Naciones Unidas

Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Esa gente. De Cristian Villalta

Veinticinco años después, El Salvador necesita un refill de pacificación.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 26 febrero 2017 / LPG

Palabras más, palabras menos, es lo que Naciones Unidas cree. ¿Y cómo puede haber paz en un territorio en el que el Estado es cada vez más irrelevante?

Por eso ofrece auxilio a los poderes fácticos, una élite económica desconectada de la gente y una casta política desvergonzada, más interesadas en su escalada de crispación que en combatir a la exclusión y a la marginalidad.

la prensa graficaEl interés de la ONU en nuestro sino es comprensible. La transformación de los cuerpos de seguridad, la proscripción de las entidades paramilitares y el sometimiento de la Fuerza Armada a la voluntad popular fueron el éxito más obvio de los acuerdos de paz de 1992, unos de los que siempre se expresó orgullo en los pasillos neoyorquinos.

En la raíz de esas medidas yacía un cambio de doctrina del Ejército y un compromiso fundamental de la PNC: la seguridad pública es un derecho del ciudadano que no admite discriminaciones sociales, ideológicas ni políticas. Letra muerta, pues.

Sólo hay un modo de ignorar la involución que se sufre en ambas instituciones en materia de respeto a los derechos humanos, y es queriendo ignorarla. Algunos partidos políticos no solo evaden abordar el tema –condenarlo les es imposible, en El Salvador la conciencia no produce votos– sino que asumen un discurso cada vez más bélico. No son soldados del Estado de Derecho; ni soldados son, apenas montoneros irresponsables en el Salón Azul, inyectándole intolerancia a una sociedad que ya tuvo suficiente.

Ningún salvadoreño bien nacido debe relajarse, menos aún los que crecimos en los años ochenta. La raigambre de aquellos horrores, más que el servilismo del Estado para ciertos intereses económicos, lo fue la traducción de ese servilismo en una represión sistemática de la población en los barrios de renta baja, la supresión de los espacios de discusión y la intromisión del terror en la vida cotidiana.

Aquellos horrores se reproducen ahora, especialmente entre aquellos miles de ciudadanos que viven (no es una figura literaria, es un dato geográfico) en la invisible y ominosa frontera entre el Estado y la pandilla. No son menos los que atestiguaron el crecimiento del territorio de la mara hasta superar su calle, su cuadra y su barrio.

Unos y otros entienden lo que pasa. A la rendición le sucede el estupor: son doblemente sospechosos, para la pandilla porque son civiles que viven “ahí”, y para el personal de seguridad porque son civiles que viven “ahí”.

Esa gente no le importa a nadie pese a que son empleados de la gran empresa, votantes de las fuerzas mayoritarias, feligreses de las principales iglesias, consumidores, músculo productivo. Probablemente su punto de vista sobre qué hacer contra la pandilla se parecería mucho a su opinión sobre qué hacer contra la pobreza, la escasez de servicios, la mediocre inversión educativa, la mengua en la oferta de empleo, y tendría poco que ver con el enfoque militarista con que la partidocracia juguetea.

Si Naciones Unidas propiciará una nueva discusión sobre la nación salvadoreña, no debe equivocarse admitiendo en esas mesas sólo a los voceros del establishment político y económico. Las soluciones a problemas como el de seguridad se encuentran en el humanitarismo y solidaridad de los de a pie, no en la diatriba fascista de la mitad de los políticos, ni en el silencio cobarde de la otra mitad. Estos últimos deben recordar que en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, no tomar posición es tomar posición.

La confianza… De Luis Mario Rodríguez

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 febrero 2017 / EDH

Sin confianza no hay acuerdos ni diálogo ni mucho menos desarrollo económico y social. Su ausencia le impide a una nación concertar una visión común de país. Es muy difícil cultivarla cuando, intento tras intento, el engaño la sofoca, la mentira la ahoga y la opacidad la entierra. Por el contrario su práctica habitual permite la construcción de entendimientos, generalmente irreversibles, que fortalecen la institucionalidad, mejoran la calidad de los servicios públicos y procuran oportunidades de crecimiento para todos por igual.

diario hoyCuando en 2002, los miembros del ahora agonizante Consejo Superior del Trabajo (CST), viajamos a España a conocer el Consejo Económico y Social (CES), nos enteramos que en el CES se “construye confianza”. Los pactos y las alianzas se tejen afuera de la organización, en la sede de las gremiales empresariales y en la de los sindicatos. En el CES se sellan las propuestas y se calendariza su puesta en marcha.

Una situación similar aconteció en el CST. Esta instancia surgió en 1994 cuando dejó de operar el Foro para la Concertación Económica y Social, una iniciativa impulsada por el expresidente Alfredo Cristiani en 1992, después de la firma de la paz, para tratar la relación obrero – patronal y para que las aspiraciones de estos y de otros sectores se tradujeran en generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.

Entre 1999 y 2004, por las funciones propias de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, atendí la representación del sector privado en el seno de aquel Consejo tripartito. El trato con los sindicatos siempre fue amable y tolerante y las conversaciones de “doble vía”. Aprendimos a dialogar, a comprender las razones del otro y a discutir un plan que integrara los principios y las convicciones de cada sector. Los debates sobre el respeto de los derechos laborales, la necesidad de cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por El Salvador y la discusión de diferentes proyectos de ley, enfocados a proteger a los trabajadores y a mejorar la productividad empresarial y la competitividad nacional, ocuparon la agenda de las reuniones quincenales que presidía, con la cortesía y formalidad que le caracteriza, el entonces titular del Ministerio de Trabajo, don Jorge Nieto Menéndez.

En 2006, cuando la presión por prorrogar los beneficios comerciales entre la Unión Europea (UE) y El Salvador, como acto previo a la firma del Acuerdo de Asociación Comercial con la UE, alcanzó su límite máximo, la confianza establecida años atrás con los sindicatos en el CST y con algunos diputados del FMLN en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, permitió la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. En ese marco se pactó, en encendidas discusiones,  las limitantes legales y constitucionales que impedirían la sindicalización de los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, así como la prudencia fiscal que debía tenerse en cuenta al momento de negociar las condiciones en los contratos colectivos dentro del sector público.

Esa misma franqueza y cordialidad permitieron que otras ideas rindieran los frutos esperados. Durante el quinquenio 2004-2009 se constituyeron, entre otras comisiones, la de Desarrollo Local y la de Modernización Laboral, ambas dirigidas por la excomisionada para la gobernabilidad democrática, doña Glorita Salguero Gross, de grata recordación. La pluralidad de esas instancias, la metodología empleada, los participantes, los mecanismos para solucionar las diferencias y el buen trato de su coordinadora, así como el seguimiento de los acuerdos, fomentaron un intercambio de conocimiento que finalmente se concretó en varias iniciativas legales, algunas de las cuales recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa. Doña Glorita, como le llamábamos quienes apreciamos su insistente trabajo por “despolarizar” a la política, supo entretejer lazos de confianza entre los que, por sus distintas afinidades ideológicas, acudían a las mesas recelosos, con un enorme escepticismo y con las sospechas de siempre.

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores y en engendrar un ambiente de certidumbre y tranquilidad que perdurará en la medida que se cumplan los compromisos pactados.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

La Sala, los Acuerdos de Paz y las Naciones Unidas. De Manuel Hinds

Manuel-Hinds-VIB-11Manuel Hinds, 23 septiembre 2016 / EDH

Pareciera que estamos viviendo en un mundo totalmente surrealista. Mientras el FMLN y su gobierno se dedican a atacar a la Sala de lo Constitucional, con el clarísimo objetivo de violar uno de los objetivos primordiales de los Acuerdos de Paz, el de asegurar para el país el Imperio de la Ley, las Naciones Unidas los apoya en lograr un objetivo claramente espurio, el de firmar unos nuevos acuerdos de paz. Desde hace unos meses, la institución internacional ha estado usando su prestigio, ligado en gran parte al éxito en la firma de los Acuerdos de 1992, para tratar de reclutar gente para apoyar esa nueva firma.

diario hoyLa idea de que necesitamos unos nuevos acuerdos de paz es, por supuesto, peregrina. El alimentar esta idea da la impresión de que los graves problemas que está pasando el país, tales como el desenfreno fiscal, la cada vez peor calidad de los servicios públicos, la falta de inversión y similares, se deben, no a la incompetencia del gobierno sino a la falta de nuevos acuerdos que permitan al gobierno funcionar eficientemente. Es una manera poco sutil de culpar todo en la oposición, y dejar al gobierno libre para hacer lo que quiera.

Pero la idea es peor que eso. El gobierno no ha dicho qué cosas quiere negociar en esos acuerdos de paz, pero ya menciona algunos temas. Primordial entre estos está la reforma al sistema judicial, que el gobierno propone de una manera que simula mucha inocencia pero que claramente se orienta a lograr quita su independencia a la Corte Suprema de Justicia, y en especial a la Sala de los Constitucional.

Los señores de las Naciones Unidas pueden fingir enorme sorpresa cuando se les dice que la subversión del orden constitucional es uno de los objetivos que el gobierno está buscando con esos nuevos acuerdos. Pero no les va fingirla, porque todo el mundo sabe que los gobiernos del FMLN, incluyendo muy prominentemente este, han luchado por años para someter a la Sala de lo Constitucional al poder del ejecutivo y del partido mismo. Lo han hecho de mil maneras, desde tratar de dar a un tribunal centroamericano autoridad por encima de la Sala, hasta invadir con una turba las instalaciones de la Sala habiendo roto los candados de las puertas,  hasta nombrar ilegalmente presidente de la Sala a un activista político, hasta amenazar físicamente la integridad de los magistrados en sus viajes por el país, hasta la agitación continua del Presidente de la República en discursos de plaza pública contra la Sala. No es un misterio para nadie que lo que ahora quieren es cambiar la forma de votar en la Sala (un nuevo 743), o la forma en la que los magistrados son electos, o cualquier otro detalle para anular la Sala o politizarla a su favor.

¿Cómo pueden las Naciones Unidas apoyar los deseos de un gobierno que está tratando muy explícitamente de desbancar el Imperio de la Ley que enmarcaron los originales Acuerdos de Paz? Este es un tema que las Naciones Unidas mismas deberían de investigar, si por búsquedas de imaginarias glorias burocráticas, el deseo de cubrirse con el manto de los originales firmantes de la paz, hay personas en la administración de la institución que están dispuestas a apañar la eliminación del régimen del derecho en El Salvador.

En esta investigación, las Naciones Unidas debe preguntarse también por qué ahora se habla de unos nuevos acuerdos de “paz”. ¿Es que El Salvador está en guerra? ¿O es que los funcionarios de la institución no se han dado cuenta de que el país cuenta con una Constitución Política que determina como es que los acuerdos políticos deben hacerse en el país, y que hay una Asamblea Legislativa, con diputados electos libremente, que es la que emite las leyes, y que si se quieren hacer cambios constitucionales afectando, por ejemplo, la independencia de la Rama Judicial, hay procedimientos establecidos que no mencionan a las Naciones Unidas ni a sus funcionarios?

El país es soberano, y tiene sus instituciones, y si se quieren hacer cambios, deben ser a través de ellos, no originados ni cocinados por burócratas internacionales con un afán indebido de quedar bien con el gobierno actual del país.