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El Salvador vive, por ahora, una baja de homicidios: AP

, 3 julio 2016 / ASSOCIATED PRESS AP

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Tras convertirse en 2015 en la capital mundial de los homicidios y empezar el 2016 con una espiral sangrienta, El Salvador ha tenido un respiro con una baja de los asesinatos a casi la mitad.

¿De quién es el crédito por esa baja? Depende de a quién se le pregunte.

El gobierno atribuye la reducción a una nueva cruzada contra las pandillas que lanzó en marzo con una fuerza de seguridad y aislando a los jefes en una cárcel de máxima seguridad.

Pero para las pandillas, la baja se debe a una orden que dieron a sus estructuras para cesar los homicidios, en lo que consideran una muestra del control que mantienen sobre sus miembros.

Los cierto es que mayo se registraron 351 asesinatos, comparado con 353 en abril y 611 en marzo.

En junio, se registraron 331 asesinatos, comparado con los 677 del mismo mes de 2015, un año cuando El Salvador registró poco más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra extremadamente alta para un país “en paz”, aunque aún una fracción de las muertes vistas en zonas de guerra como Siria, donde las víctimas se estiman en cientos de miles desde 2011.

Los números entre abril y junio no se veían desde hace más de un año: en casi todo 2015 los asesinatos siempre estuvieron en más de 400 mensuales e incluso llegaron en un solo mes, agosto, a más de 900. Las autoridades dicen que las víctimas actuales son sobre todo de pandilleros que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de luchas entre grupos rivales, dentro y fuera de prisión.

La cifra actual, sin embargo, es aún alta: la tasa de homicidios fue tan elevada el año pasado, que aunque se haya reducido actualmente a la mitad aún pondría a El Salvador entre los primeros 10 lugares de los países que tienen el mayor número de asesinatos sin estar en guerra.

Conscientes de que las cosas empeorarían para sus miembros, las tres pandillas más importantes de El Salvador hicieron a un lado sus diferencias y juntos enviaron un mensaje al gobierno: acordaban cesar los homicidios para mostrar que no era necesario que lanzara nuevas medidas para perseguirlas.

Tras un mensaje videograbado de marzo en el que se ven a supuestos representantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, el gobierno les respondió que no habría descanso y, por el contrario, desplegó una fuerza especial de seguridad para ir contra ellos y transfirió nuevamente a sus cabecillas a un penal de máxima seguridad donde los mantiene aislados de las estructuras.

“La reducción de homicidios obedece a la efectividad de los planes de la policía y a las medidas extraordinarias por el gobierno, especialmente en penales”, dijo la semana pasada el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.

El gobierno considera clave el aislamiento de los líderes de las pandillas en el penal de máxima seguridad que tiene El Salvador, porque así no pueden enviar órdenes a sus miembros en las calles.

“Hemos ido controlando gradualmente el sistema penitenciario y vamos a terminar de controlarlo”, aseguró el fin de semana el vicepresidente Oscar Ortiz.

Las pandillas, sin embargo, tienen una explicación distinta.

Un miembro del Barrio 18 Sureños dijo a The Associated Press que la reducción se debe a una orden que se les dio a los integrantes de las pandillas.

“Cuando guerra hemos querido, les hemos hecho guerra y ahorita no estamos en esa lógica; no queremos guerra, queremos que las cosas se solucionen de una manera diferente”, dijo el hombre que aceptó hablar con la AP bajo condición de no identificarlo para evitar ser ubicado por las autoridades.

Dijo que es parte de un equipo de coordinación entre las tres pandillas dominantes de El Salvador y que están abiertos a un diálogo para reducir la violencia.

Aseguró que las tres pandillas han decidido mantener lo que llama un “cese de hostilidades entre las estructuras pandilleriles”.

Según varios expertos, la reducción de los homicidios reflejada en las estadísticas es una combinación tanto de la ofensiva gubernamental como del aparente repliegue de las pandillas que ha puesto a El Salvador en una situación no vista desde hace meses, pero temen que sea un fenómeno pasajero.

“Me temo que esto es temporal, que esto va a durar en la medida que le tome a las pandillas vislumbrar una nueva manera de enfrentar al gobierno”, dijo a la AP José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida.

Apenas llegó al poder en 2014, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, un ex guerrillero, estableció una política de fuerza contra las pandillas, la cual reforzó en marzo cuando la violencia alcanzó un nivel inusitado. En San Juan Opico, en las afueras de la capital, presuntos pandilleros asesinaron con una saña pocas veces vista a 11 hombres, algunos de ellos rematados a machetazos.

La masacre de Opico marcó un punto de inflexión en el país centroamericano y en cuestión de semanas la Asamblea (parlamento) aprobó un paquete de medidas que incluye someter a aislamientos severos a los pandilleros, a la par que el gobierno desplegó a 1.000 soldados y policías para buscar y desmantelar a las pandillas.

Para Sánchez Cerén, lo que ha hecho su gobierno es “una recuperación de la esperanza de que este país ahora va por el camino de derrotar al crimen”.

Santiago, el vocero del Barrio 18 Sureños, asegura que están decididos a “demostrar que somos capaces de abandonar la violencia”, aunque también cuenta que sólo cuando el gobierno anticipó que presentaría “medidas extraordinarias” contra ellos es que las tres pandillas acordaron sentarse en la misma mesa y dialogar, algo que ya habían logrado hacer.

En 2012 las pandillas acordaron una tregua, facilitada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes.

Públicamente, la anterior administración ha negado cualquier participación en directa en la planeación de la tregua. Sin embargo, un funcionario del gobierno de Funes dijo a la AP que ese pacto sí fue impulsado desde el gobierno como parte de una estrategia gubernamental de pacificación social.

El hombre, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso, dijo que para evitar que funcionarios se sentaran directamente con ellos, el gobierno anterior permitió que un grupo de mediadores se encontraran con pandilleros dentro y fuera de las prisiones. La estrategia, añadió, fue avalada por el gabinete de seguridad y el mismo presidente.

El ex presidente Funes no respondió a un correo electrónico de la AP para conocer su opinión. Sin embargo, en uno de sus programas radiales semanales de junio, dijo que su gobierno no ideó la tregua y que sólo “facilitó el pacto” que ya las propias pandillas habían establecido.

El caso de la tregua es ahora un tema con un amplio rechazo popular y gubernamental. De hecho, la Fiscalía salvadoreña ordenó el 3 de mayo el arresto de 21 personas, incluidos quien fuera el director de Centros Penales y tres oficiales de la policía, acusados de delitos como introducción ilegal de objetivos y asociación ilícita durante su contacto con las pandillas.

Las autoridades detuvieron en días a 18 de los 21, incluido al mediador Raúl Mijango, un ex guerrillero. Hace unas semanas, sin embargo, un tribunal ordenó que el hombre y los policías enfrenten en libertad su proceso.

En una encuesta reciente del Diario de Hoy, un 78% se manifestó en contra de la tregua, con apenas un 10% a favor. El estudio se realizó del 20 al 24 de mayo a partir de 2.174 encuestas a mayores de 18 años, y tiene un margen de error de 1,51 puntos porcentuales.

“Yo no creo en la tregua”, dijo María Teresa Perdomo, una empleada salvadoreña, quien calificó el pacto del 2012 como “una farsa”, porque las pandillas “siguieron matando y cobrando renta”.

Para José Melgar, un vendedor ambulante, su país no necesita treguas, sino combates directos a las pandillas.

“A esos hay que darles duro”, comentó. “Son malos, nacieron malos, no perdonan a nadie”.

 

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La Policía mata y miente de nuevo. De El Faro

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Lea también un informe del “Security Assistance Monitor”:
How El Salvador’s Security Policy is Increasing Extrajudicial Killings and Abuse

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

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El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

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—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

 

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

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El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

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El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

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Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

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Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

La Policía masacró en la finca San Blas… y todo apunta a que triunfará la impunidad. De El Faro

Transcurrido medio año desde que una investigación periodística desbarató la versión oficial sobre la masacre que agentes del Grupo de Reaccion Policial perpetraron en la finca San Blas, ¿cómo ha actuado el Estado? Pese al simbolismo del caso y los testimonios y pruebas que evidencian ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil se niegan a investigar lo sucedido.

Imagen de archivo que muestra a dos agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), la unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), que custodian a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, tras un operativo nocturno en el municipio de La Libertad. Foto Yuri Cortez (AFP).

Imagen de archivo que muestra a dos agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), la unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), que custodian a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, tras un operativo nocturno en el municipio de La Libertad. Foto Yuri Cortez (AFP).

Roberto Valencia y Oscar Martínez, 23 enero 2016 / EL FARO

el faro“Nos consta que la Fiscalía no impulsa investigaciones serias y efectivas en casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Policía o a la Fuerza Armada”. La frase es del procurador de Derechos Humanos, David Morales. La pronunció en el marco de una entrevista concedida para evaluar las respuestas del Estado a la masacre de San Blas, cometida por policías de la unidad élite Grupo de Reacción Policial (GRP).

No solo el procurador Morales desconfía. Consultados por El Faro, abogados de oenegés como Fespad y el Idhuca, el exdirector del Instituto de Medicina Legal y hasta un senador de Estados Unidos creen que el Estado salvadoreño está permitiendo y encubriendo la violación de derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales– en el marco de la ‘guerra’ que hace un año desató contra las pandillas.

Este viernes 22 de enero se cumplen seis meses cabales desde que en la Sala Negra de El Faro se publicó ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una reconstrucción pormenorizada de aquel operativo policial antipandillas que el 26 de marzo de 2015 se saldó con la muerte de ocho personas. Respaldada en testimonios de testigos presenciales, documentos oficiales, autopsias y voces de expertos, la investigación periodística desmontó la versión oficial sobre lo sucedido aquella madrugada, que sostiene que todos eran pandilleros y que fueron abatidos en un intercambio de disparos iniciado por los mareros.

La investigación demostró, entre otros hallazgos, que los agentes de GRP abrieron fuego primero, con sólidos indicios para pensar que sus armas fueron las únicas que se dispararon; demostró que al menos dos de la víctimas murieron arrodilladas, con disparos en la cabeza; demostró que tras la matanza se alteró la escena en la que sucedieron los hechos; demostró que colocaron armas junto a las manos de víctimas, para simular que las habían utilizado contra los policías; y demostró que uno de los jóvenes era un trabajador de la finca, el contador, que ni siquiera era pandillero [puede leer la investigación completa si pulsa aquí].

Este reportaje, sin embargo, no es para redundar sobre lo ya publicado, sino para abordar lo ocurrido en el medio año transcurrido desde que la investigación se publicó. Aunque sería más preciso decir ‘sobre lo no ocurrido’.

En masacres protagonizadas por policías o soldados, dice el procurador Morales, hay “un patrón de pasividad muy grande, tanto en la Fiscalía General de la República como en las unidades de control interno de la PNC y la Fuerza Armada”.

Sobre la masacre de San Blas, y en sintonía con lo sucedido seis meses atrás, Fiscalía y PNC declinaron responder las preguntas de El Faro. Se contactó por teléfono al único fiscal asignado al caso (Jaime Rivera), pero rechazó hablar. En la institución policial, se gestionaron entrevistas formales vía Comunicaciones, y también mediante petición directa a un comisionado, pero también rechazaron hablar.

No obstante, El Faro logró platicar bajo condición de anonimato con un fiscal que, por su cargo, tiene acceso a información confidencial. “Sobre ese caso no se ha investigado nada, ni siquiera entrevistas a los testigos, que es lo más básico, mucho menos se ha entrevistado a los policías, o analizado las armas; nada. Es un expediente delgado, no se le ha agregado nada”, dijo. “Y hay muchos casos parecidos a este que están engavetados”, remachó.

La pasividad extrema de la Fiscalía cuesta explicarla ante un caso aireado en la prensa, que acumula más de 90,000 visitas en la web de El Faro y que, por la gravedad de los hallazgos, ha sido retomada por periodistas de distintos países, incluidos The New Yorker y The Nation, medios de referencia en Estados Unidos.

Hablan Fespad, Idhuca y un senador de EEUU.

Para algunas de las organizaciones salvadoreñas con mayor tradición en la defensa de los derechos humanos la situación resulta más que sospechosa. Bertha María Deleón, abogada que trabaja para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), cree que la Fiscalía tendría que haber investigado la masacre de oficio, antes incluso de la publicación de El Faro, y “lo primero que tenían que haber hecho era entrevistar a la familia de Dennis”.

Activo servidor en la sucursal local del Tabernáculo Bíblico Bautista, Dennis Hernández es el joven contador de la finca que el GRP mató en último lugar, mientras trataba de explicarles que él no era pandillero. A unos 15 metros, los ruegos y la ejecución los escucharon su madre, Consuelo Hernández, su padrastro y sus tres hermanos pequeños.

Detalle de una de las paredes de la casa en la que residía Dennis Hernández, el joven evangélico y trabajador de la finca que la PNC mató de un disparo en la cabeza. Ninguna autoridad ha regresado a investigar al escenario en el que se cometió la masacre desde el 26 de marzo de 2015. Foto Nelson Rauda Zablah.

Detalle de una de las paredes de la casa en la que residía Dennis Hernández, el joven evangélico y trabajador de la finca que la PNC mató de un disparo en la cabeza. Ninguna autoridad ha regresado a investigar al escenario en el que se cometió la masacre desde el 26 de marzo de 2015. Foto Nelson Rauda Zablah.

 

“Deberían ser varios los fiscales asignados para una investigación de este tipo, pero sucede que cuando las víctimas supuestamente son mareros, normalmente no pasa nada; con suerte le agregan las autopsias al expediente”, dice Deleón, abogada que durante años se desempeñó como fiscal y que en los últimos meses adquirió notoriedad como querellante en el caso Flores. “La Fiscalía, dada la evidencia incluida en el reportaje, tendría que haber investigado también si los policías incurrieron en fraude procesal, en alteración de evidencia”, agrega.

En similares términos de estupefacción se expresa Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca): “Las omisiones de la Fiscalía y de la PNC las interpreto como una especie de complicidad y encubrimiento: un deseo de no querer descubrir las responsabilidades que pueda haber de parte de estructuras del Estado”.

Cuéllar da un paso más y hace paralelismos entre las masacres protagonizadas durante 2015 por la PNC y las que durante la guerra y en la primera posguerra realizaron los Escuadrones de la Muerte y los grupos de exterminio parapoliciales. “Es una patrón de conducta de bastante data, de décadas, que nunca ha sido cortado de raíz”, dice.

La comparación suena temeraria, pero la realidad es tozuda: apenas unos días después de que Cuéllar dijera estas palabras, el Gobierno promovió a la subdirección general de la PNC al comisionado César Baldemar Flores Murillo, quien en 1995 fue enjuiciado por integrar la Sombra Negra, un grupo de exterminio con conexiones entre empresarios, políticos y mandos policiales y militares de la ciudad de San Miguel. En los meses de mayor actividad de la Sombra Negra, segunda mitad de 1994 y primera de 1995, Flores Murillo era el jefe de la delegación policial migueleña.

José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal hasta el 31 de diciembre, también está convencido –sobre la base de los autopsias que realiza la institución– que “las autoridades están cometiendo asesinatos extrajudiciales”. Y carga contra la Fiscalía como responsable máximo de que las masacres no se investiguen: “El problema no es que haya mala investigación, sino que hay casos que no se investigan, y no se investigan porque no interesa a ninguno de los dos partidos políticos”.

Pero no son solo voces nacionales las que cuestionan el actuar de la PNC y la exigua investigación posterior. Consultado vía correo electrónico, Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, respondió esto: “Estoy muy preocupado por los derechos humanos en El Salvador, y esperamos que haya una investigación independiente a fondo (de la masacre de San Blas), y que los responsables sean llevados ante la Justicia”.

Los susurros de la PDDH

En el plano institucional, la Procuraduría para la Defensa de la Derechos Humanos (PDDH) en la única entidad estatal que ha mostrado algo de interés en rescatar de la impunidad la masacre de San Blas. Abrieron un expediente tras la publicación de la investigación; su personal se ha reunido en dos ocasiones con la testigo principal, Consuelo Hernández; y el procurador Morales asegura que en cuestión de días harán público un primer informe porque ya lograron establecer “deficiencias preocupantes en la investigación de los hechos por parte de las autoridades”.

El procurador Morales no escatima críticas, mucho más afiladas contra la Fiscalía que contra el Gobierno. A la frase con la que arranca este reportaje se suman otras igualmente sonoras.

Dice: “En la investigación que iniciamos ha habido falta de colaboración de la Fiscalía y del director de la PNC, con lo cual se violentó la Ley de la Procuraduría”.

Dice: “En San Blas hay procedimientos deficientes en el procesamiento de la escena del delito y en la obtención de la prueba testimonial”.

Dice: “Sobre estas deficiencias se podría suponer que operadores de la investigación no quieren profundizar en la verdad del caso”.

Pese a ser la única institución estatal interesada, seis meses no les han alcanzado para elaborar un informe preliminar. Ni siquiera han visitado la finca San Blas. “Nuestro personal es escaso”, se escuda el procurador Morales.

Pero para Benjamín Cuéllar, del Idhuca, la PDDH también está en deuda: “Aunque se hayan reunido con una víctima, su papel ante este tipo de masacres es demasiado tímido, todo lo contrario al primer y mejor procurador de Derechos Humanos que ha tenido El Salvador, Monseñor Romero, que actuaba con voz fuerte y valiente, y poniendo el dedo en la llaga”.

El pasado 16 de enero, 24º aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente de la República pidió perdón en nombre de la Fuerza Armada por los crímenes que las fuerzas de seguridad cometieron durante la guerra civil, pero no hizo alusión alguna al presente. Foto Cortesía Casa Presidencial.

El pasado 16 de enero, 24º aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente de la República pidió perdón en nombre de la Fuerza Armada por los crímenes que las fuerzas de seguridad cometieron durante la guerra civil, pero no hizo alusión alguna al presente. Foto Cortesía Casa Presidencial.

Lo cierto es que, pese a la claridad con la que se expresa el procurador Morales cuando se le pregunta de manera directa sobre el tema, en el balance oficial de cuatro páginas que la PDDH hizo antes de finalizar 2015, apenas se hace referencia a los excesos del Estado en su ‘guerra’ contra las pandillas, y se diluyen entre otros tipos de violencia. Como si no se quisiera afectar el discurso gubernamental que niega cualquier tipo de violencia promovida o tolerada por el Gabinete de Seguridad. “Me enorgullece decir que en nuestro Gobierno todas las políticas y acciones tienen como base medular el respeto a los derechos humanos”, dice el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

Pero a Consuelo Hernández, que vive en pobreza extrema, la PNC le mató a un hijo en la finca San Blas. Tres semanas después, su hermano Jesús –quien se atrevió a cuestionar el operativo policial y llamó asesinos a los agentes durante el procesamiento de la escena– desapareció y su cadáver apareció un día después, torturado. Y en noviembre pasado, Consuelo recibió amenazas de muerte telefónicas que la obligaron a huir, ella y su familia, a otro municipio, en otro departamento.

“No investigar unos hechos delictivos tan graves como los de la finca San Blas es una irresponsable evasión del Estado, también por las consecuencias que puedan tener”, advierte Benjamín Cuéllar.

Daños colaterales’

La masacre de la finca San Blas no es un caso aislado. Según cifras difundidas por la PNC, durante 2015 los policías protagonizaron otros 494 “intercambios de disparos” con presuntos delincuentes, el doble que un año atrás. Un total de 309 personas murieron en esos operativos policiales, a los que habría que sumar las víctimas generadas por la Fuerza Armada.

El discurso oficial, repetido hasta la saciedad, es que todas las personas abatidas por la PNC forman parte de “grupos criminales”, pero entre esos 309 salvadoreños muertos en 2015 con armas policiales figura Dennis Hernández, el contador de la finca San Blas, y uno aún más escandaloso: Celso Hernández López.

Celso era un sargento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Cojutepeque de 54 años que, cuando la jornada laboral se lo permitía, iba a buscar a su hija cuando terminaba su jornada laboral, en una de las gasolineras del kilómetro 35½ de la carretera Panamericana. Sobre las 9 de la noche, una patrulla que perseguía a unos pandilleros que habían huido en moto tras lanzar una granada detuvo a Celso, que caminaba sobre el arriate central hacia la gasolinera. Creyeron que estaba involucrado en el ataque, lo encañonaron, lo insultaron, lo amenazaron y por último lo acribillaron a balazos; unos 30, según diversos reportes periodísticos.

Cinco semanas después, la PDDH publicó una resolución sobre el caso, firme pero no vinculante, como ninguna de sus resoluciones: “Existe información suficiente para presumir muerte arbitraria en perjuicio del señor José Celso Hernández López, por uso desproporcionado de armas de fuego, lo que derivó en una violación del derecho a la vida”.

Transcurridos seis meses desde que se publicó la investigación periodística que reveló lo ocurrido en la finca San Blas, que son diez meses desde que se cometió la masacre, la Fiscalía y el Gobierno siguen actuando como si nada ocurrió en aquella finca cafetalera. Y la PDDH anuncia un informe preliminar que, en el mejor de los casos, se convertiría a medio plazo en una resolución firme.

—¿Y de qué sirve una resolución condenatoria de la PDDH? –se pregunta al procurador Morales.
—Debería activar una investigación contra los responsables.
—Usted resolvió que la PNC mató arbitrariamente al sargento del CAM de Cojutepeque. ¿Los policías que lo acribillaron siguen hoy libres?
—(…) No tenemos información de que los hayan procesado.

El pasado 16 de enero, aniversario de los Acuerdos de Paz, el presidente Sánchez Cerén pidió perdón –entre aplausos de sus seguidores– por los abusos cometidos por el Estado durante la guerra civil: “Pido perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, a sus familiares, y les reafirmo mi compromiso de que hechos como esos jamás se repetirán en nuestra historia”.

Que jamás se repetirán, dijo.

Promedio 24 homicidios por día se mantiene en 2016

Autoridades de la Policía registran 410 asesinatos en solo 17 días del presente mes.

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David Marroquín, 19 enero 2016 / EDH

diario hoyEl número de homicidios que se registró en los primeros 17 días de enero ya superó las estadísticas de muertes violentas que se produjeron en los 31 días de enero de los años 2014 y 2015, de acuerdo a los registros de la Policía.

Las cifras policiales detallan que la violencia acabó con las vidas de 410 personas entre el uno al 17 de enero de este año, es decir, que el promedio alcanza las 24 muertes violentas por día; mientras que durante enero de 2014 hubo 234 homicidios, con un promedio de 8 por día. En ese mismo mes pero del año pasado se registraron 339 crímenes, a razón de 11 asesinatos por día.

Lo anterior significa que en  la primera quincena de enero de este año se ha superado en 71 homicidios el total registrado en enero de 2014 y en 176 el mismo período de 2014.

Las proyecciones de la Policía indican que según el comportamiento de la violencia criminal en el presente mes, existe la posibilidad de que enero termine con  no menos de 748 asesinatos.

El fin de semana pasado hubo una alta dosis de violencia en el país. La Policía da cuenta que el fin de semana pasado se registró 77 homicidios, de los cuales 25 ocurrieron el viernes 15 de enero; otros 28 se cometieron el sábado 16 y 24 más el domingo 17 anterior.

La edad de la mayoría de las 77 víctimas oscilaba entre los 15 a 30 años de edad, un indicador que se ha mantenido en los últimos años. Eso significa que sigue muriendo gente en edad productiva.

Otro dato importante es que un buen número de las víctimas no eran pandilleros ni tampoco tenían algún tipo de vínculo con esos grupos, según fuentes de la Policía.

El 1 de enero se registraron 41 muertes violentas, la mayoría de ellas atribuidas por las autoridades policiales a las pandillas.

Uno de los hechos donde murieron cinco supuestos pandilleros, fue producto de un intercambio de balazos entre policías y pandilleros en las afueras de Olocuilta, en La Paz. Además, hubo dos masacres con un saldo de 11  víctimas, algunas de ellas eran pandilleros, según la Policía.

Área Metropolitana con    mayoría de homicidios

De los 410 homicidios registrados en los 17 días de enero, el 31 por ciento de los mismos (127 homicidios) se cometieron en el área metropolitana de San Salvador, lo que la convierte en la región más violenta del país.

En la región occidental se registraron 117 homicidios, lo que representa el 20 por ciento del total de las muertes.

En el oriente del país también se tuvo un repunte de los homicidios, puesto que la primera quincena se reportaron 131 muertes (20 % del total).

Las zonas Central y Paracentral se perfilan como las que menos muertes violentas se registraron en el primer mes de este año. En la región Central hubo 48 homicidios, y en la Paracentral se cometieron otros 63.

Nunca antes el inicio de un año había sido tan violento como enero del 2016, en el que 410 personas han sido asesinadas en 17 días.

A pesar de la crítica situación de inseguridad que se vive en el país, el presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró el viernes pasado en su discurso del XXIV aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que su gobierno ha tenido “avances en materia de seguridad y en este 2016 vamos a redoblar esfuerzos por llevar más tranquilidad a las comunidades afectadas por el flagelo de la violencia”.

Y recalcó que “la buena noticia es que ahora contamos con un gobierno que está enfrentando con firmeza y en toda su magnitud el fenómeno de la violencia y la delincuencia”.

Investigadores de la Policía aseguraron que uno de los factores que ha contribuido al incremento de los homicidios  son las pugnas internas que existen en las pandillas por querer asumir la dirección de esos grupos y por quedarse  con el dinero producto de los hechos delictivos, entre éstos las extorsiones.

A  lo anterior se le suman las muertes de personas que se resisten a cumplir con las medidas de control que han impuesto las pandillas en las comunidades y colonias donde tienen presencia.

Otro de los factores estaría relacionado a las amenazas de esos grupos en contra de propietarios de pequeños negocios como panaderías y tiendas al negarse a cerrarlos, puesto que las pandillas pretenden instalar sus propios negocios para acaparar la clientela, es decir, lograr que solo a ellos les compren, según los investigadores.

Elaborado en base de datos de la PNC, por Paolo Luers

Elaborado en base de datos de la PNC, por Paolo Luers

“Todo nos indica que las autoridades están cometiendo asesinatos extrajudiciales”: Dr. José Miguel Fortín Magaña

El doctor José Miguel Fortín Magaña, exdirector del Instituto de Medicina Legal, reconoce que algunos datos en los que se basó para asegurar que la Tregua entre pandillas era una farsa no eran, necesariamente, “científicos”. Lo intuyó. Sus últimos meses al frente de la institución lo llevan a aventurar otra intuición: hay un patrón en los asesinatos de pandilleros que hacen pensar que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada realizan ejecuciones extrajudiciales.

José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal entre noviembre de 2010 y diciembre de 2015. Foto Fred Ramos.

José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal entre noviembre de 2010 y diciembre de 2015. Foto Fred Ramos.

Carlos Martínez y Roberto Valencia, 11 enero 2016 / EL FARO

El psiquiatra forense José Miguel Fortín Magaña ya no es el director del Instituto de Medicina Legal. Laboró en la faroinstitución desde poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, y ocupó la dirección desde finales de 2010 hasta el último día de 2015; un lustro extraño, en el que primero le tocó vivir la drástica reducción en las cifras de asesinatos como consecuencia de la Tregua a un promedio de 6 diarios, y luego el posterior repunte brutal –promedio de 18 asesinatos al día en 2015– que ha convertido de nuevo El Salvador en el país más violento del mundo.

Cuando cumplía su primer año como director, le detectaron cáncer de colon, que se trató de inmediato con una operación y una seguidilla de sesiones de quimioterapia. El dato de su enfermedad no tendría mayor relevancia si no fuera porque Fortín Magaña está convencido de que contribuyó a forjar ese aura de quijote contestatario que lo acompaña, de eterno azote del Gabinete de Seguridad de turno. “La experiencia del cáncer me marcó: cuando uno está convencido de que en cualquier momento se puede ir para allá, se habla con más franqueza”, dice.

Fortín Magaña habló tanto y tan despectivamente sobre la Tregua que merece ser considerado uno de los enemigos más enconados del proceso. Pero, terminada la Tregua, habló igual de mal o peor sobre lo que vino después: la ‘guerra’ que el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén declaró en enero de 2015 a las maras, y los excesos que el Estado está cometiendo y encubriendo: “El gran peligro es cuando la autoridad empieza a tomarse la justicia por su lado”.

Durante la plática carga también contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, curiosamente otro de los enemigos acérrimos de la Tregua. Fortín Magaña lo acusa de encubrir masacres policiales como la de la finca San Blas, y confirma lo que El Faro publicó en septiembre de 2014: que Martínez usó conversaciones íntimas del padre Toño para conseguir su confesión.

¿Diría usted que la Tregua es el evento que marcó sus cinco años al frente de Medicina Legal?
La Tregua fue… mis declaraciones sobre la Tregua fueron una de las razones que motivaron mi pugna con el Gobierno de Mauricio Funes; desafortunadamente, porque, aunque no lo parezca, no me gusta pelearme. Tuve que decir una serie de cosas que al Gobierno no le interesaba decir, y que me ha tocado seguir diciendo a lo largo de todo este tiempo.

Pero más allá de su relación con Funes, centrados en la labor de Medicina Legal, ¿cree que la Tregua pasará a la historia como un evento trascendente para el país?
La Tregua será recordada, o no, como un intento de un gobierno por disfrazar una realidad. Fueron ustedes [se refiere a El Faro] quienes pusieron de manifiesto la existencia de la Tregua y la participación del Gobierno en ese proceso. Yo creo que lo que fue realmente relevante en este lustro, lo que marcó mi paso por la dirección del Instituto de Medicina Legal, fue la violencia en general.

La violencia y la Tregua están relacionadas. ¿Su postura personal sobre aquel proceso varió luego de que terminó?
Bueno, la realidad es dinámica y en ese sentido fui modificando las cosas según se iba presentando la realidad. Sin embargo, fui bastante enfático en advertir, y me temo que el tiempo me ha dado la razón, que la Tregua no iba a ser la solución, porque nada más era un acuerdo entre ellos para no matarse, y con el Gobierno para que no los atacara. Si no había un cambio en el pensamiento de los pandilleros, cuando acabaran los discursos, las prebendas y las dádivas, iba a pasar lo que sucedió: la guerra volvió, porque esta es una especie de guerra. Y no solo volvió, sino que están más fortalecidos porque tuvieron un tiempo para apertrecharse y para tener más miembros.

Aquellos meses de la Tregua tuvieron que haber sido tranquilos en la institución, sobre todo comparado con lo que pasó después.
Fue un período de bastante tranquilidad en cuando a la acción de recoger cadáveres o hacer autopsias.

¿En qué se evidenció esa tranquilidad en el trabajo cotidiano?
Es complejo… incluso fue parte de una de las burlas que me hicieron. Al empezar la Tregua, inauguramos en San Salvador una sala para guardar refrigerados hasta 30 cadáveres; y de dos mesas para hacer autopsias pasamos a ocho. Entonces la gente se burlaba diciendo: “¿Este tipo qué está esperando?” Pero yo estaba seguro de que la Tregua no iba a durar porque no había el elemento central: cambio de actitud de los pandilleros.

Incluso recursos y fondos se ahorrarían en aquellos meses, ¿no?
Medicina Legal tenía unos 15 millones de dólares de presupuesto. En cuanto apareció el licenciado Salomón Padilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, durante un año [en plena Tregua] nos recortó el presupuesto en 4 millones de dólares, de manera que nunca pudimos ahorrar para los días difíciles. En ese tiempo el gerente de la Corte era un hijo del que ahora es ministro del FMLN, Orestes Ortez.

Se ha dicho que buena parte de sus críticas se explican porque es un hombre ideológicamente opuesto al FMLN. ¿Es cierto?
Diría que… en este momento… sí es cierto, pero yo no empecé siendo ideológicamente contrario al Gobierno. Mi postura política es, si quieren, la de un demócrata-cristiano o un social-cristiano europeo, algo así.

Su postura de abierta oposición a la Tregua, ¿estuvo inspirada en un paradigma ideológico?
Absolutamente no.

¿Deberíamos entender entonces que todos sus planteamientos fueron planteamientos científicos?
¡Claro! Y la mejor demostración es que todo lo que dije sucedió. Dije que la Tregua no iba a durar, y que iban a salir fortalecidas las maras, y que toda era una pantomima política.

La Tregua como proceso fracasó, sí, pero ¿no será que su predicción se parece a quien anticipa que una mesa se va a caer, luego la da una patada y dice: “Vieron que se cayó”?
¿Yo le metí la patada?

Una de tantas, al menos.
No. La analogía debería ser: alguien ve que una mesa se puede caer y grita: “¡Hey! La mesa tiene la pata quebrada, arréglenla que se va a caer”. Eso es todo lo que yo podía hacer.

A inicios de agosto de 2012 convocó a los medios para decir que la Tregua se estaba fracturando, basado en un repunte mínimo de la semana de vacaciones. Y agosto terminó siendo el mes más tranquilo de aquel año.
Si usted tiene un vehículo que manda a reparar con pega-loca en lugar de soldarlo, quizá no va a hacer ruido durante un tiempo, pero usted sabe que ese remiendo no va a durar mucho.

Foto Fred Ramos.

 

Pero, y siguiendo con su analogía, usted en aquella ocasión organizó una conferencia para decir que las llantas estaban ponchadas y estaban nuevas.
Entonces debo responder responsabilizando a El Faro porque dijeron que había una Tregua y que era arreglo del Gobierno. Sus publicaciones sirvieron de base para hacer prognosis criminal.

En 2012 Medicina Legal recibió menos denuncias de personas desaparecidas y usted alimentó la idea de que hubo más. Y los cementerios clandestinos existían mucho antes de la Tregua. La cosa es que se vendió la idea a la sociedad de que el descenso de homicidios era ficticio. ¿No cree que usted alimentó la percepción errada sobre el proceso?
¿Cree usted que si yo me hubiera quedado callado y no hubiera advertido sobre la fragilidad de una Tregua totalmente ficticia y totalmente provocada debajo de agua y justo luego de viajes al sur de Italia del general Munguía Payés…? ¿Creen ustedes que si no hubiera dicho nada hoy viviríamos en paz y sin maras?

No, pero a la luz de la distancia vemos que no tenía basamento científico: dijo que la Tregua se estaba fracturando cuando estaba en su mejor momento, y contribuyó a instalar la idea errada de que la reducción de homicidios fue porque los mareros enterraban los cuerpos. Las cifras de Medicina Legal lo contradicen. Sus palabras eran opiniones más que datos científicos.
Es intuición, y la intuición no es científica pero es válida. Yo valoré que la Tregua no iba a durar en el tiempo y que se empezaba a fracturar.

Por intuición, ¿no?
No, no, no. Por datos científicos.

Con los datos de siete días de agosto usted llegó a esa conclusión, y resulta que terminó siendo el mes más tranquilo de 2012.
Sobre los datos de siete días no se pueden sacar conclusiones.

Exacto, y usted anunció al país que le Tregua estaba terminando.
Pero no en base a siete días, sino a lo que había ocurrido… no sé… es que usted habla de una conferencia que yo daba a principios de cada mes.

No. De hecho, el julio previo había sido también un mes tranquilo, con 175 homicidios. Usted quiso finiquitar la Tregua con los datos de la primera semana de agosto.
No lo recuerdo. Tal vez usted tenga razón. Si la percepción científica de los primeros días de agosto, con algún basamento, aunque no fuera una certeza científica, me llevó a conclusiones que no resultaron ciertas… ¡mala fe no hubo! Eso sí tiene que quedar claro. Hubo, quizá, una percepción que a la larga no resultó cierta.

Hay salvadoreños que dicen que el repunte de los homicidios en 2015 se debe a que murieron más mareros, y hasta se alegran. ¿Usted le daría la razón a quien opina así?
No, no se la daría, porque eso no se sabe. No hay ninguna base medianamente clara como para poder percibir eso y hay publicaciones periodísticas que dicen que los pandilleros muertos representan el 30 % del total. Alguna universidad dijo algo parecido. Y en una semana el propio Gobierno dejó de decir que el 80 % de los muertos eran pandilleros, para decir que el 30 % eran pandilleros.

Lo que sí es más comprobable es que se está matando con más saña.
En 2015 llegaron muchos cuerpos acribillados.

¿Cuántos son “muchos”? ¿Es un patrón de conducta?
Patrón, sí. Y volvemos a lo mismo: ¿por decir eso yo quiero que se caiga la mesa? No, estoy advirtiendo de algo que está sucediendo. ¿No les llama la atención a ustedes de dónde salen las balas 9 mm? ¡Es una cantidad increíble de balas las que se gastan en cada homicidio! Durante la Guerra Civil los dos bandos tenían países que los apertrechaban. ¿Y quién abastece hoy a los pandilleros? ¿De dónde obtienen tantas balas? Con cada muerto se va una caja de balas, por graficarlo de alguna manera.

¿Usted se atrevería, sobre la base de los cadáveres que llegan a Medicina Legal, a inferir cuántos de los fallecidos son pandilleros y cuántos son civiles?
Conclusiones científicas nadie puede tener. Luego está lo que a boca de jarro la gente dice, que no es algo que se deba despreciar. Le pongo un ejemplo: mi secretaria, y se lo pueden preguntar a la salida, un día vino llorando porque habían matado a alguien de su familia, y ella me dijo que era gente muy buena. Y yo la creo. Pero han salido diciendo que son pandilleros… ¡y no eran pandilleros! Es exactamente lo mismo que pasa con los grupos de exterminio. Los grupos de exterminio, que ustedes por cierto hicieron una investigación [se refiere a La Policía masacró en la finca San Blas], existen, porque a Medicina Legal han llegado cuerpos con tatuajes de pólvora en la región del occipucio, que quiere decir que se les disparó a muy corta distancia, y por la dirección de la bala quiere decir que estaban hincados o sentados.

¿En Medicina Legal sucedió con frecuencia en 2015 que la información que brindan los cadáveres no encajaba con la versión oficial de cómo los mataron?
No digo que siempre, pero sí algunas veces. Una de las cosas que pasó en Medicina Legal en los cinco años de mi gestión, menos al principio pero cada vez más al final, es que la gente llegaba con más confianza, la gente de a pie, y yo los pasaba a mi despacho y me decían: está pasando esto y nadie lo está diciendo. Porque El Salvador parece ya un país en el que está prohibido disentir, porque cualquiera que diga algo que no le gusta al Gobierno ya es de derecha, se convierte en su enemigo. Si ahora ya están diciendo que hasta la UCA es enemiga del FMLN por la encuesta que publicó. ¡Y todo es así!

Muy breve. ¿Cómo se puede tener certeza de que a alguien le pegaron un balazo en la nuca a corta distancia?
De una autopsia bien hecha salen suficientes elementos como para hacer hipótesis científicas sobre si a alguien ha recibido un tiro de gracia.

¿Por ejemplo?
El tatuaje de pólvora. Las partículas se incrustan en la piel cuando se dispara a menos de un metro, y no cuando la distancia es mayor. Y hay más elementos. Supongo que han visto las series Criminal minds, sobre criminología, que es exactamente lo que hacen los psiquiatras forenses; y CSI, que es sobre criminalística, que es el conjunto de ciencias que estudian el modo como alguien murió, no el porqué. Tanto la criminología como la criminalística permiten saber qué ocurrió, y si la versión oficial es cierta o no.

Foto Fred Ramos.

 

No es solo la masacre de San Blas. Son varios casos…
No, no es un solo caso. ¡Eso es lo interesante!

¿Medicina Legal no puede hacer más cuando halla anomalías, cuando tiene sospechas de que la versión oficial es falsa ? ¿En un plano jurídico, por ejemplo?
Nada. Muy poco. Las leyes de este país son… este es un Estado bastante proteccionista, en cuanto a sus leyes, y Medicina Legal no puede hacer mayor cosa.

¿Y denunciarlo en conferencias de prensa o ante la comunidad internacional?
¿Y no es eso lo que yo hice todo el año? ¿No creen que decir esto y aquello tiene relación con mi salida de Medicina Legal? La denuncia es lo único que podemos hacer, y sé lo que les molesta, por eso estoy seguro de que el próximo director no va a ser tan ‘estúpido’ como yo; de eso estoy seguro.

¿Quién dentro del Estado se está encargando de encubrir casos como la masacre de San Blas?
Bueno… evidentemente… pues quienes hacen la investigación del delito, ¿verdad?

¿Fiscalía?
Sí, lo que pasa es que hay una ausencia de investigación del delito. El problema no es que haya mala investigación, sino que hay casos que no se investigan.

¿Sus encontronazos públicos con el fiscal tenían a la base desavenencias por este tema?
Fueron muchas cosas. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que hablamos antes. ¿Y no dicen que el exfiscal es de derecha? ¿Y no dicen que el tipo viene de tiempos de Arena y todo lo demás? Lo mío no fue nunca una cosa de derecha o de izquierda; es una cosa de que si alguien es corrupto, es corrupto, sea de derecha o sea de izquierda. Y punto. A mí me han acusado de tres mil cosas, como de ser amigo de Paco Flores, cuando yo hasta participé en las Marchas Blancas cuando se dijo que quería privatizar el Seguro Social. Me acusaron de que era enemigo del padre Toño, y de que yo lo había tratado mal cuando lo detuvieron, y nada más alejado de la realidad… De hecho, ese es otro de los momentos en los que me alejo del fiscal, porque me llamó para decirme que el padre Toño era un ‘hijo de la gran P’, porque eso sí, ese caballero era un tipo totalmente malcriado, y me dijo que ahora sí que lo tenía, que no sé… Y yo: ¡pero si eso es ilegal!, ¡Es ilegal! Entonces, ¿cómo pericas es posible que un funcionario de primer orden…?

¿A usted el fiscal Martínez le hizo escuchar los audios sobre la vida privada del padre Toño?
¡Sí! ¡Me los puso! Y lo paré, lo paré, ¿y le dije: oiga, usted tiene derecho de hacer eso? ¡Esas son las cosas que hay que cambiar en esta tierra! Y me indigno, perdón, porque realmente hay que cambiarlo.

En las últimas semanas se habló mucho de la gestión del exfiscal Martínez, pero apenas se dijo nada sobre la deficiente investigación en masacres perpetradas por policías.
Porque no interesa a ninguno de los dos partidos políticos. El gran peligro de esta tierra, cuando se pierde la esperanza, es o la indiferencia, o tomarse la justicia por su lado. Y cuando es la autoridad la que empieza a tomarse la justicia por su lado… recordarán ustedes las frases terribles y tenebrosas que algunos directores pronunciaron en algún momento, como cuando dijeron: “Que tengan la seguridad nuestros policías que nosotros no los vamos a perseguir”. ¿Pero qué es eso? Si eso suena a una declaratoria para que hagan lo que quieran, que no les va a pasar nada.

Insistimos con un punto que nos parece clave: ¿usted cree que hay elementos para sospechar que PNC y Fuerza Armada están cometiendo asesinatos extrajudiciales , como patrón, según lo que se puede inferir de las autopsias?
Me temo que es algo que uno debe considerar. La certeza científica absoluta no la tengo, pero todo nos indica que se están cometiendo asesinatos extrajudiciales. Y por otro lado, también es evidente la indiferencia del pueblo.

Más que indiferencia… el aplauso del pueblo.
Indiferencia y aplauso. ¿Cuáles son los comentarios cuando ustedes hacen una investigación que involucra a este Gobierno? Les dicen que se vendieron, que son de Arena, que son pro-mareros, y no sé cuántas cosas más… estamos en la antesala de un infierno.

¿Quién es el responsable?
Nosotros mismos, la sociedad. Por eso yo me he ido distanciando del Gobierno, pero es porque no me queda de otra. El que se calla delante de algo indebido se convierte en cómplice de la mentira. En esta sociedad todos somos totalmente intolerantes: los católicos somos intolerantes con los evangélicos; los evangélicos, con los católicos; los pro-vida, con los pro-choice; y los pro-choice son intolerantes con los pro-vida. ¡Todo el mundo es intolerante! Y en medio de esa intolerancia, en medio de no entender que tenemos derecho a pensar diferente, en El Salvador la mayoría opta por quedarse callada o a apoyar posturas como decir que está bien que los maten.

Más allá de la cifra espeluznante de asesinatos, en cuanto a sanidad democrática, construcción de sociedad… ¿cómo ha sido 2015?
Esto va a peor, y me temo que en 2016 la descomposición social en El Salvador va a continuar. Es una intuición, y espero estar equivocado, pero las cosas no van a cambiar mientras no cambiemos la manera de actuar.

¿Y en cuanto a la institucionalidad?
Todo se está deteriorando, y está ocurriendo ante la indiferencia de todos nosotros.

Fotos: Fred Ramos

 

 

 

62 Policías asesinados en el presente año, un récord funesto

El Diario de Hoy hace un recuento de los agentes de la PNC ultimados en 2015 y recuerda algunos de los casos más dramáticos. Es importante señalar que la mayoría de los asesinatos se registraron cuando las víctimas gozaban de licencia.

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Portada de EDH, 28 diciembre 2015

, 28 diciembre 2015 / EDH

El 2015 será recordado como el peor año para la Policía Nacional Civil (PNC) ya que 61 de sus agentes y un mecánico de la corporación, fueron asesinados o murieron en enfrentamientos con pandilleros desde enero hasta el 18 de diciembre pasado.  A los policías asesinados se le suman 24 militares y más de una decena de custodios penitenciarios.

Nunca en los 23 años de existencia de la PNC se había registrado un número tan alto de policías muertos en un año a causa  de la criminalidad

El mayor embate de las pandillas contra policías se produjo en el primer semestre de este año, durante el cual murieron 34 agentes, mientras que en el segundo semestre cayeron 28 más.

La mayoría de las muertes de los policías son atribuidas a las pandillas, que los atacaron en sus días libres en las comunidades donde vivían o, cuando iban o salían de trabajar y también en tiroteos con esos grupos.

Se recuerdan casos como el de la agente que iba a comprar tortillas cerca de su casa en Zacatecoluca o los de policías que iban acompañados de sus hijos cuando fueron atacados en Huizúcar y La Campanera.

Oficiales de la Policía consultados sobre el tema explicaron que las pandillas han incrementado sus ataques contra policías en represalias por los más de 500 pandilleros que han muerto en enfrentamientos con policías y soldados. En segundo lugar, pretenden hacer sentir que ellos tienen el control de la fuerza pública y por eso es que han cometido asesinatos con lujo de barbarie como la del soldado registrado el 25 de diciembre pasado, en El Rosario de Cuscatlán.

También buscan presionar al gobierno para negociar con esos grupos y así lograr cambiar a algunos cabecillas del penal de Zacatecoluca hacia otros penales con medidas disciplinarias menos rigurosas.

“El policía y el soldado están desprotegidos fuera de sus labores, y le toca velar a cada uno de ellos velar por su vida y la de su familia”, dijo un oficial de la Policía, quien expresó su malestar porque no se están tomando medidas para protección de los agentes.

Lo que preocupa al personal policial es que en plena “guerra declarada” de las pandillas, las autoridades pretenden desarticular a partir del próximo año, las subdirecciones Antipandillas, Antiextorsiones, y Rural para reducirlas a divisiones donde tendrán menor incidencia en el combate de las pandillas.

Lo cierto es que ni reformas legales para endurecer las penas por atacar a policías ni permisos para que los agentes pudieran llevar  sus armas impidieron este funesto saldo.

El 6 de junio del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba entre 40 y 60 años de prisión las penas a quienes atenten contra policías, militares, custodios penitenciarios u otro funcionario judicial.

Antes de la reforma, el Código Penal establecía penas de prisión de entre 30 a 50 años de cárcel para quienes asesinen a policías y custodios.
Sin embargo, ningún pandillero u otro criminal ha sido sentenciado y tal parece que el endurecimiento de la pena no ha impactado en esos grupos.

Fuentes policiales consultadas recordaron que los asesinatos contra policías en otros países como Estados Unidos se castigan con penas ejemplarizantes como cadena perpetua o pena de muerte.

Tampoco, las disposiciones transitorias para el encarcelamiento de los asesinos de policías ha tenido un efecto disuasivo. Estos grupos no han desistido de continuar con los ataques contra policías y militares incluso pese a las restricciones que enfrentarían en un sistema penitenciario con menos beneficios que el resto de la población carcelaria.

El artículo seis del referido decreto transitorio señala que los condenados por asesinar a un policía, militar u otra autoridad del Orden o Judicial  no les será aplicable ninguno de los beneficios penales dispuestos en el Código Penal sobre reemplazo de la pena de prisión, suspensión condicional de la ejecución de la penal y suspensión condicional extraordinaria de la ejecución de la pena.

Tampoco les serán aplicables los beneficios penitenciarios de la libertad condicional  y libertad condicional anticipada.

Además, los asesinos de policías y soldados que sean condenados deberán cumplir su sentencia en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz (Zacatraz).

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Nueve dramáticas historias de policías asesinados en 2015

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A continuación las primeras 3 paginas de El Diario de Hoy del 2 de septiembre 2015, dedicadas a los 907 victimas de homicidios del mes de agosto 2015:

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