justicia

Licencia para embaucar. De Salvador Samayoa

Foro El Diario de Hoy, roces entre Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia y otros temas de interes a la ciudadania. participantes Fabio Castillo, Francisco Bertrand Galindo y Salvador Samayoa

Salvador Samayoa, 7 diciembre 2017 / EDH-Observadores

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió de todos los cargos a los “troles” que falsificaron y divulgaron en redes sociales páginas electrónicas falsas de importantes medios de comunicación del país. Si no se enmienda la plasta judicial en la instancia de apelación correspondiente, los ciudadanos, las entidades y la opinión pública quedarán desprotegidos ante cualquiera que tenga el dinero y los recursos técnicos para realizar este tipo de engaño masivo.

observadorPublicar noticias discutibles no es problema. Casi todas tienen elementos de información o enfoques con los que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Publicar noticias tendenciosas es un problema ético, en la frontera de la mentira o la desinformación. Publicar noticias o declaraciones falsas – las famosas “fake news”- sabiendo que son falsas o, peor aún, habiendo fabricado la falsificación, puede ser un asunto muy grave de carácter jurídico, político y social. Falsificar el “sitio web” de periódicos de gran circulación y viralizar las páginas clonadas es a todas luces un delito de considerable importancia en el ámbito nacional.

En este caso, además, con extraordinarios agravantes de cinismo y premeditación. Para muestra, circuló como parte de los archivos extraídos de discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos de los acusados un documento denominado “ejes comunicacionales” . Eran los ejes de una campaña para desprestigiar al adversario y favorecer la victoria del candidato Nayib Bukele en la elección municipal de la ciudad capital. En una parte dice textualmente: “El sitio será la copia exacta de uno de los periódicos digitales más reconocidos y de mayor consulta por la población. El mirror será promocionado por medio de Facebook… y de igual forma generaremos incertidumbre por medio de noticias falsas a favor de la campaña”.

De la sentencia absolutoria preocupa la argumentación tanto como la conclusión. A reserva de analizar más en detalle el razonamiento cuando el Tribunal emita el texto completo de su resolución, de antemano preocupan las razones que se han esgrimido para la absolución. Que no fuera acusado el personaje que a la luz de evidencias inobjetables pareciera ser el principal responsable de la trama y el jefe indiscutible de la agrupación, es algo que habrá que esclarecer pidiendo explicaciones al Fiscal, pero no vemos de qué manera esa deficiencia o abstención de la acusación pueda librar de responsabilidad a quienes de manera probada participaron en la planificación y realizaron el fraude comunicacional.

De igual manera, si se dice que los acusados no son responsables de falsedad material porque solo se probó que difundieron y no que elaboraron o decidieron las pautas de desinformación, este precedente abrirá la puerta al desenfreno de los estafadores políticos sin mayor consideración.

En el caso del delito de violación de distintivos comerciales, los jueces mostraron un apego literal que refleja exactamente lo que no hay que hacer en el ejercicio judicial. La parte sustantiva es la prohibición de utilizar de cualquier modo sin consentimiento del titular una marca, nombre o distintivo comercial. Es cierto que el código castiga expresamente al que lo haga con fines industriales o comerciales, pero es obvio que no está en esa particular finalidad el sentido único del tipo penal, porque si así fuera caeríamos en el absurdo de dejar impune al que viole distintivos con la finalidad de socavar la credibilidad, afectar económicamente o causar otro perjuicio a una empresa o a cualquier organización, siempre que no lo haga con algún fin comercial. En este enfoque absurdo de la ley, estos propósitos aviesos se considerarían como finalidades lícitas de la falsificación.

Si no se revierte la sentencia, que no nos extrañe que en tiempos de intensa confrontación política, se envenene aún más la convivencia social y se agudice la guerra sucia en las plataformas informáticas de la tecnología digital.
No hay que olvidar que en el engaño masivo orquestado por los troles, el propósito era favorecer la victoria electoral de su candidato a la alcaldía de la capital. En una concepción social de la “fe pública”, esta constituye un bien jurídico colectivo y su protección penal debe extenderse a aquellos hechos susceptibles de inducir a engaño a un número indeterminado de personas, en otras palabras al público en general.

Este caso debe servir a la comunidad jurídica para tomar conciencia de que el apego literal -leguleyo- al texto en casos que obviamente requieren criterios más amplios aleja el lenguaje jurídico de las expectativas ciudadanas, aísla al sistema judicial de las situaciones propias de cada época y, sobre todo, resta legitimidad social a todo el andamiaje de la justicia penal.

Este es un problema típico de letra y espíritu de la ley, sobre el que se han derramado ríos de tinta desde tiempos inmemoriales. Se sabe que es peligroso abusar de la interpretación cuando no es necesaria, pero de igual manera es peligroso renunciar a toda interpretación ante situaciones nuevas, que no existían antes como modalidades posibles de transgresión de la ley, o en casos en los que el sentido más razonable y lógico de la norma jurídica así lo demande.

No es correcto disociar la semántica del sentido práctico y el significado obvio de los textos jurídicos. Aquí aplica el trillado ejemplo de una ordenanza que obliga a cerrar la venta de bebidas alcohólicas a las 12 de la noche. Un leguleyo “vivo” puede recomendar a su cliente que cierre a las 12 y vuelva a abrir a las 12:05, porque la ley solo dicta que los establecimientos deben cerrar a esa hora y no dice expresamente que deben permanecer cerrados a partir de esa hora. Se entiende la “viveza” del tinterillo en este caso, pero es obvio que ese no es el sentido de la ordenanza. Que los defensores de intereses particulares actúen así es una cosa, que los jueces lo hagan es otra muy diferente. Y, por cierto, llama la atención que se haya programado el viernes 22 de diciembre para publicar la sentencia, justo el día en que queda desmovilizada por completo la opinión pública por la vacación de navidad.

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Carta a Daniel, el sospechoso de todo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 septiembre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Querido Daniel:
Vos ya entraste a la historia de la justicia salvadoreña como “el sospechoso de todo”, fiel representante de toda una generación de jóvenes que por vivir en zonas de conflictividad con pandillas, son sujeto del acoso permanente y persecución arbitraria de la policía y, lamentablemente, también de la Fiscalía.

Más allá de esto, vas a entrar en la historia de la justicia salvadoreña como el bicho que la policía de Altavista detuvo una vez, pero que resultó masvíctima de fraude procesal. Te metieron un paquete de droga que los mismos agentes estaban transando. Al descubrir esto la unidad de control de la PNC, te tuvieron que absolver de toda culpa y arrestar a los agentes tramposos. Pero para no reconocer su error, la PNC y la Fiscalía, lejos de liberarte, inmediatamente te trabaron otra acusación, esta vez por extorsión.

Ahora, meses después, resulta que esta acusación es igual de fabricada que la primera. Resulta que no sos vos el reincidente, sino que la Fiscalía. Nuevamente, la acusación que en estos día la Fiscalía llevó a audiencia de instrucción está llena de “errores” y contradicciones.

Hay una sola forma de explicar esto: se trata de la venganza de la Policía y la Fiscalía, que no te perdonan que en el primer caso los hiciste ver mal. Nunca te van a perdonar EDH logque gracias a tu defensa y el apoyo que te ganaste en los medios, se hicieron públicos el fraude procesal cometido por la PNC y la complicidad de los fiscales. Y para encubrir esto y salvar su cara, están obstinados en comprobar que vos sos delincuente, como si comprobando esto se legitimaría el fraude procesal cometido. Y para comprobar que sos delincuente, reinciden en las mismas tácticas fraudulentas del primer caso.

índiceY otra vez, la Fiscalía se ve muy mal. En la audiencia de instrucción, tu defensor comprobó que la Fiscalía no hizo lo que es su sagrado deber: recabar todas las pruebas, incluyendo las que pueden comprobar la inocencia del acusado. Solo la fiscalía puede (y debe) solicitar el seguimiento satelital al teléfono que te decomisaron, para comprobar si realmente estuviste en el lugar de la extorsión, como afirma (sin pruebas) la acusación. Esto se puede interpretar como negligencia, en el mejor de los casos, pero también como incumplimiento de deber o incluso fraude procesal por parte de la Fiscalía.

Te aseguro, Daniel, que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ojalá que temprano, porque ya llevas demasiado tiempo preso por delitos que te inventaron. Simplemente porque, como joven radicado en Altavista, sos el sospechoso de todo y de siempre.

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Daniel Alemán con dos de sus hermanas

La actuación de la Fiscalía ya no se deja explicar por falta de recursos y por exceso de trabajo. Hay un patrón detrás de los dos casos tuyos y de cientos de otros que no llegan a llamar la atención de los medios o de la Procuradora de Derechos Humanos. Este patrón hay que analizarlo y discutirlo de fondo, antes de que en 2018 la Asamblea decida quién será el futuro fiscal general que pueda convertir la Fiscalía General de la República en garante del Estado de Derecho, incluyendo los derechos de los jóvenes como vos.

Saludos,

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“Los siempre sospechosos de todo”

De Berlín a Antiguo Cuscatlán. De Federico Hernández Aguilar

Federico Hernández Aguilar, 29 junio 2017 / LPG

“Todavía hay jueces en Berlín”. Y parece que todavía los hay también en El Salvador, específicamente en Antiguo Cuscatlán. Cuenta la leyenda que hasta Federico II, rey de Prusia, se alegró de que un juez tuviera el atrevimiento de impedirle a él, el monarca, derribar un molino feo y avejentado, propiedad de un humilde campesino, que le estorbaba la vista desde su glamuroso palacio de Sans-souci, en Potsdam. El fallo, al beneficiar al molinero, obligó al soberano a reconocer la importancia de los poderes jurisdiccionales de Berlín, la entonces capital prusiana, como límites necesarios a su propio poder real. Federico “el Grande”, por supuesto, era un hombre sensato, con inclinaciones bastante democráticas para su época, cosa que a veces es difícil hallar en ciertos políticos salvadoreños, por jóvenes y modernos que parezcan.

El juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma Trejo, ha emitido una sentencia que el país entero debería aplaudir, porque sienta un precedente que urgía en el siempre tortuoso camino de la protección a los derechos fundamentales ciudadanos, en particular el de la libertad de expresión. De paso, con fallo tan bien razonado, el juez Palma ha puesto en su sitio a un funcionario que, a varios años-luz de Federico II, sí que exhibe ínfulas de absolutista europeo.

Por alguna razón que se me escapa, hay políticos que tienen ideas extrañas sobre el funcionamiento de la democracia. Piensan que la gente debe rendirles pleitesía y estarles agradecida por las cosas que hacen, como si su sola presencia en ese fugaz y movedizo mundillo de la política fuera una especie de “don divino”. No se dan cuenta de que el servicio público, lejos de ser un trono o un altar, o un escenario para coreografiar las columnas de humo del propio ego, es una oportunidad valiosa para trabajar por los demás mientras se apechuga con la carga del escudriñamiento ciudadano, aspecto en el cual la prensa juega un protagónico rol de intermediación.

El político que se ofende personalmente por la labor crítica de los periodistas, incluso cuando esta crítica es insistente o agresiva, en realidad está mostrando su escasa tolerancia hacia la democracia, entendida como el ejercicio de convivencia e interacción –a veces armonioso, a veces tenso, pero siempre problemático– entre los derechos de los ciudadanos y los deberes de los funcionarios. Por eso suele entrañar un peligro cuando los políticos caen en la tentación de mezclar su personal trayectoria –por muy buenas perspectivas que tenga– con las libertades de la gente, pretendiendo que la popularidad o el mero poder temporal se conviertan, a su favor, en fuente de “castigo” o “aprobación” para los demás, incluyendo en el mismo saco a adversarios ideológicos, críticos independientes o la prensa.

Desde Adolfo Hitler a Donald Trump, pasando por Joseph Stalin, Francisco Franco y Hugo Chávez, quien desde el servicio público pretende erigirse en “juez” que determina la bondad o la maldad objetivas del periodismo de un país, y además insta a los ciudadanos a seguirle en ese camino de intolerancia, ese, sin duda, es un político peligroso.

Contener y limitar a esta clase de personalidades es, por cierto, trabajo de una judicatura sagaz e independiente. Sin jueces que tengan las agallas y los argumentos para impedir los abusos de los poderosos de turno, la ciudadanía honrada estaría en manos de sátrapas y tiranos. A Dios gracias, nos quedan “jueces en Berlín”. Y así como aquel viejo molino puede verse todavía en Potsdam, junto al fastuoso palacio de Sans-souci, aquí en El Salvador aún tenemos, rechinando pero en pie, pilares de la democracia que todos debemos defender.

Las culpables. De Mariana Belloso

 A Saraí la conocí en un edificio de Washington, donde hacía la limpieza. La escuché decir la palabra “cumbo” y le pregunté si era salvadoreña. Me contestó que sí y poco a poco la plática llegó a cómo tenía tres años de vivir en Estados Unidos.

Mariana Belloso, 12 marzo 2017 / LPG-Septimo Sentido

Todos los dedos te señalan. La ladrona, la puta, la asesina, la maldita esa. Ves hacia todos lados y no entiendes lo que pasa. Hace un rato estabas en tu colonia, con tus vecinas y tus hijos.

Hubo una redada y ahora te tienen esposada frente a un montón de cámaras. Te acusan de cosas que ni siquiera entiendes y enumeran una serie de pruebas inverosímiles en tu contra. No sabes qué hacer, agachas la cabeza y lloras. Parece una pesadilla.

Esa pesadilla la pasan cientos de personas cada año en nuestro país. Hombres y mujeres que son capturados por parecerse o llamarse igual a alguien que ha sido acusado de algún delito, o que simplemente están en el lugar y la hora equivocadas. Pero hoy, a pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, quiero referirme a ellas, a las siempre culpables.

Como sociedad somos especialistas en señalar, acusar, juzgar y condenar con rapidez y facilidad. El debate de la presunción de inocencia se ha tardado mucho, muchísimo. Si eres joven y pobre es fácil que te acusen de cualquier cosa y que pases mucho tiempo preso antes de que se logre comprobar que no eras culpable de nada.

A Saraí la conocí en un edificio de Washington, donde hacía la limpieza. La escuché decir la palabra “cumbo” y le pregunté si era salvadoreña. Me contestó que sí y poco a poco la plática llegó a cómo tenía tres años de vivir en Estados Unidos, después de estar casi un año detenida en El Salvador, donde su patrona la acusó de ladrona y llamó a la policía.

El proceso no prosperó y la dejaron salir porque quien la acusaba no presentó nunca pruebas. Eso no la libró de estar detenida durante los seis meses que le dieron a la fiscalía para armar su caso y otros tantos meses más de puros trámites.

Nunca logró quitarse el mote de ladrona con su familia y vecinos ni con potenciales empleadores. Optó por migrar.

También están los casos en los que a las mujeres se les amenaza para participar en delitos. Chicas que van obligadas a cobrar extorsiones, madres a las que les encuentran en su casa drogas que no sabían que alguien había escondido, mujeres que deben introducir artículos prohibidos a los penales. Todas ellas caen fácilmente presas, leo los casos muy seguido debido a mi trabajo. Luego, uno se queda esperando que caiga quien las amenazó, quien las obligó… rara vez pasa.

Algunas logran salir libres, pero retomar su vida es otra historia. Ya las señalamos y categorizamos, llevan el delito en la frente y allí nos falla la memoria corta que nos caracteriza para otros temas. También están las mujeres que aún están presas por haber perdido a sus bebés, mientras la justicia debe decidir si fueron emergencias obstétricas o ellas mismas los mataron.

Lo más común es, sigue siendo, lo segundo, y a las largas condenas por este tipo de casos –de hasta 30– años, se le suma la correspondiente lapidación social.

Este marzo, mes de la mujer, les dedico estas líneas a quienes están presas injustamente, a quienes se asumió culpables antes de cualquier proceso, a quienes aún esperan justicia, a quienes no lograremos reponerles la vida ni la reputación perdidas. También se las dedico a usted que me lee, le invito a volver al primer párrafo y tratar de ponerse en ese lugar. Si le pasara a usted, ¿verdad que le gustaría que se cumpliera aquello de que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario?

¡Crucifíquenlo! De Max Mojica

Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

max mojica-xMax Mojica, 27 febrero 2017 / EDH

Hace algunos días, publiqué en mi página de Facebook y en mi cuenta de Twitter, un post en donde hacía una comparación entre una foto de la segunda guerra mundial, en donde soldados nazis conducían a mujeres judías en un tren de ganado hacia un campo de concentración, comparándola con una foto publicada en los medios locales, en donde la PNC transportaba imputados –incluyendo a una mujer locutora de radio imputada por narcotráfico– en un camión de los que usualmente se utilizan en El Salvador para ese mismo fin: transporte de ganado.

diario hoyPara mi sorpresa, mi post en vez de generar comentarios de solidaridad y simpatía, me acarreó una serie de criticas y justificaciones, las cuales iban desde el consabido “son criminales y se lo merecen”, hasta sutiles explicaciones como la de “la diferencia es que los judíos no habían cometido crímenes, ellos sí”, como si por el solo hecho de ser imputado un crimen a una persona, le naciera el derecho a los entes administrativos de aplicación de justicia o a la sociedad misma, de cebar sus venganzas, frustraciones, resentimientos y morbo sobre ellos, queriéndolos ver humillados, derrotados, exhibidos, condenados anticipadamente y en consecuencia, sometidos al más vil de los tratos.

Resulta importante dar un repaso por la historia, notaremos que muchas injusticias han ocurrido precisamente al amparo de las leyes promulgadas por los hombres. Empecemos por el caso judío. De acuerdo con las leyes del Tercer Reich, ser judío equivalía a ser delincuente, eran considerados “enemigos del Estado”. Así las cosas, los ciudadanos alemanes “cumplían con la ley” al entregarlos a la Gestapo para su deportación a los campos de concentración, para cerrar sus negocios o quemar y destruir toda obra de arte o literaria creada por ellos. Sería interesante hacer la pregunta a los que ahora justifican el inhumano trato que dan las autoridades a los reos salvadoreños, si en 1942 hubiesen asimismo justificado el trato que las autoridades alemanas brindaban a los judíos, por el hecho de que este estaba amparado por una “ley”.

En Estados Unidos, con base en las leyes de “segregación racial”, era “legal” no permitir la entrada a un afroamericano a un restaurante, a un baño público, al acceso a una escuela o a un hospital “para blancos” o a los asientos delanteros del transporte público, leyes que mantuvieron su vigencia hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Tratar como ciudadanos de segunda a mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos y otras minorías étnicas o sexuales, era “legal” en Estados Unidos para esas épocas, por lo que es necesario reflexionar si por el solo hecho que ese trato estaba amparado por una ley, esa ley era realmente justa y de conveniente aplicación.

Una de las exhibiciones públicas de reos más emblemática de la historia es la que experimentó el mismo Jesucristo, por lo que creo que sería bueno analizar un poco el proceso judicial al que se le sometió. Como recordarán, su juicio político se basó en una presunta desobediencia a las leyes del emperador, ya que era la única forma que tenía el Sanedrín para obtener una condena a muerte por parte de las autoridades romanas. Antes de su condena, fue presentado al pueblo encadenado, torturado y coronado de espinas. En esa ocasión, Poncio Pilatos pronunció las palabras “ecce homo”: “este es el hombre”, pretendiendo saciar con la vista del reo torturado y humillado, a una muchedumbre embriagada de sangre. Cuando les preguntó ¿qué hago con él? las masas, no saciadas con el dolor del preso, gritaron hasta el paroxismo: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Ante lo cual Pilatos, aún conociendo que era inocente, no tuvo empacho de firmar su sentencia de muerte para quedar bien con las histéricas masas. Es un caso documentado, donde la opinión pública incide en la decisión de un Juez.

Y es que muchas veces lo que es “legal”, no necesariamente es correcto o justo, y lo que en alguna época se consideró “normal” o “socialmente aceptado”, no necesariamente lo será posteriormente en una sociedad más civilizada y comprometida con el respeto a los derechos humanos. Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

No pretendo con este artículo promover que se suavicen condenas ni hacer una apología en favor del delito o de los criminales, pero yo, mientras pueda, alzaré mi voz para procurar que se le brinde un trato humano a estos salvadoreños que, por errores cometidos, lo han perdido todo. Mi voz estará ahí para recordar a la sociedad, que ellos siguen siendo personas y, por tanto, continúan teniendo derechos: la crueldad no rehabilita a nadie.

@MaxMojica

Sobreseimiento definitivo para Miguel. De Roberto Valencia

Roberto Valencia, 22 febrero 2017 / EL FARO

el faro“Siendo entonces que se tiene la certeza de que el joven acá presente, Miguel Ángel Deras Martínez, nunca participó en el delito que se le atribuyó en aquel momento, es procedente dictar un sobreseimiento definitivo”. Con estas palabras, la titular del Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador puso fin el miércoles 22 de febrero a los nueve meses de sufrimiento e incertidumbre vividos por este joven de Quezaltepeque, acusado en mayo pasado por Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de ser uno de los pandilleros que participó en la ‘Masacre de Opico’, ocurrida el 3 de marzo de 2016 y en la que fueron asesinados 11 obreros y agricultores.

El Faro destapó el caso en una crónica titulada ‘La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado’, publicada apenas una semana después de su detención; sin embargo, el Estado salvadoreño lo retuvo 59 días encarcelado en las bartolinas de la subdelegación policial de Las Arboledas, en el cantón Lourdes del municipio de Colón, La Libertad. Esos dos meses los pasó en condiciones de hacinamiento extremo, privado de visitas, y en calidad de civil en un espacio asignado a la pandilla 18-Revolucionarios.

Un detalle significativo es que cuando policías y soldados lo detuvieron el 17 de mayo en su casa con una orden fiscal, a Miguel le colocaron un revólver, hecho que incluso fue publicitado por la Fuerza Armada en su página de Twitter, y por el que no hay ningún procedimiento sancionatorio abierto.

Miguel recuperó la libertad el 15 de julio, pero el proceso en su contra continuaba. El sobreseimiento definitivo dictado ahora por la juez fue solicitado por la Fiscalía, que terminó aceptando su error, y supone la libertad sin ningún tipo de restricciones.

El atropello sufrido por Miguel no es el único de esta naturaleza. En los últimos meses, se han posicionado en la agenda pública distintos casos de procedimientos con vicios de irregularidad, como el de Daniel Alemán, detenido en la residencial Altavista; el de Wendy Morales, detenida en Morazán; o el de Alvin Carreño, un joven de la comunidad Las Palmas de la capital que ya ha pasado dos años entre rejas, y que aún se enfrenta a una condena porque Policía y Fiscalía lo etiquetaron como pandillero.

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.