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DESPUÉS DEL 19-A (diez tesis). De Fernando Mires

Fernando Mires, politólogo chileno en la Universidad Oldenburg/Alemania

Fernando Mires, 21 abril 2017 / POLIS

  1. El 19-A, día en que tuvo lugar la demostración de masas más grande de toda la historia venezolana, no era un objetivo en sí. La oposición organizada en sus partidos anunció que en esa fecha tan llena de contenidos, comenzarían a tener lugar duras jornadas cuya culminación deberá ser el restablecimiento del orden constitucional destruido por el régimen dictatorial. Desde esa perspectiva, el 19-A ha sido el día de un nuevo comienzo: el de un alzamiento del pueblo democrático venezolano en contra de la Junta Militar-Civil cuyos rostros más visibles, además de el de Maduro, son el del general Padrino-López y el del capitán Diosdado Cabello.
  2. El 19-A ha sido develada la principal contradicción del enfrentamiento que hoy tiene lugar: el de una ciudadanía plural y políticamente organizada en partidos, movimientos e instituciones, en contra de una dictadura militar minoritaria, antinacional y antipopular. Se trata, dicho en breve, de un antagonismo entre sociedad civil y Estado. En el marco de esa contradicción, el régimen de Maduro ha mostrado su verdadera personalidad. Despojado del nimbo populista del chavismo originario, el madurismo se inscribe en las filas de las dictaduras militares más tradicionales del continente latinoamericano.
  3. La oposición, a pesar de sus múltiples diferencias, ha sabido orientar su acionar en torno a cuatro puntos que la unifican. En una lucha pacífica, democrática, constitucional y electoral. Puntos no escogidos al azar. Ellos surgieron como negación de una dictadura que se define por su carácter violento, anti-democrático, anti-constitucional y anti-electoral. No sin razones puede afirmarse entonces que el verdadero y único programa de la oposición unida –digámoslo así: el mapa de su ruta- es, o ha llegado a ser, la Constitución Nacional. Por eso mismo, el 19-A puede ser considerado como el día en que tuvo lugar el inicio de un gran movimiento constitucionalista y popular.
  4. El 19-A ha revelado el sentido histórico-político del gran triunfo obtenido por la oposición el 6-D. En contra de los derrotistas que propagaban la mentira de que el 6-D había sido un triunfo sin trascendencia, los sucesos de 2017 han demostrado que la AN nació para que el pueblo la defendiera, es decir, para que en su defensa se articulara como pueblo político. A la vez, defender el triunfo electoral del 6-D no solo obliga a defender las elecciones del pasado, sino las del futuro, precisamente las que hoy niega el régimen.
  5. Entre la defensa del triunfo del 6-D y la defensa de las elecciones pautadas en la Constitución, existe una estricta unidad. No se puede defender lo uno sin lo otro. A esa unidad indisoluble se han unido durante el trayecto otras exigencias como son la libertad de los presos políticos, la nulidad de las inhabilitaciones a los líderes y un canal humanitario para paliar, aunque sea en parte, el hambre y la miseria a la que tiene sometida la dictadura a la población de su país.
  6. No hay ninguna contradicción entre exigir el fin del régimen de Maduro y a la vez la inmediata convocatoria a elecciones. Por el contrario: la lucha por elecciones libres ha hecho posible ese inmenso apoyo internacional que hoy tiene la oposición. A la vez, imponer elecciones libres significa salir de la dictadura. Por eso, el llamado a elecciones libres –tengan lugar o no- debe ser considerada como la más radical de las exigencias. Por el contrario, exigir la caída de Maduro pasando por alto la razón electoral, delegaría todas las esperanzas a una hipotética ruptura al interior de las FANB, rupturas desde donde deberían surgir supuestos generales redentores de la nación. Por esas razones, todo llamado a derribar a Maduro sin exigir elecciones libres, es directa o indirectamente golpista. Sin elecciones de por medio, solo los militares pueden derribar a Maduro.
  7. No se excluye por supuesto que los militares puedan experimentar rupturas o divisiones, como ha sucedido en diversos procesos históricos. Pero esas solo pueden ser posibles si los militares son confrontados directamente con la Constitución y no con llamados a derribar a una dictadura de la cual no pocos de ellos forman parte. Pues en la Venezuela de Maduro los militares no solo cumplen la función de defender a grupos en el poder. Ellos mismos son parte del poder; y como militares, no siempre entienden la diferencia entre el poder y la violencia.
  8. El quiebre del estamento militar es solo una hipótesis entre varias. Pero intentar hacer política en torno a hipótesis o escenarios imaginarios, es renegar de la política. Eso no impide mantenerse preparados frente a la posibilidad de que se produzcan acontecimientos inesperados. La historia del futuro no está escrita.

  9. La dictadura de Maduro, como toda dictadura, es una dictadura militar. Bajo esas condiciones, los militares, si acceden directamente al poder, puede que lo hagan solo para cambiar una dictadura militar con Maduro por una dictadura militar sin Maduro. En pocos países del mundo, en Venezuela menos, los militares se han caracterizado por ser baluartes de la democracia. Así lo ha entendido el presidente de la AN, Julio Borges, quien se dirigió en los momentos previos al 19-A a las FANB no para invitarlas a hacerse de un poder que en el hecho ya tienen, sino para exigirles el mínimo respeto que merece la Constitución Nacional. A la misma a la cual juraron obediencia. Más no se les debe pedir.
  10. Las jornadas iniciadas el 19-A han sellado una triple unidad. Unidad entre los partidos. Unidad entre los líderes con sus representados, líderes que lo han dado todo poniendo incluso en juego la integridad corporal. Y, no por último, unidad de la oposición con los gobiernos democráticos del mundo y con esa solidaria OEA dirigida por Luis Almagro. Si esa triple unidad se mantiene, los días que anuncian el fin de la dictadura no se verán muy lejanos.

Venezuela: GOLPE AL PUEBLO. De Fernando Mires

JULIO BORGES, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, rompiendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula las facultades del parlamento

Fernando Mires, 1 abril 2017 / POLIS

Llámenlo como lo llamen – golpe al parlamento, golpe blando, golpe seco, golpe incruento, golpe de estado, golpe en el estado – lo cierto, lo evidente, lo claro, es que el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, llevó a cabo, apoyado en un TSJ -cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el propio gobierno- un golpe a todo el pueblo venezolano. Hecho que solo encuentra algunas similitudes con el “fujimorazo” del 1992 en el Perú, delito que Fujimori todavía paga con cárcel.

Lo que no esperaba el grupo que rodea a Maduro, camarilla que gobierna autonomizada del propio partido de gobierno, fue el imponente rechazo de la OEA, de la gran mayoría de los gobiernos y parlamentos latinoamericanos, de los EE UU y de la UE. Tampoco contaban con la disposición unitaria de la mayoría de los partidos de la MUD para defender a la Asamblea. Ni con la impresionante actitud del presidente de la AN, Julio Borges, quien haciendo uso de la dignidad de su cargo, llamó a la ciudadanía a las calles a defender a su único organismo de representación: a esa Asamblea que ha llegado a ser el parlamento del pueblo.

La declaración hecha por la fiscal general de gobierno, Luisa Ortega Díaz, bautizando como inconstitucional la atrocidad cometida por el grupo civil-militar de gobierno a través del TSJ, sorprendió a todo el mundo. No importan por el momento las razones por las cuales la señora decidió dar paso tan importante. Sea por el arrepentimiento de una persona que ve confrontada la esencia de su profesión, sea por una maniobra buscada por Maduro para -a través de la fiscalía general- retroceder ante la avalancha de protestas nacionales e internacionales, lo cierto es que el chavismo ya no puede ocultar las profundas grietas que lo atraviesan. Si esas grietas llegan hasta las FAN, es por el momento sospecha o hipótesis. Pero quienes conocen a la fiscal, aseguran que ella nunca va a dar una batalla sola. Las palabras de su texto no dejan duda, además, de que están dirigidas a una fracción en el poder. Probablemente a las mafias que controla Diosdado Cabello. Dijo Ortega Díaz:

“En recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”

El gobierno, si todavía tenía alguna gota de legitimidad, después de las declaraciones de la fiscal terminó por perderla dentro de sus propias filas. Maduro, o quienes actúan en su nombre, aunque ahora lleve a cabo -dicho en su jerga- un “retroceso táctico”, buscaba despojar al pueblo de su soberanía. Ese es el hecho objetivo. El 30-M tuvo lugar un intento de crimen de Estado.

Vanos y grotescos serán los intentos realizados por Maduro y el Consejo Nacional de Defensa para desmarcarse del golpe al pueblo. Basta recordar que pocas horas antes de que Maduro comenzara a dar muestras de tardía rectificación, dos testaferros del mismo Maduro, Aristóbulo Istúriz y Hermann Escarrá, habían ya justificado el golpe con argumentos seudopolíticos y seudojurídicos. El primero acusando de golpista nada menos que a la AN (¡!) El segundo postulando una ridícula teoría de acuerdo a la cual el TSJ es entendido como un poder supraestatal.

Algunos políticos latinoamericanos y europeos se manifestaron sorprendidos por el golpe. No así quienes han seguido con atención la línea del régimen, entre ellos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Para quienes conocen la historia reciente de Venezuela, la inhabilitación de la AN fue solo el acto final de un proceso que comenzó cuando el régimen declaró la nulidad del revocatorio (RR16), alternativa introducida en la constitución por el propio gobierno de Chávez. El segundo paso golpista fue la negativa del gobierno Maduro a convocar a las elecciones regionales del 2016. La inhabilitación de la AN, o tercer paso, no fue más que la consecuencia lógica de los dos primeros pasos.

En otra palabras, el golpe al pueblo no fue realizado de repente sino en tres capítulos: El robo del referendo revocatorio (RR), la supresión de las elecciones y las inhabilitación de la AN. El del 30-M fue entonces el resultado de un golpe progresivo y planificado. Eso significa para la oposición que ninguna promesa de dialogo puede ser aceptada si el gobierno no restituye el curso constitucional dando rápido curso a todas las elecciones previstas. Pero no elecciones como promesa vacía o vaga, sino con calendario en mano y con fechas muy precisas e impostergables. Sin prontas elecciones, la AN, institución fundada sobre las elecciones, continuará siendo una institución proscrita aunque Maduro y sus secuaces hagan un simulacro de rectificación.

Si la oposición accede a un diálogo sin previa existencia de una condición tan elemental como es la celebración de elecciones libres y soberanas, no solo cometería un acto de torpeza como ocurrió durante el diálogo que siguió al robo del RR. Sería, además, un acto de abierta colaboración con el régimen dictatorial.

Un proceso democrático, para que exista, debe ser pacífico, constitucional y electoral. Ruta que, por lo demás, no impuso la oposición a la ciudadanía sino la ciudadanía a la oposición. La prueba es que, hasta ahora, los grupos ultrarradicales y los grupos colaboracionistas continúan siendo, dentro de la oposición y en todo el país, absolutas minorías.

Elecciones ahora y ya. No hay otra salida para la oposición. Para el gobierno, quizás, tampoco.

Nota: estas líneas han sido escritas sobre la marcha de acontecimientos que se precipitan hora a hora. Tienen, por lo mismo, un carácter y un sentido provisorio. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos desarrollar teorías con más precisión, profundidad y calma.

Lea también sobre el tema:
El nuevo juego de poder en Venezuela: de la ruptura al impasse constitucional; por Michael Penfold
¿Las nuevas sentencias del TSJ restablecen el orden constitucional en Venezuela?; por José Ignacio Hernández

 

Confrontación y diálogo. De Fernando Mires

Confrontación y diálogo: dos modos de hacer política a los que suele considerarse excluyentes olvidándose que el uno no se puede constituir sin el otro.

©Fotografía de Andrés Kerese [01/09/2016]

Fernando Mires, 18 marzo 2017 / PRODAVINCI

Confrontación y diálogo son, en efecto, dos dimensiones de la política. Lo importante es que no existan separadas. La confrontación sin posibilidad de diálogo conduce a callejones sin salida, cuando no al imperio de la violencia. El diálogo sin confrontación lleva a la disolución de la política como sustitución de la guerra pues sin peligro confrontacional la política carece de sentido. Un diálogo sin confrontación puede ser incluso más peligroso que una confrontación sin diálogo pues al ser abandonada la confrontación desaparece la política (la política es confrontación) y así quedan todos los caminos abiertos para la violencia.

Llamémoslos enemigos en sentido clásico, o adversarios en sentido más civilizado, o simplemente contrarios u opuestos, lo cierto es que sin antagonismos en los campos de confrontación y diálogo, la política estaría de más.

La oposición de los contrarios, vale decir, el reconocimiento de la existencia de antagonismos es la base de toda lógica política. O aún más claro: el diálogo, para que sea político, debe ser el resultado de una confrontación real o potencial. Primero la confrontación (o su inminencia). Después el diálogo. Nunca al revés.

La confrontación, no el diálogo, ocupa el lugar preeminente o sobredeterninante -si empleamos un término psicoanalítico- en la política. Un diálogo sin confrontación solo se da en las relaciones amistosas. Pero la política fue inventada para relacionar a los enemigos y no a los amigos. Por lo mismo, el diálogo no puede sustituir a la confrontación. Incluso el diálogo, en política, ha de ser confrontacional. De otra manera no es político.

Siendo entonces la confrontación y no el diálogo la variable fundamental, la tarea principal de la política es localizar y conocer exactamente al enemigo. Solo frente a un enemigo delimitado, personificado en nombres y apellidos, y nunca ideológico, adquiere la política su razón de ser.

Entre dos fuerzas políticas enemigas las confrontaciones pueden ser dirimidas a través del diálogo. Pero para eso es necesario que las confrontaciones o su inminencia, existan previamente.

¿Qué sucede en cambio cuando una fuerza política debe enfrentar a una fuerza no política o precariamente política? En este caso no puede haber diálogo. Pero tampoco puede haber solo confrontación, pues ella nos aleja de la política y nos lleva a la guerra. La tarea de la fuerza política, bajo esas condiciones, es forzar la politización (re-constitucionalización) del enemigo. Para que eso ocurra, hay que demostrar frente a ese enemigo una disposición a avanzar más allá de la política, aunque siempre en defensa de la constitucionalidad de la política. Eso implica por una parte, la decisión de llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Por otra, acosar al adversario con las fuerzas que se tienen y no con las que se quisiera tener.

En las confrontaciones internacionales, muchos gobiernos no políticos han debido politizar sus relaciones con el adversario cuando este dispone de una superioridad militar abrumadora y de la decisión de imponerla por medios no políticos si eso fuera necesario. Como es sabido, hasta las armas atómicas han sido convertidas en medios políticos disuasivos y como tales, bajo determinadas condiciones, han jugado, aunque parezca paradoja, un rol pacificador.

En las confrontaciones nacionales sucede, en cambio, lo contrario: las armas suelen sucumbir frente a la superioridad numérica y constitucional de las fuerzas políticas y de sus alianzas internacionales. Un diálogo, vale decir una negociación, solo puede ocurrir en esos casos cuando las fuerzas políticas han dirimido fuerzas con las no políticas, o por lo menos, cuando han mostrado la decisión de enfrentarlas hasta las últimas consecuencias. Para poner un ejemplo: el diálogo de la oposición chilena con la dictadura fue posible no solo cuando esta fue derrotada en un plebiscito sino cuando el pueblo apareció en las calles para defender y celebrar ese triunfo. Otro ejemplo: el diálogo gobierno- FARC solo fue posible en Colombia después que las FARC fueran militarmente derrotadas. Entre Uribe y Santos, visto objetivamente, hay más continuidad que ruptura. Durante Uribe, Santos fue incluso más confrontacional que Uribe.

Cada momento tiene su política. Cada política tiene su momento. Equivocar el momento suele ser en política, fatal.

Un diálogo sin confrontación, o sin posibilidad de confrontación, no lleva a ningún lugar. Y es evidente: sin confrontación (o sin posibilidad de confrontación) no hay nada que negociar.

La expresión más política (civilizada), es decir, no violenta, de una confrontación son las elecciones. Las elecciones son a la política lo que las batallas a la guerra.

Si un adversario en el poder no admite elecciones no puede, en consecuencias, haber diálogo hasta que ese adversario sea obligado a someterse al veredicto popular. Los diálogos en política han sido, son y serán siempre, eventos post-electorales. Esa es la razón por la cual todos los movimientos democráticos de la modernidad han opuesto frente a las dictaduras y autocracias la lucha por elecciones libres y secretas.

Elecciones es la palabra que separa -en términos definitivos y absolutos, vale decir, sin relativizaciones ni apelaciones jurídicas- a una dictadura de una democracia. No hay otra palabra.

Cuando a favor de una fuerza política se encuentra la mayoría nacional, la hegemonía cultural, la constitución, y la disposición de luchar por la vía electoral hasta las últimas consecuencias, la fuerza bruta del enemigo tendrá que ceder. Todos los ejemplos históricos lo confirman. Después vendrán los momentos del diálogo.

 

Hay que defender a esa luz que vino de Atenas. De Fernando Mires

Adolf Hitler posiciona sus tropas en el congreso del partido Nazi. Núremberg, Alemania. 10 de septiembre de 1935

Adolf Hitler posiciona sus tropas en el congreso del partido Nazi. Núremberg, Alemania. 10 de septiembre de 1935

FernandoMires-1451Fernando Mires, 3 marzo 2017 / PRODAVINCI

Muchos hablan de populismo para referirse a movimientos políticos que han signado a la política de América Latina durante los dos últimos decenios y a la de Europa de los tiempos actuales. Pero no hay populismo sin apellidos. Así lo aprendimos de Ernesto Laclau, teórico del populismo por excelencia.

Laclau vio incluso en el fascismo una forma de populismo. Hay populismos democráticos y antidemocráticos, formuló hace un par de años Chantal Mouffe, apuntando en la misma dirección que Ernesto.

Esa es la razón por la cual algunos hemos decidido renunciar al uso exagerado del concepto populismo. Son en verdad muy diferentes las realidades a las que alude. Seguir denominando como populista a un movimiento fascista y a uno democrático a la vez, oscurece en lugar de aclarar.

prodavinciLo dicho vale para la Europa de 2017 donde estamos asistiendo al surgimiento de fenómenos de masas que portan consigo características similares a las de los movimientos fascistas y comunistas que hicieron su puesta en escena durante las décadas de los veinte y de los treinta del siglo pasado. Populistas, los llaman.

Neofascistas, he denominado sin vacilar a algunos de ellos en diferentes artículos. Y lo he hecho no para insultarlos sino porque en sus más diferentes versiones contienen tres elementos propios al fascismo originario:

1. Relación directa entre masa y líder (sin mediaciones interestatales)
2. Identificación de un enemigo común.
3. Revuelta en contra de la democracia liberal y sus instituciones.

Tanto Putin, Erdoğan, Trump, Orbán, Wilders, Le Pen y Petry, desde distintas naciones, gobiernos y partidos, coinciden en su enemistad declarada a la democracia liberal, a los valores que representa y a las instituciones que la sostienen. La política es concebida por ellos como una relación directa entre masa y líder. Todos se declaran enemigos de la división de los poderes, según ellos, un impedimento para el decisionismo del poder supremo. Por eso Putin, Orbán, Erdoğan, Trump, y en América Latina, Maduro, Morales y Ortega, gobiernan mediante decretos.

El objetivo común a todos esos autócratas y aprendices de autócratas, al igual que los defensores de los totalitarismos de ayer (comunistas y/o fascistas) es la destrucción del Estado democrático y su sustitución por uno autocrático. Steve Bannon, ideólogo de Trump, lo ha dicho de un modo radicalmente sincero: “Hay que destruir al Estado”.

La tesis de la destrucción del Estado —propia a los movimientos neofascistas de nuestro tiempo— no es nueva. Marx la adoptó de su amigo/enemigo, el anarquista Bakunin, e intentó darle, aunque sin éxito, un formato científico. Los liberales económicos y sus hijos, los neoliberales, mucho más cerca del anarquismo que del liberalismo político, imaginaron a su vez que la economía debía ocupar el lugar del Estado. Y así como Lenin, ordenó ¡todo el poder a los Sóviets! (sin parlamento y sin justicia) los neoliberales corearon después: ¡todo el poder a las empresas!

Para comunistas, fascistas y liberales económicos, es la gran paradoja, la tesis de la supresión del Estado fue elaborada no para suprimir el poder sino para fortalecerlo. Pues al Estado también pertenecen instituciones de contra-poder como son el parlamento y una justicia independiente, destinadas a contrarrestar y controlar al ejecutivo. Así se explica por qué algunos dictadores de nuestro tiempo, desde Putin, pasando por Erdoğan, hasta llegar a Maduro, orientan sus esfuerzos a destruir a los parlamentos y a la justicia, es decir, a la sustancia misma del estado democrático.

La utopía de las dictaduras ha sido y es la de crear gobiernos-estados: el poder librado a su más brutal expresión ejecutiva (y militar). Esa es la razón por la cual la tarea de los demócratas ha sido, es y será, la de defender al Estado. Pues sin Estado no puede haber política.

Defender al Estado y a sus instituciones es defender a la razón y al sentido de la política de sus enemigos. Sean ellos fascistas y comunistas como ayer, o putinistas, erdoganistas y maduristas como hoy. E incluso —si las cosas se dan en los EE.UU. de acuerdo a las palabras de Bennon— trumpistas.

La democracia de nuestro tiempo surgió, no hay que olvidarlo, de un pacto no firmado entre tres tendencias políticas de la modernidad: la democracia social, el liberalismo político (no confundirlo con el económico) y el conservativismo de inspiración cristiana. Sus representantes son hoy atacados y ridiculizados por los enemigos del Estado democrático. En cambio los líderes antiestablishment (antiestado) en su mayoría personajes incultos y brutales, son elevados como modelos frente a los políticos (“la élite” en el lenguaje neofascista) es decir, frente a los defensores del Estado y sus instituciones, caracterizados por ellos como complacientes, progres y buenistas.

Hoy como ayer asistimos a una rebelión antipolítica hecha en nombre de la política pero en contra de la política.

Hace ya muchos siglos la barbarie espartana logró destruir a la democracia, a la cultura y a las instituciones de los atenienses. Según Hannah Arendt, el ideal de la armonía que cultivaban los atenienses terminó por volverse en contra de Atenas. Hoy, sin embargo, los demócratas tenemos una segunda chance. Ha llegado la hora de pasar a la ofensiva, identificar a los enemigos de la democracia y combatirlos donde estén. Frente a ellos no se puede ser buenistas.

Se avecinan batallas políticas decisivas en Holanda, Francia y Alemania. De la suerte de las elecciones en esos tres países dependerá —creo que no exagero— el futuro de la democracia en Europa. Y tal vez en el mundo entero. Hay que salvar a la luz de Atenas frente a la oscuridad que avanza desde las Espartas del siglo XXl.

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Nunca más populismo. Argumentos a favor de la supresiónde un concepto inútil; por Fernando Mires

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