La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) fijó postura ayer acerca de la nueva propuesta gubernamental para llevar fondos para el área de seguridad y, tras señalar que contiene varios vicios de inconstitucionalidad, recomendó a la Asamblea Legislativa que no la apruebe.
FUSADES analizó jurídicamente la propuesta “Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia”, y tras ese estudio concluyó que no se trata de una contribución especial, como lo han sostenido funcionarios del Ejecutivo, sino de un nuevo impuesto para la ciudadanía.
El Ejecutivo ha propuesto obtener un 10 % sobre pago de servicios y uso de telecomunicaciones para financiar los programas de seguridad. FUSADES señala que esa iniciativa, y otras surgidas en septiembre pasado, “no se discutieron al interior del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), antes de presentarse a la Asamblea Legislativa, a pesar de que este cuenta con una Mesa Técnica de Articulación Financiera, que ha sido creada precisamente para analizar medidas de financiamiento del Plan El Salvador Seguro”.
El análisis planteado por el organismo echa mano del Código Tributario y jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para concluir que se trata de un impuesto, porque se está tratando de obtener fondos de una “manifestación de capacidad económica y no de una contraprestación del Estado”, aludiendo a la propuesta oficial que busca destinar al Estado el porcentaje de las facturas pagadas por uso de telefonía, pago por arrendamiento, o contrato de servicios televisivos por suscripción, entre otros.
“De ser una contribución especial, el hecho generador debería desprenderse necesariamente de beneficios derivados de la realización de una actividad especial del Estado (…) Ninguno de los hechos generadores establecidos en la propuesta del Ejecutivo provienen de beneficios por una actividad especial del Estado, sino del pago realizado a empresas privadas por servicios como la telefonía y la televisión (…) Por lo tanto, no estamos ante una contribución especial, sino ante un impuesto”, reseña FUSADES. T
al análisis lleva al organismo a concluir que no se está respetando el principio de capacidad económica, que ya ha sido ventilado en algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional; y de ahí a argumentar que la propuesta de financiamiento “adolece de vicios de inconstitucionalidad”.
Además, la fundación plantea: “Los sujetos obligados al pago de la denominada contribución especial, serán la mayor parte de la población salvadoreña, para financiar una actividad inherente al Estado, lo cual es propio de un impuesto”. Según la entidad, esto contraría la Constitución porque es el Estado el que está obligado a cumplir esas garantías a la ciudadanía; y no al revés.
La insistencia para la aprobación de un nuevo impuesto para financiar la seguridad empezó a hacerse más patente desde el pasado 10 de junio, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que aprobaba la emisión de títulos valores por $900 millones, que en parte serían usados para financiar programas para contrarrestar la violencia.
La admisión de la demanda ha congelado hasta la fecha la posibilidad de la emisión de títulos valores. Desde entonces han surgido -como la misma FUSADES recoge- al menos cuatro propuestas a nivel legislativo para establecer una contribución especial y poder financiar el programa El Salvador Seguro.
En su apartado de recomendaciones, FUSADES argumenta: “La ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, propuesta por el Gobierno, regula un impuesto y no una contribución especial. Además, tiene múltiples vicios de inconstitucionalidad, por lo que no debe aprobarse”.
Además, sugieren que toda medida que implique el financiamiento de programas de seguridad sea discutido primero en el CNSCC, en donde están aglutinados miembros de la sociedad civil -como iglesias- y de la empresa privada; además de los titulares de las instituciones vinculadas a la justicia y seguridad pública.
La posibilidad de impuestos ha recibido duras críticas durante las últimas semanas de parte de la oposición gubernamental y de gremiales empresariales.
Las compañías de telefonía de El Salvador han comenzado a anunciar a sus clientes, por medio de correo electrónico, que a cada factura de servicio le sumarán un cobro extra del 5 % a raíz del impuesto a las telecomunicaciones aprobado a finales de octubre pasado, para apoyar los planes de seguridad.
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