El Faro

Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.

Cuando la Policía mata a la familia de un policía. Daniel Valencia Caravantes

La guerra del gobierno contra las pandillas tocó el 30 de junio de 2015 a un agente de la Policía Nacional Civil: minutos después de la muerte de “dos pandilleros” en presunto enfrentamiento, el agente llegó al lugar y al ver la escena se convenció de que sus parientes acababan de ser ejecutados por sus compañeros de uniforme. A sus cuestionamientos se suman los de los testigos, las inconsistencias entre informes de la Policía y una investigación de la Procuraduría .para la Defensa de los Derechos Humanos que ya habla de otro caso de “ejecuciones extralegales”.

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

Daniel Valencia Caravantes, 20 marzo 2017 / EL FARO

Dos días después de que la Policía había matado a su hermana y a su cuñado, el agente Antonio Hernández ingresó al caserío San Felipe, montado en su motocicleta negra. A lo lejos, sobre la calle principal, un compañero uniformado lo esperaba con la mano derecha levantada. Era la mañana del jueves 2 de julio de 2015, y en esa zona a escasos cuatro kilómetros de la costa hacía mucho calor, pero lo que quemaba por dentro a Antonio Hernández era otra llama. Le enfureció tener que obedecer al retén que le ordenaba alto, sobre todo al advertir que, de pie junto al carro policial, estaba Nicanor Calderón, el oficial responsable del operativo que acabó con la muerte de su hermana y su cuñado.

Luego de un breve intercambio en el que Antonio Hernández se negó a entregar los documentos de su motocicleta, el compañero uniformado le reclamó:

—¡Ah! ¿Y bravo?

—¡Bravo! —asintió Antonio—. ¿Vas a creer que voy a estar contento con lo que la Policía hizo?

El compañero le preguntó por qué decía eso y Antonio se soltó:

—¿Y vos a quién creés que han matado ahí? ¡A mi hermana han matado! —le reclamó, y luego se preocupó porque quedara claro que aludía al oficial parado junto al carro policial—. ¿Creés que ese va a ser un buen oficial, con los procedimientos que anda haciendo?

El compañero amagó una pregunta, pero Antonio ya estaba hablándole a Nicanor:

—¿Me va a decir qué clase de pandilleros son los que ha matado aquí? ¡A mi familia es a la que ha matado usted!

—¡Calmate! —intervino el compañero—. Vos no sabés cómo han sido las cosas.

Pero Antonio sí sabía cómo habían sido las cosas. Entonces el compañero intentó inocularle una duda sobre su hermana. Una versión que la Policía había divulgado dos noches atrás, cuando agentes policiales mataron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía. Según esa versión, la hermana de Antonio, armada con una pistola de balines, había iniciado junto con su esposo un enfrentamiento con los policías. Producto de ese “enfrentamiento”, ella murió con ocho balazos, todos en la parte trasera del cuerpo, y él recibió 29. Según esa versión, los esposos Mejía Hernández eran pandilleros.

—Quizá vos no sabías en qué andaba. Tenía una pistola —le dijo el compañero.

—Esa pistola se la pusieron –respondió Antonio, seguro de sus palabras. Las palabras de alguien que había llegado al lugar donde yacían las víctimas momentos después de las muertes y que, con su ojo experto de policía, estaba seguro de ver una escena de crimen alterada, un montaje.

Su compañero ni lo contradijo. En cambio, pronunció unas palabras que a Antonio le sonaron a amenaza.

—No, pues sí, ¿pero eso qué tiene? Hasta vos te podés morir —le dijo.

En ese momento, Antonio Hernández se tocó con la mano derecha la pistola que portaba en el cinto, debajo de la camisa, y respondió:

—No. Es que no es que me voy a morir: nos podemos matar —le corrigió—. ¿Vos creés que ando contento ahorita?

La ejecución de San Felipe

Un año y cuatro meses después de sus muertes, en la casa de Saidra y Óscar el tiempo pareciera haberse congelado. En la pared, junto a un rosario de madera, la última fecha que marca un viejo calendario es el día en el que fueron acribillados por aquellos que juraron protegerlos: 30 de junio de 2015. En una puerta contigua, los esposos Mejía habían pegado una calcomanía con un número de emergencias de la Policía. En el país que ese año se convirtió en el más violento del mundo, no estaba de más prever la posibilidad de que un día se requiriera en casa la presencia policial.

Una densa capa de polvo sobre los muebles, las camas y los adornos, habla de la ausencia de vida en un lugar en el que alguna vez sonrió una familia con dos hijos. Por todas partes hay impactos de bala: en las paredes, en las puertas, en las ventanas cubiertas con lámina metálica… En otra pared cuelga un diploma de la Fuerza Naval a nombre de Óscar Mejía, un subsargento de la marina. Óscar sirvió al Estado desde principios de los 80. Empezó en la Policía Nacional, uno de los desaparecidos cuerpos de seguridad. En el 84, en plena guerra civil, ingresó a la Fuerza Naval, y en el 89 fue herido en una pierna. Desde entonces cojeaba. Fue dado de baja en el 91. En la milicia no reportó mala conducta. En su trabajo, desde 2011, tampoco. En 2014 el alcalde de El Rosario y la gobernadora departamental de La Paz hablaron bien de él.

Óscar tenía 48 años al morir y trabajaba de vigilante privado. Saidra, su esposa, tenía 39 y era “una vecina amable que no se metía con nadie”, dedicada a sus dos hijos y empleada de maquila en la zona franca El Pedregal. De cariño, sus vecinos y familiares le decían “La Chele”. “Saidra era una mujer muy sencilla y Óscar era una persona honrada, muy respetuosa que no se metía con nadie”, dice Fredy Rivera, párroco desde 2007 de San José Las Isletas, iglesia que rige ese sector de San Pedro Masahuat. “Era una pareja de esposos tranquilísima. Eran cristianos activos en su fe. Iban a grupos de oración una vez a la semana. Acudían a sus sacramentos cada domingo”, añade Rivera.

—¿Eran mareros, como dice la Policía?

—Fue un acto de imprudencia haberles disparado de una sola vez sin saber quiénes eran ellos. Fue una injusticia –sentencia el párroco.

—¿Por qué cree que los mataron?

—Ellos murieron porque los policías pensaron que los muchachos a quienes andaban buscando se fueron a refugiar a su casa.

Sobre el destino de los Mejía, la Policía sostiene que murieron porque dispararon contra una patrulla del servicio de emergencias 911, de la que formaba parte la agente Ana Deysi Cabrera, quien murió en el “enfrentamiento”. Pero Antonio y una docena de testigos dicen tener razones de sobra para sostener que se trata de otro mal procedimiento policial que terminó en la muerte de los dos vecinos de San Felipe. Los testigos e información oficial de la Policía Nacional Civil también permiten ubicar a la agente Ana Deysi Cabrera en un lugar distinto a aquel en el que tenía que encontrarse para que pudiera dispararle alguien desde el terreno de los Mejía. Según la información oficial, el disparo que inició el presunto enfrentamiento no viajó en línea recta hacia la agente, sino que tuvo que hacer al menos un par de giros en el aire para poder impactarle en el pecho. Un disparo que desafía las leyes de la física. Además, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que el subinspector Nicanor Calderón participó en la alteración de las escenas y que la muerte de los Mejía es un caso más de ejecuciones extralegales.

***

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, la agente Deysi Cabrera, de 40 años, ya había sido asesinada frente a la casa contigua. Cayó a unos pasos de un callejón en el que no cabrían, lado a lado, tres personas juntas. Fue la segunda mujer policía asesinada en 2015, y fue la baja número 33 de un total de 69 reportadas ese año. Deysi no vestía chaleco antibalas y recibió un disparo que entró por el pecho derecho, rompió la cuarta costilla derecha, laceró el pulmón derecho, el corazón, atravesó el pulmón izquierdo, rompió una costilla izquierda y salió por la espalda. Un solo disparo que fue fulminante.

Sobre el asesinato de la agente Deysi Cabrera hay que decir que tres testigos la ubican en un lugar completamente alejado de Óscar Mejía cuando recibió el disparo que la mató, y que los testimonios de testigos, de policías e investigadores que conocieron del caso, documentos de la Policía y de la Fiscalía, fotografías tomadas un día después del crimen, levantamientos oficiales de escena y autopsias, ubican a Óscar y Saidra en lugares desde los cuales habría sido imposible disparar a Deysi Cabrera. Lo mismo concluye la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un informe que data de enero de 2016 y que no ha salido a la luz pública. Según la PDDH, la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi “al parecer fue inventada” por el jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón: “Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte”.

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, Saidra iba a prepararle la cena a Óscar. En el terreno de los Mejía hay dos pequeños cuartos y un jardín. El del fondo es el dormitorio y el ubicado frente a la calle es una cocina, a la que se accede desde la vía atravesado un falso hecho con trozos de madera y alambre de púas. Entre las 7 y las 7:30 de la noche se escucharon los primeros disparos de una larga balacera. Impactaron en la cocina, donde estaba Saidra. Hasta ella llegaron también unos gritos:

—¡¿Dónde están los mareros?! —preguntaban los policías.

—Aquí no hay mareros —respondía ella—. No me vayan a matar.

Saidra lloraba.

—No me vayan a hacer nada —repetía, cuando ya había sido sometida—. ¡Salí, Óscar! ¡Salí, hombre! —pedía a su esposo.

Hasta el momento de la irrupción policial Óscar descansaba en el dormitorio, donde oía música. Sus vecinos y familiares dicen que era medio sordo de un oído. Pasaron los segundos y Saidra seguía llorando, y las últimas palabras que le escucharon decir sus vecinos eran para abogar por su esposo:

—¡Dejen a mi esposito! ¡Dejen a mi esposito!

“De ahí se escuchó un balazo y ya no escuchamos la voz de ella”, dice un testigo de oídas.

La Policía recogió 174 casquillos de diferentes calibres percutidos en esa primera escena, y la inmensa mayoría fueron recogidos en aquellos lugares desde donde dispararon los policías. Los policías dispararon a todo lo que se moviera. Los Mejía tenían una perrita, Kitty, de pelos blancos, mitad cocker spaniel, mitad chihuahua. Kitty ladraba en medio de la balacera, hasta que dejó de hacerlo. Los investigadores la encontraron y documentaron esto: “Cinco casquillos de arma de fuego que en sus bases se lee PSD95 recolectados sobre el suelo contiguo a un perro“.

***

176 días antes de que mataran a los esposos Mejía, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que su gobierno no iba a considerar ninguna posibilidad de utilizar como estrategia de reducción de homicidios una tregua con las principales pandillas, al estilo de como lo había hecho el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. 151 días antes, el entonces director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, había enviado a los agentes el mensaje de que siempre que disparasen en cumplimiento del deber, nadie los investigaría internamente; 96 días antes, agentes del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, en La Libertad; 78 días antes, en abril, el presidente dio una especie de parte de guerra: detalló que 140 de los 481 homicidios registrados en marzo correspondían a “pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates con la Policía”. 32 días antes, dos organizaciones denunciaron malos tratos, intimidación y amenazas por parte de la Policía contra jóvenes entre 12 y 29 años en tres municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Y entonces, la guerra contra las pandillas llegó la noche del 30 de junio a San Felipe, y los esposos Mejía murieron en uno de esos “enfrentamientos” en el que particulares se convierten en pandilleros.

Un segundo testigo de San Felipe recuerda cómo Óscar, segundos antes de ser baleado, gritaba: “¡Yo no soy delincuente! ¡Yo he sido policía! Él quería decirles que había sido policía, pero de nada le sirvió”.

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Óscar era un exmilitar que sabía usar armas y que, en enero de 2015, gracias a la ayuda de un familiar, pudo comprar una Smith & Wesson. Tenía los papeles en regla y era su herramienta de trabajo. Óscar ganaba el mínimo en la agencia de seguridad privada Acosevprog, de R.L., pero que usara su propia arma le significaba un bono extra de 10 dólares mensuales. Un carné emitido por la Academia Nacional de Seguridad Pública le acreditaba como vigilante privado.

Un tercer testigo recuerda que Óscar parecía estar ya sometido ante los agentes en los últimos segundos de vida. “¡Auxilio! ¡Auxilio! Hasta acá se escuchaba cómo gritaba”, dice. “Pero siempre le disparaban”.

Óscar no tenía antecedentes policiales. En 2015, Hacienda había contratado a Acosevprog por 2.8 millones de dólares para vigilar la zona franca El Pedregal, donde Óscar era responsable de registrar ingresos y salidas de mercadería. Óscar tenía una buena imagen ante su empresa. “Le gustaba hacernos reír, pero nada de chistes vulgares. Era sano, se comportaba como un señor respetuoso, acorde a su edad, nada que ver con un pandillero”, dice uno de sus compañeros, para rechazar la historia oficial de la Policía.

“¡Ay, auxilio!, gritaba Óscar, cuando ya lo habían jodido”, dice otro testigo de aquella noche. Malherido y viéndose acorralado, Óscar pedía ayuda, pero al percibir que quienes le seguían disparando se acercaban más y más, salió por un baño con puerta al patio, donde dejó un charco de sangre. Brincó el cerco de láminas de metal, donde dejó más sangre, y desangrándose caminó unos pasos hacia la casa de Antonio, su cuñado el policía. Los testigos siguieron de oído el operativo. “¡Aquí va el rastro de sangre!”, gritó un agente. “Tengan cuidado. ¡Ya lo tenemos!”

“¡Dice Óscar que han matado a La Chele!”

Cuando Óscar Mejía llegó a la casa de Antonio Hernández, su cuñado, este se encontraba patrullando en la hacienda Amatecampo, cerca de la playa, a unos 20 minutos en vehículo. En la casa solo estaban su esposa y sus hijos, quienes se habían encerrado al escuchar la balacera. La esposa de Antonio se sorprendió al ver llegar a Óscar destrozado por dentro y por fuera.

—¡Auxilio! Me mataron —alcanzó a decirle.

—No, Óscar, estás vivo —le respondió ella, que lo vio sangrante y reparó en que, aunque Óscar era diestro, sostenía su pistola con la mano izquierda y temblaba.

 —Nos confundieron. La Chele está muerta. Ya no ando balas —le dijo—. Se me acabaron.

Óscar parecía tener intacta su cara, pero su mano derecha estaba deshecha y el brazo derecho tenía una gran lesión con hueso expuesto. Cuando la esposa de Antonio lo abrazó para sostenerlo, sintió que su mano izquierda se hundía en el torso de Óscar. “Tenía perforaciones, no era piel normal. Sentí aguado. No había estabilidad de carne”, recuerda.

—¿Qué expresión tenía Óscar?

 —De dolor y de angustia. Prácticamente él llevaba ya la muerte. Aunque así hubiera quedado, él iba a morir. ¡Si iba completamente deshecho!

Lo soltó para hacer una llamada telefónica a su esposo: “¡Antonio, dice Óscar que han matado a La Chele!”, le dijo, y vio que Óscar se marchaba. Intentó detenerlo y caminó unos pasos tras él, pero Óscar se negó: “Si me quedo, los matan”. Ambos vieron unos lamparazos que se acercaban desde detrás de la casa. “Regresate que te van a matar… ¡ahí vienen!”, gritó Óscar. Con miedo, ella entró de nuevo a su casa y se encerró, pero tuvo que reabrir la puerta de inmediato. “No me la vayan a botar, con mucho gusto se las voy a abrir”, imploró a los policías. Abrió y un policía enmascarado se lanzó contra ella y la entrampó contra una mesa mientras le apuntaba a la cara con un arma larga.

—¡¿Adónde está ese maldito?! ¡¿Por qué lo defendés?! —le preguntó. Mientras, otros encapuchados le desarmaban la casa, y uno golpeaba a su hija adolescente en la cabeza al lanzarla contra la pared.

—¡Él no es ningún maldito! —respondió. Él es Óscar, es cuñado de mi marido y mi marido es policía…

Aquellas últimas palabras hechizaron a los encapuchados que, sorprendidos, se miraron los unos a los otros. El hechizo provocó que la dejaran en paz, pero antes de marcharse le preguntaron hacia dónde se había dirigido Óscar. Ella les señaló la ruta y les pidió que la dejaran acompañarlos. Quería proteger a Óscar, pero no se lo permitieron.

Antonio, alertado sobre el tiroteo, aceleró el carro policial que conducía acompañado por otros tres agentes. Por la radio de la Policía escuchó a aquellos que perseguían a un fugitivo. “¡Aquí va!”, oía que se comunicaban. “¡Aquí se ha metido! ¡Aquí va el rasto de sangre!”, añadían. Finalmente: “¡Hey, aquí está acostado!”, alertó uno, y Antonio alcanzó a escuchar “la gran disparazón”.

La esposa de Antonio y todo San Felipe también escucharon aquella última ráfaga.

En la mañana, los investigadores de la Dirección Central de Investigación firmaron un parte policial en el que dicen haber recogido, en esta tercera escena, cinco casquillos y un proyectil semideformado. Ese mismo día, asegura la familia, debajo de un marañón en el mismo lugar encontraron otros 14 casquillos y un proyectil semideformado que aún conservan. Óscar murió a unos pasos del ramaje de ese marañón. Quedó tendido boca abajo, con cinco disparos en la cabeza, tres de ellos con trayectoria de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. Murió en un enfrentamiento, dice la Policía.

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

***

Unos 20 minutos después del tiroteo, Antonio Hernández reducía la velocidad del carro de la Policía que conducía cuando, a lo lejos, unas luces anunciaban un cerco policial. San Felipe estaba infestado de policías encapuchados.

Antonio todavía no creía lo que su esposa le había contado por teléfono, y mucho menos que su hermana y su cuñado hubiesen sido víctimas de sus compañeros. Habrá sido un error, pensó, y quizá Óscar solo huía de un enfrentamiento entre policías y pandilleros, algo que no era descabellado, dado que en San Felipe hay presencia importante de la Mara Salvatrucha. Por eso cuando pasó frente a la casa de su hermana no se percató de la cinta policial ni de los compañeros que custodiaban esa escena. Vio el cuerpo de la policía Deysi tirado sobre el pavimento y se metió al callejón estrecho por donde le dijeron que habían perseguido a “los muchachos”.

En el callejón, acurrucado en una esquina, en cuclillas, Antonio encontró a un subinspector Nicanor que miraba hacia el suelo.

—¿Qué pasó? —preguntó Antonio.

—Púchica, nos mataron a la compañera, pero ahí tenemos a una marera y a otro que también está muerto —respondió Nicanor.

—¿Y dónde están?

—Una ahí está, en la otra casa.

—¡Jue puya! —pensó Antonio—. Mejor me regreso. Y ahí la fui a ver…

Un año y medio después, Antonio Hernández se quiebra. Lo que no alcanza a decir, porque las lágrimas le cortan el habla, es que regresó a la casa de su hermana, acompañado por su jefe, uno de los encargados de la policía rural en el departamento de La Paz. Ambos entraron por el falso y encontraron a Saidra de rodillas, con la cabeza hacia el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Antonio llora cuando recuerda así a su hermana, La Chele, Saidra. “Sí venía de trabajar, todavía tenía puesto el uniforme”, dice. A Saidra le dispararon en la espalda y en los glúteos. Ocho orificios detalló la autopsia. 22 años en la carrera policial no prepararon a Antonio para enfrentarse al hecho de que la Policía había derramado sangre de su hermana, su sangre. Antonio, por un momento, pensó en sacar su arma y buscar al responsable, pero sabía que no podía hacer nada. 22 años en la Policía Nacional Civil no lo prepararon para lo que él vio con mucha claridad esa noche: que la institución creada para sustituir a los cuerpos de seguridad violadores de derechos humanos acababa de matar a su hermana, que no era pandillera.

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Su jefe en la policía rural tampoco podía creerlo. “Púchica, aquí sí que la cagamos”, le dijo, como hablando en nombre de la institución. Caminaron hacia el punto donde estaba el otro muerto, Óscar. “¿Qué talle de pandillero puede tener una persona mayor?”, preguntó, retóricamente, Antonio a su jefe. Sintió que se le entremezclaban la impotencia y la ira. Se encaminó, de regreso, a donde estaba el cadáver de su hermana Saidra.

—¿Por qué regresó, Antonio?

 —Yo ya sé cómo es un procedimiento en la Policía: cuando saben que no hay cómo justificar un procedimiento, así lo hacen. Cuando yo me fui de ahí, ella no tenía nada.

—¿Qué había de diferente cuando regresó?

 —Ya le habían puesto una pistola. A la par de la cabeza la tenía, porque ella estaba con las manos en la cara.

Saidra no sabía utilizar pistolas, pero la Policía dijo haber recogido contiguo a su cadáver “un artefacto de material sintético tipo arma de fuego donde se lee Powerline MODEL93ACD2BBCAL.177”. Las Powerline disparan postas de acero cubiertas de cobre. En un reporte de novedades de la Delegación de Zacatecoluca, la misma Policía concluyó que el arma era una “pistola de balines”. La Policía dice que Saidra, madre de dos jóvenes, empleada de una maquila y a punto de ser abuela, decidió enfrentar a una patrulla policial con una pistola de balines. Aquella noche, los hijos de Saidra no estaban en casa. La mayor estaba en su sexto mes de embarazo y hoy el niño crece sin sus abuelos maternos.

***

Cuando la Policía terminó de levantar las escenas de Deysi, Saidra y Óscar, San Felipe despertó conmocionado. Atrás había quedado una noche en que la Policía pateó puertas y espaldas, golpeó cabezas y caras, sometió a jóvenes, mujeres y ancianos. A un padre lo hincaron junto a sus hijos de 21, 16 y nueve años, con los brazos cruzados atrás de la cabeza. “¡Si se mueven los matamos!”, les advirtieron. El niño se movió, llorando, a los brazos de su madre, porque ya no aguantaba las rodillas. Los dejaron cuando inició la balacera final. A un joven que visitaba a su novia lo arrastraron hasta el monte. Lo obligaron a cruzar un cerco. Lo alumbraron y le apuntaron con los fusiles. Uno de los policías le habló al oído: “Aquí ando bastante armas. Nada me cuesta matarte, pegarme en el brazo y decir que eras marero. Te voy a matar si no me decís lo que quiero”, le dijo. El policía señaló hacia el lugar en donde quedó Óscar. “Allá tenemos un muerto. Ahí te voy a ir a matar también”, le dijo.

Cada escena de brutalidad solía terminar con dos preguntas: “¿Qué sabe de esta mujer? ¿Verdad que es pandillera?”, interrogaban mientras mostraban en un celular una imagen de Saidra junto a la pistola de balines. A la esposa de Antonio también llegaron esas dos preguntas. Pero más tarde la visitaron tres grupos más de policías que parecían muy preocupados. “Me preguntaban qué tan cierto era eso de que mi marido era policía. Uno de ellos entró a la casa y vio uniformes, cosas de él. Hasta me hicieron que les enseñara fotos de cuando salía vestido de policía”, cuenta la esposa de Antonio.

Cuando el entonces subdirector Howard Cotto llegó a la escena del crimen esa noche, era difícil que no supiera que los presuntos pandilleros eran familiares de un policía. Por un lado, tenía al jefe del operativo, Nicanor Calderón. Aparte, los investigadores policiales que levantaron la escena. Además, la Unidad de Control. Asimismo, Asuntos Internos. Pero esa noche se limitó a replicar la versión de sus subalternos. “Ellos tenían armas”, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. En una nota del Noticiero Hechos, de Canal 12, agregó: “Lamentablemente hoy pierde la vida una compañera más, pero debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía, del pueblo, incluso de ustedes”, dijo a los reporteros que llegaron a la escena. “Estamos protegiéndole la vida a la gente. Eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, a la gente trabajadora y humilde”. En ese afán, habían dado muerte en un enfrentamiento a Saidra, que terminó con ocho balazos, y a Óscar, muerto con 29 disparos en su cuerpo, incluidos cinco en la cabeza.

Pasaron las horas y amaneció y, muy temprano en la mañana, el padre Fredy Rivera fue a empaparse de llantos y miedo. “Fue una experiencia bastante impactante, dolorosa y de sufrimiento. Los niños, los hijos de ellos, todos los niños de la comunidad estaban traumados”, recuerda el sacerdote.

La prensa escrita, de radio y de televisión registró el hecho como un asesinato más de una agente policial, con un posterior enfrentamiento en el que murieron “dos pandilleros”.

Ilustración por Otto Meza.

Ilustración por Otto Meza.

***

Cuatro días después de la muerte de su hermana y su cuñado a manos de policías, Antonio Hernández fue convocado a una reunión en el cuartel central de la Policía, en el centro de San Salvador. Ahí lo esperaba el comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños, en aquellas fechas subdirector de áreas especializadas, división bajo la cual está adscrita la policía rural. Antonio Hernández llegó acompañado por su jefe inmediato que la noche del 30 de junio también había visitado San Felipe.

Escobar Baños dijo a Antonio que estaba atento al seguimiento del caso y que lamentaba lo ocurrido. Luego le entregó copia de dos memorandos girados uno por el director y otro por el subdirector de la Policía, en los que quedaba claro que se habían enterado de que Óscar y Saidra eran familiares de un agente de la institución. Antonio Hernández fue notificado de que “por razones de urgencia” lo sacaban del departamento de La Paz, de su casa en San Felipe y de su familia, para trasladarlo hasta una subdelegación fronteriza con Guatemala, en el departamento de Ahuachapán.

Antonio Hernández temió por su vida, pero, sobre todo, por la de su familia. El miedo le hizo morderse los labios y guardar silencio. El temor lo inhibió de denunciar. “Cualquier cosa me podía pasar en el trayecto, ¿y qué iban a decir después? Que un pandillero había sido”, comenta.

En la semana siguiente a los homicidios, un equipo de investigadores vestidos de particular volvió a San Felipe a indagar más sobre el caso. Buscaron al párroco de Las Isletas. “Y les dije exactamente lo mismo que les he dicho a ustedes: a la pobre mujer le toman fotografías y le ponen una pistola en su mano. ¡La mujer no sabía utilizar pistola!”, dice el padre Rivera. Esa vez, uno de los sobrinos de los Mejía no aguantó la rabia, y se abalanzó contra aquellos detectives. “¿A qué vienen? ¿Vienen a matarnos a todos, cómo hicieron con mis tíos? ¡Son unos asesinos!”, les dijo. Estos detectives no pateaban ni amenazaban. “Sí, muchacho, te comprendemos, pero nosotros no anduvimos aquí”, le dijo uno de ellos.

¿Para qué llegó aquel equipo de detectives a San Felipe? Un año y medio después, en la Policía ha ocurrido casi nada para dar respuesta a las dudas de Antonio Hernández. En realidad pareciera como que nunca sucedió nada. Por ejemplo, en septiembre de 2015, el subinspector Nicanor Calderón fue incorporado a una lista en la Asamblea Legislativa en la que se pedía, vía decreto, ascensos a inspectores para un grupo de oficiales. Ahora está destacado en la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) en La Paz, un comando élite diseñado para perseguir a pandilleros.

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando la familia Mejía Hernández intentó poner una denuncia en contra de la Policía, el fiscal asignado al caso les respondió que para él este estaba cerrado. En la mañana en la que se cerraban los levantamientos de escenas, este fiscal dispuso que no era necesario retener las armas de los policías relacionados con el caso. Según el fiscal Ulises Ramón Arce, de la Unidad Especializada Antipandillas, era claro que Óscar y Saidra habían matado a la policía Deysi Cabrera. El Faro pidió una entrevista con el fiscal Arce y con el jefe de la Unidad Antipandillas. Todavía no hay respuesta.

Antonio tenía miedo, pero las cosas cambiaron en octubre de 2015, cuando se enteró de que los compañeros de trabajo de su cuñado Óscar Mejía habían denunciado el caso en una carta dirigida al presidente de la República, con copia al entonces procurador de derechos humanos David Morales, y con copia al entonces ministro de Seguridad, Benito Lara. “Como puede darse cuenta, señor Presidente, se ha cometido una aberración contra esa familia…”, escribieron. Antonio fue convencido por sus familiares para vencer el miedo de enfrentarse con la Policía, buscar justicia, denunciar a través de la prensa. “Yo quiero que se investigue”, dice. “Esto que ha pasado no es correcto. Son procedimientos ilegales que se están haciendo. Mis mismos compañeros me han dicho: fulano mató a tu hermana, y la han matado así, para justificar la muerte de la compañera”.

Sus mismos compañeros le han dado el nombre de un agente destacado en la fuerza móvil de la región paracentral, que presuntamente custodió la escena unas dos horas y media junto al subinspector Nicanor Calderón, antes de que llegaran los investigadores. Otros policías también han repetido ese nombre ante la PDDH.

El domingo 19 de marzo de 2017, por la mañana, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo a El Faro que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. “Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto”, escribió.

Por la noche, el subinspector Nicanor Calderón correspondió una llamada de El Faro. Sobre lo ocurrido en San Felipe, en junio de 2015, dijo: “Mantengo lo que pasó ahí. No tengo una investigación hasta el momento”. Al preguntarle sobre el episodio en el que un subalterno suyo presuntamente amenazó al agente Antonio Hernández, el subinspector dijo que no daría más declaraciones a menos que la dirección de comunicaciones de la Policía se lo ordene.

Historias oficiales que no concuerdan

Deysi Cabrera ingresó en las primeras promociones de la PNC para ganar dinero y porque no sabía hacer otra cosa más que usar armas de fuego. Eso dijo a su familia cuando les contó que se uniría a la Policía Nacional Civil, luego de haber combatido durante la guerra civil en las filas de la Resistencia Nacional. Fue reclutada en Santa Marta, Cabañas. “Heidi” fue su seudónimo de guerrillera, cuando combatió junto a Howard Cotto, el actual director de la Policía.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

En los meses antes de su muerte, Deysi había tomado algunas decisiones que le habían granjeado suspicacias entre algunos de sus compañeros, y se había sumado al movimiento laboral de agentes de la Policía que ha sido perseguido por la jefatura de la institución.

El hecho de que Cotto hubiera sido compañero de Deysi en la guerrilla no ha ayudado a esclarecer cómo un disparo que desafía las leyes de la física mató a la agente. Cómo una bala presuntamente disparada por Óscar Mejía, un subsargento retirado de la marina, experto en contrainteligencia, devenido en vigilante privado, “pandillero de la MS”, mató a Deysi gracias a que en lugar de seguir una trayectoria recta en algún punto hizo un viraje para llegar hasta el corazón de la agente. Más aun: el “informe de novedades” de la Policía y el “parte policial” de las muertes ofrecen historias diferentes sobre aquel episodio.

El parte policial dice sobre la muerte de la agente Deysi Cabrera que ella vestía uniforme de fatiga (de combate), un gorro navarone, un cinturón policial, un reloj en la muñeca izquierda, pero no dice nada de un arma de fuego. No hay rastros de su arma en ninguna de las 77 marcas de evidencias recogidas por los investigadores. Si Deysi participó en el inicio de un “enfrentamiento”, ¿por qué su arma no aparece relacionada ni en su funda ni en una de sus manos ni contiguo a su cuerpo, que quedó tendido sobre la calle principal del caserío, a unos pasos de un callejón y frente al portón de la casa contigua al terreno de los Mejía? Murió por un disparo que le entró de frente “de derecha a izquierda” y la hizo caer de espaldas al terreno de los Mejía. Un disparo fulminante que le laceró el corazón. El parte policial describe dos manchas de sangre frente a la entrada de los Mejía, dos frente a la casa contigua, una debajo de su espalda, y una más frente a callejón por donde quedó su cadáver. Un testigo recuerda cuando Deysi entró a la calle principal, liderando la patrulla. Ella iba en dirección al callejón. Otro testigo asegura que en esos momentos, en la calle, solo había un grupo de jóvenes que departían cerca de la casa de los Mejía. Un tercer testigo corrobora la presencia de esos jóvenes, y recuerda que cuando escuchó la primera detonación de aquella noche, enfrente de la casa de los Mejía no había ningún enfrentamiento. Los jóvenes habían desaparecido, Óscar seguía adentro de su casa, Saidra en la cocina. Frente al falso de los Mejía no había ninguna mujer policía herida. La agente Deysi Cabrera no fue herida de muerte frente a la casa de los Mejía.

El testigo habla con la condición del anonimato: “Después del primer disparo dos policías llegaron al falso. Uno se quedó de pie y el otro se hincó, apuntando hacia adentro. Ellos dos iniciaron la balacera”, dice.

Las manchas de sangre frente a la entrada del terreno de los Mejía también se explican con esta versión. “A esos dos policías se les sumaron otros dos. Ellos detuvieron la balacera un momento, pero solo un momento. Cuando la reiniciaron, el finado Óscar se defendió, y de repente el Policía que estaba parado en el falso gritó: ¡Me dieron!”.

El testigo recuerda que a ese policía lo evacuaron en un pickup. Otro testigo de oídas también escuchó a un polícia que pedía auxilio, y a un vehículo que entró a la escena y salió de ella a toda marcha. Esa noche, la Policía dijo que había otro policía herido, al que evacuaron, pero a Deysi la dejaron tendida en la esquina de la casa contigua, frente a un callejón, allá hasta donde la ficción policial asegura que llegó un disparo de Óscar Mejía. Él estaba en el segundo cuarto y su disparo salió en línea recta atravesando el jardín, pasó por el falso; se detuvo un instante, flotó, cruzó la derecha sobre la calle principal; avanzó algunos metros y flotó de nuevo en línea recta, sobrepasando a Deysi; luego dio un pequeño giro en U, retornó y atravesó el pecho de Deysi. O ya creativos el disparo atravesó el muro de la casa contigua, la cochera, sin dejar rastro. Por donde se le mire, la ficción policial narra un disparo imposible.

Seis meses antes de morir, Deysi Cabrera había sido trasladada desde Suchitoto, donde vivía junto a su madre y sus tres hijos, hasta La Paz, a más de 80 kilómetros de distancia. Ella había reclamado derechos laborales. “Ella siempre iba de frente, y decía las cosas en la cara”, cuenta su hermana, Dina Cabrera, una excombatiente de las FPL en Cabañas. “Ella le envió mensajes de teléfono a Howard Cotto, porque se conocían, habían combatido juntos. Le envió correos, pidiéndole que le hicieran justicia, que la regresara a Suchitoto, pero él nunca le respondió”, dice Dina Cabrera. La familia de Deysi nunca estuvo satisfecha con las explicaciones de la Policía y ahora también pide justicia, y se une a los Mejía Hernández para que se esclarezcan todas las muertes.

Un mes antes de morir, Deysi se había incorporado al Movimiento de Trabajadores de la PNC, organización que reclama derechos laborales y que, en enero de 2016, realizó una marcha que terminó frente a Casa Presidencial, con más de 400 policías gritándole improperios al presidente Sánchez Cerén. Deysi era la encargada del sector femenino y reclutaba compañeras a la causa. Dos semanas antes de su muerte, Deysi había marchado junto con sus compañeros para exigir el pago de un bono que había prometido el gobierno. Los líderes de este movimiento eran y son perseguidos por las autoridades de la PNC. Contra cinco de ellos pesan suspensiones y sanciones administrativas.

Semanas antes de morir, Deysi había expresado a una confidente que se sentía atemorizada. “Vieras que aquí hay bastantes cabrones que son pirracheros (sic)”, dijo a su confidente, quien pide anonimato por temor a la Policía. Deysi había descubierto a unos compañeros que extorsionaban en la zona. La había invitado a que se echara “un pique” con ellos, a lo que Deysi se negó. “Prefiero almorzar una bolsa de agua a ser corrupta, a andar metida en cosas así”, les dijo. Los pirracheros se molestaron.

En 2014 y 2015, los años en los que estalló la violencia en el departamento de La Paz, un grupo de policías fueron denunciados en la cabecera del departamento, Zacatecoluca, porque falsificaban pruebas para extorsionar a civiles; otro grupo por matar a un grupo de jóvenes, supuestos pandilleros.

Un día antes de morir, el 29 de junio, un sargento de la delegación El Pedregal fue asesinado por disparos que le hicieron desde un vehículo en marcha. Un informe de novedades de la Policía dice que por esa razón para el 30 de junio se planeó un operativo de búsqueda que permitiera encontrar a los responsables del ametrallamiento en que murió el sargento. Por eso Deysi había ingresado a San Felipe. “En el mismo hecho en el que falleció la agente Cabrera también resultó fallecido el sujeto Óscar Mejía, de 48 años, miembro de la Mara Salvatrucha, y la señora Saidra Hernández, de 42 años. Según información, el sujeto Óscar Mejía fue quien disparó a la compañera, por lo que otros compañeros respondieron a la ataque”, dice el reporte de novedades.

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El día de su muerte, Deysi estaba de licencia, pero fue convocada de urgencia a su trabajo. Sobre lo ocurrido aquella noche, el parte policial desentona tres veces con el reporte de novedades. Según el parte policial, Saidra también era pandillera: “(…) personal de la subdelegación El Pedregal reportó un intercambio de disparos entre personal policial y pandilleros del sector, resultado fallecidos un elemento policial del sexo femenino y dos pandilleros de la Mara Salvatrucha”. Además, el parte policial sube de dos a cinco el número de pandilleros involucrados en el enfrentamiento: “(…) siendo así que a las 19 horas con 45 minutos ingresaron al caserío, observando un aproximado de cinco sujetos con apariencia de miembros de la mara, quienes al observar la presencia policial sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la integridad de los agentes”. Además, según el parte policial, los agentes ingresaron a San Felipe no para buscar a quienes habían ametrallado El Pedregal el día anterior: “(…) personal adscrito a la delegación de La Paz recibieron información que en el caserío había un grupo de miembros de la MS portando armas de fuego, razón por la cual se montó un dispositivo para verificar la información recibida, en el cual participaron un aproximado de 22 elementos policiales divididos en cuatro equipos”.

El parte policial nunca dice que Óscar haya matado a Deysi. Tampoco explica por qué el enfrentamiento ocurrió con los policías disparando hacia el interior del terreno de los Mejía, ni qué se hicieron los otros tres presuntos agresores ni explica por qué Óscar murió en un enfrentamiento a 300 metros de su casa y con 29 balazos en su cuerpo.

En la noche del crimen, Howard Cotto también explicó por qué Deysi había llegado a San Felipe. “Teníamos alguna información de que en este lugar se podían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos”, dijo. La única casa de dos plantas que hay cerca de la escena es aquella frente a la cual fue asesinada Deysi Cabrera. En esa vivienda solo viven dos ancianos.

Y entonces, ¿cómo murió Deysi? Un grupo de agentes de Zacatecoluca dijo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que a Deysi se le encomendó “cubrir al resto del equipo que había entrado por un pasaje cercano, el disparo que se escuchó se dirigió a la mujer agente, siendo herida mortalmente”.

Esta versión ubicaría al atacante de Deysi en el callejón, aquel donde no cabrían tres personas lado a lado. Si desde ahí disparó su atacante “pandillero”, este debió ser observado por el resto de policías porque el pasaje es cerrado, bloqueado por muros de concreto, malla metálica y cerco de púas. La PDDH ha concluido que la historia oficial es inverosímil. “La gravedad de los hechos advertidos en la presente investigación radican (…) en la falta de condiciones tanto materiales, humanas y de formación, que colocaron a la agente Cabrera en una condición de vulnerabilidad y riesgo, que finalizó en su fallecimiento; y también por las condiciones en que murieron los esposos Mejía, las que aducen a una clara ejecución extralegal”.

La Policía regresa a la escena del crimen

El 5 de enero de 2017, un año y medio después de que mataran a Óscar y Saidra, San Felipe de nuevo se infestó de policías encapuchados. Ellos pasaron en sus patrullas, o a pie, frente a la casa abandonada de los esposos Mejía Hernández; y frente al portón y el callejón en donde cayó asesinada la agente Deysi Cabrera.

La Policía regresó a San Felipe para enterrar al agente Mario Hernández, miembro del FIRT en el municipio de San Martín. Mario murió en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Le dispararon en el pecho. Un año y medio después de la muerte de los esposos Mejía, del asesinato de Deysi Cabrera, la guerra contra las pandillas –y contra todos lo que se pongan enfrente- aún no ha cesado.

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

Mario tenía 27 años, seis como policía, dos pequeñas niñas y era oriundo de San Felipe. Junto a unos 400 policías, a despedirlo llegaron también sus familiares, excepto dos: Saidra y Óscar. Su otro tío, el agente Antonio Hernández, también estaba ahí, y esta vez sí recibió algunas condolencias de algunos compañeros encapuchados.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el director de la Policía, Howard Cotto, asistieron a la misa de cuerpo presente, en la misma iglesia donde velaron a los esposos Mejía, la misma donde una vez por semana Saidra y Óscar convivían con un grupo de oración. Luego acompañaron el ataúd, en un recorrido de un par de kilómetros por un camino de tierra, hasta el cementerio de San Felipe, el mismo donde yacen sus cadáveres. Antes del entierro, Ramírez Landaverde y Cotto hablaron de Mario, de su ofrenda. Le hablaron a San Felipe: “Queremos agradecer a toda la comunidad, por haber demostrado que a pesar de las vicisitudes, hay familias que albergaran hombres y mujeres comprometidos con su país”, dijo el ministro.

Entre el público, Antonio Hernández lloró de nuevo. Por su sobrino y por el recuerdo de su hermana y su cuñado. En un momento del acto fúnebre estuvo lado a lado con sus jefes, pero no les dijo nada.

—¿Cómo hace para aguantarse la rabia?

—Uno no se siente bien, pero tengo claro que han venido solo a hacer el show, para que la gente vea. Yo ya no puedo confiar en ellos, y solo espero que se haga justicia.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

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—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

“Lo que se le olvida al gobierno es que al matarnos están matando a la gente que los llevó al poder”: MS13

La Mara Salvatrucha-13 asegura que la estrategia gubernamental, lejos de arrinconarlos o debilitarlos, les nutre sus filas de nuevos miembros con sed de venganza y que eso les permite estar fuertes y con capacidad para ser “el detonante” de una guerra que conduciría al “caos”. Sin embargo, la pandilla dice que prefiere agotar la opción del diálogo para desactivar la bomba de tiempo.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

La MS-13 asegura haber vivido un proceso de metamorfosis, que ya pasaron los días en que eran “manada” y se ven a sí mismos ahora más sofisticados, más políticos… más temibles; a pesar de los mensajes triunfalistas del gobierno, que repite que las pandillas están en retroceso, desarticuladas y lastimadas íntimamente.

Los voceros de la pandilla más grande de El Salvador lanzan un mensaje que tiene como destinatario al Estado, y ofrecen al presidente y a todos los partidos llevar el conflicto a su terreno, es decir, al de la política. Proponen una mesa de negociación pública y para hacerla atractiva han desbloqueado dos puntos que hace cuatro años -en medio de la Tregua- estaban fuera de cualquier conversación: abrir las puertas para que pandilleros activos abandonen la estructura e incluso para que se discuta una ruta que pueda conducir a la desarticulación de la Mara Salvatrucha-13.

La siguiente es la conversación que dos voceros nacionales de la pandilla sostuvieron con dos reporteros de El Faro a finales del año pasado. El encuentro ocurrió en una de las comunidades en las que esta organización ejerce un poderoso control territorial. Uno de los voceros llevaba consigo unas páginas de papel en las que había escrita una serie de puntos que debían desarrollar en la reunión que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016. Posteriormente, El Faro contactó en tres ocasiones más a los voceros por vía telefónica para precisar e insistir sobre los puntos medulares de la conversación. Este artículo solo recoge el contenido de la primera conversación, que inició con uno de los pandilleros desarrollando el primer punto de su lista:

“Como primer punto, la MS quiere hacer saber al pueblo salvadoreño que no estamos en guerra contra el Estado o contra el gobierno. Punto dos: si así fuera, policías y militantes políticos, y sus familias que viven en las comunidades y barrios que controlamos… sería un caos. Nosotros convivimos con personas de todos los colores políticos, nos han visto crecer y los conocemos. Si estuviéramos en guerra, ¿crees que no fuera una matazón de personas allegadas a este gobierno? A pesar de que el gobierno y su gente nos han tocado al pueblo de nosotros, nosotros no les hemos tocado a su pueblo. Los respetamos porque hemos crecido con ellos. Las pandillas ultimadamente han respondido a los ataques de los que están siendo víctimas, los asesinatos de parte de la Policía y de los militares, con la nueva unidad, las FIRT [Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio], que matan poniendo de excusa que hay enfrentamientos… Pero los representantes de la MS no estamos diciendo a nuestra gente: “Ataquemos”. No. Las pandillas responden. Nos han matado a un sinfín de jóvenes, y un animal que se siente acorralado busca defenderse. Tal vez es lo que está pasando en varios puntos del país, pero no es generalizado. Si fuera generalizado, ¿cuantos policías y militares viven en comunidades donde están asentadas las pandillas? No hay línea de atacar a militares y policías”.

¿Ni siquiera en la primera semana de noviembre, cuando hubo una brutal secuencia de asesinatos?
La MS está respondiendo tarde. Debimos haber respondido nomás el gobierno empezó a decir que la MS estaba detrás de los asesinatos de policías y militares. ¿Cuántos policías y militares no se agarraron de eso para matar a miembros de la MS-13? Lo que estamos haciendo ahorita lo hubiéramos hecho antes. Los policías matan a jóvenes en las comunidades: miembros y no miembros de pandillas. Porque aquí no solo las pandillas sufren ataques de los policías. La población civil está sufriendo. En las colonias donde está la MS-13 la Policía aplasta parejo: pandilleros y no pandilleros. ¿Vos creés que toda la población está agradecida con las medidas extraordinarias? Y la pregunta sobre nosotros: un policía llega y te mata a uno, dos o tres jóvenes. ¿Qué hace la pandilla? Te reacciona. Y en esa semana de noviembre reaccionaron a tanto ataque.

¿Es una decisión del líder de cada clica?
Hay veces que sí y hay veces que no. Te voy a hablar por mi caso. Cuando veo que me están matando a tres o cuatro cipotes de la colonia, ¿qué decisión voy a tomar? Son bichos que conocemos desde pequeños. ¿Cómo no me va a doler que me estén matando a un compadre mío? ¿Cómo no voy a reaccionar? ¿O cómo voy a detener al compañero que quiere vengarse? Ese cabrón anda encabronado.

Pero en noviembre se pasó de aquella semana sangrienta a prácticamente no ocurrir más asesinatos de policías y soldados en casi dos meses. ¿Cómo se puede explicar algo así si no es porque la MS tira línea?
Cuando vemos que algo se está saliendo de lo normal, ahí es cuando entramos nosotros a calmar. ¿Quién agradece el trabajo que estamos haciendo para detener más muertes de policías? Nadie. Nadie nos va a dar el Premio Nobel de la Paz. El gobierno inventa planes, pero lo único que hace es matar. Las pandillas intentan rectificar los errores que andan cometiendo ciertos miembros. En Quezaltepeque, donde la MS mató a un policía y a su hijo universitario, ¿a cuántos pandilleros no habían matado primero en ese municipio? Como te digo: hay quien toma la venganza en las manos.

¿Ustedes dicen que la orden que lanzaron fue “Calmémonos”?
A nivel nacional… llámese ranfla u organización… pero se convierte en un resorte para que los asesinatos se calmen. Es un trabajo difícil pero, ¿quién lo agradece? Cuando alguien se dispara, a nosotros nos toca: “Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así”. Pero imagínate con ese caso de Quezalte, que luego llegaron los policías a matar a otros tres cipotes. ¿Vos creés que no quedan más resentidos, con ganas de matar a más policías?

Luego de las medidas extraordinarias, ¿es más difícil para la Mara Salvatrucha girar lineamientos a escala nacional?
Es más difícil. Mi abuelo tenían un dicho: a veces por persignarnos nos aruñamos la cara. Y es lo que pasa en este país: por persignarse, imaginate lo que está pasando: cortan la comunicación y aíslan a las personas influyentes de las pandillas. Cuando el carro no tiene motorista, esto es un desvergue mayor, y estamos peleando un montón de personas queriendo calmar lo que está pasando. Toda comunicación ha sido cortada. No hay medio de establecer un diálogo. Y un carro sin motorista va a estrellarse.

Cuando dice que se está intentando calmar, ¿quién lo hace?
Ya no se hace como antes. Prácticamente se está haciendo más que todo en la calle. Nosotros somos los que estamos peleando y deteniendo el gran degenere para que los militares y policías no sigan contando muertos.

Esa nueva estructura de la libre, ¿tiene capacidad de llamar al palabrero de cualquier clica del país y ordenarle que se calme? ¿Hay un piloto sustituto en ese carro que menciona?
Es complicada esa pregunta. Es complicada porque el gobierno lo toma en el sentido de que nos estamos restructurando para atacar, cuando lo que queremos es calmarnos.

Lo que ustedes nos están contando, ¿a quiénes representa? ¿Quién nos está hablando? A título personal, como responsables de clica, o de programa, o…
Está hablando la Mara Salvatrucha-13.

¿Entonces ustedes sí mantienen algún nivel de comunicación con las cárceles?
Más que todo los que estamos en la libre. Y, ante lo que está pasando, queremos preguntar al presidente, al vicepresidente y al ministro de Seguridad: ¿están de acuerdo con los asesinatos de pandilleros? Si no fuera así, ¿eso quiere decir que el control de la Policía se les fue de las manos? Señor presidente, ¿sabe que policías y militares están ocupando armas y transporte público para asesinar? Señores del partido FMLN: aquí no solo las pandillas están sufriendo abusos de autoridad, sino que la población civil también, tan solo por vivir en territorios de pandillas. ¿Por qué, señores de los partidos políticos, cuando se les habla de diálogo por la estabilidad del país prefieren invertir en guerra en lugar de rehabilitación? Las pandillas queremos tranquilizar un montón de cosas que están pasando, pero, ¿qué hacen los políticos? ¿Por qué solo se acercan a las comunidades cuando quieren votos? ¿Por qué solo se acercan a las pandillas cuando quieren votos?

¿La MS-13 está haciendo una oferta de negociación?
La palabra negociar se escucha fuerte. La gente no quiere oír hablar de treguas o de negociación. Lo que ofrecemos es una estabilidad al país. Estabilidad para todos, no solo para los pandilleros.

¿La MS-13 reanudaría el diálogo como durante la Tregua o la posibilidad de dialogar está cerrada?
Un diálogo, pero que la población no lo interprete como una tregua o una negociación, porque la palabra negociación la gente cree que es a cambio de dinero… Lo que ofrecemos ahora es un diálogo concreto, para la estabilidad de El Salvador, porque todos en las comunidades están sufriendo el acoso y la represión.

Hace algunos meses las tres pandillas nos hicieron llegar un comunicado diciendo que se sentían traicionadas por el FMLN y GANA, y les amenazaron con no dejarles hacer proselitismo en las comunidades que controlan.
A las pandillas nos ocuparon para llegar al poder. He estado en la vela de compañeros y alguna vez me llega a reclamar la mamá: ¿para eso mi hijo me hizo que fuera a votar por Sánchez Cerén? Lo que se le olvida al gobierno y a un montón de gente que está sentada en la Asamblea es que están matando a la gente que los llevó al poder. El mismo presidente está sentado porque las pandillas le dieron el voto, esperanzados con una reinserción en los penales y en las comunidades, esperanzados con un diálogo como el que estamos ofreciendo ahorita. Con esa esperanza mucha gente fue a votar por el FMLN. El presidente lo sabe, y el gabinete de seguridad lo sabe.

En esa oferta que ustedes plantean, ¿qué gana el maestro al que los pandilleros tienen extorsionado en la escuela? ¿O la señora del mercado que también paga renta?
El pueblo sigue sufriendo a los dos bandos: a la Policía y a las pandillas. ¿Vos creés que mi familia o la familia de un policía viven bien? Nos conocemos. Convivimos a diario. Al policía nosotros lo vemos y tratamos de respetarlo. ¿Pero sabés qué pasa? Que viene un policía de otro departamento a matar a nuestra gente, y ahí es cuando hay bichos de las pandillas que buscan al que está a la mano. Aquel viene solo a dejar la cagada y se va. No se pone a pensar en la familia del policía que vive en los territorios donde hizo las cosas.

Pero preguntamos por la gente que no es parte de ningún bando. Quien paga una renta, por ejemplo ¿qué beneficio saca de un hipotético cese de hostilidades entre las fuerzas de seguridad y las pandillas?
En la Tregua [2012-2014], a nosotros nos hablaban seguido para decirnos que tal o cual persona estaba siendo extorsionada. ¿Creen que las pandillas no quitaron un vergo de rentas durante la Tregua y que estas personas no están agradecidas con nosotros? Eso no lo sabe el gobierno. Hay gente que estaba en las listas de las pandillas y dijimos: no, ahora esta no es la onda. ¿Y cómo el gobierno pone un impuesto a la telefonía y nadie dice nada?

¿Su lógica es que si el gobierno cobra impuestos, también las pandillas pueden pedir la renta y extorsionar?
Hay gente que manejó esas lógicas, pero ahora no se trata de esa cuestión. Lo que estamos viendo es que el gobierno viene y cobra para comprar armas y tiros y gasolina. Y hay compañeros que nos dicen: “Puta, ¿por qué no le damos fuego a esta onda?”. Pero para la MS no es ese el lineamiento ahora. Nosotros estamos proponiendo… llámese diálogo, no lo queremos llamar tregua o negociación, un diálogo estable para el país.

¿Quién participaría en ese diálogo que proponen? ¿Solo gobierno y pandilleros?
No. Todos los partidos políticos. Queremos establecer una mesa de diálogo seria. Que incluya a los miembros de pandillas.

¿De las tres pandillas (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18)?
Sí. Y a familiares de reos civiles, organizaciones de derechos humanos, autoridades de Centros Penales, líderes de las comunidades… Una comisión con representantes de todos los partidos políticos porque, si no, se sientan los políticos solo para sacarse clavos unos a otros. Queremos una comisión para el bienestar y la estabilidad del país.

¿Qué debería discutirse en esa comisión?
Programas de reinserción obligatorios en los penales y en las comunidades.

¿Por reinserción entienden que haya mecanismos para que quien quiera dejar de ser pandillero puedan hacerlo?
Exacto. Además exigimos salud, trabajo y educación para nuestras comunidades. Hoy en día, si vivís en San Martín y querés ir al Hospital de San Bartolo, no podés. ¿Cuánta gente no se está muriendo por no poder ir al hospital? Hemos creado ese monstruo en las comunidades, y las personas no pueden moverse. En la comunidad en la que yo crecí, si nos pusieran una clínica y una escuela, la gente estaría alegre. Pero el gobierno no quiere invertir en las comunidades con la excusa de que son violentas.

Pero la responsabilidad mayor de que alguien no se pueda mover libremente de una comunidad es sobre todo de las pandillas.
También de los policías. Si a un joven de La Campanera lo paran, aunque no tenga nada que ver con la pandilla, a ese cabrón mínimo le quitan el celular, le dan verga y lo mandan traumado para la casa. Nosotros queremos abrir canales de estabilidad para toda la población, para acabar con el monstruo que se dejó crear por este gobierno y por los anteriores. Por eso proponemos que haya una comisión bien formada y estable, con todos los partidos políticos.

¿Esa propuesta la hace solo la Mara Salvatrucha-13?
Las letras, cabal.

¿Cómo está la comunicación con las otras pandillas? Sería por gusto si la MS-13 se compromete a algo, pero no la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios.
Hasta cierto punto se mantiene la comunicación.

¿Hasta cierto punto? ¿Siguen en guerra con ellos?
Fijate que seguimos en contacto, pero como no hay algo estable… Si el gobierno y los partidos políticos se amarraran bien los pantalones e hiciéramos algo grande, cualquiera se incluye.

¿Esta, pues, es una invitación dirigida tanto al gobierno como a los partidos políticos, a la sociedad y a las otras dos pandillas?
Se ve imposible, pero cuando uno quiere, se puede. Lo vivimos en 2012, y logramos que bajaran los homicidios. La MS-13 está diciendo: ¿qué esperamos?

El gobierno atribuye a las medidas extraordinarias la reducción de asesinatos en 2016 con respecto de 2015. ¿Cómo lo explica la MS-13?
¿Sabés cuál es el factor sorpresa de un asesino? Ese de repente te sale, no espera. Entonces, ¿vos creés que hay tanto policía para cuidar a tanta persona en las comunidades? No. Ahorita las pandillas lo que están haciendo es otra metamorfosis. Imaginate: nos están toreando, nos están haciendo esto y lo otro… y las pandillas no hemos dado un paso atrás. Las pandillas seguimos a pesar de tanto muerto, a pesar de tanto baleado, a pesar de tanto preso… Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS sigue sonando a nivel nacional.

La renta sigue.
Todo sigue sonando: asesinatos, rentas… Los homicidios están bajando porque nosotros así lo queremos.

¿Hay un acuerdo entre las pandillas para matarse menos que explique en parte el descenso en los homicidios?
Las personas que están grandes y adultas y seguimos en esto… entendemos que ahorita el mayor problema no es la rivalidad entre las pandillas. El monstruo que se ha creado ahora es el gobierno, los policías asesinos y militares. Entonces, una guerra se gana con inteligencia. Y pensamos: tranquilicémonos, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo entre nosotros cuando otra gente nos anda jodiendo a los dos?

¿Pero esa es tu reflexión o es algo que han hablado entre los voceros de las tres pandillas?
Los mismos golpes de la vida nos han venido enseñando qué tenemos que hacer y qué no. Yo, como te digo, y ustedes saben la rivalidad entre nosotros, pero decimos: “Hey, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo ahorita? ¿Por qué vamos a estar jodiendo a las personas civiles? Repito: no estamos en el país de las maravillas, y siguen pasando cosas a diario, pero la idea es tratar de solucionarlas.

¿Qué certeza puede tener la sociedad de que es una oferta de la Mara Salvatrucha-13 en su conjunto, y no solo de un grupito de voceros?
Yo estoy hablando en nombre de toda la organización. Si no, yo no habría venido aquí. Yo estaría ahora en mi casa, tomando mi café y mi pan dulce, y viendo tele, tranquilo. Pero estamos aquí, queriendo hacer algo por la estabilidad, no de las pandillas, sino de todo El Salvador. En 2016 hemos visto que este país se ha seguido desangrando, pero yo no veo que nadie tome la iniciativa. Nosotros, como la MS-13 que somos, tomamos la iniciativa y hacemos un llamado al diálogo.

¿Reinsertar a la pandilla en su conjunto o reinsertar a los pandilleros, incluso a aquellos que quieran dejar la pandilla? Es un matiz importantísimo.
Nosotros hablamos de un reinserción integral. ¿A qué nos referimos con integral? No es lo mismo que el gobierno ponga una panadería o una granja, para salir en televisión y luego desaparecer, que una reinserción que incluya empleos, educación y también lo espiritual. Y esto no es solo para la MS, sino para todos los que viven en comunidades, y también de las otras pandillas. Así como estuvimos esperanzados y fuimos a hacer la fila para darles el voto a Sánchez Cerén y a su colega Óscar Ortiz…

Insistimos: en su idea, ¿el pandillero podría salirse de la Mara Salvatrucha-13 si así lo quiere?
De eso estamos hablando y disertando. Todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Uno de morro hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto, y uno tiene hijos y todo, la mente madura. Eso que hiciste ya no querés hacerlo. ¿Por qué? Porque ves a tus hijos y querés lo mejor para ellos, enseñarles el camino correcto, pero para eso lo primero es meterte en el camino correcto vos. Pero si las autoridades no te lo permiten porque andás las letras… todas las personas tienen el derecho a cambiar.

¿La MS dejaría que sus integrantes se pudieran alejar de la pandilla?
Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado? Nadie. A los pandilleros los tienen por lacras, como dice el gobierno, y no es así. Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados. Gente inocente. Si muere un policía, las madres y los hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren. Son los pobres los que estamos muriendo. La gente pobre es la que está enterrando a sus hijos.

Han dejado claro lo que piden, pero ¿qué ofrece la Mara Salvatrucha en esa hipotética mesa de diálogo?
Yo no soy una persona ignorante y veo lo que está pasando en las comunidades. Yo miro cómo prosperan los países. ¿Por qué no le apostamos a que mejore la economía de este país, dando trabajo a tanto marero y desempleado que hay? Lo que la MS está ofreciendo al país es una estabilidad, sacarlo del ránking de los países más violentos. Pero ya no queremos a tanto político mentiroso que ahorita se toma la foto con nosotros y mañana se van a la mierda, pues. Estamos cansados de tanto cabrón mentiroso. Pero nosotros estamos diciendo: hey, aquí estamos.

Si en esa mesa de diálogo se pidiera que desaparezca la extorsión, ¿se sentarían en esa mesa?
Fijate que… nosotros no nos podemos comprometer desde el inicio, y te digo por qué: porque nosotros ya nos hemos comprometido. Lo voy a decir claro: nosotros hemos dado el voto al FMLN, eso ya se sabe y ahora lo confirmamos. Pero nos mintieron. Nos ofrecieron empresas, nos ofrecieron esto y lo otro. Y no creás que solo ese partido político. Todos los partidos llegan a ofrecer de todo cuando están en campaña y van a las comunidades. Ahora, todo ese montón de gente… Rodrigo Ávila… todos estos políticos… Chato Vargas, Almendáriz… Misael Mejía, del FMLN, que es uno de los que me vio la cara a mí… por eso queremos que se enteren de tanto cerdo que tenemos como político, que no te arreglan una calle si nos das el voto. Así funciona este país. Y con las pandillas es igual. Nos ofrecieron esto, aquello y lo otro.

¿Están dispuestos a sentarse a discutir, en una mesa como la que plantean, la desarticulación de la MS-13?
Las FARC lo han hecho. Pero esos son procesos que llevan años. En El Salvador a día de hoy estamos lejos de alcanzar esos grandes logros. Ahora lo que tenemos es falta de voluntad.

¿Queda algún punto más en su lista?
Algo más. Si a las pandillas nos vieran como un problema grande, como lo son las FARC, o como lo fue ETA en España, o como lo está siendo ISIS en Siria, una organización de esa magnitud… nosotros tenemos la capacidad de ser una organización así, pero no la queremos ocupar. Les voy a decir por qué: nosotros podemos ser el detonante para que estalle una verdadera guerra en este país. Hay gente que cree que las pandillas estamos solos, pero los que están disconformes con todo este montón de políticos son muchos más. Estos políticos que se aprueban un seguro médico que cuesta millones mientras en las comunidades los niños están llenos de lombrices. Las pandillas podemos ser ese detonante. El sector salud no está agradecido. El sector educación. La misma Policía y los militares están protestando en las calles. Si nosotros empezáramos algo en contra de este gobierno y de los políticos, no estamos solos. Hay un montón de gente que se uniría, porque está cansada de tanto político que les ha prometido cosas que luego no les han cumplido. Como nos hicieron a nosotros. Las pandillas podemos ser ese detonante, pero no lo estamos ocupando por no confrontar, sino que queremos agotar el diálogo.

El Faro ha publicado que, desde el tramo final de la Tregua, en 2014, las pandillas se están armando con fusiles y armamento de guerra. Eso va en contra de lo que usted trata de vendernos.
Las pandillas entregaron armas durante la Tregua.

Hubo tres entregas, pero pequeñas.
Entregamos las armas. Y ahí está ocurriendo algo que nadie se ha metido a investigar aún. ¿Cómo, decime vos, va a ser posible que en un enfrentamiento en el que los pandilleros aparecen muertos con cinco o seis fusiles a la par no hay siquiera un policía herido?

Ese es otro tema. Les hemos preguntado por las armas que la MS adquiere. Se informó, por ejemplo, de la incautación de un arsenal que líderes de la MS fueron a comprar a Guatemala.
Nosotros, como MS, no queremos echarle más leña al fuego. Y el tema de las armas lo podría interpretar mal la población. Nosotros, lo digo así de claro, tenemos toda la posibilidad de responder al Estado. Imaginate si la MS, o las tres pandillas, hicieran una cruzada a nivel nacional, y comenzáramos a asesinar a toda esta clase de personas que podrían considerarse enemigos… Toda guerra es negocio, y nosotros también entendemos esa parte. ¿Por qué los políticos no le invierten al tema de la prevención? Porque en la guerra hay dinero de por medio. ¿Cuántos millones se invierten en seguridad en este país? ¿Por qué no le cambiamos la razón de ser a esos millones e invertimos en prevención?

¿Qué pasa si el gobierno se niega al diálogo, que es lo previsible, visto lo impopular que sería esa posibilidad?
Fijate que al “no” ya estamos acostumbrados, pero vivimos con aquella esperanza de que El Salvador mejore. Esto no es para que yo, o el compañero o la MS mejoren, para lograr un acuerdo que nos dé comodidades a nosotros. No. No pedimos mucho. Mirá lo que se está negociando en Colombia, nosotros no pedimos algo así. El “no” ya lo tenemos. Esos mismos políticos ya nos han mentido otras veces. Y el fracaso de la Tregua y los muertos que hubo después se los achacan a las pandillas, pero no al gobierno que mintió a las pandillas.

Hay lectores que creerán, no sin razones de peso, que la MS-13 hace este ofrecimiento ahora porque el Estado los ha golpeado mucho.
Está muriendo mucha gente en este país, no solo pandilleros. Los policías, por ejemplo. Ellos trabajan por la misma necesidad. Ellos son gente pobre también. La sangre de los agentes se están derramando injustamente por las órdenes que dan los políticos.

No nos ha respondido la pregunta: ¿tiene el Estado contra las cuerdas a la Mara Salvatrucha?
No. ¿Cuántos policías creen que viven en esta comunidad en la que estamos ahora? No menos de 15 o 20. Yo a todos los conozco. Si tuviéramos una guerra así, a las cabales, esa gente no estaría en esta comunidad. Pero no queremos eso. Queremos ver la manera de que esto se arregle.

En 2015 y 2016 la Policía dice haber matado a más de 900 pandilleros en supuestos enfrentamientos. ¿Las pandillas tienen capacidad para suplir esas bajas?
Cuando nos matan a uno en mi clica, rápido viene el hijo de 14 o 15 años, y el sobrino, y el hermano… personas que no se quisieron meter en la pandilla, pero que lo hacen cuando saben cómo la Policía ha matado a su familiar o a su amigo. El Estado está obligando a muchos salvadoreños a ser fieles a la pandilla, porque les asesinaron a un familiar. Nos matan a uno, pero dejan a tres resentidos más. Hay gente que cuando les matan a un familiar se nos acercan y hablan de tambores de guerra, de que ya es hora de despertar. “¿Cuándo nos vamos a matar con estos hijosdeputa?”, nos dicen. Pero las guerras se ganan con inteligencia y, si quisiéramos, ya habríamos matado a todo mundo que nos estorba en las comunidades, pero no se trata de eso.

¿La Mara Salvatrucha no está ahora más débil que hace dos años?
No. Tal vez nos han cortado la conexión de allá [los penales] para acá, ¿pero en la calle, qué?

¿Sigue habiendo jóvenes que quieren ser pandilleros?
Si matan a uno, siempre hay alguien que dice: “La Policía me mató a mi tío o a mi hermano; yo quiero ser pandillero también”. Es más: si la pandilla no le da la oportunidad, algunos van a buscar un arma y van a tratar de desquitarse igual. El presidente y ese montón de gente que vive en la Escalón no saben lo que sucede en las comunidades. Yo leo los comentarios en las redes sociales, que piden que maten a los mareros y todo eso, pero que no se den casaca: esos que escriben no son de las comunidades. Nosotros estamos en las comunidades desde los noventa, hemos sobrevivido a un montón de cosas, y vamos a seguir sobreviviendo. Los jóvenes siguen pidiendo ser parte de las pandillas. Hay un montón de carga acumulada, y el gobierno quizá no lo sabe, porque ellos solo ven el objetivo que ellos llevan, y no ven los tropiezos que están dejando a los lados. Y la metamorfosis de las pandillas sigue. Cada vez que ocurre algo, cada año, cada mes, cada día… porque la mara ya no somos aquellos cabrones de antes, que andábamos como manada. ¡No! Ahorita ahí estamos, vos sabés, como el cáncer.

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MS-13 pide diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación

La Mara Salvatrucha pide hoy un diálogo cuya agenda pueda incluir la desarticulación de la pandilla, lo que implica un giro radical a la postura de hace cuatro años, cuando la cúpula nacional rechazó siquiera hablar de su posible desmontaje. Tres voceros de la organización criminal expusieron a El Faro una propuesta para discutir soluciones al problema de violencia en una mesa de negociación pública que incluya al gobierno y a todos los partidos políticos. El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, dice que es una propuesta “a la que hay que darle taller”.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

Voceros de la Mara Salvatrucha-13 –la pandillas más numerosa de El Salvador– se reunieron con El Faro a finales de diciembre pasado para exponer una nueva propuesta hacia la sociedad y el gobierno: la MS-13 pide la creación de una mesa de diálogo pública, en la que estén representados todos los partidos políticos, el gobierno, instituciones de derechos humanos y los líderes de las tres pandillas principales que operan en el país: 18 Sureños, 18 Revolucionarios y la Mara Salvatrucha-13. Su propuesta, dicen, tiene por objetivo detener la crisis de violencia que vive el país y frenar la escalada bélica entre las pandillas y las fuerzas de seguridad, antes de que derive en una “guerra”.

Como punto de partida, la pandilla ha desbloqueado dos puntos de negociación que nunca antes habían estado sobre la mesa: el primero es la posibilidad de que el gobierno cree procesos que permitan a los miembros activos salirse de la pandilla: “Uno de morro (niño) hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto y uno tiene hijos, la mente madura y eso que hiciste ya no querés hacerlo. Todo ser humano tiene derecho a cambiar, no toda la vida va a andar uno haciendo cosas ilícitas”, dijo uno de los dos líderes de la MS presentes en la entrevista, realizada al interior de una vivienda de una colonia del Área Metropolitana de San Salvador.

El segundo punto -que constituye la principal novedad del ofrecimiento- se refiere a la posibilidad de discutir la desarticulación de la pandilla. El Faro insistió sobre este punto durante la entrevista y en conversaciones telefónicas posteriores y los voceros de la Mara Salvatrucha-13 aseguraron que este es un tema que puede ser abordado si la mesa que proponen es tratada con seriedad: “¿Están dispuestos a discutir la desarticulación de la MS?”, preguntó este periódico. “Las FARC lo han hecho…”, dijo un vocero. “No podemos partir diciendo que nos vamos a desarmar, todo depende de cómo el gobierno reciba la propuesta y la seriedad que le dé”, añadió, para luego asegurar que la MS-13 ha visto como modélico el proceso que condujo al desmontaje del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Ellos después de andar matando gente, de ser terroristas, se van a reinsertar como ciudadanos”, dijo.

A diferencia de la guerrilla colombiana, la Mara Salvatrucha-13 creció en El Salvador como una estructura delictiva sin agenda política, sin cohesionantes ideológicos y sin buscar derrocar al gobierno para hacerse del poder. Sin embargo, desde que inició el proceso de diálogo que el gobierno del expresidente Mauricio Funes estableció con las pandillas en 2012, estas estructuras han ido articulando un discurso reivindicativo que busca justificar su propia existencia a través de la marginación social y la falta de Estado en las comunidades en las que crecieron y prosperaron.

La sola posibilidad de poner sobre la mesa la salida de sus miembros y su posible desarticulación como estructura marca una clara diferencia en la pandilla con respecto a la negociación de 2012, conocida como la Tregua. En aquel momento, la Mara Salvatrucha-13 fue muy enfática al señalar que la posibilidad de su desarticulación estaba fuera de cualquier discusión. Consultado sobre el cambio de postura, uno de los representantes explicó: “Hace cuatro años no había un rumbo muy claro de hacia dónde iba esto, la pandilla ha tenido su metamorfosis y ha venido madurando durante este tiempo. Eso fue lo que nos enseñó la Tregua”.

En el gobierno, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que él no podía responder si la administración accedería a sentarse a dialogar con pandilleros, porque hasta ahora la decisión es que esa no es una vía para resolver el problema de violencia de pandillas. “Hasta hoy la posición ha sido ningún trato con esos grupos. Pero el presidente tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, dijo Chicas. “Es un tema al que hay que darle taller”.

El director de la policía, Howard Cotto, fue más tajante, al considerar que el gobierno no tiene nada que negociar con las pandillas: “El único ofrecimiento de negociación de ellos es el seguir cometiendo delitos si no negociamos o dejar de cometerlos si negociamos y esa brújula es equivocada … ¿qué ofrecen? ¿dejar de matar o dejar de extorsionar? ¿Y a cambio querés algo? ¡no! Solo déjenlo de hacer”, resumió.

A diferencia de comunicados públicos anteriores -en los que las pandillas anunciaban decisiones o cuestionaban la falta de voluntad de diálogo del gobierno- esta vez no son las tres pandillas las que lanzan esta propuesta, sino solo la MS-13. Sus voceros insistieron en que su llamado pretende también convocar a sus rivales históricos: las dos facciones de la pandilla Barrio 18.

Los nuevos voceros

El 24 de noviembre, uno de los reporteros de El Faro fue contactado por un pandillero de la Mara Salvatrucha, que proponía una reunión para, en nombre de toda la organización, exponer algunos puntos. En ocasiones anteriores, este mismo pandillero había servido ya como vocero oficial de la pandilla, junto con Marvin Quintanilla, conocido como “Piwa”, a quien las autoridades acusan de ser el cerebro financiero de la estructura. Esta persona –cuyo nombre se omite como parte de los acuerdos que permitieron el encuentro– es parte de una larga cadena de reemplazo de liderazgo, que no implica que el poder dentro de la pandilla haya cambiado de manos, sino solo de quién lo representa en la calle.

En 2012, en el contexto de la Tregua entre pandillas negociada con el gobierno, la MS-13 creó una estructura de liderazgo fuera de los centros penales conocida como La Ranfla en Libertad o la Ranfla de la Libre, que representaba la autoridad de la verdadera cúpula pandillera, recluida en el sistema penitenciario. Los primeros miembros de esta estructura fueron integrantes de la cúpula en prisión que habían cumplido sus condenas y que tomaban el control de las acciones en la calle. Pero con el tiempo casi todos los pandilleros que formaron parte de la Ranfla de la Libre de la MS-13 han sido arrestados y enviados al Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca. Sin embargo, la pandilla ha sido capaz de reemplazar una y otra vez a los líderes en libertad.

El pandillero que se puso en contacto con El Faro es heredero de esa larga cadena de sustituciones y por lo tanto goza de la facultad de hablar a nombre de toda la estructura. Ha sido un vocero constante de la MS-13 durante más de un año y ha representado la voz de la pandilla ante los voceros del Barrio 18.

El encuentro tuvo lugar el 21 de diciembre, casi un mes después del primer contacto. El líder pandillero advirtió que él no estaría presente pero que delegaría a dos voceros que contaban con la autorización de hablar en nombre de la Mara Salvatrucha. La reunión tuvo lugar en una comunidad en la que esta pandilla ejerce un férreo control.

Los voceros aseguraron que el contenido de su comunicado representaba a toda la estructura y que ellos habían sido delegados para representar a la Mara Salvatrucha-13 ante este periódico. La lista de ideas venían anotadas en unas páginas sueltas y escritas a mano y uno de los voceros fue desarrollando punto por punto. El interés principal de la pandilla era negar que la organización haya decidido asesinar sistemáticamente a policías o militares como respuesta al endurecimiento de condiciones de reclusión de pandilleros a partir de abril de 2016.

“La MS está respondiendo muy tarde. Al nomás empezaron los comunicados (del gobierno) a decir que la MS estaba en guerra con el gobierno, se tuvo que haber dado respuesta. Se tuvo que haber dado respuesta en la misma semana en la que empezaron los rumores de guerra”, inició el vocero.

Se refería a los hechos ocurridos durante la primera quincena de noviembre, en el que fueron asesinados 10 policías y 3 militares. El gobierno responsabilizó a la Mara Salvatrucha-13 de haber emprendido una guerra abierta contra policías y soldados. Por ello, recrudeció las condiciones carcelarias contra los miembros de esta pandilla y lanzó una ofensiva contra los territorios controlados por ella.

Los voceros de la MS-13 aseguraron que no existe una orden de la cúpula de la estructura para lanzar a sus bases contra los policías, aunque justificaron los asesinatos de policías diciendo que se trata de la reacción natural de líderes locales de la pandilla, palabreros de clica, ante el acoso de las fuerzas de seguridad.

“Un policía que llega y te mata a uno, dos o tres miembros, o incluso a gente que no es miembro de la pandilla, ¿qué hacen las pandillas? Te reaccionan. Esa semana está comprobado: reaccionaron a tanto ataque… cuando alguien se dispara, tenemos que decirle: ‘Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así´. Pero imaginate cuando los policías vienen, por ejemplo en Quezaltepeque, y les matan a tres cipotes: ¿vos creés que no quedan más resentidos y con más ganas de matar a policías?”, justificó uno de ellos. Este es un punto en el que la pandilla ha insistido desde que se rompió la Tregua en 2014.

Aseguraron que para atajar la situación, su pandilla ha decidido hacer un ofrecimiento de diálogo: “Nosotros estamos proponiendo un diálogo. No lo queremos llamar tregua o negociación… porque la gente cuando le mencionás la palabra tregua o la palabra negociación interpreta que es a cambio de dinero, y no es así. Estamos ofreciendo un diálogo para este país”.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto de El Faro.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre de 2016, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto Roberto Valencia.

Los representantes de la Mara Salvatrucha-13 dijeron que su estructura ha pensado en una comisión en la que estén incluidos no solo el gobierno, sino también todos los partidos políticos. “Porque si solo un partido quiere hacer algo bueno por el país, los demás no lo dejan avanzar”. Piden que se incluyan también a “autoridades de derechos humanos y centros penales, familiares de reos y líderes comunales”.

Aseguraron que buscan que esta “comisión” desactive “al monstruo” que han creado en las comunidades. “Queremos abrir todos los canales posibles para que la población no sea víctima de las pandillas, te lo voy a plantear de esta manera: Si venís de San Martín y querés ir al hospital de San Bartolo… ¿cuánta gente no se está muriendo de un montón de cosas porque no tienen ese acceso? Hemos creado ese monstruo en las comunidades y en un sinfín de partes, y las personas no pueden ir a tal o cual parte”, dijo uno de los pandilleros.

El primer punto de su lista de temas a abordar en esa mesa consiste en “la reinserción obligatoria de los penales, los miembros de pandillas y las comunidades”.

El Faro preguntó: “Por reinserción entendemos mecanismos para que los miembros activos que quieran dejar de ser pandilleros puedan hacerlo. ¿Lo que piden es que se abran caminos oficiales para que sus miembros puedan dejar de ser pandilleros?”. Esta fue la respuesta: “Exacto, así es”, y abundaron en consideraciones sobre la posibilidad de enmendar errores: “Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado (tatuado)? Nadie.”, dijeron.

Posteriormente, en una conversación telefónica con uno de los mismos voceros, este periódico volvió a insistir sobre este punto :

—¿Te das cuenta de que lo que proponen es en la práctica un camino para el gradual desmontaje de la pandilla?

—Así es. Lo que queremos es desmontar el desvergue que hay en la calle.

Contactado con posterioridad, el pandillero que concertó el encuentro repitió que este punto no constituye una promesa de entrada, pero que “todos los puntos pueden ser dialogados”.

Del “no” al “tal vez”

En octubre de 2012, en pleno apogeo de la Tregua gestionada por la administración Funes, El Faro entrevistó a la ranfla de la MS-13 –la cúpula nacional de líderes pandilleros– en el Centro Penal Ciudad Barrios.

Por aquellos días, los hombres más poderosos de esta pandilla habían sido trasladados del penal de máxima seguridad a penales regulares, como parte del acuerdo con el gobierno. Encabezados por Borromeo Henríquez (a) Diablito de Hollywood, el más icónico líder de esta estructura, una veintena de líderes conversaron durante más de cuatro horas con tres periodistas de este periódico. Aunque hubo momentos incómodos, el único punto que tensó el ambiente hasta una abierta hostilidad fue la conversación sobre la desarticulación de la pandilla, que provocó un gran revuelo entre los pandilleros y un rotundo “no”.

Uno de los líderes presentes en aquella reunión, conocido como el Chino de Western, montó en cólera cuando se les preguntó si, producto de la negociación que se abrió con la Tregua, estarían dispuestos a abrir las puertas a que sus miembros dejen la pandilla: “Ustedes quieren meterse mucho en la onda de la pandilla. ¿Y sabes qué? Con todo respeto, ustedes tienen un hasta aquí. O sea, vos tenés tu trabajo, yo quiero mi pandilla. Nos hacés muchas preguntas comprometedoras. Bien comprometedoras. ¡Vos tenías tres años cuando yo comencé a caminar en las pandillas! ¿Y creés que me va a gustar que tú vengás a decirme a mí si nos vamos a deshacer? ¿Que si nosotros vamos a deshacer las pandillas? ¿Sabes qué? Yo creo que ese derecho no lo tienes…”

En aquel momento, otro pandillero irrumpió en la conversación para cuestionar al reportero: “Con las dudas no hay pedo. Lo único es eso, que este siempre insiste. ¿Cómo vamos a… todo pandillero que quiera se puede salir? Eso creo que no, simón, eso es cosa de nosotros”.

Cuatro años después de aquella entrevista, tres voceros mucho más jóvenes que el promedio de edad de los hombres de la ranfla –que ronda los 40 años- hablan del tema con naturalidad y lo proponen incluso como parte de la agenda de negociación con el gobierno. Se trata, dicen, de un asunto de maduración en la pandilla.

Los voceros de la MS-13 dijeron estar conscientes de que este ofrecimiento podría ser tomado como un síntoma de debilidad de la pandilla y, previsiblemente, negaron que la estrategia del gobierno los haya afectado. “Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS  sigue sonando a nivel nacional”, dijeron.

El director de la policía, asegura que la estrategia de gobierno ha conseguido “debilitar un poco” el control territorial de las pandillas, aunque admite que “no en los términos que la gente espera, ni tampoco en los que nosotros esperamos, eso es muy duro y complicado y sigue siendo un reto enorme”, dijo.

Los pandilleros recordaron al gobierno que su partido, el FMLN, llegó a acuerdos con las principales pandillas salvadoreñas para obtener su respaldo electoral y les demandan retomar las conversaciones. “Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar una vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados: gente inocente. Si muere un policía, las madres y sus hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren”, argumentaron.

Eugenio Chicas: “Hay que darle taller”

El Faro consultó al gobierno por medio del vocero presidencial, Eugenio Chicas, sobre las posibilidades de que su política de confrontación directa contra las pandillas, anunciada por el presidente Salvador Sánchez Cerén en enero de 2015, dé un viraje radical para considerar el ofrecimiento de la MS-13.

La oferta de la pandilla fue expuesta a Chicas por El Faro el viernes 6 de enero.

“Me estás haciendo un planteamiento que tiene mucho fondo y que es bien serio y no se puede adoptar una respuesta ligera e improvisada. No soy el canal para una propuesta de esta naturaleza, esto lo debe ventilar el secretario de Gobernación, Hato Hasbún, quien es el que lleva todos los diálogos y entendimientos para la gobernabilidad”, comentó el secretario de Comunicaciones, luego de advertir que ni el presidente, ni Hasbún conocían la propuesta.

Sin embargo, Chicas dijo estar en capacidad de dibujar el panorama de posibilidades que esta idea tiene de prosperar. “La posición del gobierno sobre diálogo, entendimiento, conversación con pandillas es irreductible: ningún diálogo ni entendimiento ni conversación con estos grupos, ningún trato. Hasta hoy. Y digo hasta hoy, porque es lo que me consta. Si el presidente dice otra cosa, será él, y él tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, matizó.

Según Chicas, las posibilidades de abrir un espacio de diálogo con las pandillas no son comparables con el proceso de entendimiento que el gobierno colombiano tuvo con la guerrilla de las FARC: “La posibilidad de encontrarle una salida política a un conflicto no se mide por lo cruento que puede ser el conflicto, sino por la expectativa de quienes están confrontando, que es lo que genera determinadas expectativas políticas. No es la violencia la que abre la puerta para el tratamiento político de un conflicto”.

Chicas cree que la posibilidad de que una exploración de entendimiento con la Mara Salvatrucha-13 depende de varios factores: uno, de la aceptación social del experimento; dos, de la convergencia de voluntades políticas del resto de partidos; y tres, de los recursos con los que se cuente para financiar un proceso de esa naturaleza y de las consideraciones jurídicas que hay que hacer.

“Es un tema al que hay que darle taller. La sociedad salvadoreña tiene un claro rechazo no solo a cualquier perspectiva de diálogo o de conversación, sino a cualquier ventaja o beneficio a este tipo de grupos. Para un gobierno el medir a la sociedad es importante. Ese es un ingrediente, pero no es el único. Otro elemento es la posibilidad de entendimiento político entre las fuerzas que marcan la gobernabilidad, en este caso la gobernabilidad de este país está dada por el peso de la oposición y de otros actores sociales, que se reflejan en el Consejo Nacional de Seguridad. Ese es otro factor a tomar en cuenta y un tercer elemento es si la propia estrategia tiene las perspectivas de ofrecer mejores resultados en los tiempos políticos que nos quedan. Tomando en cuenta que los años que quedan son electorales”, expuso.

Chicas se refería a que el gobierno de Sánchez Cerén termina el 1 de junio de 2019, y tanto ese año como en 2018 hay elecciones. En 2018 los salvadoreños elegirán nueva Asamblea Legislativa y concejos municipales, y en 2019 votarán por la Presidencia de la República.

Agregó además que el país no pasa por un buen momento en términos de finanzas públicas y que este proceso podría superar las posibilidades de las arcas nacionales: “Hay otro elemento muy importante: hay una palabra mágica que hay que reflexionar políticamente y es que estos señores señalan que la presunta desmovilización de sus estructuras es un tema abierto pero en el contexto de un mecanismo de conversación. En este sentido yo me hago una reflexión: sabemos las propias dificultades que tienen las reivindicaciones y las demandas de los desmovilizados del conflicto armado. Ellos enarbolan una bandera de 12,000 dólares para cada uno, lo que con el número que ellos representan es un reto que el país hoy no lo puede resolver, no hay capacidad. Creo que cualquier gobierno responsable se debe de plantear las capacidades del país para asumir temas de esa naturaleza ¿de cuántas personas estamos hablando? Es muy muy complejo”, argumentó.

En un posible diálogo de gobierno con pandillas, quedaría descartada la consideración de dispensas penales a pandilleros debido a que la Sala de lo Constitucional, en una resolución de agosto de 2015, estableció que las pandillas son grupos terroristas y que el Estado no puede llegar a acuerdos con ellas para aliviarles castigos por los crímenes que cometan.

En los meses previos a las elecciones presidenciales que llevaron a este gobierno a la presidencia, distintos voceros del FMLN entraron en contactos secretos con las pandillas, a fin de buscar el respaldo electoral de estas estructuras. A cambio, el FMLN ofreció que -de llegar al gobierno- retomarían el diálogo que se abrió durante la presidencia de Funes. También ofrecieron 10 millones de dólares en microcréditos para que pandilleros montaran microempresas. Las pandillas han dicho en comunicados conjuntos sentirse traicionadas por el FMLN, que, luego de haberse hecho con el gobierno, rompió los canales de comunicación.

Chicas evitó comentar estos encuentros argumentando que su rol de vocero presidencial solo incluye los eventos ocurridos durante el ejercicio efectivo de este gobierno y se  limitó a comentar: “no siempre el gobierno coincide con las decisiones del partido”.

Asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de Guillermo Gallegos. El Faro

La Asamblea Legislativa que ahora preside Guillermo Gallegos concedió en los últimos dos años 550 mil dólares del presupuesto general de la nación a una asociación fundada por la esposa del legislador. APDEMES, actualmente presidida por una asesora de Gallegos, se benefició de un mecanismo discrecional de asignación de recursos en el que él mismo participó con su voto. La asociación asegura que ha usado el dinero en un programa de prevención de violencia en siete municipios, pero las siete municipalidades dicen nunca haber sabido nada de dicho programa.

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Daniel Valencia, Gabriel Labrador, Jimmy Alvarado, Sergio Arauz y Nelson Rauda, 29 noviembre 2016 / EL FARO

El pasado 4 de octubre de 2016, Julia Nora Romero de Gallegos, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, logró que un pickup que había sido comprado con fondos públicos pasara oficialmente a sus manos. El vehículo había sido importado en 2010, nuevo, con un precio de 19 mil 703 dólares. El 15 de enero de 2015, cinco años más tarde, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), fundada por ella, había pagado por el vehículo más del doble de ese precio.El diputado Gallegos, que es fundador del partido Gana, ayudó a que el Estado entregara entre 2015 y 2016 más de medio millón de dólares a APDEMES, una asociación fundada en 2008 por la cual han desfilado, además de su esposa, un puñado de amigos y asesores de Gallegos, fundadores del partido Gana y candidatas a diputadas del partido naranja. Julia de Gallegos es actualmente vicepresidenta de la junta directiva.El presidente de la Asamblea afirma que desconocía que su esposa y sus asesores estaban detrás de esta asociación, que argumenta que recibió esos fondos públicos para desarrollar trabajos de prevención de violencia en siete municipalidades de El Salvador. Ninguna de esas siete alcaldías dice haber visto o tener constancia del trabajo de APDEMES.El 20 de noviembre de 2014, APDEMES fue incluida en el dictamen 359 que dio vida al presupuesto general del año 2015. Se trataba de una práctica habitual: la Comisión de Hacienda incluye cada año en el presupuesto partidas de fondos para que se entreguen de forma directa a organizaciones privadas, y da forma legal a esa práctica al votar en plenaria el presupuesto, puesto que este se convierte automáticamente en Ley de la República. No hay convocatoria pública previa. No hay reglamento que avale esa asignación de fondos ni requisitos técnicos por escrito que regulen a quién se otorga ese dinero.En ese reparto discrecional de fondos públicos, Gallegos firmó y votó por ese dictamen en el que la Asamblea ordenó al Ministerio de Hacienda que entregara dinero a APDEMES a través de una partida diseñada para entidades privadas. La asignación aprobada esa vez fue de 250 mil dólares. Dos meses más tarde Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos y a la vez actual presidenta de la junta directiva de la asociación, utilizó parte de esos fondos, 45 mil 500 dólares, para comprar un pickup Hilux año 2010, 4×4, doble cabina, gris claro, según consta en un informe presentado por APDEMES al Ministerio de Hacienda en diciembre de 2015.

Consultada por El Faro, la presidenta de APDEMES dice que el pickup era necesario “para mover gente” y ejecutar siete proyectos de prevención de la violencia en siete municipios del departamento de San Salvador. El pasado 10 de octubre, el pickup pasó a manos de la esposa del presidente de la Asamblea. Sobre el cambio de propietario, la presidenta de la asociación y asesora de Gallegos dice no estar informada. Cuando se le pregunta por qué compró el pickup a un precio que duplicaba el que el vehículo tenía cuando se importó nuevo, lo que responde es que agradece que se le ilustre sobre los precios de mercado de los automotores.

—Aquí lo que hay es un desconocimiento mío, vea, que pude haberme comprado uno nuevo… Mire, usted me está ilustrando.

—¿Y por qué el vehículo ya no está a nombre de APDEMES?

—Voy a tener que preguntarle al contador por qué. Esta información me sirve.

—¿Usted compró el vehículo y no sabe por qué no está a nombre de la asociación?

—Es que no me cuidé de hacer las debidas transferencias. Pero es algo que ahorita mismo se puede corregir.

El Faro entrevistó a siete diputados de la Comisión de Hacienda y a tres asesores de comisiones de trabajo de la Asamblea; revisó documentos oficiales de la Asamblea, de los ministerios de Hacienda y Gobernación, del Registro Público de Vehículos, del Centro Nacional de Registros y del Tribunal Supremo Electoral. Este periódico visitó además los siete municipios en los que APDEMES asegura haber realizado proyectos de prevención de la violencia, y habló con cuatro coordinadores de proyectos de prevención, con dos alcaldes y obtuvo siete respuestas oficiales vía ley de acceso a la información. En esos municipios no hay ningún rastro del trabajo de APDEMES.

El presidente de la Asamblea, que tomó el cargo el 8 de noviembre pasado, asegura que él no hizo ninguna solicitud en favor de APDEMES, y que si votó en la Comisión de Hacienda a favor de esos desembolsos, y en plenaria para ratificarlos, fue porque él no estaba informado de que su esposa perteneciera a dicha organización.

Sin información que diera certezas sobre el uso del primer cuarto de millón de dólares, APDEMES regresó a la Asamblea a finales de 2015 a solicitar más dinero. El 26 de noviembre de ese año la Comisión de Hacienda, de la cual Gallegos era vocal, le aprobó un segundo desembolso, pero esta vez incrementado hasta los 300 mil dólares. La asignación de fondos de nuevo fue ordenada a través del presupuesto del Ministerio de Hacienda, y Gallegos, de nuevo, firmó a favor el dictamen y votó a favor en el pleno.

 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública. 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública.

Fundadores de Gana, fundadores de APDEMES

El 29 de octubre de 2008, Julia Nora Romero de Gallegos fundó APDEMES junto a tres empleados de la Asamblea Legislativa: Mario Itamar Escobar Escobar, asesor de Gallegos -que en aquellos días era jefe de fracción del partido Arena-; José Luis Duque, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de la Asamblea; y Daysi Girón, la tercera al mando en la UACI dirigida por Duque. Entre los fundadores también figuró la esposa del jefe de la UACI, Sandra Esther Ventura de Duque. El acta de fundación fue firmada ante los oficios de otra empleada de la UACI en la Asamblea, la notaria Liliana María Valladares.

“Siempre hemos tenido un fin en común: beneficiar y fortalecer municipalidades, pues ahí creemos que está el desarrollo económico”, responde Duque cuando se le pregunta cómo idearon el surgimiento de la asociación, junto a la esposa de su jefe.

En la primera junta directiva, Duque asumió como presidente y la esposa de Gallegos como vicepresidenta. Cinco meses después, ya en 2009, la esposa de Gallegos vendió a los esposos Duque un palco y un estacionamiento en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Desde hace siete años, según se recoge en los servicios clasificados de venta de propiedades, los precios de esos palcos han oscilado entre los 15 mil y los 45 mil dólares, dependiendo de la ubicación y del número de asientos. Los esposos Duque obtuvieron el palco 449, sexto piso, zona norte –junto al parqueo H465- por 1,312 dólares, según el Registro de Propiedades.

Cuando se le pregunta a Duque el origen de la relación entre él y los esposos Gallegos, responde: “Esos son asuntos personales”. Cuando se le pregunta al diputado Gallegos si Duque es su amigo, responde: “Tengo 16 años de ser diputado en la Asamblea y he logrado crear amistad con algunos empleados”.

Entre 2008 y 2014, APDEMES reportó a Gobernación su inscripción como asociación, pero nada más. Contrario a lo que dispone la ley, no presentó balances ni actualizaciones de su junta directiva.

El 18 de octubre de 2014, un mes antes de que obtuviera su primer cuarto de millón de dólares en la Asamblea, Ana Dolly Valiente, la otra asesora de Gallegos, fue elegida como nueva presidenta de APDEMES. Esa acta sí fue inscrita en Gobernación, el 12 de enero de 2015, tres días antes de la compra del pickup año 2010. En esa junta directiva Julia Nora Romero de Gallegos repitió como vicepresidenta y el asesor de Gallegos Itamar Escobar repitió como vocal. Entraron como nuevos integrantes la secretaria de la asociación, Sonia Maritza López Alvarado, y el tesorero Juan Carlos Cerón Flores.

Las cinco personas tienen la etiqueta de Gana. En enero de 2010, Julia de Gallegos, Itamar Escobar y Juan Carlos Cerón Flores se convirtieron, junto a Gallegos, en miembros fundadores del partido, según consta en el acta de fundación inscrita ante el Tribunal Suprema Electoral. En 2012, Sonia Maritza López Alvarado y Ana Dolly Valiente fueron candidatas a diputadas de Gana, pero ninguna ganó el escaño.

 

El jefe de la UACI, Duque, asegura que junto a su esposa renunciaron a la asociación en 2014, cuando fue nombrada la nueva directiva, y que él no tuvo nada que ver con la petición de fondos de APDEMES a la Asamblea. Afirma que la hizo la directiva sucesora. “Nosotros nos retiramos. No he administrado esos fondos. Estoy casi 100 % seguro de que nuestro presidente (Gallegos) ni cuenta se daba de esto, de que había una oenegé”, dice Duque.

Duque dio una entrevista a El faro acompañado por sus asesoras, por la fundadora de APDEMES Daysi Girón, y por la notaria ante quien fue fundada la asociación, Liliana María Valladares. Cuando se le preguntó en qué fecha renunció dice no recordarlo. Daysi Girón también dice que se desvinculó de la asociación en 2014, y que tiene consigo las cartas de renuncia que lo prueban. Sin embargo, al siguiente año, en enero de 2015, fue Daysi Girón quien tramitó ante Gobernación la inscripción de la nueva junta directiva.

Hasta noviembre de 2016, Gobernación no tiene registro de la desvinculación de los fundadores, incluida la esposa del presidente de la Asamblea. “La vicepresidenta… esa persona que usted me dice, ya no está en la asociación”, dijo Ana Dolly Valiente el martes 8 de noviembre cuando se le preguntó por Julia Nora Romero de Gallegos. Pidió una semana de plazo para mostrar la documentación que probaba el retiro de la esposa de Gallegos. Vencido el plazo, El Faro le hizo ver que, lejos de retirarse, Julia Nora Romero de Gallegos fue nombrada vicepresidenta de APDEMES para el período del 18 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 2017. Sobre la documentación que podría probar lo contrario, Valiente se excusó por no presentarla: “Se ha perdido el libro de actas. Me han dicho que se extravió. Es de las cosas que cuando asumí como presidenta intenté cambiar”, dijo.

A pesar de estas anomalías, a APDEMES no le ha ido mal ante la Asamblea Legislativa, que cada año presenta a Hacienda una lista de organizaciones privadas que recibirán fondos públicos. Según la Ley de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, APDEMES debía mantener registros actualizados ante Gobernación. En 2014, cuando la Asamblea Legislativa la incorporó en el presupuesto para otorgarle un cuarto de millón de dólares, APDEMES no había presentado a Gobernación ni siquiera su información contable correspondiente a 2009. El 8 de junio de 2015, siete meses después de recibir el beneficio legislativo, entregó de una vez la información de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Negociaciones bajo la mesa

La decisión de qué institución particular recibirá fondos públicos es, en esencia, de los diputados, no del Ministerio de Hacienda.

El 20 noviembre de 2014, la Comisión de Hacienda, de la cual el diputado Gallegos es vocal, aprobó el dictamen 359 que contenía la ley del presupuesto general para el año 2015. La Asamblea repartió 24.2 millones de dólares entre una larga lista de beneficiarios privados, entre los cuales se coló APDEMES con 250 mil dólares. El dinero salió de recortes que se hicieron a las partidas del Ministerio de Hacienda y del Órgano Judicial.

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública. 

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública.

Un asesor técnico al servicio de la Asamblea que conoce del proceso para decidir qué personas jurídicas privadas recibirán fondos públicos, dice que en la mayoría de casos –“no de todas las instituciones”- las negociaciones tienen detrás un interés personal de los diputados y que los votos para aprobar el presupuesto general de la nación, de interés máximo para el partido en el gobierno, son una moneda de cambio. “¿Por qué se aprueba a última hora ese dictamen, en el que van incluidas esas asociaciones?”, se pregunta. “Porque ahí se resuelve esta ecuación: ‘resolveme este problemote (votos para el presupuesto general) y yo te resuelvo este problemita (votos para la asociación de tu preferencia)’”.

Tres técnicos de la Asamblea que accedieron a hablar con El Faro bajo condición de anonimato plantean estos requisitos para que las asociaciones que llegan a pedir fondos sean tomadas en cuenta. La primera es que la petición de fondos conste en una carta. La segunda, que esa carta termine en manos de la presidencia de la Comisión de Hacienda. Pero para que esto último ocurra hace falta andar uno de tres caminos posibles: que la carta llegue como correspondencia oficial a la Asamblea, lo que precisa del apoyo de uno o varios diputados, o que la moción sea de una bancada legislativa ante la comisión, o que un diputado haga la petición ante la comisión. Eso, sin embargo, no garantiza nada: es fundamental que un legislador hable al oído de la presidencia de la comisión para que esta incluya a la organización apadrinada en una lista elaborada, aseguran los técnicos, de forma discrecional. “La lista se completa fuera de la comisión entre los interesados y el presidente de la comisión. El Ministerio de Hacienda ni siquiera es consultado, solo informado de que así van esos repartos”, dice uno de los técnicos.

Los tres técnicos coinciden, además, en que nadie revisa estatutos, juntas directivas, y mucho menos una carpeta técnica de los proyectos para los cuales se pide dinero. “¿Una revisión de qué?”, pregunta uno de ellos. “¿Se imagina todos los cálculos que se deben hacer para cuadrar todo el presupuesto del Estado? Y más aún cuando esa lista se define hasta último momento. ¿Usted cree que va a dar tiempo para salir corriendo a ver si la documentación está en regla?”

En el dictamen para la Ley de presupuesto de 2015, la Comisión de Hacienda dispuso que la entrega de fondos a APDEMES se canalizara por medio del Ministerio de Hacienda. El Faro pidió al Ministerio que entregara copia de las solicitudes de fondos públicos para APDEMES, y obtuvo respuesta el 22 de septiembre de 2016: Hacienda nunca recibió por escrito peticiones de fondos ni sometió a consideración de la Asamblea apoyo para APDEMES. La Dirección General de Presupuesto y los departamentos de Presupuesto y Tesorería Institucional coincidieron en que carecían de peticiones por parte de APDEMES.

Gallegos dice que no sabía de su esposa

¿Cómo llegó a pedir dinero APDEMES a la Asamblea? Ana Dolly Valiente responde que en su calidad de presidenta de la asociación recibió la orden de tramitar ayuda ante la Comisión de Hacienda. “Hay lineamientos que yo sigo, y ese fue uno de ellos: que para contar con ayuda del gobierno teníamos que seguir ese conducto”, dice. Valiente niega que Gallegos haya sido quien intercedió ante la comisión para que APDEMES recibiera los recursos. “No, para nada…”

¿Cómo se puede colar a los diputados de la Comisión de Hacienda una asociación que tiene un cordón umbilical legislativo como el de APDEMES y obtener fondos públicos tramitados por los diputados? El Faro consultó a algunos legisladores y estos sacaron balones de su cancha para lanzarlos al campo de los asesores técnicos de la comisión:

—Yo no lo sabía –dice el diputado pecenista Francisco Merino, uno de los legisladores de la Comisión de Hacienda que firmaron el dictamen.

—Me cuesta creerle que ningún diputado se dio cuenta de esto.

—Si me dices “¿Los engancharon?” yo no tengo pena en decir sí, me engancharon. Lo que sí te quiero decir es que si me demostrás que me engancharon, yo voy en contra de los técnicos.

—¿Ve una irregularidad en este caso?

—Cuando alguien tiene pruebas, si es delito se tiene que ir a la Fiscalía, no a la Asamblea. El camino correcto es Fiscalía porque es un hecho consumado.

El diputado Rolando Mata, del FMLN, también apunta a los asesores técnicos.

—¿Los diputados no alcanzan a ver qué es lo que están firmando y a quién le están dando plata de los contribuyentes? –le preguntó El Faro.

—No es que no alcanzamos. Sencillamente, son los técnicos asignados a la comisión los que se encargan de revisar la legalidad de todos los acuerdos.

—¿Quiere que le crea que unos técnicos, subalternos de diputados, le metieron gol a la Comisión?

—Por eso le digo: si usted afirma eso podría ser… Sería bueno conocer los resultados para corregirlos.

El diputado Guillermo Gallegos, que conducirá la Asamblea hasta el 30 de abril de 2018, ha prometido que bajo su administración recortará gastos en la institución y que la transparentará.

El político de Gana respondió poco antes de asumir la presidencia del Órgano Legislativo, que no sabía si hubo una petición directa hacia él para interceder por APDEMES, y que tampoco sabía si él firmó el dictamen para otorgarle fondos públicos. “Se hace la solicitud directamente a la Comisión de Hacienda, y en todo caso a la presidenta Lorena Peña. Yo no firmo ni solicito nada directamente y es la comisión en conjunto la que asigna los fondos”.

Cuando El Faro le preguntó sobre la relación de su esposa con una asociación que, con votos suyos, ha recibido 550 mil dólares de fondos públicos en los últimos dos años, alega que ignoraba esa relación.

—No estoy al tanto de si mi esposa pertenece a esta asociación. Como abogada pertenece a diferentes asociaciones, gremios, y participa en diferentes actividades. Tendría que consultar con mi esposa si ella pertenece a esta asociación.

—¿Cómo se le puede pasar por alto que va a firmar un dictamen que favorece a una asociación fundada por su esposa?

—Nosotros no recibimos las juntas directivas de las asociaciones. Solo mandamos a pedir que estén inscritas y que aparezcan en el Diario Oficial. Al final, quien nos da esa información de que está legal es el técnico jurídico.

—Su asesora legislativa también está en la asociación.

—No sé. Desconozco de esa asociación. Primera vez que escucho de ella.

—Ana Dolly Valiente es la presidenta de la asociación.

—Ella trabaja conmigo, pero desconozco. Mi esposa y ella son abogadas y desconozco si tienen una asociación.

—Es extraño, diputado, que diga que desconoce que su esposa y su asesora…

—Es que no puedo saber. Y solo digo la verdad: desconozco, no sé si ellas tienen está asociación.

El artículo 27 del reglamento de la Asamblea establece que está prohibido para un diputado “participar en la toma de decisiones, cuando exista interés directo para él o para sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Gallegos considera que no ha habido ninguna ilegalidad en la asignación ni en el proceso para otorgar fondos públicos a APDEMES.

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de $100 mil a favor de Apdemes. 

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de 0 mil a favor de Apdemes.

El Faro consultó los expedientes que contienen las leyes de presupuesto de la nación de 2015 y 2016. APDEMES está entre las numerosas asociaciones beneficiadas de las que no consta petición alguna ante la Asamblea Legislativa, pero en otros casos sí consta el trámite. Por ejemplo, a través del ramo de Educación, los diputados otorgaron 382 mil dólares para la Fundación Padre Arrupe, que con 20 años de servicio pidió fondos para sostener un proyecto de becas para 850 estudiantes de escasos recursos. Esta Fundación envió su petición el 14 agosto de 2014, y en su expediente presentó cartas de apoyo de cuatro alcaldías y más de mil firmas de respaldo de padres de familia.

La diputada Lorena Peña explicó a El Faro que la ausencia del expediente de APDEMES es un descuido, pero que ella sí tiene toda la documentación en sus archivos, y pidió que se le busque posteriormente para entregarla. “Todo eso tiene respaldo y se vota públicamente”, dijo Peña. “Y si se vota públicamente es para que todo mundo sepa. Se va en el dictamen con nombre y apellido”.

—¿El diputado Gallegos tramitó esa solicitud?

—No recuerdo, pero podemos verlo en un futuro.

Cuando se le preguntó cómo fue posible que la comisión votara a favor de una asociación vinculada a Gallegos, ella respondió que no encontró ninguna inhabilitación legal. “Cuando tuve a la vista la junta directiva no había ningún lazo de consanguinidad ni de afinidad con ningún directivo”.

—La esposa del diputado Gallegos aparece como vicepresidenta.

—Hay un equipo que revisa y a lo mejor ellos no cachan. Yo no sé cómo se llama la esposa del diputado Gallegos.

—En la municipalidades en las que APDEMES dice haber trabajado no hay rastros de sus proyectos. Con el dinero de 2015 APDEMES compró un vehículo a precio inflado y este terminó luego en poder de la esposa del diputado Gallegos. Agreguemos que el Ministerio de Hacienda no ha fiscalizado las liquidaciones que hizo APDEMES.

—No me consta lo que usted me dice, pero cada ministerio debe ser más estricto a la hora de pedir las liquidaciones.

—¿No debería ser más estricta la comisión: ‘Enseñame lo que decís que vas a hacer, en qué gastaste lo que te dí, para que yo como diputado pueda tomar una mejor decisión’?. Es decir: ¿cuáles son los criterios para decirle sí a unas y no a otras?

—Sí, ahí algo nos ha faltado, porque eso que usted me está diciendo, de ser cierto, es complicado. Porque no es así la cosa, pues. Yo puedo entender que digan que se rebuscaron y por eso una escuelita tuvo techo, vaya. A eso no le veo problema. Pero sí miraría problema si las cosas no se hacen. O sea que ahí como que algo sí nos falta.

—¿Qué falta?

—Deben ser perfeccionados los mecanismos de asignación. A lo mejor va haber que poner un requisito de liquidación, quizá va a ser necesario un reglamento como el que hay para las exoneraciones de impuestos. Algo se me va a ocurrir para este presupuesto (2017).

—¿Eso eliminaría la discrecionalidad con la que parece que han estado estado asignando estos fondos?

—No es que se vaya a hacer para que no parezca una decisión discrecional, eso ayudaría a que el destino de los fondos se cumpla.

—El reglamento de la Asamblea establece una prohibición a los diputados: que no pueden participar en decisiones que les favorezcan o que favorezcan a parientes cercanos, y el diputado Gallegos apoyó el dictamen para favorecer a APDEMES. ¿Este caso debe ser investigado?

—En dado caso ocurriera un beneficio familiar, pero hasta ahora no había computado ningún beneficio familiar… Tenemos una comisión de ética que es la que revisa esos casos.

El dictamen 359, que contenía un cuarto de millón para la APDEMES fue elevado a votación en el pleno en la tarde del 20 de noviembre de 2014, el mismo día en que salió de la Comisión de Hacienda. El dictamen fue aprobado con 49 votos, y el primer diputado en pedir la palabra después de la votación fue el entonces vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Encendió su micrófono y, emocionado, dijo: “¡Misión cumplida, El Salvador!”

Cero rastros en siete municipios

El jueves 3 de diciembre de 2015, más de un año después de haber sido favorecida por la Asamblea con medio millón de dólares, APDEMES rindió cuentas ante el Ministerio de Hacienda. Pero rendir cuentas, en realidad, es demasiado decir. En una nota publicada en la página oficial del Ministerio, el 3 de diciembre de 2015, se cuenta que “En el caso de APDEMES, realizaron programas de prevención contra la violencia en siete municipios de San Salvador”.

La historia de esos programas de prevención contra la violencia de los que habla APDEMES comenzó así: once meses antes de la rendición de cuentas, en una carta fechada el 13 de enero de 2015 y dirigida a la Dirección Financiera, Ana Dolly Valiente solicitó en nombre de la asociación los 250 mil dólares otorgados mediante el dictamen 359 y el decreto legislativo número 866 del 20 de noviembre de 2014.

Dos días más tarde, el 15 de enero de 2015, Ana Dolly Valiente firmó ante un notario la compraventa por 45,500 dólares de un pickup Hilux gris claro a un precio dos veces arriba del precio original. Para entonces, APDEMES aún no había recibido el desembolso de Hacienda.

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

La Dirección Financiera de Hacienda libró a favor de APDEMES un cheque por 125 mil dólares del estatal Banco Hipotecario el 27 de enero de 2015. Dado que la compraventa ocurrió 12 días antes antes de haber recibido el primer desembolso, El Faro preguntó a Ana Dolly Valiente con qué fondos adquirió Apdemes ese vehículo, pero ella insiste que se pagó con los fondos públicos otorgados por ese ministerio. “Hay un respaldo, pues. (El precio) lo analizamos en una junta directiva, ¿verdad’. Recuerde que solo soy representante, y son acuerdos que se toman”. El 20 de febrero, Hacienda libró un segundo cheque por 50 mil por medio del mismo banco; y un mes después libró un tercer cheque por 75 mil dólares. Todos fueron emitidos en favor de Ana Dolly Valiente.

Desde finales de 2008, APDEMES ha dado tres direcciones de sus oficinas. En 2015 y 2016, Apdemes dijo a Hacienda que el lugar de contacto con la Asociación era una pequeña oficina en un edificio de la 29 avenida norte, cerca de la “colonia médica”, en la capital. El Faro visitó el lugar pero ahí no hay rastros de la asociación. “Es que ya no estamos ahí”, dice la presidenta, que se niega a revelar la nueva ubicación. El Faro visitó la primera dirección postal de la asociación y resulta que esta es la casa de habitación del jefe de la UACI. En 2015, APDEMES dejó pistas de una dirección más, en la residencial Altamira, pero en ella tampoco hay rastros de ninguna asociación. El contrato de arrendamiento de esa casa forma parte de los documentos que Ana Dolly Valiente presentó a Hacienda.

Entre la información con que APDEMES liquidó a Hacienda los fondos recibidos hay unos miles de dólares respaldados con recibos simples en concepto de pago de viáticos. Ese informe es una carpeta titulada “APDEMES Informe 2015”, en la cual la asociación explica que llevó a cabo un “programa de prevención contra la violencia en los municipios de Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, San Marcos, San Salvador y Soyapango”. Según la asociación, 175 mil dólares fueron destinados a la implementación de ese programa, pero en el informe presentado a Hacienda no hay más detalles.

El Faro consultó a Ana Dolly Valiente por qué en el informe no hay detalles sobre el programa ejecutado presuntamente en siete municipios. “A ver, a ver: fíjese que es un informe oficial, y si usted no le da credibilidad a algo oficial, de veras que yo ya ahí estoy fuera de todo eso…”

Este periódico consultó a las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Marcos, Apopa, Soyapango e Ilopango si entre enero de 2015 y septiembre de 2016 colaboraron con APDEMES o si al menos supieron de programas de prevención de la violencia ejecutados por APDEMES. Las consultas se hicieron con dos alcaldes y con cuatro coordinadores de programas de prevención, y por medio de peticiones a las unidades de acceso a la información de dichas alcaldías. En todos los casos la respuesta fue negativa.

“Primera vez que la oigo mencionar. Aquí en San Marcos nunca ha venido a ofrecer ningún tipo de coordinación o acuerdo”, dijo el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes.

En el caso de Ciudad Delgado, municipio en el que inició el programa de prevención del gobierno nacional El Salvador Seguro, la respuesta fue tajante. Leticia de Oviedo es la coordinadora de la mesa de prevención.

—¿APDEMES? —se preguntó.

—Sí. Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador.

Oviedo, que había interrumpido una sesión de la mesa de prevención de la violencia del municipio para responder las preguntas, intentó encontrar en las caras de sus compañeros de mesa alguna pista. Varios movieron la cabeza de un lado a otro, en señal de negación.

—Esa entidad no existe en este consejo de prevención —sentenció.

—¿Pero puede ser que haya trabajado o esté trabajando por su propia cuenta, sin coordinación con esta mesa?

—Todos los que estamos aquí sabemos qué se está haciendo y qué no se está haciendo en las comunidades del municipio. Si esa organización no está en esta mesa, es porque su trabajo no existe.

En el vecino municipio de Apopa, el alcalde interino, Santiago Zelaya, también dijo que no es posible que APDEMES hubiera hecho algún trabajo en el lugar y que él no estuviera al tanto. “Aquí no los he oído mencionar. Ya tuviera algún conocimiento”.

El jefe de prevención de la violencia de la comuna, Ricardo González, lleva cuatro años en el cargo y dijo que jamás ha escuchado de APDEMES. “Me parece un poco raro porque nos está llamando el gobierno central a que toda institución, toda oenegé, sector organizado de la sociedad, la comunidad, el municipio, se unan en este esfuerzo del plan El Salvador Seguro; y si hay una oenegé que recibe fondos del gobierno y no aparece, no se suma a este plan, entonces el rumbo de estos fondos es contrario a lo que están manifestando”.

El Faro pidió a Ana Dolly Valiente que explicara cuáles fueron los trabajos de prevención de la violencia y cómo fueron desarrollados.

—¿Ustedes hicieron proyectos de prevención de la violencia sin el apoyo de las alcaldías?

—En ningún momento se gestionó en alcaldías porque si yo no respondo a las alcaldías, sino que es un proyecto precisamente para tratar de ayudar un tanto a este problema con los muchachos, ¿no?

—En las municipalidades nadie tiene conocimiento del trabajo de la asociación.

-Sí, tiene razón usted porque uno de los puntos que se tocó en junta directiva como asociación era buscar personalmente a los líderes comunitarios, y con ellos desarrollar el trabajo porque la experiencia indica que se demora, no nos contestan las alcaldías…

—O sea que encontraron siete liderazgos locales en cada uno de los siete municipios.

—Sí.

—¿Me puede brindar el contacto con cada uno de ellos?

—Mire, déjeme… pero es que eso bien complicado lo que me está pidiendo… y no es por otra cosa… sabe… aun nosotros para llegar a esos municipios, créame que no decimos ni quiénes son… la ayuda está. Es difícil, mire… hasta en los centros escolares, porque vaya… como defensa de territorio, usted no ignora la inseguridad y el problema de pandillas que tenemos… Y sabe, hay que hallarle hasta la forma como para poder sentar a un muchacho y explicarle, por ejemplo, la Lepina (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), explicarles principios morales…

—Precisamente por lo delicado de la situación, ¿no cree que sale mejor coordinar con las alcaldías?

—No, fíjese que no, no, no…

—¿Esa es toda la información que pueden brindar?

—Le repito, para llegar nosotros a las municipalidades, créame, tenemos que ser muy creativos.

El Faro solicitó el 15 de noviembre a la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda que tramitara una entrevista con el ministro Carlos Cáceres o con un designado del ministro, para preguntarle por qué Hacienda ha otorgado dos años consecutivos fondos a APDEMES sin auditar su ejecución. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

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El 26 de noviembre de 2015, la Comisión de Hacienda votó a favor del dictamen 78 que contenía la Ley del Presupuesto para el año 2016. a APDEMES se le asignaron 300 mil dólares. El dictamen, de nuevo, fue aprobado por Lorena Peña, Norma Guevara y Rolando Mata por el FMLN; Francisco Merino y Mario Ponce, por el PCN, y Guillermo Gallegos, por Gana.

Tres meses más tarde, en una carta fechada el 15 de febrero de 2016 y dirigida a la Dirección Financiera del Ministerio de Hacienda, Ana Dolly Valiente solicitó el desembolso de los 300 mil dólares. Hasta abril de 2016, Hacienda da cuentas de un pago parcial de 100 mil dólares a favor de APDEMES.

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El martes 8 de noviembre, el diputado Guillermo Gallegos asumió como nuevo presidente de la Asamblea. Por la noche, asistió a una gala de la embajada de Estados Unidos, con motivo de las elecciones en el país norteamericano. Cerca de las 8 de la noche llegó a la fiesta Julia Nora Romero de Gallegos, su esposa. El Faro intentó hablar con ella, pero el diputado impidió que se le hicieran preguntas.

—No, ya no, suficiente –dijo Gallegos.

—Diputado, pero usted mismo nos dijo que le preguntemos a ella.

—No, ya no, por favor. Por favor, ya. Suficiente.

 

*Con reportes de Fátima Peña

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas.

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas. “Suficiente”, dijo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña