violencia

“OSCURO”, el comic de la controversia: Los 6 capítulos juntos

Aquí presentamos juntos todos los 6 capítulos del comic “Oscuro”, diseñado y distribuido en el marco de programas de prevención de la violencia. Miles de ejemplares de estos folletos fueron decomisados por la PNC, y el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde sostuvo que se trata de contenidos que promueven la violencia. Para que los lectores se puedan formar su propia opinión, Segunda Vuelta decidió publicar los 6 capítulos. Y también porque consideramos que la policía no tienen facultad de decidir lo que podemos o no podemos leer.

Segunda Vuelta

Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  la PNC

Capítulo 1

 

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Así es el cómic sobre violencia decomisado por la PNC

 

Capítulo 2

 

Capítulo 3

 

Capítulo 4

Capítulo 5

 

 

Capítulo 6 (y último)

-EL FIN-

‘OSCURO”, sexta y última entrega. El comic censurado por la PNC

Con el capítulo 6 terminamos la publicación del comic “Oscuro”, diseñado y distribuido en el marco de programas de prevención de la violencia. Miles de ejemplares de estos folletos fueron decomisados por la PNC, y el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde sostuvo que se trata de contenidos que promueven la violencia. Para que los lectores se puedan formar su propia opinión, Segunda Vuelta decidió publicar los 6 capítulos. Y también porque consideramos que la policía no tienen facultad de decidir lo que podemos o no podemos leer.

Segunda Vuelta

Si no ha visto las primeras entregas de “Oscuro”, léalas aquí:
OSCURO 1
OSCURO 2
OSCURO 3
OSCURO 4
OSCURO 5
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  la PNC

5 diciembre 2018 / SEGUNDA VUELTA

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“OSCURO”, el comic sobre violencia que la PNC quiere prohibir. Entrega 5

Presentamos el capítulo 5 del comic “Oscuro”, diseñado y distribuido en el marco de programas de prevención de la violencia. Miles de ejemplares de estos folletos fueron decomisados por la PNC, y el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde sostuvo que se trata de contenidos que “promueven la violencia”. Para que los lectores se puedan formar su propia opinión, Segunda Vuelta decidió publicar los 6 capítulos. Y también porque consideramos que la policía no tiene facultad de decidir lo que podemos o no podemos leer.

Segunda Vuelta

Si no ha visto las primeras entregas de “Oscuro”, léalas aquí:
OSCURO 1
OSCURO 2
OSCURO 3
OSCURO 4
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  la PNC

4 diciembre 2018 / SEGUNDA VUELTA

 

 

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“Oscuro”, el comic decomisado por la PNC. Entrega 4


Presentamos el capítulo 4 del comic “Oscuro”, diseñado y distribuido en el marco de programas de prevención de la violencia. Miles de ejemplares de estos folletos fueron decomisados por la PNC, y el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde sostuvo que se trata de contenidos que ‘promueven a violencia’. Para que los lectores se puedan formar su propia opinión, Segunda Vuelta decidió publicar los 6 capítulos. Y también porque consideramos que la policía no tienen facultad de decidir lo que podemos o no podemos leer.

Segunda Vuelta

Si no ha visto las primeras entregas de “Oscuro”, léalas aquí:
OSCURO 1
OSCURO 2
OSCURO 3
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  la PNC

29 noviembre 2018 / SEGUNDA VUELTA

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“OSCURO”, entrega 3. La pandilla

Segunda Vuelta publica la tira cómica completa “Oscuro”, que fue distribuida a jóvenes, en el marco de programas de prevención de la violencia, pero que luego fue decomisada por la PNC. Esta es la tercera entrega, que trata de la pandilla y la extorsión. Tal vez el ministro de Seguridad y el director de a PNC deberan leer este capítulo, antes de seguir insistiendo que este comic defiende a los pandilleros y la violencia…

Si no ha visto las primeras entregas de “Oscuro”, léalas aquí:
OSCURO 1
OSCURO 2
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  la PNC

 

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“OSCURO” y la violencia policial. El comic decomisado por la PNC – Versión completa / Entrega 2

En esta entrega de “Oscuro”, el comic decomisado por a PNC, el personaje central Oscar (“Oscuro”) se topa con la violencia de la policía: una ejecución extrajudicial. Es tal vez por eso que el comic molesta a los comisionados y al ministro de Seguridad. Detrás de a actuación de las autoridades no solo hay un problema de la libertad de expresión y las artes, sino uno aun más preocupante: si nuestros policías no entienden este comic, significa que no entienden la situación, los miedos y el lenguaje de los jóvenes en las comunidades.

Segunda Vuelta

24 noviembre 2018 / FUNDE – SEGUNDA VUELTA

Si no ha visto la primera entrega de “Oscuro”, leala aquí
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  PNC

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“OSCURO”, el comic decomisado por la PNC – Versión completa / Entrega 1

“Oscuro” es el comic para jóvenes que fue decomisado por la PNC por considerar que promueve la violencia y la cultura de las pandillas. La PNC pasó el caso a la fiscalía. Muchos hablan de un ataque a la libertad de expresión y un abuso de autoridad.

El pasquín, al estilo de los series de comics de Superman y Batman, fue diseñado por una organización internacional llamada Educational Foundations y distribuido en El Salvador por FUNDE (Fundación Nacional de Desarrollo) – en el marco de los programas de prevención de la violencia de un consorcio de ONGs con apoyo de la AID. Vean ustedes mismos si “Oscuro” promueve la violencia o promueve la convivencia pacífica.

Segunda Vuelta

23 noviembre 2018 / FUNDE / SEGUNDA VUELTA

 

 

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El Salvador vive, por ahora, una baja de homicidios: AP

, 3 julio 2016 / ASSOCIATED PRESS AP

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Tras convertirse en 2015 en la capital mundial de los homicidios y empezar el 2016 con una espiral sangrienta, El Salvador ha tenido un respiro con una baja de los asesinatos a casi la mitad.

¿De quién es el crédito por esa baja? Depende de a quién se le pregunte.

El gobierno atribuye la reducción a una nueva cruzada contra las pandillas que lanzó en marzo con una fuerza de seguridad y aislando a los jefes en una cárcel de máxima seguridad.

Pero para las pandillas, la baja se debe a una orden que dieron a sus estructuras para cesar los homicidios, en lo que consideran una muestra del control que mantienen sobre sus miembros.

Los cierto es que mayo se registraron 351 asesinatos, comparado con 353 en abril y 611 en marzo.

En junio, se registraron 331 asesinatos, comparado con los 677 del mismo mes de 2015, un año cuando El Salvador registró poco más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra extremadamente alta para un país “en paz”, aunque aún una fracción de las muertes vistas en zonas de guerra como Siria, donde las víctimas se estiman en cientos de miles desde 2011.

Los números entre abril y junio no se veían desde hace más de un año: en casi todo 2015 los asesinatos siempre estuvieron en más de 400 mensuales e incluso llegaron en un solo mes, agosto, a más de 900. Las autoridades dicen que las víctimas actuales son sobre todo de pandilleros que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de luchas entre grupos rivales, dentro y fuera de prisión.

La cifra actual, sin embargo, es aún alta: la tasa de homicidios fue tan elevada el año pasado, que aunque se haya reducido actualmente a la mitad aún pondría a El Salvador entre los primeros 10 lugares de los países que tienen el mayor número de asesinatos sin estar en guerra.

Conscientes de que las cosas empeorarían para sus miembros, las tres pandillas más importantes de El Salvador hicieron a un lado sus diferencias y juntos enviaron un mensaje al gobierno: acordaban cesar los homicidios para mostrar que no era necesario que lanzara nuevas medidas para perseguirlas.

Tras un mensaje videograbado de marzo en el que se ven a supuestos representantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, el gobierno les respondió que no habría descanso y, por el contrario, desplegó una fuerza especial de seguridad para ir contra ellos y transfirió nuevamente a sus cabecillas a un penal de máxima seguridad donde los mantiene aislados de las estructuras.

“La reducción de homicidios obedece a la efectividad de los planes de la policía y a las medidas extraordinarias por el gobierno, especialmente en penales”, dijo la semana pasada el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.

El gobierno considera clave el aislamiento de los líderes de las pandillas en el penal de máxima seguridad que tiene El Salvador, porque así no pueden enviar órdenes a sus miembros en las calles.

“Hemos ido controlando gradualmente el sistema penitenciario y vamos a terminar de controlarlo”, aseguró el fin de semana el vicepresidente Oscar Ortiz.

Las pandillas, sin embargo, tienen una explicación distinta.

Un miembro del Barrio 18 Sureños dijo a The Associated Press que la reducción se debe a una orden que se les dio a los integrantes de las pandillas.

“Cuando guerra hemos querido, les hemos hecho guerra y ahorita no estamos en esa lógica; no queremos guerra, queremos que las cosas se solucionen de una manera diferente”, dijo el hombre que aceptó hablar con la AP bajo condición de no identificarlo para evitar ser ubicado por las autoridades.

Dijo que es parte de un equipo de coordinación entre las tres pandillas dominantes de El Salvador y que están abiertos a un diálogo para reducir la violencia.

Aseguró que las tres pandillas han decidido mantener lo que llama un “cese de hostilidades entre las estructuras pandilleriles”.

Según varios expertos, la reducción de los homicidios reflejada en las estadísticas es una combinación tanto de la ofensiva gubernamental como del aparente repliegue de las pandillas que ha puesto a El Salvador en una situación no vista desde hace meses, pero temen que sea un fenómeno pasajero.

“Me temo que esto es temporal, que esto va a durar en la medida que le tome a las pandillas vislumbrar una nueva manera de enfrentar al gobierno”, dijo a la AP José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida.

Apenas llegó al poder en 2014, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, un ex guerrillero, estableció una política de fuerza contra las pandillas, la cual reforzó en marzo cuando la violencia alcanzó un nivel inusitado. En San Juan Opico, en las afueras de la capital, presuntos pandilleros asesinaron con una saña pocas veces vista a 11 hombres, algunos de ellos rematados a machetazos.

La masacre de Opico marcó un punto de inflexión en el país centroamericano y en cuestión de semanas la Asamblea (parlamento) aprobó un paquete de medidas que incluye someter a aislamientos severos a los pandilleros, a la par que el gobierno desplegó a 1.000 soldados y policías para buscar y desmantelar a las pandillas.

Para Sánchez Cerén, lo que ha hecho su gobierno es “una recuperación de la esperanza de que este país ahora va por el camino de derrotar al crimen”.

Santiago, el vocero del Barrio 18 Sureños, asegura que están decididos a “demostrar que somos capaces de abandonar la violencia”, aunque también cuenta que sólo cuando el gobierno anticipó que presentaría “medidas extraordinarias” contra ellos es que las tres pandillas acordaron sentarse en la misma mesa y dialogar, algo que ya habían logrado hacer.

En 2012 las pandillas acordaron una tregua, facilitada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes.

Públicamente, la anterior administración ha negado cualquier participación en directa en la planeación de la tregua. Sin embargo, un funcionario del gobierno de Funes dijo a la AP que ese pacto sí fue impulsado desde el gobierno como parte de una estrategia gubernamental de pacificación social.

El hombre, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso, dijo que para evitar que funcionarios se sentaran directamente con ellos, el gobierno anterior permitió que un grupo de mediadores se encontraran con pandilleros dentro y fuera de las prisiones. La estrategia, añadió, fue avalada por el gabinete de seguridad y el mismo presidente.

El ex presidente Funes no respondió a un correo electrónico de la AP para conocer su opinión. Sin embargo, en uno de sus programas radiales semanales de junio, dijo que su gobierno no ideó la tregua y que sólo “facilitó el pacto” que ya las propias pandillas habían establecido.

El caso de la tregua es ahora un tema con un amplio rechazo popular y gubernamental. De hecho, la Fiscalía salvadoreña ordenó el 3 de mayo el arresto de 21 personas, incluidos quien fuera el director de Centros Penales y tres oficiales de la policía, acusados de delitos como introducción ilegal de objetivos y asociación ilícita durante su contacto con las pandillas.

Las autoridades detuvieron en días a 18 de los 21, incluido al mediador Raúl Mijango, un ex guerrillero. Hace unas semanas, sin embargo, un tribunal ordenó que el hombre y los policías enfrenten en libertad su proceso.

En una encuesta reciente del Diario de Hoy, un 78% se manifestó en contra de la tregua, con apenas un 10% a favor. El estudio se realizó del 20 al 24 de mayo a partir de 2.174 encuestas a mayores de 18 años, y tiene un margen de error de 1,51 puntos porcentuales.

“Yo no creo en la tregua”, dijo María Teresa Perdomo, una empleada salvadoreña, quien calificó el pacto del 2012 como “una farsa”, porque las pandillas “siguieron matando y cobrando renta”.

Para José Melgar, un vendedor ambulante, su país no necesita treguas, sino combates directos a las pandillas.

“A esos hay que darles duro”, comentó. “Son malos, nacieron malos, no perdonan a nadie”.

 

La Policía mata y miente de nuevo. De El Faro

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Lea también un informe del “Security Assistance Monitor”:
How El Salvador’s Security Policy is Increasing Extrajudicial Killings and Abuse

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

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El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

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—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

 

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

La Policía masacró en la finca San Blas… y todo apunta a que triunfará la impunidad. De El Faro

Transcurrido medio año desde que una investigación periodística desbarató la versión oficial sobre la masacre que agentes del Grupo de Reaccion Policial perpetraron en la finca San Blas, ¿cómo ha actuado el Estado? Pese al simbolismo del caso y los testimonios y pruebas que evidencian ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil se niegan a investigar lo sucedido.

Imagen de archivo que muestra a dos agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), la unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), que custodian a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, tras un operativo nocturno en el municipio de La Libertad. Foto Yuri Cortez (AFP).

Imagen de archivo que muestra a dos agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), la unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), que custodian a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, tras un operativo nocturno en el municipio de La Libertad. Foto Yuri Cortez (AFP).

Roberto Valencia y Oscar Martínez, 23 enero 2016 / EL FARO

el faro“Nos consta que la Fiscalía no impulsa investigaciones serias y efectivas en casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Policía o a la Fuerza Armada”. La frase es del procurador de Derechos Humanos, David Morales. La pronunció en el marco de una entrevista concedida para evaluar las respuestas del Estado a la masacre de San Blas, cometida por policías de la unidad élite Grupo de Reacción Policial (GRP).

No solo el procurador Morales desconfía. Consultados por El Faro, abogados de oenegés como Fespad y el Idhuca, el exdirector del Instituto de Medicina Legal y hasta un senador de Estados Unidos creen que el Estado salvadoreño está permitiendo y encubriendo la violación de derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales– en el marco de la ‘guerra’ que hace un año desató contra las pandillas.

Este viernes 22 de enero se cumplen seis meses cabales desde que en la Sala Negra de El Faro se publicó ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una reconstrucción pormenorizada de aquel operativo policial antipandillas que el 26 de marzo de 2015 se saldó con la muerte de ocho personas. Respaldada en testimonios de testigos presenciales, documentos oficiales, autopsias y voces de expertos, la investigación periodística desmontó la versión oficial sobre lo sucedido aquella madrugada, que sostiene que todos eran pandilleros y que fueron abatidos en un intercambio de disparos iniciado por los mareros.

La investigación demostró, entre otros hallazgos, que los agentes de GRP abrieron fuego primero, con sólidos indicios para pensar que sus armas fueron las únicas que se dispararon; demostró que al menos dos de la víctimas murieron arrodilladas, con disparos en la cabeza; demostró que tras la matanza se alteró la escena en la que sucedieron los hechos; demostró que colocaron armas junto a las manos de víctimas, para simular que las habían utilizado contra los policías; y demostró que uno de los jóvenes era un trabajador de la finca, el contador, que ni siquiera era pandillero [puede leer la investigación completa si pulsa aquí].

Este reportaje, sin embargo, no es para redundar sobre lo ya publicado, sino para abordar lo ocurrido en el medio año transcurrido desde que la investigación se publicó. Aunque sería más preciso decir ‘sobre lo no ocurrido’.

En masacres protagonizadas por policías o soldados, dice el procurador Morales, hay “un patrón de pasividad muy grande, tanto en la Fiscalía General de la República como en las unidades de control interno de la PNC y la Fuerza Armada”.

Sobre la masacre de San Blas, y en sintonía con lo sucedido seis meses atrás, Fiscalía y PNC declinaron responder las preguntas de El Faro. Se contactó por teléfono al único fiscal asignado al caso (Jaime Rivera), pero rechazó hablar. En la institución policial, se gestionaron entrevistas formales vía Comunicaciones, y también mediante petición directa a un comisionado, pero también rechazaron hablar.

No obstante, El Faro logró platicar bajo condición de anonimato con un fiscal que, por su cargo, tiene acceso a información confidencial. “Sobre ese caso no se ha investigado nada, ni siquiera entrevistas a los testigos, que es lo más básico, mucho menos se ha entrevistado a los policías, o analizado las armas; nada. Es un expediente delgado, no se le ha agregado nada”, dijo. “Y hay muchos casos parecidos a este que están engavetados”, remachó.

La pasividad extrema de la Fiscalía cuesta explicarla ante un caso aireado en la prensa, que acumula más de 90,000 visitas en la web de El Faro y que, por la gravedad de los hallazgos, ha sido retomada por periodistas de distintos países, incluidos The New Yorker y The Nation, medios de referencia en Estados Unidos.

Hablan Fespad, Idhuca y un senador de EEUU.

Para algunas de las organizaciones salvadoreñas con mayor tradición en la defensa de los derechos humanos la situación resulta más que sospechosa. Bertha María Deleón, abogada que trabaja para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), cree que la Fiscalía tendría que haber investigado la masacre de oficio, antes incluso de la publicación de El Faro, y “lo primero que tenían que haber hecho era entrevistar a la familia de Dennis”.

Activo servidor en la sucursal local del Tabernáculo Bíblico Bautista, Dennis Hernández es el joven contador de la finca que el GRP mató en último lugar, mientras trataba de explicarles que él no era pandillero. A unos 15 metros, los ruegos y la ejecución los escucharon su madre, Consuelo Hernández, su padrastro y sus tres hermanos pequeños.

Detalle de una de las paredes de la casa en la que residía Dennis Hernández, el joven evangélico y trabajador de la finca que la PNC mató de un disparo en la cabeza. Ninguna autoridad ha regresado a investigar al escenario en el que se cometió la masacre desde el 26 de marzo de 2015. Foto Nelson Rauda Zablah.

Detalle de una de las paredes de la casa en la que residía Dennis Hernández, el joven evangélico y trabajador de la finca que la PNC mató de un disparo en la cabeza. Ninguna autoridad ha regresado a investigar al escenario en el que se cometió la masacre desde el 26 de marzo de 2015. Foto Nelson Rauda Zablah.

 

“Deberían ser varios los fiscales asignados para una investigación de este tipo, pero sucede que cuando las víctimas supuestamente son mareros, normalmente no pasa nada; con suerte le agregan las autopsias al expediente”, dice Deleón, abogada que durante años se desempeñó como fiscal y que en los últimos meses adquirió notoriedad como querellante en el caso Flores. “La Fiscalía, dada la evidencia incluida en el reportaje, tendría que haber investigado también si los policías incurrieron en fraude procesal, en alteración de evidencia”, agrega.

En similares términos de estupefacción se expresa Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca): “Las omisiones de la Fiscalía y de la PNC las interpreto como una especie de complicidad y encubrimiento: un deseo de no querer descubrir las responsabilidades que pueda haber de parte de estructuras del Estado”.

Cuéllar da un paso más y hace paralelismos entre las masacres protagonizadas durante 2015 por la PNC y las que durante la guerra y en la primera posguerra realizaron los Escuadrones de la Muerte y los grupos de exterminio parapoliciales. “Es una patrón de conducta de bastante data, de décadas, que nunca ha sido cortado de raíz”, dice.

La comparación suena temeraria, pero la realidad es tozuda: apenas unos días después de que Cuéllar dijera estas palabras, el Gobierno promovió a la subdirección general de la PNC al comisionado César Baldemar Flores Murillo, quien en 1995 fue enjuiciado por integrar la Sombra Negra, un grupo de exterminio con conexiones entre empresarios, políticos y mandos policiales y militares de la ciudad de San Miguel. En los meses de mayor actividad de la Sombra Negra, segunda mitad de 1994 y primera de 1995, Flores Murillo era el jefe de la delegación policial migueleña.

José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal hasta el 31 de diciembre, también está convencido –sobre la base de los autopsias que realiza la institución– que “las autoridades están cometiendo asesinatos extrajudiciales”. Y carga contra la Fiscalía como responsable máximo de que las masacres no se investiguen: “El problema no es que haya mala investigación, sino que hay casos que no se investigan, y no se investigan porque no interesa a ninguno de los dos partidos políticos”.

Pero no son solo voces nacionales las que cuestionan el actuar de la PNC y la exigua investigación posterior. Consultado vía correo electrónico, Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, respondió esto: “Estoy muy preocupado por los derechos humanos en El Salvador, y esperamos que haya una investigación independiente a fondo (de la masacre de San Blas), y que los responsables sean llevados ante la Justicia”.

Los susurros de la PDDH

En el plano institucional, la Procuraduría para la Defensa de la Derechos Humanos (PDDH) en la única entidad estatal que ha mostrado algo de interés en rescatar de la impunidad la masacre de San Blas. Abrieron un expediente tras la publicación de la investigación; su personal se ha reunido en dos ocasiones con la testigo principal, Consuelo Hernández; y el procurador Morales asegura que en cuestión de días harán público un primer informe porque ya lograron establecer “deficiencias preocupantes en la investigación de los hechos por parte de las autoridades”.

El procurador Morales no escatima críticas, mucho más afiladas contra la Fiscalía que contra el Gobierno. A la frase con la que arranca este reportaje se suman otras igualmente sonoras.

Dice: “En la investigación que iniciamos ha habido falta de colaboración de la Fiscalía y del director de la PNC, con lo cual se violentó la Ley de la Procuraduría”.

Dice: “En San Blas hay procedimientos deficientes en el procesamiento de la escena del delito y en la obtención de la prueba testimonial”.

Dice: “Sobre estas deficiencias se podría suponer que operadores de la investigación no quieren profundizar en la verdad del caso”.

Pese a ser la única institución estatal interesada, seis meses no les han alcanzado para elaborar un informe preliminar. Ni siquiera han visitado la finca San Blas. “Nuestro personal es escaso”, se escuda el procurador Morales.

Pero para Benjamín Cuéllar, del Idhuca, la PDDH también está en deuda: “Aunque se hayan reunido con una víctima, su papel ante este tipo de masacres es demasiado tímido, todo lo contrario al primer y mejor procurador de Derechos Humanos que ha tenido El Salvador, Monseñor Romero, que actuaba con voz fuerte y valiente, y poniendo el dedo en la llaga”.

El pasado 16 de enero, 24º aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente de la República pidió perdón en nombre de la Fuerza Armada por los crímenes que las fuerzas de seguridad cometieron durante la guerra civil, pero no hizo alusión alguna al presente. Foto Cortesía Casa Presidencial.

El pasado 16 de enero, 24º aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente de la República pidió perdón en nombre de la Fuerza Armada por los crímenes que las fuerzas de seguridad cometieron durante la guerra civil, pero no hizo alusión alguna al presente. Foto Cortesía Casa Presidencial.

Lo cierto es que, pese a la claridad con la que se expresa el procurador Morales cuando se le pregunta de manera directa sobre el tema, en el balance oficial de cuatro páginas que la PDDH hizo antes de finalizar 2015, apenas se hace referencia a los excesos del Estado en su ‘guerra’ contra las pandillas, y se diluyen entre otros tipos de violencia. Como si no se quisiera afectar el discurso gubernamental que niega cualquier tipo de violencia promovida o tolerada por el Gabinete de Seguridad. “Me enorgullece decir que en nuestro Gobierno todas las políticas y acciones tienen como base medular el respeto a los derechos humanos”, dice el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

Pero a Consuelo Hernández, que vive en pobreza extrema, la PNC le mató a un hijo en la finca San Blas. Tres semanas después, su hermano Jesús –quien se atrevió a cuestionar el operativo policial y llamó asesinos a los agentes durante el procesamiento de la escena– desapareció y su cadáver apareció un día después, torturado. Y en noviembre pasado, Consuelo recibió amenazas de muerte telefónicas que la obligaron a huir, ella y su familia, a otro municipio, en otro departamento.

“No investigar unos hechos delictivos tan graves como los de la finca San Blas es una irresponsable evasión del Estado, también por las consecuencias que puedan tener”, advierte Benjamín Cuéllar.

Daños colaterales’

La masacre de la finca San Blas no es un caso aislado. Según cifras difundidas por la PNC, durante 2015 los policías protagonizaron otros 494 “intercambios de disparos” con presuntos delincuentes, el doble que un año atrás. Un total de 309 personas murieron en esos operativos policiales, a los que habría que sumar las víctimas generadas por la Fuerza Armada.

El discurso oficial, repetido hasta la saciedad, es que todas las personas abatidas por la PNC forman parte de “grupos criminales”, pero entre esos 309 salvadoreños muertos en 2015 con armas policiales figura Dennis Hernández, el contador de la finca San Blas, y uno aún más escandaloso: Celso Hernández López.

Celso era un sargento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Cojutepeque de 54 años que, cuando la jornada laboral se lo permitía, iba a buscar a su hija cuando terminaba su jornada laboral, en una de las gasolineras del kilómetro 35½ de la carretera Panamericana. Sobre las 9 de la noche, una patrulla que perseguía a unos pandilleros que habían huido en moto tras lanzar una granada detuvo a Celso, que caminaba sobre el arriate central hacia la gasolinera. Creyeron que estaba involucrado en el ataque, lo encañonaron, lo insultaron, lo amenazaron y por último lo acribillaron a balazos; unos 30, según diversos reportes periodísticos.

Cinco semanas después, la PDDH publicó una resolución sobre el caso, firme pero no vinculante, como ninguna de sus resoluciones: “Existe información suficiente para presumir muerte arbitraria en perjuicio del señor José Celso Hernández López, por uso desproporcionado de armas de fuego, lo que derivó en una violación del derecho a la vida”.

Transcurridos seis meses desde que se publicó la investigación periodística que reveló lo ocurrido en la finca San Blas, que son diez meses desde que se cometió la masacre, la Fiscalía y el Gobierno siguen actuando como si nada ocurrió en aquella finca cafetalera. Y la PDDH anuncia un informe preliminar que, en el mejor de los casos, se convertiría a medio plazo en una resolución firme.

—¿Y de qué sirve una resolución condenatoria de la PDDH? –se pregunta al procurador Morales.
—Debería activar una investigación contra los responsables.
—Usted resolvió que la PNC mató arbitrariamente al sargento del CAM de Cojutepeque. ¿Los policías que lo acribillaron siguen hoy libres?
—(…) No tenemos información de que los hayan procesado.

El pasado 16 de enero, aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente Sánchez Cerén pidió perdón –entre aplausos de sus seguidores– por los abusos cometidos por el Estado durante la guerra civil: “Pido perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, a sus familiares, y les reafirmo mi compromiso de que hechos como esos jamás se repetirán en nuestra historia”.

Que jamás se repetirán, dijo.