En el caso de Seguridad el gasto acumula más de $2,000 millones y desde la Presidencia, el monto para salarios ha subido el triple. Piden ya no usar el tema seguridad como excusa.
Programas sociales. El Banco Mundial ha señalado que el gasto social de El Salvador, un país vulnerable, se ha desacelerado por el problema fiscal que arrastra el Gobierno.
El Gobierno ha gastado $2,315 millones en seguridad pública desde 2009, un incremento aproximado de $1,000 millones en comparación con períodos anteriores, y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) considera que a pesar del incremento no perciben mejoras en esta situación.
Lo mismo ha sucedido en el caso de Salud y también de Educación. La ASI calcula que desde 2014 hasta 2018 –el período de la gestión actual–, el gasto en Salud Pública acumulará $2,078 millones, y en Educación, $4,316 millones. Doris de Rivera, gerente de inteligencia industrial en la asociación, tomó los datos oficiales del Ministerio de Hacienda (MH) y las oficinas de acceso a la información para calcular cuánto puede llegar a acumular el gasto estatal en estos tres sectores considerados estratégicos.
También están los gastos en la Presidencia de la República. Durante la gestión de Mauricio Funes y su equipo, esta institución del Ejecutivo absorbió algunas secretarías –como la de Inclusión Social– y creó nuevas, como la de Transparencia. Según los datos que De Rivera recopiló, la Presidencia de la República acumulará gastos desde 2014 hasta 2018 por $1,252.2 millones, de los cuales, $276.9 millones se habrán destinado a salarios o remuneraciones. Datos actualizados hasta agosto de este año muestran que los salarios de la Presidencia en 2009 requerían $9.8 millones, mientras que para este año requerirán $36.3 millones. Dicho de otra manera, el gasto en salarios para la Presidencia se ha triplicado en seis años.
“El tema es para qué necesitan más impuestos”, dijo Javier Simán, presidente de la gremial. “Aquí vemos la abundancia de recursos con los que han contado los últimos gobiernos y si tuviéramos una gestión más efectiva y más eficiente, creemos que serían resultados más positivos en las tres áreas que son más importantes para la población”, reiteró Simán. Mientras que De Rivera comentó: “No nos confundamos. Más gasto no es igual a mejores condiciones sociales”.
La gremial destacó los desafíos que todavía se enfrentan en estos tres sectores. Por ejemplo, el incremento en los homicidios, la falta de medicamentos en la red hospitalaria, la nota promedio “aplazada” de la PAES y la deserción escolar. Para los representantes de los industriales, la solución pasa por la readecuación de recursos y la eficiencia, antes que en el incremento en las fuentes de ingresos.
“No se debe seguir utilizando la excusa de seguridad para recaudar más impuestos cuando estamos viendo claramente que los impuestos que ya recaudan están siendo mal utilizados», manifestó Simán, y luego aclaró que en esta afirmación no había incluido a los programas sociales.
También el Banco Mundial (BM), un organismo de financiamiento multilateral, publicó un estudio en el que mostraron que El Salvador tiene uno de los gastos sociales más ineficientes en América Latina, si se compara la cantidad de recursos que se han desembolsado con los resultados sociales. Pablo Acosta, autor del informe, dijo a LA PRENSA GRÁFICA en septiembre pasado que El Salvador “tiene una situación fiscal muy complicada, que no permitirá seguir sosteniendo el nivel de gasto. Hay indicios de que el gasto social ya se ha desacelerado en 2014 y 2015, y es por el problema fiscal”.
El presidente de la ASI, por otro lado, explicó que hay que buscar nuevas alternativas para resolver el tema de seguridad. Según el líder gremial, el Plan El Salvador Seguro se ha enfocado en la prevención, pero no tiene suficientes propuestas para el combate a la delincuencia y la consecuente penalización de los crímenes.
Las finanzas del Gobierno tienen muchos retos. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha mencionado en diferentes ocasiones que hay gastos obligados que absorben casi todos los recursos disponibles: los salarios, los escalafones, los subsidios a entidades públicas y privadas, la deuda pública, los eventos electorales, los desastres naturales. Bajo la gestión de Cáceres se han aprobado entre tres y cuatro modificaciones a los impuestos cada año, entre nuevos tributos y cambios a las tasas vigentes.
Por otro lado, el bajo crecimiento económico impide que el fisco cumpla con las metas de ingresos. Por ejemplo, datos del MH hasta agosto pasado muestran que se recibieron $222 millones menos de lo esperado en impuestos y contribuciones.
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