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Son terroristas. ¿Ahora qué? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

La Sala de lo Constitucional resolvió hace unos días cuatro demandas en contra de distintas disposiciones de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT).

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 31 agosto 2015 / LPG

La Sala declaró inconstitucionales algunas de las disposiciones señaladas, y en otras determinó que no existían los vicios invocados.

Pero lo que más se ha destacado de esta decisión –incluso por la misma Sala– es la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas. Vale la pena decir que el objeto de esos procesos de inconstitucionalidad no era obtener ese tipo de declaratoria. De la relación que se hace en la sentencia sobre las pretensiones de los demandantes no se advierte que estos se hayan referido a las pandillas.

Incluso, si hacemos una revisión histórica, la LECAT no fue impulsada por acontecimientos relacionados con las pandillas. Fue decretada en septiembre de 2006 a partir del asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, hechos que ocurrieron en el marco de una manifestación de carácter político en julio de ese año.

La LECAT establece una definición de “organizaciones terroristas”, pero no concreta un señalamiento sobre grupos en particular que se consideren como tales, de manera que serían los tribunales penales, en el conocimiento de cada caso concreto, quienes atribuirían esa calificación a determinados grupos.

En su decisión, la Sala considera como terroristas a quien incurra en el uso de medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo, a quien afecte bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración, y a quien cause potenciales daños al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.

Y es dentro de esa caracterización, que la Sala es categórica al declarar que las pandillas son organizaciones terroristas. Incluso particulariza, entre ellas, a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.

Tal declaratoria es pronunciada en el contexto del análisis sobre la constitucionalidad de la definición legal de “terrorismo”, de manera que la cita respecto a las pandillas en realidad tiene un carácter ejemplificativo que pudo no haberse incluido por la Sala porque no era ese el objeto del recurso promovido. Ese pronunciamiento ocurre por la mera iniciativa de la Sala.

Ahora bien, el único efecto que se colige de tal declaratoria es que se aplicará –ahora sin cuestionamientos o dudas– la LECAT a los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas; particularmente a los de la Mara Salvatrucha y a las facciones revolucionaria y sureña de la pandilla 18.

Es importante que las autoridades comprendan eso y es necesario que lo trasladen a los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil, y a los miembros de la Fuerza Armada. Esto a fin de que nadie –y menos una autoridad de seguridad o defensa– tergiverse los efectos de tal declaratoria. La decisión de la Sala no puede interpretarse como una patente de corso para aniquilar pandilleros ni para cometer otro tipo de abusos.

Esto es importante porque en los últimos meses se han publicado reportajes periodísticos que señalan indicios de ajusticiamientos y abusos cometidos por las autoridades. Acciones de esa naturaleza escapan de la legalidad y el Estado de Derecho, por lo que, de ocurrir, deberán promoverse investigaciones por parte del inspector general de la PNC, el fiscal general de la República y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Reiteramos que en el CEJ estamos preocupado por la crisis de violencia provocada por las pandillas. Por eso apoyamos que las autoridades adopten medidas enérgicas y represivas para enfrentar a esos grupos ahora declarados terroristas. Pero también nos oponemos vehemente a los abusos de autoridad. No queremos que las instituciones de seguridad y defensa se conviertan en aquello contra lo que combaten, en un grupo delictivo más.

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Funcionarios sin cumplir sentencias de estabilidad laboral de Sala Constitucional

En junio de 2014 los magistrados establecieron una línea jurisprudencial por despidos.

Magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Armando Pineda (presidente), Sidney Blanco, Rodolfo González, miembros del a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. | Foto de Archivo

Magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Armando Pineda (presidente), Sidney Blanco, Rodolfo González, miembros del a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. | Foto de Archivo

, 17 agosto 2015 / EDH

A pesar de que hace más de un año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó al gobierno del presidente, Salvador Sánchez Cerén, a respetar a los trabajadores y a garantizar su estabilidad laboral, decenas de  funcionarios y empleados del sector público han buscado amparo  en el máximo tribunal tras ser  destituidos de manera arbitraria, sin el debido proceso y violentándoles derechos como el de defensa y audiencia, entre otros.

En junio de 2014, la Sala definió, a través de una sentencia, los parámetros que deben  regir para la protección de los empleados públicos frente a despidos, traslados y degradaciones arbitrarios, estableciendo así una clara línea jurisprudencial al respecto.

No obstante, funcionarios de instancias como el Ministerio de Economía o autónomas como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Administración Nacional de Acueductos yAlcantarillados (Anda), entre otras, han sido despedidos sin justificación y su reinstalo ha superado los plazos, a pesar de lasódenes emitidas por la Sala Constitucional en la mayoría de los casos.

Así, el máximo tribunal constitucional estableció  que los funcionarios tienen “constitucionalmente prohibido” separar de sus cargos a empleados sin cumplir con los requisitos que manda la ley. Sin embargo, en la mayoría de casos  se han evidenciado que se ha obviado el debido proceso y no se le da la posibilidad al ciudadano afectado de presentar sus alegatos, violando, según la Sala, el derecho constitucional de igualdad de condiciones laborales y al trabajo.

“Al establecerse que, previo a adoptar cualquier decisión en la que se afecte la estabilidad laboral de un trabajador, debe acreditarse en el caso concreto la concurrencia de elementos que conlleven una causa de destitución y seguirse previamente el procedimiento respectivo, la autoridad demandada tiene constitucionalmente prohibido separar de su cargo a cualquier empleado o funcionario sin cumplir dichos requisitos”, dijo en el fallo.

El tribunal constitucional también estableció que “estos lineamientos” para la estabilidad y derechos de los trabajadores tienen que ser acatados por “todas las autoridades públicas, particularmente las pertenecientes al Órgano Ejecutivo”.

No obstante, hay casos como el del abogado de la Subdirección de Ingeniería y Proyectos de la Anda, David Urquilla, quien acudió a la Sala porque las autoridades de la autónoma se negaron a reincorporarlo a sus labores, luego de haber solicitado un permiso laboral. Incluso la Andapresentó una insólita apelación al recurso de amparo, la cual fue rechazada por los magistrados. Hoy ya fue reinstalado.

Otro caso citado por la Sala es el del ciudadano Reinaldo Baltazar Franco, quien ejercía funciones de técnico en la Universidad de El Salvador, a quien, según el amparo de la Sala, “se le vulneró el derecho de audiencia porque el afectado no pudo pronunciarse, limitándose o privándosele un derecho sin la tramitación del correspondiente juicio”.

El último de los casos es el de un grupo de 29 exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) ha demandado al presidente de la República ante el máximo tribunal por haber sido despedidos sin que se les haya seguido un proceso en el que pudieran defenderse.

Otra de las demandas es la del médica general  Carolina Polanco, que debe de ser reinstalada por el ISSS en su cargo en la clínica comunal del municipio de San Marcos.

Sin embargo, la autónoma aun no cumple con el mandato de la Sala, a pesar de que esta resolvió el 21 de julio.

Por otra parte, es de destacar que la Sala de lo Constitucional deja abierta la posibilidad de que los perjudicados procesen a los funcionarios de las instituciones de donde son despedidos, e incluso, recalca que deben responder o indemnizar  con su patrimonio personal, por los daños y perjuicios causados.

“Los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa, hayan vulnerado derechos constitucionales deberán responder, con su patrimonio y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados”, advierte la sentencia de la Sala de junio de 2014.

En sus últimas resoluciones sobre despidos, donde la Sala ha amparado a los funcionarios y empleados despedidos, las admisiones de las demandas se han fundamentado en presuntas violaciones de “derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral”, establecidos en los artículos 11, 12 y 219 de la Constitución.

Por ello se le recordó, incluso al mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, que “se encuentra facultado para dar los lineamientos o directrices necesarios a fin de que los funcionarios del Órgano Ejecutivo con potestades disciplinarias garanticen los derechos fundamentales”.

Nota relacionada: El ISSS sin reinstalar a doctora pese a orden de la Corte

Sala de lo Constitucional ordena a SIGET respetar derechos de radios y TV

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Sala garantiza libre expresión en el fallo sobre la radio y TV

Así lo reconoce la última sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Magistrados Sidney Blanco, FlorentínMeléndez, Armando Pineda, Belarmino Jaime y Rodolfo González, miembros de la Sala. | Foto por Archivo

Magistrados Sidney Blanco, FlorentínMeléndez, Armando Pineda, Belarmino Jaime y Rodolfo González, miembros de la Sala. | Foto por Archivo

, 31 julio 2015 / EDH

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia garantizó una vez más la libertad de expresión en los medios de comunicación (radial, escrita, televisiva y digital) en su última sentencia, en la que ordenó que se deben mantener las actuales concesiones para las radioemisoras y televisoras de libre recepción y prorrogarse por un plazo de 20 años más.

En dicha sentencia, el máximo tribunal de justicia valoró que “tanto la radio como televisión abierta se constituyen en herramientas al servicio de las libertades, la democracia y el pluralismo, dada la capacidad de penetración de esos medios de comunicación y su incidencia, según sea el uso que se le den a los mismos”.

De acuerdo con la Sala, dado  que en un sistema democrático las libertades de expresión e información tienen como función formar una opinión pública libre y que comprenden el derecho de recibir opiniones y hechos, la apertura a las diversas corrientes de opinión constituyen un requisito, ya que garantizan a los ciudadanos la posibilidad de ponderar opiniones ideológicas diversas e incluso contrapuestas.

Agregan que dicha pluralidad informativa se debe entender “como la existencia de una diversidad de medios independientes y autónomos”.
Ese pluralismo informativo la Sala lo explica como la no existencia de limitación alguna en cuanto a la orientación ideológica de los medios masivos de comunicación social.

Asimismo, implica evitar la concentración de los medios masivos en pocas personas, impidiendo la formación de oligopolios o monopolios de los mismos.

Y es que es a través de la información que brindan los medios de comunicación, explica la Sala, es que las personas adquieren los elementos cognoscitivos necesarios para entender, contextualizar y evaluar el entorno jurídico y político y los hechos de trascendencia e impacto de la comunidad.

La libertad de expresión debe estar garantizada porque los medios de comunicación en su quehacer democrático, permiten la apertura para un foro de debate público, que permite a los ciudadanos dialogar con las autoridades públicas, indican.

También señalaron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la que es indispensable que recojan las más diversas opiniones e informaciones.

Las consideraciones de los magistrados de la Sala sostienen que: mientras mas información tenga una sociedad y entre más diversas sean sus fuentes, en mejor condición se encuentra para evaluar su entorno político y tendrá mayores y mejores oportunidades de participar sustantivamente en la construcción de un sistema democrático.

Otra de las consideraciones que hace la Sala de lo Constitucional, es que uno de los retos de la sociedad democrática es el de procurar el acceso a los medios de comunicación social, evitando que éstos operen sólo como instrumentos de persuasión de consumidores y electores o como vehículos generadores de ganancias para ciertos sectores económicos.

Importancia del derecho de la información

De acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional, la garantía de la libertad de expresión en los medios de comunicación radica en el hecho que a los ciudadanos les resulta imposible acceder, por su propia cuenta, a toda la información que necesita para formarse una opinión completa y veraz.

Es por eso que los operadores de los servicios de radiodifusión de libre recepción radial y televisiva -agencias de prensa, periódicos, periodistas independientes, entre otros- se convierten en los canalizadores, y por lo tanto,  en los principales responsables del libre flujo de ideas y de la formación de una opinión pública libre.

La sala explica en su resolución que el derecho a informar tiene dos dimensiones: el que implica el ejercicio de los derechos de libertades y autonomía, así como la posibilidad de difundir hechos noticiosos sin que se pueda censurar la información.

La otra dimensión a la que se refieren los constitucionalistas es la que ellos denominan “operativa o funcional”, la cual supone las garantías de las condiciones estructurales u operativas necesarias para el ejercicio libre y pleno, sin restricciones.

Ante el acoso a la Sala de lo Constitucional. Editorial de la UCA

Luego del polémico editorial, en el cual la UCA tomó posición institucional contra la utilización de la justicia para fines de venganza política, en el caso CEL-ENEL, la universidad jesuita publica otro editorial en defensa de la institucionalidad democrática y muy crítico al FMLN y su gobierno, analizando el acoso a la Sala de lo Constitucional. (Segunda Vuelta)

UCAEditorial de la UCA, 29 juno 2015 / uca.edu.sv

Algunas de las últimas acciones de la Sala de lo Constitucional, ya sean sentencias en firme o la simple admisión a trámite de algunas demandas, han crispado los ánimos de altos cargos del FMLN, incluyendo al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Las primeras críticas del mandatario hacia la Sala tuvieron lugar el 1 de mayo, durante el acto de celebración del Día del Trabajador. A partir de allí, la maquinaria del partido de izquierda inició una campaña contra cuatro de los magistrados, secundada por un coro de funcionarios, en la que se les acusa de pretender gobernar y, en especial, de dañar al país y al pueblo salvadoreño con sus actuaciones.

Las sentencias de la Sala que más contrarían al FMLN son fundamentalmente de tres tipos. En primer lugar, las que tienen que ver con los impuestos, es decir, aquellas relacionadas directamente con la disminución de ingresos para el erario nacional. Estas son las que han afectado al Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), al impuesto especial sobre las llamadas telefónicas por celular y la eliminación del tributo mínimo del 1% sobre los ingresos de las empresas. La lectura que la administración de Sánchez Cerén y el FMLN hacen de estas sentencias es que la Sala pretende limitar los recursos del Estado y negarle así al Gobierno los fondos que necesita para llevar adelante sus planes en beneficio de la población.

El segundo tipo de sentencias que se adversan son las referidas al tema electoral; entre ellas, la prohibición de que los funcionarios participen en las campañas electorales de sus partidos, la incorporación del voto por rostro y del voto cruzado, y la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En este caso, la lectura del Frente es que la Sala busca restarle poder, debilitar a los partidos políticos y beneficiar a Arena. Y el tercer tipo es el de aquellas que le impiden a la Asamblea Legislativa actuar inconstitucionalmente. Entre estas están las sentencias que obligan a despartidizar las instituciones del Estado dirigidas por funcionarios electos por los diputados, como la Corte de Cuentas, las procuradurías General de la República y para la Defensa de Derechos Humanos, y las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Son sentencias que afectan los intereses de los partidos, pues ya no pueden colocar a sus militantes en estas instituciones y así pierden poder de influencia sobre ellas. Es por ello que se afirma que van en contra del sistema de partidos y del derecho de todo ciudadano a la militancia política. Por su lado, la Asamblea se siente ofendida por la Sala porque ha estado acostumbrada a actuar soberanamente; le cuesta aceptar que sus actuaciones sean controladas por otro órgano estatal y ese control lo percibe como una intromisión en la independencia de los poderes del Estado.

En el afán de criticar a la Sala de lo Constitucional, se cargan las tintas y se acusa a los magistrados de la Sala de ser responsables del atraso en la obtención de los resultados electorales, de que el Gobierno no tenga los fondos necesarios para continuar los programas sociales, abastecer de medicinas a los hospitales, luchar contra la delincuencia… Acusar con mentiras o medias verdades supone mala intención y falta de ética, y eso no deben permitírselo quienes ocupan los más altos cargos de la nación. Desde el 1 de mayo hasta la fecha, las críticas y desacreditaciones dirigidas a cuatro de los magistrados de la Sala han llegado a niveles inimaginables. Tanto por el tono e insistencia como por la cantidad de funcionarios que han levantado la voz contra ellos, cabe hablar de que existe una campaña de acoso. Esto, por un lado, pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y, por otro, es una afrenta a la democracia y al debido respeto entre los órganos estatales. La democracia no es solo aceptar las decisiones judiciales, supone también respetar al juez que las dicta.

Este acoso tiene un claro objetivo: desacreditar ante la población a la Sala de lo Constitucional y a sus magistrados, y así presionarlos de tal modo que dejen de emitir sentencias que afecten el statu quo. Es evidente que la acusación más fácil de hacer desde el FMLN, y a la vez la más burda, es que los cuatro magistrados están trabajando bajo los lineamientos de Arena, que son parte de la estrategia de ese partido para impedir el éxito del actual Gobierno y así recuperar el poder en la próxima elección presidencial. Por su parte, Arena le ha hecho un mal favor a la Sala de lo Constitucional al aplaudir las sentencias que contrarían a su adversario y al tratar de sacar ventaja de la actitud hostil del FMLN hacia la instancia. Con ello ha dado pie a que algunos piensen que puede ser cierto que la Sala sigue las directrices de la derecha.

En este marco, los ánimos se han terminado de enardecer a raíz de la decisión de la Sala de aceptar una demanda contra la emisión de deuda pública por 900 millones, por las irregularidades que se dieron en el proceso de aprobación correspondiente en la Asamblea. En los reproches que se le hacen a la Sala a este respecto, se ponen las necesidades del país por encima de los reglamentos e incluso del cumplimiento de la ley. Si se está a favor de la democracia, si se quiere a El Salvador y si no se desea añadir conflictos innecesarios a los ya de por sí graves problemas nacionales, es el momento de parar este asunto, de dejar de acosar a la Sala de lo Constitucional y de evitar sacar réditos políticos de la cuestión. La Sala tiene una misión: defender la Constitución y los derechos y deberes de los ciudadanos que en ella están plasmados. Y debe hacerlo en estricto apego a principios jurídicos, cuidando de no cometer errores ni dejarse llevar por sus propias posiciones políticas. Es normal que se den sentencias que disgusten o contraríen al Gobierno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos o ciertos sectores de la ciudadanía. Pero ello no debe impedir que se mantenga un trato respetuoso entre unos y otros. Es hora de que se abandone la lógica de la crispación y de que cada órgano del Estado haga su trabajo lo mejor posible, fiel a su misión. El país no está para seguirse desgastando en apagar fuegos fatuos.

El Ring de Hoy: ¿Se ha extralimitado la Sala de lo Constitucional en sus atribuciones? De Luis Figueroa y Erika Saldaña

ring¿Se ha extralimitado la Sala de lo Constitucional en sus atribuciones?

Sí se ha extralimitado. De Luis Figueroa

El artículo 183 de la Constitución de la República establece que la Sala de lo Constitucional será el único Tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio. De ahí que, la Sala sea un Tribunal de cierre y el máximo intérprete de la Constitución.

Es necesario aclarar que lo anterior, en ningún momento excluye que sus resoluciones no puedan ser discutidas o criticadas por cualquier persona e inclusive, que las mismas no estén erradas, la infalibilidad no es una característica de ningún ente. Resulta lastimoso además, que cuando alguien expresa desacuerdo con sus resoluciones, esto se interprete como “ataque” pues el debate es necesario para fortalecer la democracia misma.

Dicho lo anterior, sostengo que la Sala no solo ha sobreestimado sus propias atribuciones, sino que además se ha apartado de la realidad, con ejemplos como sus resoluciones respecto del sistema electoral, en las que desatendió considerar los recursos y el tiempo a disposición de las instituciones para cumplirlas.

La Sala en sus Sentencias 7-2011, 49-2011, 77-2013/97-2013 y 122-2014, estableció que es incompatible el ejercicio de un cargo con atribuciones de control con estar afiliado o poseer vínculos materiales con algún partido político, lo anterior debido a que, según ellos: “el riesgo de la pérdida de independencia se intensifica cuando se enjuicia un acto de una autoridad que pertenece al mismo partido político al que está afiliado el juzgador, o al de un adversario político.”

Estas sentencias adquieren especial relevancia en estos momentos en que la Asamblea Legislativa está en proceso de elecciones de Magistraturas a la Corte Suprema de Justicia. De las sentencias se percibe la una descalificación de los ciudadanos por su calidad de afiliado y no por un hecho concreto en el cual haya comprometido su independencia e imparcialidad. Lo anterior significaría, si de materia penal estuviéramos hablando, que una persona sería culpable por la forma en que viste y no por haber cometido un hecho delictivo.

El mismo sistema tiene diseñado mecanismos para posibilitar la imparcialidad e independencia, tales como la figura de la excusa, donde el juzgador acepta que un caso puede generarle conflicto de interés y por su propia voluntad decide apartarse de seguir conociéndolo; y, la recusación, que es cuando una parte considera que el juez puede tener interés en el proceso y por ende su imparcialidad está en duda; ambas reguladas en el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles y que puede incluso aplicarse supletoriamente a los procesos constitucionales.

En ese sentido, ¿Por qué inhabilitar el acceso a cargos públicos de una persona que está afiliada o tiene vínculos con un partido político, si puede ser apartada de procesos específicos? También cabe recordar que existen mecanismos a posteriori que pueden garantizar que, en caso la persona no desarrolle de manera imparcial e independiente su trabajo, sea sancionada, para ello están la Sección de Investigación Judicial, Probidad, Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República.

Termino con otra muestra de por qué deben analizarse con mayor detalle las resoluciones de la Sala y no aceptarlas como dogmas de fe, en la Inc. 77-2013/97-2013, en el párrafo cuarto de la página 23 dice lo siguiente: “En tal sentido, el art. 26 de la citada ley expresa que: el ejercicio de un cargo de la carrera judicial es incompatible con la participación en política partidista…” Sin embargo, omite lo que sigue en el artículo: “…esto es, pertenecer a cuadros de dirección o ser representante de partidos políticos o realizar actividad proselitista”.

 

No se ha extralimitado. De Erika Saldaña

La polémica sobre el alcance de las decisiones de un Tribunal, Corte o Sala de lo Constitucional tiene sus orígenes hace más de 200 años, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó la competencia de los tribunales para verificar la constitucionalidad de las leyes emitidas por los representantes del pueblo y anularlas en caso de ir contra la ley suprema. En los últimos años se han alzado voces alegando que muchas de las decisiones de la Sala de lo Constitucional han extralimitado sus facultades; ¿Es válido que la Sala ordene hacer o no hacer algo a los órganos del Estado y darles lineamientos a cumplir? ¿Puede la Sala imponer plazos para que se acaten sus decisiones o dar seguimiento a sus sentencias para verificar que sean respetadas?

Además de la separación de poderes, uno de los aspectos fundamentales de un Estado Constitucional de Derecho es la existencia de una jurisdicción constitucional que asegure el ejercicio equilibrado del poder, controlando las facultades y límites de las diversas instituciones del Estado. Esto es así por dos motivos fundamentales: en primer lugar, no pueden existir “zonas exentas de control” que den lugar al desconocimiento de la Constitución por parte de las autoridades que se consideren que no están sujetas de vigilancia. Por otra parte, existe la posibilidad (no lejana) que los legisladores democráticamente electos subordinen los criterios jurídicos a sus objetivos políticos en la configuración de las leyes o nombramientos de funcionarios.

Con base en la potestad que le otorgan los artículos 174 y 183 de la Constitución, y atendiendo a su labor de intérprete último (aunque no único) de la Constitución, la Sala ha emitido sentencias que han sacudido e incomodado el ámbito político salvadoreño, tales como el cambio radical del sistema electoral, la inconstitucionalidad del nombramiento de varios funcionarios públicos, el recuento de votos y la medida de suspender la toma de posesión de 24 diputados; ha ordenado legislar a la Asamblea en temas como pensiones, indemnización por renuncia, democracia interna de partidos políticos, etc.

Por otra parte, los seguimientos de sentencias y plazos para que éstas sean cumplidas es conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Constitución, que faculta a todos los tribunales del país a “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, es decir, verificar que se cumplan sus propias resoluciones. Además, diversas medidas adoptadas a través de la integración de leyes responden a la insuficiencia de una Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960, la cual no es capaz de resolver los problemas actuales que se presentan ante la jurisdicción constitucional.

Los tribunales constitucionales de otros países han ejercido sus facultades de una forma similar a la Sala salvadoreña; la Corte Suprema de los EUA otorgó la presidencia del país a Bush frente a Gore; la Corte Constitucional colombiana ha emitido cientos de resoluciones de seguimiento de sentencia en el estado de cosas inconstitucional de las poblaciones desplazadas y prohibió la reelección de Álvaro Uribe para un tercer mandato; la Corte Constitucional de Guatemala declaró inconstitucionales de oficio las normas por las que Serrano Elías promovió un autogolpe de Estado. Estos solo son algunos ejemplos de las labores de las jurisdicciones constitucionales alrededor del mundo.

El papel de los tribunales constitucionales en la democracia ha cambiado en los últimos años. Ellos ya no se limitan a la vieja concepción de ser el “legislador negativo” que anula leyes, sino que tienen un rol más activo en la creación de jurisprudencia, defensa de derechos constitucionales y control del poder político. Considerando lo anterior, la Sala de lo Constitucional no se ha extralimitado en sus labores, simplemente ha asumido el rol que le corresponde en una democracia constitucional.

FMLN pide a cancillería intervenir por apoyos a Sala Constitucional

Esta es la segunda vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores es llamado para defender la postura del partido en el Gobierno.

Apocalípticos”. Medardo González calificó de “apocalípticos” los “relatos” que hicieron los magistrados salvadoreños en el encuentro en Costa Rica, con la finalidad de recibir los apoyos de diversos países.

Apocalípticos”. Medardo González calificó de “apocalípticos” los “relatos” que hicieron los magistrados salvadoreños en el encuentro en Costa Rica, con la finalidad de recibir los apoyos de diversos países.

Fernando Romero, 30 junio 2015 / LPG

Las muestras de apoyo de magistrados de cortes supremas de otros países que recibieron la semana pasada los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador por los ataques políticos de los que están siendo víctimas por parte de funcionarios del Órgano Ejecutivo, de diputados del partido en el Gobierno y del mismo partido FMLN fueron rechazadas ayer por el secretario general efemelenista, Medardo González, quien cree que estos respaldos son producto de “percepciones tergiversadas” que han difundido estos funcionarios extranjeros.

“El desconocimiento de algunos organismos en el exterior para difundir percepciones tergiversadas de nuestra realidad, y se pinta de manera simplista lo que estamos viviendo en el país”, comentó González, quien también es diputado y designado a la Presidencia de la República, en la entrevista “De frente”, de Radio Maya Visión. Ante ese comunicado de apoyo de parte de los homólogos de los magistrados de lo Constitucional, González advirtió que “sugerirán” a la cancillería de la República que entregue información adicional a quienes suscribieron ese documento para que puedan tener más de una versión sobre lo que sucede en El Salvador.

El secretario general efemelenista calificó de “apocalípticos” los “relatos” que hicieron los magistrados salvadoreños en el encuentro en Costa Rica con la finalidad de recibir los apoyos, e incluso señaló que los funcionarios judiciales extranjeros “compraron” las interpretaciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Esta no sería la primera vez que un funcionario del FMLN pide a la cancillería su intervención en el caso específico de la Sala de lo Constitucional. González anunció hace unas semanas que también al canciller de la República, Hugo Martínez, se le había pedido que interviniera, vía diplomática, sobre las declaraciones que hizo el embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, quien ha pedido que cesen los ataques contra la sala y sus magistrados.

Los magistrados que firmaron el comunicado en total apoyo a la Sala de lo Constitucional la semana pasada son Laurence Burgorgue-Larsen, presidenta del Tribunal Constitucional de Andorra; Luis Guillermo Pérez, de la Corte Constitucional de Colombia; Danilo Rojas Betancourth, magistrado del Consejo de Estado de Colombia; Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala; Eloy Espinosa-Saldana, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú; Gilbert Armijo Sancho, presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica; Germán Vicente García, vicepresidente de la Sala Constitucional de Honduras; y Gladys Bareiro, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

Vea también:
Comunicado: Magistrados de Tribunales Constitucionales de América Latina
expresan su apoyo a la Sala de lo Constitucional de El Salvador

Embajador alemán irrespeta al Presidente Sánchez Cerén: Medardo González
El Salvador y Alemania: una sólida amistad en acción. De Heinrich Haupt

Comunicado: Magistrados de Tribunales Constitucionales de América Latina expresan su apoyo a la Sala de lo Constitucional de El Salvador

En una reunión celebrada el 20 de junio 2015 en San José/Costa Rica, representantes de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, así como expertos constitucionalistas de varios países de America Latina expresaron su apoyo a la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Reproducimos el comunicado. (SV)

Presidentes y magistrados de tribunales constitucionales reunidos en Costa Rica

Presidentes y magistrados de tribunales constitucionales reunidos en Costa Rica

Los Magistrados de los Tribunales y Salas Constitucionales, y los expertos Constitucionalistas, reunidos en el XXI Encuentro anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales Constitucionales de América Latina:

  • Expresamos nuestra preocupación por los ataques públicos de los que hemos tenido conocimiento, que están siendo objeto los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la República de El Salvador, por ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y la defensa de los derechos constitucionales, al que están facultados según la Constitución de la República.
  • Expresamos nuestro apoyo a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, y les exhortamos a seguir haciendo prevalecer la defensa del Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales.
  • Exhortamos a las autoridades salvadoreñas a respetar la independencia judicial y las competencias constitucionales del Tribunal Constitucional Salvadoreño, y les hacemos un llamado a garantizar la seguridad personal de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional.

San José, Costa Rica, 20 de junio 2015.

Laurence Burgorgue-Larsen (Francia), Presidenta
 Tribunal Constitucional de Andorra.

Luis Guillermo Guerrero Pérez, Magistrado
 Corte Constitucional de Colombia.

Danilo Rojas Betancourth, Magistrado
 Consejo de Estado de Colombia.

Gloria Porras, Presidenta
 Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Eloy Espinosa-Saldaña, Magistrado
 Tribunal Constitucional del Perú.

Gilbert Armijo Sancho, Presidente 
Sala Constitucional de Costa Rica.

Germán Vicente García, Vicepresidente 
Sala Constitucional de Honduras.

Lidia Estela Cardona, Magistrada 
Sala Constitucional de Honduras.

Gladys Bareiro, Ministra
 Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

Expertos Constitucionalistas

Néstor Pedro Sagües (Argentina), Víctor Bazán (Argentina)
, José Antonio Rivera (Bolivia), Leonardo Martíns (Brasil), Claudio Nash (Chile), Aylín Ordónez Reyna (Guatemala), Luis Fernando Pérez (México), Martín Risso (Uruguay), 
Jesús María Casal (Venezuela).