1 junio 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY
Hoy todos se concentran en el traspaso del poder. Yo me concentro en una noticia que para mí es mucho más importante: Terminó el “caso tregua”. Hay sentencia. Nadie va a la cárcel.
¿Por qué para mi es más importante? Algunos de los acusados son mi amigos, como Raúl Mijango, el mediador, y los dos valientes oficiales que sirvieron como enlaces de inteligencia de la PNC con el equipo de mediadores. A otros, como los directores de diferentes cárceles y sus jefes en la Dirección General de Centro Penales, los conocí como funcionarios correctos, comprometidos con su misión de promover la convivencia pacífica en los penales bajo su responsabilidad. Trabajando de cerca con los mediadores, ellos lograron que durante los 15 meses de la tregua las asesinatos, los suicidios, los motines, las fugas en el sistema carcelario se redujeran a cero. En vez de llevarlos a juicio, deberían condecorarlos…
Fueron detenidos durante 2 meses y sometidos a un juicio que duró 3 años. Pero al fin, ninguno de los 19 acusados irá a la cárcel – debido a la sabiduría del juez Cruz Vázquez.
El juez especializado estaba en una situación bien complicada. Su colega Godofredo Salazar, uno de los jueces más respetados del Centro Judicial Isidro Menéndez, ya había rechazado todas las acusaciones y teorías de la fiscalía y absuelto a todos los acusados. Pero la fiscalía apeló este fallo y la Cámara Especializada ordenó al juez suplente Cruz Vázquez repetir la vista pública. Por una parte el juez sabía que la sentencia de su colega Salazar fue correcta, pero por otra parte estaba bajo gran presión de la opinión pública, de la fiscalía y de la cámara superior. Lo que adaptó el juez Cruz Vázquez ayer fue realmente una solución salomónica: Desechó por ausencia de pruebas las acusaciones más aventureras de la fiscalía: ‘asociación ilícita’ e ‘introducción de objetos ilícitos a penales’. Con esto quedaron absueltos Raúl Mijango y los oficiales de la PNC.
También desechó el delito de ‘falsedad ideológica’, que la fiscalía había imputado a los profesionales del Consejo Criminológico que habían dado su visto bueno al traslado de unos 50 pandilleros de la cárcel de máxima seguridad a otras regulares.
Quedaron pendientes dos delitos: ‘decisiones arbitrarias’ y ‘omisión de deberes’. A Nelson Rauda, director general de centros penales, y a su inspector general, la fiscalía los acusaba de haber autorizado procedimientos que violaban los manuales y reglas vigentes en los penales. Por ejemplo, habían autorizado reuniones en los penales, en el marco del trabajo de los mediadores – y algunas reuniones implicaron traslados de reos. Si estos y otros procedimientos extraordinarios fueron adecuados, justificados, incluso necesarios o si fueron arbitrarios e ilegales es asunto de interpretación – y el juez aprovecho esta brecha para salir de su dilema: pronunció condenas contra los dos máximos funcionarios de centros penales, pero con la condena mínima de 3 años. Lo mismo hizo en el caso de los 5 directores de distintos penales, quienes obedecieron estos ordenes superiores, según el juez cayendo en ‘omisión de deberes’. Los condenó a 2 años de cárcel. Pero al final decidió sustituir, en todos los casos, los años de cárcel con ‘trabajo de utilidad pública’.
Así que se hizo justicia: Nadie va a la cárcel, pero sí hubo condenas. En los casos de las acusaciones insostenibles, el juez absolvió. En los casos discutibles, optó por condenar, pero haciendo derecho de su opción de sustituir la pena de cárcel.
A veces la justicia, para funcionar, necesita buscar de soluciones salomónicas…
El buen juez no cerró la vista pública sin hacer fuertes señalamientos a la fiscalía. La acusó de incapacidad y parcialidad… y de omisión de deberes, porque no investigó bien.
Felicito al juez quien sacó a la justicia del gran dilema, en el cual casi la hundió la fiscalía de los señores Luis Martínez y Douglas Meléndez. Por suerte ya no están.
Saludos,
Segunda Vuelta 