Lorena Peña, fiel vocera de lo que el FMLN realmente pretende, escribió un mensaje en Twitter que aparentemente nada tiene que ver con Venezuela, ni con la ruptura constitucional que efectúa Maduro con su Constituyente, ni con el apoyo solidario que el FMLN y el gobierno de El Salvador están dando a sus socios chavistas. El apoyo a Maduro ya lo había hecho público Lorena Peña, como todos los fieles funcionarios del partido y del gobierno. Pero luego publicó esta frase en Twitter: “Si la sala no se metiera de estorbo donde no le toca, el país caminaría mejor. Y sin arena mucho mejor.”
Esta frase explica porqué el FMLN y su gobierno están apoyando a Maduro. No es porque se sientan obligados a ser solidarios con un régimen que tanto les ha apoyado financieramente. No son tan románticos. El FMLN apoya la manera cómo Maduro quiere salir de la crisis de la pérdida definitiva del apoyo popular, por que se siente en una situación similar, aunque obviamente no tan dramática, que el chavismo. Habiendo perdido el apoyo mayoritario popular, debido a los efectos de sus malas políticas, el FMLN identifica dos obstáculos para seguir gobernando: una Sala independiente, que insiste en someter a control constitucional las actuaciones del gobierno – y la existencia de una oposición fuerte que a pesar de todos sus problemas puede llegar a construir mayoría electoral.
Maduro tenía la suerte que Hugo Chávez, antes de heredarle el poder, ya había removido el primero de estos obstáculos: la justicia independiente. El chavismo controla el Tribunal Supremo en su totalidad, incluyendo su Sala de lo Constitucional. Esto le permite a Maduro seguir gobernando, a pesar de que en 2015 salió electa una Asamblea Nacional con mayoría calificada de la oposición. Simplemente puso al Tribunal Supremo de Justicia a asumir todas las competencias de la Asamblea. Pero no pudo eliminar el segundo obstáculo: la oposición. Por lo contrario: Maduro logró quitarle las competencias constitucionales a la Asamblea, pero no logró deshacerse de ella. La oposición se atrincheró en la Asamblea, y el golpe de estado contra el parlamento convirtió el movimiento opositor en movimiento de defensa de la Constitución.
Precisamente este último obstáculo pretende Maduro remover con su Asamblea Constituyente, electa el 30 de julio de manera inconstitucional y además fraudulenta. Lo primero que hará esta Constituyente será disolver la Asamblea Nacional, usurpar sus funciones, y dictar una Constitución al estilo cubano, donde ya no cabrán partidos políticos de oposición, elecciones libres ni instituciones independientes. Ahí también se terminará de rebelión de la Fiscal General Luis Ortega, vieja militante chavista, que había osado a declararse independiente del gobierno de Maduro y defensora del Estado de Derecho – y para colmo de traición declaró inconstitucional la composición y la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y la convocatoria de la Constituyente.
Regresemos a la frase de Lorena Peña, identificando como obstáculos para el gobierno del FMLN la existencia de una Sala de lo Constitucional independiente y de una oposición que no se alinea. Ahí encontramos la explicación del hecho, de otra manera difícil de entender, de la alineación incondicional del FMLN y del gobierno de El Salvador con Maduro y su golpe contra la Constitución. Se ven en la misma situación, enfrentando los mismos obstáculos, incapaces de recuperar el apoyo popular, y ambos están decididos a remover los obstáculos constitucionales para mantenerse gobernando. La Venezuela de Maduro sigue siendo el faro que ilumina el camino del FMLN.
Colegas:
Escribo estas líneas el Día del Periodista – el día que un montón de enemigos de la libertad de expresión nos felicitan con mensajes hipócritas. Con excepción del día de rendición de cuentas del gobierno ante la Asamblea, el 31 de julio es el día que más mentira se difunde. Hasta los funcionarios oficiales encargados de la mentira, como Marcos Rodríguez y Eugenio Chicas, nos felicitan, cuando el resto del año tratan de impedir, manipular, amedrentar -y a veces comprometer con dádivas- el ejercicio libre del periodismo.
No lo he visto todavía, pero estoy seguro que el empresario publicista encargado de comunicaciones de ARENA está preparando un comunicado cursi sobre la libertad de expresión, la misma que se dedica a limitar dentro de su partido.
Los dueños del poder siempre nos quieren amedrentar a los periodistas para que nos supeditemos a sus diseños. A veces tratando de comprarnos, a veces amenazándonos. Con zanahoria y garrote se domestica al burro.
Lamentablemente, en nuestra profesión sigue habiendo burros. Cada vez menos, por suerte. Oficialmente ha desaparecido la práctica de las mentas, los tradicionales sobresueldos que en Casa Presidencial y otras oficinas (no solo del gobierno) pagaban a periodistas, editores y entrevistadores. ¿Ha desaparecido de verdad esta práctica? ¿Y los que estaban en planilla de Tony Saca y Mauricio Funes, se auto purificaron?
Año con año, las universidades gradúan mucho más comunicadores que los medios profesionales pueden absorber. Entonces, aceptan trabajos en oficinas estatales, algunas abiertamente opuestas incluso a la más flexible interpretación de ética y profesionalismo del periodismo, como Transparencia Activa, Radio Nacional, TV de El Salvador, AvancES; otros en las docenas de equipos de fake news disfrazados de medios digitales, montados por partidos, por la Alcaldía de San Salvador, por Casa Presidencial y por algunos empresarios que quieren limpiar sus negocios y nombres…
Los que aceptan estos empleos, tienen que saber que su trabajo nada tiene que ver con periodismo. Por supuesto que la libertad de expresión es válida para ellos, incluso cuando la abusen para manipular, desinformar y difamar – pero que no traten de pasar por periodistas. No son nuestros colegas, son tóxicos para nuestra profesión.
Los periodistas tenemos un compromiso con la ética profesional. Como cualquier profesional, tenemos el derecho de equivocarnos, pero nunca de vendernos a intereses ajenos a nuestra profesión. Esto incluso nos obliga a luchar, dentro de los medios que nos emplean, por nuestra independencia y contra la censura.
¿Estamos seguros que dentro de nuestro gremio -entre los reporteros, editores, columnistas, directores de medios, entrevistadores- han desaparecido la corrupción, la censura, la autocensura, las lealtades falsas con poderes externos (y opuestos) al periodismo? Yo no estoy seguro.
¿Estamos seguros que en nuestros medios podemos ejercer el periodismo crítico e investigativo, sea quien sea el afectado, y sin que nos inhiban las relaciones económicas o políticas que tenga con el medio? Tampoco estoy tan seguro.
Podemos afirmar con orgullo que el periodismo salvadoreño ha avanzado. Hay más pluralismo, más periodismo investigativo, más espacio para crítica y debate que nunca.
Pero no hay razones para bajar la guardia. Todavía la frontera entre periodismo y comunicación oficial es difusa, y hay puertas giratorias entre ambos. Además, es fácil tener medios críticos teniendo gobiernos tan desastrosos como nos están tocando ahora, y que además no son socios naturales de los empresarios mediáticos. La prueba de profesionalidad, la ética, el coraje y la independencia la enfrentaremos con el cambio de gobierno en el 2019. Ahí veremos de qué estamos hechos los periodistas.
IT COULD almost be a piece of contemporary art, rather than a tool of political struggle. Overlooked by a mango tree heavy with blushing fruit, a rope is strung across Avenida Sucre as it climbs through a comfortable middle-class area towards the forested slopes of Monte Ávila overlooking Caracas. Arranged beneath it are two distressed wooden beams, two pallets placed vertically, a wheel hub, a rusting metal housing for an electric transformer and several tree branches. They form a flimsy barricade watched over by a couple of dozen local residents.
Why are they blockading their own street? “Because we want this government to go,” explained María Antonieta Viso, the owner of a catering firm. They were taking part in a 24-hour “civic strike” on July 20th, called by the opposition coalition, Democratic Unity (MUD, from its initials in Spanish). Down the hill, across innumerable such roadblocks, the sting of tear gas signalled clashes between demonstrators and the National Guard, a militarised police force. The strike, repeated this week, was part of “Zero Hour”—a campaign of civil disobedience aimed at blocking a plan by Nicolás Maduro, Venezuela’s president, to install a constituent assembly with absolute powers.
Mr Maduro claims that the assembly is the “only way to achieve peace”, to provide Venezuelans with social welfare and to defend the country against what he claims is an “economic war” launched by America (though he provides no evidence of this). “What they are trying to do is to install the Cuban model in this country,” retorts Ms Viso. “We will all be screwed even if we take to the streets. There won’t be private property, my business will go to the state.” The long battle over power and policy in Venezuela that began when Hugo Chávez was elected president in 1998 has reached a critical point. Both government and opposition believe that they are fighting for survival against a backdrop of a failing economy, rising hunger and anarchy.
Chávez, a former army officer, proclaimed a “Bolivarian revolution”, named for Simón Bolívar, South America’s Venezuelan-born independence hero. He, too, summoned a constituent assembly, which drew up a new constitution and which he used to take control of the judiciary and the electoral authority. For much of his 14 years in power he had the support of most Venezuelans, thanks partly to his charismatic claim to represent a downtrodden majority and to the flaws of an opposition identified with an uncaring elite. But above all the soaring price of oil gave him an unprecedented windfall, some of which he showered on social programmes in the long-neglected ranchos (shantytowns). A consumption boom, magnified by an overvalued currency, kept the middle class quiescent. He governed at first through a broad coalition of army officers, far-left politicians and intellectuals.
Angered by opposition attempts to unseat him and influenced by Fidel Castro, Chávez pushed Venezuela towards state socialism after 2007. Economic distortions accumulated, along with corruption and debt. Before he died of cancer in 2013, Chávez chose Mr Maduro, a former bus driver and pro-Cuban activist, as his successor.
From Chávez to Maduro
Mr Maduro, however, lacks Chávez’s political skills and popular support. And he has had to grapple with the plunge in the oil price. Years of controls and the takeover of more than 1,500 private businesses and many farms mean that Venezuela now produces little except oil, and imports almost everything else. The government is desperate to avoid defaulting on its debt, since that would lead to creditors seizing oil shipments and assets abroad.
Rather than reform the economy, Mr Maduro has simply squeezed it, applying a tourniquet to imports (see chart 1). The government has no clear strategy for external financing, and the fiscal deficit, mainly financed by printing money, is out of control, says Efraín Velázquez, the president of the National Economic Council, a quasi-official body. The result: “you can’t have growth and will have a lot of inflation.” Between 2013 and the end of this year, GDP will have contracted by more than 35% (see chart 2). What this means for most Venezuelans is penury.
Near Plaza Pérez Bonalde, a leafy enclave in the gritty district of Catia in western Caracas, 100 or so people, mainly women, queue up outside a bakery. They hope to get a ration of eight bread rolls for the subsidised price of 1,200 bolívares (less than $0.15 at the black-market exchange rate). “At least it’s something, because everything else is so expensive now,” says Sol Ciré, a mother of two. She is unemployed, having lost her job at a defunct government hypermarket. Her fate stems from a change of government strategy.
Generalised price controls had generated widespread shortages and embarrassingly long queues. Instead, the government has put the army in charge of a subsidised food-distribution system, known as CLAP and modelled on Cuba’s ration book. Up to 30% of families get this dole of staple products regularly, reckons Asdrúbal Oliveros of Ecoanalítica, an economic consultancy. They are chosen not according to need but according to their political importance to the government.
On the breadline
At the same time, the government has relaxed price controls (bread is an exception). In Catia’s main market, which spills into the surrounding streets, food is abundant, but pricey. A chicken costs 7,600 bolívares and bananas 1,200 a kilo. Most people don’t have dollars to change on the black market: they must live on the minimum wage of 250,000 bolívares. The result is that four out of five households were poor last year, their income insufficient to cover basic needs, according to a survey by three universities. Medicines remain scarce. Walk down many streets in Caracas and you may be approached by a beggar.
All this has taken a heavy toll on the government’s support. Mr Maduro won only 50.6% of the vote in a presidential election in 2013, a result questioned by his opponent, Henrique Capriles. In a parliamentary election in December 2015 the opposition won a two-thirds majority—enough to censure ministers and change the constitution.
In the government’s eyes, the opposition is bent on overthrowing an elected president—the aim of protests in 2014, after which Leopoldo López, an opposition leader, was jailed on trumped-up charges. In response, it has resorted to legal chicanery. If Chávez often violated the letter of his own constitution, Mr Maduro tore it up.
Before the new parliament took over, the government used the old one to preserve its control of the supreme court by replacing justices due to retire. The court then unseated three legislators, eliminating the opposition’s two-thirds majority. Mr Maduro has ruled by decree. The tame electoral tribunal quashed an opposition attempt to trigger a referendum to recall the president—a device Chávez put in the constitution. It postponed regional elections due to take place last December.
In March the court issued decrees stripping the parliament of all powers. That seemed to be because foreign investors take more seriously than the government a constitutional provision under which only the parliament can approve foreign loans. Although partially withdrawn, the decrees were the trigger for a confrontation that continues. They opened up fractures in chavismo—notably the public opposition of Luisa Ortega, the attorney-general since 2007 (who had jailed Mr López). Mr Maduro’s announcement on May 1st that he would convene the constituent assembly intensified both trends.
Chávez’s constitution was drawn up by a democratically elected constituent assembly, convoked by referendum. Mr Maduro is following a script from Mussolini. He has called the assembly by decree. It will have a “citizen, worker, communal and peasant-farmer” character, he said. What this means is that 181 members will be chosen by government-controlled “sectoral” groups such as students, fishermen and unions. Another 364 members will be directly elected, but in gerrymandered fashion: each of Venezuela’s 340 municipalities will choose one. Small towns are under the government’s thumb; cities, where the opposition is a majority, will get only one extra representative.
Datanálisis, a reliable pollster, finds that two-thirds of respondents reject the constituent assembly, more than 80% think it unnecessary to change the constitution and only 23% approve of Mr Maduro. At just two weeks’ notice, on July 16th almost 7.5m Venezuelans turned out for an unofficial plebiscite organised by the opposition. Almost all of them voted to reject the assembly, to call on the army to defend the constitution and for a presidential election by next year (when one is due).
Few doubt that the assembly will be a puppet-body and the vote on July 30th, which the opposition will boycott, will be inflated. The government counts on the 4.5m people who are employed in the public sector or in communal bodies. Those who fail to turn out risk losing not just their job but their CLAP food rations. Additional pressure to vote in chavista neighbourhoods comes from the colectivos—regime-sponsored armed thugs on motorbikes. Officials have said the assembly will not only write a new constitution but will assume supreme power, sacking Ms Ortega and replacing the parliament, whose building it will occupy. It will give Mr Maduro a slightly larger figleaf than the supreme court for a dictatorship of the minority.
Yet the president will find it hard to make this stick. “How do you govern the country with 75% against you?” asks Mr Capriles. “I think he’s trapped.” For the past four months the opposition has held almost daily protests. These have a ritual quality. To prevent demonstrators reaching the city centre, or blocking the main motorway through Caracas, the National Guard fires volleys of tear gas, buckshot—and occasionally bullets. Younger radicals, known as the “Resistance”, press forward, throwing stones from behind makeshift shields. Similar scenes take place across the country. Looting is commonplace. In these clashes, over 100 people have died. More than 400 protesters are now prisoners, including several opposition politicians. After the parliament named 33 justices to a rival supreme court on July 21st, the government arrested three of them.
Resistance isn’t futile
Mr Maduro has more worries. The first is his own side. Chavista strongholds are wavering. In the bread queue in Catia, several people say they are against the assembly. The opposition managed to set up voting stations for its plebiscite there: at one, a woman died when a colectivo fired on voters. “Some people have left us and gone over to the other side,” admits a local official. “But it’s very difficult for a chavista to support the opposition,” she adds. Chávez is still viewed favourably by 53% of Venezuelans, according to Datanálisis.
Rather, a new movement of “critical” or “democratic” chavistas, including Ms Ortega, several former ministers and recently retired generals, has publicly called for the scrapping of the assembly and the upholding of the constitution. When they held a press conference at a modest hotel on July 21st, some 300 regime supporters outside tried to drown them out with loud music and chants of “traitors”.
Then there is the army. The regime has co-opted it, turning it into a faction-ridden, politicised and top-heavy moneymaking operation, with more than 2,000 generals (where 200 used to suffice). Mr Maduro has given them control over food imports and distribution, ports and airports, a bank and the mining industry. Many generals have grown rich by buying dollars at the lowest official exchange rate of $1=10 bolívares, intended for food imports, and selling them at the black market rate of 9,000. Others smuggle petrol or drugs.
Murmuring in the ranks
An “undercurrent of muttering” among junior officers is checked by a network of political commissars and snoops installed by Chávez, says José Machillanda, of Simón Bolívar University in Caracas. At the top, several thousand Cuban security personnel guard Mr Maduro and the 30-40 leaders who form the regime’s core.
But the assembly has tested the army’s loyalty to Mr Maduro. He twice reshuffled senior ranks in the past two months. Caracas is alive with rumours of an impending pronunciamento, in which the army withdraws its support for the regime.
Another acute threat to Mr Maduro is the economy. The rot has spread to the oil industry, Venezuela’s mainstay. According to OPEC, since 2015 the country’s oil output has fallen by 400,000 barrels per day (or around 17%). This is the long-term price of Chávez’s decision to turn PDVSA, the once efficient state oil company, into an arm of the welfare state.
Foreign-exchange reserves hover around $10bn, according to the Central Bank. Economists expect the government to make $3.5bn in debt payments due in the autumn, but it will struggle to find the $8.5bn it needs to avoid default next year. China, a big paymaster, is reluctant to lend more. Russia may be Mr Maduro’s best hope, but it worries about getting entangled in possible American sanctions against Venezuela.
The fourth problem Mr Maduro faces is that the region has become less friendly to him. Chávez enjoyed the solidarity of other left-wing governments in Latin America. Many are no longer there, or have distanced themselves. Venezuela has been suspended from Mercosur, a trade group; it could be expelled if the assembly goes ahead, says Argentina’s foreign minister. The regime showed that it cares about its standing in the region by the big diplomatic effort it made in June to prevent its suspension from the Organisation of American States.
Many in Caracas assumed that Mr Maduro intended the assembly as a bargaining chip, to be withdrawn in return for concessions by the opposition. If so, he may be trapped by the forces of radicalisation he has unleashed. Diosdado Cabello, a retired army officer who is his chief rival within the regime, appears to see the assembly as his route to power. Back down now, and Mr Maduro risks losing face among his hard-core supporters.
Venezuela thus stands at a junction. One road involves a negotiation that might either fix a calendar for a free and fair election, or that might see Mr Maduro and other regime leaders depart. The opposition is mistrustful after talks brokered by the Vatican and José Luis Rodríguez Zapatero, a former Spanish prime minister, broke down last year when it quickly became clear that the government was not prepared to restore constitutional rule. Mr Zapatero was a conduit for a move that saw Mr López transferred from prison to house arrest this month. He is in Caracas again this week.
The city hums with rumours of a new mediation effort led by a shifting kaleidoscope of foreign governments. But conditions do not yet seem ripe. “The government sees the cost of leaving power as very high, that they would be destroyed and persecuted,” reckons Luis Vicente León of Datanálisis. The opposition is suspicious, too. “To return to political negotiations we have to have real signs that the government is prepared to change,” observes Freddy Guevara, the deputy leader of Mr López’s party.
Can anyone stop Mr Maduro?
That probably requires a military pronunciamento. But the army “looks at the opposition and doesn’t see any guarantees that they would be able to run the country”, says a foreign diplomat. The MUD has worked well as an electoral coalition, and its plebiscite was impressive. It has published a programme for a government of national unity. But, crucially, it lacks an agreed leader with a mandate to negotiate. “The opposition is stuck together with chewing gum,” says Mr León.
Anomie and anarchy
Barring a negotiation, the other route looks bleak. There is a growing sense of anomie and anarchy. On the opposition side, there is desperation in the self-barricading of its own neighbourhoods, an action which does little to hurt the government. Social media have been vital in undermining the regime’s control of information. But they also spread rumours and undermine moderation. Middle-class caraqueños are reading books on non-violent resistance. But on the streets many protesters express mistrust for the MUD. The “Resistance” is well-organised and trained. It would not be hard for it to take up arms.
For its part, the chavista block is splintering. The National Guard now raids properties in chavista areas at night, because they are being fired on by disgruntled residents. “There’s a growing attitude of ‘don’t mess with me’,” says Mr Machillanda.
Mr Maduro and his core of civilian leftists admire Cuba but they do not command a disciplined revolutionary state, capable of imposing its will across Venezuela’s vast territory. The 100 or so dead in the protests are fewer than are killed each weekend in lawless poor neighbourhoods. The “Bolivarian revolution” has created a state run by rival mafias and undermined from within by corruption.
“They could try to Cubanise the country,” says Mr Capriles. “But whether Venezuelans accept that is another matter.” Given the intensity of Venezuela’s confrontation, it has suffered remarkably little political violence. Sadly, that may now change. If Mr Maduro shuts down all hope of political change, it may take many more deaths to break the deadlock.
Si esa dualidad será resuelta a favor de las armas o de la razón, o si aparece un inesperado fraccionamiento al interior de las FAN, o un simple rayo de luz que lleve a un entendimiento mínimo entre el poder político de la oposición y el militar de la dictadura, no lo sabemos.
El 30 de julio la dictadura militar de Nicolás Maduro consagrará institucionalmente la dualidad de poderes que venía gestándose mediante la creación de una constituyente cubana cuyo único objetivo es la supresión del sufragio universal para asegurar el poder de una oligarquía militar-civil en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la nación.
El término dualidad de poderes merece una explicación adicional. Su origen teórico proviene de las plumas de Lenin y Trotzky durante “la revolución de febrero” – la única, la verdadera revolución, la antizarista- que dio origen al gobierno provisional, democrático, social y parlamentario de Alexander Kerensky. En términos más exactos, aquello que tuvo lugar en el breve periodo que va desde febrero a noviembre de 1917 fue una trilogía de poderes: el del aparato militar y burocrático zarista enquistado en el Estado, el del gobierno provisional (liberal, democrático y parlamentario) y el supuesto poder de los soviets (concejos).
La reducción de la trilogía de poderes a una dualidad clasista fue un truco semántico de Trotzky y Lenin a fin de hacer aparecer al gobierno de Kerensky como una simple prolongación del zarismo. Entre Trotzky y Lenin había, sin embargo, una diferencia.
Mientras para Trotzky los soviets deberían asegurar la hegemonía del “proletariado” sobre el resto de las clases populares, para Lenin, consciente de que “la clase obrera” era extremadamente minoritaria y “tradeunionista” (sindicalismo despolitizado) los soviets debían estar formados por obreros, campesinos y soldados bajo conducción de los bolcheviques. Estos últimos, los soldados, eran para Lenin el eslabón decisivo. No porque los soldados se hubiesen vuelto de pronto revolucionarios, sino simplemente porque eran portadores de armas.
A esas masas de desertores y lisiados de una guerra perdida que -sí se leen testimonios como los de John Reed y Victor Serge- vagaban por las calles de Moscú y San Petersburgo, lo único que les interesaba era ser reclutados por alguien a fin de no morirse de hambre. Los bolcheviques lo hicieron.
El golpe de estado bolchevique que tendría lugar con la “toma del Palacio de Invierno” fue llevado a cabo por multitudes de desarrapados, vagabundos y borrachos entre los que se contaban esos miserables, mal armados (pero al fin armados) soldados reclutados por los seguidores de Lenin. De acuerdo a la literatura oficial de la URSS, en octubre fue resuelta la dualidad de poderes entre “la burguesía” representada por Kerensky y “el proletariado” en los soviets dirigidos por los bolcheviques.
Desde 1917 hasta el 2017 hay un siglo. Y nuevamente, como consecuencia de una revolución democrática –tan democrática como fue la de febrero en contra del zar Nicolás ll – ha aparecido, esta vez en Venezuela, otra dualidad de poderes. Naturalmente, el Nicolás ruso no tiene nada que ver con el Nicolás venezolano. Aparte, claro está, de que ambos llegaron a ser sangrientos dictadores, repudiados por su pueblo y por todo el mundo democrático.
La dualidad de poderes surgida en Venezuela tampoco tiene que ver demasiado con la de la Rusia de Lenin. Por de pronto, adquiere distintas formas. En un primer piso, toma una forma institucional: a un lado el gobierno, representante de una extrema minoría, al otro la Asamblea Nacional, representante de una inmensa mayoría. En un segundo piso, adquiere una forma constitucional; a un lado la constituyente cubana, al otro lado la Constitución de 1999. El tercer piso, toma una forma política: la del conflicto entre dictadura y democracia. En el cuarto piso aparece una forma social: una contradicción entre el conjunto de la sociedad civilmente organizada (sindicatos, empresarios, universidades, iglesias, representantes de la cultura e incluso del deporte) en abierto conflicto con una oligarquía estatal cuya base de apoyo solo proviene de las instituciones militares a través de una alianza entre los altos mandos y el lumpen: con y sin uniforme.
La quinta forma de la dualidad de poderes, la del quinto piso, surgida en Venezuela, digámoslo así, su quinta esencia, es la que tiene lugar entre los cuerpos militares y la ciudadanía política. Ahora, justo en este punto, aparece un hecho de importancia decisiva
La dictadura al imponer la constituyente cubana ha convertido en irreconciliable a la dualidad de poder y con ello ha renunciado al poder político para entregarlo sin condiciones al poder militar. La imposición de la constituyente cubana entonces es equivalente a la firma de un acta de ingobernabilidad. Eso tendrá gravísimas consecuencias para Maduro. Retirarse del ejercicio del poder político a favor del militar, significará, lisa y llanamente, cambiar el principio de gobernabilidad por el principio de dominación. De este modo la dictadura modificará su carácter. Ya no será política-militar sino solamente militar. En otras palabras, será lo que potencialmente ya era, la dictadura del ejército con un títere civil en el gobierno (que podría ser Maduro u otro)
La lección que de ahí surgirá para la oposición es que, aún con una eventual caída (o renuncia) de Maduro, no será resuelto el problema fundamental pues los principales enemigos, y por eso mismo, los principales interlocutores, serán, definitivamente, los militares.
Militares que no son los andrajosos armados de los tiempos de Lenin. Son, por el contrario, una clase social de estado dispuesta a todo si se trata de defender sus privilegios. Pero aun así, en un momento indeterminado deberán tomar conciencia de que todas las armas del mundo no bastan para gobernar si frente a ellas se encuentra la absoluta mayoría de la nación.
La imposición forzada de la constituyente cubana no será, en consecuencia, una derrota para la oposición. Todo lo contrario: creará nuevas condiciones para ocupar los espacios políticos cedidos por Maduro, ampliar alianzas en diferentes direcciones y mantener la lucha de calles, siempre y cuando no sea abandonada, ni por un solo segundo, la letra de la Constitución. Esa Constitución ha llegado a ser el nexo que une a la oposición con el chavismo descontento, el programa de acción de todas las fuerzas democráticas, la trinchera que nunca deberá ser cedida a nadie.
La que tiene lugar en Venezuela es, para decirlo con la misma jerga chavista, una lucha irregular y prolongada. Los imponderables –a los cuales para que aparezcan hay que ayudarlos- decidirán finalmente el curso de esa tragedia. Ahí reside precisamente el fondo de la dualidad de poder que experimenta Venezuela, la más básica: la de la guerra contra la política. Si esa dualidad será resuelta a favor de las armas o de la razón, o si aparece un inesperado fraccionamiento al interior de las FAN, o un simple rayo de luz que lleve a un entendimiento mínimo entre el poder político de la oposición y el militar de la dictadura, no lo sabemos. El futuro no está escrito en ninguna parte.
Cuando muchos hablan del “pantano” de corruptelas que puede ser DC olvidan que alrededor del pantano hay una comunidad vibrante de individuos de todos los colores y religiones, que ven a los inmigrantes como una parte importantísima de sus comunidades con independencia de las políticas migratorias de moda.
En una coyuntura en la que la política continúa dándonos una mala noticia tras otra, específicamente bajo la administración Trump, de vez en cuando cae bien recordar que quienes tenemos el poder y la capacidad de mejorar nuestras sociedades no son nuestros políticos, somos nosotros, los individuos. De nuestra responsabilidad individual depende el querer construir comunidades fuertes y solidarias, con independencia de las políticas públicas de los gobiernos de turno.
Recientemente en Washington, DC, una de las ciudades estadounidenses con la concentración más grande de miembros de la diáspora salvadoreña, recibimos un recordatorio de la fuerza de las comunidades. La última semana de junio, un edificio en la zona noroeste del distrito, habitado en su mayoría por inmigrantes centroamericanos y sus familias, se convirtió temporalmente en un infierno.
Se especula que una explosión de gas en medio de la noche fue la causante de que todas las familias inquilinas, en cuestión de horas, se quedaran sin nada; sin el espacio donde vivían; sin las cosas que, poco a poco, con el esfuerzo de su trabajo, habían ido comprando para amueblar sus espacios. Se escaparon solo con su vida y con lo puesto.
Legalmente, el edificio no les debe nada. Por el momento, los alojaron temporalmente en un hotel. De los contenidos de sus apartamentos, no verían reparación alguna a menos que tuvieran seguro de inquilinos, cosa que para muchos era un lujo que no podían costearse con sueldos de la industria de servicios.
El agradecimiento por haber escapado una muerte terrible —el incendio cobró una vida— venía para muchos seguido de la aflicción de no tener nada. La Cruz Roja los asistió en los primeros días después de la tragedia, pero como organización que se encarga de los primeros auxilios, poco podían hacer por ellos una vez pasaron varios días. Acudieron a sus consulados, pero la falta de recursos y en ocasiones, de personal capacitado para responder a este tipo de necesidades, los dejó con pocas opciones: se les ofreció únicamente tramitarles pasaportes nuevos a un costo menor que lo normal y brincándose la lista de espera, que no es poco, pero cuando no se tiene nada, tener el pasaporte vigente no aparece tan arriba en la lista de prioridades.
Muchas veces se dice de Washington DC que debido a la altísima concentración de poder que distingue a la ciudad, el éxito lo marca de manera exacerbada el círculo de contactos. Se dice, “no es quién sos, es a quién conocés”. Esto, de entrada, limitaría a muchísimas familias inmigrantes, sobre todo bajo la administración Trump, en la que la desconfianza a los inmigrantes se ha visto exacerbada, azuzada por la retórica que sale del Órgano Ejecutivo. Y sin embargo, cuando muchos hablan del “pantano” de corruptelas que puede ser DC olvidan que alrededor del pantano hay una comunidad vibrante de individuos de todos los colores y religiones, que ven a los inmigrantes como una parte importantísima de sus comunidades con independencia de las políticas migratorias de moda. Esta comunidad respondió a la tragedia haciéndola propia. Aunque aún hay familias necesitadas, en cuestión de semanas donaciones personales de bienes básicos y no tan básicos (desde sofás, camas, sábanas, vajillas enteras hasta impresoras, para apoyar a las familias con niños en edad escolar) están mejorando la situación de miembros de nuestra comunidad, solidarizándose con los inmigrantes en lo que casi puede percibirse como acto de rebeldía ante una administración prácticamente hostil, recordando que al final, si uno de nosotros sufre, sufrimos todos, devolviéndonos a muchos cínicos la fe en la humanidad.
Cualquier intento de totalitarismo, de derecha o de izquierda, es perjudicial para el país. Los ciudadanos debemos estar conscientes que es nuestra obligación estar pendientes de que exista un Estado de Derecho.
Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional
Los pronunciamientos realizados por los partidos y organizaciones de izquierda en el Foro de São Paulo son preocupantes. Estos ya no solo hablan de construir una alternativa a los partidos y organizaciones de derecha, lo cual es válido y necesario para fomentar una pluralidad de pensamiento; el fin primordial de la búsqueda de la justicia social ha quedado a un lado. Ahora estos pronunciamientos pretenden cimentar la idea de que los medios de comunicación que no alaban a la izquierda están al servicio de la derecha política y empresarial; que la toma de todas las instituciones del Estado es necesaria para consolidar su proyecto político y que quien no piense como ellos está equivocado.
La férrea intención de adueñarse de todas las instituciones y poderes del Estado, principalmente la toma de los poderes judiciales, es una declaración concreta en contra de la democracia. En un Estado Constitucional de Derecho es imperativo la existencia de la separación de poderes; pero, sobre todo, es necesario que existan entidades capaces de ejercer control sobre las mismas instituciones públicas y así evitar los abusos de poder.
Distintos funcionarios del FMLN critican el actuar de instituciones como la Sala de lo Constitucional, Sección de Probidad y Fiscalía General de la República, olvidando que cuando la oposición se encontraba en el poder eran ellos quienes exigían su actuación. Es una lástima que en esos tiempos dichas instituciones no se atrevían actuar con la firmeza que hoy lo hacen, pero eso no justifica que hoy pretendan comportarse como lo que antes tanto criticaban.
La dañina pretensión del FMLN de controlar el Órgano Judicial ha sido una de las luchas constantes en los últimos 8 años. En diversas ocasiones funcionarios o miembros de dicho partido han manifestado que la labor de la Sala de lo Constitucional se trata de un sabotaje a su gestión por el hecho de pronunciar sentencias que políticamente no les conviene; han llamado a sus simpatizantes a apoyar sus acciones contra esta institución, lo cual se ha traducido en amenazas, bloqueos a la libertad de circulación de los magistrados y en un intento de botar el portón de la Corte Suprema de Justicia. Eso no es democracia.
Por otra parte, la intención de callar a los medios de comunicación no es más que una muestra del escaso compromiso con una verdadera transparencia que tiene el Gobierno. Resulta inaudito que los funcionarios pretendan establecer lo que los medios deberían publicar o no, a quienes deberían criticar e incluso llegan a culparlos de sus fracasos. Los medios libres no atentan contra las instituciones ni generan antipatía hacia los grupos políticos; simplemente los supervisan y los dejan al descubierto para que los ciudadanos se informen de distintas fuentes para tomar una decisión de apoyo o rechazo. Buscar el silencio de los medios tampoco es democracia.
La semana pasada varios funcionarios del FMLN criticaron duramente las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, sobre las repercusiones que pueden causar al país las recién aprobadas reformas a la Ley de Extinción de Dominio. La diplomática recordó que la voluntad política de luchar contra de la corrupción es uno de los requisitos que Estados Unidos establece para recibir fondos de cooperación; esto fue suficiente para que varios funcionarios la acusaran de injerencista.
Resulta increíble que los políticos se molesten por la petición de una diplomática de luchar contra la corrupción. No les están pidiendo que hagan algo malo, que coman niños o que hagan jabón a los viejitos; simplemente que colaboren para erradicar las practicas dañinas en el Estado para acceder a la ayuda que su Gobierno brinda al país. Es aquí que cuesta entender cuáles son los intereses de los partidos políticos y a qué o quién pretenden defender.
Cualquier intento de totalitarismo, de derecha o de izquierda, es perjudicial para el país. Los ciudadanos debemos estar conscientes que es nuestra obligación estar pendientes de que exista un Estado de Derecho, el cual se garantiza con la independencia de pensamiento entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el efectivo ejercicio de control entre dichos órganos y la alternancia en el poder. Es peligroso que una persona o un partido político pretenda enquistarse en el poder o que sus acciones se libren de la revisión o critica ciudadana. Sin democracia perdemos todos.
A nuestro gobierno no hay que creerle ni la incapacidad. Si parece que varios diputados del FMLN, así como algunos ministros, no conectan con la población y no tienen sensibilidad en temas delicados de la agenda pública, no hay que tomárselo de modo literal.
La intervención del presidente de la república a media semana pareció prueba final de una desconexión con la población. Creer que los salvadoreños abrazaremos mensajes de siniestra ambigüedad es ignorar nuestra historia moderna, la inercia de esta época, y abstraerse de las conquistas en materia de separación de poderes y orden constitucional que la sociedad, Frente incluido, debería considerar orgullosamente suyas. Pero ¿qué hubo de auténtico en esas palabras?
No estoy discutiendo que el partido oficial ha perdido la huella de muchos de sus votantes, que no encuentra el rastro de la izquierda académica, que rompió sus vasos comunicantes con la clase media. Ese divorcio paulatino con el interés de la mayoría, por obvio que este sea, es resentido cada cinco o 10 años por cientos de miles de votantes que desprecian a aquellos a quienes eligieron como sus representantes en el Ejecutivo. Esa ha sido la dinámica de nuestra vida política en democracia. Tal divorcio ocurre no porque los políticos sean todos corruptibles o el poder esencialmente corrupto, sino porque a más tiempo en el Gobierno, más ideología y menos pensamiento.
Lo vimos con ARENA, que aún no se recupera de sus años en el poder, y ahora con el FMLN: el pensamiento es sustituido por la ideología. Y no ideología de derecha o izquierda, sino a una versión menor y menos digna, que es la pura mentalidad ideológica, es decir, una visión sin filosofía ni metafísica ni cosa alguna que la respalde que reemplaza el razonamiento por eslóganes y descalificaciones, y que no aspira sino a la conservación del estado de las cosas y a simular lo políticamente correcto.
Si sumamos las declaraciones brindadas esta semana por Sánchez Cerén, Mata Bennett, Lorena Peña y Roberto Lorenzana, voceros representativos del oficialismo, establecemos rápidamente la naturaleza del contenido, la lógica del método y el tenor de los meses que vienen. Y toda la narrativa gubernamental puede resumirse como patrañas.
Denominador común en sus discursos, se simplifica la insolvencia de nuestro sistema previsional, reduciendo un problema multidisciplinario a mera agenda arenera de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; ni el más militante de los dirigentes del FMLN se cree ese argumento, reduccionismo de cátedra. Y sobre esa base, cada uno puso algo de su cosecha personal: manierismos revolucionarios poco creíbles en el doctor Mata, sarcasmo bien logrado en la diputada Peña, casi marasmo emocional en Sánchez y nada en Lorenzana.
¿Por qué el partido en el Gobierno no quiere pasar de la cháchara ideologizante en el tema de las pensiones? Quizá porque considera que poner el énfasis en la retórica contra las AFP y sus propietarios es más conveniente en estos tiempos electorales, le permite reconectar con su votante duro a través de una neocruzada contra el capitalismo y echar mano del resto de páginas del manual de Martita Harnecker. Y todo eso mientras el futuro de los jubilados de hoy y mañana es cada vez más negro.
Talvez en otra época habríamos aplaudido este derroche de pragmatismo, pero a aquellos en el FMLN que camuflan la independencia y fuerza de su pensamiento, acomodados entre lo que han acumulado y la aprobación de sus mentores, solo cabe reclamarles por su inacción y silencio. Sería preferible tener incapaces auténticos a gente inteligente pero domesticada y cobarde.
Alcalde que no te encontrás en la calle, no sirve. Alcalde que tenés que buscar en su despacho para hablarle de un problema, no sirve. Chamba Ruano fue uno de estos alcaldes que pateaba la calle. Su muerte deja un gran vacío en Ilopango. Sobre todo en las comunidades afectadas por marginación y violencia.
Conocí a Chamba el 22 de enero del 2013, cuando me invitaron de testigo a la firma del “Pacto Municipal de No Violencia” enfrente de la alcaldía de Ilopango. Fue el primero de 11 actos de este tipo, en 11 municipios del país, gobernados por alcaldes de diferentes partidos. Chamba fue el primer alcalde que tuvo el valor de pararse en plaza pública para dar la mano, y luego el micrófono, a los líderes de la MS13 y del Barrio 18 en su municipio. La plaza estaba repleta de ciudadanos, reporteros, pandilleros, policías del CAM y de la PNC. También estaban presentes el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, monseñor Fabio Colindres, el pastor David Rivas, empresarios y líderes comunitarios. Entre todos ellos y los pandilleros se firmó el compromiso de erradicar en Ilopango la violencia y las extorsiones, pero también la exclusión social. Se firmó un pacto para construir la paz social y para abrir oportunidades para todos. El gobierno se comprometió a aportar los recursos para este reto que asumió Ilopango.
A pesar de que el gobierno nunca cumplió su palabra, Chamba sí cumplió la suya. Se convirtió en mediador, se metió en las comunidades para hacer realidad el compromiso con la no violencia. No se quedó solamente retando a los pandilleros de cumplir su palabra, sino que les ofreció sus buenos oficios para poder cumplir. Estuve con Chamba en discusiones con los pandilleros de las comunidades, hablando con ellos con firmeza, retándolos, regañándoles, pero también ayudándoles a buscar formas no violentas de resolver conflictos. Muchos veces lo amenazaron, pero comenzaron a respetar su valentía y su compromiso con las comunidades.
Ilopango comenzó a cambiar. El diálogo y la mediación comenzaron a desplazar el uso de la violencia para resolver conflictos entre pandillas rivales y las comunidades que controlaban, entre ellos y las autoridades municipales y policiales. El ejemplo más contundente es Apulo: las pandillas siguen existiendo, pero han dejado a aterrorizar y extorsionar a los vecinos y comerciantes – y el turismo volvió a reactivarse en el Lago de Ilopango.
Muchos de estos logros se han mantenido a pesar de la indiferencia del gobierno de Funes y de la hostilidad del gobierno de Salvador Sánchez Cerón, con su decisión de sustituir la guerra contra la violencia por una nueva guerra violenta contra las pandillas. Gracias a las confianzas que ha creado Chamba Ruano, se ha logrado evitar que la nueva ola de violencia, desencadenada en 2015/16 en todo el país, convirtiera Ilopango de nuevo en uno de los municipios más violentos del país.
Muchos, incluso en su propio partido ARENA, han criticado a Ruano por su papel protagónico en el intento de sustituir la violencia por caminos de diálogo, inclusión y mediación. Contrincantes fuera y dentro de su partido trataron de desbancarlo, pero la gente de Ilopango lo siguieron apoyando. Ganó con gran mayoría las elecciones primarias de ARENA por la candidatura a alcalde, y sin duda se hubiera reelegido en marzo del 2018. En múltiples visitas a varias comunidades de Ilopango, algunas con Chamba otras sin él, pude constatar que este alcalde de barrio, de calle, de permanente discusión con su gente era un líder casi sin competencia en su municipio. El hecho que armara pleitos con la cúpula de ARENA, obviamente le hizo daño en el partido, pero en Ilopango le ganó más apoyo y credibilidad.
Tuve discusiones conflictivas a acaloradas con Chamba, chocando con su terquedad, tratando de moldearlo, enojándome porque no se dejaba. Muchas veces resolvimos estas discusiones con unos tragos, abrazándonos al final. Nunca me tomó mal la crítica, ni yo a él sus ataques de locura.
Su repentina muerte me impactó mucho, porque las andanzas conjuntas y riesgosas forjan amistad. Fui al velorio en Ilopango. Docenas de personas desconocidas me agradecieron por haber sido amigo de Chamba Ruano cuando otros lo atacaron. Para ellos, Chamba ha sido un alcalde que se pudo equivocar, cometer errores, echarse demasiado tragos, armas demasiados pleitos – pero a quien respetan porque nunca los traicionó. Esta gente no quiere tener líderes impecables, políticos streamline, con discursos pulidos y políticamente correctos. Quieren líderes de carne y hueso que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen.
Números y gráficos hablan más claro que palabras. No mienten. El presidente, su ministro de Justicia, y su director de la PNC reclaman que su política de Seguridad es exitosa y que la muestra es que han logrado bajar en un 50% el número de homicidios.
Viendo los números, sabemos que es mentira. Los números de homicidios hoy, luego de 3 años del gobierno de Sánchez Cerén, son exactamente iguales que en junio 2014, cuando asumió el gobierno. Pero durante 2015 y 2016 nos hicieron pasar por el infierno, con 11,953 víctimas de homicidio en sólo dos años.
Celebrar como éxito el hecho que hoy el número de muertos es exactamente igual que cuando asumieron el gobierno, es un insulto a la inteligencia y las emociones de los salvadoreños.
La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley. El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela.
Anteayer la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que aprobaron la semana pasada el FMLN y GANA. Esta reforma permitía al gobierno tomar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones del ahora extinto sistema de reparto que cesó de funcionar en 1997. Esta reforma contravenía directamente la sentencia que la Sala emitió en diciembre de 2014, en la que estableció como máximo el 45 % que existía hasta entonces para no limitar excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar en beneficio de los trabajadores. El gobierno reaccionó con furia y con veladas amenazas de hacer cosas que no especificó pero que sonaban traumáticas para pagar las pensiones que adeuda.
El gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.
La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley.
El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela. Ha puesto el ojo en los ahorros (cerca de 10 mil millones de dólares) que los trabajadores acumulan para luego financiar los pagos de sus pensiones, y los quiere. Su expropiación le permitiría gastar a manos llenas de aquí a las elecciones sin tener que manejarse con prudencia. De esta manera, los trabajadores salvadoreños financiarían las campañas electorales del FMLN. Al gobierno le parece escandaloso que la Sala defienda los derechos de los trabajadores.
Las amenazas del gobierno sólo añaden un detalle a lo que ha estado tratando de hacer por mucho tiempo para apropiarse de los ahorros de los trabajadores con el fin último de apropiarse del poder total en el país, y para siempre. En esta vena, el gobierno ha tratado muchas veces de confiscar al menos la mitad de estos ahorros, fracasando muchas veces, la última el martes pasado. Paralelamente, ha seguido una estrategia de ir logrando que los fondos de pensiones le presten más y más dinero, pagándoles tasas de interés mucho más bajas que las que les paga a otros acreedores. Esta estrategia paralela, que se podría llamar la del salami, es la que la Sala detuvo en diciembre de 2014 y volvió a detener ayer. Esto provocó las quejas del gobierno y las poses de estar luchando por pagar las pensiones.
La hipocresía profunda del gobierno se evidencia en el hecho que se pinta a sí mismo como un defensor del pago de las pensiones de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, les está reduciendo las pensiones que pueden recibir al rebajarles las tasas de interés que les pagan, y está tratando de confiscarles el dinero que los trabajadores mismos han ahorrado para retirarse.
Pero los esfuerzos del gobierno para perpetuarse en el poder, no se detienen en la apropiación de fondos de los trabajadores. Por varios años ha tratado de echar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de quitarle el poder a la Sala misma, de ahogar al Tribunal Supremo Electoral por falta de fondos para quitarle transparencia a las elecciones, y, en estos días, han empezado a hablar de cambiar la Constitución.
Si todavía queda algún norteado que no se ha dado cuenta de que nos llevan por la misma ruta que Venezuela, ya es tiempo de que se entere y que mida las consecuencias de lo que está pasando. Distraídos en el chambre diario, en el último tuit, en el video viral, los salvadoreños no se están dando cuenta de que vamos hacia la esclavitud.
Paolo Luers, 1 agosto 2017 / El Diario de Hoy
Esta frase explica porqué el FMLN y su gobierno están apoyando a Maduro. No es porque se sientan obligados a ser solidarios con un régimen que tanto les ha apoyado financieramente. No son tan románticos. El FMLN apoya la manera cómo Maduro quiere salir de la crisis de la pérdida definitiva del apoyo popular, por que se siente en una situación similar, aunque obviamente no tan dramática, que el chavismo. Habiendo perdido el apoyo mayoritario popular, debido a los efectos de sus malas políticas, el FMLN identifica dos obstáculos para seguir gobernando: una Sala independiente, que insiste en someter a control constitucional las actuaciones del gobierno – y la existencia de una oposición fuerte que a pesar de todos sus problemas puede llegar a construir mayoría electoral.
Maduro tenía la suerte que Hugo Chávez, antes de heredarle el poder, ya había removido el primero de estos obstáculos: la justicia independiente. El chavismo controla el Tribunal Supremo en su totalidad, incluyendo su Sala de lo Constitucional. Esto le permite a Maduro seguir gobernando, a pesar de que en 2015 salió electa una Asamblea Nacional con mayoría calificada de la oposición. Simplemente puso al Tribunal Supremo de Justicia a asumir todas las competencias de la Asamblea. Pero no pudo eliminar el segundo obstáculo: la oposición. Por lo contrario: Maduro logró quitarle las competencias constitucionales a la Asamblea, pero no logró deshacerse de ella. La oposición se atrincheró en la Asamblea, y el golpe de estado contra el parlamento convirtió el movimiento opositor en movimiento de defensa de la Constitución.
No lo he visto todavía, pero estoy seguro que el empresario publicista encargado de comunicaciones de ARENA está preparando un comunicado cursi sobre la libertad de expresión, la misma que se dedica a limitar dentro de su partido.
Lamentablemente, en nuestra profesión sigue habiendo burros. Cada vez menos, por suerte. Oficialmente ha desaparecido la práctica de las mentas, los tradicionales sobresueldos que en Casa Presidencial y otras oficinas (no solo del gobierno) pagaban a periodistas, editores y entrevistadores. ¿Ha desaparecido de verdad esta práctica? ¿Y los que estaban en planilla de Tony Saca y Mauricio Funes, se auto purificaron?
IT COULD almost be a piece of contemporary art, rather than a tool of political struggle. Overlooked by a mango tree heavy with blushing fruit, a rope is strung across Avenida Sucre as it climbs through a comfortable middle-class area towards the forested slopes of Monte Ávila overlooking Caracas. Arranged beneath it are two distressed wooden beams, two pallets placed vertically, a wheel hub, a rusting metal housing for an electric transformer and several tree branches. They form a flimsy barricade watched over by a couple of dozen local residents.
Fernando Mires, 30 julio 2017 / 
de Alexander Kerensky. En términos más exactos, aquello que tuvo lugar en el breve periodo que va desde febrero a noviembre de 1917 fue una trilogía de poderes: el del aparato militar y burocrático zarista enquistado en el Estado, el del gobierno provisional (liberal, democrático y parlamentario) y el supuesto poder de los soviets (concejos).
Cristina López, 31 julio 2017 / 
La férrea intención de adueñarse de todas las instituciones y poderes del Estado, principalmente la toma de los poderes judiciales, es una declaración concreta en contra de la democracia. En un Estado Constitucional de Derecho es imperativo la existencia de la separación de poderes; pero, sobre todo, es necesario que existan entidades capaces de ejercer control sobre las mismas instituciones públicas y así evitar los abusos de poder.
Cristian Villalta, 30 julio 2017 / 
No estoy discutiendo que el partido oficial ha perdido la huella de muchos de sus votantes, que no encuentra el rastro de la izquierda académica, que rompió sus vasos comunicantes con la clase media. Ese divorcio paulatino con el interés de la mayoría, por obvio que este sea, es resentido cada cinco o 10 años por cientos de miles de votantes que desprecian a aquellos a quienes eligieron como sus representantes en el Ejecutivo. Esa ha sido la dinámica de nuestra vida política en democracia. Tal divorcio ocurre no porque los políticos sean todos corruptibles o el poder esencialmente corrupto, sino porque a más tiempo en el Gobierno, más ideología y menos pensamiento.
Paolo Luers, 31 julio 2017 / 
pararse en plaza pública para dar la mano, y luego el micrófono, a los líderes de la MS13 y del Barrio 18 en su municipio. La plaza estaba repleta de ciudadanos, reporteros, pandilleros, policías del CAM y de la PNC. También estaban presentes el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, monseñor Fabio Colindres, el pastor David Rivas, empresarios y líderes comunitarios. Entre todos ellos y los pandilleros se firmó el compromiso de erradicar en Ilopango la violencia y las extorsiones, pero también la exclusión social. Se firmó un pacto para construir la paz social y para abrir oportunidades para todos. El gobierno se comprometió a aportar los recursos para este reto que asumió Ilopango.
Paolo Luers, 29 julio 2017 / 
Manuel Hinds, 28 julio 2017 / 
El gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.
Segunda Vuelta 