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Se deteriora la institucionalidad. De Erika Saldaña

10 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador sigue sin Sala de lo Constitucional. Han pasado casi sesenta días desde que los nuevos magistrados tuvieron que tomar posesión de su cargo. Mientras tanto, cientos de salvadoreños ven desprotegidos sus derechos constitucionales porque no hay tribunal que les resuelva sus demandas y la Asamblea Legislativa está desinflada en el esfuerzo de que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en un punto muerto.

Hace un par de semanas, varios diputados manifestaron que “nadie se muere porque no haya Sala de lo Constitucional”. No se mueren personas, pero sí se deteriora el Estado de Derecho. Sin un tribunal que proteja los derechos constitucionales de los ciudadanos y limite el poder de las entidades estatales, poco a poco se muere la institucionalidad del país. No tener Sala de lo Constitucional es igual de grave a que se elijan personas que no son idóneas para el cargo como magistrados. Se debe elegir los más pronto posible a las personas que cumplan con el perfil que demanda el cargo.

Además del desgaste en la institucionalidad, aumenta la mora judicial y son los ciudadanos los que sufren el incumplimiento de la Asamblea Legislativa. Del trabajo de la Sala de lo Constitucional, los diputados únicamente tienen en mente las sentencias que les molestaron o las que iban en contra de sus intereses políticos. Pero la Sala emitía mucho más que sentencias en esos temas. Los magistrados del periodo 2009-2018 dejaron al país un amplio legado jurisprudencial en temas relacionados a derechos a la salud, medio ambiente, a la estabilidad laboral, al agua, a la libertad económica, a la equidad tributaria, a la verdad, a la seguridad, entre otros temas relevantes.

En los últimos nueve años, la Sala de lo Constitucional emprendió una tarea titánica: se resolvieron más de novecientos procesos heredados por los magistrados que dejaron sus cargos en 2009 y, además, se le dio respuesta a las más de mil demandas anuales que se presentaron en el periodo. A la fecha la Sala de lo Constitucional tiene pendiente de resolver 159 hábeas corpus, 422 amparos y 171 inconstitucionalidades. Por esto también es grave la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir magistrados, ya que la mora judicial aumenta y las personas desprotegidas siguen ahí.

Esto no puede seguir así. Ya es hora que exijamos a los partidos políticos que actúen conforme a lo que tanto predican en la Asamblea Legislativa. Si tanto pregonan que trabajan por elegir a los mejores perfiles para el cargo de magistrado y a personas independientes de cualquier poder político o fáctico, lo que tienen que hacer es elegirlos. Ya no es momento de inventar la rueda; el Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción publicó una tabla donde se promedian las notas obtenidas por cada candidato a magistrado, producto de las evaluaciones hechas por la Iniciativa Social para la Democracia, Acción Ciudadana y el diputado no partidario. Si de verdad queremos a los mejores perfiles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben salir de los mejores evaluados.

En este punto crítico para El Salvador también los líderes de cada partido tienen que asumir un rol relevante. Y por líderes hago especial énfasis en los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Carlos Calleja, Nayib Bukele y Hugo Martínez han reiterado un sinfín de veces que ellos son la cara de una renovación política; es hora que demuestren su liderazgo y su verdadero compromiso con el país haciendo conciencia a los partidos que los impulsan de la trascendencia de elegir a los mejores perfiles como magistrados. Candidatos, ustedes tienen la opción de demostrar que son parte de la renovación de los partidos y que quieren que las cosas se hagan de la mejor manera posible.

Cada encuesta recuerda a los partidos políticos que la ciudadanía está cansada y decepcionada de la forma en que actúan los políticos. Pongan atención a ese rechazo, no sigan deteriorando su imagen; las bancadas legislativas deben asumir el rol que les corresponde y elegir lo más pronto posible a las personas mejor capacitadas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sigan cometiendo errores en el proceso de elección. Recuerden que los votantes los estamos observando.

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La sociedad inclusiva y sus enemigos. De Manuel Hinds

27 julio 2018 / El Diario de Hoy

Ayer en Cajamarca firmaron un acuerdo de cuatro partidos políticos —ARENA, el PCN, el PDC y DS— que está basado no en repartos de cuotas de poder sino en el apoyo a acciones concretas en la solución de los problemas del país. Cada partido correrá con su identidad en las elecciones, manteniendo sus ideas y sus estructuras pero apoyando una sola fórmula y las bases de un plan de gobierno. Quedan diferencias, pero esas no importan porque se han unido sobre lo que los une, no sobre lo que los separa.

El pacto es una manifestación de un nuevo espíritu que ha surgido en por lo menos estos partidos políticos, buscando lograr algo que ha sido muy elusivo en El Salvador: la creación de la unidad dentro de la diversidad.

Desde el principio de los tiempos ha habido dos maneras de hacer política: una, la salvaje, que consiste en imponer sobre los demás la voluntad de un grupo, que muchas veces es una minoría pero en otras puede ser una mayoría que no respeta los derechos de las minorías; la otra, que consiste en negociar compromisos estables entre la diversidad de ideas e intereses que caracterizan a una sociedad libre, respetando siempre los derechos de las personas. Esta es la sociedad abierta, democrática e inclusiva porque busca la unidad en la diversidad, mientras que la otra la busca aplastando cualquier oposición y pretendiendo que toda la población piensa igual. El paso de una manera de hacer política a la otra abre paso al desarrollo del país.

Los enemigos de la sociedad abierta e inclusiva vienen en muchos envoltorios pero todos, todos comparten una característica común: ellos creen que la política no debe existir porque creen que todos los demás deben obedecerles a ellos. Nada de buscar acuerdos, nada de respetar diferencias, nada de escuchar ideas diferentes. Las razones por las que creen que todos deben obedecerles son variadas —los nazis porque se sienten racialmente superiores, los comunistas porque se creen que son la vanguardia de la historia, los fanáticos religiosos porque, cometiendo el mismo pecado de soberbia que llevó a Satanás al infierno, creen que Dios habla a través de ellos, los niños malcriados porque así se acostumbraron— pero todos están seguros de que ellos tienen la verdad absoluta y deben tener el poder de imponerla. Todos estos son y han sido la base de las tiranías peores que han existido en la historia, de las que se han opuesto al progreso, de las que prohibieron el avance de la ciencia, de las que prohibieron a Galileo que se le ocurriera que la Tierra se mueve, de las que quemaron gentes en la estaca por pensar lo que querían.

Esta manera de pensar es la que ha prevalecido en nuestro país por siglos, igual que en todos los países primitivos. Ella es la que nos llevó a los regímenes militares de antes de la guerra, es la que dio su personalidad tiránica al FMLN, es la que nos ha llevado a la gran fisura que divide a la sociedad salvadoreña casi por mitad, que no es entre derecha e izquierda, sino entre gente que vota porque se siente representada y gente que se abstiene porque no se siente así. El país no será democrático mientras no demos ese paso hacia la diversidad y el respeto a los demás.

Hoy ya han desaparecido los regímenes militares. Pero los de mentes verticales siguen regresando en dos envoltorios principales. Unos son los que, arropándose en los defectos que todavía tiene nuestra democracia, quieren eliminar todas las instituciones democráticas y convertirse ellos en los líderes únicos, arbitrarios de nuestro país. Los otros son los que, anidados en los partidos políticos, incluyendo ARENA, desde allí quieren evitar que los partidos se abran a la diversidad, sin darse cuenta de que sin esta apertura no hay manera de triunfar políticamente en un país que, como todos, es diverso. Ojalá que estos no logren empañar los avances que los partidos del pacto están logrando con su unión sobre principios y una fórmula presidencial acorde con la sociedad moderna, diversa, inteligente, que queremos llegar a ser.

Elijan bien. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

23 julio 2018 / El Diario de Hoy

En un punto muerto. Así fue descrito por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el proceso de elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Después de una semana de que se venció el plazo para hacer el nombramiento, El Salvador sigue sin un tribunal constitucional que resuelva las demandas de los ciudadanos cuando se le vulneran sus derechos constitucionales. No es poca cosa.

La preocupación por el proceso de elección tiene años sobre la mesa, producto de la amplia actividad judicial de los exmagistrados. Estemos de acuerdo o no con las resoluciones, la Sala de lo Constitucional dinamizó una justicia constitucional inerte. Después de nueve años de ver todo lo que se puede hacer desde la Sala y la Corte Plena, la silla de magistrado se volvió más apetecible. Para bien, si la que quiere llegar es una persona comprometida con el trabajo y la Constitución; para mal, si lo que quieren es favorecer intereses ajenos al Derecho.

Desde 2015, después de la última renovación de la Corte Suprema de Justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de abogados y ciudadanos externaron su preocupación sobre la finalización del periodo de Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez. Siempre se ha dicho que necesitamos una Sala independiente de las presiones políticas que pretenden interferir en decisiones constitucionales trascendentales.

Tres años no les bastó a los diputados de la Asamblea Legislativa para elaborar un procedimiento mediante el cual se eligiese a los mejores candidatos. Llegamos al 15 de julio de 2018 y los partidos políticos se limitaron a poner en la mesa de la Comisión Política un listado de nombres por cada fracción, sacando un “listado de coincidencias”; pero dichos listados no establecen ninguna razón objetiva de por qué unos sí deben ser electos y otros no; o por qué unos nombres están en las primeras posiciones y otros al final. No deberían estar intercambiando listas, sino evaluando personas.

Muchos de los ahora diputados utilizaron la elección de funcionarios como tema de campaña para promover su responsabilidad con el Estado de Derecho y la ciudadanía. En campaña electoral se comprometieron a impulsar reformas internas con el fin de elegir a los mejores. Ahora que ya son diputados no los vemos ni para hacer ruido, mucho menos para revelar y transparentar a la ciudadanía la forma en la que se está llevando a cabo esta elección; esto únicamente lo ha hecho el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

Diputados, no nos pidan confiar en su criterio cuando manejan todo a oscuras. No nos pidan conformarnos con su listado de coincidencias cuando la ciudadanía tiene años exigiendo que se estandarice un proceso de elección de funcionarios objetivo, transparente y justificado. No nos digan que todos están igualmente capacitados para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando los que hemos seguido de cerca las etapas ante la Fedaes, Consejo Nacional de la Judicatura y Asamblea Legislativa, sabemos que no es así.

Lo que todos los partidos políticos deberían estar haciendo es levantar cara del vergonzoso intento de elección que hicieron el fin de semana antepasado, reivindicar sus promesas y elaborar un proceso objetivo y transparente que legitime a las personas que se elijan como magistrados. El partido ARENA, con la bancada más grande en la Asamblea Legislativa, debería estar liderando este proceso a base de propuestas. Y el resto partidos políticos deberían unirse a un esfuerzo del que salgan los mejores magistrados.

Si el principio básico en política es el temor al elector, tengan en cuenta que el costo político de una mala elección es grave. Y lo va a pagar en las elecciones de 2019 el partido que no esté dispuesto a hacer las cosas de la manera correcta; y en las elecciones de 2021 los diputados que se presten a elegir con base en cuotas y no en méritos. Están a tiempo para corregir la plana. Elijan bien.

La sopa. De Cristian Villalta

22 julio 2018 / La Prensa Gráfica

Las pandillas sofocan cotidianamente a un sensible porcentaje de la población a través de la extorsión, la intimidación, el acoso y el asesinato. En su enfrentamiento con estos grupos y en general con otras expresiones violentas de la marginalidad, la Policía Nacional Civil mutó en una institución conflictiva, con unos reflejos incluso criminales, de tal modo que el Grupo de Reacción Policial, una de sus divisiones élite, debió ser disuelto.

¿Nuestra sociedad está concentrada en otro tema que no sea el de la sistematización de la violencia, el irrespeto a las libertades constitucionales que eso supone y la victimización a dos bandas que sufren nuestros jóvenes? No.

O al menos eso es lo que el observador recoge si conversa con el vecino, con los amigos, los conocidos, los colegas. La conclusión inevitable en la que se aterriza en las sobremesas de todos los hogares es la misma: “estamos jodidos”.

Inexplicablemente, la discusión de aquellos que tendrían que representar a los ciudadanos por comisión (los funcionarios) o por default (los partidos políticos) no toca sino colateralmente la postración en la que nos encontramos a consecuencia de la delincuencia. Tres meses después de los cambios reflejados en el organigrama policial a consecuencia de la derrota electoral, lo único que se pide al Gabinete de Seguridad, y de modo intermitente, es que encuentre a Carla Ayala.

¿En qué pueden estar ocupadas las “mejores mentes” de El Salvador sino en entender el fenómeno de la violencia y encontrarle vías de solución al sangramiento de nuestra próxima generación?

Sí, están ocupadas, pero en la miasma electorera, esa sopa tóxica de descalificaciones y chanchullos que tiene convertida a ARENA en una casa de citas con gobernantas peleadas; al FMLN en un partido bananero, amigo de un dictadorzuelo bananero; y a GANA, PCN, PDC y CD escamoteando las migajas de siempre a partir de una relevancia que no tiene sustento electoral alguno.

¿Quién lidera actualmente en El Salvador, entonces? ¿Quién alienta el debate sobre los problemas acuciantes de nuestra nación? No son la gente de los partidos políticos, eso está claro, blanco de una epidemia de mediocridad de la que ninguno se escapa.

Tampoco el Ejecutivo, que agota los últimos meses de su gobierno en diseñar una Sala de lo Constitucional que no muerda a nadie. Le sobran socios en ese empeño, incluidos algunos diputados de la oposición.

Considerando la historia salvadoreña del siglo pasado, nuestra campeona debería ser una sociedad civil robusta, independiente no solo del Estado, sino de la mediocre sociedad política que padecemos. Pero por proceso histórico, por incompetencia de la izquierda y por la siniestra confabulación Saca-Funes de hace algunos años, construir una instancia que desde el campo de lo público persiga el bien común sin ánimo lucrativo ni político partidario ha sido imposible.

Ese es el vacío que impide en este momento establecer una agenda nacional que no se vea contaminada por las veleidades de la partidocracia o la mezquindad de los grupos económicos dominantes, tradicionales o de nuevo cuño. Sin importar si esas facciones del negocio de la política son formidables propagandistas, egregios seguidores de Goebbels o tiernos retoños de la posmodernidad, en su conjunto son un atentado para el avance de nuestra democracia, a ciencia y paciencia de todos los ciudadanos.

Los malditos plazos. Columna Transversal de Paolo Luers

Normalmente, lo que se hace en carrera y al último momento, sale mal. En la vida y e política. La diferencia es: Si un ciudadano deja pasar el plazo para declarar el IVA o para renovar la matrícula de su carro, el único perjudicado es él mismo: Le cae una multa. Pero si es el Estado o un partido, los perjudicados son el país o la democracia.

13 julio 2018 / El Diario de Hoy

Vivimos en una sociedad que siempre está en guerra con los plazos, empezando con los ciudadanos. Solemos cumplir con nuestras obligaciones al último día ó ya vencido el plazo, esperando que no tenga consecuencias.

Más grave aun cuando esto pasa en política y la vida institucional. ¿Por qué la Asamblea Legislativa deja la elección de los nuevos magistrados hasta el último fin de semana, cuando desde hace 9 años se sabía que el mandato de los magistrados salientes termina el domingo 15 de julio? ¿Qué necesidad había de programar todo el proceso de selección de los futuros magistrados de la manera que el informe sobre las entrevistas de los candidatos se entregara a la Comisión Política de la Asamblea hasta el miércoles 11 de julio, dejando solo un día para su análisis, antes de que el asunto llegue a la Plenaria que tiene que efectuar la elección? Ninguna razón aceptable. Todo el proceso está mal diseñado – o por indiferencia o con mala intención. Con este calendario apretado es humanamente imposible que los miembros de la Comisión Política tomen una decisión informada, basada en análisis y debate, sobre quienes de los 30 candidatos son los más idóneos. Ni hablar de los 84 diputados que al final tendrán que elegir.

¿Cuál es la consecuencia? Si los diputados de la Comisión Política y de la Plenaria no están en capacidad de tomar una decisión informada, ¿en base de qué van a votar? No les quedara otra que acatar la línea de sus respectivas dirigencias, dependiendo de las negociaciones que estas hayan tenido entre ellas.

Es triste: O habrá una elección a tiempo, pero no informada, o los diputados se van a tomar más tiempo, y a partir de lunes 16 de julio el país no tendrá Sala de lo Constitucional.

Otro ejemplo del mal manejo de los plazos, incluyendo los plazos fatales, es la fecha tope para inscribir coaliciones para la elección presidencial de febrero 2019. Este plazo vence el 7 de agosto. Una fecha que todo el mundo conoce desde más de un año, cuando se definió el calendario electoral. Las fuerzas políticas principales están considerando y negociando coaliciones con otros partidos. ARENA quiere ir en coalición con el PCN y el PDC, pero también tiene pláticas con GANA. El Frente quiere ir con GANA, pero como esta novia también baila con otros galanes (ARENA y Nuevas Ideas), tampoco descarta proponer a Bukele. Bukele se comprometió con el CD, pero como no sabe si esta novia tendrá permiso, también quiere amarrar con GANA.

En las tres semanas que quedan, no hay forma que lo que parece telenovela de Televisa se desenrede de una manera democrática, transparente, tomando las decisiones tan estratégicas de manera participativa, de cara a las militancias de los partidos. Una buena mañana, las bases del FMLN, de GANA y de Nuevas Ideas se van a desayunar en los periódicos con quienes han terminado de pactar sus líderes y qué canción les va a tocar cantar en la campaña. Se van a preguntar de dónde salió el vicepresidente que tendrán que apoyar, y qué ha pasado con el proyecto político que discutieron durante meses y que de repente incluye propuestas que antes les dijeron que eran inaceptables.

La coalición de derecha parece un poco más avanzada, y si las dirigencias operan bien, todavía habrá tiempo, aunque apretado, para hacer las bases partícipes de los grandes acuerdos que darán sostenibilidad a un proyecto conjunto. Pero de todos modos no había necesidad de sacrificar la transparencia y la participación democrática con un calendario tan apretado.

Hay que entender que cuando el plazo legal es el 7 de agosto, nadie está obligado de ratificar los acuerdos de coalición el día 6 pasada la medianoche, obviando cualquier proceso interna, ni hablar consulta ciudadana. O en el caso de la elección de magistrados, si la fecha fatal es la medianoche del día domingo 15 de julio, no hubiera sido inconstitucional comenzar las deliberaciones en la Asamblea dos semanas antes, dejando tiempo para debates, aportes de la sociedad civil, análisis, construcción de criterios comunes y, al ser necesario, entrevistas adicionales a los candidatos.

Normalmente, lo que se hace en carrera y al último momento, sale mal. En la vida y e política. La diferencia es: Si un ciudadano deja pasar el plazo para declarar el IVA o para renovar la matrícula de su carro, el único perjudicado es él mismo: Le cae una multa. Pero si es el Estado o un partido, los perjudicados son el país o la democracia.

Mundialista. De Cristian Villalta

Las sociedades se hartan de la corrupción. Para que esto ocurra ni siquiera se necesita de una población debidamente sensible.

24 junio 2018 / La Prensa Gráfica

Una de las principales deficiencias de nuestro proceso democrático es la pérdida de sex appeal de los partidos políticos. Mucho se ha teorizado al respecto en una decena de países latinoamericanos que sufrieron el denominador común de una clase dirigencial agotada y de falta de liderazgos civiles.

A esa erosión sobrevino en la mayoría de los casos o el síndrome de la tercera fuerza –tendencia que Elías Saca quiso convertir en su segundo caballo de Troya, afortunadamente sin éxito– o la tragedia de un caudillo populista.

Las sociedades se hartan de la corrupción. Para que esto ocurra ni siquiera se necesita de una población debidamente sensible, o de una crisis de los servicios básicos, o del colapso de algunas instituciones, de la pérdida del terreno constitucional en materia de libertades individuales o de la infiltración criminal en los cuerpos de seguridad. Basta con la información, por obra y gracia del periodismo y de su socialización a través de las redes personales.

En El Salvador, la Ley de Acceso a la Información abrió la puerta a pesquisas tanto civiles como oficiales que ahora tienen contra las cuerdas a una administración arenera y a otra del FMLN; fue merced a esas inquisiciones que se nos ha revelado la posibilidad de un saqueo sistemático del Estado de parte de una cleptocracia salvaje.

Como consecuencia y ante el riesgo de la irrelevancia, una posibilidad que solo contemplaron luego de sus respectivos desastres electorales, los dos partidos oficiales de este siglo emprendieron procesos de cambio, coronados a esta altura por la elección de candidatos presidenciales que tendrían en su confección comunicacional y en su visión del país más contenido de futuro que del pasado.

Ambos pugnan por remontar en las encuestas ante el exalcalde capitalino, que sería potencialmente el tercero en discordia, en un rifirrafe que hasta ahora se constriñe al fragor de las descalificaciones en las redes sociales.

El problema en un primer momento fue que en cada bando apenas distinguimos estrategia, no contenido; ahora, a esa resta hay que añadirle asuntos que comprometen los principios que los dos partidos tradicionales deberían defender con más vigor.

La piedra en el zapato de la facción más vetusta de la izquierda latinoamericana se llama Nicaragua. En su camino de reverenciado comandante sandinista y lobista de la insurgencia salvadoreña a dictadorzuelo criminal, Daniel Ortega siempre tuvo al FMLN como escudero. Su último detalle con los compitas fue asilarles a su Frankenstein en guayabera.

Pero es increíble que Hugo Martínez, el delfín de Óscar Ortiz, se resista a establecer una posición humanista, demócrata, siquiera cristiana respecto del naufragio nicaragüense. Por más histrionismo que ponga de su parte, los modos de Martínez son los del viejo FMLN.

Al otro lado, los palaciegos expusieron a Carlos Calleja. La designación de Carlos Reyes como jefe de fracción de ARENA no puede interpretarse sino como una decisión del nuevo mandamás del partido; los diputados esperaron a que se resolviera la interna para ocupar ese puesto.

Es cierto, Calleja no podía prever el ataque de fiebre futbolera de Reyes ni la frescura con la que decidió irse a Rusia cobrando salario como si nada. Pero un golpe en la mesa se da pidiendo cabezas, no redactando tuits.

Para ponerlo en clave mundialista: Partidos 2 – Candidatos 0.