Erika Sadaña

Elijan al mejor Fiscal General. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

26 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Ya empezó la carrera por la Fiscalía General de la República. Recién salimos de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y tenemos sobre la mesa el proceso para reelegir o buscarle sustituto a Douglas Meléndez. En los últimos tres años, aún con las deficiencias humanas, la FGR ha sido una institución trascendental para el combate a la corrupción; hay que poner los ojos en los candidatos y sobre el trabajo que se encuentra realizando la Asamblea legislativa en el proceso de elección.

Los diputados nos han quedado debiendo desde el principio. Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para mejorar los procesos de elección de funcionarios todavía no han visto la luz. Desde el año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil mencionaban la necesidad de un procedimiento compuesto de varias etapas por medio del cual se determine quién cumple con los requisitos y quién no.

Los diputados dijeron que estas reformas al RIAL no se lograban implementar para el proceso de la CSJ, entonces las prometieron para elección de la cabeza de la FGR; sin embargo, ni siquiera están siendo discutidas, por lo que empezamos mal. Hay que tener claro que no todas las personas que se someten al proceso gozan de la misma idoneidad, por lo que un proceso de depuración se vuelve sumamente necesario.

El proceso de elección debería estar compuesto, como mínimo, de las etapas siguientes: convocatoria con un perfil preestablecido; posteriormente que una comisión acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos, luego que se analicen aspectos cualitativos individuales de cada candidato; además, debe existir participación ciudadana, para que aporten diversas perspectivas de cargos tan trascendentales; el desarrollo de entrevistas no debe ser un mero requisito formal, sino la oportunidad de profundizar la filosofía de trabajo del candidato e indagar su trayectoria profesional; por último debe existir una motivación razonable por parte de los legisladores de por qué el elegido es la mejor opción entre los candidatos que compiten. Esto es lo mínimo, y ni siquiera con eso han cumplido a cabalidad.

No se ha establecido un perfil mínimo, considerando las atribuciones que la Constitución otorga a la FGR, tales como la defensa de los variados intereses del Estado, defensa de la legalidad, la dirección de la investigación, la promoción de la acción penal, entre otras. No se ha determinado cuáles son los criterios de evaluación, concretizado en el ahora tan odiado baremo. Estas herramientas no son perfectas ni constituyen los únicos elementos a considerar para una elección, pero son una base objetiva para determinar quiénes cumplen los requisitos y tienen méritos para optar a un cargo.

Algo importante es que hay que dejar a un lado a los “funcionarios de carrera”, esas personas que quieren exhibir una experticia para casi todo y se postulan a cualquier puesto público; también a quienes ya han ocupado antes una silla al frente de una institución pública. Estas personas ya tuvieron su oportunidad de demostrar lo que podían hacer por el país; muchos de estos funcionarios pasaron por las instituciones sin pena ni gloria y no deberían estarse considerando para un nuevo cargo.

También es necesario señalar que la Asamblea Legislativa tiene una especial responsabilidad de hacer un escrutinio más intenso a las personas que ya fungieron como funcionarios. Los diputados están en la obligación de comprobar los resultados que lograron anteriormente estas personas al frente de las instituciones y por qué merecen una reconsideración para otro cargo público.

La elección de un funcionario siempre debe presentarse como el reto de elegir al mejor. No al que más bulla hace, al que anda buscando apoyos políticos a escondidas o el que promete favores a cambio de la elección. En el caso de la FGR, se trata de elegir a la persona que de verdad eche a andar una institución que por varios años se convirtió en garante de la impunidad; alguien que cuente con la suficiente independencia para trabajar frente a cualquier caso y quien goce de la credibilidad de la sociedad civil con base en sus méritos y no a conveniencia política. La ciudadanía salvadoreña merece el esfuerzo de elegir comprobadamente a los mejores. Diputados, los seguimos observando.


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Los incuestionables (III). De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

19 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A los políticos no les gusta que se les cuestione. No les cae en gracia que se les critique las malas decisiones que toman sobre asuntos públicos. Ante los cuestionamientos y críticas por el retraso de más de cuatro meses en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios políticos dijeron que si queremos incidir sobre las personas que ocuparían el cargo de magistrado que “nos postulemos como diputados”. Nada más contradictorio que una persona que debe su cargo al voto popular se niegue a escuchar a la ciudadanía.

Partamos de lo más básico. Podemos criticar o cuestionar algo solo porque sí, porque es nuestro derecho a expresarnos libremente. Porque mientras respetemos los derechos de los demás, la libertad de expresión nos da pauta para manifestar lo que pensamos. Este derecho es importante porque somos humanos e iguales. Pero cuando se trata de crítica al manejo de los asuntos públicos, este derecho adquiere especial relevancia. Se trata de un control sobre la manera en que los funcionarios administran las instituciones y el dinero público. Las decisiones que toman los funcionarios inciden en la vida de todos y por ellos nos interesan. Por eso es importante y necesario que la ciudadanía se exprese.

La discusión sobre la elección de funcionarios que realiza la Asamblea Legislativa va más allá de si un candidato a un puesto cae bien o mal, si es buena gente o no. Ha sido la falta de idoneidad de los funcionarios para dirigir las instituciones públicas lo que nos ha llevado a las distintas crisis que ahora sufre el país. La incapacidad de administrar instituciones importantes han sido factor determinante para su declive.

Instituciones dormidas, que se hacen del ojo pacho e inoperantes han sido caldo de cultivo para la ineficiencia en la prestación de servicios y la corrupción. Hemos tenido una Fiscalía General convertida en tienda que transaba impunidad, una Corte de Cuentas que dejó pasar reparos por el uso del dinero público y por lo que hoy un presidente está preso. Todo por culpa de personas que no saben tomar decisiones adecuadas o porque lo hacen con un interés ajeno al bienestar público. La elección de funcionarios importa mucho porque determina la forma en que se manejarán las instituciones: al servicio de la población o de intereses corruptos. No nos pidan que no nos metamos.

Por las razones anteriores es que tiene mucha relevancia la capacidad de las personas que se postulan para ser funcionarios. Y por eso es que molesta que existan diputados y alcaldes que rechacen que la sociedad civil se meta en esa decisión, que piden que no se critique o que se deje de presionar por los más idóneos. Ese rechazo a la crítica constructiva es una falta de respeto al electorado que les dio su voto de confianza, que creyeron en sus promesas o en su criterio para tomar decisiones y que pensaron que serían buenos representantes de sus pensamientos e intereses. Les están dando la espalda a quienes los pusieron en la silla que hoy ocupan. Inaceptable.

Y el rechazo a la crítica, sugerencias y exigencias que hace la sociedad civil también es una muestra de la soberbia de nuestros funcionarios. Ahora que ya están en el puesto creen que únicamente ellos saben qué es lo mejor para el país, que sus decisiones son las mejores y que nadie tiene motivos para criticarlos. Nada más falso que eso. Hay ciudadanos que están muchísimo mejore preparados o que tienen mejor criterio que un funcionario, que desarrollan buenas ideas y que merecen ser escuchadas. No caigan en el error de creer que sus respuestas son las únicas y las más acertadas.

Hace muchos meses escribí dos columnas tituladas “Los incuestionables”, sobre los funcionarios que se quejan de la crítica de la ciudadanía. Las cosas no han cambiado. En El Salvador todavía hay personas que creen que este país es una finca bajo su dominio. Se equivocan. Este pedacito de tierra nos importa tanto que vamos a seguir trabajando para que la institucionalidad se enderece y para que los malos elementos queden fuera de la función pública.

Los incuestiobales I
Los incuestionabes II