Por este medio se invita a medios de comunicación –tradicionales y alternativos– a cooperar con los gobernados, a fin de que su voz sea escuchada por el poder político (gobernantes). En este sentido y dada la intensa contienda electoral que está en marcha, los periodistas y generadores de opinión pueden ayudar a que los temas estratégicos sean abordados responsablemente. De hacerlo, la ciudadanía irá ganando terreno y contribuyendo a una efectiva separación de poderes.
Rafael Ernesto Góchez, 26 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA
Con este objetivo, a continuación se presentan tres interrogantes y argumentos que convendría debatir con los aspirantes a la Presidencia de la República para el período 2019-2024. Óptimo sería que los medios de comunicación divulgaran y discutieran sus respuestas constructivamente.
Pregunta 1. ¿Es la violencia delincuencial un problema estructural? Sí. Eso significa que es un fenómeno multicausal que requiere de medidas sociales, económicas e institucionales de largo aliento para ser solucionado. Dos pasos son clave: (1) reconocer que las personas que delinquen son oriundas de El Salvador y (2) aplacar las conductas delictivas de miles de jóvenes. ¿Cómo? Yendo a las raíces (familia, escuela y comunidad), aplicando efectivamente la ley y creando empleos en los catorce departamentos. En otras palabras, propiciando la sana convivencia, castigando el delito e impulsando la descentralización estatal y económica.
Pregunta 2. ¿Se puede recuperar el control territorial por la vía democrática? Sí. Lo que no es factible es regenerar el tejido social por medio del centralismo. En tal sentido y dado que los dos partidos mayoritarios se oponen a la localización y descuidan la cohesión social, la militarización se perfila como la opción más probable. De consolidarse esta tendencia, se confirmaría la sinergia entre descomposición social, anarquía y autoritarismo. Es decir, se están generando las condiciones requeridas para que El Salvador sea gobernado a través del caos y la fuerza.
Pregunta 3. ¿Hay “guerra social” en El Salvador? No. Lo que hay es una expansiva “economía criminal”, que se nutre de la descomposición socio-familiar, el desempleo y la impunidad. Su materia prima son los incontables niños que carecen de padres responsables y que se “educan en la calle”. Esta pujanza se basa en una red internacional de negocios ilícitos y en la penetración del crimen organizado en distintas esferas estatales. Lo antes expuesto se manifiesta en el dinamismo de la venta de drogas, el tráfico de personas, la extorsión, la prostitución, el comercio ilegal de armas y el contrabando. Por otra parte, la lógica criminal se expresa en los abusos, asaltos y sometimientos que sufren muchos compatriotas en sus viviendas, negocios y comunidades. Esto significa que el crimen se ha convertido en el modus vivendi de numerosos salvadoreños.
Conclusión: la “economía criminal” se expande por medio de conductas y bandas delincuenciales que ejercen el control territorial, sometiendo a incontables personas, familias y localidades. Es erróneo, entonces, plantear que las extorsiones y atropellos son parte de la lucha de clases. Lo cierto es que innumerables coterráneos generan sus ingresos a través del crimen y la violencia. Consecuentemente, NO se debería criminalizar la pobreza. Si la pobreza fuera causa determinante de la violencia delincuencial, Chalatenango y Morazán serían los territorios más peligrosos (ningún municipio de estos dos departamentos está en los 50 priorizados en el Plan El Salvador Seguro).
Segunda Vuelta 