Probidad

Funes gastó más de lo que tenía pero ahorró 150 mil dólares durante su presidencia

728 mil dólares en adquisiciones, ahorros y pagos es la cantidad que el expresidente Mauricio Funes no ha logrado justificar y por la cual la sección de Probidad sospecha enriquecimiento ilícito. Extractos de un informe de auditoría patrimonial del exmandatario al que El Faro tuvo acceso revela que en sus cinco años de mandato gastó 36 mil dólares más que el total que tuvo disponible, y que aun así ahorró 150 mil dólares. 

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Sergio Arrauz, 4 febrero 2016 / EL FARO

el faroEl expresidente de la República Mauricio Funes no ha podido justificar 728 mil 329 dólares en adquisiciones, pagos de deudas o montos en sus cuentas bancarias, por lo que la sección de Probidad recomienda a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenar juicio por enriquecimiento ilícito al exmandatario.

Probidad ha hecho una serie de investigaciones a partir de las declaraciones de patrimonio que Funes entregó al inicio de su mandato, en 2009, y al finalizarlo, en 2014. El Faro tuvo acceso a una serie de extractos con los que la sección de Probidad elaboró un informe que está siendo discutido por los magistrados de la CSJ. Probidad detectó una especie de milagro contable gracias al cual Funes y su núcleo familiar gastaron más de lo que tuvieron disponible en ese quinquenio. Entre los hallazgos destacan la compra de vehículos por casi 200 mil dólares y el pago de deudas por más de 200 mil dólares.

Estos y otros hallazgos han llevado a la sección de Probidad de la CSJ a recomendar a los 15 magistrados de la Corte Plena enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al exmandatario, que de ser aprobado significaría el primer juicio de este tipo para un expresidente en la historia reciente de El Salvador. Luego de una intensa discusión ocurrida el martes 2 de febrero, la Corte Plena decidió otorgar un plazo de tres días para que Funes explique los cuestionamientos que no ha logrado desvanecer ante Probidad.

El análisis a las cuentas del expresidente arranca con el año previo a la toma de posesión de Funes, los cinco años de gestión e incluye el año posterior al cese de su mandato.

Los servicios a Jorge Hernández

Entre el 1 de octubre de 2014 y el 5 de mayo de 2015, Funes recibió 121 mil dólares (en 9 cheques de 13 mil 500 dólares cada uno) de una empresa del popular expresentador de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Jorge Hernández. Según datos del Ministerio de Hacienda revisados por Probidad, esta empresa no reportaba ingresos suficientes como para hacer esos desembolsos de dinero, que casi triplicaron el salario mensual oficial que Funes devengaba como presidente.

Se trata de la empresa Multimedia SA de CV del expresentador estrella de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Jorge Hernández. Esta sociedad anónima fundada en 2012 transfirió 121 mil 500 dólares a una de las cuentas bancarias del expresidente Mauricio Funes, depósitos que según la Sección de Probidad no están justificados, pues en el Ministerio de Hacienda esta empresa solo ha reportado ingresos por menos de 30 mil dólares en toda su existencia.

Según su ficha de inscripción en el Centro Nacional de Registros, la sociedad se dedica a “actividades de radio, televisión, satélite e internet y servicios de multimedia” y tiene como sede un modesto apartamento ubicado en condominio residencial de la colonia Miramonte de San Salvador.

“Los cheques emitidos están amparados en contrato de servicios celebrado entre esta sociedad y el señor Funes Cartagena”, justificó en un escrito a Probidad un representante de Multimedia.

Según un extracto de la auditoría realizada por Probidad, “de la información recibida por el Ministerio de Hacienda se observa que la sociedad no genera ingresos suficientes que puedan cubrir los montos pagados al señor Funes Cartagena”.

Local en el Condominio Miramonte que ocupa como sede la empresa Multimedia. El Faro intentó contactar con algún empleado del local, pero había nadie.

Local en el Condominio Miramonte que ocupa como sede la empresa Multimedia. El Faro intentó contactar con algún empleado del local, pero no había nadie. “Vienen a reuniones, pero no todos los días”, comentó un vecino a El Faro. Foto: Víctor Peña

 

Gastó más de lo que tenía

El aparente milagro de ahorrar, pese a registrar 36 mil 782  de saldo negativo al restar los gastos a los ingresos, lo explican una serie de depósitos bancarios  cuyo origen cuestiona la Sección de Probidad.

En sus cinco años de gobierno, el entonces presidente registró 258 mil 309 con 30 centavos en ingresos que incluyen su salario y $35 mil 256 dólares con 25 centavos percibidos como “Otras Rentas Gravadas en el año 2010” cuyo origen desconoce la Sección de Probidad, instancia que ocupó información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.

A los ingresos obtenidos en concepto de salario y otras rentas, Probidad sumó los 213 mil 319 dólares de efectivo en bancos que el mandatario tenía el día de la toma de posesión, esto significa durante sus cinco años de gobierno, Mauricio Funes tuvo una disponibilidad de gasto justificada de un poco más medio millón de dólares ( $506,884.65).

Para sacar el balance negativo, la Sección de Probidad restó al medio millón de ingresos un total de 544 mil 667 dólares en gastos que se desglosan así: $289,857.53 en concepto de deudas canceladas durante su período presidencial; la inversión realizada en la compra de vehículos -$20,000- ;  los gastos de vida durante los 5 años -$176,009.55- y los gastos por cuotas alimenticias de dos de sus hijos que el exmandatario no había incluido en su declaración jurada de patrimonio cuando asumió el cargo -$57,800- . Al restar el monto total, el saldo negativo es de $36,782 con 43 centavos.

Con estos ingresos y estos gastos, dice Probidad, no es posible determinar el origen del dinero ahorrado por Funes durante su gestión. “Según este resultado el Señor Funes Cartagena, no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su periodo de gestión. Sin embargo, los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman en total 150, 323. 32 los cuales no se justifican con los ingresos reportados al Ministerio de Hacienda”.

Probidad también cuestiona que el exmandatario pagó casi 221 mil dólares en deudas, abonos a deudas que no se reflejan en movimientos de ninguna de sus cuentas bancarias.  “Pago de deudas durante el ejercicio de funciones sin relación a los retiros de sus cuentas bancarias, por un total de $ 221,124.00”, dice una de las conclusiones de la Sección de Probidad en su informe.

El total de depósitos que contabilizó Probidad en cuatro cuentas bancarias del expresidente asciende a $3 millones 490 mil 875 dólares con 90 centavos.

Los 15 magistrados de Corte Plena discuten un informe de Probidad que concluye que “existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena” por 728 mil 349 dólares que no están justificados. En la sesión de Corte Plena del miércoles, los magistrados acordaron dar tres días de plazo para que el exmandatario tenga derecho de defensa antes de una votación en la que deben decidir si enviarlo a juicio por enriquecimiento ilícito.  “CSJ ha dado 3 días para demostrar el origen de $728 mil que según Probidad ingresaron a patrimonio familiar.No hay acusación y menos condena”, justificó Funes a través de su cuenta personal de Twitter.

Los 198 mil dólares en vehículos

Probidad también señala como irregularidad la compra de 198 mil 600 dólares en vehículos registrados a nombre de Funes y dos de sus 5 hijos. 198 mil 600 dólares que no aparecen en el  movimientos bancarios del expresidente ni están justificados en los ingresos formales que reportaron los dos hijos.

Probidad revisó las cuentas y los ingresos de Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, hijos del exmandatario, para confirmar si tenían la capacidad económica para comprar los vehículos. Tras esa pesquisa, la Sección detectó que los  2 mil 812 que generó en ingresos Diego Funes no justifican cómo pudo adquirir los vehículos. “No se explica el origen de los fondos que permitieron esas inversiones”, concluye Probidad, que también revisó si las cuentas bancarias del exmandatario para ver si había movimientos que justifiquen las compras de estos vehículos. Según Probidad,  “no se encontraron retiros que pudieran relacionarse con las compras de los vehículos.”

Vehículos que Diego Funes compró durante y después de la gestión presidencial de Mauricio Funes. 

Vehículos que Diego Funes compró durante y después de la gestión presidencial de Mauricio Funes.

 

El exmandatario, según información del Viceministerio de Transporte, al 18 de noviembre de 2015, tiene los siguientes vehículos: un Pick up Nissan Frontier 2014 de $20 mil 990; un Toyota Tundra 4×4 de $15 mil; un Toyota Hilux 2014 de 15 mil dólares; un Mini cooper de 2002 de 10 mil; un Mazda Miata convertible de $6 mil 700; un Jeep Grand Cherokee 2008 que compró en 51 mil dólares y vendió en 25 mil; un pick up Ford de 1958; un mini microbús que Funes valoró en mil dólares, pero cuyo precio de compraventa fue de 10 mil 800; una camioneta Land Cruiser 2009 que compró en 57 mil y vendió en 22 mil; un JeepWrangler 4×4 que Kerim Eduardo Salumé le vendió en $15 mil y una camioneta Nissan Patrol que el expresidente compró en $15 mil y que terminó en manos de Jesús Grande.

La auditoría resalta una serie de traspasos de  una camioneta de lujo Toyota Land Cruiser, año 2013, que compró Herbert Ernesto Saca Vides en 94 mil dólares. Aunque nunca ha tenido un cargo oficial de funcionario ni un puesto partidario, Herbert Saca fue reconocido por su primo, el expresidente Antonio Saca (2004-2009) como “un excelente colaborador” en la campaña electoral que lo llevó al poder. También ha sido definido como “asesor” en la fundación del partido Gana en 2009 por la misma gente de la organización. Esos son los apelativos que fuentes como el expresidente o el diputado de Gana, Miguel Ahues, le colocan públicamente. Sin embargo, tras bambalinas, sin revelar sus nombres, funcionarios en activo y exfuncionarios aseguran que Herbert Saca ha sido astuto para saber ubicarse en las proximidades del expresidente Mauricio Funes que, aunque llegó a la presidencia bajo el signo izquierdista del FMLN, entabló una alianza con Gana para la aprobación en la Asamblea Legislativa de diversas disposiciones. Funes llegó a decir en su programa radial, que él tenía un pacto con Gana, aunque no dio detalles. Herbert Saca fue designado por su primo como encargado de la transición de gobiernos con la administración Funes, y fue entonces cuando logró estrechar relación con uno de los consejeros más cercanos a Funes: su encargado de transición, Gerardo Cáceres.

La historia de la camioneta de Saca Vides que terminó en manos de Funes comienza en 2012 y se resume así: el primo del expresidente Saca vendió este vehículo a Francisco Armando Acosta en 95 mil dólares y seis días después, el expresidente Funes compra esta camioneta más barata, ya que Armando vendió al expresidente el vehículo en 60 mil dólares. El vendedor perdió dinero. Acosta vuelve a aparecer en el registro del VMT como comprador de un mini cooper que Mauricio Funes le vendió en 10 mil dólares. “Se verificaron los movimientos de sus cuentas bancarias y no se encontraron retiros en la fecha de compra que puedan justificar la adquisición de ese vehículo”, anota Probidad en su informe. sobre Funes.

La camioneta que compró nueva Herbert Saca terminó en manos de la sociedad TRANSPORTES PEÑA S.A. DE C.V, que pagó 50 mil dólares por el vehículo en agosto de 2014.  El nombre de Herbert Saca Vides aparece como vendedor o comprador de cinco vehículos que pasaron por las manos de Funes y dos de sus hijos.  Probidad cuestiona que Funes tampoco ha podido justificar de dónde sacó el dinero para adquirir esa camioneta.

Detalle de los vehículos que han pasado por las manos del expresidente Mauricio Funes. 

La Sección de Probidad también verificó detalles de quiénes forman parte del grupo familiar de Mauricio Funes y descubrió que el exmandatario no había incluido entre sus gastos el pago de 850 dólares mensuales a las madres de dos de sus hijos menores de edad. Funes le confirmó a Probidad que tiene un hijo con Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, una persona contratada por la Presidencia y que obtuvo pasaporte diplomático.

En 2014, El Faro publicó un reportaje que relata una cadena de favores en la que aparece beneficiada la madre y la abuela de uno de sus hijos. La trama inició cuando Manuel Rivera Castro fue nombrado presidente del Banco Hipotecario, un movimiento que  fue visto como una maniobra, y que fuentes del gobierno, incluido un asesor de Casa Presidencial, vieron como un pulso ganado por el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé. Mecafé fue uno de los patrocinadores de la candidatura presidencial de Mauricio Funes y uno de los promotores del grupo “Amigos de Mauricio”. Tras el nombramiento de Rivera Castro sucedieron concesiones de préstamos por cientos de miles de dólares tanto para Mecafé como para Ada Luz Sigüenza de Guzmán, la madre de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

Los donantes

La auditoría de Probidad también muestra el detalle de los depósitos que recibió Funes antes de ser elegido presidente del país. El único depósito efectuado por el FMLN es de 127 mil dólares, cheque que abonó su asistente Patricia Zablah a una cuenta del Banco Agrícola el 2 de marzo de 2009. El principal donante de la campaña de Mauricio Funes, según las cuentas verificadas por Probidad, fue Nicolás Salume, exprimer designado a la presidencia de Mauricio Funes que falleció en diciembre de 2014. Este empresario emitió 8 cheques que suman 2 millones 779 mil 940 dólares, depósitos ingresaron a la cuenta de HSBC -ahora Davivienda- entre el 2 de febrero y 30 de marzo.

En noviembre de 2013, El Faro reveló que una empresa inmobiliaria de Nicolás Salume vendió al expresidente de la República, Elías Antonio Saca,  una mansión ubicada en el volcán de San Salvador. Saca pagó a la empresa de Salume 2.1 millones de dólares por el inmueble.

A lo largo de esos años, Funes se rehusó a rendir cuentas sobre la situación de su deuda con su financiador. Hubo quienes dijeron que una evidencia de devolución de favor era que uno de los escasos ejecutivos del gobierno de Saca que sobrevivieron en la administración Funes era el hijo de Salume Barake, Nicolás Salume Babún.

Las respuestas que ha dado el expresidente al respecto de este donativo son contradictorias. “Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nico Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN. Yo ya no tengo ninguna obligación con él”, respondió Funes en una entrevista televisiva en noviembre de 2013. Un mes después dio otra versión en el programa radial Pencho y Aída: “Formalmente no es una donación, para que ustedes lo tengan muy claro, y por eso es que no tendría que pagar impuestos. ¿Qué fue lo que hizo él? Perdonar esa deuda. Yo firmé un mutuo en el cual yo quedaba obligado a pagar, no se establecía el período de pago, el plazo de pago, ni el monto de las cuotas, sino que yo quedaba obligado a pagar. Con el tiempo, él decidió transformar ese mutuo que me obligaba a pagarle, decidió darlo a la campaña, eso fue lo que él decidió.

Este miércoles, el exmandatario respondió en una Entrevista con Canal 12 que no reportó sus donaciones a Probidad ya que no estaba obligado. “¿Y por qué voy a declarar esos dineros, si esos dineros se gastaron siendo yo candidato, no era funcionario público?, entonces, tendría que declarar lo recibía como corresponsal de CNN durante más de 20 años”, dijo en el espacio televisivo de Romeo Lemus.

La Sección de Probidad también pidió explicación sobre un cheque de 43 mil 200 dólares emitido por el excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo.  El abogado y excoordinador del FMLN explicó a Probidad el porqué del cheque: “Debo decirles que en esa fecha el señor bachiller Don Carlos Mauricio Funes Cartagena no era ni funcionario ni empleado público y que entre él y yo existía una relación en la que yo creía que era mi amigo; definitivamente no le he dado ese cheque como pago, ya que pago es el cumplimiento efectivo de una obligación, pues yo nunca le debí nada a él; por el contrarío, es muy probable que ese cheque haya formado parte de cantidades de dinero que yo le di en calidad de préstamo a él, a las que, con posterioridad, él me hizo algunos abonos, restando a mi favor una deuda de $17,000.00 que yo ya di – naturalmente – por perdidos. Excuso decirles a ustedes que yo, que realmente fui amigo del señor bachiller Don Carlos Mauricio Funes Cartagena en esa época, jamás le exigí ni documento ni recibo por las cantidades que le entregué; simplemente confié en su palabra”. Este miércoles, el exmandatario confirmó la deuda con el  excoordinaro del partido de gobierno.

Según el  informe de auditoría de Probidad, la sociedades Inversiones Tazumal, SA de CV y  Ocenía SA de CV abonaron 35 mil dólares al mandatario. Probidad dice que no pudo hacer contacto con los representantes de las sociedades porque “lastimosamente en las direcciones investigadas no se logró ubicar a ninguna de ellas”.  El 1 de septiembre de 2015, el Banco Scotianbank registró un depósito por 50 mil dólares. El origen del cheque, dice Probidad, “no se define”, aunque quien realizó la remesa es William Eduardo Guzmán Arbaiza, edecán del Estado Mayor Presidencial que aparecía detrás de exmandatario en la mayoría de eventos públicos.  Probidad no ha podido contactar con los representantes de Inversiones Tazumal y Oceanía SA de CV para que explique el motivo de los 35 mil dólares que ingresaron a las cuentas del exmandatario, ni con el emisor del cheque de 50 mil que depositó el edecán del Estado Mayor Presidencial.

El 3 de febrero, por la mañana, a la salida de una entrevista en Canal 12 de Televisión, El Faro le pidió una entrevista al expresidente Funes para hablar de estos señalamientos de Probidad. Funes respondió a un periodista de la redacción: “mandame un tuit”. Ese mismo día, El Faro atendió la solicitud y le envió una petición de entrevista a través de la red social Twitter que al cierre de esta nota no ha sido contestada.

Probidad: Funes no justificó $728,329.74

Expresidente de la República declaró ingresos como accionista en una empresa que, según informe del Ministerio de Hacienda, no tuvo ganancias. Tiene tres días hábiles para desvanecer inconsistencias ante CSJ.

Explicaciones. Funes dijo ayer que hay unos gastos en su declaración patrimonial de salida que no aparecen en su declaración de entrada.

Explicaciones. Funes dijo ayer que hay unos gastos en su declaración patrimonial de salida que no aparecen en su declaración de entrada.

Jessica Ávalos/Ezequiel Barrera/ Mauricio Qüehl, 4 febrero 2016 / LPG

la prensa graficaLa Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le informó a los magistrados del máximo tribunal que encontró una cantidad de $728, 329.74 que el expresidente de la República Mauricio Funes no justificó con sus declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones.

La Sección de Probidad hizo del conocimiento del pleno de la Corte que “existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena en el ejercicio del cargo de presidente de la República”.

La Corte le envió la notificación ayer al exfuncionario, que tendrá tres días hábiles para desvanecer las inconsistencias o justificar el origen de los fondos no declarados en sus informes patrimoniales.

Luego los magistrados volverán a analizar el informe para decidir si procede o no ordenar un juicio civil por enriquecimiento ilícito, tal como lo hicieron ya con el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango Reynaldo Cardoza.

Funes acudió ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) a rendir declaración acerca de la tregua de pandillas de 2012. Ahí aseguró que solventará las observaciones hechas por la Sección de Probidad.

“Ayer (martes) lo que pasó fue que los 15 magistrados recibieron el informe y comenzaron a discutirlo y hubo una buena cantidad de magistrados, los suficientes como para tomar una decisión para considerar que el informe estaba incompleto y eso me notificaron hoy”, declaró Funes.

El expresidente de la República, por ejemplo, plasmó en su declaración patrimonial que había obtenido ganancias por más de $100,000 en una empresa de la que es accionista. Pero cuando Probidad cotejó ese dato con el Ministerio de Hacienda, descubrió que dicha empresa no había reportado ganancias.

“Hay unos gastos que dentro de mi declaración patrimonial de salida que no aparecen en mi declaración de entrada, y que no está justificado su origen, pero eso no significa que el origen sea ilícito. Me han dado un plazo de tres días hábiles, es decir hasta el viernes, para que entregue esa justificación”, declaró Funes.

Y pese a que el informe de la Sección Probidad dice de forma textual que hay una presunción de enriquecimiento ilícito, él consideró que no lo están investigando por haber obtenido riqueza de dudosa procedencia.

“En ningún momento me están notificando que me están investigando por enriquecimiento ilícito, ya con la justificación que yo entregue, Corte Plena discutirá el informe y tomará la decisión que estime pertinente. No se me han reportado hallazgos ilícitos”, matizó el exmandatario.

SOPORTE JURÍDICO

La Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, con la cual han sido auditadas las declaraciones de Funes, establece que se presumirá que un funcionario se enriqueció ilícitamente cuando “el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.

El expresidente tuvo un salario de $3,467.43. En 2009, cuando tomó posesión, declaró que ingresaba a la presidencia con un patrimonio líquido de $598,884.30. Y en 2014 que finalizó su mandato declaró un patrimonio líquido de $656,794.77 (Ver detalle en imágenes superiores).

De sus declaraciones juradas también se desprende que en cinco años sus deudas bajaron de $126,481.80 a $15,843.51.

La Sección de Probidad concluyó su auditoría con base en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito, así como el artículo 240 de la Constitución de la República. La nueva Ley de Probidad, aprobada a finales de 2015 por la Asamblea, fue suspendida por la Sala de lo Constitucional de la Corte, que revisa si tiene puntos que transgreden la Constitución.

Probidad todavía está pendiente de la entrega de las auditorías a los patrimonios de otros dos expresidentes de la República: Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) Flores inició su gestión con $1,954,757 y terminó con $2,314,412.20.

El patrimonio del expresidente Saca creció un 260 % porque asumió con $4,016,249.60 y al finalizar declaró $14,451,589.20.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha dado como plazo máximo el 23 de febrero para que Probidad concluya los exámenes patrimoniales y entregue los tres informes (el de Funes, Flores y Saca) a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) a través de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

Los 29 funcionarios que investiga Probidad, incluyendo Luis Martínez

Mauricio Funes figura en la lista de investigados, pese a que lo niega. Aparecen también exfiscal Luis Martínez, ediles, diputados y otros.

Mauricio Funes

, 3 febrero 2016 / EDH

diario hoyExpresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

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Luis Martínez, exfiscal general en la mira de Probidad

La Sección de Probidad esta auditando las declaraciones de bienes e ingresos de 29 funcionarios y ex funcionarios, incluye a varios diputados.

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4 febrero 2016 / EDH

Las declaraciones de bienes e ingresos del exfiscal general de la República, Luis Martínez, se encuentra en revisión junto a las de 28 funcionarios y exfuncionarios más en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles sospechas de enriquecimiento ilicito.

De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en este momento se auditan las declaraciones de bienes de propiedad e ingresos del exfiscal general desde cuando fue electo y cuando dejó la institución.

Además del exfiscal general se encuentran en el listado, el exdirector de la Policía Nacional Civil general Francisco Ramón Salinas Rivera.

#ElRingdeHoy: ¿Ayuda a combatir la corrupción la nueva Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa? Cayetano Cruz Orellana vs. José Miguel Arévalo Rengifo

EDH20160127OPI027PSí ayuda. De Cayetano Cruz

27 enero 2016 / EDH

La ley en la que se basa la Sección de Probidad de la CSJ es la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, en sí una norma preconstitucional, que desde su fecha solamente se ha conocido que ha sustanciado dos casos.

La nueva Ley de probidad contiene varios aspectos importantes: amplía el ámbito de aplicación, incorporando a más servidores públicos que deben ser sujetos obligados;  levanta el secreto bancario, en el que muchos se han escusado por años diario hoypara evadir la responsabilidad de declarar su patrimonio; esta nueva ley refuerza y renueva figuras normativas de la ley de enriquecimiento ilícito  de 1959, ya que conserva en forma mejorada la presunción de enriquecimiento ilícito que establece nuestra Constitución en el art. 240.

Con el fin de garantizar el derecho a una segunda instancia, la ley establece que una vez  la sección de probidad haya realizado el análisis de la declaración patrimonial y resultare en hallazgos, remitirá las diligencias a la Sala de lo Civil, si existiere un indicio de un ilícito penal, ésta notificará de inmediato a la Fiscalía General de la Republica.  Ante la eventualidad de un posible recurso conocerá la Corte Suprema de Justicia.

Se han endurecido las sanciones, las pecuniarias van desde 2 a 40 salarios mínimos; inhabilitación del cargo y por último la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera lugar.

Esta ley permite el combate frontal contra la corrupción, ya que además de mejorar los procedimientos y sanciones, permite la integración con otros instrumentos legales como son la Ley de Extinción de Dominio, el código penal y procesal penal entre otros.

La interposición de la demanda de inconstitucionalidad admitida por la sala de lo constitucional,  tiene como objetivo quitarle los dientes a la nueva ley, pretendiendo que esta se haga a la medida de los que por años han evadido la responsabilidad de ser transparentes y se han enriquecido notablemente a costa de las arcas del estado.

Se ha pretendido por algunos sectores deslegitimar la nueva ley, recurriendo a argumentos técnicos y jurídicos confusos y maliciosos, con los que pretenden engañar  a la población haciéndole creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno.

¿A qué le temen? A que con la liberación del secreto bancario,  la extinción de dominio, a que ya no sean sólo dos magistrados que indiquen a quien sí y quién no se investigue, a que se haga pública la declaración de probidad, queden al descubierto ante la población los actos de corrupción que han venido ocultando todo estos años.

Tenemos una ley que no se presta a manipulación y que cumple con la finalidad de combatir la corrupción, con procedimientos claros y transparentes que sin duda benefician a nuestro país.

Espero que la Sala de lo Constitucional resuelva consecuente a los intereses de todos los salvadoreños y salvadoreñas y no sean consentidores de la corrupción.

Abogado y Notario

Miembro de la Asociación de Abogados de El Salvador.

No ayuda. De José Miguel Arévalo Rengifo

27 enero 2016 / EDH

Imaginemos que en lugar de preguntarnos qué hacer para combatir la corrupción en El Salvador, nos preguntáramos: ¿qué debemos hacer para que la corrupción siga impune? La respuesta sería: dejar sin juicio a los corruptos y que no restituyan al Estado lo que han robado. Es más, los dejaríamos en el cargo para que sigan robándose nuestros impuestos. Ni se nos pasaría por la mente pedirles que presenten una declaración de conflictos de interés, así no habría manera de vigilar que no utilicen su cargo para beneficiarse. Pues todo indica que en esto pensaron los 47 diputados que aprobaron la Ley de Probidad que contiene precisamente todos estos elementos promotores de la corrupción.

Los salvadoreños merecemos ser tratados con seriedad y respeto y que no pretendan darnos “atol con el dedo”. Por ello debemos exigir una Ley de Probidad que realmente luche contra la corrupción y la impunidad que viene desde hace tantos diario hoyaños. Cuando se roban nuestro dinero, que debe utilizarse para satisfacer nuestras necesidades básicas como educación, salud y seguridad pública, se están robando nuestro futuro, nuestro bienestar y hasta nuestra vida. Por eso no se debe negociar con los corruptos: se les debe combatir. Sin embargo, los diputados aprobaron una Ley de Probidad que implanta una nueva tregua con la corrupción.

El artículo 240 de la Constitución establece que “los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. (…) Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes (…).” Este juicio por enriquecimiento sin causa justa, por lo tanto, es un juicio civil especial que busca restituir lo robado. Como bien dice la Constitución, esto no significa que además de restituir, el funcionario no deba sufrir, por el mismo acto de corrupción, responsabilidades establecidas en otras leyes, como la pena de prisión del Código Penal, o la acción de extinción de dominio, regulada en la Ley Especial de Extinción de Dominio, para quitarles otros bienes que no son del Estado, pero que son derivados de la corrupción o de otros ilícitos.

Los diputados, sin embargo, omitieron el juicio civil, a pesar de ser un mandato constitucional. Desoyeron al grupo de organizaciones denominado “Equipo Gestor de la Ley de Probidad”, que señaló ante ellos la necesidad de corregir esta omisión en los proyectos de ley que servían como insumo de trabajo. En cambio, los diputados establecieron que si la Sección de Probidad detecta un posible acto de enriquecimiento ilícito, solo podrá informar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que esta, si así lo estima, dé un simple “aviso” a la Fiscalía General de la República para que inicie las otras acciones pertinentes. Además, dejaron por fuera lo relativo a la declaración de conflictos de interés y eliminaron la sanción de la destitución e inhabilitación en el cargo, porque, tal como dijo la diputada que más defiende la Ley de Probidad: “si quitas del cargo al que robó, ¿cómo hará para devolver lo robado?”

Si bien dieron mejores herramientas a la Sección de Probidad y elevaron las multas para quienes no presenten su declaración patrimonial, lo cual debe mantenerse, esto carece de utilidad al haberse eliminado el juicio civil para restituir al Estado lo robado (casualmente, cuando hay al menos 30 casos bajo investigación de la Sección de Probidad). Está claro: la Ley de Probidad, lejos de ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, es una ley inconstitucional que sirve para proteger a los corruptos. Yo no sé ustedes, pero ese atol con el dedo que se lo tomen ellos.

Lic. en Ciencias Jurídicas de la ESEN.

Abogado y notario. Investigador en temas jurídicos.

“Esperamos colaboración de la FGR en tema de probidad”: magistrado Rodolfo González

La Sala de lo Constitucional estudia varias demandas presentadas contra polémicas iniciativas.

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9 enero 2016 / EDH

diario hoyEn la entrevista televisiva Frente a Frente de este viernes 8 de enero, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, discutió algunos de los temas principales de país y comentó algunos de los procesos principales que en este momento se están conociendo en este tribunal.

Adicionalmente, se pronunció sobre la elección del nuevo Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, de quien mostró optimismo por su experiencia en la institución que ahora dirige.

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González expresó que si bien la Corte Suprema de Justicia no puede ordenar que la Fiscalía actúe en temas clave como probidad, sí espera la colaboración de esta y considera que Corte Plena ha dado suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para que el Ministerio Público investigue, especialmente en los dos temas que le competen en este tipo de casos: el inicio de la acción penal y la extinción de dominio.

Sobre Ley de Probidad

El Magistrado González también afirmó que la Sala ha recibido demandas de inconstitucionalidad a la recientemente aprobada Ley de Probidad, que fue sancionada el pasado 23 de diciembre y viene a sustituir la Ley de Enriquecimiento ilícito que data de 1959.

Lo que los demandantes alegan es que la nueva ley le quita fuerza a la sección de probidad de la CSJ, entorpece sus funciones y atenta contra el artículo 240 de la Constitución, por lo que solicitan que se elimine del ordenamiento jurídico del país.

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Ante esto, el Magistrado González señaló que estos procesos de inconstitucionalidad entrarán en discusión en las sesiones de la próxima semana y recordó que “en toda democracia, la Constitución está encima de todas las leyes”. Por eso, afirmó que estudiarán si se ha violado el 240 de la Carta Magna y agregó que analizarán si la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción o la inhibe.

“Cuando se hace una ley para desarrollar las funciones de una institución, uno parte de la idea que esa ley va a facilitar su trabajo”, dijo González, quien recordó el decreto 743 de junio de 2011 (que buscaba dificultar el trabajo de la Sala de lo Constitucional al exigir unanimidad en las decisiones de inconstitucionalidad) como precedente de un decreto expulsado del orden jurídico por entorpecer el control constitucional del país.

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“Este precedente puede servir para examinar cualquier ley que atribuya funciones a un ente público: ¿lo hace para facilitar su trabajo o para entorpecerlo? Si es para el segundo caso, esta ley es prácticamente inconstitucional”, puntualizó González.

Esta ley fue aprobada en la última sesión legislativa de 2015 y se da en el marco de una renovada sección de probidad, la cual está investigando alrededor de una treintena de casos de posible enriquecimiento ilícito, incluyendo altos funcionarios actuales y recientes.

“En toda democracia, la Constitución está encima de todas las leyes”

EE.UU. pide atender críticas a la nueva Ley de Probidad

La embajadora Aponte destacó que con la anterior ley ya se habían hecho avances en el combate a la corrupción.

Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos

Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos

E, 19 diciembre 2015 / EDH

diario hoyNo pasar de largo los cuestionamientos que organizaciones de la sociedad civil y la oposición política han hecho a la nueva Ley de Probidad, planteó ayer la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte.

“La ley de Probidad que se aprobó en la Asamblea (el miércoles pasado), quien tiene que hacer el juicio es el pueblo salvadoreño; sin embargo, notamos que el Grupo Gestor, que comprende una amplia gama de gente de varias ideologías, tienen reservas acerca de dicha ley”, afirmó la embajadora durante un evento de prevención de la violencia realizado por la Policía en Ciudad Delgado.

Aponte también destacó la labor que ha venido realizando la Sección de Probidad en el combate a la corrupción aun con la aplicación de la Ley de enriquecimiento ilícito que data de 1959 y dijo que espera que continúe igual con la nueva Ley de Probidad.

“Lo importante es señalar que en los meses recientes la Sección de Probidad del Tribunal Supremo ha hecho algunos adelantos que es combatir la corrupción; esperamos que con la nueva ley se pueda seguir este muy buen trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo y en específico la Sección de Probidad”, acotó.

A esta unidad de la Corte Suprema es que la nueva ley le resta facultades aun cuando el FMLN y sus partidos aliados rechazan que no es así.

Además, los partidos políticos, a excepción de ARENA, hacen caso omiso de las críticas del colectivo que aglutina a varios organismos de la sociedad civil, quienes subrayan que la nueva Ley de Probidad es un “fraude” a la Constitución y piden al presidente Salvador Sánchez Cerén que vete la normativa.

No descartan que el próximo año interpondrán un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Y ayer otras voces se expresaron también en ese mismo sentido. Analistas políticos  dijeron, durante una entrevista matutina en canal 21  que la ley es “inconstitucional” (Ver nota aparte).

Entre los aspectos más cuestionados por el Equipo Gestor es el hecho de que la Sección de Probidad ya no tenga las mismas facultades que tenía en la Ley de enriquecimiento ilícito de iniciar los juicios por presunción de que exista corrupción y que sea la Corte Plena quien decida si los envía a la Fiscalía o no sino que ahora será potestad de la Sala de lo Civil.

Para ello se basan, al igual que los analistas políticos, en lo que dicta el inciso tercero del artículo 240 de la Constitución que dice que la “Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración…”.

Pero el FMLN defiende que en la nueva ley se le dan amplias facultades a la Sección de Probidad, ya que no sólo sustanciará los casos sino que impondrá las multas también, y que podrá enviar los informes a la Corte Plena.

Pero para las organizaciones civiles el no dejar plasmado en la ley que será la Corte en Pleno la que remitirá los casos a la Fiscalía es un “fraude” a la Constitución, pues la decisión es de los 15 magistrados de la Corte y no sólo con tres o cuatro de la Sala de lo Civil.

Al respecto, el Coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde-Alac), Roberto Burgos, explicó que en la ley se debe dejar establecido no sólo un Estado constitucional de derecho, sino también un concepto de legitimidad.

“Con el caso de las investigaciones que inician apenas por presunto enriquecimiento ilícito de (Reynaldo) Cardoza y del ISSS (Leonel Flores), tenía un alto grado de legitimidad porque había sido avalado por los 15 magistrados de la CSJ”, expresó Burgos.

Otro punto que lamentó es que en la ley se elimina la oportunidad de que cualquier ciudadano denuncie a un funcionario público por posible apropiación de fondos, con sólo presentar denuncia firmada por un abogado. Dijo que en la ley vigente sí está.

Nueva Ley de Probidad es “fraude a la Constitucion”, asegura el Grupo Gestor

El Grupo argumenta que con la nueva Ley Probidad no investigarán más casos de enriquecimiento ilícito de exfuncionarios que no tienen juicios. 

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Grupo Gestor dice que ley de Probidad viola la Constitución | Foto por elsalvadorcom

, 17 diciembre 2015 / EDH

diario hoyLa ley de Probidad aprobada ayer en la Asamblea Legislativa  contiene serios retrocesos, así lo aseguró el  Grupo Gestor, quienes opinan también que lo que quieren es restarle fuerza a ley Probidad con algunos frutos que ya se habían dado.

El Grupo argumenta que con la nueva Ley Probidad no investigarán más casos de enriquecimiento ilícito de exfuncionarios que no tienen juicios.

Javier Argueta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), no duda que la Corte Suprema de Justicia aplicara el artículo 240 para no suprimir juicios civiles en Ley Probidad.

Asimismo agregó que si el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén no aplica la Constitución y veta la ley de Probidad, pondrán recurso en la Sala de Constitucional.

“No es tema de ideologías, son leyes q incomodan al poder”, sostuvo Claudia Umaña del Equipo Gestor por avalar la ley Probidad con deficiencias.

Según Argueta la Corte Plena tiene el mandato constitucional de aplicar el artículo 240 para no dejar fuera juicios civiles.

 

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Grupo Gestor de Ley de Probidad pide a Sánchez Cerén vete ley

La normativa fue aprobada anoche en la Asamblea Legislativa sin los votos de ARENA.

17 diciembre 2015 / LPG

la prensa graficaLa Ley de Probidad, que sustituye a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Trabajadores Públicos, fue aprobada anoche, sin embargo, ya se pide que sea vetada.

El Grupo Gestor de la Ley de Probidad pidió hoy al presidente Salvador Sánchez Cerén que vete la normativa aprobada ayer sin los votos de ARENA. La nueva ley le da facultades a la Sala de lo Civil de promover juicios, sin embargo, el grupo promotor considera que la Constitución de la República le da esa facultad al pleno de la CSJ.

Ya el magistrado constitucionalista Rodolfo González había advertido que no se podían quitar funciones constitucionales al pleno de la Corte Suprema de Justicia.