caso tregua

Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Su silencio es ruidoso. Cada vez que le pusieron un micrófono en frente, ha aprovechado a hablar de su caso estrella: la tregua. Todavía la noche antes de la sentencia, usted apareció en televisión exhortando al juez a “sentenciar según las pruebas presentadas” y no dejarse presionar por nadie. Irónicamente, usted fue el único que se atrevió a presionar al juez. Y luego de la lección que recibió la Fiscalía en la sentencia del “caso tregua”, silencio…

El juez desechó una tras otra todas las pruebas y tesis de sus fiscales –hasta que no quedó viva ni una sola. Lógica conclusión: absolución de todos los 18 acusados por todos los delitos imputados por la Fiscalía con tanta pompa: en la vista pública, en los medios que ustedes abastecieron sistemáticamente con sus acusaciones y teorías de conspiración, en sus propias declaraciones y entrevistas.

Pasó cabal lo que yo le advertí: al toparse con un juez honesto, independiente y docto, la Fiscalía iba a sufrir un descalabro con su caso estrella. Bueno, se toparon con un juez que no se deja intimidar por nadie, tampoco por el poder que usted como Fiscal General reviste. Se toparon con un juez que no se deja impresionar por las estrategias mediáticas que la Fiscalía parece favorecer encima de una investigación sólida.

EDH logUsted tal vez todavía no ha captado bien la lección que el juez dio a la fiscalía. Dudo que sus fiscales tuvieron el valor de transmitirle las duras observaciones y regañadas que le mandó el juez:

  • Afirmó tajantemente que no existió ninguna asociación ilícita entre los imputados, sino que todos ellos actuaron dentro de la estructura y jerarquía del Estado, supeditados a las políticas públicas y los lineamientos emanados por el Ministerio de Justicia.
  • Señaló a la Fiscalía investigaciones y documentaciones inconclusas e incongruentes, sea por incapacidad, por negligencia o por mala fe.
  • Denunció con visible indignación una “gran injusticia” cometida por la Fiscalía al haber incluido en su acusación a los miembros del Consejo Criminológico y del Equipo Técnico, a quienes ustedes acusaron de falsedad ideológica no existente.
  • Concluyó que no existían actos arbitrarios, ni incumplimiento de deberes por parte de ninguno de los servidores públicos imputados: ni del director general de Centros Penales Nelson Rauda, ni del inspector general Anilber Rodríguez, ni de los directores de los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Cojutepeque. La base de esta conclusión del juez: fue el ministro de Justicia y Seguridad que, en responsabilidad solidaria con el Presidente de la República, ordenó modificar y flexibilizar los procedimientos dentro del sistema penitenciario (y también de la PNC) para facilitar la labor de los mediadores.
  • Desechó la acusación central de la Fiscalía: la introducción de objetos ilícitos en los penales, basada únicamente en el testimonio de un exjefe pandillero transformado en testigo de la fiscalía. No le dio ninguna credibilidad, porque sus acusaciones no estaban comprobadas por ningún otro testigo o testimonio ofrecido por la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía se quedó sin caso.

¿Usted tiene conciencia de la gravedad de los señalamientos del juez? Deberían llevarlo a reflexionar sobre el (ab)uso que está haciendo de criminales a quienes ofrece inmunidad.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre la urgencia de superar las deficiencias de las pruebas, en vez de intentar de compensarlas con relatos dudosos de testigos criteriados.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre las fronteras entre cuestionar políticas públicas e intentar de penalizarlas, porque esto desnaturaliza la misión constitucional de la fiscalía y la lleva a promover juicios políticos.

Muchos entendieron mal el mensaje del juez y ahora piden un juicio contra el ministro Munguía Payés. Pero lo que el juez hizo es remitir el “caso tregua” al ámbito donde pertenece: el análisis político de las estrategias de seguridad pública, no el ámbito penal.

Este análisis nunca se hizo en nuestra país: ni de la mano dura, ni de la tregua, ni de la actual política de militarización de la lucha del Estado contra la delincuencia y violencia.

Usted llamó la tregua una “cochinada”, pero esto no es una categoría de análisis digna de un Fiscal General. Un fiscal general que entiende que su misión no es solamente acusar y conseguir condenas, sino garantizar el Estado de Derecho, podría aportar mucho a este análisis. En vez de esto, usted aportó una farsa.

Reflexione, señor fiscal. Saludos.

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Lea también las cartas sobre la vista pública del caso:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

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Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 12 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

EDH logNunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de mashomicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga: La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal: Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

 

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.

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Lea también:
Carta sobre el primer día de la vista pública
del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.

Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.

Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.

La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.

Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.

A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.

Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.

Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.

A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.

San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista

 

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa. De Paolo Luers

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Monseñor Fabio Colindres testificando en la vista pública del “caso tregua”

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 8 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Al fin llega la hora de la verdad y la justicia. Luego de mucha campaña mediática y política sobre el tema, ayer comenzó ante el tribunal especializado la vista pública en el “caso tregua”.

La Fiscalía General de la República, encabezada por Luis Martínez (ahora preso por fraude procesal) construyó este caso como un juicio político, tratando de penalizar -y así erradicar de una vez por todo del instrumentario político- el diálogo y la mediación como método de enfrentar la violencia que sufre el país. Y el actual fiscal, por más que trató de desmarcarse del EDH loggansterismo de la fiscalía de Luis Martínez, en este caso opera exactamente igual: politizando la justicia, tratando de criminalizar una política pública – y como no logra definir como delito la tregua, la mediación y la decisión del Estado de facilitarlas, simplemente porque no son delitos, apuesta a una condena en el juicio mediático. Jurídicamente, ante el juez, sólo imputa a los acusados de delitos menores: principalmente de haber formado una asociación ilícita para introducir ilícitos a penales.

Arrancó con el desfile de testigos de la fiscalía. Los acusados: el mediador Raúl Mijango y 18 servidores públicos que ejecutaron la decisión del gobierno de Mauricio Funes de masfacilitar la mediación de monseñor Colindres y Raúl Mijango para hacer sostenible el cese de hostilidades entre las pandillas. Luis Martínez y Douglas Meléndez construyeron el caso contra ellos alrededor de 2 testigos principales: el ex director de la PNC, general Francisco Salinas; y monseñor Fabio Colindres (aparte de su estrella: “Nalo”, un dirigente de la pandilla Barrio 18 convertido en testigo criteriado).

Pero ya en el primer día, la fiscalía sufrió un serio revés: Resulta que el general Salinas y monseñor Colindres, ambos llamados por la fiscalía para testificar contra la tregua, la defendieron. Y no sólo la tregua y la mediación como concepto válido y exitoso, defendieron la actuación de Mijango y de Roberto Castillo, el oficial de inteligencia policial asignado por el ministro de Seguridad y el director de la PNC para acompañar y monitorear el proceso de mediación.

Lo más penoso que puede pasar a un fiscal es que sus testigos de cargo se conviertan en testigos a favor de los acusados. Colindres y Salinas testificaron que detrás de la mediación no hubo una asociación ilícita para favorecer a los delincuentes, sino una política oficial del gobierno de reducir la violencia y crear condiciones para la pacificación. Monseñor, citado por la fiscalía para confirmar que Mijango y Castillo introdujeron celulares a los penales, pero en casi dos horas los fiscales no lograron ninguna declaración que sostuviera esta acusación. El general Salinas, llamado para comprobar que el subinspector Castillo actuaba por cuenta propia y en asociación con Mjango, testificó que actuaba bajo el mando suyo y del ministro de Justicia, en una operación de inteligencia montada para monitorear el proceso de la mediación y de la tregua – y precisamente para asegurar que no se cometieran delitos en este contexto. 

Arrancó mal el caso de la fiscalía. Tampoco a los otros tres testigos que presentó este primer día –un miembro del Centro de Inteligencia de la PNC y dos empleados administrativos de la Dirección de Centros Penales- lograron los fiscales arrancar declaraciones que sostienen sus acusaciones.

Un día negro para la fiscalía. Viendo como los tres fiscales interrogaron a sus propios testigos, uno se forma una idea de la reingeniería que el próximo fiscal general tendrá que dar a la Fiscalía General para volverla efectiva. 

El sábado les contaré de los testimonios de otros dos testigos claves: Carlos Eduardo Burgos Nuila alias ‘Nalo’, un jefe de la 18 convertido en testigo criteriado de la fiscalía; y el primer testigo de la Defensa: general David Munguía Payés.

Mientras tanto, no crean todo lo que publicarán los medios sobre el caso. Saludos,

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Dos versiones de mi carta de hoy: Cuando los jueces actúan como fiscales. De Paolo Luers

Paolo Luers, 1 junio 2017 / MAS! y EDH

Miércoles, 1pm: Antes de ir al centro judicial Isidro Menéndez para escuchar la sentencia en el “caso tregua”, programada para ayer a las 2pm, escribí dos versiones de mi crónica.

I. La versión optimista

La fiscalía ganó el “caso tregua” en el juicio mediático paralelo – pero lo perdió en el juicio institucional, donde cuentan las pruebas y los argumentos jurídicos fundamentados. El juicio paralelo lo ganó con el apoyo de medios que no investigan, no analizan, sino escriben lo que piensan que la mayoría quiere escuchar.

Pero hoy la jueza del juzgado especializado B hizo justicia y desechó la acusación de la fiscalía contra 21 servidores públicos y un mediador. Queda claro que en el fondo fue el intento de enjuiciar una política pública. De la misma manera que la FGR intentó enjuiciar, en el “caso CEL-ENEL”, la política pública energética de la administración de Francisco Flores. Y tampoco lo logró. Por que en este caso, los medios no se prestaron a la campaña política del fiscal Luis Martínez y del presidente Funes. No es casualidad que ambos casos fueron montados por los mismos fiscales: Luis Martínez y Julio Arriaza, y tampoco es casualidad ambos se encuentran procesados por fraude procesal.

Por suerte hay algunos jueces que no aceptan estos intentos de judicializar la política y politizar la justicia.

II. La versión pesimista

La fiscalía desde el principio apostó a ganar el “caso tregua” en el juicio mediático, politizado y adelantado, y con esto logró contaminar efectivamente el juicio jurídico. Ante la pre condena mediática, al fin no importaron la falta de pruebas, la ausencia de argumentos jurídicos sólidos, y las erróneas definiciones de los delitos en la acusación fiscal. La jueza hizo lo cómodo: pasar el caso a vista pública y no chocar con la opinión pública.

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El daño no es tanto para los acusados, quienes todavía tienen buenas posibilidades de desmontar las acusaciones en la vista pública, cuando realmente habrá despliegue de pruebas y testigos. El daño es para el sistema judicial, su credibilidad, su independencia y su inmunidad contra presiones de la opinión pública… y de la fiscalía.

En la audiencia se comprobó que la fiscalía llevaba el caso por razones políticas, tratando de penalizar la actuación de servidores públicos en el marco de una política pública. Se comprobó una vez más que los jueces de primera instancia (de paz y de instrucción) están bajo inmensa presión por parte de la opinión pública, los medios, la fiscalía y los poderes políticos. Prefieren pasar las papas calientes a instancias mayores. No se atreven a desechar casos.

En la vista pública, cuando realmente se ponga al examen la validez de las pruebas y de los testimonios de los “testigos criteriados” de la fiscalía, la justicia todavía puede imponerse sobre el vicio de politizar la justicia y de judicializar la política.

——

Miércoles 5pm: Resulta que prevaleció la versión pesimista: La jueza Lucila Fuentes de Paz pasó a 19 de los 22 acusados a vista pública, no sin antes limpiar y ordenarle la plana a los fiscales, agregando argumentos jurídicos que ellos no eran capaces de desarrollar. Sólo dio sobreseimiento definitivo a dos acusados: la sicóloga inexplicablemente involucrada por la FGR, a pesar de que nunca formó parte del Consejo Criminológico que según la FGR cometió falsedad ideológica; y al comisionado de la PNC Oscar Aguilar Hernández, contra el cual definitivamente no existía prueba ninguna. Además dio sobreseimiento provisional al inspector Luis Alonso Aguilar Marín, por la misma razón. Se hizo un pedacito de justicia.

A todos los demás, incluyendo al mediador Raul Mijango, al subinspector Roberto Castillo, al ex director de Centros Penales Nelson Rauda y a los otros funcionarios penitenciarios la jueza los mandó a vista pública, por una sola y triste razón: dio plena credibilidad a los testimonios de los pandilleros criteriados que los implican. Sin ellos, todo el caso se hubiera caído por si solo.

Un día negro para la justicia. Con jueces como Lucila Fuentes de Paz van sobrando los fiscales. La presión de la opinión pública y de la fiscalía se impone a la justicia. Se llama justicia populista.

Saludos,

En vez de carta: Crónica de una acusación arbitraria (2). De Paolo Luers

¿Asociación ilícita?

Paolo Luers, 23 mayo 2017 / EDH y MAS!

Voy a continuar usando este espacio para comentar lo que de otra manera quedaría fuera de la cobertura mediática, la cual se limita a repetir los argumentos de la Fiscalía en el “caso tregua”. Ayer, luego de tres días de escuchar a los fiscales, le tocó argumentar a la defensa. Hablaron los abogados de 12 de los 22 acusados. Hoy concluirán los restantes 10.

Los defensores causaron serios daños estructurales al edificio frágil que había levantado la Fiscalía: la teoría de una “asociación ilícita” entre oficiales de la PNC y de Centro Penales, junto al mediador Raúl Mijango, para fortalecer a las pandillas. Y la FGR alega que en este contexto y para este fin- cometieron delitos como la introducción de ilícitos en los penales. Esta teoría la construyeron el exfiscal Julio Arriaza, ahora prófugo para evadir su juicio por fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso), y el exfiscal general Luis Martínez, preso por el mismo delito. Ellos escribieron el requerimiento fiscal contra los 22 acusados en el “caso tregua” – y su fantasma estuvo presente durante toda la audiencia -.

Los defensores demolieron los fundamentos de este edificio. Botaron la teoría de la “asociación ilícita”, comprobando que los acusados actuaron por órdenes de una “asociación lícita” y oficial: del gabinete de Seguridad del Gobierno.
Además señalaron que la gran mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía es impertinente para los delitos imputados a sus defendidos y, por tanto, inadmisibles. El hecho que se gestionó una tregua: irrelevante, porque no es calificable como delito. El hecho que se trasladaron a los jefes de las pandillas de un penal a otros: irrelevante, porque tampoco constituye delito – y además esta decisión no estaba en manos de ninguno de los 22 imputados, ni siquiera del director de Centros Penales. El hecho que a los penales entraron televisores y comida rápida, es irrelevante, porque la Ley Penitenciaria les garantiza estos derechos a los internos. Todos estos son cargos y “pruebas” que solo tienen relevancia en el juicio paralelo que lleva al Fiscalía: el juicio mediático y político. Pero inadmisibles en el juicio formal ante un tribunal de justicia.

En cambio, los defensores señalaron que en todo el compendioso expediente de acusación no existen pruebas materiales para los delitos concretos que la Fiscalía imputa a cada uno de los 22 ciudadanos. No hay ni un solo “objeto ilícito” decomisado que la FGR pudiera vincular a uno de los imputados, ni siquiera pudo decir en qué lugar y fecha entraron cuáles objetos.

Se cierra el círculo: si no hay delito comprobable, ¿cómo puede la Fiscalía seguir hablando de una “asociación ilícita” para cometer delitos?

En resumen: en el fondo, en vez de acusar a los 22 de delitos concretos, los está acusando de haber implementado una política pública.

Ahora bien, si nuestro sistema judicial acepta el intento de penalizar las políticas públicas, ¿qué pasará con el actual ministro de Seguridad y con el actual director de la PNC, cuyas políticas públicas de Seguridad habrían permitido ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y la muerte de más de 14 mil salvadoreños en los 3 años de su gobierno? ¿Realmente queremos ir a una justicia política?

El jueves les contaré el resultado de esta audiencia. Para mi criterio,
sólo hay una salida: sobreseer a los 22 acusados.
Saludos,

En vez de carta: Comentando un juicio fallido. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 mayo 2017 / MAS! y EDH

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.

En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.

Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 mayo 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.
Saludos,