada respondió: “Por supuesto que no”. Una respuesta similar a la que brindó, cuando todavía era director de la PNC, el actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.