Naciones Unidas

Carta a los que anhelan un ‘Segundo Acuerdo de Paz’: No sean ilusos. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 5 octubre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Ahora están diciendo que fue por culpa de la oposición que se frustró la misión del embajador Andión y el mandato del Secretario General de Naciones Unidas de generar un “acuerdo de nación”. Primero lo dijo Rubén Zamora y luego El Faro, en una nota que fue más cuento que reportaje.

Claro que ARENA puso reservas y condiciones. Así lo hicieron el FMLN y el gobierno. Claro que ninguno de los dos entró con mucho entusiasmo a este proyecto, sino más bien con escepticismo. Así la sociedad salvadoreña entera.

logos MAS y EDHEsta iniciativa estaba condenada al fracaso cuando se comenzó a hablar de un “segundo acuerdo de paz”. Los Acuerdos de Paz del 1992 eran posibles porque estábamos en guerra y todos llegaron a la convicción que nadie la podía ganar. Ahora no estamos en guerra, por lo menos no en guerra entre derecha e izquierda. Y no es cierto que nadie puede ganar. Estamos ante dos elecciones cruciales, y alguien las va a ganar.

Los Acuerdos del 1992 tuvieron como objetivo erradicar el uso de la violencia para alcanzar o defender el poder; desmilitarizar al Estado; e incluir a la izquierda en un sistema político pluralista. Para cumplir esto, había que refundar la república, reformar la Constitución, y establecer nuevas reglas para el juego político.

Hoy no estamos ante la necesidad de refundar la República, y quien lo exige, lo hace con malas intenciones. Tampoco necesitamos reformar la Constitución. Urge cumplirla y hacerla cumplir.

Ponerse la meta de producir un nuevo Acuerdo de Paz significaba de antemano que iba a fracasar.

También fracasó porque no nació de la ciudadanía, ni siquiera de una iniciativa conjunta de las fuerzas políticas. Nació en Casa Presidencial.

Fracasó porque dejaron afuera los dos principales problemas del país: la crisis fiscal, porque la delegaron a una mesa paralela con mediación del Banco Mundial; y la crisis de seguridad y violencia, porque el gobierno tuvo miedo que por esta vía iban a entrar al diálogo las pandillas, como principales protagonistas del problema. Mejor vetaron el tema.

Y finalmente, el diálogo fracasó porque se inició a destiempo, cuando el país estaba al punto de entrar en dos años electorales, que van a definir el rumbo del país. Hay que dejar que se defina en las urnas, no en mesas de diálogo. Una vez que la nueva correlación de fuerzas esté definida, es el momento de sentarse y llegar a acuerdos.

Tengan paciencia. Saludos,

44298-firma-paolo

Anuncios

En apoyo del diálogo como vía a un mejor El Salvador para todos. De los embajadores de España, Francia y México

Publicamos este llamado que los embajadores nos hacen a los salvadoreños, como importante abono al debate. Lo vemos más como invitación al debate que como conclusión. ¿Qué se puede resolver mediante diálogo y acuerdos? ¿Y qué mejor se resuelve mediante elecciones, luego de un serio debate sobre las opciones que tenemos como país? Lo primero con el riesgo que se quede en lugares comunes; lo segundo con el peligro que los partidos no logren presentar proyectos claros, transparentes y viables.

Segunda Vuelta

Francisco Rabena, embajador de España; David Izzo, embajador de Francia; Francisco Javier Olavarría, embajador de México – 21 junio 2017 / EDH

Una vez más El Salvador se encuentra ante una oportunidad para reflexionar y decidir la mejor vía para encarar, como sociedad y país, un futuro más justo, próspero e inclusivo para todos sus ciudadanos. El 16 de enero de 1992, en México, los salvadoreños decidieron, a través de los representantes de dos sectores que se habían enfrentado en una lucha fratricida por 12 años, escoger la paz y las vías democráticas para hacer vales sus ideales y sus proyectos políticos. Hoy, 25 años después de esa histórica ocasión, la sociedad salvadoreña demanda a sus representantes y líderes, no solo políticos sino también económicos, sociales, de pensamiento y opinión, un nuevo esfuerzo y compromiso para enfrentar, juntos y con una nueva visión compartida, los retos que encaramos hoy.

Todos, especialmente los ciudadanos que los padecen diariamente, somos conscientes de cuáles son esos retos y del impacto negativo y agotador que tiene sobre la realidad salvadoreña y el futuro de nuestros conciudadanos. La gran mayoría de las familias salvadoreñas ha sufrido en su propio seno la violencia, el desarraigo, la falta de oportunidades que permitan a nuestros hijos salir adelante en esta vida y en su propio país sin tener que recurrir a la emigración o a la informalidad o, en el peor de los casos, caer en las redes de las estructuras pandilleriles. Es precisamente por esa conciencia generalizada ante las dificultades presentes que ha llegado el momento de volver a dar a El Salvador lo mejor y más generoso que cada uno de nosotros alberga en su interior. Ha llegado nuevamente la hora del diálogo y del compromiso histórico por el bien del país y sus hijos. Ha llegado la hora de volver a hacer realidad la letra de su Himno Nacional, para demostrar que 25 años después de Chapultepec, El Salvador toma un nuevo impulso para superar sus problemas actuales e históricos, pero, sobre todo, para sentar las bases de un nuevo proyecto que ilusione y en el que quepan todos sus ciudadanos, en el que cada uno pueda aspirar a desarrollarse personal y profesionalmente, en el que El Salvador sea el país al que todos aspiramos y que con el esfuerzo y compromiso común, pueda llegar a serlo.

Para conseguir este objetivo, demandado por la ciudadanía y necesario para el desarrollo nacional, El Salvador no está solo en su esfuerzo. Las Naciones Unidas, a través de Benito Andión, Representante del Secretario General, Sr. Antonio Guterres, representa el compromiso renovado de la comunidad internacional para que esta demanda de diálogo por un futuro más esperanzador y sólido para los salvadoreños, se materialice. Un compromiso que incluso transciende a El Salvador ya que una vez más el país está llamado a sentar un precedente positivo en el ámbito internacional, en este caso como primera experiencia de un nuevo concepto de diplomacia preventiva que la ONU podría poner en práctica en el futuro en otros países del mundo. Los Embajadores abajo firmantes, cuyos países jugaron un papel significativo en el Acuerdo de Paz, reiteramos el apoyo de nuestros países y autoridades con El Salvador y las Naciones Unidas para colaborar en que este empeño llegue, si así lo quieren los salvadoreños, a buen puerto. Nuestro compromiso se basa en la confianza en los salvadoreños, que son los dueños de su destino y los protagonistas de su presente, en nuestra convicción de que es posible y necesario el lanzar este proceso de diálogo y en la certeza de que el resultado del mismo solo puede traer un cambio positivo para la realidad y el futuro de los ciudadanos.

Todos somos conscientes de las dificultades y obstáculos que este desafío implica, así como de la polarización de la vida política salvadoreña, las visiones a veces excluyentes del modelo de país que se persigue, o la proximidad de los procesos electorales de 2018 y 2019 que amenazan con asfixiar cualquier posibilidad de consenso. Sin embargo, no hay un Plan B ante un eventual fracaso del diálogo, el compromiso y la concertación. Si en esta ocasión no se está dispuesto a realizar sacrificios y concesiones por el bien común para lograr estos objetivos, el presente de los salvadoreños seguirá siendo el de enormes dificultades y su futuro podría estar desprovisto de esperanza. No deberíamos dejar que esto suceda.

Los tres embajadores son miembros del Grupo Gestor
para la Conmemoración del XXV Aniversario del Acuerdo de Paz

La crisis venezolana en punto muerto. De Francisco Suniaga

Manifestantes durante una protesta de médicos contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, el 22 de mayo de 2017 Credit Luis Robayo/Agence France-Presse — Getty Images

Francisco Suniaga es un escritor venezolano. Es autor de la novela “La otra isla” y su obra más reciente es “Adiós Miss Venezuela”.

, 24 mayo 2017 / THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK — La crisis venezolana es larga, total y tan profunda que el adjetivo “abisal” le hace justicia. Una crisis de estas dimensiones obedece a diversos factores y son muchos los nombres de los responsables. El mayor, por las decisiones que ha tomado en los momentos dilemáticos de este prolongado proceso, es Nicolás Maduro, el presidente que escogió convertirse en dictador.

A partir de diciembre de 2015, cuando perdió de forma contundente las elecciones legislativas, Maduro se ha inclinado invariablemente por la opción no democrática ante cualquier disyuntiva importante. Pocos días después de proclamada la Asamblea Nacional (AN), comenzó a asediarla para evitar que tomara la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio con el fin de removerlo del poder. Para ello, inhabilitó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a todos los diputados del estado Amazonas, eliminando la mayoría calificada que la oposición había ganado en las urnas.

Luego, cuando las fuerzas opositoras buscaron el referendo por la vía popular, con el 20 por ciento de las firmas de los electores, el gobierno de Maduro estableció un engorroso procedimiento no previsto en la ley, con la idea de abortarlo. La oposición, sin embargo, superó todas las barreras burocráticas y logró mantener viva la solicitud. Entonces, entre tolerar o no que los electores decidieran su suerte, Nicolás Maduro optó por cancelar el proceso a través de unos jueces penales de provincia.

Empujado por la presión en la calle, Maduro propuso un diálogo que contó con los buenos oficios de varios expresidentes de países amigos, el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y un enviado del Vaticano. Las demandas de la oposición eran y siguen siendo un mantra: libertad de los presos políticos, cronograma electoral, abrir canales para ayuda humanitaria y reconocimiento de la AN. Tales demandas, según demuestra la carta enviada al gobierno por el representante del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fueron convenidas por el chavismo en la mesa. Nicolás Maduro desconoció los acuerdos y cerró la posibilidad de una salida democrática y electoral.

A fines de marzo, el TSJ decidió liquidar de manera definitiva a la Asamblea Nacional y la dejó sin potestades legislativas. Técnicamente, fue un golpe de Estado. El tsunami que se levantó en contra de tales decisiones —que incluyó a la fiscal general de la república, Luisa Ortega, hasta ese momento ficha del chavismo— fue de tal magnitud que un par de días más tarde, a solicitud expresa de Maduro en cadena nacional de radio y televisión, el TSJ echó atrás sus decisiones. Esa “rectificación” no hizo sino alimentar la protesta porque demostró de forma grotesca el sometimiento del máximo cuerpo judicial a las directrices del presidente.

Atrapado ya de manera irreversible en el dilema del tirano, Maduro decidió apagar el incendio con gasolina convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Con ella pretende saltarse el requisito de un referendo establecido en la propia Constitución para su convocatoria y, de paso, liquidar el principio de la universalidad del voto.

Elecciones, pero no libres ni universales, esa es la oferta de Maduro. Ya el Consejo Nacional Electoral estableció que para finales del mes de julio se escogerán a los constituyentistas y las elecciones regionales finalmente se celebrarán el próximo 10 de diciembre, aunque la oposición continúa con las movilizaciones de calle.

La conclusión es clara: entre ser un demócrata o un dictador, Maduro ha escogido lo segundo. A diario lo ratifica con la represión más brutal de la historia moderna del país. Según cifras del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental, en más de 50 días de protestas han fallecido 41 personas en las manifestaciones, además murieron 18 ciudadanos más en los saqueos y las barricadas. El foro ha registrado 2728 arrestos durante las protestas, de los cuales 1156 personas aún se encuentran detenidas. De esa cifra, 338 ciudadanos han sido presentados ante los tribunales militares que han privado de libertad a 175.

Las calles de los sectores con protestas más fuertes han sido asaltadas por bandas de motorizados armados y apoyados por el gobierno. Estos criminales han asesinado, saqueado comercios, destruido propiedades y atacado directamente a hogares. Paralelamente, la Guardia Nacional Bolivariana  actúa como un ejército de ocupación que reprime con saña e incluso protege a las huestes motorizadas.

La protesta continúa pero la crisis pareciera estar en un punto muerto. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. En lo interno, la protesta callejera y la situación económica son factores que presionan al gobierno de manera sustantiva.

Las manifestaciones de la oposición han sido enormes, valientes y fervorosas. Pero convertirlas en una rebelión popular que obligue una salida de Maduro demanda un grado superior de organización y movilización. En principio para mantenerlas dentro de parámetros pacíficos, a pesar de la violencia ejercida por guardias y paramilitares, y también para lograr una base popular más amplia. ¿Cuánto tiempo más pueden mantenerse? Prosiguen tras casi dos meses de su inicio. Cuentan con un aliado fundamental para ello: la situación económica del país signada por el hambre y las enfermedades, y sin políticas creíbles que puedan aliviarlas. Mientras esa situación se mantenga, habrá gente protestando en la calle.

Los militares tienen un papel crucial en este contexto. El llamado que hacen millones de ciudadanos en las calles a que se sumen a quienes defienden la Constitución, algún efecto ha de tener. Sin embargo, por lo pronto se han mantenido formados disciplinadamente detrás de sus mandos. Son el único factor interno que, con amplio respaldo popular, puede inclinar la balanza y abrir una salida a la crisis.

Así las cosas, destrancar el juego en Venezuela depende en gran medida de una acción internacional seria que promueva, con las debidas garantías para los actores gubernamentales, una salida electoral y una transición pacífica. La solución debe construirse con fineza política para no abrirle posibilidades a una interminable anarquía o una guerra civil.

Nada fácil porque, salvo que se organice un intento de negociación a través del secretario general de la ONU, António Guterres, no se percibe ninguna otra posibilidad en el horizonte que pueda convencer a las partes.

Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Esa gente. De Cristian Villalta

Veinticinco años después, El Salvador necesita un refill de pacificación.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 26 febrero 2017 / LPG

Palabras más, palabras menos, es lo que Naciones Unidas cree. ¿Y cómo puede haber paz en un territorio en el que el Estado es cada vez más irrelevante?

Por eso ofrece auxilio a los poderes fácticos, una élite económica desconectada de la gente y una casta política desvergonzada, más interesadas en su escalada de crispación que en combatir a la exclusión y a la marginalidad.

la prensa graficaEl interés de la ONU en nuestro sino es comprensible. La transformación de los cuerpos de seguridad, la proscripción de las entidades paramilitares y el sometimiento de la Fuerza Armada a la voluntad popular fueron el éxito más obvio de los acuerdos de paz de 1992, unos de los que siempre se expresó orgullo en los pasillos neoyorquinos.

En la raíz de esas medidas yacía un cambio de doctrina del Ejército y un compromiso fundamental de la PNC: la seguridad pública es un derecho del ciudadano que no admite discriminaciones sociales, ideológicas ni políticas. Letra muerta, pues.

Sólo hay un modo de ignorar la involución que se sufre en ambas instituciones en materia de respeto a los derechos humanos, y es queriendo ignorarla. Algunos partidos políticos no solo evaden abordar el tema –condenarlo les es imposible, en El Salvador la conciencia no produce votos– sino que asumen un discurso cada vez más bélico. No son soldados del Estado de Derecho; ni soldados son, apenas montoneros irresponsables en el Salón Azul, inyectándole intolerancia a una sociedad que ya tuvo suficiente.

Ningún salvadoreño bien nacido debe relajarse, menos aún los que crecimos en los años ochenta. La raigambre de aquellos horrores, más que el servilismo del Estado para ciertos intereses económicos, lo fue la traducción de ese servilismo en una represión sistemática de la población en los barrios de renta baja, la supresión de los espacios de discusión y la intromisión del terror en la vida cotidiana.

Aquellos horrores se reproducen ahora, especialmente entre aquellos miles de ciudadanos que viven (no es una figura literaria, es un dato geográfico) en la invisible y ominosa frontera entre el Estado y la pandilla. No son menos los que atestiguaron el crecimiento del territorio de la mara hasta superar su calle, su cuadra y su barrio.

Unos y otros entienden lo que pasa. A la rendición le sucede el estupor: son doblemente sospechosos, para la pandilla porque son civiles que viven “ahí”, y para el personal de seguridad porque son civiles que viven “ahí”.

Esa gente no le importa a nadie pese a que son empleados de la gran empresa, votantes de las fuerzas mayoritarias, feligreses de las principales iglesias, consumidores, músculo productivo. Probablemente su punto de vista sobre qué hacer contra la pandilla se parecería mucho a su opinión sobre qué hacer contra la pobreza, la escasez de servicios, la mediocre inversión educativa, la mengua en la oferta de empleo, y tendría poco que ver con el enfoque militarista con que la partidocracia juguetea.

Si Naciones Unidas propiciará una nueva discusión sobre la nación salvadoreña, no debe equivocarse admitiendo en esas mesas sólo a los voceros del establishment político y económico. Las soluciones a problemas como el de seguridad se encuentran en el humanitarismo y solidaridad de los de a pie, no en la diatriba fascista de la mitad de los políticos, ni en el silencio cobarde de la otra mitad. Estos últimos deben recordar que en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, no tomar posición es tomar posición.

La confianza… De Luis Mario Rodríguez

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 febrero 2017 / EDH

Sin confianza no hay acuerdos ni diálogo ni mucho menos desarrollo económico y social. Su ausencia le impide a una nación concertar una visión común de país. Es muy difícil cultivarla cuando, intento tras intento, el engaño la sofoca, la mentira la ahoga y la opacidad la entierra. Por el contrario su práctica habitual permite la construcción de entendimientos, generalmente irreversibles, que fortalecen la institucionalidad, mejoran la calidad de los servicios públicos y procuran oportunidades de crecimiento para todos por igual.

diario hoyCuando en 2002, los miembros del ahora agonizante Consejo Superior del Trabajo (CST), viajamos a España a conocer el Consejo Económico y Social (CES), nos enteramos que en el CES se “construye confianza”. Los pactos y las alianzas se tejen afuera de la organización, en la sede de las gremiales empresariales y en la de los sindicatos. En el CES se sellan las propuestas y se calendariza su puesta en marcha.

Una situación similar aconteció en el CST. Esta instancia surgió en 1994 cuando dejó de operar el Foro para la Concertación Económica y Social, una iniciativa impulsada por el expresidente Alfredo Cristiani en 1992, después de la firma de la paz, para tratar la relación obrero – patronal y para que las aspiraciones de estos y de otros sectores se tradujeran en generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.

Entre 1999 y 2004, por las funciones propias de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, atendí la representación del sector privado en el seno de aquel Consejo tripartito. El trato con los sindicatos siempre fue amable y tolerante y las conversaciones de “doble vía”. Aprendimos a dialogar, a comprender las razones del otro y a discutir un plan que integrara los principios y las convicciones de cada sector. Los debates sobre el respeto de los derechos laborales, la necesidad de cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por El Salvador y la discusión de diferentes proyectos de ley, enfocados a proteger a los trabajadores y a mejorar la productividad empresarial y la competitividad nacional, ocuparon la agenda de las reuniones quincenales que presidía, con la cortesía y formalidad que le caracteriza, el entonces titular del Ministerio de Trabajo, don Jorge Nieto Menéndez.

En 2006, cuando la presión por prorrogar los beneficios comerciales entre la Unión Europea (UE) y El Salvador, como acto previo a la firma del Acuerdo de Asociación Comercial con la UE, alcanzó su límite máximo, la confianza establecida años atrás con los sindicatos en el CST y con algunos diputados del FMLN en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, permitió la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. En ese marco se pactó, en encendidas discusiones,  las limitantes legales y constitucionales que impedirían la sindicalización de los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, así como la prudencia fiscal que debía tenerse en cuenta al momento de negociar las condiciones en los contratos colectivos dentro del sector público.

Esa misma franqueza y cordialidad permitieron que otras ideas rindieran los frutos esperados. Durante el quinquenio 2004-2009 se constituyeron, entre otras comisiones, la de Desarrollo Local y la de Modernización Laboral, ambas dirigidas por la excomisionada para la gobernabilidad democrática, doña Glorita Salguero Gross, de grata recordación. La pluralidad de esas instancias, la metodología empleada, los participantes, los mecanismos para solucionar las diferencias y el buen trato de su coordinadora, así como el seguimiento de los acuerdos, fomentaron un intercambio de conocimiento que finalmente se concretó en varias iniciativas legales, algunas de las cuales recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa. Doña Glorita, como le llamábamos quienes apreciamos su insistente trabajo por “despolarizar” a la política, supo entretejer lazos de confianza entre los que, por sus distintas afinidades ideológicas, acudían a las mesas recelosos, con un enorme escepticismo y con las sospechas de siempre.

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores y en engendrar un ambiente de certidumbre y tranquilidad que perdurará en la medida que se cumplan los compromisos pactados.