elecciones 2018

¿Otras elecciones fallidas? Columna Transversal de Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 11 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la jornada caótica del 1 de marzo 2015, en la cual serví de secretario de una Junta Receptora de Votos. La jornada comenzó a las 3 de la madrugada y terminó a las 7 de la mañana siguiente. 27 horas. En el día, durante la votación, todo iba bien. El caos comenzó cuando iniciamos el conteo. El Tribunal Supremo Electoral no había creado las mínimas condiciones para un conteo correcto, rápido y confiable. Las “mesas” electorales no tenían a mesas, nos hicieron trabajar sobre pupitres de niños, donde ni siquiera cabían los formularios por llenar. Las actas estaban compuestas por papel químico, con 12 copias, de las cuales más de la mitad salieron ilegibles. Ni siquiera había suficientes sillas. Los vigilantes de los partidos tuvieron que turnarse los asientos o sentarse en el piso.

EDH logLa mayoría de los miembros de las JRV no tenía la suficiente instrucción y los pocos que entendieron cómo contabilizar las marcas por cara y los votos cruzados perdieron horas explicándoles a los demás y enfrentando la desconfianza de los que nunca lo entendieron.

Todos nos acordamos de las consecuencias: No sólo el conteo se alargó hasta la mañana del lunes, sino luego, en el escrutinio final del TSE, cientos de actas resultaron incompletas o incongruentes, miles de votos mal asignados o no contabilizados. Pasamos semanas hasta que recibimos el resultado final y pocos salieron convencidos de que eran correctos.

Desde estas elecciones fracasadas han pasado dos años y medio, pero poco o nada han hecho la Asamblea y el Tribunal para evitar que el caos y el fracaso se repitan. Igual que la Asamblea anterior, la actual no cumplió su responsabilidad de legislar sobre la aplicación del voto cruzado. Las reglas las sigue definiendo el Tribunal Electoral –el mismo que mostró nula capacidad de organizar las últimas elecciones y el escrutinio final de manera transparente, rápida y confiable. En marzo 2015 hubo un consenso de que el magistrado presidente Julio Olivo tenía que ser sustituido: por incapacidad, arrogancia, y parcialidad. El señor continúa al mando del Tribunal y dando declaraciones incoherentes.

Ahora, luego de 29 meses perdidos, nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas que hicieron fracasar las elecciones del 2015 aún no están resueltos: hay falta de financiamiento, por culpa no sólo del gobierno sino también de la Asamblea que aprobó el presupuesto; faltando 6 meses y medio a las elecciones de marzo de 2018, nadie sabe qué tipo de tecnología se va a adquirir para optimizar el conteo en las mesas y luego transmitir y procesar los datos. Lo más probable es que el conteo otra vez se hará de forma manual.

Y se agregó un problema adicional: la Sala sentenció que los miembros de las 10 mil Juntas Receptoras ya no serán seleccionados y entrenados por los partidos, sino que tendrán que ser ciudadanos no afiliados. Nadie sabe de dónde van a salir y cómo los van a entrenar y motivar. Otra vez: la Asamblea tuvo suficiente tiempo para legislar al respecto, pero nuevamente dejó al Tribunal definir las reglas y los mecanismos.

Con la insuficiencia de presupuesto electoral es casi inevitable que las condiciones físicas en las mesas serán igual de insuficientes (para no decir infrahumanas).

La única manera de garantizar un conteo rápido y confiable sería dotar cada mesa con una computadora, adecuadamente programa, que generaría las actas, en vez de llenar a mano infinidad de formularios, luego apuntar los votos haciendo rayas en pizarras y sumarlas con calculadoras. Es poco probable que se dispondrá de las computadoras, de los programas y de gente entrenada para manejarlos. El TSE habla de la compra de escáneres, para digitalizar las actas y luego transmitirlas. Pero escáneres son tecnología del siglo pasado que no ayuda en nada a las juntas a contabilizar los votos y las marcas por cara.

La manera más adecuada de reclutar y entrenar a los decenas de miles de miembros de la Juntas Receptoras hubiera sido mediante convenios con las universidades, pero para esto a Asamblea hubiera tenido que emitir un decreto. Lo más probable es que no habrá suficientes voluntarios y que los sorteos entre ciudadanos resultarán en juntas receptoras que sin la motivación suficiente para este trabajo maratónico -y que muchos de ellos, otra vez, no tendrán la preparación idónea.

Si Gobierno y la Asamblea no garantizan, de manera inmediata, el presupuesto adecuado para las elecciones; si el TSE no adquiere la tecnología adecuada (que por cierto le fue ofrecida); y si no se diseña un mecanismo adecuado para reclutar y entrenar al ejército que necesitan las mesas, está programada otra elección caótica sin confiabilidad en los resultados. La primera vez puede haber sido por accidente e incapacidad, la segunda vez huele a diseño de fraude.

 

La observación electoral en 2018. De Luis Mario Rodríguez

La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta.

Luis Mario Rodríguez, 22 junio 2017 / EDH

Como en anteriores procesos, en 2018 la observación electoral será fundamental para cuidar la transparencia de los comicios. Se trata de una práctica que ha venido perfeccionándose en las últimas décadas. Su trabajo ya no se limita a verificar el cumplimiento de meros formalismos el día de la elección. Ahora las misiones se instalan con anticipación vigilando aspectos como las “campañas adelantadas”, el uso y la aplicación de la tecnología que se empleará para el conteo de votos, el procesamiento y la transmisión de resultados electorales y la supervisión del financiamiento que invierten los partidos en medios de comunicación. Con posterioridad revisa la efectividad de la justicia electoral.

Las misiones realizan un sondeo con diferentes actores. Exploran la percepción de la sociedad civil respecto del desempeño de la autoridad electoral, examinan los controles que esta última utilizará para evitar que los competidores tomen ventajas prohibidas por la ley y comprueban las estrategias de seguridad allá donde la violencia todavía es un factor que incide en la celebración de las elecciones.

Las misiones internacionales de observación no pueden intervenir en la organización de las elecciones. Tampoco les es permitido pronunciarse en favor de ningún instituto político y les está vedado opinar sobre las acciones del árbitro electoral. Sin embargo, su presencia obliga a las instituciones a cumplir con los requisitos mínimos de toda elección. Las autoridades y los partidos saben que les vigilan y que una vez concluida la votación, las misiones procederán a publicar su informe preliminar. La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta y, por tanto, avalar o, en su caso, reprobar la manera en la que se desarrolló el ciclo electoral antes, durante y después de los comicios.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) son las dos entidades oficiales que mayor experiencia presentan en la materia. Además del informe que entregan inmediatamente después de concluida la elección, en los meses siguientes, las delegaciones preparan un documento mucho más completo y riguroso que contiene una amplia descripción del proceso, recomendaciones y llamados de atención. Este ejercicio alimenta la agenda de quienes, desde las organizaciones ciudadanas, procuran mejorar los procesos electorales. También contribuye a que los partidos políticos y la entidad que administra las elecciones tomen nota y traten de implementar los cambios sugeridos para los siguientes comicios.

En sistemas como el salvadoreño, en los que se permite “cruzar el voto” y donde la tecnología electoral es indispensable para el cómputo tanto de los diputados que obtienen los partidos como de las preferencias de cada candidato para finalmente asignar los escaños, la observación electoral ha debido especializarse. En estos casos las misiones incluyen expertos informáticos que comprueben la fiabilidad de los equipos que se utilizarán. La desconfianza en este tipo de mecanismos, principalmente por parte de los partidos, exige el máximo cuidado para evitar especulaciones de fraude.

El trabajo de estos grupos es esencial en contextos donde la inseguridad puede influir en los resultados de la elección. En ámbitos donde peligra la integridad física de los observadores y de los mismos electores, las misiones están obligadas a garantizar la protección de sus miembros y además deben constatar que las autoridades locales están comprometidos a facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos.

Por otra parte, en las legislativas y municipales de 2018 la observación electoral local será estratégica. Durante las últimas tres elecciones diferentes agrupaciones ciudadanas han solicitado al Tribunal Supremo Electoral su acreditación como observadores. Lamentablemente se ha percibido que el ejercicio de este derecho está influido por intereses ideológicos cuando lo ideal es que todos los nacionales que participan bajo ese estatus cuiden la integridad de la elección y no los votos a favor de un partido u otro.

Otro actor irreemplazable es la Fiscalía Electoral. Su papel es evitar el cometimiento de delitos que pueden influenciar los resultados. Fortalecer a la FRG en este sentido será indispensable para 2018.

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.

A casi un año de las elecciones de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 9 febrero 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los diputados se les termina el tiempo para sugerir y aprobar, respectivamente, reformas a la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al Código Electoral (CE). En mayo de 2016 la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración. Las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. Esto significa que apenas son cuatro sesiones plenarias las que restan antes de iniciar la “veda electoral”.

diario hoyLa práctica internacional sugiere este tipo de restricciones para evitar cambios en la legislación que podrían representar obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda electoral. Por supuesto que esta limitación no aplicará si, durante los doce meses antes del evento, la Sala de lo Constitucional pronuncia una resolución cuyo mandato necesariamente deba incorporarse al ordenamiento jurídico.  Lo ideal es que los otros Órganos de Estado respeten, de manera voluntaria, el período en el que las condiciones de la competencia se mantendrán inalterables como garantía para quienes disputan el poder político.

Para controlar el financiamiento político es necesario cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó publicar la lista de donantes, los montos recibidos y, en general, el uso y destino que se hizo de los fondos públicos y privados recibidos. La LPP mantiene el texto de las disposiciones que exigen el consentimiento de quienes aportaron a las campañas para revelar su identidad. Igualmente se requiere la ampliación de las facultades del TSE para que auditen la información y no se limiten únicamente a obtener los estados financieros y a verificar el cumplimiento de formalidades contables. El control de los candidatos y precandidatos partidarios como sujetos obligados a dar cuenta del dinero que perciben durante las campañas es una recomendación adicional.

Por otra parte, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de elección en los partidos políticos, es indispensable regular, legislativamente, la facultad de la militancia de comprobar, con anticipación al día en el que se celebrará la elección interna de candidatos a cargos de elección popular o a puestos de dirección, que se encuentran inscritos en el padrón electoral del respectivo partido. También debe quedar claro que las formas de votar en un proceso de esta clase no admite los mecanismos de “mano alzada” ni el de “aclamación popular” y que el único método aceptado es el que promueve el voto libre, directo, igualitario y secreto.

Uno de los aspectos más importantes es el establecimiento de un marco normativo que faculte al TSE para adoptar las medidas que aseguren un conteo y procesamiento rápido, eficaz y seguro de los votos en las Juntas Receptoras. Los medios tecnológicos empleados en 2015 no permitieron la correcta  transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares y las inconsistencias en las actas complicaron el conteo de votos y marcas. En tal sentido, el debate sobre el tipo de escrutinios que regularía el Código Electoral es fundamental. Dado el retraso en la aprobación del presupuesto presentado por el TSE y debido al inexplicable rechazo por parte de la Asamblea legislativa y el Ministerio de Hacienda  del monto solicitado, debe tenerse una opción en caso la autoridad electoral no cuente con el dinero suficiente para contratar la tecnología requerida. Puede pensarse, como ya lo han expresado algunos magistrados del organismo electoral, en un conteo de votos enteros en la JRV, mientras que el escrutinio de los votos fraccionados y el de las marcas por los diferentes candidatos a diputados sea por cuenta del TSE, con el uso de un avanzado sistema informático. Esta alternativa requeriría de una adecuación legal en el CE.

Finalmente es obligatorio resolver la manera en la que se integrarán los Organismos Electorales Temporales, revisar el plazo que tendrá el TSE para realizar un sorteo en la circunscripción que corresponda para elegir a los miembros de las JRV si los partidos no envíen las respectivas listas, y las inhabilidades de aquellas personas que tengan una relación formal con los institutos políticos.

El tiempo corre, la incertidumbre crece y la exigencia de elecciones transparentes, equitativas y competidas se mantiene.

Las elecciones legislativas de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 29 septiembre 2016 / EDH

Quienes resulten electos como diputados en 2018 designarán a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República y a los magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros funcionarios de segundo grado. Seguramente darán seguimiento a los acuerdos que surjan, en lo que resta del 2016, para evitar, en el futuro, el incumplimiento del pago de la deuda pública, de los salarios de los empleados del Estado, de los fondos para las alcaldías, de las pensiones a los militares así como la escasez de bienes y servicios públicos.

diario hoyTendrán que controlar los actos del nuevo presidente de la República elegido en 2019. Los legisladores deberán actualizar el ordenamiento jurídico para que el combate contra la delincuencia, la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la erradicación de la corrupción dependan de instituciones sólidas y no de la buena intención de los funcionarios de turno y de la generosa ayuda de los cooperantes.

Los 84 representantes que se proclamen en las siguientes elecciones, dentro de año y medio, serán objeto de presiones insospechadas por parte de organizaciones ciudadanas para que revelen los gastos de campaña y la identidad de los financistas de los precandidatos en las internas y de los candidatos y partidos en los comicios
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Por esas y otras razones son transcendentales dos asuntos para el 2018. El primero es que los electores elijan bien. Con ese propósito deben exigir cuentas, desde ahora, a quienes apoyaron en 2015 para que alcanzaran un escaño en la Asamblea Legislativa. Una de las pocas pero quizás más relevantes ventajas del sistema de las listas abiertas y del “voto cruzado” es, precisamente, la posibilidad de individualizar a los diputados y demandarles un informe sobre el cumplimiento de sus promesas. Vigilar ahora su comportamiento en los temas de pensiones, del tratamiento que le den al problema de las finanzas públicas, de la seguridad pública y del combate a la malversación de los fondos estatales, es una buena idea para premiar, reeligiendo, o castigar, negándole su voto, a cada quien según lo que corresponda.

La segunda cuestión tiene relación con la legitimidad de los ganadores. Un proceso con los vicios administrativos que se presentaron en 2015 sería inaceptable y sembraría la duda en la fidelidad de los datos. Por tanto las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Órgano Legislativo que afectarán la elección de 2018 deben tomarse lo antes posible.

El aval de un presupuesto que cubra los requerimientos del árbitro electoral, aprobado en tiempo y sin recortes por parte del Ministerio de Hacienda, es la primera condición. Luego es necesario definir, en el corto plazo, la integración de los organismos electorales temporales. En este punto es recomendable que los partidos consulten a la Sala de lo Constitucional la posibilidad de nombrar militantes partidarios en las mesas inhabilitando para esa función a quienes se postulen como candidatos a diputados, alcaldes o concejales, a los que pertenezcan a los organismos de dirección de los partidos y a los que ejerzan cargos de elección popular.

También es indispensable capacitar y certificar a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con suficiente anticipación al evento electoral, para que no cometan errores en el conteo de votos y marcas y en el llenado de las actas. Respecto de estas atribuciones es ineludible el uso obligatorio de medios tecnológicos por parte del TSE para facilitar el trabajo de los miembros de las JRV y para realizar el procesamiento y la transmisión de resultados electorales preliminares y el escrutinio definitivo con la exactitud, veracidad y seguridad que sólo la tecnología puede garantizar. Por otra parte se requiere de una intensa campaña de educación cívica que incentive a los jóvenes a obtener su DUI, invite a los ciudadanos a actualizar su domicilio y promueva las distintas formas de votar.

Descuidar la organización eficiente y segura de las próximas elecciones, contar con una deficiente justicia electoral y retrasar aún más el control del dinero en la política, puede arriesgar la gobernabilidad democrática en un contexto donde la competencia electoral presenta diferencias muy estrechas entre el primer y el segundo lugar.