tregua

Los documentos oficiales de la OEA sobre su participación en el proceso de reducción de violencia y la tregua

El siguiente documento formaliza el acuerdo entre el gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos OEA sobre el monitoreo que est organismo multinacional ejercería sobre el proceso de reducción de violencia en El Salvador. Fue firmado en abril 2013, en Washington DC, en el despatcho del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.

Anteriormente, en diciembre 2012, el presidente Mauricio Funes, en carta al Secretario General Insulza había nombrado al ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés como contraparte del gobierno salvadoreño en esta cooperación con la OEA.

carta Funes a InsulzaEste acuerdo general desembocó en un acuerdo más detallado y tecnico:

Para operativizar la cooperación del gobierno salvadoreño y de la OEA con el proceso de reducción de la viooencia y la labor de los mediadores, se constituyó , en común acuerdo entre gobierno y OEA, un Comité Técnico, en el participaba por la OEA su Secretario de Seguridad Multidimensional Adam Blackwell, por el gobierno salvadoreño el ministro Munguía Payés, los dos mediadores monseñor Fabio Colindres y Raul Mijango, y como representantes de la Fundación Humanitaria Antonio Cabrales y Paolo Luers.

 

“La tregua constituyó una ventana de oportunidad”: PNUD

El 2 de junio del año 2014, el PNUD publicó su “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014”, bajo el título: “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano – Diagnóstico y Prupuestas para América Latina”.

En este informe regional, la tregua entre pandillas en El Salvador juega un rol importante, como uno de los más interessantes y exitosos modelos para desarrollar una n model de Segurudad alternativo y c”con rostro humano”.

Publicamos aqui solo unas pequeñas partes del Informe del PNUD. El texto completo es disponible en: http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf.

Este informe contrasta mucho con la forma como el actual gobierno y la Fiscalía General están deslegitimando el proceso de reducción de violencia que comenzo con la tregua en marzo 2012 y mantuvo durante casi dos años al país con una tasa de homicidios marcadamente más baja que en los períodos anteriores y posteriores.

Segunda Vuelta

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El Salvador arremete contra funcionarios que trataron de consolidar una tregua con las pandillas. The New York Times

 Raul Mijango, a former lawmaker who was among the Salvadoran officials who negotiated a gang truce, was arrested this month. Credit Jose Cabezas/Reuters

Raúl Mijango, exparlamentario, fue uno de los mediadores de la tregua. Mijango fue arrestado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Credit Jose Cabezas/Reuters

 

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, 21 mayo 2016 / THE NEW YORK TIMES/español

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SAN SALVADOR — El fiscal general de El Salvador empezó a detener a algunos funcionarios artífices de una tregua entre pandillas que, hace pocos años, fue una de las estrategias más relevantes para reducir los alarmantes indices de violencia en el país.

La tregua, pactada por las pandillas más importantes de El Salvador con apoyo del gobierno, fue reconocida internacionalmente y redujo los devastadores indices de homicidios del país a menos de la mitad en 2012 y 2013.

Pero el papel del gobierno en el proceso levantó una intensa polémica en el país y el gobierno actual ha optado por un cambio de rumbo en su política de seguridad: una campaña sin cuartel contra las pandillas.

El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ordenó el arresto de uno de los principales mediadores de la tregua y casi una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad que la desarrollaron.

Pero su objetivo apunta hacia más arriba, hacia los altos funcionarios del gobierno anterior.

Según los documentos de la acusación elaborados por la fiscalía, el principal arquitecto de la tregua fue David Munguía Payés, general del ejército, ministro de Justicia y Seguridad durante la administración del Presidente Mauricio Funes y actual ministro de Defensa. Por ahora, permanece en el puesto.

Y el fiscal general tiene en su mira al general Munguía Payés. Meléndez, que ha sido elegido por la Asamblea Nacional, está preparado para pedirle a los diputados que le retiren la inmunidad al ministro de Defensa.

“Vamos a hacer los procesamientos, no solo del ministro sino de quien sea”, dijo Meléndez a The New York Times en entrevista.

Añadió que otra persona que podría ser imputada es Ricardo Perdomo, responsable del sistema de supervisión de bancos de El Salvador y director de inteligencia durante la tregua.

El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

El plan de Meléndez esboza un escenario de enfrentamiento con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, que ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo al ministro Munguía Payés.

Sanchez Cerén, que fue comandante guerrillero y ejerció como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, rechazó de manera tajante la tregua con las pandillas desde que asumió el cargo hace dos años.

Su gobierno ha optado por una política de mano dura que aún está por demostrar su efectividad.

El Salvador se ha convertido en el país más violento del mundo sin guerra declarada. Hay más de 20 homicidios al día en un país de poco más de 6 millones de habitantes, en un contexto de guerra entre las pandillas y las fuerzas de seguridad. Las pandillas han asesinado a casi 100 policías y militares en el ultimo año.

A medida que el saldo de muerte aumenta, el gobierno endurece su estrategia. El ejército patrulla las calles en Humvees y la jefatura policial ha dado libertad a los agentes para disparar, siempre y cuando sea necesario, en caso de encontrarse con pandilleros. Les han prometido cobertura legal en caso de que la justicia trate de actuar.

Por su parte, las pandillas devuelven el golpe. Un pandillero que se identifica como “Santiago” y ejerce como portavoz del Barrio 18-sureños dice que en este momento cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno está rota.

Durante los casi 18 meses que duró la tregua entre el Barrio 18, sureños y revolucionarios, y la Mara Salvatrucha, el índice de homicidios cayó de una media de 15 al día hasta cinco. Hubo días en los que no se registró ni un solo asesinato.

Como parte del acuerdo, el gobierno transfirió a los líderes de las pandillas de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, más conocida como “Zacatraz”, a prisiones normales desde donde podían coordinar con sus lugartenientes en las calles.

Las pandillas hicieron tres entregas públicas de armas y se abrieron programas de empleo en 10 municipalidades financiadas por organismos internacionales.

El Fiscal General Douglas Meléndez Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Pero ahora uno de los mediadores de la tregua, el exparlamentario Raúl Mijango, que también fue guerrillero, ha sido encarcelado junto a 19 funcionarios por su papel en facilitar el acuerdo entre las pandillas. Dos más están negociando las condiciones de su entrega, entre ellos quien fuera el director de centros penales de El Salvador, Nelson Rauda.

Pero Munguía Payés, que fue negociador por parte del ejército durante los acuerdos de paz con la guerrilla al final de la guerra civil que sufrió el país, juega un papel crucial en el gobierno. Es garantía de relaciones estables con el ejército.

Aunque las dos administraciones han discrepado de manera significativa sobre las pandillas, las dos nacieron del mismo partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que surge de la alianza de fuerzas guerrilleras de cara a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

“Para construir su política actual, el gobierno tiene que descalificar la política que se ejecutó antes”, dijo Paolo Luers, periodista y exguerrillero que también fue uno de los mediadores de la tregua junto a Raúl Mijango y el Obispo Fabio Colindres. Luers no ha sido arrestado ni acusado. “La tregua fue promovida por personas que no pertenecen al FMLN y el FMLN tiene parte de razón cuando dice que ese no es su niño”, explica Luers.

“Es algo político”, dijo Adam Blackwell, que fue el embajador de la Organización de Estados Americanos que coordinó el comité que garantizaba la tregua y los programas contra la violencia paralelos. “No hay ninguna lógica racional detrás de esas decisiones”.

Para Blackwell, el fiscal general “juega en la arena política: más policía, menos crimen, hay que eliminar la plaga, y cuanto más matemos, mejor. Desafortunadamente eso es más popular que una estrategia basada en la construcción de centros comunitarios, la policía de proximidad y la disuasión”.

Ataúdes afuera de una fábrica en Jucuapa, El Salvador, un país donde ocurren más de 20 homicidios al día. Una tregua entre las pandillas había logrado disminuir la tasa de homicidios durante 18 meses entre 2012 y 2013. Credit Jose Cabezas/Reuters

Cuando Mijango, el mediador principal, apareció ante un juez este mes vestido de blanco, con el mismo traje que llevan los pandilleros en prisión, dijo que “lo que hubo fue un proceso de paz” y añadió: “Me duele que se juzgue a quienes solo trataron de contribuir a la solución de un problema, del mayor que tiene el país”.

El fiscal general lo ve de otro modo.

La acusación contra los detenidos dice que la tregua fue una “trama” que permitió a las pandillas reorganizarse y rearmarse “para convertir en objetivos a la población civil, a los policías y a los soldados”.

El caso del fiscal general plantea el delito de “asociación ilícita” con miembros de las pandillas. Parte de acusaciones de que los funcionarios facilitaron la entrada de teléfonos en las prisiones y que permitieron que los pandilleros mantuvieran reuniones al aprobar traslados.

El plan del fiscal, en sus propias palabras, es poner presión sobre los acusados para que declaren quienes les dieron las órdenes.

Pero algunas de las personas detenidas no eran más que funcionarios que cumplían órdenes.

Roberto Castillo Díaz era un agente encubierto de los servicios de inteligencia que acompañó a los mediadores mientras se reunían con los pandilleros en el interior de los centros penales. Fue también la persona encargada de recoger alrededor de 500 armas que las pandillas entregaron durante el proceso de paz.

En un informe a sus superiores, Castillo escribió que su misión encubierta tenía el apoyo del presidente y de todo el gabinete. En una entrevista, un miembro del gobierno que no está autorizado a hablar de esto con la prensa confirmó que hubo una operación de inteligencia apoyada por la policía, el ministerio de Seguridad y el presidente de la república.

Desde su detención y la publicación de su identidad en la prensa local, la esposa e hijas de Castillo han tenido que ocultarse por miedo a perder la vida. La Mara Salvatrucha controla el barrio en el que trabajan, como explicó Rosa Lidia Quintero, su esposa, y nadie en el barrio sabía que su marido era agente de la inteligencia policial.

Visiblemente afectada, acusa al gobierno de traición: “¿Cómo puede el Estado dejar sin protección a alguien a quien se le ha encomendado una misión encubierta?”

El Salvador Throws Out Gang Truce and Officials Who Put It in Place. Alberto Arce/The New York Times

 Raul Mijango, a former lawmaker who was among the Salvadoran officials who negotiated a gang truce, was arrested this month. Credit Jose Cabezas/Reuters

Raul Mijango, a former lawmaker who was among the Salvadoran officials who negotiated a gang truce, was arrested this month. Credit Jose Cabezas/Reuters

(lea la versión en español)

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, The New York Times

Alberto Arce, 20 mayo 2016 / THE NEW YORK TIMES

SAN SALVADOR — El Salvador’s attorney general has begun arresting law enforcement officials who helped carry out a truce between gangs that, until just a few years ago, was central to the nation’s strategy for taming its infamous violence.

The truce, struck by El Salvador’s biggest gangs with the government’s support, won international backing and helped bring down the nation’s devastating murder rate by more than half in 2012 and 2013.

NEW YORK TOMES NYTBut the government’s role in facilitating the truce caused controversy at home, and the nation’s leaders have switched to a very different approach, cracking down in a no-holds-barred campaign to crush the gangs.

Attorney General Douglas Meléndez has already arrested one of the main mediators of the truce, along with about 20 law enforcement officials who helped carry it out.

But Mr. Meléndez has an even bigger target: top officials in the previous government.

The man at the center of the truce was the former security minister, David Munguía Payés, an general who is now the defense minister, court papers show. Until now, he has remained untouched.

But the attorney general has General Munguía Payés in his sights. Mr. Meléndez, who was appointed by Congress, is preparing to ask legislators to impeach the defense minister and remove his immunity.

“We will go ahead with the prosecution, not only of the minister but of whomever it may be,” Mr. Meléndez told The New York Times in an interview this week.

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He said he would also seek to impeach Ricardo Perdomo, who now heads El Salvador’s bank regulatory agency and served as the country’s director of intelligence during the truce.

The new crime-fighting policy in El Salvador involves patrols by troops, virtually free rein to shoot in encounters with criminals and legal support for officers in such shootings. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

The new crime-fighting policy in El Salvador involves patrols by troops, virtually free rein to shoot in encounters with criminals and legal support for officers in such shootings. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Mr. Meléndez’s plan raises the prospect of a clash with President Salvador Sánchez Cerén, who has repeatedly expressed public support for General Munguía Payés.

Mr. Sánchez Cerén, a former leftist guerrilla who was the vice president in the previous government of President Mauricio Funes, rejected the gang truce when he took office two years ago.

Instead, his government has chosen what it calls a “strong hand” policy. It has yet to work.

El Salvador has become the most violent peacetime country in the world. There are more than 20 homicides a day, in a nation of 6.1 million people, as the gangs fight each other and the security forces. The gangs have killed almost 100 police officers and soldiers in the past 12 months.

As the death toll mounts, the government has clamped down tighter. The army now patrols the streets in Humvees. The police command has given officers virtually free rein to shoot “if they must” in encounters with criminals and promises them legal support in cases filed against them.

The gangs are fighting back. One high-ranking gang member said in an interview that there was now no possibility of having a new dialogue with the government.

During the nearly 18 months of the truce between the country’s two main street gangs, Mara Salvatrucha and Barrio 18, the homicide rate fell from an average of 15 deaths a day to just five. There were days without a single murder.

As part of the agreement, the government moved top gang leaders out of El Salvador’s maximum security prison to regular facilities where they were able to coordinate with lieutenants on the street.

Gang members turned in their weapons at public events and the job programs were started in 10 municipalities with support from international donors.

The leader of the new crime fight, Douglas Meléndez. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

The leader of the new crime fight, Douglas Meléndez. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Now, Mr. Meléndez has arrested one of the lead mediators for the truce, a former lawmaker named Raúl Mijango, as well as law enforcement officials working in the prison system and in police intelligence for their roles in facilitating the agreement.

Nineteen people are in custody since the arrests began on May 3. Two more people are negotiating to turn themselves in, including the former chief of prisons.

But General Munguía Payés, who was the military’s negotiator with the guerrillas during the nation’s devastating civil war, plays a crucial role in the current government as a force for political stability in the face of a restive military.

Although the two administrations have diverged sharply in their view of gang violence, they are part of the same political party, the Farabundo Martí National Liberation Front, or F.M.L.N., which emerged from the leftist guerrilla alliance at the end of the civil war in 1992.

“To build the policy it has now, the government has to disqualify the policy that was in place before,” said Paolo Luers, a journalist and former guerrilla who was a gang truce mediator. He has not been arrested, nor has Fabio Colindres, a Roman Catholic bishop who was another mediator.

“The truce was promoted by people who aren’t from the F.M.L.N., and the F.M.L.N. is partly right when it says ‘this is not my child,’ ” Mr. Luers said.

“It’s all political,” said Adam Blackwell, a former official with the Organization of American States who coordinated the technical committee that guaranteed the truce and anti-violence programs. “There is no logic or rational reason for this.”

The attorney general is “playing into the hands of the political discussion: ‘more police, less crime, eliminating the scourge and the more we kill, the better,’ ” Mr. Blackwell added. “That unfortunately is more popular than building community centers and community policing and focused deterrence as a strategy.”

Coffins outside a factory in Jucuapa, El Salvador, a country where there are more than 20 homicides a day. A gang truce had been credited with lowering the homicide rate in 2012 and 2013. Credit Jose Cabezas/Reuters

Coffins outside a factory in Jucuapa, El Salvador, a country where there are more than 20 homicides a day. A gang truce had been credited with lowering the homicide rate in 2012 and 2013. Credit Jose Cabezas/Reuters

When Mr. Mijango, the lead mediator, appeared in court this month, dressed in the same prison whites as jailed gang members, he argued that, “There was a peace process” in place.

“It pains me that those who are being judged are people who only wanted to contribute to a solution to a problem that is the most serious in the country,” he said.

But Mr. Meléndez sees it differently. The document detailing the charges, which The New York Times obtained, calls the truce a plot that allowed the gangs to reorganize and rearm and “to make targets of the civilian population, soldiers and the police.”

The attorney general’s case is based on charges of “illicit association” with gang members. It stems from allegations that the officials brought telephones into the prisons, and that prison officials allowed gang leaders to meet by allowing the prison transfers.

His plan, as he described it, is to pressure the lower-level officials in custody to declare who was giving the orders.

Some of the people swept up in the case were simply carrying out their assignments.

Roberto Castillo Díaz, an undercover officer, was placed by the intelligence agency with the mediators as they met with gang leaders inside the prisons. He was also in charge of picking up more than 500 guns that the gangs turned in.

In a report, Mr. Castillo said that his undercover mission had the support of the president and the cabinet. In an interview, a cabinet member confirmed that there had been an intelligence operation supported by the police, the Security Ministry and the presidency.

Since Mr. Castillo’s arrest and the publication of his name in news reports, his wife, Rosa Lidia Quintero, has gone into hiding, in fear for her life.. The Mara Salvatrucha gang controls the area where she lives, she said, and nobody knew that her husband was an undercover police officer.

She accused the government of betrayal. “How can the state not protect somebody who was planted undercover on a mission?” she asked.

Elisabeth Malkin and Azam Ahmed contributed reporting from Mexico City.

Fiscalía había elaborado un borrador para pedir antejuicio contra Munguía Payés. De El Faro

La fiscalía tuvo preparado una solicitud de antejuicio en contra del ministro de la Defensa, pero ha preferido no usar ese recurso. Aunque el faroel fiscal general Douglas Meléndez reconoce la autenticidad del documento, asegura que no ha sido empleado debido a que fue elaborado por su antecesor y no goza de los requisitos técnicos necesarios. Sin embargo insiste en que la investigación sigue abierta.

General David Munguía Payes

General David Munguía Payés

Carlos Martínez y Nelson Rauda Zablah, 19 mayo 2016 / EL FARO

El equipo de fiscales a los que se les encomendó investigar la tregua entre pandillas llegó a la conclusión de que había suficientes elementos como para proceder a la captura del ministro de Defensa, David Munguía Payés, por lo que elaboró una solicitud de antejuicio que estaba lista para ser presentada a la Asamblea Legislativa.

Como el general de división goza de fuero –al igual que el resto de ministros- el equipo técnico preparó el instrumento que permite retirarle a un ministro su blindaje ante la ley, para poder capturarlo y llevarlo a juicio: el proyecto de antejuicio. Ese documento, al que El Faro tuvo acceso, consiste en un texto de 152 páginas en las que se le solicita a los diputados retirar el fuero a Munguía Payés para poder juzgarlo por dos delitos: agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios.

En resumen, los fiscales argumentan a los legisladores que ninguno de los imputados en el caso de la tregua hubiera podido cometer los delitos por los que se les acusa sin el respaldo de Munguía Payés. Entre noviembre de 2011 y mayo de 2013, el general fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública, y por lo tanto estuvo al frente de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, que son las instituciones que se han visto involucradas en las acusaciones de la fiscalía por el ‘Caso Tregua’.

En el documento también se involucra a quien fuera el sucesor de Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad: Ricardo Perdomo, actual superintendente del Sistema Financiero. Aunque es miembro del Ejecutivo, Perdomo no goza de fuero legal. En la solicitud de antejuicio, los fiscales hacen una extensa relación de hechos para intentar sostener sus acusaciones contra el hoy jefe de la Fuerza Armada. “ (…) debiéndose destacar que en el caso de los funcionarios, MUNGUIA PAYEZ, NELSON RAUDA PORTILLO, ANILBER EDUVIGEZ RODRIGUEZ VILLEDA, RICARDO PERDOMO, OSCAR MAURICIO AGUILAR HERNANDEZ, ostentaban además de la calidad de funcionarios públicos, el poder y facultad de decisión por sobre las otras personas actualmente imputadas y quienes únicamente revisten la calidad de empleados públicos, siendo en atención a ese orden jerárquico que se ilustra como desde la cúpula de poder, Ministerio de Justicia y Seguridad, se transferían las ordenes o instrucciones según las cuales debían obrar los niveles más bajos, los empleados públicos, llámese personal del Concejo criminológico, personal de equipos Técnicos y Directores de centros Penales… (sic)”, se lee.

En su alegato, los fiscales recuerdan que la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas prohíbe en el artículo 345 “promover, ayudar, facilitar y el favorecimiento…” de estas agrupaciones criminales. También resaltan –con un subrayado- que la misma ley menciona que “se prohíbe su existencia (de las pandillas), legalización, financiamiento y apoyo de las mismas”, y agregan inmediatamente: “siendo básicamente en esta parte (…) que la representación fiscal considera que ha llegado a encajar perfectamente la conducta del General David Munguía Payes, quien (…) llevó a cabo, amparado en su calidad de miembro del gabinete de seguridad del Gobierno en ese entonces presidido por Carlos Mauricio Funes Cartagena, una serie de actividades, intromisión y vulneración de los protocolos y seguridad de los centros penitenciarios”.

Los fiscales plantean que Munguía Payés era parte de la trama de la Tregua “(…) al emitir instrucciones para que se permitiera el ingreso de personas ajenas al quehacer penitenciario, sin someterlos a registro, permitiendo y emitiendo instrucciones para que se les permitiera ingresar a esas mismas personas portando sus teléfonos celulares, instigar y permitir para que pandilleros que se encontraban en libertad hayan ingresado a centros penales, acompañando a los denominados mediadores de la tregua, para mantener reuniones con los pandilleros que se encuentran privados de libertad, situación esta que obviamente ha permitido, posibilitado y favorecido la conformación, reorganización y consolidación de los grupos de pandillas y que por demás está aclarar, ha constituido un apoyo enorme a las pandillas”, afirman.

Salvo Munguía Payés y el superintendente del Sistema Financiero, todas las personas que se mencionan en el escrito han sido capturadas o se encuentran prófugas.

Pese a tener elaborado el instrumento para pedir el desafuero de Munguía Payés, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha decidido no realizar ninguna acusación contra el ministro de Defensa, aunque cada vez que aborda el tema recuerda que la investigación continúa en curso.

Consultado por periodistas de los periódicos The New York Times, de Estados Unidos, y El País, de España, el fiscal Meléndez reconoció la existencia del documento, aunque aseguró que se trata de una pieza elaborada bajo la administración de su antecesor, Luis Martínez, pese a que el documento está encabezado con el nombre del fiscal Meléndez, que agrega que el documento no goza de la calidad técnica necesaria para solicitar el desafuero. Sin embargo, gran parte de su contenido ha sido incluído en la acusación final que la fiscalía elaboró contra 21 personas, entre las que se encuentran policías, empleados del sistema penitenciario, el exdirector general de penales y el mediador Raúl Mijango. Mijango es el único de los detenidos que no era empleado estatal y fue trasladado al hospital general del Seguro Social el 18 de mayo, por problemas de salud.

Gran parte de las pruebas que la Fiscalía presentó ante el juez, y en las que se sostiene el caso Tregua, fueron obtenidas en la administración del exfiscal Luis Martínez.

Vestigios de la acusación

La Fiscalía General de la República presentó el 6 de mayo, ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, un caso en contra de los obreros de la Tregua. En el caso, el exdirector general de Centros Penales aparece como la figura de más alta jerarquía en una trama de cometimiento de ilícitos que sirvieron para facilitar la Tregua. Sin embargo, los listados de imputados son las únicas secciones del requerimiento fiscal que omiten a David Munguía Payés. El resto del documento, su contenido, incluye menciones explícitas al rol del general como engranaje del mecanismo que facilitó la Tregua. El Faro obtuvo acceso al requerimiento presentado antes de que se decretara la reserva total sobre el caso, el pasado 12 de mayo. En el requerimiento, aunque Munguía Payés no aparece señalado como acusado en el caso Tregua, sí aparece vinculado en una trama de autorización de ingreso de ilícitos a los centros penales.

La Fiscalía plasmó en el documento que “por parte de los mismos funcionarios (David Munguía Payés, Nelson Rauda y Anilber Rodríguez) se ha emitido las instrucciones para que privados de libertad, a quienes se les llegó a encontrar en posesión de aparatos celulares, luego de una reunión con los mediadores dela Tregua, se les permitiera quedarse con esos dispositivos móviles”. De los tres mencionados en ese párrafo de la págian 32 del requerimiento, dos de ellos están prófugos: Rauda, el exdirector de centros penales, y  Anilber Rodríguez, el exinspector de las prisiones.

Ese quizá sea el menos grave de los señalamientos contra el general. Los fiscales también dicen que la conducta de Munguía Payés, Rauda y Rodríguez “ha posibilitado que la población civil, soldados y policías se vuelvan objetivo de parte de las pandillas”, en la página 91, hacia el final del fundamento de la imputación.

La vinculación hecha a Munguía Payés en el requerimiento oficial del caso Tregua guarda algunas semejanzas con las vinculaciones que la FGR hizo en contra del general en el documento de antejuicio abortado. En aquel escrito, los fiscales también atribuyen a Munguía Payés “ser uno de los  responsables de instigar para falsear información de dictámenes criminológicos con la clara y certera intención  de cometer un fraude para justificar el traslado de peligrosos personajes antisociales que purgan severas condenas de prisión y conseguir enviar a los mismos a centros penales con menor rigor penitenciario”. Esa frase sobrevive, con una salvedad, en la página 32 del requerimiento oficial presentado al Juzgado Especializado de Instrucción A. La salvedad es que, en vez de acusar al ministro de Defensa, el sujeto de la oración es “los ahora involucrados e imputados”.

En la acusación final, los fiscales aseguran que integrantes de consejos criminológicos firmaron revisiones a perfiles de cabecillas pandilleros con información falsa, para justificar su traslado fuera del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Sin embargo, también aseveran que esos empleados estaban siguiendo órdenes. Rolando Aparicio, uno de los defensores de los empleados de centros penales acusados de falsedad ideológica, cree que ese es un salvoconducto para la defensa. “¿Cómo pueden decidir estas personas trasladar a más de 300 personas? Hay jerarquía. Como decimos en buen salvadoreño, el hilo se está rompiendo por el lado más delgado”, dijo Aparicio el día que presentaron a los capturados en tribunales.

El requerimiento oficial también vincula pero no acusa a Ricardo Perdomo, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) cuando nació la Tregua. La Fiscalía usa el testimonio de Francisco Salinas, director de la Policía en esa época, para incriminar al actual superintendente. “Él (Perdomo) fue uno de los pilares -dice Salinas- ya que él fue una de las personas que más apoyó el proceso de pacificación, ya que contribuyó con apoyo logístico y humano”. Esa declaración, consignada en la página 37 del documento, contrasta con la actitud de Perdomo cuando se convirtió en ministro de Seguridad, en mayo de 2013. Tras la salida de Munguía Payés del ministerio,  Perdomo prohibió las entrevistas a pandilleros encarcelados, destituyó a Rauda como director de penales y desvinculó al gobierno del apoyo frontal a la Tregua que ejerció Munguía Payés.

La Fiscalía, no obstante, no da crédito a ese rechazo a la Tregua que mostró Perdomo como ministro. “…el director del Organismo de Inteligencia del Estado, persona quien si bien es cierto ha tratado de  desvincularse de tener alguna injerencia o participación con el denominado pacto entre pandillas  o tregua, se ha logrado establecer que ha sido precisamente desde dicha dependencia que llegó a brindarse apoyo logístico y económico  al señor Juan Roberto Castillo Díaz”, consignan los fiscales en la página 11 del requerimiento, en alusión al policía designado como asistente del mediador Raúl Mijango. Castillo está detenido, pero quién le dio los recursos ni siquiera imputado.

En el requerimiento oficial, el exdirector de la Policía también involucra a otro funcionario que se desvincula de la Tregua cada vez que se le pregunta: Mauricio Funes, el expresidente. Según Francisco Salinas, “el facilitador (de la Tregua) era el gobierno, con pleno conocimiento del presidente de la República”. Esta versión ha sido respaldada por el propio Munguía Payés. Funes declaró este año por el caso de la Tregua a la Fiscalía. Confrontado con la declaración de su exministro, Funes lo negó.

Adam Blackwell: “La OEA tenía un acuerdo con el gobierno para la Tregua, firmado por el gobierno”

En lo que ya se conoce como ‘Caso Tregua’, la Fiscalía ha girado órdenes de detención contra 21 personas, incluido el mediático mediador Raúl Mijango. Su amigo Adam el faroBlackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA entre 2010 y 2015 y el extranjero más involucrado en la Tregua, está convencido de que el propósito de estas acusaciones “es más político que jurídico”, algo así como una advertencia contra quienes quieran apostar al diálogo para resolver el problema de pandillas que carcome la sociedad salvadoreña.

Adam Blackwell se desempeñó entre 2010 y 2015 como exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell se desempeñó entre 2010 y 2015 como exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Foto José Cabezas (AFP).

Roberto Valencia, 20 mayo 2016 / EL FARO

Adam Blackwell es el canadiense alto, rubio y zarco que durante los meses más intensos del proceso que la sociedad salvadoreña terminó llamando la Tregua aparecía junto a Raúl Mijango, Fabio Colindres, Borromeo Henríquez, David Munguía Payés, Carlos Mojica Lechuga… “Soy uno de los arquitectos del proceso”, admite sin pudor ahora que está alejado de las ataduras diplomáticas, en calidad de exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por si alguien aún tenía dudas sobre el involucramiento del primer gobierno del FMLN, Blackwell las despeja todas: la Presidencia de la República contempló el diálogo con las pandillas como opción antes incluso de que Munguía Payés fuera nombrado ministro de Seguridad; y estuvo al tanto de cada paso que se dio para incentivar el cese de hostilidades entre la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la 18. Blackwell revela incluso una información hasta ahora desconocida, como que la OEA no se sumó al proceso semanas o meses después de los traslados de los máximos líderes desde el Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, sino que el organismo llevaba meses involucrado, a petición del propio expresidente Mauricio Funes.

Dice: “Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza”.

Pero el grueso de estas revelaciones resultarán novedosas solo para los que todavía creen la versión de que la Tregua fue un estricto arreglo entre pandilleros, y que la Administración Funes se limitó a permitir el ingreso a las cárceles de unos mediadores para que lo incentivaran.

Lo que a Blackwell más le interesa explicitar ahora es su disconformidad con las acusaciones de tipo “político” con las que la Fiscalía ha procesado a 21 personas en el ‘Caso Tregua’, incluido el histriónico Raúl Mijango. “Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro”, dice.

Blackwell tiene 56 años que serán 57 el próximo 11 de junio, una exitosa carrera diplomática, y vivió en primerísima fila el proceso. A finales del año pasado publicó If the War on Drugs is Over …Now What?, un libro en el que la Tregua tiene una importancia medular, y cuya versión en español está previsto que se publique en las próximas semanas. Un párrafo que hoy suena premonitorio dice así: “Mi participación y, por extensión, la de la OEA recibió el respaldo de un acuerdo formal que firmamos con el gobierno de El Salvador en 2012. Este acuerdo principalmente nos daba inmunidad política y legal para manejar una operación de este tipo. Desafortunadamente, ni monseñor Colindres ni Raúl Mijango están cubiertos por esta inmunidad. Espero que ningún fiscal general demasiado entusiasta decida enjuiciarlos”.

Sigue pendiente de El Salvador, ¿verdad?
Sigo en contacto con mis amigos salvadoreños, sí.

¿Cómo se ve desde la distancia lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad pública?
Extraño. Un día me toca escuchar presentaciones del padre Boyle [el sacerdote estadounidense Greg Boyle, referente en Los Ángeles en cuanto a programas de inserción de pandilleros] sobre cómo reducir la violencia y no criminalizar a la juventud; y otro día me toca imprimir el requerimiento fiscal de 130 páginas con las acusaciones contra Mijango y las otras 20 personas que trataron de implementar en El Salvador un modelo similar al del padre Boyle. Esto es parte de mi tristeza: saber que hay modelos mundialmente aceptados, pero que en El Salvador no son bien vistos por la polarización, la politiquería… En lugar de impulsar un modelo profesional de resolución de conflictos, algo aplicado con éxito múltiples veces en múltiples lugares, la Fiscalía está encarcelando a los mediadores.

¿¡La Tregua es una réplica de modelos exitosos en otros países!?
Por supuesto, y lo digo porque yo soy uno de los arquitectos del proceso. Durante mi gestión como secretario de Seguridad Multidimensional, la OEA evaluó el sistema de seguridad de El Salvador, con consultas en Colombia, en México, en Estados Unidos… hasta en Inglaterra, en lugares que han tenido que luchar contra bandas criminales. Parte de la Tregua fue documentar, crear procesos paralelos, involucrar a alcaldes, crear un comité técnico con fondos de la Unión Europea… y en todo eso estuvo la OEA. Le gente no sabe de una cena que tuvimos con el nuncio vaticano, Luigi Pezzuto, en la que se habló de la obligación moral de la Iglesia católica de ayudar a facilitar procesos de esta naturaleza. Nadie se acuerda ya de todo esto, y es triste.

El gobierno actual parece más atrincherado que nunca en el manodurismo para afrontar el problema de las maras.
¡Y eso es…! Mire, yo empecé a interesarme de lleno en el país en junio de 2011, cuando San Salvador acogió la Asamblea General de la OEA, bajo el lema ‘Seguridad Ciudadana en las Américas’, y el país acababa de ser nombrado por Naciones Unidas como el más violento del mundo, con una tasa de 69 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cinco años más tarde, El Salvador es de nuevo el país más violento del mundo, pero ahora con una tasa de más de 100. No sé qué más tenemos que demostrar. Las estrategias de represión, ya sea en la guerra contra las drogas o contra las pandillas, no funcionan. ¿Cuántos años El Salvador ha estado con tácticas represivas o la situación no solo no mejora, sino que empeora?

En una entrada que publicó en su blog tras la detención de Mijango, usted llama proceso de paz a la Tregua. Muy pocos en El Salvador se atreverían hoy a decir algo así.
Siempre hablé de un proceso de pacificación. Siempre. Un proceso que buscaba, primero, frenar el crecimiento de las pandillas, y por eso uno de los puntos que se acordó con los líderes fue respetar las escuelas y frenar el reclutamiento. Segundo, se buscaba mejorar las condiciones de los privados de libertad, pero no lujos ni fiestas, sino respetar las normas mínimas internacionales en los centros penales. El tercer punto era un trato digno a las víctimas. Y el cuarto pilar era la reinserción-reintegración, con un involucramiento de los municipios. El proceso no fue una improvisación, sino algo muy meditado.

¿Por qué hubo tanto ruido alrededor de la Tregua?
Nosotros hicimos reuniones con los alcaldes, con representantes de la sociedad civil, en comunidades, con… y todo muy bien, muy feliz, con insumos excelentes, pero luego parecía como que en El Salvador solo hay blanco o negro. En vez de celebrar que estábamos sacando de circulación cien armas de los pandilleros, empezaban a decir que eran pocas, o que no servían… Yo creo que había intereses en que el proceso no avanzara.

La sociedad, en términos generales, ha celebrado la detención de Mijango.
Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro. Si un mediador habla con las FARC, es evidente que está hablando con un grupo criminal, con delitos atroces, pero si se quiere superar el conflicto, los mediadores, desde mi punto de vista, siempre deben estar protegidos, salvo acusaciones bien concretas con pruebas concretas de delitos cometidos al margen del papel de mediador.

¿Le sorprende que no haya sido detenido el general Munguía Payés?
O los 11 alcaldes, porque también ellos participaron; o las distintas iglesias que se sumaron; o las personas de las comunidades; o… ¿Por qué estos 21? ¿Por qué no 10 o 55? ¿Por qué no yo?

¿Por qué no el expresidente Mauricio Funes?
Yo no entiendo el propósito de las acusaciones. ¿Qué quiere probar el fiscal general, que había 21 personas que trabajaban en este proceso? ¿Que se se cometían ilícitos en los centros penitenciarios? Evaluaciones del sistema penitenciario las han hecho la Cruz Roja, Estados Unidos, la OEA… e ilícitos en los centros ha habido desde antes de la Tregua, y seguramente los sigue habiendo hoy. ¿Por qué enjuiciar a estas personas? ¿Por qué a Nelson Rauda y no a Rodil Hernández? ¿Por qué no al exdirector de la PNC? No entiendo. Yo creo que el propósito de estas acusaciones es más político que jurídico.

Vayamos a las raíces: ¿cómo se involucró la OEA en el proceso? ¿Quién lo invitó a usted?
Yo empecé a llegar a El Salvador desde junio de 2011, porque durante la Asamblea de la OEA el presidente Funes se mostró muy preocupado por la situación de violencia. No es cierto que intervenimos cuando el proceso ya estaba en marcha.

Adam Blackwell junto al mediador Fabio Colindres, en los momentos previos a una de las tres entregas de armas de parte de pandilleros, la celebrada el 27 de mayo de 2013 en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell junto al mediador Fabio Colindres, en los momentos previos a una de las tres entregas de armas de parte de pandilleros, la del 27 de mayo de 2013 en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Foto José Cabezas (AFP).

Para entonces Munguía Payés ni siquiera era ministro de Seguridad Pública.
Todavía estaba Manuel Melgar. Durante la asamblea pedimos al gobierno que nos permitiera hacer una evaluación exhaustiva del sistema nacional de seguridad, para conocer mejor lo que estaba ocurriendo, el porqué de tanto homicidio. Fueron cuatro o cinco meses, y el día que yo viajaba a El Salvador para presentar el informe cambiaron de ministro.

En noviembre de 2011.
Exacto. Hasta que entró Munguía Payés, el Gabinete de Seguridad lo lideraba Hato Hasbún, y él me pidió que no presentara el informe aquella vez, precisamente por el cambio de autoridades. Yo regresé en enero de 2012, si mal no recuerdo, a presentar el documento, que básicamente decía que era necesario buscar alternativas innovadoras, diferentes a las políticas tradicionales de represión que ya habían demostrado que no servían y que tenían las cárceles arriba del 300 % de hacinamiento.

Yo creía que la OEA había sido invitada después de que el gobierno sacó a los líderes de las pandillas de Zacatraz.
No. En enero de 2012 me reuní con el ministro Munguía Payés y con monseñor Colindres. Y en esa época viajaba al país cada dos semanas. Yo sentí que ya había una preocupación para buscar alternativas a los modelos tradicionales, y en febrero supe que se estaban buscando entendimientos entre los líderes de las maras en el penal de Zacatecoluca. ¿Cuándo El Faro lo destapó todo?

El 14 de marzo de 2012.
Esa publicación, lamentablemente, no ayudó. El problema en El Salvador, como decía antes, es que todo es negro o blanco, sin grises, y no se deja trabajar al gobierno porque hay demasiada falta de confianza en las autoridades.

Usted dice: “Dejar trabajar al gobierno”.
Las conversaciones entre los pandilleros fueron muy complicadas. La gente no sabe ni aprecia lo difícil que es juntar en una misma sala a los líderes de dos pandillas que se odian. El ambiente era de odio, más que palpable. Y tratar de plasmar en un papel los cuatro o cinco puntos en los que podían ponerse de acuerdo, y buscar una forma para que ellos pudieran comunicar esos acuerdos a las clicas en la calle, eso fue muy complicado, muy complicado. Yo admito y acepto la culpa de que no teníamos una estrategia comunicacional, ni siquiera hubo una sola voz…

El cuadro que usted dibuja involucra de lleno al gobierno en la Tregua, pero a día de hoy el expresidente Funes aún niega su responsabilidad.
Pero ya hay las pruebas suficientes. Yo, como representante de la OEA, no viajaba en secreto a El Salvador, y lo hice múltiples veces. Yo asumo y entiendo perfectamente la responsabilidad de un funcionario profesional de explicar claramente, sin duplicidades, sin confusión, lo que estaba pasando…

Algo que en este caso no se hizo.
Es una de las más grandes lecciones aprendidas de este proceso de El Salvador, y es algo que están tratando de mejorarlo en Colombia: definir un plan comunicacional, pensarlo bien, nombrar a una sola persona para hablar por el grupo, para evitar confusiones. Eso no lo hicimos en El Salvador, y nos generó problemas. Y admito que también es mi error, pero es completamente inentendible para mí que el gobierno de Funes no lo asumiera, porque era una oportunidad de demostrar liderazgo, de ser un estadista, de tratar de resolver problemas que han consumido 15 o 20 por ciento del PIB del país en los últimos 20 o 25 años.

Hubo unos meses, en la primera mitad de 2013, en los que sí parecía que el expresidente Funes iba a hacerse cargo.
Pero la culpa de lo que sucedió no es solo del presidente Funes. Yo nunca entendí por qué en el gobierno había ministros a favor y ministros en contra, ni por qué en la Iglesia católica había una división tan brutal. No entiendo por qué algo tan importante para el país terminó convertido en un tema de egos. Perdimos una gran oportunidad para el país, Funes perdió una gran oportunidad de ser visto como un estadista, y el país perdió la oportunidad de salir de un conflicto interno brutal; todo por falta de liderazgo, de un estadista.

El gobierno era parte del proceso.
La OEA tenía un acuerdo con el gobierno para ese proceso, firmado por el gobierno. Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza.

Lo irónico o lo trágico, según se mire, es que FMLN y ARENA negociaron en secreto votos con los pandilleros en el tramo final de la Tregua.
Los mareros, sus familias y su entorno son casi el 10 % de la población. Antes, durante y después de la Tregua son votantes que los partidos quieren, y se han convertido en un actor, por supuesto. Los partidos han entrado en conversaciones, ya es imposible que lo nieguen.

Actores que participaron en la Tregua, como Óscar Ortiz o David Munguía Payés, son parte de la actual estrategia manodurista.
Sé que en El Salvador resulta difícil, pero hay que separar la politiquería de la práctica. Yo recuerdo muy bien la primera reunión con los 11 alcaldes de la iniciativa ‘Municipios libres de violencia’; ese encuentro, para el que apartamos una hora, duró tres, porque todos los alcaldes querían exponer sus propuestas para abordar el fenómeno, con ideas excelentes. Como ocurrió en Los Ángeles, en Medellín o en Ciudad Juárez, donde los municipios tomaron el control, con alcaldes involucrados. En aquellas reuniones, el alcalde Óscar Ortiz tenía en Santa Tecla uno de los modelos de trabajo con las pandillas más integrales.

Adam Blackwell junto al mediador Raúl Mijango, en una visita a la residencial Altavista de Ilopango, el 13 de julio de 2013. Foto José Cabezas (AFP).

Adam Blackwell junto al mediador Raúl Mijango, en una visita a la residencial Altavista de Ilopango, el 13 de julio de 2013. Foto José Cabezas (AFP).

Hoy está al frente de Gabinete de Seguridad que rechaza cualquier tipo de diálogo.
Lo único que yo puedo asumir es que, políticamente, en El Salvador se ganan más votos diciendo que enviarás a más policías, a más soldados. Ofrecer represión da votos, y eso es parte del problema, porque son indicadores del pasado. En lugar de medir cuántas casas comunales se han abierto o cuánto se invierte en víctimas o cuántas casas se construyen, aún se utilizan los indicadores de capturas, de encarcelados, de…

La versión actual del manodurismo incluye ejecuciones extrajudiciales que se cometen con impunidad.
El Salvador tiene que decidir qué tipo de país quiere ser. Es un país muy lindo, con personas muy trabajadoras, con espíritu empresarial, pero con un serio conflicto interno, y alguien tendrá que decidir, con liderazgo, poner fin al combate. Es inaceptable, inaceptable, que un ministro hable de batallones de limpieza social para referirse a los policías [el 20 de abril de 2015 el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún, dijo que la Fuerza Armada estaba adiestrando a 200 hombres para crear un “batallón de limpieza” contra las maras], y por supuesto que esas cosas no pasan desapercibidas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La última: ¿siente que mereció la pena involucrarse en la Tregua?
Yo soy optimista. Quiero a El Salvador, y creo que con un nivel de seriedad, un buen liderazgo y el apoyo de la comunidad internacional, sería posible volver a conversar con las pandillas y hallar una forma de parar la violencia.

¿No ve una solución que no pase por el diálogo con las pandillas?
Pueden matar a todos los pandilleros. Si ese es el tipo de país y la reputación en el mundo entero que los salvadoreños quieren para su país, pues adelante, pero no creo que esa sea la solución. Cuando hablamos de los pandilleros, estamos hablando de la juventud salvadoreña, de personas, de seres humanos. Y la idea es reducir los daños, la idea construir una sociedad mejor.

EL CONFLICTO SALVADOREÑO: “Mi marido ha trabajado por un país que ahora nos hace esto”/El País

La violencia que azota a El Salvador no sólo cobra víctimas entre pandillas; en el último año y medio, 85 policías han sido asesinados.

Una redada policial en San Salvador en 2004. Miguel Gener

Una redada policial en San Salvador en 2004. Miguel Gener

Jacobo García/El País

Jacobo García/El País

Jacobo García, 19 mayo 2016 / EL PAIS

La vida de Rosi se rompió en pedazos cuando el 4 de mayo encontró el rostro de su marido en la portada de un periódico salvadoreño. El policía Roberto Castillo apareció en los noticieros y diarios de todo el país con el mismo formato que muchos de los delincuentes que había ayudado a detener: frente en alto, rostro serio, ojos clavados en la cámara.

Después de años de trabajo como agente del servicio de inteligencia, la Fiscalía General de la República de El Salvador, en el marco de su investigación contra la tregua entre pandillas, puso al descubierto su identidad. La justicia le atribuye haber introducido objetos ilícitos en las prisiones durante la negociación con las maras que entre marzo de 2012 y junio de 2013 que logró reducir la violencia un 60% en uno de los países más violentos del mundo.

Revelar su identidad podría haber sido un tema menor si su casa, su tienda y su vida no estuvieran rodeadas de pandilleros, mismos que durante años se dedicó a perseguir y encarcelar. Así que no pasaron ni 12 horas para que la noticia se regara por el pueblo en el que vive, a media hora en carro desde la capital; y con la noticia, las amenazas. La pequeña tienda de comestibles que sostiene a la familia está incrustada en uno de los bastiones de la Mara Salvatrucha (MS-13), un pequeño municipio de casas de cemento y lámina rodeado de un espectacular paisaje verde.

Durante años convivieron con el miedo sin saltarse el protocolo: pagaban la extorsión, entregaban tarjetas telefónicas cuando se lo exigían y guardaban silencio cada vez que subía la cuota. Hasta ahí, todo normal en un municipio controlado por pandillas. Pero todo cambió a primeros de mayo, cuando la Fiscalía comenzó un proceso de persecución hacia todo lo que huela a tregua.

“Desde que se conoció su rostro, tuvimos que dejar la tienda y nuestra casa”, explica Rosi al borde de las lágrimas. “Aquí, en la puerta de al lado, ahora hay madres, hermanos de pandilleros que saben que mi marido es policía y que quieren matarnos”, añade. En el último año y medio, 85 policías han sido asesinados por los pandilleros, que pusieron a los uniformados en el punto de mira tras la escalada represiva desatada por el Estado desde inicios de 2015.

“Él comenzó de buena fe en este proceso de paz. Al principio no estaba muy convencido, pero poco a poco fue entendiendo que cualquier solución a la violencia pasa por un diálogo con esta gente que él detestaba”, explica desde el interior de una tienda de comestibles que tiene más propiedades de reclusorio que de expendio de chucherías. Una enorme reja cubre la parte frontal y junto a un mostrador de cemento se abre una pequeña ventana desde la que despacha refrescos, maquinillas de afeitar, bolsas de patatas o recargas para móvil.

La tregua entre pandillas logró reducir la violencia en el país centroamericano de 14 a 6 muertos diarios gracias a la intervención de un grupo de mediadores, que logró beneficios carcelarios para ellos. Durante 15 meses Castillo fue el hombre encargado de entrevistarse en las cárceles con los líderes tatuados, así como de recibir casi 500 armas a las pandillas, en tres entregas distintas, como señal de involucramiento en el proceso.

Ahora la Fiscalía lo acusa de introducir durante este tiempo en las prisiones productos teléfonos celulares o comida rápida de una determinada marca de pollo, la favorita de los salvadoreños. Hace dos semanas, el fiscal general ordenó la detención de la mayoría de negociadores, policías y miembros de la sociedad civil que participaron en el proceso de paz; en total, 21 ordenes de captura (incluida la del director general de Centros Penales), de las que 18 ya se han ejecutado, y otros 3 funcionarios están en busca y captura.

Desde entonces Rosi y sus hijos se mueven por casas de amigos y familiares. Duermen con una botella vacía junto a la puerta a modo de alarma rudimentaria por si vienen a por ella. Con un sueldo de policía de 1.100 dólares congelado y alejados de la tienda familiar, lo más probable es que sus hijas tendrán que dejar de estudiar. “Mi esposo ha trabajado incondicionalmente para un país que ahora nos hace esto”, explica.

El fiscal general Douglas Meléndez, enemigo de la tregua y responsable de difundir la identidad de Castillo sin conceder ninguna protección adicional, no ve problema alguno: “No podemos responsabilizarnos por situaciones de estas”. “Estamos procesando a personas que se corrompieron, y si él estaba cumpliendo una orden, es eso lo que queremos saber y deberían colaborar”, añade. El fiscal aspira a que una declaración de Castillo permita el procesamiento de más colaboradores de la tregua, pero hasta ahora el fiscal se ha encontrado con una lealtad a prueba de bombas entre los negociadores de la tregua, y “nadie ha querido colaborar”, explica. Hasta ahora.