caso tregua

Carta a los jueces: Busquen soluciones salomónicas. De Paolo Luers

1 junio 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Hoy todos se concentran en el traspaso del poder. Yo me concentro en una noticia que para mí es mucho más importante: Terminó el “caso tregua”. Hay sentencia. Nadie va a la cárcel.

¿Por qué para mi es más importante? Algunos de los acusados son mi amigos, como Raúl Mijango, el mediador, y los dos valientes oficiales que sirvieron como enlaces de inteligencia de la PNC con el equipo de mediadores. A otros, como los directores de diferentes cárceles y sus jefes en la Dirección General de Centro Penales, los conocí como funcionarios correctos, comprometidos con su misión de promover la convivencia pacífica en los penales bajo su responsabilidad. Trabajando de cerca con los mediadores, ellos lograron que durante los 15 meses de la tregua las asesinatos, los suicidios, los motines, las fugas en el sistema carcelario se redujeran a cero. En vez de llevarlos a juicio, deberían condecorarlos…

Fueron detenidos durante 2 meses y sometidos a un juicio que duró 3 años. Pero al fin, ninguno de los 19 acusados irá a la cárcel – debido a la sabiduría del juez Cruz Vázquez.

El juez especializado estaba en una situación bien complicada. Su colega Godofredo Salazar, uno de los jueces más respetados del Centro Judicial Isidro Menéndez, ya había rechazado todas las acusaciones y teorías de la fiscalía y absuelto a todos los acusados. Pero la fiscalía apeló este fallo y la Cámara Especializada ordenó al juez suplente Cruz Vázquez repetir la vista pública. Por una parte el juez sabía que la sentencia de su colega Salazar fue correcta, pero por otra parte estaba bajo gran presión de la opinión pública, de la fiscalía y de la cámara superior. Lo que adaptó el juez Cruz Vázquez ayer fue realmente una solución salomónica: Desechó por ausencia de pruebas las acusaciones más aventureras de la fiscalía: ‘asociación ilícita’ e ‘introducción de objetos ilícitos a penales’. Con esto quedaron absueltos Raúl Mijango y los oficiales de la PNC.

También desechó el delito de ‘falsedad ideológica’, que la fiscalía había imputado a los  profesionales del Consejo Criminológico que habían dado su visto bueno al traslado de unos 50 pandilleros de la cárcel de máxima seguridad a otras regulares.

Quedaron pendientes dos delitos: ‘decisiones arbitrarias’ y ‘omisión de deberes’. A Nelson Rauda, director general de centros penales, y a su inspector general, la fiscalía los acusaba de haber autorizado procedimientos que violaban los manuales y reglas vigentes en los penales. Por ejemplo, habían autorizado reuniones en los penales, en el marco del trabajo de los mediadores – y algunas reuniones implicaron traslados de reos. Si estos y otros procedimientos extraordinarios fueron adecuados, justificados, incluso necesarios o si fueron arbitrarios e ilegales es asunto de interpretación – y el juez aprovecho esta brecha para salir de su dilema: pronunció condenas contra los dos máximos funcionarios de centros penales, pero con la condena mínima de 3 años. Lo mismo hizo en el caso de los 5 directores de distintos penales, quienes obedecieron estos ordenes superiores, según el juez cayendo en ‘omisión de deberes’. Los condenó a 2 años de cárcel. Pero al final decidió sustituir, en todos los casos, los años de cárcel con ‘trabajo de utilidad pública’.

Así que se hizo justicia: Nadie va a la cárcel, pero sí hubo condenas. En los casos de las acusaciones insostenibles, el juez absolvió. En los casos discutibles, optó por condenar, pero haciendo derecho de su opción de sustituir la pena de cárcel.

A veces la justicia, para funcionar, necesita buscar de soluciones salomónicas…

El buen juez no cerró la vista pública sin hacer fuertes señalamientos a la fiscalía. La acusó de incapacidad y parcialidad… y de omisión de deberes, porque no investigó bien.

Felicito al juez quien sacó a la justicia del gran dilema, en el cual casi la hundió la fiscalía de los señores Luis Martínez y Douglas Meléndez. Por suerte ya no están.

Saludos,

Carta sobre otro 0:2 entre Fiscalía y defensa. De Paolo Luers

25 abril 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Podría hoy repetir literalmente la carta que publiqué el 8 de agosto 2018 sobre el primer día del juicio contra la tregua. Porque ayer otra vez fue el primer día del mismo juicio – de su repetición. En el 2018 lo perdió la Fiscalía y todos los 19 acusados fueron absueltos, pero logró que la Cámara anulara el juicio y ordenara su repetición.

Lo espectacular del arranque del juicio en agosto pasado fue que la Fiscalía presentara dos testigos prominentes (monseñor Fabio Colindres, el que fue mediador, y el general Francisco Salinas, el que fue director general de la PNC). Los fiscales abrieron con ellos para conseguir goles tempranos porque supuestamente iban a testificar en contra de la tregua y los acusados. Pero ambos, hablando con todo el peso de su trayectoria, los defendieron. Por esto le puse 0:2 en el titular.

Exactamente lo mismo pasó ayer. Y era lógico. El mismo juicio, con las mismas acusaciones manipuladas, con los mismos fiscales, con los mismos testigos, con la misma ausencia de pruebas, con los defensores ya prevenidos, ¿en qué va a terminar? En lo mismo.

Aunque los fiscales trataron de sacarles lo contrario, tanto monseñor Colindres como el general Salinas establecieron que el proceso de pacificación y reducción de violencia popularmente bautizado “la tregua” fue una política oficial del gobierno, conducida por el gabinete de Seguridad, y que tanto el presidente Funes como el fiscal general (primero Barahona, luego Luis Martínez) estuvieron informados sobre cada paso de su implementación. Según monseñor, “la tregua fue exitosa hasta que llegó Ricardo Perdomo al ministerio de Seguridad…”,

Entonces, si fue así, ¿cómo los diferentes funcionarios públicos que implementaron este plan pueden ser acusados de “agrupación ilícita”? ¿Acaso el Gabinete de Seguridad es una agrupación ilícita?

A monseñor Colindres, que acompañó a Raúl Mijango (uno de los acusados principales) en sus visitas a los penales para dialogar con los cabecillas de las pandillas, lo interrogaron durante más de una hora para encontrar comprobación para el delito de “introducción de ilícitos a los penales”, pero lo único que encontraron fue la confirmación que introdujeron pizza y pollo, porque una reunión alrededor de una mesa con comida siempre crea un ambiente más propicio para construir confianza. 0:1.

Al general Salinas le querían sacar la confesión que había perdido el control sobre los dos inspectores de la PNC que comisionó para participar en el proceso de pacificación y mediación, y que ellos actuaron y delinquieron por propia cuenta. Pero lo que le sacaron al general fue que los dos cumplieron complicadas y peligrosas misiones de inteligencia policial, que sirvieron de mucho para la dirección de la policía. 0:2.

Raúl Mijango

Raúl Mijango ya está condenado en otro caso penal (un caso donde interpretaron su labor de mediador entre una empresa y sus extorsionistas como complicidad, a pesar de que esta labor la inició a petición de la empresa). Este caso está en revisión. Ayer lo trajeron al juzgado, siempre en uniforme de interno. Y lo que manifestó a la prensa fue esto: “Me están acusando de haber servido de mediador salvando unas 6 mil vidas. Si de algo estoy orgulloso en mi vida, es de esto. Si por esto voy a estar en la cárcel, así será”.

Todos los que estaban ayer en esta sala del juzgado especializado A sintieron la repetición como un trámite tedioso. Hasta los dos fiscales nunca perdieron la cara de aburrimiento que uno pone cuando le dan una tarea sin sentido.

Va a ser aun más aburrido en los próximos días, cuando van a desfilar un montón de testigos que ya en la primera vista pública resultaron incapaces de aportar pruebas.

Se volverá a poner interesante al final, con dos testimonios: el de “Nalo”, el jefe pandillero convertido en testigo criteriado estrella de la Fiscalía, y el del único testigo que llamará la defensa, el general David Munguía Payés. El primero con un relato sobre teléfonos introducidos al penal que resultará inútil, porque estos aparatos ni siquiera existen en los registros oficiales de decomisos y mucho menos como ‘cuerpos de delito’.

Al final, al juez no le quedará otra que absolver a los 19 acusados, porque quedará comprobado que actuaron cumpliendo con una política oficial de su gobierno y porque no hay ni una sola prueba de que en este contexto hayan cometido delitos.

Saludos,

Lea también:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa. (Agosto 2018)

Carta al nuevo fiscal general: Hora de corregir (23 abril 2019)

Carta al nuevo Fiscal General: hora de corregir. De Paolo Luers

23 abril 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Dr. Raúl Melara:
Terminando las vacaciones de Semana Santa, estoy releyendo todo lo que se escribió sobre el juicio de la tregua, que en agosto del 2017 terminó con el juez especializado absolviendo a todos los acusados de todas las acusaciones.

Bueno, lastimosamente no terminó ahí. El fiscal Douglas Meléndez apeló la sentencia absolutoria y la Cámara la declaró nula. Hay que repetir toda la vista pública, con todo el desfile de testigos y por esto, para poder nuevamente comentar el juicio, estoy leyendo todo lo que se escribió sobre este espectacular caso. Ponga “caso tregua” en google.com y le sale todo el chorro.

En agosto 2017, el juez Godofredo Salazar declaró inocentes a los 178 acusados (el mediador Raúl Mijango, un oficial de policía, el ex director general de Centros Penales, los exdirectores de varios penales y todos los integrantes del Consejo Criminológico Paracentral) con un argumento central: que todos los acusados habían actuado en cumplimiento de una política pública adoptada por el gobierno.

Esta argumentación fue atacada agresivamente por la Fiscalía General, no solo en su apelación, sino en muy violentas declaraciones mediáticas contra el juez Salazar. El mismo fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, aprovechó una entrevista televisiva para amenazar al juez Salazar con perseguirlo penalmente. Estas amenazas motivaron a los jueces penales del Centro Judicial Isidro Menéndez a publicar una declaración conjunta, rechazando las “injerencias, señalamientos y amenazas indebidas contra la independencia judicial” y denunciaron al fiscal general ante el Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados.

Estos son los antecedentes de la segunda vista pública del “caso tregua” contra los mismos acusados, a celebrarse a partir de mañana 24 de abril. La presión ahora está sobre el nuevo juez, a quien le tocará presidir el juicio y sentenciar. En una carta que publiqué sobre el tema en marzo 2018, escribí: “Presionar a los jueces con campañas mediáticas y amenazas de investigación y persecución penal es inadmisible para un fiscal general. Atenta contra su propia independencia y dignidad y las de los juzgadores. No podemos tener a un fiscal general que cada vez que pierda un caso arme berrinches contra el juez y que cada vez que obtenga la reversión de una sentencia no favorable a la Fiscalía se lance al ataque amenazando al juez de echarlo preso”.

Casi hice un llamado a sustituir al fiscal general, escribiendo: “Necesitamos que el nuevo fiscal general, que la Asamblea tendrá que elegir este año, sea una persona más equilibrada, más profesional y menos mediática. Y sobre todo que sea un profesional de derecho que entienda que el fiscal general no solo tiene la función de acusar, a nombre del Estado, a las personas imputadas de delitos, sino que también (y sobre todo) tiene que ser el garante del Estado de Derecho. Esto incluye garantizar que se aplique el principio constitucional de la presunción de inocencia, así como defender otro principio constitucional: que los jueces puedan aplicar justicia libres de presiones y amenazas”.

Bueno, Douglas Meléndez no fue reelegido y ahora tenemos un Fiscal General que ha prometido que ya no habrá juicios mediáticos y politizados.

Esperemos que en la repetición del “caso tregua”, uno de los juicios con más vicios de politización y pre condena mediática por parte de la Fiscalía, veamos la diferencia. Cierro con a misma frase de la carta de marzo 2018:

“Deje que la nueva vista pública se desarrolle sin presiones indebidas de ninguna parte. Deje que se haga justicia, basada en pruebas, y no en campañas mediáticas”.

Saludos,

Lea también:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia.

Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18

Mal perdedor, mal ganador

Carta al fiscal general: Mal perdedor, mal ganador. De Paolo Luers

Paolo Luers, 24 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimado señor Douglas Meléndez:
Usted no solo es mal perdedor, también es mal ganador. Cuando perdió el caso tregua, porque el juez Godofredo Salazar absolvió a todos los acusados, usted de inmediato salió a atacarlo públicamente. No es el comportamiento que un fiscal general debe tener ante los juzgadores. Es más: Inmediatamente mandó a presentar otra acusación a Raúl Mijango, uno de los acusados principales en el caso tregua. Y luego, otra…

Lo que le tocó hacer es apelar la sentencia y esperar a que la cámara resuelva, pero no atacar al juez y poner en duda su honorabilidad. Ahora la cámara declaró nula la sentencia y ordenó una nueva vista pública. O sea, en esta instancia, usted ganó. Pero ojo, no ganó el caso. La cámara no condenó a nadie, no le toca hacerlo, solo encontró fallos en la sentencia y remitió el caso a otro juez.

Pero usted mostró que también es mal ganador. En vez de preparar mejor su caso y someterlo al nuevo juez y la nueva vista pública, de inmediato fue al ataque mediático contra el juez Salazar, amenazando con investigar y acusarlo penalmente. ¿Por qué? Para presionar al señor juez que va a presidir la nueva vista pública.

Y en esta ocasión se le escapó en declaraciones ante la prensa algo que debe pararle el pelo a todos los jueces y magistrados del sistema judicial: “Es importante que los tribunales superiores, como las cámaras e incluso la Sala de lo Penal respalden el actuar de la fiscalía.”

No, señor: Las cámaras y las salas no son para respaldar a la fiscalía. Son para juzgar con imparcialidad. Lo único que pueden respaldar es la ley. Así como la fiscalía tiene que ser independiente, los jueces y magistrados también, incluso (y sobre todo) de la fiscalía. Así como los fiscales tienen que respetar la presunción de inocencia, también los jueces y magistrados.

Presionar a los jueces con campañas mediáticas y amenazas de investigación y persecución penal es inadmisible para un fiscal general. Atenta contra su propia independencia y dignidad y las de los juzgadores. No podemos tener a un fiscal general que cada vez que pierda un caso arme berrinches contra el juez; y que cada vez que obtenga la reversión de una sentencia no favorable a la fiscalía se lance al ataque amenazando al juez de echarlo preso.

Necesitamos que el nuevo fiscal general, que la Asamblea tendrá que elegir este año, sea una persona más equilibrada, más profesional, y menos mediática que usted. Y sobre todo que sea un profesional de derecho que entienda que el fiscal general no solo tiene la función de acusar, a nombre del Estado, a las personas imputadas de delitos, sino que también (y sobre todo) tiene que ser el garante del Estado de Derecho. Esto incluye garantizar que se aplique el principio constitucional de la presunción de inocencia, así como defender otro principio constitucional: que los jueces puedan aplicar justicia libres de presiones y amenazas.

Deje que la nueva vista pública en el caso tregua se desarrolle sin presiones indebidas de ninguna parte. Deje que se haga justicia, basada en pruebas, y no en campañas mediáticas.

 

Saludos,

 

 

 

 

Vea también la carta en la cual los jueces salvadoreños
denuncian al Fiscal General ante Naciones Unidas
Los jueces penales denuncian al fiscal general Douglas Meléndez

 

Los jueces penales denuncian al fiscal general Douglas Meléndez

Los jueces penales del órgano judicial salvadoreño han reaccionado a las declaraciones del fiscal general Douglas Meléndez, que según ellos atentan contra la independencia de la justicia y los juzgadores. Publicaron un comunicado y mandaron una demanda formal contra el fiscal general al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados. Documentamos ambos documentos.

Segunda Vuelta

 

 

 

 

 

 

 

Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Su silencio es ruidoso. Cada vez que le pusieron un micrófono en frente, ha aprovechado a hablar de su caso estrella: la tregua. Todavía la noche antes de la sentencia, usted apareció en televisión exhortando al juez a “sentenciar según las pruebas presentadas” y no dejarse presionar por nadie. Irónicamente, usted fue el único que se atrevió a presionar al juez. Y luego de la lección que recibió la Fiscalía en la sentencia del “caso tregua”, silencio…

El juez desechó una tras otra todas las pruebas y tesis de sus fiscales –hasta que no quedó viva ni una sola. Lógica conclusión: absolución de todos los 18 acusados por todos los delitos imputados por la Fiscalía con tanta pompa: en la vista pública, en los medios que ustedes abastecieron sistemáticamente con sus acusaciones y teorías de conspiración, en sus propias declaraciones y entrevistas.

Pasó cabal lo que yo le advertí: al toparse con un juez honesto, independiente y docto, la Fiscalía iba a sufrir un descalabro con su caso estrella. Bueno, se toparon con un juez que no se deja intimidar por nadie, tampoco por el poder que usted como Fiscal General reviste. Se toparon con un juez que no se deja impresionar por las estrategias mediáticas que la Fiscalía parece favorecer encima de una investigación sólida.

EDH logUsted tal vez todavía no ha captado bien la lección que el juez dio a la fiscalía. Dudo que sus fiscales tuvieron el valor de transmitirle las duras observaciones y regañadas que le mandó el juez:

  • Afirmó tajantemente que no existió ninguna asociación ilícita entre los imputados, sino que todos ellos actuaron dentro de la estructura y jerarquía del Estado, supeditados a las políticas públicas y los lineamientos emanados por el Ministerio de Justicia.
  • Señaló a la Fiscalía investigaciones y documentaciones inconclusas e incongruentes, sea por incapacidad, por negligencia o por mala fe.
  • Denunció con visible indignación una “gran injusticia” cometida por la Fiscalía al haber incluido en su acusación a los miembros del Consejo Criminológico y del Equipo Técnico, a quienes ustedes acusaron de falsedad ideológica no existente.
  • Concluyó que no existían actos arbitrarios, ni incumplimiento de deberes por parte de ninguno de los servidores públicos imputados: ni del director general de Centros Penales Nelson Rauda, ni del inspector general Anilber Rodríguez, ni de los directores de los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Cojutepeque. La base de esta conclusión del juez: fue el ministro de Justicia y Seguridad que, en responsabilidad solidaria con el Presidente de la República, ordenó modificar y flexibilizar los procedimientos dentro del sistema penitenciario (y también de la PNC) para facilitar la labor de los mediadores.
  • Desechó la acusación central de la Fiscalía: la introducción de objetos ilícitos en los penales, basada únicamente en el testimonio de un exjefe pandillero transformado en testigo de la fiscalía. No le dio ninguna credibilidad, porque sus acusaciones no estaban comprobadas por ningún otro testigo o testimonio ofrecido por la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía se quedó sin caso.

¿Usted tiene conciencia de la gravedad de los señalamientos del juez? Deberían llevarlo a reflexionar sobre el (ab)uso que está haciendo de criminales a quienes ofrece inmunidad.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre la urgencia de superar las deficiencias de las pruebas, en vez de intentar de compensarlas con relatos dudosos de testigos criteriados.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre las fronteras entre cuestionar políticas públicas e intentar de penalizarlas, porque esto desnaturaliza la misión constitucional de la fiscalía y la lleva a promover juicios políticos.

Muchos entendieron mal el mensaje del juez y ahora piden un juicio contra el ministro Munguía Payés. Pero lo que el juez hizo es remitir el “caso tregua” al ámbito donde pertenece: el análisis político de las estrategias de seguridad pública, no el ámbito penal.

Este análisis nunca se hizo en nuestra país: ni de la mano dura, ni de la tregua, ni de la actual política de militarización de la lucha del Estado contra la delincuencia y violencia.

Usted llamó la tregua una “cochinada”, pero esto no es una categoría de análisis digna de un Fiscal General. Un fiscal general que entiende que su misión no es solamente acusar y conseguir condenas, sino garantizar el Estado de Derecho, podría aportar mucho a este análisis. En vez de esto, usted aportó una farsa.

Reflexione, señor fiscal. Saludos.

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Lea también las cartas sobre la vista pública del caso:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 12 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

EDH logNunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de mashomicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga: La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal: Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

 

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.

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Lea también:
Carta sobre el primer día de la vista pública
del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.

Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.

Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.

La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.

Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.

A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.

Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.

Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.

A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.

San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista