Jorge Daboub

Descifrando el estado de emergencia. De Jorge Daboub

La verdadera emergencia del país comenzó cuando los gobiernos empezaron a presentar presupuestos mentirosos, a gastar en medidas populistas, a derrochar recursos públicos y a apropiarse de las pensiones de los salvadoreños.

jorge-daboubJorge Daboub, 19 octubre 2016 / LPG

“El sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca”. (Immanuel Kant)

Forzado por la crisis de iliquidez que estrangula las finanzas públicas, el presidente de la república declaró recientemente una emergencia nacional; pero sin aclarar qué significa tal declaratoria y sin asumir ni la más mínima dosis de responsabilidad.

la prensa graficaEs a todas luces claro que el impreciso pronunciamiento presidencial lo único que buscaba era embaucar a los partidos políticos para negociar con ellos una salida al coyuntural problema de caja del Estado. A cambio, ofrece un “después seguimos platicando de lo demás”, cuando “lo demás” es la verdadera causa de los problemas.

La verdadera emergencia del país comenzó cuando los gobiernos empezaron a presentar presupuestos mentirosos, a gastar en medidas populistas, a derrochar recursos públicos y a apropiarse de las pensiones de los salvadoreños. La situación se recrudeció cuando el gobierno anterior comenzó a ahuyentar la inversión privada, a atacar a la Sala de lo Constitucional, a hacer pactos clandestinos con la delincuencia, a dividir a la sociedad generando el odio de clases, a tomarse las instituciones del Estado para concentrar poder y a derrochar el dinero público. El actual gobierno lo que ha hecho es intensificar la crisis.

Sin embargo, con suficiente tiempo, centros de pensamiento, gremiales empresariales, movimientos sociales, universidades y analistas independientes advirtieron que de seguir por esa ruta la economía se estancaría y las arcas del Estado se vaciarían. Todos hicieron oportunas y atinadas recomendaciones, las cuales los dos últimos gobiernos han venido refutando con diatribas y falsas acusaciones, y más recientemente con especulaciones sobre supuestas conspiraciones en su contra.

Si el gobierno hubiera adoptado las propuestas que oportunamente se le hicieron, la economía estaría creciendo a tasas más altas y las finanzas públicas gozarían de una estabilidad aceptable. El problema del país no es por falta de recursos, ni por falta de acuerdos, sino por falta de una visión correcta.

Las dos administraciones de izquierda son los que más recursos han tenido en la historia de El Salvador. Desde 2009 han aprobado seis reformas tributarias en siete años, en virtud de las cuales se han creado 22 nuevos impuestos que les han generado el doble de ingresos de lo que se recaudaba antes.

Además de eso, a través de créditos han recibido el doble de préstamos que los gobiernos anteriores, generando una gigantesca deuda pública que tendrán que pagar las presentes y futuras generaciones de salvadoreños. Los famosos $1,200 millones que afirman necesitar con urgencia es solo el costo de la realidad que ya los alcanzó.

El origen real de los quebrantos financieros del Estado ha sido la necia insistencia del FMLN de imponer en El Salvador –contra toda evidencia histórica– el fallido socialismo del Siglo XXI, modelo cuya implementación requiere de millonarias erogaciones en clientelismo político, la compra de voluntades y el populismo de Estado. Es la ceguera ideológica de los excomandantes lo que ha drenado los millonarios recursos que el erario público ha recibido en los últimos años.

En consecuencia, la solución a la “crisis” fiscal y a los problemas económicos del país no se basa en acuerdos entre los partidos políticos, pues no es “la polarización” su verdadera causa, como se quiere hacer creer. No olvidemos que para el FMLN las negociaciones y los consensos políticos son solo una táctica para ganar tiempo y conseguir más recursos con qué financiar su trasnochado proyecto político. Eso ya lo han demostrado hasta la saciedad.

La salida a la crisis fiscal consiste en que se aplique la lógica económica en la administración del Estado y que el país retome el rumbo de la democracia. Esto significa evitar que los recursos públicos se malgasten en aumentar la burocracia estatal con correligionarios del partido, en compra de voluntades, en movilización de gente para mítines y manifestaciones callejeras, en políticas públicas sin ninguna rentabilidad social y en publicidad y propaganda ideológica, entre otros derroches.

También requiere que se frenen los ataques contra la Sala de lo Constitucional, que se haga respetar la Constitución y apostarle al crecimiento económico y la generación de empleo. ¡Ah! y que el presidente de la república y sus compas de partido abandonen su mala praxis de mentirle a la población y de manejar el doble discurso, para que se pueda generar la confianza y la estabilidad política que el país necesita.

En medio de esta “coyuntura” los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil deben concentrarse más en convencer –presionar, si es necesario– al FMLN de la irracionalidad financiera de su modelo económico, y no perder el tiempo en coloquios que al final terminarán haciendo parecer a los buenos como malos y a los malos como buenos.

Debemos ver la evidencia aplastante de los hechos: la persistencia del FMLN de implantar en El Salvador el socialismo le está costando al país desempleo, inseguridad, pobreza, escasez, corrupción, fuga de inversiones, crisis fiscal e incertidumbre en el futuro para nuestros jóvenes. Si no se le frena, el FMLN seguirá hundiendo al país en un abismo financiero y destruyendo de la democracia. Recordemos que los malos triunfan cuando los buenos no hacen o cuando lo que hacen los buenos no está a la altura de las circunstancias.

Verdades mentirosas. De Jorge Daboub

Los problemas de El Salvador no se resolverán echando cada vez más dinero de los salvadoreños en el saco sin fondo del gobierno, como sus funcionarios nos quieren hacer creer. El país necesita análisis más honesto, trabajo más eficiente y soluciones más inteligentes y realistas.

Jorge Daboub, presidente de ANEP

Jorge Daboub, presidente de ANEP

Jorge Daboub, 13 octubre 2015 / LPG

Es impresionante ver cómo la publicidad y la propaganda oficial distraen a la sociedad de los verdaderos problemas sociales y la ponen a discutir sobre temas equivocados. El efecto que la desinformación oficial produce es tan alucinante que nadie parece darse cuenta de estar siendo distraído en debates sobre asuntos en los que el gobierno ya tiene una decisión tomada y que, casi fatalmente, será la que termine por imponerse.

Para ilustrar cómo funciona este engaño, veamos dos de los ejemplos más recientes: las discusiones sobre el sistema de pensiones y sobre la propuesta de una “contribución especial” para la seguridad.

Por medio de campañas de publicidad, de sus voceros y de los miembros de su partido (junto con sus aliados interesados) el coro oficialista ha hecho creer a muchos que el sistema privado de pensiones no funciona y que hay que reformarlo. ¡Totalmente falso!

Tras de dicha falacia, el gobierno propone la “brillante” solución de volver al sistema viejo, expropiando, de paso, una buena parte de los ahorros que los trabajadores tienen en el fondo de pensiones. Y por medio de ese embuste tiene hoy a todos discutiendo sobre la mejor manera de reformar el sistema de pensiones.

Esta es la realidad: el sistema privado de pensiones venía funcionando bien hasta que el gobierno metió su mano en él, creando un fideicomiso que obliga a las AFP a entregarle al Estado el 60 % de los ahorros de los trabajadores a cambio de un exiguo interés de 1 %; que además es injusto e ilegal. Con esa disposición, entre 2006 y 2014 el gobierno ya había tomado “prestado” más de $4,800 millones de los ahorros que los salvadoreños tienen en el fondo de pensiones.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno no les permite a las AFP invertir el resto del dinero en títulos valores más rentables en los mercados internacionales, y las obliga a colocar el ahorro de los trabajadores en títulos del Estado, limitando aún más su rentabilidad y generando una pérdida del patrimonio de los salvadoreños de aproximadamente $1,200 millones.

Para evitar que este perjudicial despojo continúe, se debería retornar al fondo de pensiones el dinero que el gobierno le ha extraído, y evitar que los ahorros de los salvadoreños se sigan usando como la caja chica del Estado. Así los trabajadores del sistema privado tendrían aseguradas sus pensiones, la rentabilidad del fondo se recuperaría y el sistema funcionaría igual o mejor que antes.

En conclusión, la verdadera discusión sobre el sistema de pensiones debe girar en torno a una rendición de cuentas por parte del gobierno y a cómo invertir de manera más eficiente los dineros públicos a modo de garantizar las pensiones a los trabajadores del sistema antiguo. Pero debatir sobre la parte del sistema que funciona es equivocado y contraproducente.

El otro tema en donde la propaganda oficial ha distraído astutamente la atención es la supuesta necesidad de más dinero a fin de financiar planes para mejorar la seguridad pública. Por medio de un bombardeo publicitario, el gobierno ha hecho creer que la seguridad no mejora por falta de dinero. Y tiene a todos discutiendo sobre cómo hacerle llegar más fondos. Unos proponen impuestos al consumo o a las ganancias de las empresas; otros, contribuciones; otros, que se emitan bonos públicos, y los más sesudos proponen que los diputados cedan parte de sus salarios. Pero la discusión no debe ser esa.

Primero analicemos si es verdad que el gobierno no tiene suficiente dinero para la seguridad.

En los últimos 6 años, el gobierno recibió un total de $19,637 millones de impuestos, lo que significa un aumento de 42.4 % respecto de los 6 años anteriores. Asimismo, en los últimos 6 años el gobierno recibió $5,727 millones adicionales de deuda, aumentando en 54.9 % la deuda total del país. Es decir, que solo por estas dos vías (impuestos y préstamos) el gobierno ha recibido $25,364 millones en los últimos seis años. Pero a pesar de haber recibido tan exorbitante cantidad de dinero adicional, las acciones en seguridad trajeron como resultado que el número de homicidios aumentara de 9 diarios en 2009 a 21 diarios en lo que va de 2015. Los números demuestran que el problema de la seguridad no es de dinero, sino de cabeza.

En consecuencia, las discusiones para mejorar la seguridad deberían concentrarse en otras áreas como asignar eficientemente los recursos, mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de garantizar la seguridad, depurar la PNC y el Órgano Judicial y hacer más efectivo el trabajo de las autoridades en el combate al crimen. Y solo después de que se haya hecho ese esfuerzo de raciocinio y se haya puesto en práctica, con metas medibles y responsabilizando por los resultados a los funcionarios a cargo, tendríamos que debatir sobre el tema de los recursos, si es que hicieran falta. Pero el país no avanzará si siempre ponemos la carreta delante de los bueyes.

Las evidencias sobre la incapacidad del gobierno para resolver los principales problemas del país son aplastantes. Pese a obtener cada vez más dinero, el gobierno no ha podido mermar las graves deficiencias en Salud y Educación, ni remontar el bajo crecimiento económico, ni reducir el apremiante déficit fiscal. Sobre la ineficacia de las “estrategias” gubernamentales para mejorar la seguridad, los más de 5,200 asesinatos del año hablan claramente.

Los problemas de El Salvador no se resolverán echando cada vez más dinero de los salvadoreños en el saco sin fondo del gobierno, como sus funcionarios nos quieren hacer creer. El país necesita análisis más honesto, trabajo mas eficiente y soluciones más inteligentes y realistas. Juguemos en la cancha correcta.