El Faro

Nayib Bukele también pactó con pandillas. De Carlos Martínez/El Faro

Para conseguir ejecutar sus proyectos en la capital, la administración municipal de Nayib Bukele negoció con las pandillas e hizo a lo largo de tres años concesiones, que incluyeron dar al Barrio 18 Revolucionarios poder de decisión en la asignación de algunos puestos del mercado Cuscatlán. Fuentes de su equipo y de las pandillas aseguran también que en febrero de 2015, siendo candidato a la Alcaldía, su campaña entregó dinero a las tres principales pandillas para evitar que lo boicotearan, tal y como en las elecciones presidenciales de 2014 lo habían hecho el FMLN y ARENA.

Nayib Bukele durante su llegada a una actividad política en la Universidad de El Salvador, el 23 de noviembre de 2017, menos de dos meses después de haber sido expulsado del FMLN. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

29 junio 2018 / EL FARO

El sábado 19 de diciembre de 2015 dos líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha-13 se enlazaron en una llamada telefónica que estaba siendo escuchada y grabada por la Fiscalía General de la República. Según el registro, eran las 11 de la mañana con 12 minutos y 21 segundos:

—¿Qué ondas, culero? Mirá ve: la onda es que ahorita a traer unos juguetes voy para una fiesta navideña. Voy a ver si le aparto a tus cachorros. Para los dos. ¿O los tres?

—¡Tres son, culero! Tres son, hijueputa, ¿cómo vas a creer que dos?

—Es que el cachorrito vos… Una su pacha le voy a regalar… Y a vos un tu pepe.

(Ríen a carcajadas)

—Perate que te vea, bicho culero, te voy a zampar unas tus tres pechadas.

—Para la alcaldía voy ahorita, culero.

—Va, está bueno. Puta, deciles que queremos la navidad, ¡que queremos la navidad!

—Pues sí, ya te dije: lunes a las 10 en Multiplaza nos vamos a ver todos. Ya sabe el alcalde, culero, ya dijo que simón. ¿No sabés quién soy yo pues, culero?

(Ríen)

—Ve, pues, hijueputa, a pegarte una gran nalgada quiero ir yo.

—Tu madre, culero. Órale, maje.

—Órale.

Y colgaron.

Las autoridades tomaron nota de que el lunes siguiente la Mara Salvatrucha tendría una reunión y siguieron escuchando en secreto los teléfonos de los pandilleros.

* * *

Dos días después, el lunes 21 de diciembre, la Policía destinó a dos equipos de agentes encubiertos para espiar la reunión. Sabían que en ella participarían representantes de la Alcaldía de San Salvador y líderes de la Mara Salvatrucha. Mientras tanto, el centro de escuchas telefónicas seguía infiltrado en las comunicaciones de la pandilla.

Por eso sabemos que, aunque el encuentro estaba pactado para las 10 de la mañana, a las 10:19 uno de los pandilleros llamó a otros dos: todos estaban atascados en el tráfico, y el pandillero de mayor rango tenía esperanza de que sus compañeros hubieran llegado ya al restaurante para asegurar el terreno:

—Yo quería que ya estuvieras vos ahí. No vaya a ser que nos metan a algún jura ahí o gente que no conozcás vos.

—Nombre, si solo va el otro vato y mi contacto. Ahí no hay pedo. Esa gente no juega sucio— le tranquilizó el pandillero que había arreglado la cita.

La reunión, tal y como había revelado la escucha del sábado, tendría lugar en la Pizza Hut del centro comercial Multiplaza, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Para disimular, los equipos de seguimiento policial estaban compuestos por dos parejas mixtas —hombre y mujer— vestidas de civil. Cuando los agentes entraron al sitio, la reunión ya había comenzado. Una pareja hizo contacto visual con la mesa en que dos hombres, a los que luego describiría en el acta de la operación como “con aspecto de mareros”, charlaban con otros dos. De estos últimos, uno llevaba en su camisa el logo de la alcaldía capitalina.

Unos minutos más tarde, se sumó al grupo un quinto hombre al que de inmediato los agentes reconocieron como Edwin Ernesto Cedillos Rodríguez, conocido en su pandilla como Renuente, de la clica Abriles Danger Locos Salvatrucha. Es a él a quien la Fiscalía había intervenido el teléfono y a quien tenían perfilado como uno de los más poderosos líderes de la pandilla; integrante de la ranfla en libertad. La Policía le seguía los pasos en el marco de la “Operación Jaque”, con la que pretendían dar un golpe a las finanzas de la MS-13. A día de hoy, ese caso está siendo visto por el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador. Hay 87 acusados por 200 delitos, como extorsión, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y organizaciones terroristas. Ninguno de los acusados es o fue empleado de la Alcaldía.

Los agentes no consiguieron acercarse lo suficiente sin levantar sospechas, y los hombres hablaban en voz baja. Les fue imposible escuchar la conversación. Cuando la charla terminó —duró menos de 40 minutos—, los pandilleros se dirigieron al parqueo del centro comercial y se retiraron en un vehículo negro. Aunque los agentes encubiertos ordenaron a una patrulla cercana que los detuviera para identificarlos, el vehículo negro se perdió en la maraña del tráfico de aquel lunes casi navideño. Entonces, la Policía comenzó a dar persecución a los otros dos.

Uno de ellos abordó una motocicleta pero fue interceptado. Al ser detenido se identificó como Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la Alcaldía de San Salvador. El segundo fue detenido a bordo de un vehículo oficial de la Alcaldía con placas N-2-689, y según consta en el acta policial fue identificado como Mario Edgardo Durán Gavidia, concejal de San Salvador. Durán fue mano derecha del exalcalde Nayib Bukele durante su gestión —de 2015 a 2018—, y era el responsable de asumir como alcalde en funciones cuando el edil tenía que ausentarse del país. Actualmente es parte del movimiento Nuevas Ideas, creado alrededor de la figura de Bukele. La Policía, al igual que a Carlos Marroquín, lo dejó ir sin ninguna acusación en su contra.

Al día siguiente, según revelan las escuchas telefónicas, uno de los pandilleros que asistieron a la reunión notificó a otro que el encuentro fue un fracaso:

—Mirá, con la onda de la Alcaldía, no quisieron aflojar. Ahí te mandé el audio que mandaron.

—¿Qué dijeron?

—Que no, que nos esperemos hasta el otro año dijo el viejo hijueputa ese.

—Va.

—De ahí no quisieron. Ahí tenés el audio que mandaron.

En aquella reunión, la Mara Salvatrucha quiso probar suerte y, de paso, probar al nuevo alcalde, electo diez meses atrás, en marzo de 2015. Habían solicitado diez mil dólares a los representantes de la Alcaldía. A cambio, ofrecían la anuencia a los futuros proyectos de la municipalidad. Los funcionarios les explicaron que eso no era posible. En lugar de dinero, ofrecieron llevar unos materiales de construcción —láminas en su mayoría— para algunas de las precarias comunidades controladas por la Mara.

Pero la MS-13 y la Alcaldía de San Salvador no estaban abriendo un diálogo, sino continuando uno que había iniciado más de un año atrás. Y que continuó durante toda la administración de Nayib Bukele.

El Faro tuvo acceso a expedientes judiciales, a bitácoras de seguimiento policial y a audios de escuchas telefónicas, que perfilan la relación entre la anterior gestión de la Alcaldía capitalina y las principales pandillas del país.

Este periódico también entrevistó a varias personas que trabajaron en los equipos de la municipalidad y que participaron directamente en los contactos con la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, o que conocieron de los distintos mecanismos a través de los cuales la Alcaldía de Bukele administraba su cotidiano y complejo diálogo con las pandillas. Todas estas fuentes hablaron con El Faro con la condición de que sus nombres y sus cargos se mantuvieran en reserva.

También miembros de pandillas que participaron directamente en los acuerdos con la municipalidad relataron con detalle a El Faro el proceso de elaboración de algunos pactos, bajo el mismo acuerdo: sus nombres y apodos pandilleros deben ser mantenidos en secreto.

De la información de todas estas fuentes y de los documentos oficiales se desprende que la relación del gobierno municipal de Nayib Bukele con las pandillas no se definió por un solo acuerdo que estableciera un marco permanente de entendimiento. Más bien se trató de una suma de tratos cotidianos que posibilitaron a la Alcaldía intervenir las principales plazas y cuadras del Centro Histórico —proyecto insignia de Bukele—, así como tener acceso a algunas de las comunidades donde el control de las pandillas es muy fuerte.

El Faro consiguió establecer que, a cambio, la Alcaldía hizo concesiones que fueron desde asignar espacios para la venta callejera en eventos públicos o contratar a pandilleros como vigilantes de las ferias de agosto, hasta permitir que una pandilla elaborara una lista de personas a las que se terminó asignando puestos en el mercado Cuscatlán y, posteriormente, seleccionara directamente para personas sus afines los mejores espacios.

Además varias fuentes —tanto pandilleros como miembros del equipo de campaña del alcalde— aseguran que en vísperas de la elección municipal de 2015 Bukele entregó a las pandillas dinero en efectivo para evitar que estas boicotearan sus posibilidades de ganar.

El diez de junio pasado, El Faro se reunió con Mario Durán para cuestionarlo sobre la intención de la reunión que sostuvo con la MS-13 en diciembre de 2015. Durán afirma que nunca se enteró de que las contrapartes de aquel encuentro eran miembros de la pandilla. “Sostuve una gran cantidad de reuniones como parte de mi trabajo, me reuní con distintas personas todo el tiempo”, dijo. En aquel encuentro, se le pidió que hiciera saber al exalcalde Bukele de la investigación que seguía El Faro al respecto y del interés por entrevistarle.

Ocho días después, el 18 de junio, Bukele envió un mensaje telefónico diciendo que prefería no hacer ningún comentario sobre el tema. En las semanas siguientes El Faro siguió insistiendo al alcalde sobre la importancia de contar con su versión de los encuentros y gestiones hechas por sus funcionarios con las pandillas y sobre las decisiones que tomó al respecto durante su administración. En repetidas ocasiones él declinó concecer la entrevista. El viernes 29 de junio por la mañana, alertado de la inminente publicación de este reportaje, el exalcalde y precandidato presidencial pidió más tiempo y propuso sostener una entrevista el lunes 2 de julio. Este periódico consideró sin embargo que el exfuncionario, plenamente informado durante las tres semanas anteriores del contenido de la investigación, había dispuesto de tiempo suficiente para ello, por lo que decidió publicar, sin detrimento de seguir buscando la versión de Bukele y de sostener una entrevista con él en el momento en que lo considere.

Necesidades de campaña

Los contactos entre la anterior administración capitalina y las pandillas comenzaron en noviembre de 2014, en medio del fragor de la competición por la Alcaldía, y motivados por un candidato que no era Nayib Bukele.

El domingo 9 de noviembre de ese año el candidato de ARENA, Edwin Zamora, tenía programada una actividad proselitista en la colonia IVU, uno de los barrios bravos de la capital, gobernado por la facción Revolucionarios del Barrio 18. Pero horas antes de iniciar el evento se vio obligado a suspender la actividad alegando “razones de seguridad” .

El equipo de campaña de Bukele vio en aquel episodio una derrota de su adversario, que pretendía gobernar una ciudad a cuyas colonias ni siquiera podía entrar a pedir el voto, y convirtió la entrada a la IVU en un objetivo prioritario con el que mostrar que su candidato sí podía pasearse con confianza a lo largo y ancho de la capital.

Pero entrar a la IVU como Juan por su casa es un acto temerario, y hacerse acompañar por un escuadrón de escoltas privados y policías lo haría lucir, en plena campaña, poco popular. Se necesitaba a alguien con las conexiones necesarias para preparar el terreno y garantizar que una exhibición de confianza no se convirtiera en un ridículo. Desde luego, ninguno de los capitanes de comunicación, marketing o estrategia de Bukele sabía un nombre o un teléfono de alguno de los bichos influyentes de la colonia. Hasta que se ofreció a sí mismo un muchacho de pelo largo, líder de la Barra Brava del Alianza y cantante de hip hop, que aseguró que, producto de sus conexiones en la hinchada alba y de sus actividades como organizador de artistas urbanos, tenía algunos teléfonos que marcar.

Carlos ‘Slipt’ Marroquín (Foto tomada de su perfil en facebook)

Funcionó. Al cabo de algunos intentos, Carlos Marroquín —conocido en los ambientes raperos como Slipt— consiguió que los pandilleros de la IVU autorizaran la presencia de Bukele. Cinco días después, el entonces candidato recorrió orondo y triunfal los pasajes de la IVU con apenas un equipo mínimo de seguridad personal y con su esposa de la mano, prodigando sonrisas y seguro de haber ganado la partida a su contendiente.

A cambio de la bienvenida, la pandilla pidió un mínimo: una fiesta infantil para los chiquillos de la colonia, con piñatas y juegos. El candidato accedió. Valía la pena. También recibieron un listado, elaborado por la pandilla misma, con una serie de solicitudes encaminadas a ofrecer trabajo, formación y entretenimiento para los jóvenes de la colonia. El Barrio 18 Revolucionarios estaba probando el terreno.

No solo Bukele ganó con aquella entrada simbólica, sino también Slipt: su arrojo y su eficiencia para abrir puertas difíciles no pasaron desapercibidos para el candidato y, a partir de ese momento, se coló en su círculo de confianza y se perfiló como un gran solucionador de problemas. De problemas con las pandillas.

“Ahí fue cuando el Slipt subió de nivel. Cuando pasó lo de la IVU, Slipt sacó la cabeza”, recuerda uno de los miembros del equipo de campaña de Bukele.

Así que cuando hubo que preparar el terreno para entrar a comunidades como la Quiñónez, Fenadesal y El Coro —que forman parte de ese enorme entramado urbano conocido como La Chacra—, tuvo que entrar en acción Slipt: normalmente tenía algún contacto que desembocaba en otro contacto y así, hasta dar con alguien —preso o libre— con la autoridad suficiente para garantizar ingresos seguros.

El método implicaba una enorme dispersión de esfuerzos, sin mencionar que el éxito de cada gestión dependía del carácter o de los intereses de cada líder de clica o de programa. Por eso escucharon a Raúl Mijango, mediador de la Tregua de 2012, cuando les dio un consejo. Según personas que participaron en algunas reuniones entre el mediador y miembros del equipo de campaña de Bukele, Mijango les dijo que en lugar de perder el tiempo intentando localizar al pandillero que manda en cada cuadra, lo ideal era entrar en diálogo directo con los voceros nacionales designados por cada pandilla. Esa nueva estrategia permitiría focalizar las gestiones y darles continuidad. Ofrecía además una enorme economía de esfuerzos.

Algunos miembros de la campaña de Bukele, como Celina Guerra —proveniente de la esfera del FMLN—, Mario Durán y el propio Slipt, habían tenido algunos acercamientos, a través de la oenegé Interpeace, con Mijango y lo que quedó del equipo gestor de la Tregua con pandillas, que a finales de 2014 estaba ya desmontada y vilipendiada. Interpeace había sido de las principales fuentes de recursos para la Tregua: pagó el salario del principal mediador, Mijango, el de algunos de sus asistentes, y un local en la Zona Rosa donde operaba la “Fundación Humanitaria”, la figura institucional que dio cobijo a las actividades de Mijango como mediador entre las pandillas y el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes. Según fuentes de la alcaldía, el equipo de Bukele había sostenido algunas reuniones en la Fundación Humanitaria con la idea de explorar la implementación en San Salvador de un proyecto de interruptores de violencia, siguiendo el modelo de la Alcaldía de Los Ángeles en Estados Unidos.

Slipt tomó el consejo de Mijango y lo puso en práctica: en lugar de picotear contactos dispersos se abocó a la fuente de poder. En aquel momento, las ranflas en libertad de las tres grandes pandillas salvadoreñas todavía conservaban espacios de encuentro y, pese a su histórica enemistad, solían reunirse con frecuencia y tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo: habían negociado juntos hacía un año con Arena y con el FMLN , cuando ambos partidos se acercaron a pedir respaldo electoral de estas estructuras criminales durante la campaña presidencial que llevó a la presidencia a Salvador Sánchez Cerén.

Reunión del Concejo Municipal de San Salvador, presidida por Nayib Bukele, alcalde capitalino, el 16 de noviembre de 2016. Foto de El Faro, por Fred Ramos.

Reunión del Concejo Municipal de San Salvador, presidida por Nayib Bukele, alcalde capitalino, el 16 de noviembre de 2016. Foto de El Faro, por Fred Ramos.

 

Cuando el equipo de Bukele se acercó a ellos, los representantes de cada pandilla eran básicamente los mismos que habían negociado con Arena y el Frente hacía un año: el Barrio 18 Revolucionarios estaba representada por el Zer y Chino Alfa; por el Barrio 18 Sureños hablaban Chafa y Chamba; y por la Mara Salvatrucha Piwa y Sniper. Aunque ese era el núcleo duro, algunos pandilleros de menor rango tenían acceso eventual a algunas reuniones con los políticos o encuentros con la prensa internacional. Casi todos los que participaron en estas negociaciones se encuentran actualmente en prisión de máxima seguridad, prófugos o son colaboradores de la Fiscalía. Otros fueron asesinados.

Luego de algunas reuniones para abordar temas puntuales, Slipt tuvo una reunión con todos los representantes pandilleros, a escasos días de la elección por la Alcaldía, que se celebraría el 1 de marzo de 2015.

Aquellos pandilleros se sentían traicionados por el partido de Bukele, el FMLN: habían negociado su respaldo electoral, habían invertido horas y horas diseñando planes de diálogo y alternativas laborales con supuestas inversiones millonarias . Sin embargo, una vez que el FMLN estuvo instalado en el Ejecutivo por segunda vez, desconocieron todos los acuerdos y convirtieron todos los planes en papel mojado. Para el candidato Bukele, era imprescindible desmarcarse de su partido ante las pandillas, distanciarse de todos los compromisos rotos. Pero los pandilleros —según fuentes de las pandillas—habían probado más que una dosis de realpolitik: en sus intercambios con líderes de izquierda y derecha habían probado dinero. Habían descubierto que su respaldo, o al menos su garantía de no boicotear, tenía precio.

Dinero para las pandillas

“El contacto lo hizo el chamaco que vos mencionaste y fue a través de la 18R que contactaron al Sur y a las letras. Eso fue el día del cierre de campaña de Bukele. De emergencia nos reunimos con el chamaco.Las letras no pudieron llegar pero delegaron en los números la negociación. Se les informaba lo que se estaba hablando a las letras”, dice uno de los pandilleros que estuvo en aquella primera reunión entre voceros nacionales de las pandillas y representantes del equipo de Bukele.

“Nos explicó cosas que ya sabíamos: que el Frente estaba truncando a Bukele para que no ganara y que estaban moviendo gente ellos para otros municipios para que no votaran en San Salvador”, recuerda. Cuando habla del “chamaco” se refiere al Slipt. “Las letras” son la Mara Salvatrucha-13, y el “Sur” y la “18R” son las distintas facciones del Barrio 18 en El Salvador.

El pandillero, que también estuvo presente en gran parte de las negociaciones con el FMLN y ARENA, explica el razonamiento que llevó a las pandillas a respaldar aquella candidatura poco convencional del FMLN para la capital:

“El Frente en ese momento no había coordinado votos con nosotros (para la elección municipal). Según que le daríamos a Edwin (Zamora) nuestros votos. Pero cuando se nos dio la oportunidad de joder al Frente con un caballo de Troya nos llamó más la atención, y así lo pactamos. El Frente ya estaba dando las muestras de lo que venía, o sea que no cumplirían. Esta negociación nos servía para hacerle la vida imposible al Frente. Ellos le apostaban a que perdiera Bukele, nosotros le apostamos a hacerlo ganar”, escribió a El Faro el líder pandillero, por un sistema de mensajería instantánea. Para facilitar la comprensión de los mensajes se han retocado detalles de puntuación y ortografía.

Este pandillero aseguró que, aunque en un principio se pensó en pedir 35 mil dólares a Bukele, finalmente acordaron dejarlo en 20 mil: “Se acordó que solo nos dieran para los gastos de movilización que fueron 20 mil dólares, nada más diez mil para las letras y cinco mil para la R y cinco mil al Sur… No era negocio, era desquite”, explicó.

Todavía está sorprendido, dice, por la celeridad con la que ocurrieron las cosas tras la primera reunión con el Slipt: “No se pensó que la feria (el dinero) se entregaría el mismo día de la plática. Fue de emergencia que la R confirmó que ese mismo día la entregarían. Avisaron a las letras y al Sur que se movieran para la Zona Rosa. La negociación se dio al cierre de campaña, como a las 12 M y la entrega del dinero como a las 7 PM”, relata.

En esta versión, el dinero se entregó en un restaurante de la Zona Rosa, territorio controlado por el Barrio 18 Revolucionarios. Esa pandilla fue la responsable de montar un dispositivo de seguridad.

“Nuestros términos eran que él invertiría en las comunidades de nosotros, todo coordinado, y que la comunicación fuera siempre con esa persona (Slipt), y que él se convirtiera en el enlace. Nosotros le daríamos los contactos de las claves en las comunidades, y se coordinaría todo”, dice este pandillero.

Una de las personas que tuvo acceso al círculo íntimo de la campaña confirma que se hizo un pago a las pandillas y recuerda los hechos de forma muy similar: las fechas de la negociación, el mensaje de distanciamiento del FMLN que se les trasmitió a las pandillas, el nombre de quien llevó a cabo esa negociación. Sin embargo, esta persona asegura que fueron 30 mil dólares los entregados, y no consigue señalar con precisión a la persona responsable de entregar el dinero ni de dónde provenía el capital.

Según las dos fuentes consultadas, este episodio marcó el inicio de una relación relativamente armónica con la Alcaldía de la capital, y abrió canales de diálogo estables que permitirían durante los siguientes tres años al gobierno de Bukele llevar la fiesta en paz.

Pactos cotidianos

Nayib Bukele ganó la elección por un margen de apenas seis mil votos. El alcalde aseguró posteriormente que el FMLN estaba tan seguro del triunfo que movilizó votantes hacia otros municipios más inciertos.

Cuando instaló su gobierno municipal, tenía la certeza de que para gobernar la capital era necesario contar con mecanismos institucionales de diálogo con las pandillas que permitieran desbloquear los obstáculos. Parte de esa responsabilidad la asumió la Sugerencia de Participación Ciudadana, a cargo de Edwin Ramírez, uno de los más activos operadores del gobierno municipal en el terreno, y miembro del equipo de confianza de Bukele. Ese es uno de los puestos con mayor potencial para consolidar bases electorales. Ramírez estuvo en el cargo hasta que la relación entre el alcalde y su partido comenzó a deteriorarse, y el FMLN presionó para nombrar en su lugar a una militante de confianza.

Pero la plataforma protagónica en la relación con los pandilleros fue la Unidad de Intervención Comunitaria, que poco tiempo después fue rebautizada como Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, a cargo de Slipt. Las fuentes consultadas se refirieron a esta unidad como “los bomberos”, a los que se acudía, precisamente, para prevenir que se desataran incendios entre la municipalidad y las pandillas.

Algunas veces no fue necesario invocar los buenos oficios de los bomberos. El 23 de mayo, menos de un mes después de haber asumido la Alcaldía, Bukele tuvo que tomar previsiones para su primer evento masivo en espacios públicos: la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La Iglesia Católica y el Gobierno salvadoreño dispusieron un megaevento que tendría lugar en la plaza del Divino Salvador del Mundo, y al que asistirían los jerarcas de ambas instituciones. Se esperaba que acudiera una multitud a celebrar el reconocimiento a Romero.

Pero lejos de las tarimas, de los invitados de honor y de los rituales eclesiásticos, había un asunto que resolver de naturaleza terrenal: la alcaldía tenía que asignar espacios para las ventas callejeras, y para ello tenía que articular un complejo rompecabezas: Los alrededores de esa plaza son controlados por la Mara Salvatrucha-13, que reclamaba su derecho a tener asignado un espacio privilegiado para la instalación de puestos de venta. Pero algunos vendedores del Centro Histórico, particularmente los que circundan la Plaza Libertad también querían participar de la bonanza. Éstos últimos, trabajan bajo el control del Barrio 18 Revolucionarios, representados por su célula o tribu Raza Parque Libertad.

Personas de los equipos territoriales de Bukele relatan que las negociaciones se hicieron directamente con representantes de ambas pandillas, desde la Subgerencia de Participación Ciudadana, y explican que el acuerdo fue simple: la MS-13 reservó para sí dos de las mejores cuadras de venta: las que van desde la 65 avenida norte, hasta la 61 avenida norte. En otras palabras, desde la cuadra de la Pizza Hut, hasta la del Pollo Campero. A cambio, la Mara toleraría la presencia de vendedores designados por sus enemigos, que ocuparon la cuadra enmarcada entre la 65 y la 67 avenida norte, o sea, la cuadra del Scotiabank y la primera cuadra del Paseo General Escalón. Así, con las cosas claras, sin que casi nadie lo notara, ambas pandillas —sus familiares, esposas, amigos— pudieron vender comida, camisetas y recuerdos a la multitud que se congregó aquel día para homenajear al mártir católico.

El Faro buscó al entonces jefe de la Subgerencia de Participación Ciudadana, Edwin Ramírez, que se limitó a decir que la relación con pandillas jamás existió dentro de las responsabilidades formales de su cargo y agregó que su trabajo implicaba sostener una enorme cantidad de interacciones con muchos actores sociales “con un enfoque integrador y de reconstrucción del tejido social”. Advirtió que esa sería su única respuesta a las preguntas de este periódico.

En general, 2015 fue un año aterrador en El Salvador: el presidente Salvador Sánchez Cerén decidió dar por concluido oficialmente el experimento de la tregua puesto en marcha por su predecesor Mauricio Funes, que exploró el diálogo con las pandillas para disminuir los homicidios. El nuevo mandatario pretendió dar un golpe de efecto regresando al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a todos los líderes pandilleros que habían sido trasladados de ese penal a cárceles comunes, como uno de los primeros acuerdos de la tregua. Como respuesta, las pandillas incrementaron su violencia, llevando al país hasta una tasa record de asesinatos: 103 por cada cien mil habitantes. Durante 2015, los salvadoreños se asesinaron como no lo han hecho ningún otro año de este siglo. Bukele asumía el mando de una capital en llamas.

La última semana de julio, las pandillas amenazaron a los empresarios del transporte público con asesinar a sus motoristas si no suspendían los servicios de sus unidades. Durante tres días, el Gran San Salvador se vio prácticamente paralizado. Siete conductores de autobuses fueron asesinados por desoír la amenaza; el Ejército sacó camiones militares a las calles para transportar a los usuarios, además de tanquetas y carros militares con ametralladoras de alto calibre.

El alcalde Bukele se sumó al esfuerzo por paliar la situación y puso a disposición casi una treintena de microbuses que ofrecían transporte “gratuito y seguro”. Los microbuses llevaban distintivos de la Alcaldía capitalina. Como muestra de buena voluntad por su apertura al diálogo, las pandillas se comprometieron a respetar esas unidades. Uno de los empleados municipales de aquel momento lo describió así: “A veces, iban (los pandilleros) en los microbuses o estaban pendientes en las paradas que se habían improvisado, para asegurarse de que no pasara nada”.

También en medio de aquella vorágine de asesinatos y de gestos de poder de parte de las pandillas, al alcalde Bukele le tocó organizar su primera fiesta patronal y su primera feria agostina, para la que había prometido tirar la casa por la ventana: cambió el campo de la feria, desde su ubicación tradicional en el predio Don Rúa, hacia el parqueo del Estadio Cuscatlán, invirtió en llevar un mayor número de atracciones, amplió el horario hasta bien entrada la noche, ordenó metódicamente los puestos de comida, dispuso un enorme parqueo y prometió que sería el festejo más seguro de la historia reciente de la capital. Y lo fue.

Pero junto con la feria se trasladaron también Los Caminantes, una muy particular clica de la Mara Salvatrucha-13, cuya actividad delictiva se despliega particularmente en ferias y eventos lúdicos: controlaban el antiguo campo de la feria, disponían y extorsionaban a los comerciantes, a los dueños de los parques de atracciones, asaltaban e imponían su ley en el campo de Don Rúa, y no estaban dispuestos a renunciar a su esencia por un traslado de local.

El problema es que los nuevos territorios de la feria ya tenían dueño. Cuando la clica de los Monserrat Locos Salvatruchos, que controla los alrededores de la Colonia Luz y extiende su poder hasta el Estadio Cuscatlán, se enteró de que el nuevo campo de la feria estaría ubicado en sus dominios se frotó las manos. Aquello generó una controversia con Los Caminantes, que daban por hecho que feria es feria, independientemente de dónde funcione. La escalada de tonos entre las dos clicas de la MS-13 llegó a tal punto que el comité organizador del evento temía que la luminosa feria prometida se viera incendiada por una guerra interna. Así que llamaron a los bomberos de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Es decir, al Slipt.

Luego de dimes y diretes, de invocar a autoridades superiores, el Vampiro, palabrero de la clica Monserrat Locos Salvatruchos, accedió a llegar a un acuerdo que se mantuvo vigente las siguientes dos ediciones de la feria agostina: la organización de la feria contrataría a varios de sus homeboys como encargados de seguridad del evento, especialmente del parqueo. Su misión era velar por que nadie se robara nada de los vehículos. A cambio, recibieron de la alcaldía un pequeño salario, un chaleco con cinta reflectante y un silbato para casos de emergencia. Una clica cedió, y el incendio fue apagado.

Un mercado para la Revolución

Los mecanismos de diálogo con pandillas y sus plataformas de ejecución estaban diseñadas para que el alcalde jamás tuviera que participar de manera directa, según se desprende de la suma de los relatos de miembros de su equipo. Distintos operadores tenían diferentes grados de autonomía, y autorización para hablar en nombre del alcalde o de la alcaldía. Por lo general, estos mecanismos se enfrentaron con problemas más o menos domésticos como los relatados: prevenir una trifulca en plena ceremonia de beatificación; cauterizar a tiempo una guerra en plena feria de agosto; asegurarse de que los microbuses auxiliares no terminaran ametrallados. Pero otras veces no fue tan fácil apaciguar el afán lucrativo y criminal de las pandillas.

El 16 de diciembre de 2016, Bukele inauguró un nuevo mercado revestido de simbolismo: no era un edificio lúgubre y maloliente, peligroso y sucio como se suele imaginar un mercado salvadoreño. Este era moderno, brillante, con escaleras eléctricas y ascensores, y aspiraba a hacer convivir a humildes vendedores ambulantes con cadenas internacionales de comida. Sería además un mercado culto: por primera vez, un mercado municipal tendría una biblioteca de diseño, con más de cinco mil títulos, con un ala especializada en comics para atraer a los jóvenes y con acceso gratis a internet. El mercado Cuscatlán tiene también un aire cosmopolita: una última planta adaptada para que haya vista panorámica a la ciudad, con terrazas donde tomar cervezas y comer al aire libre, y telescopios para recorrer la capital de un vistazo. Al menos en el papel, aquel mercado era un enorme monumento de siete millones de dólares a la idea que Bukele quiere transmitir de sí mismo: yo soy distinto.

Pero bajo las aguas mansas hubo —hay— corrientes violentas.

Hay asuntos prácticos que entender sobre las ventas informales del Centro Histórico. Uno muy importante es el hecho de que cada vendedor tiene total claridad sobre la pandilla que controla su territorio de venta y a la que normalmente paga extorsión. Se saben delimitados por las fronteras invisibles que imponen dos pandillas: la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18 Revolucionarios. Cada cuadra, callejón y plaza está repartido, y nadie iba a moverse de su puesto si la pandilla que los controla no lo autorizaba.

El mercado Cuscatlán tiene una ubicación compleja: no forma parte de las cuadras que se consideran el Centro Histórico de la capital, de manera que los vendedores tendrían que salir de su entorno; pero más grave aún: era un territorio cuya propiedad criminal no estaba del todo clara.

Está construido a pocas cuadras de la calle Rubén Darío, que se interna en el Centro Histórico, hasta pasar por delante de Catedral, bordeando el parque Hula Hula, bastión indiscutible de la Mara Salvatrucha-13. Los vendedores de esa calle se saben bajo el dominio de esta pandilla. Por otro lado, gran parte de los vendedores que debían ser trasladados eran aquellos cuyas ventas estaban en los alrededores del Parque Libertad, donde ejerce su autoridad la célula Raza Parque Libertad, del Barrio 18 Revolucionarios.

Un poco más cerca del mercado se encuentra la comunidad Papini, conocida comúnmente como El Hoyo, acreditado centro de venta de drogas al menudeo que opera bajo el puño de los revolucionarios, y que responde al poder y a la autoridad que se ejerce desde otra comunidad: Las Palmas, bastión de uno de los más influyentes líderes de la pandilla a nivel nacional, El Muerto de Las Palmas, recluido en la cárcel de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

Un pandillero miembro de la Raza Parque Libertad explicó en enero de 2018 a El Faro la tensa medición de fuerzas que estaba de por medio entre células de su pandilla: “Es que no eran ellos solos (los de la comunidad Papini). En la negociación dentro de la pandilla, ellos caminaban con los huevos de Las Palmas. Con Las Palmas no se mete nadie de la pandilla”, dijo.

Pero hasta el mercado Cuscatlán también se extiende el control que irradia la Colonia IVU, otro centro de poder de los revolucionarios, con una administración de recursos independiente de sus compañeros de Las Palmas. De esta comunidad también han surgido líderes nacionales de la pandilla.

La asignación de puestos en el mercado se planteaba como un rompecabezas con un peligroso potencial explosivo.

Desde la Alcaldía, la gestión del mercado se delegó en la Subgerencia de Participación Ciudadana, cuya conducción ya ostentaba Idalia Zepeda, miembro leal del FMLN, que había sustituido a Edwin Ramírez en aquel puesto. Desde la Subgerencia alguna vez se contempló la idea de mezclar en el nuevo edificio a vendedores provenientes de territorios mixtos: o sea, poner juntos a los vendedores de la calle Rubén Darío, con los del Parque Libertad. Una locura que desecharon muy pronto. Pero que muy pronto también llegó a oídos de los revolucionarios del Barrio 18.

Aunque formalmente aquel lío era responsabilidad de Idalia Zepeda, el alcalde había delegado toda la gestión territorial de aquella obra en una persona de su confianza: el antecesor de esta funcionaria, Edwin Ramírez, que operaba desde un cargo creado para él en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Personas involucradas en ese proceso recuerdan que Ramírez llegó a recibir amenazas de muerte, porque los homeboys de la Revolución lo acusaron de haber vendido puestos a la Mara Salvatrucha-13, aunque aquello jamás llegó a ocurrir. Hasta que al cabo de una serie de llamadas agresivas pusieron las cartas sobre la mesa: si la Alcaldía no entregaba 100 mil dólares a la pandilla, esta se entendería en guerra con la municipalidad y contra el mercado. Amenazaron con inaugurar el edificio con un par de cadáveres.

Era un punto muerto: el alcalde Bukele tomó la decisión de no entregar ni un centavo, según personas que tuvieron acceso a esta negociación. Sin embargo, eso hacía que ese proyecto emblemático fuera, por un lado, una irresponsabilidad: si llenaba el mercado de vendedores los estaba condenando a vivir a merced de la venganza pandillera. Por otro lado, era inviable: nadie en su sano juicio se iba a trasladar a un polvorín.  La decisión fue simplemente no inaugurarlo y, si hacía falta, postergar indefinidamente el proyecto con todos los costos políticos que eso implicaba.

Entonces, de nuevo, la alcaldía activó a sus bomberos. La MS-13 en realidad nunca llegó a hacer, por criterio territorial, un reclamo sólido sobre el mercado. El Barrio 18 Revolucionarios, en cambio, tenía una presencia apabullante en los alrededores del edificio. La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social  se involucró en el entuerto, intentando aterrizar un acuerdo con las diferentes tribus de la pandilla. Luego de un complejo juego de poderes, consiguieron establecer un arreglo en el que se daría a las tribus del Parque Libertad, la comunidad Papini y la colonia IVU poder para asignar a quien desearan 30 de los 270 puestos del mercado. Varias fuentes aseguran que el acuerdo también incluyó un local en la zona de bares.

El alcalde Bukele aceptó, a condición de que en lo sucesivo no se extorsionara a ninguno de los comercios del mercado. El Barrio 18 Revolucionarios también aceptó el pacto.

La pandilla elaboró listados de las personas que serían los titulares de los puestos. Varias fuentes coinciden en que estos listados fueron entregados al gerente del Mercado Cuscatlán, Andrés Espinoza, pero este lo niega. Según Espinoza, Edwin Ramírez monopolizó el proceso de asignación de puestos y agrega que él recibió una orden –del mismo Ramírez- de sacar sus manos de ese proceso.

“No eran cualquier puesto, (los pandilleros) llegaron a escoger directamente los mejores puestos”, recuerda una persona que estuvo presente en esas gestiones. Esta fuente relata que un líder pandillero, acompañado de otras personas, se paseó por el mercado seleccionando los lugares para su gente antes de inaugurar el mercado.

Normalmente la asignación de puestos se hacía por solicitud del comerciante. La municipalidad recibía las solicitudes y descartaba a todos los que no eran de San Salvador, priorizaba a los que tenían su puesto de venta en el Centro Histórico, los clasificaba según el tipo de producto que ofrecieran y, finalmente, se rifaban los puestos al azar. Las personas designadas por la Revolución no tuvieron que pasar por este proceso. “Hubo veces que se tuvo que reasignar puestos porque a un comerciante le tocaba un puesto que ya habían pedido ellos”, ilustra una persona que lo atestigüó.

Aunque la asignación de puestos a la pandilla se brincó todos los procesos institucionales, las personas beneficiadas de este acuerdo pagan la cuota mensual que corresponde: 0.57 centavos de dólar por metro cuadrado.

A todos los elogios que Bukele prodigó a su nueva obra, durante la inauguración de aquel edificio, incluyó uno más: aquel sería un mercado “seguro”.

Carlos Marroquín -Slipt- decidió no hacer ningún comentario para este reportaje. Otras fuentes del equipo de Bukele alegan que las pandillas con las que el exalcalde tuvo que interactuar eran organizaciones que habían sacado ya varias lecciones del descalabro de la Tregua y de sus negociaciones secretas con ARENA y el FMLN en 2014. Negociaban con las cifras de homicidios, sabían trabajar en conjunto y tenían una naciente conciencia de su peso como actores políticos en el país. Los relatos hechos por los líderes pandilleros que participaron en esos procesos coinciden en que los políticos de los partidos tradicionales les entregaron cerca de 350 mil dólares en conjunto. En definitiva, cuando Bukele asumió la alcaldía, las “maras” ya habían aprendido a negociar con políticos.

Fuentes de su propio equipo aseguran que el exalcalde supo muy pronto que era imposible gobernar una capital que ya estaba gobernada, sin tener tratos con los poderes fácticos. Cuando ganó las elecciones de 2015 San Salvador era una ciudad en la que cada colonia y cada plaza era ya reclamada por un poder paralelo al del Estado, con el que había que aprender a convivir. Y Nayib Bukele negoció.

Anuncios

Sobre ética, economía e inversiones offshore. De Alberto Valiente Thoresen

Como consecuencia de la publicación de los “Paradise Papers”, ha habido una intensa discusión sobre el hecho de que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) colocara alrededor de 50 millones de USD en un fideicomiso “offshore” de inversión domiciliado en Bermudas.

6a01a511970656970c01b7c9348811970b-800wi.png

aíses con agentes económicos nombrados en los “Paradise Papers”. Fuente: Wikimedia Commons. Por JayCoop 2017 (Elaboración propia del autor) CC BY-SA 4.0 .

valiente thorensen.pngAlberto Valiente Thoresen, 17 noviembre 2017 / EL FARO

El director del periódico digital El Faro, José Luis Sánz, medio que inicialmente publicó la noticia el 5 de noviembre de 2017, escribió después una columna apologética el 8 de noviembre, titualada “El Faro no hizo bien su trabajo”. En esta columna, Sánz lamenta que el periódico no haya sido lo suficientemente riguroso en el tratamiento de la noticia. El director se hace completamente responsable de un trabajo que llama “excesivamente simplista”, lo cual ha dado lugar a especulaciones basadas en “importantes errores de método periodístico y forma”.

Luego, el periodista responsable del artículo original y Jefe de Redacción de El Faro, Ricardo Vaquerano, publicó en redes sociales una respuesta a esta columna, en la cual Vaquerano mostraba su desacuerdo con algunas de las aseveraciones de su director.

el faroAdemás, uno de los fundadores y antiguo director del mismo periódico, Carlos Dada, se involucró en la discusión, publicando también en redes sociales su opinión al respecto. A esto siguió un editorial en El Faro el 13 de noviembre, en el cual se recalcan las actitudes críticas del periódico al proceder de FUSADES, a pesar de las advertencias hechas por el director de este medio con respecto a la noticia presentada.

En términos coloquiales, puede decirse que el medio ha optado por lavar la ropa sucia afuera, para que todos puedan verla, con todo lo bueno y malo que esto pueda implicar. Porque, por un lado, demuestra que El Faro es un periódico con apertura, lleno de discusiones autocríticas, y que da espacio a sus periodistas para expresar sus opiniones libremente. Esto es muy bueno y saludable. Pero por otro lado, y desafortunadamente, porque esto depende de las percepciones de los receptores de esta información, realizar esta discusión en público también contribuye a cuestionar los procesos de redacción internos del medio.

Antiética

Independientemente de estas discusiones en El Faro, también se han sumado otras voces a la cuestión. Por ejemplo, José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), dedicó su columna del Diario CoLatino del 14 de noviembre al tema, explícitamente posponiendo o sustituyendo su tradicional columna anual de noviembre, que normalmente trata sobre los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre, hace 28 años. El rector de la UCA, Andreu Oliva, también ha opinado al respecto por la radio, entre otros. Además, organizaciones sociales presentaron un “aviso de investigación” contra FUSADES ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue la posible evasión fiscal y lavado de dinero por parte de FUSADES

Sin embargo, tanto El Faro, como FUSADES y otros de los participantes en la discusión, han dejado claro que la noticia publicada no implica que FUSADES haya violado ley alguna. FUSADES se defiende aseverando que su organización está exenta de los impuestos a los que sus actividades hubieran estado sujetas, debido a la forma en que fueron adquiridos esos 50 millones de USD, ya que se trata de una organización de utilidad pública.

De todas formas, los críticos coinciden en que el proceder de FUSADES es al menos antiético. De acuerdo con el último editorial de El Faro al respecto:

“¿En qué se ha beneficiado el país con las inversiones de Fusades en el extranjero, que ascienden a más de $50 millones? ¿En qué con la exención del pago de impuestos por la venta de Propemi? ¿Por qué, si no pagan impuesto sobre la renta en El Salvador, decidieron los directivos de Fusades llevarse su dinero a otro lado? ¿Por qué no lo invirtieron en El Salvador, el país al que pretenden ayudar a desarrollarse?”

La lógica ética parece ser, en otras palabras, que si no pagan impuestos y tienen dinero, al menos debieran invertirlo en el país.

Dicha ética pone de manifiesto la aceptación de un imperativo categórico mercantilista para todo salvadoreño con dinero, preocupado por el desarrollo de su país: “invertirás tu dinero en tu país”. De acuerdo con esta lógica, hacer lo contrario menoscaba la intención de desarrollar o ayudar al país, por lo que resulta antiético.

Lógica económica

Detrás de ese imperativo categórico mercantilista, se esconden una serie de argumentos económicos, que trascienden consideraciones periodísticas. Conviene analizar tales argumentos, para ver qué hay de cierto en el trasfondo de los planteamientos éticos.

El postulado fundamental de los argumentos económicos de El Faro y demás críticos, es que el país se beneficiaría con las inversiones de FUSADES que están en el extranjero, si estas estuvieran en el país.  Es obvio que es preferible que se invierta en el país a que no se haga. Pero es menos cierto que las inversiones obligadas, por imperativos categóricos que no se basen en una consideración mesurada del riesgo y los posibles rendimeintos de las inversiones, beneficien a una economía de la misma forma que las inversiones que se hacen con exclusiva prudencia económica.

Para probar la firmeza de la lógica económica del postulado fundamental de los críticos de FUSADES, la pregunta inmediata que debe hacerse a tal postulado es quién se hubiera beneficiado entonces con inversiones de FUSADES en el país, y seguidamente, cómo se hubiera beneficiado el país con eventuales inversiones de FUSADES en el país.

No sabemos qué tipo de inversiones en el país son las que demandan los críticos de FUSADES. Pero para hacer las cosas sencillas, supongamos que se trata de una inversión relativamente segura, como una cuenta bancaria en el país. En este caso, los que directamente se beneficiarían de esta inversión serían el banco respectivo con sede en El Salvador y los prestamistas salvadoreños, quienes tendrían acceso a estos 50 milliones de USD en forma de créditos a un costo más bajo. La misma lógica es válida, si FUSADES decidiera invertir directamente en una empresa o consumidor salvadoreño. Tal inversión proporcionaría en todo caso crédito barato al agente económico prestamista.

Pero es importante resaltar que esto no quiere decir que, estos 50 milliones de USD, no estén a disposición de prestamistas salvadoreños actualmente, aunque los fondos se encuentren domiciliados formalmente en Bermudas. En un sistema financiero como el actual, con libre entrada y salida de capitales, si los actores financieros de El Salvador no tienen liquidez para prestar, esta puede conseguirse fuera del país. Es simplemente que, si los fondos estuvieran en manos de agentes financieros salvadoreños en un principio, o invertidos directamente en agentes económicos salvadoreños, sería más probable, barato y práctico acceder los fondos en El Salvador. En otras palabras, el beneficio que los agentes económicos salvadoreños dejan de percibir, cuando los fondos están domiciliados en Bermudas en un fondo de inversión internacional, es el menor costo de acceso a esos mismos fondos.

Y si los prestamistas salvadoreños hubieran tenido acceso a estos 50 milliones de USD a un costo más bajo, no es inmediatamente seguro que tales préstamos a un costo más bajo hubieran implicado beneficios indiscutibles para el país, más allá del beneficio individual para los prestamistas iniciales. Dichos prestamistas hubieran tenido en teoría la libertad de decidir cómo invertir o consumir esos 50 millones de USD. Podrían haber optado por sacar el dinero del país, ya sea importando productos, algo muy probable en la estructura actual de la economía salvadoreña, o colocándolos en cuentas extranjeras. Alternativamente, los prestamistas podrían haber invertido el dinero en actividades económicas riesgosas, que impliquen grandes pérdidas, o en actividades que incrementen los niveles de riesgo en el país. Todo depende de las condiciones para ese consumo o esas inversiones, y una valoración balanceada, debe tomar en cuenta todas las posibilidades.

En definitiva, si los 50 milliones de USD estuvieran invertidos en El Salvador, no sería dinero que estuviera disponible para los salvadoreños de manera gratuita. También tendría un costo prestar ese dinero. Y si se prestara, no hay garantías sobre cómo ese dinero se usaría. Cuando el dinero está invertido en el extranjero, el dinero sigue estando disponible para la economía salvadoreña, aunque de una manera diferente, porque hay libre entrada y salida de capitales. La diferencia es que para que el dinero regrese al país, debe compensarse el riesgo relativo que se asume al traerlo de regreso, comparado con posibles inversiones en otros países.

Puede verse de inmediato entonces que lo único que diferencia la situación que tanto se critica de una hipotética situación, con los fondos domiciliados e invertidos en El Salvador, es la valoración de riesgo de invertir en El Salvador, y cómo esto se compara con el riesgo de invertir en otros países.

Riesgo

En términos financieros, el riesgo tiene una relación directamente proporcional con la probabilidad de que algo ocurra y el tamaño de las consecuencias de ese hecho. Así, si es muy probable que se pierda o gane mucho dinero con una inversión, se consdiera una inversión muy arriesgada. Alternativamente, si es muy probable que se pierda o gane poco dinero, se consideraría una situación menos arriesgada. En términos generales, los elementos clave que rinden elevado riesgo son probabilidades elevadas de que algo ocurra e incertidumbre grande sobre las consecuencias económicas de ese hecho. Por ejemplo, en la Cataluña se dice que ha aumentado el riesgo económico las últimas semanas, porque hay una mayor probabilidad de una prolongada crisis política y una mayor incertidumbre sobre cómo esta crisis afectará la economía.

En El Salvador, muchos coincidirán en decir que existe y ha existido un elevado riesgo económico relativo, cuando la situación se compara con otros países con menor probabilidad de hechos que aumenten la incertidumbre económica. Tal riesgo relativo mayor puede explicarse por los niveles de violencia, desastres naturales o la situación de las finanzas públicas, por mencionar algunos ejemplos. Si los inversionistas extranjeros asignan una alta valoración a estos riesgos, reflejarán esta valoración en los costos de prestar dinero a agentes económicos El Salvador. En términos más inmediatos, puede decirse que la tasa de interés para prestar a El Salvador será relativamente mayor, porque los inversionistas extranjeros demandarán una mayor compensación por el elevado riesgo percibido que asumen al invertir en El Salvador. Sin embargo, si el capital que hay en El Salvador no se saca del país por motivos mercantilistas, es posible prestar este dinero en el país sin reconocer al inversionista por este elevado riesgo relativo que asume.

Las especulaciones que han sido alimentadas por la cobertura de El Faro, es que actores económicos como FUSADES han sacado el dinero para evadir impuestos que la institución asegura que no debía pagar, aún cuando los fondos parecen estar debidamente declarados en los estados financieros de la institución, y prácticamente todos coinciden en que la organización está exenta de impuestos. Pero pocas voces han dado a la organización el beneficio de la duda, y no se ha considerado mucho el rol que la valoración de riesgo de la organización ha jugado en su decisión de sacar los fondos a una cuenta en el extranjero. Sin embargo, una valoración justa y abierta del asunto requiere que también se considere esta posibilidad, la cual debe reconocerse como muy probable, desde la perspectiva de FUSADES, se esté o no de acuerdo con las posturas ideológicas de la organización. Es un ejercicio que requiere de empatía organizacional.  Porque además de las valoraciones económicas de riesgo que cualquier inversionista hace al decidir dónde meter su dinero, una organización como FUSADES tiene que tomar en cuenta el riesgo político de sus actividades, y cómo asegurar su independencia. En un país con el pasado político reciente de El Salvador, se entenderá que no son valoraciones que puedan tomarse con ligereza, o descalificarse, cuando se hace una apreciación ética del proceder de una organización activa en la vida política.

Costos del riesgo

Prestar dinero en condiciones de alto riesgo justifica pagar una mayor tasa de interés relativa. Este es el caso, porque quienes brindan ese dinero en calidad de empréstito pueden demandar un mayor rendimiento relativo, para compensar por el mayor riesgo asumido. Claro está, se tratará de un mayor rendimiento, si les pagan su dinero de regreso. Si el proyecto para el que el dinero ha sido prestado fracasa, podría tratarse de una mayor pérdida. Si los inversionistas y prestamistas siguen una lógica meramente ecónomica, que considere el riesgo y los rendimientos/pérdidas, los costos de prestar dinero reflerjarán en mayor medida el riesgo de invertir y prestar dinero.

Pero este no es el caso para inversionistas que operan desde la lógica del imperativo categórico mercantilista, el cual dice que “invertirás tu dinero en tu país”, cueste lo que cueste. Dichos inversionistas deben estar dispuestos a recibir un menor rendimiento por el riesgo asumido, por ejemplo, que el que exigirían prestamistas que pretenden maximizar sus beneficios, por la misma inversión. Porque la decisión de los inversionistas mercantilistas no se basa en una valoración prudente de riesgos y rendimientos, lo cual sería meramente económico, sino que responde a una motivación de dejar el dinero en el país por otros motivos bien intencionados menos inmediatos.

Cuando se exige que cualquier inversionista deje su dinero en El Salvador, incluso cuando su propia valoración de riesgo y la compensación de ese riesgo dice que haga lo contrario, se está pidiendo a ese inversionista incurrir en un costo de oportunidad, por no tener su dinero en un lugar que el inversionista perciba como más seguro. En sistemas de control de capitales, este costo de oportunidad se impone por el Estado a quienes intentan sacar capitales del país. El propósito de dicha imposición es equiparar el beneficio de sacar el dinero del país con el de dejarlo en él. Como no se incurre en un costo de oportunidad al sacar el dinero del país, cuando el riesgo de dejar el dinero en el país es elevado, el impuesto intenta hacer que ambas acciones sean equivalentes. En la práctica, dichos sistemas de controles de capitales son muy difíciles de implementar, porque los controles a los capitales deben adaptarse a percepciones de riesgo muy cambiantes. Además, si los riesgos percibidos de violar los controles de capitales son menores que los de dejar los capitales en el país, dichos sistemas promueven la creación de mercados negros. En un sistema como el de El Salvador, existe en teoría la libertad legal de evitar este costo de oportunidad.

¿Control o libertad?

Como con muchos otros temas económicos complejos, los especialistas no pueden ponerse de acuerdo sobre si es más conveniente en términos generales tener controles de capital o libertad de movimiento de capitales. La respuesta suele ser que depende del caso. Tendrá también mucho que ver con el tipo de controles de capitales en cuestión y las condiciones en las que se impongan. De igual forma, tampoco pueden asegurarse beneficios seguros para la economía en cuestión, con o sin controles de capitales.

Por ejemplo, Joseph Stiglitz ha escrito extensamente, sobre cómo la falta de cierto tipo de controles de capitales ha agudizado ciertas crisis económicas, por ejemplo, en el sudeste asiático a finales de los noventa. Pero esto no quiere decir que todo tipo de controles de capitales son preferibles al libre movimiento de capitales, en todas las condiciones posibles. De igual forma, aunque haya argumentos válidos para el libre movimiento de capitales, por ejemplo, que habrá mayor crecimiento mundial, si el capital puede libremente buscar el rendimiento más apropiado, no quiere decir que esto siempre sea lo mejor, en todas las condiciones posibles.

A pesar de estas reservas, los críticos de FUSADES parecen haber concluido que siempre es más beneficioso para una economía que sus ciudadanos inviertan en su país, incluso si estos ciudadanos consideran que en un momento dado esta no sea una decisión prudente. Hay una serie de cuestiones éticas que se desatienden, si esta conclusión se alcanza de manera absoluta.

Un ejemplo

Para ilustrar por qué, podemos postular una situación hipotética. Imaginemos un empresario sirio, que ha trabajado toda su vida por mejorar su país, y además, ha logrado ahorrar relativamente bastante dinero. Comparado con sus vecinos, es una persona muy rica.

Tiene muchas opciones para hacer algo con su dinero. Podemos concentrarnos en tres: Primero, puede sacar el dinero del banco, y guardarlo bajo su colchón. Segundo, puede dejar el dinero en un banco sirio, para que se preste a otros compatriotas sirios. Tercero, puede sacar su dinero de Siria a un banco extranjero.

Supongamos que la decisión sobre qué hacer con este dinero ocurre justo antes de que la situación política en Siria se deteriore completamente, y que tenga implicaciones negativas para la economía siria, en forma de recesión, hiperinflación y devaluación de la libra siria. El empresario es consciente de estos riesgos. ¿Cuál de estas alternativas es la éticamente correcta?

Si escoge la primera, el empresario puede argumentar éticamente que lo hace para resguardar los intereses de su familia y seres quieridos. Además, pretende no dar su dinero a bancos que contribuyen a financiar el esfuerzo bélico en su país. Pero arriesga que los billetes que tiene bajo su colchón pierdan su valor, debido a la muy probable inflación y devaluación de la libra siria. Incluso, en una situación política de guerra civil, es posible que hasta entren a su casa a robarle el dinero, y que lo pierda todo.

Si escoge la segunda opción, es posible que su dinero sea prestado a otros sirios a un costo más bajo, que lo que costaría prestar en general en Siria, si deja su dinero bajo el colchón. Pero no hay garantías sobre cómo se usará el dinero. Puede ser incluso, que su dinero se preste a un bajo costo por empresarios que contribuyen al esfuerzo de guerra, o que se preste por otras personas, quienes de igual forma acaben sacando el dinero de Siria. Además, con el elevado riesgo de mayor inflación y devaluación de la moneda, es posible que de igual forma pierda todos sus ahorros, si los deja en un banco sirio en moneda siria.

Si escoge la tercera opción, hará que otros compatriotas sirios tengan que pagar más para acceder a sus fondos como préstamo. Porque los inversionistas extranjeros exigirán una mayor compensación por el mayor riesgo que implica invertir en Siria. De igual forma, no hay garantías sobre cómo se usarán los fondos. Pero un banco extranjero, que no esté sujeto a la situación crítica que vive su país, probablemente tendrá mayor posibilidad de elegir en qué invertir el dinero. Además, si pone el dinero en moneda extranjera más estable, no corre el riesgo de perder todo, si el sistema financiero de su país quiebra, la moneda de su país se devalúa mucho, o si la inflación se vuelve insostenible. Desde una perspectiva patriótica, también puede argumentarse que al elegir la tercera opción, el empresario está contribuyendo a preservar los activos de su país, al ubicarlos en un lugar estable. Dichos activos podrán ingresar a su país cuando el riesgo sea menor, en un momento futuro. De hecho, parece ser que los bancos sirios y la economía de ese país han evitado un colapso total gracias a activos en el extranjero. Estos activos son dirigidos con objetivos políticos a Siria, primordialmente procedentes de Irán y Rusia, quienes asumen ese gran riesgo de invertir en el país bajo las condiciones actuales.

Como podemos ver, todas estas alternativas presentan dilemas éticos complejos, y no es posible decir con facilidad cuál de estas opciones es absolutamente más ética que la otra. Con unas menores modificaciones, es posible trazar paralelos de este mismo ejemplo con casi cualquier decisión de inversión que implica riesgos. Sin embargo, los críticos de FUSADES, parecen haber decidido sin matices que la alternativa absolutamente más ética es solamente la segunda. Porque FUSADES eligió la tercera alternativa, y califican esto como antiético.

Inversión extranjera

Aunque este tema no haya sido mencionado directamente por los críiticos de FUSADES, parece relevante hacerlo, porque ya que se critica como antiético que una entidad coloque fondos en el extranjero, debe tamién ser el caso que es antiético que entidades extranjeras coloquen fondos en El Salvador. Recordemos, que también hay personas con grandes necesidades en los países más ricos y otros países de renta media, porque generalmente también son desiguales. Investigaciones recientes han arrojado más luz a este hecho. Pero no parece ser que esta sea la valoración de quienes critican a FUSADES.

Efectivamente, muchos de quienes invierten legalmente en El Salvador, lo hacen porque se libran legalmente de costos de sus países de origen, que los llevan a maximizar sus rendimientos, los cuales se acoplan a su valoración de riesgo. Desde ciertas perspectivas, librarse de estos costos, puede considerarse antiético. Pero desde otras, también puede argumentarse que proporcionan importantes recursos al país, sin los cuales el país no se beneficiaría y tampoco sería viable el desarrollo.

De hecho, pocos o ninguno de los países a los cuales acordaríamos en llamar “desarrollados” han alcanzado tal condición sin que sus ciudadanos puedan adquirir activos en el extranjero. Parece una lógica mercantilista desfasada, suponer que el desarrollo se alcanza obligando que los actores económicos mantengan sus ahorros en el país, a la fuerza de imperativos basados en un entendimiento simplista de las complejidades económicas.

Ética y ley

Parece también injusto, que el trabajo de algunas personas honestas e íntegras, que nada tienen que ver con la decisión de donde guardar el dinero de su organización, se pueda poner en tela de juicio, sobre la base de tal entendimiento de la economía, la ética y una serie de etiquetas prejuiciadas, las cuales no conviene repetir. No debiera importar si se está de acuerdo ideológicamente con una institución o no. No puede acusarse de criminal a alguien por el simple hecho de usar la misma institución de la que hacen uso presuntos criminales. Es como acusar a los clientes de un banco de criminales, porque otros clientes son acusados de lavar dinero en ese banco. Con esta lógica, cualquier persona podría en algún momento u otro acusarse también de criminal, sin haber violado ley alguna.

Está muy bien que se condene a quienes sacan dinero del país para violar la ley. Si esto puede probarse para el caso de FUSADES, felicidades para quienes hayan realizado este servicio cívico. También es muy importante discutir los aspectos éticos de cuestiones económicas. Pero no es válido condenar con absoluta superioridad moral, cuando la base de la condena se encuentra en una formulación simplista de una realidad económica más relativa, matizada y compleja.

 

Mijango tenía razón. De Roberto Valencia

roberto-valenciaRoberto Valencia, 29 agosto 2017 / EL FARO

En lo sustancial, tenía razón Mijango, el mediador in chief, en su análisis sobre lo que se le venía encima a El Salvador.

Tenía razón el denostado Raúl Mijango cuando, hace ya dos años y finiquitado el controversial proceso que convenimos en llamar la Tregua, nos concedió una larga entrevista –una más, esta vez on the record– con la vaga pretensión de que sus respuestas, las de un testigo privilegiado, sirvieran como colofón a una de las políticas públicas que más incidencia ha tenido en la evolución de las maras y de los mareros.

el faroTenía razón Mijango cuando dijo: “Las posibilidades de construir paz en el país se han agotado, y ahora toca esperar a que los sedientos de muerte y de sangre, tanto en las pandillas como en el gobierno, se sacien y vuelvan a considerar que es necesario trabajar por la paz”.

MIjango_VP_01-580

Foto Víctor Peña.

Aquella entrevista tuvo lugar el 1º de octubre de 2015, meses después de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén abortara sus negociaciones con los pandilleros y le apostara todo a la versión más sangrienta y brutal del manodurismo de todas las ensayadas tras la firma de los Acuerdos de Paz. Para entonces, los “sedientos de muerte y de sangre” de uno y otro lado ya estaban desatados. De un lado, las pandillas asesinaron a más de 60 policías en ese año, muertes brutales y cobardes en su inmensa mayoría, y también se atrevieron a desafiar a la sociedad entera con un paro del transporte público; del otro lado, se había consumado ya la masacre de la finca San Blas e incontables samblases más que la Policía Nacional Civil, con la anuencia de la Fiscalía y de la sociedad en general, encubre y tolera bajo la etiqueta de “enfrentamientos”. Poco ha cambiado en dos años.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “¿Cuánto tiempo va a durar [la guerra]? No sé pero, en la experiencia que conocí y viví en el conflicto armado de los ochenta, fueron diez años y más de 50,000 muertos. En 1982 se hizo la primera propuesta de búsqueda de soluciones negociadas, pero en aquel momento las dos partes creyeron en la victoria militar. Es igual que ahora, que el gobierno está tratando de buscar una victoria militar, mientras que una vía negociada permitiría ahorrar tiempo, ahorrar muertos y ahorrar sufrimientos, y resolver el problema de una forma eficaz”.

Han pasado dos años y 9,000 asesinatos desde aquellas palabras, y no se atisban todavía señales inequívocas de que las maras estén perdiendo el control en sus canchas, o de que el diálogo pueda emerger como solución a un problema tan desbordado que solo los más miopes entusiastas del manodurismo creen que se puede resolver por la vía represiva.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Cientos de grupos [clicas] antes respondían a las directrices de las ranflas nacionales, pero ahora han caído en la anarquía, operan de forma autónoma, unidas solo por la idea de practicar la violencia”.

El gobierno presenta como uno de los grandes logros de las Medidas Extraordinarias haber dificultado como nunca antes la comunicación entre las ranflas encarceladas y los pandilleros en la libre. Y seguramente sea cierto, seguramente hoy sea más difícil que nunca que escapen órdenes o consignas de las cárceles, pero ¿nos hemos preguntado si eso per se ayuda o entorpece para buscar una solución a este conflicto tan enraizado y complejo?

Por último, creo también que tenía razón Mijango cuando dijo: “Yo llegué al convencimiento de que ya no hay capacidad nacional, con actores nacionales, de encontrar una salida a este problema. Siento que nos hemos polarizado demasiado, y que de alguna manera nos hemos satanizado entre nosotros mismos, y que el mismo Consejo [el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia] terminó siendo un fantoche que para lo único que ha servido es para justificar y legitimar la acción represiva del gobierno”.

La sociedad salvadoreña, a pesar de lo que asegura la propaganda gubernamental, está muy lejos –muy lejos– de dar con la fórmula para rehabilitar y reinsertar a más de 60,000 pandilleros activos y no menos de 400,000 personas entre familiares condescendientes, novias, simpatizantes, aspirantes, colaboradoras… Y, lo más preocupante, de dar con la fórmula para que cientos, quizá miles de niños y adolescentes salvadoreños no sigan queriendo –más que nada en este mundo– integrarse en la pandilla de su colonia o de su cantón, como lo quieren hoy.

Mijango fue el mediador por excelencia. Un tipo rupestre, malcae, franco, hábil, campechano, descuidado, el perro flaco al que se le pegan todas las pulgas. La persona que más se involucró en la Tregua, un proceso con luces y sombras que esta sociedad hizo descarrilar. Pero ese denostado Mijango es, sin duda, una de las personas en este mundo que más y mejor conoce el fenómeno de las maras y a sus líderes más influyentes. Alguien que podría asesorar, aconsejar, tender puentes, pero que esta sociedad prefiere verlo encarcelado, haya o no motivos.

Me temo que en lo esencial tenía razón Mijango: tal cual van las cosas, tendrán que pasar años de muerte y sangre, décadas quizá, hasta los que los sedientos se sacien, hasta que en la sociedad salvadoreña vuelvan a surgir voces valientes y de peso que juzguen necesario trabajar en serio por la paz.

———————————–

Si alguien quiere leer completa aquella entrevista, puede hacerlo en este enlace.

Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.

Cuando la Policía mata a la familia de un policía. Daniel Valencia Caravantes

La guerra del gobierno contra las pandillas tocó el 30 de junio de 2015 a un agente de la Policía Nacional Civil: minutos después de la muerte de “dos pandilleros” en presunto enfrentamiento, el agente llegó al lugar y al ver la escena se convenció de que sus parientes acababan de ser ejecutados por sus compañeros de uniforme. A sus cuestionamientos se suman los de los testigos, las inconsistencias entre informes de la Policía y una investigación de la Procuraduría .para la Defensa de los Derechos Humanos que ya habla de otro caso de “ejecuciones extralegales”.

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

Daniel Valencia Caravantes, 20 marzo 2017 / EL FARO

Dos días después de que la Policía había matado a su hermana y a su cuñado, el agente Antonio Hernández ingresó al caserío San Felipe, montado en su motocicleta negra. A lo lejos, sobre la calle principal, un compañero uniformado lo esperaba con la mano derecha levantada. Era la mañana del jueves 2 de julio de 2015, y en esa zona a escasos cuatro kilómetros de la costa hacía mucho calor, pero lo que quemaba por dentro a Antonio Hernández era otra llama. Le enfureció tener que obedecer al retén que le ordenaba alto, sobre todo al advertir que, de pie junto al carro policial, estaba Nicanor Calderón, el oficial responsable del operativo que acabó con la muerte de su hermana y su cuñado.

Luego de un breve intercambio en el que Antonio Hernández se negó a entregar los documentos de su motocicleta, el compañero uniformado le reclamó:

—¡Ah! ¿Y bravo?

—¡Bravo! —asintió Antonio—. ¿Vas a creer que voy a estar contento con lo que la Policía hizo?

El compañero le preguntó por qué decía eso y Antonio se soltó:

—¿Y vos a quién creés que han matado ahí? ¡A mi hermana han matado! —le reclamó, y luego se preocupó porque quedara claro que aludía al oficial parado junto al carro policial—. ¿Creés que ese va a ser un buen oficial, con los procedimientos que anda haciendo?

El compañero amagó una pregunta, pero Antonio ya estaba hablándole a Nicanor:

—¿Me va a decir qué clase de pandilleros son los que ha matado aquí? ¡A mi familia es a la que ha matado usted!

—¡Calmate! —intervino el compañero—. Vos no sabés cómo han sido las cosas.

Pero Antonio sí sabía cómo habían sido las cosas. Entonces el compañero intentó inocularle una duda sobre su hermana. Una versión que la Policía había divulgado dos noches atrás, cuando agentes policiales mataron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía. Según esa versión, la hermana de Antonio, armada con una pistola de balines, había iniciado junto con su esposo un enfrentamiento con los policías. Producto de ese “enfrentamiento”, ella murió con ocho balazos, todos en la parte trasera del cuerpo, y él recibió 29. Según esa versión, los esposos Mejía Hernández eran pandilleros.

—Quizá vos no sabías en qué andaba. Tenía una pistola —le dijo el compañero.

—Esa pistola se la pusieron –respondió Antonio, seguro de sus palabras. Las palabras de alguien que había llegado al lugar donde yacían las víctimas momentos después de las muertes y que, con su ojo experto de policía, estaba seguro de ver una escena de crimen alterada, un montaje.

Su compañero ni lo contradijo. En cambio, pronunció unas palabras que a Antonio le sonaron a amenaza.

—No, pues sí, ¿pero eso qué tiene? Hasta vos te podés morir —le dijo.

En ese momento, Antonio Hernández se tocó con la mano derecha la pistola que portaba en el cinto, debajo de la camisa, y respondió:

—No. Es que no es que me voy a morir: nos podemos matar —le corrigió—. ¿Vos creés que ando contento ahorita?

La ejecución de San Felipe

Un año y cuatro meses después de sus muertes, en la casa de Saidra y Óscar el tiempo pareciera haberse congelado. En la pared, junto a un rosario de madera, la última fecha que marca un viejo calendario es el día en el que fueron acribillados por aquellos que juraron protegerlos: 30 de junio de 2015. En una puerta contigua, los esposos Mejía habían pegado una calcomanía con un número de emergencias de la Policía. En el país que ese año se convirtió en el más violento del mundo, no estaba de más prever la posibilidad de que un día se requiriera en casa la presencia policial.

Una densa capa de polvo sobre los muebles, las camas y los adornos, habla de la ausencia de vida en un lugar en el que alguna vez sonrió una familia con dos hijos. Por todas partes hay impactos de bala: en las paredes, en las puertas, en las ventanas cubiertas con lámina metálica… En otra pared cuelga un diploma de la Fuerza Naval a nombre de Óscar Mejía, un subsargento de la marina. Óscar sirvió al Estado desde principios de los 80. Empezó en la Policía Nacional, uno de los desaparecidos cuerpos de seguridad. En el 84, en plena guerra civil, ingresó a la Fuerza Naval, y en el 89 fue herido en una pierna. Desde entonces cojeaba. Fue dado de baja en el 91. En la milicia no reportó mala conducta. En su trabajo, desde 2011, tampoco. En 2014 el alcalde de El Rosario y la gobernadora departamental de La Paz hablaron bien de él.

Óscar tenía 48 años al morir y trabajaba de vigilante privado. Saidra, su esposa, tenía 39 y era “una vecina amable que no se metía con nadie”, dedicada a sus dos hijos y empleada de maquila en la zona franca El Pedregal. De cariño, sus vecinos y familiares le decían “La Chele”. “Saidra era una mujer muy sencilla y Óscar era una persona honrada, muy respetuosa que no se metía con nadie”, dice Fredy Rivera, párroco desde 2007 de San José Las Isletas, iglesia que rige ese sector de San Pedro Masahuat. “Era una pareja de esposos tranquilísima. Eran cristianos activos en su fe. Iban a grupos de oración una vez a la semana. Acudían a sus sacramentos cada domingo”, añade Rivera.

—¿Eran mareros, como dice la Policía?

—Fue un acto de imprudencia haberles disparado de una sola vez sin saber quiénes eran ellos. Fue una injusticia –sentencia el párroco.

—¿Por qué cree que los mataron?

—Ellos murieron porque los policías pensaron que los muchachos a quienes andaban buscando se fueron a refugiar a su casa.

Sobre el destino de los Mejía, la Policía sostiene que murieron porque dispararon contra una patrulla del servicio de emergencias 911, de la que formaba parte la agente Ana Deysi Cabrera, quien murió en el “enfrentamiento”. Pero Antonio y una docena de testigos dicen tener razones de sobra para sostener que se trata de otro mal procedimiento policial que terminó en la muerte de los dos vecinos de San Felipe. Los testigos e información oficial de la Policía Nacional Civil también permiten ubicar a la agente Ana Deysi Cabrera en un lugar distinto a aquel en el que tenía que encontrarse para que pudiera dispararle alguien desde el terreno de los Mejía. Según la información oficial, el disparo que inició el presunto enfrentamiento no viajó en línea recta hacia la agente, sino que tuvo que hacer al menos un par de giros en el aire para poder impactarle en el pecho. Un disparo que desafía las leyes de la física. Además, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que el subinspector Nicanor Calderón participó en la alteración de las escenas y que la muerte de los Mejía es un caso más de ejecuciones extralegales.

***

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, la agente Deysi Cabrera, de 40 años, ya había sido asesinada frente a la casa contigua. Cayó a unos pasos de un callejón en el que no cabrían, lado a lado, tres personas juntas. Fue la segunda mujer policía asesinada en 2015, y fue la baja número 33 de un total de 69 reportadas ese año. Deysi no vestía chaleco antibalas y recibió un disparo que entró por el pecho derecho, rompió la cuarta costilla derecha, laceró el pulmón derecho, el corazón, atravesó el pulmón izquierdo, rompió una costilla izquierda y salió por la espalda. Un solo disparo que fue fulminante.

Sobre el asesinato de la agente Deysi Cabrera hay que decir que tres testigos la ubican en un lugar completamente alejado de Óscar Mejía cuando recibió el disparo que la mató, y que los testimonios de testigos, de policías e investigadores que conocieron del caso, documentos de la Policía y de la Fiscalía, fotografías tomadas un día después del crimen, levantamientos oficiales de escena y autopsias, ubican a Óscar y Saidra en lugares desde los cuales habría sido imposible disparar a Deysi Cabrera. Lo mismo concluye la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un informe que data de enero de 2016 y que no ha salido a la luz pública. Según la PDDH, la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi “al parecer fue inventada” por el jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón: “Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte”.

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, Saidra iba a prepararle la cena a Óscar. En el terreno de los Mejía hay dos pequeños cuartos y un jardín. El del fondo es el dormitorio y el ubicado frente a la calle es una cocina, a la que se accede desde la vía atravesado un falso hecho con trozos de madera y alambre de púas. Entre las 7 y las 7:30 de la noche se escucharon los primeros disparos de una larga balacera. Impactaron en la cocina, donde estaba Saidra. Hasta ella llegaron también unos gritos:

—¡¿Dónde están los mareros?! —preguntaban los policías.

—Aquí no hay mareros —respondía ella—. No me vayan a matar.

Saidra lloraba.

—No me vayan a hacer nada —repetía, cuando ya había sido sometida—. ¡Salí, Óscar! ¡Salí, hombre! —pedía a su esposo.

Hasta el momento de la irrupción policial Óscar descansaba en el dormitorio, donde oía música. Sus vecinos y familiares dicen que era medio sordo de un oído. Pasaron los segundos y Saidra seguía llorando, y las últimas palabras que le escucharon decir sus vecinos eran para abogar por su esposo:

—¡Dejen a mi esposito! ¡Dejen a mi esposito!

“De ahí se escuchó un balazo y ya no escuchamos la voz de ella”, dice un testigo de oídas.

La Policía recogió 174 casquillos de diferentes calibres percutidos en esa primera escena, y la inmensa mayoría fueron recogidos en aquellos lugares desde donde dispararon los policías. Los policías dispararon a todo lo que se moviera. Los Mejía tenían una perrita, Kitty, de pelos blancos, mitad cocker spaniel, mitad chihuahua. Kitty ladraba en medio de la balacera, hasta que dejó de hacerlo. Los investigadores la encontraron y documentaron esto: “Cinco casquillos de arma de fuego que en sus bases se lee PSD95 recolectados sobre el suelo contiguo a un perro“.

***

176 días antes de que mataran a los esposos Mejía, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que su gobierno no iba a considerar ninguna posibilidad de utilizar como estrategia de reducción de homicidios una tregua con las principales pandillas, al estilo de como lo había hecho el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. 151 días antes, el entonces director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, había enviado a los agentes el mensaje de que siempre que disparasen en cumplimiento del deber, nadie los investigaría internamente; 96 días antes, agentes del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, en La Libertad; 78 días antes, en abril, el presidente dio una especie de parte de guerra: detalló que 140 de los 481 homicidios registrados en marzo correspondían a “pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates con la Policía”. 32 días antes, dos organizaciones denunciaron malos tratos, intimidación y amenazas por parte de la Policía contra jóvenes entre 12 y 29 años en tres municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Y entonces, la guerra contra las pandillas llegó la noche del 30 de junio a San Felipe, y los esposos Mejía murieron en uno de esos “enfrentamientos” en el que particulares se convierten en pandilleros.

Un segundo testigo de San Felipe recuerda cómo Óscar, segundos antes de ser baleado, gritaba: “¡Yo no soy delincuente! ¡Yo he sido policía! Él quería decirles que había sido policía, pero de nada le sirvió”.

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Óscar era un exmilitar que sabía usar armas y que, en enero de 2015, gracias a la ayuda de un familiar, pudo comprar una Smith & Wesson. Tenía los papeles en regla y era su herramienta de trabajo. Óscar ganaba el mínimo en la agencia de seguridad privada Acosevprog, de R.L., pero que usara su propia arma le significaba un bono extra de 10 dólares mensuales. Un carné emitido por la Academia Nacional de Seguridad Pública le acreditaba como vigilante privado.

Un tercer testigo recuerda que Óscar parecía estar ya sometido ante los agentes en los últimos segundos de vida. “¡Auxilio! ¡Auxilio! Hasta acá se escuchaba cómo gritaba”, dice. “Pero siempre le disparaban”.

Óscar no tenía antecedentes policiales. En 2015, Hacienda había contratado a Acosevprog por 2.8 millones de dólares para vigilar la zona franca El Pedregal, donde Óscar era responsable de registrar ingresos y salidas de mercadería. Óscar tenía una buena imagen ante su empresa. “Le gustaba hacernos reír, pero nada de chistes vulgares. Era sano, se comportaba como un señor respetuoso, acorde a su edad, nada que ver con un pandillero”, dice uno de sus compañeros, para rechazar la historia oficial de la Policía.

“¡Ay, auxilio!, gritaba Óscar, cuando ya lo habían jodido”, dice otro testigo de aquella noche. Malherido y viéndose acorralado, Óscar pedía ayuda, pero al percibir que quienes le seguían disparando se acercaban más y más, salió por un baño con puerta al patio, donde dejó un charco de sangre. Brincó el cerco de láminas de metal, donde dejó más sangre, y desangrándose caminó unos pasos hacia la casa de Antonio, su cuñado el policía. Los testigos siguieron de oído el operativo. “¡Aquí va el rastro de sangre!”, gritó un agente. “Tengan cuidado. ¡Ya lo tenemos!”

“¡Dice Óscar que han matado a La Chele!”

Cuando Óscar Mejía llegó a la casa de Antonio Hernández, su cuñado, este se encontraba patrullando en la hacienda Amatecampo, cerca de la playa, a unos 20 minutos en vehículo. En la casa solo estaban su esposa y sus hijos, quienes se habían encerrado al escuchar la balacera. La esposa de Antonio se sorprendió al ver llegar a Óscar destrozado por dentro y por fuera.

—¡Auxilio! Me mataron —alcanzó a decirle.

—No, Óscar, estás vivo —le respondió ella, que lo vio sangrante y reparó en que, aunque Óscar era diestro, sostenía su pistola con la mano izquierda y temblaba.

 —Nos confundieron. La Chele está muerta. Ya no ando balas —le dijo—. Se me acabaron.

Óscar parecía tener intacta su cara, pero su mano derecha estaba deshecha y el brazo derecho tenía una gran lesión con hueso expuesto. Cuando la esposa de Antonio lo abrazó para sostenerlo, sintió que su mano izquierda se hundía en el torso de Óscar. “Tenía perforaciones, no era piel normal. Sentí aguado. No había estabilidad de carne”, recuerda.

—¿Qué expresión tenía Óscar?

 —De dolor y de angustia. Prácticamente él llevaba ya la muerte. Aunque así hubiera quedado, él iba a morir. ¡Si iba completamente deshecho!

Lo soltó para hacer una llamada telefónica a su esposo: “¡Antonio, dice Óscar que han matado a La Chele!”, le dijo, y vio que Óscar se marchaba. Intentó detenerlo y caminó unos pasos tras él, pero Óscar se negó: “Si me quedo, los matan”. Ambos vieron unos lamparazos que se acercaban desde detrás de la casa. “Regresate que te van a matar… ¡ahí vienen!”, gritó Óscar. Con miedo, ella entró de nuevo a su casa y se encerró, pero tuvo que reabrir la puerta de inmediato. “No me la vayan a botar, con mucho gusto se las voy a abrir”, imploró a los policías. Abrió y un policía enmascarado se lanzó contra ella y la entrampó contra una mesa mientras le apuntaba a la cara con un arma larga.

—¡¿Adónde está ese maldito?! ¡¿Por qué lo defendés?! —le preguntó. Mientras, otros encapuchados le desarmaban la casa, y uno golpeaba a su hija adolescente en la cabeza al lanzarla contra la pared.

—¡Él no es ningún maldito! —respondió. Él es Óscar, es cuñado de mi marido y mi marido es policía…

Aquellas últimas palabras hechizaron a los encapuchados que, sorprendidos, se miraron los unos a los otros. El hechizo provocó que la dejaran en paz, pero antes de marcharse le preguntaron hacia dónde se había dirigido Óscar. Ella les señaló la ruta y les pidió que la dejaran acompañarlos. Quería proteger a Óscar, pero no se lo permitieron.

Antonio, alertado sobre el tiroteo, aceleró el carro policial que conducía acompañado por otros tres agentes. Por la radio de la Policía escuchó a aquellos que perseguían a un fugitivo. “¡Aquí va!”, oía que se comunicaban. “¡Aquí se ha metido! ¡Aquí va el rasto de sangre!”, añadían. Finalmente: “¡Hey, aquí está acostado!”, alertó uno, y Antonio alcanzó a escuchar “la gran disparazón”.

La esposa de Antonio y todo San Felipe también escucharon aquella última ráfaga.

En la mañana, los investigadores de la Dirección Central de Investigación firmaron un parte policial en el que dicen haber recogido, en esta tercera escena, cinco casquillos y un proyectil semideformado. Ese mismo día, asegura la familia, debajo de un marañón en el mismo lugar encontraron otros 14 casquillos y un proyectil semideformado que aún conservan. Óscar murió a unos pasos del ramaje de ese marañón. Quedó tendido boca abajo, con cinco disparos en la cabeza, tres de ellos con trayectoria de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. Murió en un enfrentamiento, dice la Policía.

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

***

Unos 20 minutos después del tiroteo, Antonio Hernández reducía la velocidad del carro de la Policía que conducía cuando, a lo lejos, unas luces anunciaban un cerco policial. San Felipe estaba infestado de policías encapuchados.

Antonio todavía no creía lo que su esposa le había contado por teléfono, y mucho menos que su hermana y su cuñado hubiesen sido víctimas de sus compañeros. Habrá sido un error, pensó, y quizá Óscar solo huía de un enfrentamiento entre policías y pandilleros, algo que no era descabellado, dado que en San Felipe hay presencia importante de la Mara Salvatrucha. Por eso cuando pasó frente a la casa de su hermana no se percató de la cinta policial ni de los compañeros que custodiaban esa escena. Vio el cuerpo de la policía Deysi tirado sobre el pavimento y se metió al callejón estrecho por donde le dijeron que habían perseguido a “los muchachos”.

En el callejón, acurrucado en una esquina, en cuclillas, Antonio encontró a un subinspector Nicanor que miraba hacia el suelo.

—¿Qué pasó? —preguntó Antonio.

—Púchica, nos mataron a la compañera, pero ahí tenemos a una marera y a otro que también está muerto —respondió Nicanor.

—¿Y dónde están?

—Una ahí está, en la otra casa.

—¡Jue puya! —pensó Antonio—. Mejor me regreso. Y ahí la fui a ver…

Un año y medio después, Antonio Hernández se quiebra. Lo que no alcanza a decir, porque las lágrimas le cortan el habla, es que regresó a la casa de su hermana, acompañado por su jefe, uno de los encargados de la policía rural en el departamento de La Paz. Ambos entraron por el falso y encontraron a Saidra de rodillas, con la cabeza hacia el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Antonio llora cuando recuerda así a su hermana, La Chele, Saidra. “Sí venía de trabajar, todavía tenía puesto el uniforme”, dice. A Saidra le dispararon en la espalda y en los glúteos. Ocho orificios detalló la autopsia. 22 años en la carrera policial no prepararon a Antonio para enfrentarse al hecho de que la Policía había derramado sangre de su hermana, su sangre. Antonio, por un momento, pensó en sacar su arma y buscar al responsable, pero sabía que no podía hacer nada. 22 años en la Policía Nacional Civil no lo prepararon para lo que él vio con mucha claridad esa noche: que la institución creada para sustituir a los cuerpos de seguridad violadores de derechos humanos acababa de matar a su hermana, que no era pandillera.

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Su jefe en la policía rural tampoco podía creerlo. “Púchica, aquí sí que la cagamos”, le dijo, como hablando en nombre de la institución. Caminaron hacia el punto donde estaba el otro muerto, Óscar. “¿Qué talle de pandillero puede tener una persona mayor?”, preguntó, retóricamente, Antonio a su jefe. Sintió que se le entremezclaban la impotencia y la ira. Se encaminó, de regreso, a donde estaba el cadáver de su hermana Saidra.

—¿Por qué regresó, Antonio?

 —Yo ya sé cómo es un procedimiento en la Policía: cuando saben que no hay cómo justificar un procedimiento, así lo hacen. Cuando yo me fui de ahí, ella no tenía nada.

—¿Qué había de diferente cuando regresó?

 —Ya le habían puesto una pistola. A la par de la cabeza la tenía, porque ella estaba con las manos en la cara.

Saidra no sabía utilizar pistolas, pero la Policía dijo haber recogido contiguo a su cadáver “un artefacto de material sintético tipo arma de fuego donde se lee Powerline MODEL93ACD2BBCAL.177”. Las Powerline disparan postas de acero cubiertas de cobre. En un reporte de novedades de la Delegación de Zacatecoluca, la misma Policía concluyó que el arma era una “pistola de balines”. La Policía dice que Saidra, madre de dos jóvenes, empleada de una maquila y a punto de ser abuela, decidió enfrentar a una patrulla policial con una pistola de balines. Aquella noche, los hijos de Saidra no estaban en casa. La mayor estaba en su sexto mes de embarazo y hoy el niño crece sin sus abuelos maternos.

***

Cuando la Policía terminó de levantar las escenas de Deysi, Saidra y Óscar, San Felipe despertó conmocionado. Atrás había quedado una noche en que la Policía pateó puertas y espaldas, golpeó cabezas y caras, sometió a jóvenes, mujeres y ancianos. A un padre lo hincaron junto a sus hijos de 21, 16 y nueve años, con los brazos cruzados atrás de la cabeza. “¡Si se mueven los matamos!”, les advirtieron. El niño se movió, llorando, a los brazos de su madre, porque ya no aguantaba las rodillas. Los dejaron cuando inició la balacera final. A un joven que visitaba a su novia lo arrastraron hasta el monte. Lo obligaron a cruzar un cerco. Lo alumbraron y le apuntaron con los fusiles. Uno de los policías le habló al oído: “Aquí ando bastante armas. Nada me cuesta matarte, pegarme en el brazo y decir que eras marero. Te voy a matar si no me decís lo que quiero”, le dijo. El policía señaló hacia el lugar en donde quedó Óscar. “Allá tenemos un muerto. Ahí te voy a ir a matar también”, le dijo.

Cada escena de brutalidad solía terminar con dos preguntas: “¿Qué sabe de esta mujer? ¿Verdad que es pandillera?”, interrogaban mientras mostraban en un celular una imagen de Saidra junto a la pistola de balines. A la esposa de Antonio también llegaron esas dos preguntas. Pero más tarde la visitaron tres grupos más de policías que parecían muy preocupados. “Me preguntaban qué tan cierto era eso de que mi marido era policía. Uno de ellos entró a la casa y vio uniformes, cosas de él. Hasta me hicieron que les enseñara fotos de cuando salía vestido de policía”, cuenta la esposa de Antonio.

Cuando el entonces subdirector Howard Cotto llegó a la escena del crimen esa noche, era difícil que no supiera que los presuntos pandilleros eran familiares de un policía. Por un lado, tenía al jefe del operativo, Nicanor Calderón. Aparte, los investigadores policiales que levantaron la escena. Además, la Unidad de Control. Asimismo, Asuntos Internos. Pero esa noche se limitó a replicar la versión de sus subalternos. “Ellos tenían armas”, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. En una nota del Noticiero Hechos, de Canal 12, agregó: “Lamentablemente hoy pierde la vida una compañera más, pero debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía, del pueblo, incluso de ustedes”, dijo a los reporteros que llegaron a la escena. “Estamos protegiéndole la vida a la gente. Eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, a la gente trabajadora y humilde”. En ese afán, habían dado muerte en un enfrentamiento a Saidra, que terminó con ocho balazos, y a Óscar, muerto con 29 disparos en su cuerpo, incluidos cinco en la cabeza.

Pasaron las horas y amaneció y, muy temprano en la mañana, el padre Fredy Rivera fue a empaparse de llantos y miedo. “Fue una experiencia bastante impactante, dolorosa y de sufrimiento. Los niños, los hijos de ellos, todos los niños de la comunidad estaban traumados”, recuerda el sacerdote.

La prensa escrita, de radio y de televisión registró el hecho como un asesinato más de una agente policial, con un posterior enfrentamiento en el que murieron “dos pandilleros”.

Ilustración por Otto Meza.

Ilustración por Otto Meza.

***

Cuatro días después de la muerte de su hermana y su cuñado a manos de policías, Antonio Hernández fue convocado a una reunión en el cuartel central de la Policía, en el centro de San Salvador. Ahí lo esperaba el comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños, en aquellas fechas subdirector de áreas especializadas, división bajo la cual está adscrita la policía rural. Antonio Hernández llegó acompañado por su jefe inmediato que la noche del 30 de junio también había visitado San Felipe.

Escobar Baños dijo a Antonio que estaba atento al seguimiento del caso y que lamentaba lo ocurrido. Luego le entregó copia de dos memorandos girados uno por el director y otro por el subdirector de la Policía, en los que quedaba claro que se habían enterado de que Óscar y Saidra eran familiares de un agente de la institución. Antonio Hernández fue notificado de que “por razones de urgencia” lo sacaban del departamento de La Paz, de su casa en San Felipe y de su familia, para trasladarlo hasta una subdelegación fronteriza con Guatemala, en el departamento de Ahuachapán.

Antonio Hernández temió por su vida, pero, sobre todo, por la de su familia. El miedo le hizo morderse los labios y guardar silencio. El temor lo inhibió de denunciar. “Cualquier cosa me podía pasar en el trayecto, ¿y qué iban a decir después? Que un pandillero había sido”, comenta.

En la semana siguiente a los homicidios, un equipo de investigadores vestidos de particular volvió a San Felipe a indagar más sobre el caso. Buscaron al párroco de Las Isletas. “Y les dije exactamente lo mismo que les he dicho a ustedes: a la pobre mujer le toman fotografías y le ponen una pistola en su mano. ¡La mujer no sabía utilizar pistola!”, dice el padre Rivera. Esa vez, uno de los sobrinos de los Mejía no aguantó la rabia, y se abalanzó contra aquellos detectives. “¿A qué vienen? ¿Vienen a matarnos a todos, cómo hicieron con mis tíos? ¡Son unos asesinos!”, les dijo. Estos detectives no pateaban ni amenazaban. “Sí, muchacho, te comprendemos, pero nosotros no anduvimos aquí”, le dijo uno de ellos.

¿Para qué llegó aquel equipo de detectives a San Felipe? Un año y medio después, en la Policía ha ocurrido casi nada para dar respuesta a las dudas de Antonio Hernández. En realidad pareciera como que nunca sucedió nada. Por ejemplo, en septiembre de 2015, el subinspector Nicanor Calderón fue incorporado a una lista en la Asamblea Legislativa en la que se pedía, vía decreto, ascensos a inspectores para un grupo de oficiales. Ahora está destacado en la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) en La Paz, un comando élite diseñado para perseguir a pandilleros.

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando la familia Mejía Hernández intentó poner una denuncia en contra de la Policía, el fiscal asignado al caso les respondió que para él este estaba cerrado. En la mañana en la que se cerraban los levantamientos de escenas, este fiscal dispuso que no era necesario retener las armas de los policías relacionados con el caso. Según el fiscal Ulises Ramón Arce, de la Unidad Especializada Antipandillas, era claro que Óscar y Saidra habían matado a la policía Deysi Cabrera. El Faro pidió una entrevista con el fiscal Arce y con el jefe de la Unidad Antipandillas. Todavía no hay respuesta.

Antonio tenía miedo, pero las cosas cambiaron en octubre de 2015, cuando se enteró de que los compañeros de trabajo de su cuñado Óscar Mejía habían denunciado el caso en una carta dirigida al presidente de la República, con copia al entonces procurador de derechos humanos David Morales, y con copia al entonces ministro de Seguridad, Benito Lara. “Como puede darse cuenta, señor Presidente, se ha cometido una aberración contra esa familia…”, escribieron. Antonio fue convencido por sus familiares para vencer el miedo de enfrentarse con la Policía, buscar justicia, denunciar a través de la prensa. “Yo quiero que se investigue”, dice. “Esto que ha pasado no es correcto. Son procedimientos ilegales que se están haciendo. Mis mismos compañeros me han dicho: fulano mató a tu hermana, y la han matado así, para justificar la muerte de la compañera”.

Sus mismos compañeros le han dado el nombre de un agente destacado en la fuerza móvil de la región paracentral, que presuntamente custodió la escena unas dos horas y media junto al subinspector Nicanor Calderón, antes de que llegaran los investigadores. Otros policías también han repetido ese nombre ante la PDDH.

El domingo 19 de marzo de 2017, por la mañana, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo a El Faro que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. “Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto”, escribió.

Por la noche, el subinspector Nicanor Calderón correspondió una llamada de El Faro. Sobre lo ocurrido en San Felipe, en junio de 2015, dijo: “Mantengo lo que pasó ahí. No tengo una investigación hasta el momento”. Al preguntarle sobre el episodio en el que un subalterno suyo presuntamente amenazó al agente Antonio Hernández, el subinspector dijo que no daría más declaraciones a menos que la dirección de comunicaciones de la Policía se lo ordene.

Historias oficiales que no concuerdan

Deysi Cabrera ingresó en las primeras promociones de la PNC para ganar dinero y porque no sabía hacer otra cosa más que usar armas de fuego. Eso dijo a su familia cuando les contó que se uniría a la Policía Nacional Civil, luego de haber combatido durante la guerra civil en las filas de la Resistencia Nacional. Fue reclutada en Santa Marta, Cabañas. “Heidi” fue su seudónimo de guerrillera, cuando combatió junto a Howard Cotto, el actual director de la Policía.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

En los meses antes de su muerte, Deysi había tomado algunas decisiones que le habían granjeado suspicacias entre algunos de sus compañeros, y se había sumado al movimiento laboral de agentes de la Policía que ha sido perseguido por la jefatura de la institución.

El hecho de que Cotto hubiera sido compañero de Deysi en la guerrilla no ha ayudado a esclarecer cómo un disparo que desafía las leyes de la física mató a la agente. Cómo una bala presuntamente disparada por Óscar Mejía, un subsargento retirado de la marina, experto en contrainteligencia, devenido en vigilante privado, “pandillero de la MS”, mató a Deysi gracias a que en lugar de seguir una trayectoria recta en algún punto hizo un viraje para llegar hasta el corazón de la agente. Más aun: el “informe de novedades” de la Policía y el “parte policial” de las muertes ofrecen historias diferentes sobre aquel episodio.

El parte policial dice sobre la muerte de la agente Deysi Cabrera que ella vestía uniforme de fatiga (de combate), un gorro navarone, un cinturón policial, un reloj en la muñeca izquierda, pero no dice nada de un arma de fuego. No hay rastros de su arma en ninguna de las 77 marcas de evidencias recogidas por los investigadores. Si Deysi participó en el inicio de un “enfrentamiento”, ¿por qué su arma no aparece relacionada ni en su funda ni en una de sus manos ni contiguo a su cuerpo, que quedó tendido sobre la calle principal del caserío, a unos pasos de un callejón y frente al portón de la casa contigua al terreno de los Mejía? Murió por un disparo que le entró de frente “de derecha a izquierda” y la hizo caer de espaldas al terreno de los Mejía. Un disparo fulminante que le laceró el corazón. El parte policial describe dos manchas de sangre frente a la entrada de los Mejía, dos frente a la casa contigua, una debajo de su espalda, y una más frente a callejón por donde quedó su cadáver. Un testigo recuerda cuando Deysi entró a la calle principal, liderando la patrulla. Ella iba en dirección al callejón. Otro testigo asegura que en esos momentos, en la calle, solo había un grupo de jóvenes que departían cerca de la casa de los Mejía. Un tercer testigo corrobora la presencia de esos jóvenes, y recuerda que cuando escuchó la primera detonación de aquella noche, enfrente de la casa de los Mejía no había ningún enfrentamiento. Los jóvenes habían desaparecido, Óscar seguía adentro de su casa, Saidra en la cocina. Frente al falso de los Mejía no había ninguna mujer policía herida. La agente Deysi Cabrera no fue herida de muerte frente a la casa de los Mejía.

El testigo habla con la condición del anonimato: “Después del primer disparo dos policías llegaron al falso. Uno se quedó de pie y el otro se hincó, apuntando hacia adentro. Ellos dos iniciaron la balacera”, dice.

Las manchas de sangre frente a la entrada del terreno de los Mejía también se explican con esta versión. “A esos dos policías se les sumaron otros dos. Ellos detuvieron la balacera un momento, pero solo un momento. Cuando la reiniciaron, el finado Óscar se defendió, y de repente el Policía que estaba parado en el falso gritó: ¡Me dieron!”.

El testigo recuerda que a ese policía lo evacuaron en un pickup. Otro testigo de oídas también escuchó a un polícia que pedía auxilio, y a un vehículo que entró a la escena y salió de ella a toda marcha. Esa noche, la Policía dijo que había otro policía herido, al que evacuaron, pero a Deysi la dejaron tendida en la esquina de la casa contigua, frente a un callejón, allá hasta donde la ficción policial asegura que llegó un disparo de Óscar Mejía. Él estaba en el segundo cuarto y su disparo salió en línea recta atravesando el jardín, pasó por el falso; se detuvo un instante, flotó, cruzó la derecha sobre la calle principal; avanzó algunos metros y flotó de nuevo en línea recta, sobrepasando a Deysi; luego dio un pequeño giro en U, retornó y atravesó el pecho de Deysi. O ya creativos el disparo atravesó el muro de la casa contigua, la cochera, sin dejar rastro. Por donde se le mire, la ficción policial narra un disparo imposible.

Seis meses antes de morir, Deysi Cabrera había sido trasladada desde Suchitoto, donde vivía junto a su madre y sus tres hijos, hasta La Paz, a más de 80 kilómetros de distancia. Ella había reclamado derechos laborales. “Ella siempre iba de frente, y decía las cosas en la cara”, cuenta su hermana, Dina Cabrera, una excombatiente de las FPL en Cabañas. “Ella le envió mensajes de teléfono a Howard Cotto, porque se conocían, habían combatido juntos. Le envió correos, pidiéndole que le hicieran justicia, que la regresara a Suchitoto, pero él nunca le respondió”, dice Dina Cabrera. La familia de Deysi nunca estuvo satisfecha con las explicaciones de la Policía y ahora también pide justicia, y se une a los Mejía Hernández para que se esclarezcan todas las muertes.

Un mes antes de morir, Deysi se había incorporado al Movimiento de Trabajadores de la PNC, organización que reclama derechos laborales y que, en enero de 2016, realizó una marcha que terminó frente a Casa Presidencial, con más de 400 policías gritándole improperios al presidente Sánchez Cerén. Deysi era la encargada del sector femenino y reclutaba compañeras a la causa. Dos semanas antes de su muerte, Deysi había marchado junto con sus compañeros para exigir el pago de un bono que había prometido el gobierno. Los líderes de este movimiento eran y son perseguidos por las autoridades de la PNC. Contra cinco de ellos pesan suspensiones y sanciones administrativas.

Semanas antes de morir, Deysi había expresado a una confidente que se sentía atemorizada. “Vieras que aquí hay bastantes cabrones que son pirracheros (sic)”, dijo a su confidente, quien pide anonimato por temor a la Policía. Deysi había descubierto a unos compañeros que extorsionaban en la zona. La había invitado a que se echara “un pique” con ellos, a lo que Deysi se negó. “Prefiero almorzar una bolsa de agua a ser corrupta, a andar metida en cosas así”, les dijo. Los pirracheros se molestaron.

En 2014 y 2015, los años en los que estalló la violencia en el departamento de La Paz, un grupo de policías fueron denunciados en la cabecera del departamento, Zacatecoluca, porque falsificaban pruebas para extorsionar a civiles; otro grupo por matar a un grupo de jóvenes, supuestos pandilleros.

Un día antes de morir, el 29 de junio, un sargento de la delegación El Pedregal fue asesinado por disparos que le hicieron desde un vehículo en marcha. Un informe de novedades de la Policía dice que por esa razón para el 30 de junio se planeó un operativo de búsqueda que permitiera encontrar a los responsables del ametrallamiento en que murió el sargento. Por eso Deysi había ingresado a San Felipe. “En el mismo hecho en el que falleció la agente Cabrera también resultó fallecido el sujeto Óscar Mejía, de 48 años, miembro de la Mara Salvatrucha, y la señora Saidra Hernández, de 42 años. Según información, el sujeto Óscar Mejía fue quien disparó a la compañera, por lo que otros compañeros respondieron a la ataque”, dice el reporte de novedades.

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El día de su muerte, Deysi estaba de licencia, pero fue convocada de urgencia a su trabajo. Sobre lo ocurrido aquella noche, el parte policial desentona tres veces con el reporte de novedades. Según el parte policial, Saidra también era pandillera: “(…) personal de la subdelegación El Pedregal reportó un intercambio de disparos entre personal policial y pandilleros del sector, resultado fallecidos un elemento policial del sexo femenino y dos pandilleros de la Mara Salvatrucha”. Además, el parte policial sube de dos a cinco el número de pandilleros involucrados en el enfrentamiento: “(…) siendo así que a las 19 horas con 45 minutos ingresaron al caserío, observando un aproximado de cinco sujetos con apariencia de miembros de la mara, quienes al observar la presencia policial sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la integridad de los agentes”. Además, según el parte policial, los agentes ingresaron a San Felipe no para buscar a quienes habían ametrallado El Pedregal el día anterior: “(…) personal adscrito a la delegación de La Paz recibieron información que en el caserío había un grupo de miembros de la MS portando armas de fuego, razón por la cual se montó un dispositivo para verificar la información recibida, en el cual participaron un aproximado de 22 elementos policiales divididos en cuatro equipos”.

El parte policial nunca dice que Óscar haya matado a Deysi. Tampoco explica por qué el enfrentamiento ocurrió con los policías disparando hacia el interior del terreno de los Mejía, ni qué se hicieron los otros tres presuntos agresores ni explica por qué Óscar murió en un enfrentamiento a 300 metros de su casa y con 29 balazos en su cuerpo.

En la noche del crimen, Howard Cotto también explicó por qué Deysi había llegado a San Felipe. “Teníamos alguna información de que en este lugar se podían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos”, dijo. La única casa de dos plantas que hay cerca de la escena es aquella frente a la cual fue asesinada Deysi Cabrera. En esa vivienda solo viven dos ancianos.

Y entonces, ¿cómo murió Deysi? Un grupo de agentes de Zacatecoluca dijo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que a Deysi se le encomendó “cubrir al resto del equipo que había entrado por un pasaje cercano, el disparo que se escuchó se dirigió a la mujer agente, siendo herida mortalmente”.

Esta versión ubicaría al atacante de Deysi en el callejón, aquel donde no cabrían tres personas lado a lado. Si desde ahí disparó su atacante “pandillero”, este debió ser observado por el resto de policías porque el pasaje es cerrado, bloqueado por muros de concreto, malla metálica y cerco de púas. La PDDH ha concluido que la historia oficial es inverosímil. “La gravedad de los hechos advertidos en la presente investigación radican (…) en la falta de condiciones tanto materiales, humanas y de formación, que colocaron a la agente Cabrera en una condición de vulnerabilidad y riesgo, que finalizó en su fallecimiento; y también por las condiciones en que murieron los esposos Mejía, las que aducen a una clara ejecución extralegal”.

La Policía regresa a la escena del crimen

El 5 de enero de 2017, un año y medio después de que mataran a Óscar y Saidra, San Felipe de nuevo se infestó de policías encapuchados. Ellos pasaron en sus patrullas, o a pie, frente a la casa abandonada de los esposos Mejía Hernández; y frente al portón y el callejón en donde cayó asesinada la agente Deysi Cabrera.

La Policía regresó a San Felipe para enterrar al agente Mario Hernández, miembro del FIRT en el municipio de San Martín. Mario murió en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Le dispararon en el pecho. Un año y medio después de la muerte de los esposos Mejía, del asesinato de Deysi Cabrera, la guerra contra las pandillas –y contra todos lo que se pongan enfrente- aún no ha cesado.

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

Mario tenía 27 años, seis como policía, dos pequeñas niñas y era oriundo de San Felipe. Junto a unos 400 policías, a despedirlo llegaron también sus familiares, excepto dos: Saidra y Óscar. Su otro tío, el agente Antonio Hernández, también estaba ahí, y esta vez sí recibió algunas condolencias de algunos compañeros encapuchados.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el director de la Policía, Howard Cotto, asistieron a la misa de cuerpo presente, en la misma iglesia donde velaron a los esposos Mejía, la misma donde una vez por semana Saidra y Óscar convivían con un grupo de oración. Luego acompañaron el ataúd, en un recorrido de un par de kilómetros por un camino de tierra, hasta el cementerio de San Felipe, el mismo donde yacen sus cadáveres. Antes del entierro, Ramírez Landaverde y Cotto hablaron de Mario, de su ofrenda. Le hablaron a San Felipe: “Queremos agradecer a toda la comunidad, por haber demostrado que a pesar de las vicisitudes, hay familias que albergaran hombres y mujeres comprometidos con su país”, dijo el ministro.

Entre el público, Antonio Hernández lloró de nuevo. Por su sobrino y por el recuerdo de su hermana y su cuñado. En un momento del acto fúnebre estuvo lado a lado con sus jefes, pero no les dijo nada.

—¿Cómo hace para aguantarse la rabia?

—Uno no se siente bien, pero tengo claro que han venido solo a hacer el show, para que la gente vea. Yo ya no puedo confiar en ellos, y solo espero que se haga justicia.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

***

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.