El Faro

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

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—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

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El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

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Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

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Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

“Lo que se le olvida al gobierno es que al matarnos están matando a la gente que los llevó al poder”: MS13

La Mara Salvatrucha-13 asegura que la estrategia gubernamental, lejos de arrinconarlos o debilitarlos, les nutre sus filas de nuevos miembros con sed de venganza y que eso les permite estar fuertes y con capacidad para ser “el detonante” de una guerra que conduciría al “caos”. Sin embargo, la pandilla dice que prefiere agotar la opción del diálogo para desactivar la bomba de tiempo.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

Placazos de la MS 13 en las viviendas de la Colonia El Rosal, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad. En estas comunidades cercanas al Centro Penal de Quezaltepeque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada lanzaron la campaña de borrado de grafitis el 3 de abril de 2016. La MS-13 dice estar dispuesta a incluir en una eventual agenda de diálogo la posible disolución de la pandilla. Foto de Víctor Peña, El Faro.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

La MS-13 asegura haber vivido un proceso de metamorfosis, que ya pasaron los días en que eran “manada” y se ven a sí mismos ahora más sofisticados, más políticos… más temibles; a pesar de los mensajes triunfalistas del gobierno, que repite que las pandillas están en retroceso, desarticuladas y lastimadas íntimamente.

Los voceros de la pandilla más grande de El Salvador lanzan un mensaje que tiene como destinatario al Estado, y ofrecen al presidente y a todos los partidos llevar el conflicto a su terreno, es decir, al de la política. Proponen una mesa de negociación pública y para hacerla atractiva han desbloqueado dos puntos que hace cuatro años -en medio de la Tregua- estaban fuera de cualquier conversación: abrir las puertas para que pandilleros activos abandonen la estructura e incluso para que se discuta una ruta que pueda conducir a la desarticulación de la Mara Salvatrucha-13.

La siguiente es la conversación que dos voceros nacionales de la pandilla sostuvieron con dos reporteros de El Faro a finales del año pasado. El encuentro ocurrió en una de las comunidades en las que esta organización ejerce un poderoso control territorial. Uno de los voceros llevaba consigo unas páginas de papel en las que había escrita una serie de puntos que debían desarrollar en la reunión que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016. Posteriormente, El Faro contactó en tres ocasiones más a los voceros por vía telefónica para precisar e insistir sobre los puntos medulares de la conversación. Este artículo solo recoge el contenido de la primera conversación, que inició con uno de los pandilleros desarrollando el primer punto de su lista:

“Como primer punto, la MS quiere hacer saber al pueblo salvadoreño que no estamos en guerra contra el Estado o contra el gobierno. Punto dos: si así fuera, policías y militantes políticos, y sus familias que viven en las comunidades y barrios que controlamos… sería un caos. Nosotros convivimos con personas de todos los colores políticos, nos han visto crecer y los conocemos. Si estuviéramos en guerra, ¿crees que no fuera una matazón de personas allegadas a este gobierno? A pesar de que el gobierno y su gente nos han tocado al pueblo de nosotros, nosotros no les hemos tocado a su pueblo. Los respetamos porque hemos crecido con ellos. Las pandillas ultimadamente han respondido a los ataques de los que están siendo víctimas, los asesinatos de parte de la Policía y de los militares, con la nueva unidad, las FIRT [Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio], que matan poniendo de excusa que hay enfrentamientos… Pero los representantes de la MS no estamos diciendo a nuestra gente: “Ataquemos”. No. Las pandillas responden. Nos han matado a un sinfín de jóvenes, y un animal que se siente acorralado busca defenderse. Tal vez es lo que está pasando en varios puntos del país, pero no es generalizado. Si fuera generalizado, ¿cuantos policías y militares viven en comunidades donde están asentadas las pandillas? No hay línea de atacar a militares y policías”.

¿Ni siquiera en la primera semana de noviembre, cuando hubo una brutal secuencia de asesinatos?
La MS está respondiendo tarde. Debimos haber respondido nomás el gobierno empezó a decir que la MS estaba detrás de los asesinatos de policías y militares. ¿Cuántos policías y militares no se agarraron de eso para matar a miembros de la MS-13? Lo que estamos haciendo ahorita lo hubiéramos hecho antes. Los policías matan a jóvenes en las comunidades: miembros y no miembros de pandillas. Porque aquí no solo las pandillas sufren ataques de los policías. La población civil está sufriendo. En las colonias donde está la MS-13 la Policía aplasta parejo: pandilleros y no pandilleros. ¿Vos creés que toda la población está agradecida con las medidas extraordinarias? Y la pregunta sobre nosotros: un policía llega y te mata a uno, dos o tres jóvenes. ¿Qué hace la pandilla? Te reacciona. Y en esa semana de noviembre reaccionaron a tanto ataque.

¿Es una decisión del líder de cada clica?
Hay veces que sí y hay veces que no. Te voy a hablar por mi caso. Cuando veo que me están matando a tres o cuatro cipotes de la colonia, ¿qué decisión voy a tomar? Son bichos que conocemos desde pequeños. ¿Cómo no me va a doler que me estén matando a un compadre mío? ¿Cómo no voy a reaccionar? ¿O cómo voy a detener al compañero que quiere vengarse? Ese cabrón anda encabronado.

Pero en noviembre se pasó de aquella semana sangrienta a prácticamente no ocurrir más asesinatos de policías y soldados en casi dos meses. ¿Cómo se puede explicar algo así si no es porque la MS tira línea?
Cuando vemos que algo se está saliendo de lo normal, ahí es cuando entramos nosotros a calmar. ¿Quién agradece el trabajo que estamos haciendo para detener más muertes de policías? Nadie. Nadie nos va a dar el Premio Nobel de la Paz. El gobierno inventa planes, pero lo único que hace es matar. Las pandillas intentan rectificar los errores que andan cometiendo ciertos miembros. En Quezaltepeque, donde la MS mató a un policía y a su hijo universitario, ¿a cuántos pandilleros no habían matado primero en ese municipio? Como te digo: hay quien toma la venganza en las manos.

¿Ustedes dicen que la orden que lanzaron fue “Calmémonos”?
A nivel nacional… llámese ranfla u organización… pero se convierte en un resorte para que los asesinatos se calmen. Es un trabajo difícil pero, ¿quién lo agradece? Cuando alguien se dispara, a nosotros nos toca: “Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así”. Pero imagínate con ese caso de Quezalte, que luego llegaron los policías a matar a otros tres cipotes. ¿Vos creés que no quedan más resentidos, con ganas de matar a más policías?

Luego de las medidas extraordinarias, ¿es más difícil para la Mara Salvatrucha girar lineamientos a escala nacional?
Es más difícil. Mi abuelo tenían un dicho: a veces por persignarnos nos aruñamos la cara. Y es lo que pasa en este país: por persignarse, imaginate lo que está pasando: cortan la comunicación y aíslan a las personas influyentes de las pandillas. Cuando el carro no tiene motorista, esto es un desvergue mayor, y estamos peleando un montón de personas queriendo calmar lo que está pasando. Toda comunicación ha sido cortada. No hay medio de establecer un diálogo. Y un carro sin motorista va a estrellarse.

Cuando dice que se está intentando calmar, ¿quién lo hace?
Ya no se hace como antes. Prácticamente se está haciendo más que todo en la calle. Nosotros somos los que estamos peleando y deteniendo el gran degenere para que los militares y policías no sigan contando muertos.

Esa nueva estructura de la libre, ¿tiene capacidad de llamar al palabrero de cualquier clica del país y ordenarle que se calme? ¿Hay un piloto sustituto en ese carro que menciona?
Es complicada esa pregunta. Es complicada porque el gobierno lo toma en el sentido de que nos estamos restructurando para atacar, cuando lo que queremos es calmarnos.

Lo que ustedes nos están contando, ¿a quiénes representa? ¿Quién nos está hablando? A título personal, como responsables de clica, o de programa, o…
Está hablando la Mara Salvatrucha-13.

¿Entonces ustedes sí mantienen algún nivel de comunicación con las cárceles?
Más que todo los que estamos en la libre. Y, ante lo que está pasando, queremos preguntar al presidente, al vicepresidente y al ministro de Seguridad: ¿están de acuerdo con los asesinatos de pandilleros? Si no fuera así, ¿eso quiere decir que el control de la Policía se les fue de las manos? Señor presidente, ¿sabe que policías y militares están ocupando armas y transporte público para asesinar? Señores del partido FMLN: aquí no solo las pandillas están sufriendo abusos de autoridad, sino que la población civil también, tan solo por vivir en territorios de pandillas. ¿Por qué, señores de los partidos políticos, cuando se les habla de diálogo por la estabilidad del país prefieren invertir en guerra en lugar de rehabilitación? Las pandillas queremos tranquilizar un montón de cosas que están pasando, pero, ¿qué hacen los políticos? ¿Por qué solo se acercan a las comunidades cuando quieren votos? ¿Por qué solo se acercan a las pandillas cuando quieren votos?

¿La MS-13 está haciendo una oferta de negociación?
La palabra negociar se escucha fuerte. La gente no quiere oír hablar de treguas o de negociación. Lo que ofrecemos es una estabilidad al país. Estabilidad para todos, no solo para los pandilleros.

¿La MS-13 reanudaría el diálogo como durante la Tregua o la posibilidad de dialogar está cerrada?
Un diálogo, pero que la población no lo interprete como una tregua o una negociación, porque la palabra negociación la gente cree que es a cambio de dinero… Lo que ofrecemos ahora es un diálogo concreto, para la estabilidad de El Salvador, porque todos en las comunidades están sufriendo el acoso y la represión.

Hace algunos meses las tres pandillas nos hicieron llegar un comunicado diciendo que se sentían traicionadas por el FMLN y GANA, y les amenazaron con no dejarles hacer proselitismo en las comunidades que controlan.
A las pandillas nos ocuparon para llegar al poder. He estado en la vela de compañeros y alguna vez me llega a reclamar la mamá: ¿para eso mi hijo me hizo que fuera a votar por Sánchez Cerén? Lo que se le olvida al gobierno y a un montón de gente que está sentada en la Asamblea es que están matando a la gente que los llevó al poder. El mismo presidente está sentado porque las pandillas le dieron el voto, esperanzados con una reinserción en los penales y en las comunidades, esperanzados con un diálogo como el que estamos ofreciendo ahorita. Con esa esperanza mucha gente fue a votar por el FMLN. El presidente lo sabe, y el gabinete de seguridad lo sabe.

En esa oferta que ustedes plantean, ¿qué gana el maestro al que los pandilleros tienen extorsionado en la escuela? ¿O la señora del mercado que también paga renta?
El pueblo sigue sufriendo a los dos bandos: a la Policía y a las pandillas. ¿Vos creés que mi familia o la familia de un policía viven bien? Nos conocemos. Convivimos a diario. Al policía nosotros lo vemos y tratamos de respetarlo. ¿Pero sabés qué pasa? Que viene un policía de otro departamento a matar a nuestra gente, y ahí es cuando hay bichos de las pandillas que buscan al que está a la mano. Aquel viene solo a dejar la cagada y se va. No se pone a pensar en la familia del policía que vive en los territorios donde hizo las cosas.

Pero preguntamos por la gente que no es parte de ningún bando. Quien paga una renta, por ejemplo ¿qué beneficio saca de un hipotético cese de hostilidades entre las fuerzas de seguridad y las pandillas?
En la Tregua [2012-2014], a nosotros nos hablaban seguido para decirnos que tal o cual persona estaba siendo extorsionada. ¿Creen que las pandillas no quitaron un vergo de rentas durante la Tregua y que estas personas no están agradecidas con nosotros? Eso no lo sabe el gobierno. Hay gente que estaba en las listas de las pandillas y dijimos: no, ahora esta no es la onda. ¿Y cómo el gobierno pone un impuesto a la telefonía y nadie dice nada?

¿Su lógica es que si el gobierno cobra impuestos, también las pandillas pueden pedir la renta y extorsionar?
Hay gente que manejó esas lógicas, pero ahora no se trata de esa cuestión. Lo que estamos viendo es que el gobierno viene y cobra para comprar armas y tiros y gasolina. Y hay compañeros que nos dicen: “Puta, ¿por qué no le damos fuego a esta onda?”. Pero para la MS no es ese el lineamiento ahora. Nosotros estamos proponiendo… llámese diálogo, no lo queremos llamar tregua o negociación, un diálogo estable para el país.

¿Quién participaría en ese diálogo que proponen? ¿Solo gobierno y pandilleros?
No. Todos los partidos políticos. Queremos establecer una mesa de diálogo seria. Que incluya a los miembros de pandillas.

¿De las tres pandillas (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18)?
Sí. Y a familiares de reos civiles, organizaciones de derechos humanos, autoridades de Centros Penales, líderes de las comunidades… Una comisión con representantes de todos los partidos políticos porque, si no, se sientan los políticos solo para sacarse clavos unos a otros. Queremos una comisión para el bienestar y la estabilidad del país.

¿Qué debería discutirse en esa comisión?
Programas de reinserción obligatorios en los penales y en las comunidades.

¿Por reinserción entienden que haya mecanismos para que quien quiera dejar de ser pandillero puedan hacerlo?
Exacto. Además exigimos salud, trabajo y educación para nuestras comunidades. Hoy en día, si vivís en San Martín y querés ir al Hospital de San Bartolo, no podés. ¿Cuánta gente no se está muriendo por no poder ir al hospital? Hemos creado ese monstruo en las comunidades, y las personas no pueden moverse. En la comunidad en la que yo crecí, si nos pusieran una clínica y una escuela, la gente estaría alegre. Pero el gobierno no quiere invertir en las comunidades con la excusa de que son violentas.

Pero la responsabilidad mayor de que alguien no se pueda mover libremente de una comunidad es sobre todo de las pandillas.
También de los policías. Si a un joven de La Campanera lo paran, aunque no tenga nada que ver con la pandilla, a ese cabrón mínimo le quitan el celular, le dan verga y lo mandan traumado para la casa. Nosotros queremos abrir canales de estabilidad para toda la población, para acabar con el monstruo que se dejó crear por este gobierno y por los anteriores. Por eso proponemos que haya una comisión bien formada y estable, con todos los partidos políticos.

¿Esa propuesta la hace solo la Mara Salvatrucha-13?
Las letras, cabal.

¿Cómo está la comunicación con las otras pandillas? Sería por gusto si la MS-13 se compromete a algo, pero no la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios.
Hasta cierto punto se mantiene la comunicación.

¿Hasta cierto punto? ¿Siguen en guerra con ellos?
Fijate que seguimos en contacto, pero como no hay algo estable… Si el gobierno y los partidos políticos se amarraran bien los pantalones e hiciéramos algo grande, cualquiera se incluye.

¿Esta, pues, es una invitación dirigida tanto al gobierno como a los partidos políticos, a la sociedad y a las otras dos pandillas?
Se ve imposible, pero cuando uno quiere, se puede. Lo vivimos en 2012, y logramos que bajaran los homicidios. La MS-13 está diciendo: ¿qué esperamos?

El gobierno atribuye a las medidas extraordinarias la reducción de asesinatos en 2016 con respecto de 2015. ¿Cómo lo explica la MS-13?
¿Sabés cuál es el factor sorpresa de un asesino? Ese de repente te sale, no espera. Entonces, ¿vos creés que hay tanto policía para cuidar a tanta persona en las comunidades? No. Ahorita las pandillas lo que están haciendo es otra metamorfosis. Imaginate: nos están toreando, nos están haciendo esto y lo otro… y las pandillas no hemos dado un paso atrás. Las pandillas seguimos a pesar de tanto muerto, a pesar de tanto baleado, a pesar de tanto preso… Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS sigue sonando a nivel nacional.

La renta sigue.
Todo sigue sonando: asesinatos, rentas… Los homicidios están bajando porque nosotros así lo queremos.

¿Hay un acuerdo entre las pandillas para matarse menos que explique en parte el descenso en los homicidios?
Las personas que están grandes y adultas y seguimos en esto… entendemos que ahorita el mayor problema no es la rivalidad entre las pandillas. El monstruo que se ha creado ahora es el gobierno, los policías asesinos y militares. Entonces, una guerra se gana con inteligencia. Y pensamos: tranquilicémonos, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo entre nosotros cuando otra gente nos anda jodiendo a los dos?

¿Pero esa es tu reflexión o es algo que han hablado entre los voceros de las tres pandillas?
Los mismos golpes de la vida nos han venido enseñando qué tenemos que hacer y qué no. Yo, como te digo, y ustedes saben la rivalidad entre nosotros, pero decimos: “Hey, ¿por qué nos vamos a estar jodiendo ahorita? ¿Por qué vamos a estar jodiendo a las personas civiles? Repito: no estamos en el país de las maravillas, y siguen pasando cosas a diario, pero la idea es tratar de solucionarlas.

¿Qué certeza puede tener la sociedad de que es una oferta de la Mara Salvatrucha-13 en su conjunto, y no solo de un grupito de voceros?
Yo estoy hablando en nombre de toda la organización. Si no, yo no habría venido aquí. Yo estaría ahora en mi casa, tomando mi café y mi pan dulce, y viendo tele, tranquilo. Pero estamos aquí, queriendo hacer algo por la estabilidad, no de las pandillas, sino de todo El Salvador. En 2016 hemos visto que este país se ha seguido desangrando, pero yo no veo que nadie tome la iniciativa. Nosotros, como la MS-13 que somos, tomamos la iniciativa y hacemos un llamado al diálogo.

¿Reinsertar a la pandilla en su conjunto o reinsertar a los pandilleros, incluso a aquellos que quieran dejar la pandilla? Es un matiz importantísimo.
Nosotros hablamos de un reinserción integral. ¿A qué nos referimos con integral? No es lo mismo que el gobierno ponga una panadería o una granja, para salir en televisión y luego desaparecer, que una reinserción que incluya empleos, educación y también lo espiritual. Y esto no es solo para la MS, sino para todos los que viven en comunidades, y también de las otras pandillas. Así como estuvimos esperanzados y fuimos a hacer la fila para darles el voto a Sánchez Cerén y a su colega Óscar Ortiz…

Insistimos: en su idea, ¿el pandillero podría salirse de la Mara Salvatrucha-13 si así lo quiere?
De eso estamos hablando y disertando. Todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Uno de morro hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto, y uno tiene hijos y todo, la mente madura. Eso que hiciste ya no querés hacerlo. ¿Por qué? Porque ves a tus hijos y querés lo mejor para ellos, enseñarles el camino correcto, pero para eso lo primero es meterte en el camino correcto vos. Pero si las autoridades no te lo permiten porque andás las letras… todas las personas tienen el derecho a cambiar.

¿La MS dejaría que sus integrantes se pudieran alejar de la pandilla?
Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado? Nadie. A los pandilleros los tienen por lacras, como dice el gobierno, y no es así. Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados. Gente inocente. Si muere un policía, las madres y los hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren. Son los pobres los que estamos muriendo. La gente pobre es la que está enterrando a sus hijos.

Han dejado claro lo que piden, pero ¿qué ofrece la Mara Salvatrucha en esa hipotética mesa de diálogo?
Yo no soy una persona ignorante y veo lo que está pasando en las comunidades. Yo miro cómo prosperan los países. ¿Por qué no le apostamos a que mejore la economía de este país, dando trabajo a tanto marero y desempleado que hay? Lo que la MS está ofreciendo al país es una estabilidad, sacarlo del ránking de los países más violentos. Pero ya no queremos a tanto político mentiroso que ahorita se toma la foto con nosotros y mañana se van a la mierda, pues. Estamos cansados de tanto cabrón mentiroso. Pero nosotros estamos diciendo: hey, aquí estamos.

Si en esa mesa de diálogo se pidiera que desaparezca la extorsión, ¿se sentarían en esa mesa?
Fijate que… nosotros no nos podemos comprometer desde el inicio, y te digo por qué: porque nosotros ya nos hemos comprometido. Lo voy a decir claro: nosotros hemos dado el voto al FMLN, eso ya se sabe y ahora lo confirmamos. Pero nos mintieron. Nos ofrecieron empresas, nos ofrecieron esto y lo otro. Y no creás que solo ese partido político. Todos los partidos llegan a ofrecer de todo cuando están en campaña y van a las comunidades. Ahora, todo ese montón de gente… Rodrigo Ávila… todos estos políticos… Chato Vargas, Almendáriz… Misael Mejía, del FMLN, que es uno de los que me vio la cara a mí… por eso queremos que se enteren de tanto cerdo que tenemos como político, que no te arreglan una calle si nos das el voto. Así funciona este país. Y con las pandillas es igual. Nos ofrecieron esto, aquello y lo otro.

¿Están dispuestos a sentarse a discutir, en una mesa como la que plantean, la desarticulación de la MS-13?
Las FARC lo han hecho. Pero esos son procesos que llevan años. En El Salvador a día de hoy estamos lejos de alcanzar esos grandes logros. Ahora lo que tenemos es falta de voluntad.

¿Queda algún punto más en su lista?
Algo más. Si a las pandillas nos vieran como un problema grande, como lo son las FARC, o como lo fue ETA en España, o como lo está siendo ISIS en Siria, una organización de esa magnitud… nosotros tenemos la capacidad de ser una organización así, pero no la queremos ocupar. Les voy a decir por qué: nosotros podemos ser el detonante para que estalle una verdadera guerra en este país. Hay gente que cree que las pandillas estamos solos, pero los que están disconformes con todo este montón de políticos son muchos más. Estos políticos que se aprueban un seguro médico que cuesta millones mientras en las comunidades los niños están llenos de lombrices. Las pandillas podemos ser ese detonante. El sector salud no está agradecido. El sector educación. La misma Policía y los militares están protestando en las calles. Si nosotros empezáramos algo en contra de este gobierno y de los políticos, no estamos solos. Hay un montón de gente que se uniría, porque está cansada de tanto político que les ha prometido cosas que luego no les han cumplido. Como nos hicieron a nosotros. Las pandillas podemos ser ese detonante, pero no lo estamos ocupando por no confrontar, sino que queremos agotar el diálogo.

El Faro ha publicado que, desde el tramo final de la Tregua, en 2014, las pandillas se están armando con fusiles y armamento de guerra. Eso va en contra de lo que usted trata de vendernos.
Las pandillas entregaron armas durante la Tregua.

Hubo tres entregas, pero pequeñas.
Entregamos las armas. Y ahí está ocurriendo algo que nadie se ha metido a investigar aún. ¿Cómo, decime vos, va a ser posible que en un enfrentamiento en el que los pandilleros aparecen muertos con cinco o seis fusiles a la par no hay siquiera un policía herido?

Ese es otro tema. Les hemos preguntado por las armas que la MS adquiere. Se informó, por ejemplo, de la incautación de un arsenal que líderes de la MS fueron a comprar a Guatemala.
Nosotros, como MS, no queremos echarle más leña al fuego. Y el tema de las armas lo podría interpretar mal la población. Nosotros, lo digo así de claro, tenemos toda la posibilidad de responder al Estado. Imaginate si la MS, o las tres pandillas, hicieran una cruzada a nivel nacional, y comenzáramos a asesinar a toda esta clase de personas que podrían considerarse enemigos… Toda guerra es negocio, y nosotros también entendemos esa parte. ¿Por qué los políticos no le invierten al tema de la prevención? Porque en la guerra hay dinero de por medio. ¿Cuántos millones se invierten en seguridad en este país? ¿Por qué no le cambiamos la razón de ser a esos millones e invertimos en prevención?

¿Qué pasa si el gobierno se niega al diálogo, que es lo previsible, visto lo impopular que sería esa posibilidad?
Fijate que al “no” ya estamos acostumbrados, pero vivimos con aquella esperanza de que El Salvador mejore. Esto no es para que yo, o el compañero o la MS mejoren, para lograr un acuerdo que nos dé comodidades a nosotros. No. No pedimos mucho. Mirá lo que se está negociando en Colombia, nosotros no pedimos algo así. El “no” ya lo tenemos. Esos mismos políticos ya nos han mentido otras veces. Y el fracaso de la Tregua y los muertos que hubo después se los achacan a las pandillas, pero no al gobierno que mintió a las pandillas.

Hay lectores que creerán, no sin razones de peso, que la MS-13 hace este ofrecimiento ahora porque el Estado los ha golpeado mucho.
Está muriendo mucha gente en este país, no solo pandilleros. Los policías, por ejemplo. Ellos trabajan por la misma necesidad. Ellos son gente pobre también. La sangre de los agentes se están derramando injustamente por las órdenes que dan los políticos.

No nos ha respondido la pregunta: ¿tiene el Estado contra las cuerdas a la Mara Salvatrucha?
No. ¿Cuántos policías creen que viven en esta comunidad en la que estamos ahora? No menos de 15 o 20. Yo a todos los conozco. Si tuviéramos una guerra así, a las cabales, esa gente no estaría en esta comunidad. Pero no queremos eso. Queremos ver la manera de que esto se arregle.

En 2015 y 2016 la Policía dice haber matado a más de 900 pandilleros en supuestos enfrentamientos. ¿Las pandillas tienen capacidad para suplir esas bajas?
Cuando nos matan a uno en mi clica, rápido viene el hijo de 14 o 15 años, y el sobrino, y el hermano… personas que no se quisieron meter en la pandilla, pero que lo hacen cuando saben cómo la Policía ha matado a su familiar o a su amigo. El Estado está obligando a muchos salvadoreños a ser fieles a la pandilla, porque les asesinaron a un familiar. Nos matan a uno, pero dejan a tres resentidos más. Hay gente que cuando les matan a un familiar se nos acercan y hablan de tambores de guerra, de que ya es hora de despertar. “¿Cuándo nos vamos a matar con estos hijosdeputa?”, nos dicen. Pero las guerras se ganan con inteligencia y, si quisiéramos, ya habríamos matado a todo mundo que nos estorba en las comunidades, pero no se trata de eso.

¿La Mara Salvatrucha no está ahora más débil que hace dos años?
No. Tal vez nos han cortado la conexión de allá [los penales] para acá, ¿pero en la calle, qué?

¿Sigue habiendo jóvenes que quieren ser pandilleros?
Si matan a uno, siempre hay alguien que dice: “La Policía me mató a mi tío o a mi hermano; yo quiero ser pandillero también”. Es más: si la pandilla no le da la oportunidad, algunos van a buscar un arma y van a tratar de desquitarse igual. El presidente y ese montón de gente que vive en la Escalón no saben lo que sucede en las comunidades. Yo leo los comentarios en las redes sociales, que piden que maten a los mareros y todo eso, pero que no se den casaca: esos que escriben no son de las comunidades. Nosotros estamos en las comunidades desde los noventa, hemos sobrevivido a un montón de cosas, y vamos a seguir sobreviviendo. Los jóvenes siguen pidiendo ser parte de las pandillas. Hay un montón de carga acumulada, y el gobierno quizá no lo sabe, porque ellos solo ven el objetivo que ellos llevan, y no ven los tropiezos que están dejando a los lados. Y la metamorfosis de las pandillas sigue. Cada vez que ocurre algo, cada año, cada mes, cada día… porque la mara ya no somos aquellos cabrones de antes, que andábamos como manada. ¡No! Ahorita ahí estamos, vos sabés, como el cáncer.

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MS-13 pide diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación

La Mara Salvatrucha pide hoy un diálogo cuya agenda pueda incluir la desarticulación de la pandilla, lo que implica un giro radical a la postura de hace cuatro años, cuando la cúpula nacional rechazó siquiera hablar de su posible desmontaje. Tres voceros de la organización criminal expusieron a El Faro una propuesta para discutir soluciones al problema de violencia en una mesa de negociación pública que incluya al gobierno y a todos los partidos políticos. El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, dice que es una propuesta “a la que hay que darle taller”.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

El 4 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada desarrollaron un operativo conjunto en los alrededores de la cárcel de Quezaltepeque. El objetivo era borrar los grafitis con los que la Mara Salvatrucha demarca los territorios que controla. Foto Víctor Peña.

el faroCarlos Martnez y Roberto Valencia, 9 enero 2017 / EL FARO

Voceros de la Mara Salvatrucha-13 –la pandillas más numerosa de El Salvador– se reunieron con El Faro a finales de diciembre pasado para exponer una nueva propuesta hacia la sociedad y el gobierno: la MS-13 pide la creación de una mesa de diálogo pública, en la que estén representados todos los partidos políticos, el gobierno, instituciones de derechos humanos y los líderes de las tres pandillas principales que operan en el país: 18 Sureños, 18 Revolucionarios y la Mara Salvatrucha-13. Su propuesta, dicen, tiene por objetivo detener la crisis de violencia que vive el país y frenar la escalada bélica entre las pandillas y las fuerzas de seguridad, antes de que derive en una “guerra”.

Como punto de partida, la pandilla ha desbloqueado dos puntos de negociación que nunca antes habían estado sobre la mesa: el primero es la posibilidad de que el gobierno cree procesos que permitan a los miembros activos salirse de la pandilla: “Uno de morro (niño) hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto y uno tiene hijos, la mente madura y eso que hiciste ya no querés hacerlo. Todo ser humano tiene derecho a cambiar, no toda la vida va a andar uno haciendo cosas ilícitas”, dijo uno de los dos líderes de la MS presentes en la entrevista, realizada al interior de una vivienda de una colonia del Área Metropolitana de San Salvador.

El segundo punto -que constituye la principal novedad del ofrecimiento- se refiere a la posibilidad de discutir la desarticulación de la pandilla. El Faro insistió sobre este punto durante la entrevista y en conversaciones telefónicas posteriores y los voceros de la Mara Salvatrucha-13 aseguraron que este es un tema que puede ser abordado si la mesa que proponen es tratada con seriedad: “¿Están dispuestos a discutir la desarticulación de la MS?”, preguntó este periódico. “Las FARC lo han hecho…”, dijo un vocero. “No podemos partir diciendo que nos vamos a desarmar, todo depende de cómo el gobierno reciba la propuesta y la seriedad que le dé”, añadió, para luego asegurar que la MS-13 ha visto como modélico el proceso que condujo al desmontaje del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Ellos después de andar matando gente, de ser terroristas, se van a reinsertar como ciudadanos”, dijo.

A diferencia de la guerrilla colombiana, la Mara Salvatrucha-13 creció en El Salvador como una estructura delictiva sin agenda política, sin cohesionantes ideológicos y sin buscar derrocar al gobierno para hacerse del poder. Sin embargo, desde que inició el proceso de diálogo que el gobierno del expresidente Mauricio Funes estableció con las pandillas en 2012, estas estructuras han ido articulando un discurso reivindicativo que busca justificar su propia existencia a través de la marginación social y la falta de Estado en las comunidades en las que crecieron y prosperaron.

La sola posibilidad de poner sobre la mesa la salida de sus miembros y su posible desarticulación como estructura marca una clara diferencia en la pandilla con respecto a la negociación de 2012, conocida como la Tregua. En aquel momento, la Mara Salvatrucha-13 fue muy enfática al señalar que la posibilidad de su desarticulación estaba fuera de cualquier discusión. Consultado sobre el cambio de postura, uno de los representantes explicó: “Hace cuatro años no había un rumbo muy claro de hacia dónde iba esto, la pandilla ha tenido su metamorfosis y ha venido madurando durante este tiempo. Eso fue lo que nos enseñó la Tregua”.

En el gobierno, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que él no podía responder si la administración accedería a sentarse a dialogar con pandilleros, porque hasta ahora la decisión es que esa no es una vía para resolver el problema de violencia de pandillas. “Hasta hoy la posición ha sido ningún trato con esos grupos. Pero el presidente tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, dijo Chicas. “Es un tema al que hay que darle taller”.

El director de la policía, Howard Cotto, fue más tajante, al considerar que el gobierno no tiene nada que negociar con las pandillas: “El único ofrecimiento de negociación de ellos es el seguir cometiendo delitos si no negociamos o dejar de cometerlos si negociamos y esa brújula es equivocada … ¿qué ofrecen? ¿dejar de matar o dejar de extorsionar? ¿Y a cambio querés algo? ¡no! Solo déjenlo de hacer”, resumió.

A diferencia de comunicados públicos anteriores -en los que las pandillas anunciaban decisiones o cuestionaban la falta de voluntad de diálogo del gobierno- esta vez no son las tres pandillas las que lanzan esta propuesta, sino solo la MS-13. Sus voceros insistieron en que su llamado pretende también convocar a sus rivales históricos: las dos facciones de la pandilla Barrio 18.

Los nuevos voceros

El 24 de noviembre, uno de los reporteros de El Faro fue contactado por un pandillero de la Mara Salvatrucha, que proponía una reunión para, en nombre de toda la organización, exponer algunos puntos. En ocasiones anteriores, este mismo pandillero había servido ya como vocero oficial de la pandilla, junto con Marvin Quintanilla, conocido como “Piwa”, a quien las autoridades acusan de ser el cerebro financiero de la estructura. Esta persona –cuyo nombre se omite como parte de los acuerdos que permitieron el encuentro– es parte de una larga cadena de reemplazo de liderazgo, que no implica que el poder dentro de la pandilla haya cambiado de manos, sino solo de quién lo representa en la calle.

En 2012, en el contexto de la Tregua entre pandillas negociada con el gobierno, la MS-13 creó una estructura de liderazgo fuera de los centros penales conocida como La Ranfla en Libertad o la Ranfla de la Libre, que representaba la autoridad de la verdadera cúpula pandillera, recluida en el sistema penitenciario. Los primeros miembros de esta estructura fueron integrantes de la cúpula en prisión que habían cumplido sus condenas y que tomaban el control de las acciones en la calle. Pero con el tiempo casi todos los pandilleros que formaron parte de la Ranfla de la Libre de la MS-13 han sido arrestados y enviados al Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca. Sin embargo, la pandilla ha sido capaz de reemplazar una y otra vez a los líderes en libertad.

El pandillero que se puso en contacto con El Faro es heredero de esa larga cadena de sustituciones y por lo tanto goza de la facultad de hablar a nombre de toda la estructura. Ha sido un vocero constante de la MS-13 durante más de un año y ha representado la voz de la pandilla ante los voceros del Barrio 18.

El encuentro tuvo lugar el 21 de diciembre, casi un mes después del primer contacto. El líder pandillero advirtió que él no estaría presente pero que delegaría a dos voceros que contaban con la autorización de hablar en nombre de la Mara Salvatrucha. La reunión tuvo lugar en una comunidad en la que esta pandilla ejerce un férreo control.

Los voceros aseguraron que el contenido de su comunicado representaba a toda la estructura y que ellos habían sido delegados para representar a la Mara Salvatrucha-13 ante este periódico. La lista de ideas venían anotadas en unas páginas sueltas y escritas a mano y uno de los voceros fue desarrollando punto por punto. El interés principal de la pandilla era negar que la organización haya decidido asesinar sistemáticamente a policías o militares como respuesta al endurecimiento de condiciones de reclusión de pandilleros a partir de abril de 2016.

“La MS está respondiendo muy tarde. Al nomás empezaron los comunicados (del gobierno) a decir que la MS estaba en guerra con el gobierno, se tuvo que haber dado respuesta. Se tuvo que haber dado respuesta en la misma semana en la que empezaron los rumores de guerra”, inició el vocero.

Se refería a los hechos ocurridos durante la primera quincena de noviembre, en el que fueron asesinados 10 policías y 3 militares. El gobierno responsabilizó a la Mara Salvatrucha-13 de haber emprendido una guerra abierta contra policías y soldados. Por ello, recrudeció las condiciones carcelarias contra los miembros de esta pandilla y lanzó una ofensiva contra los territorios controlados por ella.

Los voceros de la MS-13 aseguraron que no existe una orden de la cúpula de la estructura para lanzar a sus bases contra los policías, aunque justificaron los asesinatos de policías diciendo que se trata de la reacción natural de líderes locales de la pandilla, palabreros de clica, ante el acoso de las fuerzas de seguridad.

“Un policía que llega y te mata a uno, dos o tres miembros, o incluso a gente que no es miembro de la pandilla, ¿qué hacen las pandillas? Te reaccionan. Esa semana está comprobado: reaccionaron a tanto ataque… cuando alguien se dispara, tenemos que decirle: ‘Hey, tranquilos, bichos, no es así la onda, este desvergue no es así´. Pero imaginate cuando los policías vienen, por ejemplo en Quezaltepeque, y les matan a tres cipotes: ¿vos creés que no quedan más resentidos y con más ganas de matar a policías?”, justificó uno de ellos. Este es un punto en el que la pandilla ha insistido desde que se rompió la Tregua en 2014.

Aseguraron que para atajar la situación, su pandilla ha decidido hacer un ofrecimiento de diálogo: “Nosotros estamos proponiendo un diálogo. No lo queremos llamar tregua o negociación… porque la gente cuando le mencionás la palabra tregua o la palabra negociación interpreta que es a cambio de dinero, y no es así. Estamos ofreciendo un diálogo para este país”.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto de El Faro.

Fragmento del manuscrito que sirvió como guía a los voceros de la MS-13 en la entrevista con El Faro realizada el 21 de diciembre de 2016, en la que expusieron la propuesta de diálogo de la pandilla con el gobierno. Foto Roberto Valencia.

Los representantes de la Mara Salvatrucha-13 dijeron que su estructura ha pensado en una comisión en la que estén incluidos no solo el gobierno, sino también todos los partidos políticos. “Porque si solo un partido quiere hacer algo bueno por el país, los demás no lo dejan avanzar”. Piden que se incluyan también a “autoridades de derechos humanos y centros penales, familiares de reos y líderes comunales”.

Aseguraron que buscan que esta “comisión” desactive “al monstruo” que han creado en las comunidades. “Queremos abrir todos los canales posibles para que la población no sea víctima de las pandillas, te lo voy a plantear de esta manera: Si venís de San Martín y querés ir al hospital de San Bartolo… ¿cuánta gente no se está muriendo de un montón de cosas porque no tienen ese acceso? Hemos creado ese monstruo en las comunidades y en un sinfín de partes, y las personas no pueden ir a tal o cual parte”, dijo uno de los pandilleros.

El primer punto de su lista de temas a abordar en esa mesa consiste en “la reinserción obligatoria de los penales, los miembros de pandillas y las comunidades”.

El Faro preguntó: “Por reinserción entendemos mecanismos para que los miembros activos que quieran dejar de ser pandilleros puedan hacerlo. ¿Lo que piden es que se abran caminos oficiales para que sus miembros puedan dejar de ser pandilleros?”. Esta fue la respuesta: “Exacto, así es”, y abundaron en consideraciones sobre la posibilidad de enmendar errores: “Todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida uno va a estar haciendo cosas ilícitas. Están la familia, los hijos, y es bueno querer lo mejor para ellos. ¿Quién da trabajo hoy a alguien que esté manchado (tatuado)? Nadie.”, dijeron.

Posteriormente, en una conversación telefónica con uno de los mismos voceros, este periódico volvió a insistir sobre este punto :

—¿Te das cuenta de que lo que proponen es en la práctica un camino para el gradual desmontaje de la pandilla?

—Así es. Lo que queremos es desmontar el desvergue que hay en la calle.

Contactado con posterioridad, el pandillero que concertó el encuentro repitió que este punto no constituye una promesa de entrada, pero que “todos los puntos pueden ser dialogados”.

Del “no” al “tal vez”

En octubre de 2012, en pleno apogeo de la Tregua gestionada por la administración Funes, El Faro entrevistó a la ranfla de la MS-13 –la cúpula nacional de líderes pandilleros– en el Centro Penal Ciudad Barrios.

Por aquellos días, los hombres más poderosos de esta pandilla habían sido trasladados del penal de máxima seguridad a penales regulares, como parte del acuerdo con el gobierno. Encabezados por Borromeo Henríquez (a) Diablito de Hollywood, el más icónico líder de esta estructura, una veintena de líderes conversaron durante más de cuatro horas con tres periodistas de este periódico. Aunque hubo momentos incómodos, el único punto que tensó el ambiente hasta una abierta hostilidad fue la conversación sobre la desarticulación de la pandilla, que provocó un gran revuelo entre los pandilleros y un rotundo “no”.

Uno de los líderes presentes en aquella reunión, conocido como el Chino de Western, montó en cólera cuando se les preguntó si, producto de la negociación que se abrió con la Tregua, estarían dispuestos a abrir las puertas a que sus miembros dejen la pandilla: “Ustedes quieren meterse mucho en la onda de la pandilla. ¿Y sabes qué? Con todo respeto, ustedes tienen un hasta aquí. O sea, vos tenés tu trabajo, yo quiero mi pandilla. Nos hacés muchas preguntas comprometedoras. Bien comprometedoras. ¡Vos tenías tres años cuando yo comencé a caminar en las pandillas! ¿Y creés que me va a gustar que tú vengás a decirme a mí si nos vamos a deshacer? ¿Que si nosotros vamos a deshacer las pandillas? ¿Sabes qué? Yo creo que ese derecho no lo tienes…”

En aquel momento, otro pandillero irrumpió en la conversación para cuestionar al reportero: “Con las dudas no hay pedo. Lo único es eso, que este siempre insiste. ¿Cómo vamos a… todo pandillero que quiera se puede salir? Eso creo que no, simón, eso es cosa de nosotros”.

Cuatro años después de aquella entrevista, tres voceros mucho más jóvenes que el promedio de edad de los hombres de la ranfla –que ronda los 40 años- hablan del tema con naturalidad y lo proponen incluso como parte de la agenda de negociación con el gobierno. Se trata, dicen, de un asunto de maduración en la pandilla.

Los voceros de la MS-13 dijeron estar conscientes de que este ofrecimiento podría ser tomado como un síntoma de debilidad de la pandilla y, previsiblemente, negaron que la estrategia del gobierno los haya afectado. “Decime en qué colonia que ustedes conozcan las pandillas han dado un paso atrás. La estructura sigue. La MS  sigue sonando a nivel nacional”, dijeron.

El director de la policía, asegura que la estrategia de gobierno ha conseguido “debilitar un poco” el control territorial de las pandillas, aunque admite que “no en los términos que la gente espera, ni tampoco en los que nosotros esperamos, eso es muy duro y complicado y sigue siendo un reto enorme”, dijo.

Los pandilleros recordaron al gobierno que su partido, el FMLN, llegó a acuerdos con las principales pandillas salvadoreñas para obtener su respaldo electoral y les demandan retomar las conversaciones. “Si se abre una mesa de diálogo, y se brinda una mano para dar una vuelta a esta cosa, hay que aprovechar, porque se está derramando sangre de todos lados: gente inocente. Si muere un policía, las madres y sus hijos sufren. Si muere un pandillero, las madres y los hijos sufren”, argumentaron.

Eugenio Chicas: “Hay que darle taller”

El Faro consultó al gobierno por medio del vocero presidencial, Eugenio Chicas, sobre las posibilidades de que su política de confrontación directa contra las pandillas, anunciada por el presidente Salvador Sánchez Cerén en enero de 2015, dé un viraje radical para considerar el ofrecimiento de la MS-13.

La oferta de la pandilla fue expuesta a Chicas por El Faro el viernes 6 de enero.

“Me estás haciendo un planteamiento que tiene mucho fondo y que es bien serio y no se puede adoptar una respuesta ligera e improvisada. No soy el canal para una propuesta de esta naturaleza, esto lo debe ventilar el secretario de Gobernación, Hato Hasbún, quien es el que lleva todos los diálogos y entendimientos para la gobernabilidad”, comentó el secretario de Comunicaciones, luego de advertir que ni el presidente, ni Hasbún conocían la propuesta.

Sin embargo, Chicas dijo estar en capacidad de dibujar el panorama de posibilidades que esta idea tiene de prosperar. “La posición del gobierno sobre diálogo, entendimiento, conversación con pandillas es irreductible: ningún diálogo ni entendimiento ni conversación con estos grupos, ningún trato. Hasta hoy. Y digo hasta hoy, porque es lo que me consta. Si el presidente dice otra cosa, será él, y él tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”, matizó.

Según Chicas, las posibilidades de abrir un espacio de diálogo con las pandillas no son comparables con el proceso de entendimiento que el gobierno colombiano tuvo con la guerrilla de las FARC: “La posibilidad de encontrarle una salida política a un conflicto no se mide por lo cruento que puede ser el conflicto, sino por la expectativa de quienes están confrontando, que es lo que genera determinadas expectativas políticas. No es la violencia la que abre la puerta para el tratamiento político de un conflicto”.

Chicas cree que la posibilidad de que una exploración de entendimiento con la Mara Salvatrucha-13 depende de varios factores: uno, de la aceptación social del experimento; dos, de la convergencia de voluntades políticas del resto de partidos; y tres, de los recursos con los que se cuente para financiar un proceso de esa naturaleza y de las consideraciones jurídicas que hay que hacer.

“Es un tema al que hay que darle taller. La sociedad salvadoreña tiene un claro rechazo no solo a cualquier perspectiva de diálogo o de conversación, sino a cualquier ventaja o beneficio a este tipo de grupos. Para un gobierno el medir a la sociedad es importante. Ese es un ingrediente, pero no es el único. Otro elemento es la posibilidad de entendimiento político entre las fuerzas que marcan la gobernabilidad, en este caso la gobernabilidad de este país está dada por el peso de la oposición y de otros actores sociales, que se reflejan en el Consejo Nacional de Seguridad. Ese es otro factor a tomar en cuenta y un tercer elemento es si la propia estrategia tiene las perspectivas de ofrecer mejores resultados en los tiempos políticos que nos quedan. Tomando en cuenta que los años que quedan son electorales”, expuso.

Chicas se refería a que el gobierno de Sánchez Cerén termina el 1 de junio de 2019, y tanto ese año como en 2018 hay elecciones. En 2018 los salvadoreños elegirán nueva Asamblea Legislativa y concejos municipales, y en 2019 votarán por la Presidencia de la República.

Agregó además que el país no pasa por un buen momento en términos de finanzas públicas y que este proceso podría superar las posibilidades de las arcas nacionales: “Hay otro elemento muy importante: hay una palabra mágica que hay que reflexionar políticamente y es que estos señores señalan que la presunta desmovilización de sus estructuras es un tema abierto pero en el contexto de un mecanismo de conversación. En este sentido yo me hago una reflexión: sabemos las propias dificultades que tienen las reivindicaciones y las demandas de los desmovilizados del conflicto armado. Ellos enarbolan una bandera de 12,000 dólares para cada uno, lo que con el número que ellos representan es un reto que el país hoy no lo puede resolver, no hay capacidad. Creo que cualquier gobierno responsable se debe de plantear las capacidades del país para asumir temas de esa naturaleza ¿de cuántas personas estamos hablando? Es muy muy complejo”, argumentó.

En un posible diálogo de gobierno con pandillas, quedaría descartada la consideración de dispensas penales a pandilleros debido a que la Sala de lo Constitucional, en una resolución de agosto de 2015, estableció que las pandillas son grupos terroristas y que el Estado no puede llegar a acuerdos con ellas para aliviarles castigos por los crímenes que cometan.

En los meses previos a las elecciones presidenciales que llevaron a este gobierno a la presidencia, distintos voceros del FMLN entraron en contactos secretos con las pandillas, a fin de buscar el respaldo electoral de estas estructuras. A cambio, el FMLN ofreció que -de llegar al gobierno- retomarían el diálogo que se abrió durante la presidencia de Funes. También ofrecieron 10 millones de dólares en microcréditos para que pandilleros montaran microempresas. Las pandillas han dicho en comunicados conjuntos sentirse traicionadas por el FMLN, que, luego de haberse hecho con el gobierno, rompió los canales de comunicación.

Chicas evitó comentar estos encuentros argumentando que su rol de vocero presidencial solo incluye los eventos ocurridos durante el ejercicio efectivo de este gobierno y se  limitó a comentar: “no siempre el gobierno coincide con las decisiones del partido”.

Asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de Guillermo Gallegos. El Faro

La Asamblea Legislativa que ahora preside Guillermo Gallegos concedió en los últimos dos años 550 mil dólares del presupuesto general de la nación a una asociación fundada por la esposa del legislador. APDEMES, actualmente presidida por una asesora de Gallegos, se benefició de un mecanismo discrecional de asignación de recursos en el que él mismo participó con su voto. La asociación asegura que ha usado el dinero en un programa de prevención de violencia en siete municipios, pero las siete municipalidades dicen nunca haber sabido nada de dicho programa.

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Daniel Valencia, Gabriel Labrador, Jimmy Alvarado, Sergio Arauz y Nelson Rauda, 29 noviembre 2016 / EL FARO

El pasado 4 de octubre de 2016, Julia Nora Romero de Gallegos, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, logró que un pickup que había sido comprado con fondos públicos pasara oficialmente a sus manos. El vehículo había sido importado en 2010, nuevo, con un precio de 19 mil 703 dólares. El 15 de enero de 2015, cinco años más tarde, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), fundada por ella, había pagado por el vehículo más del doble de ese precio.El diputado Gallegos, que es fundador del partido Gana, ayudó a que el Estado entregara entre 2015 y 2016 más de medio millón de dólares a APDEMES, una asociación fundada en 2008 por la cual han desfilado, además de su esposa, un puñado de amigos y asesores de Gallegos, fundadores del partido Gana y candidatas a diputadas del partido naranja. Julia de Gallegos es actualmente vicepresidenta de la junta directiva.El presidente de la Asamblea afirma que desconocía que su esposa y sus asesores estaban detrás de esta asociación, que argumenta que recibió esos fondos públicos para desarrollar trabajos de prevención de violencia en siete municipalidades de El Salvador. Ninguna de esas siete alcaldías dice haber visto o tener constancia del trabajo de APDEMES.El 20 de noviembre de 2014, APDEMES fue incluida en el dictamen 359 que dio vida al presupuesto general del año 2015. Se trataba de una práctica habitual: la Comisión de Hacienda incluye cada año en el presupuesto partidas de fondos para que se entreguen de forma directa a organizaciones privadas, y da forma legal a esa práctica al votar en plenaria el presupuesto, puesto que este se convierte automáticamente en Ley de la República. No hay convocatoria pública previa. No hay reglamento que avale esa asignación de fondos ni requisitos técnicos por escrito que regulen a quién se otorga ese dinero.En ese reparto discrecional de fondos públicos, Gallegos firmó y votó por ese dictamen en el que la Asamblea ordenó al Ministerio de Hacienda que entregara dinero a APDEMES a través de una partida diseñada para entidades privadas. La asignación aprobada esa vez fue de 250 mil dólares. Dos meses más tarde Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos y a la vez actual presidenta de la junta directiva de la asociación, utilizó parte de esos fondos, 45 mil 500 dólares, para comprar un pickup Hilux año 2010, 4×4, doble cabina, gris claro, según consta en un informe presentado por APDEMES al Ministerio de Hacienda en diciembre de 2015.

Consultada por El Faro, la presidenta de APDEMES dice que el pickup era necesario “para mover gente” y ejecutar siete proyectos de prevención de la violencia en siete municipios del departamento de San Salvador. El pasado 10 de octubre, el pickup pasó a manos de la esposa del presidente de la Asamblea. Sobre el cambio de propietario, la presidenta de la asociación y asesora de Gallegos dice no estar informada. Cuando se le pregunta por qué compró el pickup a un precio que duplicaba el que el vehículo tenía cuando se importó nuevo, lo que responde es que agradece que se le ilustre sobre los precios de mercado de los automotores.

—Aquí lo que hay es un desconocimiento mío, vea, que pude haberme comprado uno nuevo… Mire, usted me está ilustrando.

—¿Y por qué el vehículo ya no está a nombre de APDEMES?

—Voy a tener que preguntarle al contador por qué. Esta información me sirve.

—¿Usted compró el vehículo y no sabe por qué no está a nombre de la asociación?

—Es que no me cuidé de hacer las debidas transferencias. Pero es algo que ahorita mismo se puede corregir.

El Faro entrevistó a siete diputados de la Comisión de Hacienda y a tres asesores de comisiones de trabajo de la Asamblea; revisó documentos oficiales de la Asamblea, de los ministerios de Hacienda y Gobernación, del Registro Público de Vehículos, del Centro Nacional de Registros y del Tribunal Supremo Electoral. Este periódico visitó además los siete municipios en los que APDEMES asegura haber realizado proyectos de prevención de la violencia, y habló con cuatro coordinadores de proyectos de prevención, con dos alcaldes y obtuvo siete respuestas oficiales vía ley de acceso a la información. En esos municipios no hay ningún rastro del trabajo de APDEMES.

El presidente de la Asamblea, que tomó el cargo el 8 de noviembre pasado, asegura que él no hizo ninguna solicitud en favor de APDEMES, y que si votó en la Comisión de Hacienda a favor de esos desembolsos, y en plenaria para ratificarlos, fue porque él no estaba informado de que su esposa perteneciera a dicha organización.

Sin información que diera certezas sobre el uso del primer cuarto de millón de dólares, APDEMES regresó a la Asamblea a finales de 2015 a solicitar más dinero. El 26 de noviembre de ese año la Comisión de Hacienda, de la cual Gallegos era vocal, le aprobó un segundo desembolso, pero esta vez incrementado hasta los 300 mil dólares. La asignación de fondos de nuevo fue ordenada a través del presupuesto del Ministerio de Hacienda, y Gallegos, de nuevo, firmó a favor el dictamen y votó a favor en el pleno.

 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública. 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública.

Fundadores de Gana, fundadores de APDEMES

El 29 de octubre de 2008, Julia Nora Romero de Gallegos fundó APDEMES junto a tres empleados de la Asamblea Legislativa: Mario Itamar Escobar Escobar, asesor de Gallegos -que en aquellos días era jefe de fracción del partido Arena-; José Luis Duque, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de la Asamblea; y Daysi Girón, la tercera al mando en la UACI dirigida por Duque. Entre los fundadores también figuró la esposa del jefe de la UACI, Sandra Esther Ventura de Duque. El acta de fundación fue firmada ante los oficios de otra empleada de la UACI en la Asamblea, la notaria Liliana María Valladares.

“Siempre hemos tenido un fin en común: beneficiar y fortalecer municipalidades, pues ahí creemos que está el desarrollo económico”, responde Duque cuando se le pregunta cómo idearon el surgimiento de la asociación, junto a la esposa de su jefe.

En la primera junta directiva, Duque asumió como presidente y la esposa de Gallegos como vicepresidenta. Cinco meses después, ya en 2009, la esposa de Gallegos vendió a los esposos Duque un palco y un estacionamiento en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Desde hace siete años, según se recoge en los servicios clasificados de venta de propiedades, los precios de esos palcos han oscilado entre los 15 mil y los 45 mil dólares, dependiendo de la ubicación y del número de asientos. Los esposos Duque obtuvieron el palco 449, sexto piso, zona norte –junto al parqueo H465- por 1,312 dólares, según el Registro de Propiedades.

Cuando se le pregunta a Duque el origen de la relación entre él y los esposos Gallegos, responde: “Esos son asuntos personales”. Cuando se le pregunta al diputado Gallegos si Duque es su amigo, responde: “Tengo 16 años de ser diputado en la Asamblea y he logrado crear amistad con algunos empleados”.

Entre 2008 y 2014, APDEMES reportó a Gobernación su inscripción como asociación, pero nada más. Contrario a lo que dispone la ley, no presentó balances ni actualizaciones de su junta directiva.

El 18 de octubre de 2014, un mes antes de que obtuviera su primer cuarto de millón de dólares en la Asamblea, Ana Dolly Valiente, la otra asesora de Gallegos, fue elegida como nueva presidenta de APDEMES. Esa acta sí fue inscrita en Gobernación, el 12 de enero de 2015, tres días antes de la compra del pickup año 2010. En esa junta directiva Julia Nora Romero de Gallegos repitió como vicepresidenta y el asesor de Gallegos Itamar Escobar repitió como vocal. Entraron como nuevos integrantes la secretaria de la asociación, Sonia Maritza López Alvarado, y el tesorero Juan Carlos Cerón Flores.

Las cinco personas tienen la etiqueta de Gana. En enero de 2010, Julia de Gallegos, Itamar Escobar y Juan Carlos Cerón Flores se convirtieron, junto a Gallegos, en miembros fundadores del partido, según consta en el acta de fundación inscrita ante el Tribunal Suprema Electoral. En 2012, Sonia Maritza López Alvarado y Ana Dolly Valiente fueron candidatas a diputadas de Gana, pero ninguna ganó el escaño.

 

El jefe de la UACI, Duque, asegura que junto a su esposa renunciaron a la asociación en 2014, cuando fue nombrada la nueva directiva, y que él no tuvo nada que ver con la petición de fondos de APDEMES a la Asamblea. Afirma que la hizo la directiva sucesora. “Nosotros nos retiramos. No he administrado esos fondos. Estoy casi 100 % seguro de que nuestro presidente (Gallegos) ni cuenta se daba de esto, de que había una oenegé”, dice Duque.

Duque dio una entrevista a El faro acompañado por sus asesoras, por la fundadora de APDEMES Daysi Girón, y por la notaria ante quien fue fundada la asociación, Liliana María Valladares. Cuando se le preguntó en qué fecha renunció dice no recordarlo. Daysi Girón también dice que se desvinculó de la asociación en 2014, y que tiene consigo las cartas de renuncia que lo prueban. Sin embargo, al siguiente año, en enero de 2015, fue Daysi Girón quien tramitó ante Gobernación la inscripción de la nueva junta directiva.

Hasta noviembre de 2016, Gobernación no tiene registro de la desvinculación de los fundadores, incluida la esposa del presidente de la Asamblea. “La vicepresidenta… esa persona que usted me dice, ya no está en la asociación”, dijo Ana Dolly Valiente el martes 8 de noviembre cuando se le preguntó por Julia Nora Romero de Gallegos. Pidió una semana de plazo para mostrar la documentación que probaba el retiro de la esposa de Gallegos. Vencido el plazo, El Faro le hizo ver que, lejos de retirarse, Julia Nora Romero de Gallegos fue nombrada vicepresidenta de APDEMES para el período del 18 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 2017. Sobre la documentación que podría probar lo contrario, Valiente se excusó por no presentarla: “Se ha perdido el libro de actas. Me han dicho que se extravió. Es de las cosas que cuando asumí como presidenta intenté cambiar”, dijo.

A pesar de estas anomalías, a APDEMES no le ha ido mal ante la Asamblea Legislativa, que cada año presenta a Hacienda una lista de organizaciones privadas que recibirán fondos públicos. Según la Ley de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, APDEMES debía mantener registros actualizados ante Gobernación. En 2014, cuando la Asamblea Legislativa la incorporó en el presupuesto para otorgarle un cuarto de millón de dólares, APDEMES no había presentado a Gobernación ni siquiera su información contable correspondiente a 2009. El 8 de junio de 2015, siete meses después de recibir el beneficio legislativo, entregó de una vez la información de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Negociaciones bajo la mesa

La decisión de qué institución particular recibirá fondos públicos es, en esencia, de los diputados, no del Ministerio de Hacienda.

El 20 noviembre de 2014, la Comisión de Hacienda, de la cual el diputado Gallegos es vocal, aprobó el dictamen 359 que contenía la ley del presupuesto general para el año 2015. La Asamblea repartió 24.2 millones de dólares entre una larga lista de beneficiarios privados, entre los cuales se coló APDEMES con 250 mil dólares. El dinero salió de recortes que se hicieron a las partidas del Ministerio de Hacienda y del Órgano Judicial.

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública. 

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública.

Un asesor técnico al servicio de la Asamblea que conoce del proceso para decidir qué personas jurídicas privadas recibirán fondos públicos, dice que en la mayoría de casos –“no de todas las instituciones”- las negociaciones tienen detrás un interés personal de los diputados y que los votos para aprobar el presupuesto general de la nación, de interés máximo para el partido en el gobierno, son una moneda de cambio. “¿Por qué se aprueba a última hora ese dictamen, en el que van incluidas esas asociaciones?”, se pregunta. “Porque ahí se resuelve esta ecuación: ‘resolveme este problemote (votos para el presupuesto general) y yo te resuelvo este problemita (votos para la asociación de tu preferencia)’”.

Tres técnicos de la Asamblea que accedieron a hablar con El Faro bajo condición de anonimato plantean estos requisitos para que las asociaciones que llegan a pedir fondos sean tomadas en cuenta. La primera es que la petición de fondos conste en una carta. La segunda, que esa carta termine en manos de la presidencia de la Comisión de Hacienda. Pero para que esto último ocurra hace falta andar uno de tres caminos posibles: que la carta llegue como correspondencia oficial a la Asamblea, lo que precisa del apoyo de uno o varios diputados, o que la moción sea de una bancada legislativa ante la comisión, o que un diputado haga la petición ante la comisión. Eso, sin embargo, no garantiza nada: es fundamental que un legislador hable al oído de la presidencia de la comisión para que esta incluya a la organización apadrinada en una lista elaborada, aseguran los técnicos, de forma discrecional. “La lista se completa fuera de la comisión entre los interesados y el presidente de la comisión. El Ministerio de Hacienda ni siquiera es consultado, solo informado de que así van esos repartos”, dice uno de los técnicos.

Los tres técnicos coinciden, además, en que nadie revisa estatutos, juntas directivas, y mucho menos una carpeta técnica de los proyectos para los cuales se pide dinero. “¿Una revisión de qué?”, pregunta uno de ellos. “¿Se imagina todos los cálculos que se deben hacer para cuadrar todo el presupuesto del Estado? Y más aún cuando esa lista se define hasta último momento. ¿Usted cree que va a dar tiempo para salir corriendo a ver si la documentación está en regla?”

En el dictamen para la Ley de presupuesto de 2015, la Comisión de Hacienda dispuso que la entrega de fondos a APDEMES se canalizara por medio del Ministerio de Hacienda. El Faro pidió al Ministerio que entregara copia de las solicitudes de fondos públicos para APDEMES, y obtuvo respuesta el 22 de septiembre de 2016: Hacienda nunca recibió por escrito peticiones de fondos ni sometió a consideración de la Asamblea apoyo para APDEMES. La Dirección General de Presupuesto y los departamentos de Presupuesto y Tesorería Institucional coincidieron en que carecían de peticiones por parte de APDEMES.

Gallegos dice que no sabía de su esposa

¿Cómo llegó a pedir dinero APDEMES a la Asamblea? Ana Dolly Valiente responde que en su calidad de presidenta de la asociación recibió la orden de tramitar ayuda ante la Comisión de Hacienda. “Hay lineamientos que yo sigo, y ese fue uno de ellos: que para contar con ayuda del gobierno teníamos que seguir ese conducto”, dice. Valiente niega que Gallegos haya sido quien intercedió ante la comisión para que APDEMES recibiera los recursos. “No, para nada…”

¿Cómo se puede colar a los diputados de la Comisión de Hacienda una asociación que tiene un cordón umbilical legislativo como el de APDEMES y obtener fondos públicos tramitados por los diputados? El Faro consultó a algunos legisladores y estos sacaron balones de su cancha para lanzarlos al campo de los asesores técnicos de la comisión:

—Yo no lo sabía –dice el diputado pecenista Francisco Merino, uno de los legisladores de la Comisión de Hacienda que firmaron el dictamen.

—Me cuesta creerle que ningún diputado se dio cuenta de esto.

—Si me dices “¿Los engancharon?” yo no tengo pena en decir sí, me engancharon. Lo que sí te quiero decir es que si me demostrás que me engancharon, yo voy en contra de los técnicos.

—¿Ve una irregularidad en este caso?

—Cuando alguien tiene pruebas, si es delito se tiene que ir a la Fiscalía, no a la Asamblea. El camino correcto es Fiscalía porque es un hecho consumado.

El diputado Rolando Mata, del FMLN, también apunta a los asesores técnicos.

—¿Los diputados no alcanzan a ver qué es lo que están firmando y a quién le están dando plata de los contribuyentes? –le preguntó El Faro.

—No es que no alcanzamos. Sencillamente, son los técnicos asignados a la comisión los que se encargan de revisar la legalidad de todos los acuerdos.

—¿Quiere que le crea que unos técnicos, subalternos de diputados, le metieron gol a la Comisión?

—Por eso le digo: si usted afirma eso podría ser… Sería bueno conocer los resultados para corregirlos.

El diputado Guillermo Gallegos, que conducirá la Asamblea hasta el 30 de abril de 2018, ha prometido que bajo su administración recortará gastos en la institución y que la transparentará.

El político de Gana respondió poco antes de asumir la presidencia del Órgano Legislativo, que no sabía si hubo una petición directa hacia él para interceder por APDEMES, y que tampoco sabía si él firmó el dictamen para otorgarle fondos públicos. “Se hace la solicitud directamente a la Comisión de Hacienda, y en todo caso a la presidenta Lorena Peña. Yo no firmo ni solicito nada directamente y es la comisión en conjunto la que asigna los fondos”.

Cuando El Faro le preguntó sobre la relación de su esposa con una asociación que, con votos suyos, ha recibido 550 mil dólares de fondos públicos en los últimos dos años, alega que ignoraba esa relación.

—No estoy al tanto de si mi esposa pertenece a esta asociación. Como abogada pertenece a diferentes asociaciones, gremios, y participa en diferentes actividades. Tendría que consultar con mi esposa si ella pertenece a esta asociación.

—¿Cómo se le puede pasar por alto que va a firmar un dictamen que favorece a una asociación fundada por su esposa?

—Nosotros no recibimos las juntas directivas de las asociaciones. Solo mandamos a pedir que estén inscritas y que aparezcan en el Diario Oficial. Al final, quien nos da esa información de que está legal es el técnico jurídico.

—Su asesora legislativa también está en la asociación.

—No sé. Desconozco de esa asociación. Primera vez que escucho de ella.

—Ana Dolly Valiente es la presidenta de la asociación.

—Ella trabaja conmigo, pero desconozco. Mi esposa y ella son abogadas y desconozco si tienen una asociación.

—Es extraño, diputado, que diga que desconoce que su esposa y su asesora…

—Es que no puedo saber. Y solo digo la verdad: desconozco, no sé si ellas tienen está asociación.

El artículo 27 del reglamento de la Asamblea establece que está prohibido para un diputado “participar en la toma de decisiones, cuando exista interés directo para él o para sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Gallegos considera que no ha habido ninguna ilegalidad en la asignación ni en el proceso para otorgar fondos públicos a APDEMES.

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de $100 mil a favor de Apdemes. 

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de 0 mil a favor de Apdemes.

El Faro consultó los expedientes que contienen las leyes de presupuesto de la nación de 2015 y 2016. APDEMES está entre las numerosas asociaciones beneficiadas de las que no consta petición alguna ante la Asamblea Legislativa, pero en otros casos sí consta el trámite. Por ejemplo, a través del ramo de Educación, los diputados otorgaron 382 mil dólares para la Fundación Padre Arrupe, que con 20 años de servicio pidió fondos para sostener un proyecto de becas para 850 estudiantes de escasos recursos. Esta Fundación envió su petición el 14 agosto de 2014, y en su expediente presentó cartas de apoyo de cuatro alcaldías y más de mil firmas de respaldo de padres de familia.

La diputada Lorena Peña explicó a El Faro que la ausencia del expediente de APDEMES es un descuido, pero que ella sí tiene toda la documentación en sus archivos, y pidió que se le busque posteriormente para entregarla. “Todo eso tiene respaldo y se vota públicamente”, dijo Peña. “Y si se vota públicamente es para que todo mundo sepa. Se va en el dictamen con nombre y apellido”.

—¿El diputado Gallegos tramitó esa solicitud?

—No recuerdo, pero podemos verlo en un futuro.

Cuando se le preguntó cómo fue posible que la comisión votara a favor de una asociación vinculada a Gallegos, ella respondió que no encontró ninguna inhabilitación legal. “Cuando tuve a la vista la junta directiva no había ningún lazo de consanguinidad ni de afinidad con ningún directivo”.

—La esposa del diputado Gallegos aparece como vicepresidenta.

—Hay un equipo que revisa y a lo mejor ellos no cachan. Yo no sé cómo se llama la esposa del diputado Gallegos.

—En la municipalidades en las que APDEMES dice haber trabajado no hay rastros de sus proyectos. Con el dinero de 2015 APDEMES compró un vehículo a precio inflado y este terminó luego en poder de la esposa del diputado Gallegos. Agreguemos que el Ministerio de Hacienda no ha fiscalizado las liquidaciones que hizo APDEMES.

—No me consta lo que usted me dice, pero cada ministerio debe ser más estricto a la hora de pedir las liquidaciones.

—¿No debería ser más estricta la comisión: ‘Enseñame lo que decís que vas a hacer, en qué gastaste lo que te dí, para que yo como diputado pueda tomar una mejor decisión’?. Es decir: ¿cuáles son los criterios para decirle sí a unas y no a otras?

—Sí, ahí algo nos ha faltado, porque eso que usted me está diciendo, de ser cierto, es complicado. Porque no es así la cosa, pues. Yo puedo entender que digan que se rebuscaron y por eso una escuelita tuvo techo, vaya. A eso no le veo problema. Pero sí miraría problema si las cosas no se hacen. O sea que ahí como que algo sí nos falta.

—¿Qué falta?

—Deben ser perfeccionados los mecanismos de asignación. A lo mejor va haber que poner un requisito de liquidación, quizá va a ser necesario un reglamento como el que hay para las exoneraciones de impuestos. Algo se me va a ocurrir para este presupuesto (2017).

—¿Eso eliminaría la discrecionalidad con la que parece que han estado estado asignando estos fondos?

—No es que se vaya a hacer para que no parezca una decisión discrecional, eso ayudaría a que el destino de los fondos se cumpla.

—El reglamento de la Asamblea establece una prohibición a los diputados: que no pueden participar en decisiones que les favorezcan o que favorezcan a parientes cercanos, y el diputado Gallegos apoyó el dictamen para favorecer a APDEMES. ¿Este caso debe ser investigado?

—En dado caso ocurriera un beneficio familiar, pero hasta ahora no había computado ningún beneficio familiar… Tenemos una comisión de ética que es la que revisa esos casos.

El dictamen 359, que contenía un cuarto de millón para la APDEMES fue elevado a votación en el pleno en la tarde del 20 de noviembre de 2014, el mismo día en que salió de la Comisión de Hacienda. El dictamen fue aprobado con 49 votos, y el primer diputado en pedir la palabra después de la votación fue el entonces vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Encendió su micrófono y, emocionado, dijo: “¡Misión cumplida, El Salvador!”

Cero rastros en siete municipios

El jueves 3 de diciembre de 2015, más de un año después de haber sido favorecida por la Asamblea con medio millón de dólares, APDEMES rindió cuentas ante el Ministerio de Hacienda. Pero rendir cuentas, en realidad, es demasiado decir. En una nota publicada en la página oficial del Ministerio, el 3 de diciembre de 2015, se cuenta que “En el caso de APDEMES, realizaron programas de prevención contra la violencia en siete municipios de San Salvador”.

La historia de esos programas de prevención contra la violencia de los que habla APDEMES comenzó así: once meses antes de la rendición de cuentas, en una carta fechada el 13 de enero de 2015 y dirigida a la Dirección Financiera, Ana Dolly Valiente solicitó en nombre de la asociación los 250 mil dólares otorgados mediante el dictamen 359 y el decreto legislativo número 866 del 20 de noviembre de 2014.

Dos días más tarde, el 15 de enero de 2015, Ana Dolly Valiente firmó ante un notario la compraventa por 45,500 dólares de un pickup Hilux gris claro a un precio dos veces arriba del precio original. Para entonces, APDEMES aún no había recibido el desembolso de Hacienda.

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

La Dirección Financiera de Hacienda libró a favor de APDEMES un cheque por 125 mil dólares del estatal Banco Hipotecario el 27 de enero de 2015. Dado que la compraventa ocurrió 12 días antes antes de haber recibido el primer desembolso, El Faro preguntó a Ana Dolly Valiente con qué fondos adquirió Apdemes ese vehículo, pero ella insiste que se pagó con los fondos públicos otorgados por ese ministerio. “Hay un respaldo, pues. (El precio) lo analizamos en una junta directiva, ¿verdad’. Recuerde que solo soy representante, y son acuerdos que se toman”. El 20 de febrero, Hacienda libró un segundo cheque por 50 mil por medio del mismo banco; y un mes después libró un tercer cheque por 75 mil dólares. Todos fueron emitidos en favor de Ana Dolly Valiente.

Desde finales de 2008, APDEMES ha dado tres direcciones de sus oficinas. En 2015 y 2016, Apdemes dijo a Hacienda que el lugar de contacto con la Asociación era una pequeña oficina en un edificio de la 29 avenida norte, cerca de la “colonia médica”, en la capital. El Faro visitó el lugar pero ahí no hay rastros de la asociación. “Es que ya no estamos ahí”, dice la presidenta, que se niega a revelar la nueva ubicación. El Faro visitó la primera dirección postal de la asociación y resulta que esta es la casa de habitación del jefe de la UACI. En 2015, APDEMES dejó pistas de una dirección más, en la residencial Altamira, pero en ella tampoco hay rastros de ninguna asociación. El contrato de arrendamiento de esa casa forma parte de los documentos que Ana Dolly Valiente presentó a Hacienda.

Entre la información con que APDEMES liquidó a Hacienda los fondos recibidos hay unos miles de dólares respaldados con recibos simples en concepto de pago de viáticos. Ese informe es una carpeta titulada “APDEMES Informe 2015”, en la cual la asociación explica que llevó a cabo un “programa de prevención contra la violencia en los municipios de Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, San Marcos, San Salvador y Soyapango”. Según la asociación, 175 mil dólares fueron destinados a la implementación de ese programa, pero en el informe presentado a Hacienda no hay más detalles.

El Faro consultó a Ana Dolly Valiente por qué en el informe no hay detalles sobre el programa ejecutado presuntamente en siete municipios. “A ver, a ver: fíjese que es un informe oficial, y si usted no le da credibilidad a algo oficial, de veras que yo ya ahí estoy fuera de todo eso…”

Este periódico consultó a las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Marcos, Apopa, Soyapango e Ilopango si entre enero de 2015 y septiembre de 2016 colaboraron con APDEMES o si al menos supieron de programas de prevención de la violencia ejecutados por APDEMES. Las consultas se hicieron con dos alcaldes y con cuatro coordinadores de programas de prevención, y por medio de peticiones a las unidades de acceso a la información de dichas alcaldías. En todos los casos la respuesta fue negativa.

“Primera vez que la oigo mencionar. Aquí en San Marcos nunca ha venido a ofrecer ningún tipo de coordinación o acuerdo”, dijo el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes.

En el caso de Ciudad Delgado, municipio en el que inició el programa de prevención del gobierno nacional El Salvador Seguro, la respuesta fue tajante. Leticia de Oviedo es la coordinadora de la mesa de prevención.

—¿APDEMES? —se preguntó.

—Sí. Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador.

Oviedo, que había interrumpido una sesión de la mesa de prevención de la violencia del municipio para responder las preguntas, intentó encontrar en las caras de sus compañeros de mesa alguna pista. Varios movieron la cabeza de un lado a otro, en señal de negación.

—Esa entidad no existe en este consejo de prevención —sentenció.

—¿Pero puede ser que haya trabajado o esté trabajando por su propia cuenta, sin coordinación con esta mesa?

—Todos los que estamos aquí sabemos qué se está haciendo y qué no se está haciendo en las comunidades del municipio. Si esa organización no está en esta mesa, es porque su trabajo no existe.

En el vecino municipio de Apopa, el alcalde interino, Santiago Zelaya, también dijo que no es posible que APDEMES hubiera hecho algún trabajo en el lugar y que él no estuviera al tanto. “Aquí no los he oído mencionar. Ya tuviera algún conocimiento”.

El jefe de prevención de la violencia de la comuna, Ricardo González, lleva cuatro años en el cargo y dijo que jamás ha escuchado de APDEMES. “Me parece un poco raro porque nos está llamando el gobierno central a que toda institución, toda oenegé, sector organizado de la sociedad, la comunidad, el municipio, se unan en este esfuerzo del plan El Salvador Seguro; y si hay una oenegé que recibe fondos del gobierno y no aparece, no se suma a este plan, entonces el rumbo de estos fondos es contrario a lo que están manifestando”.

El Faro pidió a Ana Dolly Valiente que explicara cuáles fueron los trabajos de prevención de la violencia y cómo fueron desarrollados.

—¿Ustedes hicieron proyectos de prevención de la violencia sin el apoyo de las alcaldías?

—En ningún momento se gestionó en alcaldías porque si yo no respondo a las alcaldías, sino que es un proyecto precisamente para tratar de ayudar un tanto a este problema con los muchachos, ¿no?

—En las municipalidades nadie tiene conocimiento del trabajo de la asociación.

-Sí, tiene razón usted porque uno de los puntos que se tocó en junta directiva como asociación era buscar personalmente a los líderes comunitarios, y con ellos desarrollar el trabajo porque la experiencia indica que se demora, no nos contestan las alcaldías…

—O sea que encontraron siete liderazgos locales en cada uno de los siete municipios.

—Sí.

—¿Me puede brindar el contacto con cada uno de ellos?

—Mire, déjeme… pero es que eso bien complicado lo que me está pidiendo… y no es por otra cosa… sabe… aun nosotros para llegar a esos municipios, créame que no decimos ni quiénes son… la ayuda está. Es difícil, mire… hasta en los centros escolares, porque vaya… como defensa de territorio, usted no ignora la inseguridad y el problema de pandillas que tenemos… Y sabe, hay que hallarle hasta la forma como para poder sentar a un muchacho y explicarle, por ejemplo, la Lepina (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), explicarles principios morales…

—Precisamente por lo delicado de la situación, ¿no cree que sale mejor coordinar con las alcaldías?

—No, fíjese que no, no, no…

—¿Esa es toda la información que pueden brindar?

—Le repito, para llegar nosotros a las municipalidades, créame, tenemos que ser muy creativos.

El Faro solicitó el 15 de noviembre a la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda que tramitara una entrevista con el ministro Carlos Cáceres o con un designado del ministro, para preguntarle por qué Hacienda ha otorgado dos años consecutivos fondos a APDEMES sin auditar su ejecución. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

***

El 26 de noviembre de 2015, la Comisión de Hacienda votó a favor del dictamen 78 que contenía la Ley del Presupuesto para el año 2016. a APDEMES se le asignaron 300 mil dólares. El dictamen, de nuevo, fue aprobado por Lorena Peña, Norma Guevara y Rolando Mata por el FMLN; Francisco Merino y Mario Ponce, por el PCN, y Guillermo Gallegos, por Gana.

Tres meses más tarde, en una carta fechada el 15 de febrero de 2016 y dirigida a la Dirección Financiera del Ministerio de Hacienda, Ana Dolly Valiente solicitó el desembolso de los 300 mil dólares. Hasta abril de 2016, Hacienda da cuentas de un pago parcial de 100 mil dólares a favor de APDEMES.

***

El martes 8 de noviembre, el diputado Guillermo Gallegos asumió como nuevo presidente de la Asamblea. Por la noche, asistió a una gala de la embajada de Estados Unidos, con motivo de las elecciones en el país norteamericano. Cerca de las 8 de la noche llegó a la fiesta Julia Nora Romero de Gallegos, su esposa. El Faro intentó hablar con ella, pero el diputado impidió que se le hicieran preguntas.

—No, ya no, suficiente –dijo Gallegos.

—Diputado, pero usted mismo nos dijo que le preguntemos a ella.

—No, ya no, por favor. Por favor, ya. Suficiente.

 

*Con reportes de Fátima Peña

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas.

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas. “Suficiente”, dijo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

A light in the underworld. De Sarah Esther Maslin

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Felipe Guardado was shot three times in the chest on September 11, 2014. Reporter Carlos Martínez and photographer Fred Ramos found him on the side of the highway and took him to a hospital, where he died the next morning. Photo by: Fred Ramos / El Faro


cjr_logoSalvadoran website El Faro has built its reputation with stirring stories of gangland, sparking threats at home and racking up prizes abroad.

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Sarah Esther Maslin is a freelance journalist based in San Salvador and a writer in residence at the Carey Institute for Global Good. She is working on a book about the village of El Mozote three decades after US-trained troops massacred hundreds of civilians in 1981. Follow her on Twitter @sarahmaslin.

Sarah Esther Maslin, 21 noviembre 2016 / COLUMBIA JOURNALALISM REVIEW

“Son of a…!”

Óscar Martínez raced to the central jail. He’d just watched six of his sources get arrested. Earlier that day in June 2015, members of the 18th Street gang had shot a policeman in a nearby auto repair shop. The thirtieth officer killed that year in a bloody war between the gangs and the Salvadoran government, his death heated up the neighborhood. Police in the capital, San Salvador, started rounding up anyone who looked like a gang member.

In a bout of bad timing, Martínez’s sources had stepped off a bus just as a patrol car passed by. They fit the profile: male, young, dark-skinned, baggy-clothed. Although they came from a different part of the country, belonged to a rival gang, and had been nowhere near the auto repair shop that morning, they were cuffed and thrown in the back of a police truck.

Martínez got on the phone with his editor, José Luis Sanz. They talked over each other for a few seconds.

“Las Palmas is 18th Street territory—”

“Shit, do you think they’ll put them all in the same cell?”

“If these kids get killed, it’s our fault for putting them in danger.”

“And we lose our credibility with the gangs—”

They came up with a plan. Martínez would go to the jail to explain the situation to whomever was in charge. Sanz would call national police headquarters and human rights groups to try to get the kids released. They agreed to tell the truth: They were journalists from the digital newspaper El Faro, and they were concerned about their sources, who had been detained on their way to an interview. They would stress that these sources were from a part of the country controlled by the MS-13 gang; throwing them into cells with 18th Street members could be fatal.

“Kill those sons of bitches, we don’t have space for them here,” a different male voice said. “We can’t fit any more in here. Kill them.”

Martínez is 33, but could be mistaken for a college student. Short, often unshaven, he hangs at the back of press conferences, hunched over, scribbling in a tiny notebook. It’s easy to imagine him going unnoticed that afternoon at the police station, where he sat in a plastic chair in a corner for an hour and 42 minutes waiting to speak to a supervisor. He watched dozens of bleeding young men stagger into the station, where they were kicked in the ribs and pummeled into walls. He wrote down everything.

He listened as the policemen laughed and threatened to urinate on the prisoners. He listened to the police radio as nearby units called in to report their captures.

“Kill them. Kill those sons of bitches,” one female police officer said on the radio.

“Let’s not be rash,” said a male officer.

“Kill those sons of bitches, we don’t have space for them here,” a different male voice said. “We can’t fit any more in here. Kill them.”

“We can’t fit any more in here: kill them,” was the headline of the article El Faro published two days later, when most of the men had been released with bruises but no formal charges. It was a sober and straightforward account of what Martínez had seen and heard at the police station. It included the Inter-American Convention’s definition of torture, which reads in part: “Any act intentionally performed whereby physical or mental pain or suffering is inflicted on a person for purposes of criminal investigation, as a means of intimidation, as personal punishment, as a preventive measure, as a penalty, or for any other purpose.”

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Photojournalist Fred Ramos documents the launch of a special army battalion to combat the gangs in April 2016. Though headlines refer to El Salvador as the “most dangerous peacetime country in the world,” the violence between the gangs and the government increasingly resembles a war. Photo by: Iliana Lemus

The backlash to Martínez’s story was swift and harsh. Most Salvadorans didn’t care about gang members’ suffering. They blamed the gangs for El Salvador’s status as the most violent country in the Western Hemisphere. Hundreds of comments on Facebook praised the police for “getting rid of the problem” and blasted El Faro for “defending” the so-called gang members.

“They’re a scourge that doesn’t deserve to live, it’s good that people applaud every rat that’s eliminated.”

“I agree, kill the gangsters, they’re a nuisance.”

“What side is El Faro on anyway?”

“It’s clear this is a terrorist, gang-controlled newspaper.”

Anonymous Twitter users threatened to “burn down” El Faro’s building and “massacre” its staff. Public posts called the journalists out by name and revealed their license plate numbers.

Sanz reported the threats to the attorney general’s office. A 42-year-old Spaniard from Valencia, he has been director of El Faro since 2014, and a reporter in El Salvador since 1999. He knew enough to take the threats seriously. He was especially concerned about Martínez and two other reporters who were in the middle of investigating the massacre of eight alleged gang members on a coffee farm that spring. The massacre had been committed by the police.

“Be careful,” Sanz told the reporters. “And hurry up.” As evidence of police abuse mounted, the story was increasingly important, but there were people who didn’t want it getting out. They were primed for retaliation after Martínez’s dispatch from the central jail. Later that month, just before El Faro published the story of the police massacre, Sanz decided to send Martínez and one of his co-writers out of the country for their own safety.

El Faro is in the business of making people uncomfortable. The news site was founded in 1998 by journalist Carlos Dada and businessman Jorge Simán, distant cousins with sharp tongues and unruly hair. They were sick of El Salvador’s media being controlled by a conservative oligarchy and censored by the military and the government. Dada, who is now 46, grew up in exile in Mexico during the 1980-1992 civil war between leftist guerrillas and El Salvador’s right-wing government. When he returned in 1996, he joined the first crop of college-educated Salvadoran journalists. They were eager for an independent press.

Simán and Dada envisioned deep-dive reporting presented in a format that would combine narrative and investigative journalism. “We loved the South American literary magazines, but the reality of our country didn’t lend itself to pure crónica,” says Dada, referring to the navel-gazing  style of glossy journals like Etiqueta Negra from Peru, and Argentina’s Orsai. He found a different model in the clear-headed investigations of The New Yorker—which he brought back by the suitcase-load and translated into Spanish—and also in a handful of Latin American writers who straddled the two styles: Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Martín Caparrós.

El Faro shunned hierarchy. Young reporters—poached from the Jesuit University and La Prensa Gráfica, the daily paper where Dada was an editor—participated in every aspect of production, from planning coverage to writing headlines. They cobbled together the stories on weekends in Dada’s living room. No one got paid.

“El Faro is in the business
of making people uncomfortable.”

Despite their age—or perhaps because of it—the reporters were impervious to intimidation from political and economic power brokers. Over the years, El Faro has exposed corrupt presidents, conniving officials, negligent businessmen, and a drug-trafficking network so powerful that police provided bodyguards to four reporters for three months after the story was published. Dada’s profile of a military captain who participated in the 1980 assassination of beloved Salvadoran Archbishop Óscar Romero was so popular it broke the server.

At a time when most Salvadorans lacked running water—let alone electricity, computers or internet access—El Faro was the first publication in Latin America to exist only on the Web. This business model, initially a crutch, sealed its survival. Other pop-up publications in the postwar years were driven to the ground by printing costs. “We weren’t visionaries,” Simán says. “We were just broke.”

Eighteen years later, ElFaro.net has an annual budget of $850,000, a staff of 31, a two-story newsroom in a chic San Salvador neighborhood, more than 355,000 Facebook followers, 280,000 Twitter followers, and more than a million unique visitors per month. It has become one of Latin America’s most trusted news sites, and is probably the most decorated. This year alone, El Faro won the Gabriel García Márquez prize from the Foundation for New Ibero-American Journalism, and Óscar Martínez received both an International Press Freedom Award from the Committee to Protect Journalists and the Maria Moors Cabot Prize, which is administered by the Columbia Journalism School.

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This year, El Faro was the first team to receive the Foundation for New Ibero-American Journalism’s Gabriel García Márquez prize, which had been previously awarded only to individuals. The newspaper is stubbornly egalitarian. Reporters even write their own headlines.

El Faro, which means “The Beacon,” is a crucial reference for foreign correspondents seeking to understand Central America and a model for Latin American digital start-ups like Plaza Pública in Guatemala and La Silla Vacía in Colombia. It is also a haven for journalists throughout the region. Scores of them flock to San Salvador each spring for El Faro’s Central American Journalism Forum, a frenzied week of workshops, speeches, and parties. Since it began in 2010, the event has attracted well-known guests like Seymour Hersh, Alma Guillermoprieto, and Jon Lee Anderson.

The site has also taken part in innovative global collaborations. It was the only news organization in the Northern Triangle—El Salvador, Honduras, and Guatemala—to participate in the Panama Papers project, and for the last seven months, reporters from El Faro have been working closely with The New York Times on an investigative piece about the finances of Salvadoran gangs. “Killers on a Shoestring,” which was published on Sunday, dispels the myth that El Salvador’s gangs are lucrative criminal enterprises, using El Faro’s exclusive access to gang sources and internal government documents to reveal that they are, at best, “mafias of the poor.”

“We weren’t visionaries.
We were just broke.”

The effort was a pilot project for the Times—an attempt to expand and deepen international coverage by collaborating with a foreign publication. Three El Faro reporters—Efren Lemus and brothers Óscar and Carlos Martínez—did the groundwork, with Times investigative reporter Deborah Sontag supervising and coordinating with senior investigations editor Paul Fishleder. The Times paid El Faro nearly $15,000 for its work on the story.

El Faro seemed like a natural partner: fearless journalists, high standards, and an immense network of sources in a country where the Times doesn’t have a bureau. But the project turned out to be more logistically challenging than anyone expected, and raised questions about the site’s ability to play on an international stage.

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The original Sala Negra team. From left to right: Daniel Valencia, Roberto Valencia, Marcela Zamora (documentary filmmaker), José Luis Sanz, Carlos Martí­nez and Óscar Martínez. “We talked for hours after those early interviews with gang members,” Sanz said. “We looked for meaning in everything. We learned that we’d never deal with the top leader of a given zone. We realized everyone had a gun nearby, always. We saw that the clothes hanging everywhere in the prisons aren’t just there drying out — they’re there to block the guards’ view. These details helped us overcome our initial stupor. A journalist is called to explain things, and we have to know how to distinguish what’s important from what’s not.” Photo by Mauro Arias / El Faro (2012).

The El Faro reporters involved belong to a team called Sala Negra, or Black Salon, a Spotlight-like investigative unit focused on gang violence. The hassle of bilingual communication, primarily through Skype and email, was compounded by Sala Negra’s egalitarian work model, which meant that every conversation between reporters and editors had to be repeated several times. “It’s cool that there’s a constant dialogue going on among them,” Sontag told CJR, “but sometimes you can have so much process it slows down the product.”

By its own admission, El Faro didn’t start reporting soon enough, leaving big-picture questions unanswered and key sources untapped until late in the process. A massive government gang bust in late July threw the Salvadoran journalists off balance, confirming some of their reporting while casting doubt on other aspects of what they’d learned. The writing presented additional challenges. Unlike other news organizations with which the Times has collaborated—ProPublica and the Marshall Project, for example—El Faro wasn’t used to the inverted pyramid model of newspaper stories. Crónicas, even deeply-investigated ones, prioritize narrative. The Sala Negra reporters struggled to shorten scenes and find more straightforward ways to give readers context and background. “They’re two different narrative logics,” Sanz says.

That criticism is familiar to El Faro journalists. The site specializes in long, expansive oeuvres—numerous reporters described them as “bed sheets”—but often fails to provide the continuous, explanatory reporting necessary to understand a given issue. Paolo Luers, a rare bird in the Salvadoran media world (he has worked for El Faro, the conservative daily El Diario de Hoy, and the guerilla army’s propaganda machine), thinks El Faro owes it to readers to speed up its production cycle. “If you think the rest of the media doesn’t sufficiently lend itself to the creation of an independent, critical audience, you can’t just leave the privilege of informing people to the very publications you’re criticizing,” he says.


While El Faro was becoming the darling
of Latin American journalism, Central America was devolving into the most violent region in the world. This is no coincidence. The news site covers a range of issues—politics, culture, corruption—but violence put it on the map. “The way El Faro tackled the underworld was a shock for the rest of us,” says Mexican journalist Marcela Turati. “They got close to criminals and brought back their stories.”

Starting in 2008, Óscar Martínez spent two years embedded with Central American migrants in Mexico, joined at different times by three photographers from the Spanish agency Ruido Photo and two documentary filmmakers. The journalists clambered onto cargo cars on the train known as “The Beast,” scrambled after “coyotes” in grueling terrain, and narrowly escaped confrontations with drug gangs who disapproved of their poking around.

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Sala Negra reporters sought out older gang members to explain how the gangs formed in Los Angeles and were transplanted to El Salvador. In this picture, Daniel Valencia interviews Viejo Lin, or Old Lin, the imprisoned leader of the 18th Street Gang. “He doesn’t like being called it…but in this world where grey hair is not in style, he’s venerably old,” Valencia writes. Photo by Pau Coll / Ruido Photo (2012).

The resulting series, “On the Road,” caught the attention of journalists throughout Latin America and beyond. Martínez’s subsequent book—titled The Beast in English—won critical acclaim in the US and Europe. “Óscar made that story come alive for people,” says New Yorker writer Francisco Goldman, who wrote the book’s introduction. “He’s partly responsible for the activism currently flourishing around the migrant issue.” Goldman compared Martínez to Vietnam War correspondent Michael Herr, noting that the two share a “precise blend of physical energy, curiosity, bravery, anger, and compassion” that allows them to see right to the core of something, and convey that deep truth to readers.

The way El Faro tackled the underworld was a shock for the rest of us.
They got close to criminals and brought back their stories.

The series impressed program officers from Open Society Foundations, the philanthropic network started by George Soros that spends nearly $1 billion a year and funds independent media on five continents. Starting with an $85,000 grant for “On the Road” in 2008, OSF has been El Faro’s main source of revenue for the past eight years, giving the site a total of more than $2.5 million. Other donors include the Ford Foundation and the governments of Denmark and the Netherlands. In an effort to become more sustainable, El Faro is trying to wean itself off grant money, aiming for a model in which a third of its revenue comes from grants, a third from publicity, and a third directly from readers in the form of crowd-funding and subscriptions. Slowly, the site appears to be working its way toward self-sufficiency. In 2014, 80 percent of El Faro’s budget came from grants; this year, that proportion was 70 percent.

The stories Martínez heard from migrants convinced him of the need to better understand the Salvadoran gangs whose violence was driving people out. In 2011, El Faro created Sala Negra, whose half-dozen reporters peer-edit each other’s articles. For one of the unit’s first stories, “The Origin of Hate,” Sanz and Carlos Martínez traveled to Los Angeles to trace how criminal “cliques” formed in California in the 1980s. Another story documented their “viral expansion” in El Salvador in the 1990s and early 2000s after the US deported 4,000 gang members.

For the next several years, with nearly $1 million from Open Society, they played anthropologists. They asked hundreds of simple questions: Why did gangsters tattoo their faces? Why did teenage recruits accept being brutally beaten in order to become official members? Why did gangs extort poor businesses? The more time they spent in the slums, the more they understood that for a poor kid in a violent country, the only real question was this: Do you want to be a victim or a perpetrator?

“These are kids who the world is telling, ‘Eat shit. Eat the shit your father ate, eat the shit his father ate, and eat the shit his father ate before that,’” says Carlos Martínez. “Sooner or later, someone’s going to refuse.”

At first, readers were fascinated by El Faro’s gang coverage. But interest waned as violence took a greater toll on society. In 2010, 18th Street members set fire to a public bus on the outskirts of San Salvador, killing 17 passengers. Murders began to climb. By the time El Faro broke the story of a truce between the gangs and the government, Salvadorans had heard enough.

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During the truce, imprisoned gang leaders would hold press conferences inside the prisons, like this one with the top leaders of the MS-13. It was later revealed that they also held dance parties with disco balls and strippers, to which members of the media were not invited. Photo by Pau Coll / Ruido (2012).

The February 2012 truce was orchestrated by the administration of President Mauricio Funes. In exchange for lowering the murder rate, top gang leaders from the MS-13 and Barrio 18 were transferred to minimum-security prisons, where guards turned a blind eye to cell phones, drugs, and other illicit activities. While most newspapers immediately attacked the government for “negotiating with terrorists,” El Faro withheld judgment. In a matter of weeks, El Salvador’s murder rate had dropped from 13 a day to about five.

Over the next year and a half, the trend continued, and El Faro published a series of articles showing how gang-dominated communities were transforming as a result of the truce. In one, by Carlos Martínez, bashful gang members and poufy-haired politicians come together to inaugurate a chicken farm where—in theory—gangsters will work incubating eggs rather than committing crimes:

A week before the opening, another [gangster] explained his concerns about the future of the business: “What we’d like is for the Súper Selectos grocery store to buy all our products, but in the meantime we’re planning on selling them at the local market.” He went on, loudly: “But the markets here distribute eggs from the Gold Seal Chicken people, so the gang is going to have to figure out how to get rid of them or get their customers to buy from us instead…” And then, perhaps upon realizing how that had sounded: “But not by intimidating—by raising awareness, because otherwise that would be bullying, right? And that’s what we’re trying to avoid.”

El Faro never explicitly came out in favor of the truce, but readers interpreted this kind of writing as implicit support for the process. Insults poured in. Critics accused the reporters of being “gang-lovers,” or straight-up gangsters. When the truce began to unravel, in 2013, Óscar Martínez published an op-ed in The New York Times exhorting President Funes to admit that “his government designed this truce strategy, which has already saved more than 2,000 lives.” The truce eventually crumbled, but it marked a turning point for El Faro. In an attempt to win over journalists, the government had given them unprecedented access to prisons, and the gangs had followed suit in the communities they controlled. Sala Negra emerged with a deeper relationship to the gangs. In other words, the team gained sources but lost fans.

These are kids who the world is telling, ‘Eat shit.
Eat the shit your father ate, eat the shit his father ate,
and eat the shit his father ate before that,’” says Carlos Martínez.
“Sooner or later, someone’s going to refuse.

Some El Faro journalists wonder if the crónica style is the right approach to writing about gangs. Gabriel Labrador, who is not part of Sala Negra, thinks the paper “fucked up” the original story that exposed the truce, by quoting a gang leader before a government official. The article opens with six vivid paragraphs from the perspective of an MS-13 spokesman named El Muchacho, or The Guy. In paragraph seven, we finally hear from security minister David Mungía Payes—a more reliable source in the minds of most readers. These sorts of editorial decisions have led people to argue that Sala Negra is privileging gang voices, taking sides, and condoning or even glorifying violence. “It makes them more human, but it also makes it hard for us to defend ourselves,” said Labrador. “At the end of the day, we’re telling stories whose protagonists are gang members.”

El Faro reporters pride themselves on being insiders in El Salvador’s gangland, and the recent Times story revealed to an English-speaking audience what Spanish speakers already knew: Sala Negra’s knowledge of the gangs is unrivalled in the journalism world, and often surpasses that of academics and law enforcement. But expertise can produce echo chambers. By insisting on telling stories from the inside, Sala Negra risks preaching to the converted and speaking in a language few others understand.


On February 12, 2015,
nearly a year after taking office, El Salvador’s president, Salvador Sánchez Cerén, sent seven top gang leaders back to the maximum-security prison known as “Zacatraz.” The government paraded reporters through spartan cells where the prisoners would be caged for all but three hours a week. The show was widely interpreted as the official end of the gang truce. (Photos of half-naked gang members, scowling and shackled together in transit from one prison to another, often mark changes to security policy in El Salvador.)

The murder rate began to climb again. From 11 murders a day—already an epidemic by public health standards—the average jumped to 15, then 20, 21, 22. More than a third of the deaths occurred at the hands of police, who were told by the vice president to shoot gang members “without any fear of suffering consequences.” El Salvador’s daily papers featured regular reports of “shoot-outs” that left multiple gang members dead and no officers wounded. Between January 2015 and August 2016, police reported 1,074 armed confrontations in which 693 alleged gang members were killed. Grisly photos of dead “terrorists” dominated social media. The official version always maintained that gang members fired the first shots, and bodies were usually photographed with guns beside them, but many journalists suspected police of planting the weapons. “All you had to do was look at how the bodies were positioned,” says Sanz. “There was one photo of a gang member lying in a hammock with a rifle.”

Sala Negra reporters discussed the “shoot-outs” in editorial meetings and over beers. They began looking into homicides with multiple victims to try to determine what had actually happened—what the police said, what relatives said, where the discrepancies were. “The cases were accumulating, but we didn’t have proof,” Sanz says.

This was new territory. We were no longer
describing, we were denouncing.

A few days after El Faro published “We can’t fit any more in here: kill them,” Óscar Martínez and fellow reporter Roberto Valencia drove to the humid, coastal region of La Libertad, an hour from the capital, to visit a coffee farm where police had killed eight alleged gang members on March 26, 2015. The police claimed to have been attacked, but a prosecutor who worked the crime scene told Martínez something had seemed off. Guns found by the bodies were in strange positions. Several victims had their hands up.

It was a nerve-racking drive. The plantation sat in the middle of no man’s land between rival gang territories. Police who patrolled the area weren’t known for asking questions before firing their guns.

At the end of a narrow dirt road surrounded by lush vegetation, the reporters reached the small cluster of buildings where the shooting had occurred. They parked the car and began to look around, aiming to take some pictures, poke around the buildings, and head out before dusk. Their plan changed when the aging caretaker asked if they’d met the woman who had “heard the whole thing.”

They tracked her down in her mud and sheet-metal shack in a nearby village. The tiny, middle-aged woman introduced herself as Consuelo Hernández Ramírez, the mother of one of the lifeless bodies that had ended up on the dusty ground.

It turned out that her son, Dennis Alexander Martínez, was no gang member; he was the bookkeeper of the plantation and a devoted member of the local evangelical church. She heard his frantic phone call to his uncle as police approached his room; she heard his screams for mercy; and she heard the rat-tat-tat-tat of machine guns. Consuelo also confirmed details the reporters had learned from four survivors of the massacre who’d escaped out a back door.

Finding Consuelo was the single most important moment in reporting the story, Martínez says: “Since she didn’t belong to the group the police was accusing, she was a more ideal witness.”

The next three weeks were a blur. The reporters—including Daniel Valencia, another member of Sala Negra, who was on crutches after a motorcycle accident—hustled to get police reports, autopsies, and interviews from survivors to corroborate Consuelo’s testimony. “El Faro was not going to suggest that the police were committing extrajudicial assassinations unless we had a lot of proof,” says Roberto Valencia, who is not related to Daniel. Everything checked out. An artillery expert’s analysis suggested the victims had been shot from behind or with their hands up in self-defense; autopsies revealed their bodies had likely been moved. Police reports claimed a 16-year-old girl had a pistol magazine in her pocket and another in her bra; these were nowhere to be seen in the photos of her bloody body that circulated on social media hours after the “shoot-out.”

The three reporters and their two editors picked apart the text, analyzing every sentence. “Could we say, ‘Police altered the crime scene?’” recalls Daniel Valencia. “No, but we could say, ‘The crime scene was altered.” They spent days debating the headline. On July 21, once the reporters were safely out of San Salvador, El Faro published the investigation: “Police Massacre in San Blas.” (You can read an English translation of the story here.)

“This was new territory,” Sanz says. “We were no longer describing, we were denouncing.”


The San Blas case
originally caught reporters’ attention because of the symbolism of the date. Politicians eager to put a positive spin on a grim reality had declared March 26 a “National Day of Peace. “While the eight cadavers from the San Blas farm were still waiting for the coroners from the Legal Medicine Institute to arrive…some 200,000 people marched for peace in San Salvador and other departmental capitals,” El Faro wrote. Against the backdrop of the crime scene, President Sánchez Cerén’s words at the march dripped with irony: “We have to rip out the hate from our hearts and learn to be tolerant, learn to understand, learn to comprehend that in life we are all indispensable.”

History suggests otherwise. In 1932, following a peasant uprising in the western part of the country, soldiers under the direction of General Maximiliano Hernández Martínez slaughtered as many as 30,000 civilians, most of them indigenous coffee pickers. Half a century later, more than 75,000 Salvadorans died during the civil war, many in massacres at the hands of security forces. In 2015, the bloodiest year in two decades, 6,657 people were murdered, most due to gang violence and law enforcement reprisals.

El Salvador is a country that time and time again has turned
to violence to solve its problems.
So it’s not surprising that many people swear the
only feasible way out of the gang crisis is genocide.

The victims haven’t changed much over the years—rural, poor, dark-skinned—nor have the words used to describe them: “delinquent,” “criminal,” “terrorist.” Without seeing the date on a newspaper article about a massacre, one would be hard-pressed to know which “terrorist” the government had killed: the Indian of 1932, the guerilla of 1980, or the gang member of 2016.

El Salvador is a country that time and time again has turned to violence to solve its problems. So it’s not surprising that many people swear the only feasible way out of the gang crisis is genocide. “Matemos a todos,” dozens have said to me. “Kill them all.” Society’s support for the police—despite behavior that increasingly resembles the murderous military of the 1980s—demonstrates profound desperation and profound amnesia.

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According to the police report, 17-year-old Ernesto Hernández didn’t have a weapon, but he was shot twenty times at close range, in the head, legs, and chest. This March 27, 2015 photo was taken a few hours after his body was taken away the day after the San Blas massacre. Photographer: Nelson Rauda Zablah.

According to the police report, 17-year-old Ernesto Hernández didn’t have a weapon, but he was shot twenty times at close range, in the head, legs, and chest. This March 27, 2015 photo was taken a few hours after his body was taken away the day after the San Blas massacre. Photographer: Nelson Rauda Zablah.

El Faro insists on complicating the moral landscape, and its reporters endure endless criticism as a result. Salvadorans want stories that paint gang members as perpetrators—stories like the crónica Óscar Mártinez wrote from the perspective of a 20-year-old worker forced to traverse San Salvador every morning and evening to avoid crossing the gangs’ “invisible borders”; stories like Carlos Martínez’s investigation of the bus-burning that left 17 passengers dead. Nuanced articles that show gang members as victims, political actors, or human beings routinely provoke fierce backlash. Such articles force people to confront a reality that’s much more complex than they’d like to admit, where blame is diffuse and solutions are scarce. In the words of Amparo Marroquín, a Central American University communications professor: “If you hold a mirror in the face of a monster, it’s going to get furious and smash the mirror.”

“I pray to God I can capture one of those rats employed by that crappy newspaper,” someone wrote on El Faro’s Facebook page under a link to “Police Massacre in San Blas.” “La Sultana’s where to go with the machine guns,” wrote someone else, alluding to the neighborhood where El Faro has its offices. “If you were in Guatemala, your offices would already be burnt down and you’d all be lynched by now,” a third person said.

The week after the story was published, two men on a motorcycle showed up on Óscar Martínez’s street and asked his neighbors to identify his house. Daniel Valencia found his car door open and a stick resembling a police baton in the back seat, along with a calendar with an upcoming date circled. The following week, an informant told editors of an attack planned against Óscar. El Faro traced the threats to at least one person linked to the national police, but 16 months later, no charges have been filed.


El Faro staffers say they are
their own harshest critics. Every Monday, they gather to discuss the previous week’s articles, and journalists of different ages and experience toss around feedback. “Journalistic debate in the newsroom makes us grow and protects us from getting too comfortable,” said Carlos Dada in his recent speech accepting the Gabriel García Márquez prize.

But the consequences of outside criticism may ultimately prove more severe. El Faro reporters are “superstars in the global independent digital media community both for the quality of their journalism and the courage of their reporters,” said a leaked internal report from Open Society. “However, it does seem that this international fame and prestige has come at a cost…OSF’s deep and prolonged support has afforded its reporters the luxury of time to spend months working on in-depth stories, in lieu of shorter stories published on a more consistent basis…The long-form, literary journalism that they prefer to practice sets it up to compete well for journalism prizes, but they have not always provided a concise and accessible critique of policies to readers.”

I asked several El Faro journalists if the newspaper had considered doing something more systematic—a database, say, of all homicides committed by police officers, like the one for which The Washington Post won a Pulitzer earlier this year. By collecting as much information as possible and comparing different cases, wouldn’t they be able to show a pattern in what the police were doing, which would create more pressure? Daniel Valencia, who became an editor late last year, demurred. He objected to the idea of “continuous coverage.” “At this point, if the police massacre eight people in a factory, we’re not going to write about it unless it explains something new,” he said.

The long-form, literary journalism that they prefer to practice
sets it up to compete well for journalism prizes,
but they have not always provided a concise
and accessible critique of policies to readers.

But not everyone agrees, and when El Faro has ventured into more systematic coverage, the results have been striking. In October, Roberto Valencia published an in-depth analysis of homicides by police based on statistics obtained through a freedom-of-information request. The data showed a tenfold increase in the number of alleged gang members killed since the government declared war on the gangs: While police killed 39 alleged gang members in all of 2013, 373 have been killed in the first eight months of this year. Valencia consulted Brazilian sociologist and police abuse expert Ignacio Cano, who was alarmed by the ratio of dead police to dead gang members. Anything over one to 10 suggests a possible misuse of force; in El Salvador this ratio is currently one to 53.

Sanz pointed out that El Faro was already stretched thin, but he expressed interest in new kinds of storytelling other than crónica. “So far our model has been to trust the instinct of each journalist for how to tell his story,” he says. “But perhaps we should have a more formal discussion to determine the ideal genre for each.”


That discussion did happen
with the San Blas story, and the resulting lede—a marked departure from the rambling intro to the 2012 article on the gang truce—may have been responsible for the story’s impact in El Salvador and internationally. “Police Massacre in San Blas” begins with the following sentence: “Dennis wasn’t even a gang member.” According to Roberto Valencia, this mattered little to the El Faro reporters. “We didn’t investigate this case because he was a civilian,” he says. But their choice to open the story with that sentence acknowledges its weight in the minds of others. “Leading with Dennis was a strategic way of saying to skeptical readers, ‘Keep reading,’” Oscar Martínez says.

Within days, “Police Massacre in San Blas” had sparked follow-up stories in publications across the globe, including Insight Crime, The New Yorker, The Nation, and Vice News. Even El Salvador’s daily newspapers ran stories on the San Blas case—breaking an unspoken rule against citing El Faro—and in the coming months, La Prensa Gráfica and El Diario de Hoy published their own in-depth articles about apparent massacres committed by police. In December, the US State Department included the San Blas case in its annual Human Rights Report.

It’s impossible to know whether the story would have attracted equal attention had all eight victims been gang members. But the fact that Dennis Alexander Martínez was not a gang member had everything to do with what happened on July 8, 2016, almost exactly a year after El Faro published the story. The attorney general’s office arrested six of the police officers involved in the massacre. “Dennis is the window that politically opened the possibility of an investigation,” Martínez says. The six officers are in jail awaiting trial. Three others have fled El Salvador.

The case was thin and built entirely around Dennis’s death. “Attorney General’s Office accuses six police officers for one bullet” was how El Faro chose to describe it. Still, it was unprecedented.

A month later, I stopped by El Faro’s offices and found Óscar Martínez in the newsroom, typing furiously. A local TV channel had just published a video of a gang member’s funeral and claimed (wrongly) that the tattooed body belonged to Dennis. Right-wing politician Guillermo Gallegos had re-tweeted the video with the following caption: “Dennis Martínez, whom police officers killed in self-defense. Judge for yourselves whether or not he was a gangster.”

Martínez whipped off an article. El Faro denounced the false accusation. Then something unexpected happened: Gallegos apologized.

“His apology will make some people in society, against their will and in spite of their hatred, start to change their mental scheme,” Martínez said. I’d never seen him so pleased.