Naciones Unidas

En apoyo del diálogo como vía a un mejor El Salvador para todos. De los embajadores de España, Francia y México

Publicamos este llamado que los embajadores nos hacen a los salvadoreños, como importante abono al debate. Lo vemos más como invitación al debate que como conclusión. ¿Qué se puede resolver mediante diálogo y acuerdos? ¿Y qué mejor se resuelve mediante elecciones, luego de un serio debate sobre las opciones que tenemos como país? Lo primero con el riesgo que se quede en lugares comunes; lo segundo con el peligro que los partidos no logren presentar proyectos claros, transparentes y viables.

Segunda Vuelta

Francisco Rabena, embajador de España; David Izzo, embajador de Francia; Francisco Javier Olavarría, embajador de México – 21 junio 2017 / EDH

Una vez más El Salvador se encuentra ante una oportunidad para reflexionar y decidir la mejor vía para encarar, como sociedad y país, un futuro más justo, próspero e inclusivo para todos sus ciudadanos. El 16 de enero de 1992, en México, los salvadoreños decidieron, a través de los representantes de dos sectores que se habían enfrentado en una lucha fratricida por 12 años, escoger la paz y las vías democráticas para hacer vales sus ideales y sus proyectos políticos. Hoy, 25 años después de esa histórica ocasión, la sociedad salvadoreña demanda a sus representantes y líderes, no solo políticos sino también económicos, sociales, de pensamiento y opinión, un nuevo esfuerzo y compromiso para enfrentar, juntos y con una nueva visión compartida, los retos que encaramos hoy.

Todos, especialmente los ciudadanos que los padecen diariamente, somos conscientes de cuáles son esos retos y del impacto negativo y agotador que tiene sobre la realidad salvadoreña y el futuro de nuestros conciudadanos. La gran mayoría de las familias salvadoreñas ha sufrido en su propio seno la violencia, el desarraigo, la falta de oportunidades que permitan a nuestros hijos salir adelante en esta vida y en su propio país sin tener que recurrir a la emigración o a la informalidad o, en el peor de los casos, caer en las redes de las estructuras pandilleriles. Es precisamente por esa conciencia generalizada ante las dificultades presentes que ha llegado el momento de volver a dar a El Salvador lo mejor y más generoso que cada uno de nosotros alberga en su interior. Ha llegado nuevamente la hora del diálogo y del compromiso histórico por el bien del país y sus hijos. Ha llegado la hora de volver a hacer realidad la letra de su Himno Nacional, para demostrar que 25 años después de Chapultepec, El Salvador toma un nuevo impulso para superar sus problemas actuales e históricos, pero, sobre todo, para sentar las bases de un nuevo proyecto que ilusione y en el que quepan todos sus ciudadanos, en el que cada uno pueda aspirar a desarrollarse personal y profesionalmente, en el que El Salvador sea el país al que todos aspiramos y que con el esfuerzo y compromiso común, pueda llegar a serlo.

Para conseguir este objetivo, demandado por la ciudadanía y necesario para el desarrollo nacional, El Salvador no está solo en su esfuerzo. Las Naciones Unidas, a través de Benito Andión, Representante del Secretario General, Sr. Antonio Guterres, representa el compromiso renovado de la comunidad internacional para que esta demanda de diálogo por un futuro más esperanzador y sólido para los salvadoreños, se materialice. Un compromiso que incluso transciende a El Salvador ya que una vez más el país está llamado a sentar un precedente positivo en el ámbito internacional, en este caso como primera experiencia de un nuevo concepto de diplomacia preventiva que la ONU podría poner en práctica en el futuro en otros países del mundo. Los Embajadores abajo firmantes, cuyos países jugaron un papel significativo en el Acuerdo de Paz, reiteramos el apoyo de nuestros países y autoridades con El Salvador y las Naciones Unidas para colaborar en que este empeño llegue, si así lo quieren los salvadoreños, a buen puerto. Nuestro compromiso se basa en la confianza en los salvadoreños, que son los dueños de su destino y los protagonistas de su presente, en nuestra convicción de que es posible y necesario el lanzar este proceso de diálogo y en la certeza de que el resultado del mismo solo puede traer un cambio positivo para la realidad y el futuro de los ciudadanos.

Todos somos conscientes de las dificultades y obstáculos que este desafío implica, así como de la polarización de la vida política salvadoreña, las visiones a veces excluyentes del modelo de país que se persigue, o la proximidad de los procesos electorales de 2018 y 2019 que amenazan con asfixiar cualquier posibilidad de consenso. Sin embargo, no hay un Plan B ante un eventual fracaso del diálogo, el compromiso y la concertación. Si en esta ocasión no se está dispuesto a realizar sacrificios y concesiones por el bien común para lograr estos objetivos, el presente de los salvadoreños seguirá siendo el de enormes dificultades y su futuro podría estar desprovisto de esperanza. No deberíamos dejar que esto suceda.

Los tres embajadores son miembros del Grupo Gestor
para la Conmemoración del XXV Aniversario del Acuerdo de Paz

La crisis venezolana en punto muerto. De Francisco Suniaga

Manifestantes durante una protesta de médicos contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, el 22 de mayo de 2017 Credit Luis Robayo/Agence France-Presse — Getty Images

Francisco Suniaga es un escritor venezolano. Es autor de la novela “La otra isla” y su obra más reciente es “Adiós Miss Venezuela”.

, 24 mayo 2017 / THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK — La crisis venezolana es larga, total y tan profunda que el adjetivo “abisal” le hace justicia. Una crisis de estas dimensiones obedece a diversos factores y son muchos los nombres de los responsables. El mayor, por las decisiones que ha tomado en los momentos dilemáticos de este prolongado proceso, es Nicolás Maduro, el presidente que escogió convertirse en dictador.

A partir de diciembre de 2015, cuando perdió de forma contundente las elecciones legislativas, Maduro se ha inclinado invariablemente por la opción no democrática ante cualquier disyuntiva importante. Pocos días después de proclamada la Asamblea Nacional (AN), comenzó a asediarla para evitar que tomara la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio con el fin de removerlo del poder. Para ello, inhabilitó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a todos los diputados del estado Amazonas, eliminando la mayoría calificada que la oposición había ganado en las urnas.

Luego, cuando las fuerzas opositoras buscaron el referendo por la vía popular, con el 20 por ciento de las firmas de los electores, el gobierno de Maduro estableció un engorroso procedimiento no previsto en la ley, con la idea de abortarlo. La oposición, sin embargo, superó todas las barreras burocráticas y logró mantener viva la solicitud. Entonces, entre tolerar o no que los electores decidieran su suerte, Nicolás Maduro optó por cancelar el proceso a través de unos jueces penales de provincia.

Empujado por la presión en la calle, Maduro propuso un diálogo que contó con los buenos oficios de varios expresidentes de países amigos, el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y un enviado del Vaticano. Las demandas de la oposición eran y siguen siendo un mantra: libertad de los presos políticos, cronograma electoral, abrir canales para ayuda humanitaria y reconocimiento de la AN. Tales demandas, según demuestra la carta enviada al gobierno por el representante del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fueron convenidas por el chavismo en la mesa. Nicolás Maduro desconoció los acuerdos y cerró la posibilidad de una salida democrática y electoral.

A fines de marzo, el TSJ decidió liquidar de manera definitiva a la Asamblea Nacional y la dejó sin potestades legislativas. Técnicamente, fue un golpe de Estado. El tsunami que se levantó en contra de tales decisiones —que incluyó a la fiscal general de la república, Luisa Ortega, hasta ese momento ficha del chavismo— fue de tal magnitud que un par de días más tarde, a solicitud expresa de Maduro en cadena nacional de radio y televisión, el TSJ echó atrás sus decisiones. Esa “rectificación” no hizo sino alimentar la protesta porque demostró de forma grotesca el sometimiento del máximo cuerpo judicial a las directrices del presidente.

Atrapado ya de manera irreversible en el dilema del tirano, Maduro decidió apagar el incendio con gasolina convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Con ella pretende saltarse el requisito de un referendo establecido en la propia Constitución para su convocatoria y, de paso, liquidar el principio de la universalidad del voto.

Elecciones, pero no libres ni universales, esa es la oferta de Maduro. Ya el Consejo Nacional Electoral estableció que para finales del mes de julio se escogerán a los constituyentistas y las elecciones regionales finalmente se celebrarán el próximo 10 de diciembre, aunque la oposición continúa con las movilizaciones de calle.

La conclusión es clara: entre ser un demócrata o un dictador, Maduro ha escogido lo segundo. A diario lo ratifica con la represión más brutal de la historia moderna del país. Según cifras del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental, en más de 50 días de protestas han fallecido 41 personas en las manifestaciones, además murieron 18 ciudadanos más en los saqueos y las barricadas. El foro ha registrado 2728 arrestos durante las protestas, de los cuales 1156 personas aún se encuentran detenidas. De esa cifra, 338 ciudadanos han sido presentados ante los tribunales militares que han privado de libertad a 175.

Las calles de los sectores con protestas más fuertes han sido asaltadas por bandas de motorizados armados y apoyados por el gobierno. Estos criminales han asesinado, saqueado comercios, destruido propiedades y atacado directamente a hogares. Paralelamente, la Guardia Nacional Bolivariana  actúa como un ejército de ocupación que reprime con saña e incluso protege a las huestes motorizadas.

La protesta continúa pero la crisis pareciera estar en un punto muerto. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. En lo interno, la protesta callejera y la situación económica son factores que presionan al gobierno de manera sustantiva.

Las manifestaciones de la oposición han sido enormes, valientes y fervorosas. Pero convertirlas en una rebelión popular que obligue una salida de Maduro demanda un grado superior de organización y movilización. En principio para mantenerlas dentro de parámetros pacíficos, a pesar de la violencia ejercida por guardias y paramilitares, y también para lograr una base popular más amplia. ¿Cuánto tiempo más pueden mantenerse? Prosiguen tras casi dos meses de su inicio. Cuentan con un aliado fundamental para ello: la situación económica del país signada por el hambre y las enfermedades, y sin políticas creíbles que puedan aliviarlas. Mientras esa situación se mantenga, habrá gente protestando en la calle.

Los militares tienen un papel crucial en este contexto. El llamado que hacen millones de ciudadanos en las calles a que se sumen a quienes defienden la Constitución, algún efecto ha de tener. Sin embargo, por lo pronto se han mantenido formados disciplinadamente detrás de sus mandos. Son el único factor interno que, con amplio respaldo popular, puede inclinar la balanza y abrir una salida a la crisis.

Así las cosas, destrancar el juego en Venezuela depende en gran medida de una acción internacional seria que promueva, con las debidas garantías para los actores gubernamentales, una salida electoral y una transición pacífica. La solución debe construirse con fineza política para no abrirle posibilidades a una interminable anarquía o una guerra civil.

Nada fácil porque, salvo que se organice un intento de negociación a través del secretario general de la ONU, António Guterres, no se percibe ninguna otra posibilidad en el horizonte que pueda convencer a las partes.

Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Esa gente. De Cristian Villalta

Veinticinco años después, El Salvador necesita un refill de pacificación.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 26 febrero 2017 / LPG

Palabras más, palabras menos, es lo que Naciones Unidas cree. ¿Y cómo puede haber paz en un territorio en el que el Estado es cada vez más irrelevante?

Por eso ofrece auxilio a los poderes fácticos, una élite económica desconectada de la gente y una casta política desvergonzada, más interesadas en su escalada de crispación que en combatir a la exclusión y a la marginalidad.

la prensa graficaEl interés de la ONU en nuestro sino es comprensible. La transformación de los cuerpos de seguridad, la proscripción de las entidades paramilitares y el sometimiento de la Fuerza Armada a la voluntad popular fueron el éxito más obvio de los acuerdos de paz de 1992, unos de los que siempre se expresó orgullo en los pasillos neoyorquinos.

En la raíz de esas medidas yacía un cambio de doctrina del Ejército y un compromiso fundamental de la PNC: la seguridad pública es un derecho del ciudadano que no admite discriminaciones sociales, ideológicas ni políticas. Letra muerta, pues.

Sólo hay un modo de ignorar la involución que se sufre en ambas instituciones en materia de respeto a los derechos humanos, y es queriendo ignorarla. Algunos partidos políticos no solo evaden abordar el tema –condenarlo les es imposible, en El Salvador la conciencia no produce votos– sino que asumen un discurso cada vez más bélico. No son soldados del Estado de Derecho; ni soldados son, apenas montoneros irresponsables en el Salón Azul, inyectándole intolerancia a una sociedad que ya tuvo suficiente.

Ningún salvadoreño bien nacido debe relajarse, menos aún los que crecimos en los años ochenta. La raigambre de aquellos horrores, más que el servilismo del Estado para ciertos intereses económicos, lo fue la traducción de ese servilismo en una represión sistemática de la población en los barrios de renta baja, la supresión de los espacios de discusión y la intromisión del terror en la vida cotidiana.

Aquellos horrores se reproducen ahora, especialmente entre aquellos miles de ciudadanos que viven (no es una figura literaria, es un dato geográfico) en la invisible y ominosa frontera entre el Estado y la pandilla. No son menos los que atestiguaron el crecimiento del territorio de la mara hasta superar su calle, su cuadra y su barrio.

Unos y otros entienden lo que pasa. A la rendición le sucede el estupor: son doblemente sospechosos, para la pandilla porque son civiles que viven “ahí”, y para el personal de seguridad porque son civiles que viven “ahí”.

Esa gente no le importa a nadie pese a que son empleados de la gran empresa, votantes de las fuerzas mayoritarias, feligreses de las principales iglesias, consumidores, músculo productivo. Probablemente su punto de vista sobre qué hacer contra la pandilla se parecería mucho a su opinión sobre qué hacer contra la pobreza, la escasez de servicios, la mediocre inversión educativa, la mengua en la oferta de empleo, y tendría poco que ver con el enfoque militarista con que la partidocracia juguetea.

Si Naciones Unidas propiciará una nueva discusión sobre la nación salvadoreña, no debe equivocarse admitiendo en esas mesas sólo a los voceros del establishment político y económico. Las soluciones a problemas como el de seguridad se encuentran en el humanitarismo y solidaridad de los de a pie, no en la diatriba fascista de la mitad de los políticos, ni en el silencio cobarde de la otra mitad. Estos últimos deben recordar que en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, no tomar posición es tomar posición.

La confianza… De Luis Mario Rodríguez

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 febrero 2017 / EDH

Sin confianza no hay acuerdos ni diálogo ni mucho menos desarrollo económico y social. Su ausencia le impide a una nación concertar una visión común de país. Es muy difícil cultivarla cuando, intento tras intento, el engaño la sofoca, la mentira la ahoga y la opacidad la entierra. Por el contrario su práctica habitual permite la construcción de entendimientos, generalmente irreversibles, que fortalecen la institucionalidad, mejoran la calidad de los servicios públicos y procuran oportunidades de crecimiento para todos por igual.

diario hoyCuando en 2002, los miembros del ahora agonizante Consejo Superior del Trabajo (CST), viajamos a España a conocer el Consejo Económico y Social (CES), nos enteramos que en el CES se “construye confianza”. Los pactos y las alianzas se tejen afuera de la organización, en la sede de las gremiales empresariales y en la de los sindicatos. En el CES se sellan las propuestas y se calendariza su puesta en marcha.

Una situación similar aconteció en el CST. Esta instancia surgió en 1994 cuando dejó de operar el Foro para la Concertación Económica y Social, una iniciativa impulsada por el expresidente Alfredo Cristiani en 1992, después de la firma de la paz, para tratar la relación obrero – patronal y para que las aspiraciones de estos y de otros sectores se tradujeran en generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.

Entre 1999 y 2004, por las funciones propias de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, atendí la representación del sector privado en el seno de aquel Consejo tripartito. El trato con los sindicatos siempre fue amable y tolerante y las conversaciones de “doble vía”. Aprendimos a dialogar, a comprender las razones del otro y a discutir un plan que integrara los principios y las convicciones de cada sector. Los debates sobre el respeto de los derechos laborales, la necesidad de cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por El Salvador y la discusión de diferentes proyectos de ley, enfocados a proteger a los trabajadores y a mejorar la productividad empresarial y la competitividad nacional, ocuparon la agenda de las reuniones quincenales que presidía, con la cortesía y formalidad que le caracteriza, el entonces titular del Ministerio de Trabajo, don Jorge Nieto Menéndez.

En 2006, cuando la presión por prorrogar los beneficios comerciales entre la Unión Europea (UE) y El Salvador, como acto previo a la firma del Acuerdo de Asociación Comercial con la UE, alcanzó su límite máximo, la confianza establecida años atrás con los sindicatos en el CST y con algunos diputados del FMLN en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, permitió la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. En ese marco se pactó, en encendidas discusiones,  las limitantes legales y constitucionales que impedirían la sindicalización de los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, así como la prudencia fiscal que debía tenerse en cuenta al momento de negociar las condiciones en los contratos colectivos dentro del sector público.

Esa misma franqueza y cordialidad permitieron que otras ideas rindieran los frutos esperados. Durante el quinquenio 2004-2009 se constituyeron, entre otras comisiones, la de Desarrollo Local y la de Modernización Laboral, ambas dirigidas por la excomisionada para la gobernabilidad democrática, doña Glorita Salguero Gross, de grata recordación. La pluralidad de esas instancias, la metodología empleada, los participantes, los mecanismos para solucionar las diferencias y el buen trato de su coordinadora, así como el seguimiento de los acuerdos, fomentaron un intercambio de conocimiento que finalmente se concretó en varias iniciativas legales, algunas de las cuales recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa. Doña Glorita, como le llamábamos quienes apreciamos su insistente trabajo por “despolarizar” a la política, supo entretejer lazos de confianza entre los que, por sus distintas afinidades ideológicas, acudían a las mesas recelosos, con un enorme escepticismo y con las sospechas de siempre.

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores y en engendrar un ambiente de certidumbre y tranquilidad que perdurará en la medida que se cumplan los compromisos pactados.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017