justicia

Las culpables. De Mariana Belloso

 A Saraí la conocí en un edificio de Washington, donde hacía la limpieza. La escuché decir la palabra “cumbo” y le pregunté si era salvadoreña. Me contestó que sí y poco a poco la plática llegó a cómo tenía tres años de vivir en Estados Unidos.

Mariana Belloso, 12 marzo 2017 / LPG-Septimo Sentido

Todos los dedos te señalan. La ladrona, la puta, la asesina, la maldita esa. Ves hacia todos lados y no entiendes lo que pasa. Hace un rato estabas en tu colonia, con tus vecinas y tus hijos.

Hubo una redada y ahora te tienen esposada frente a un montón de cámaras. Te acusan de cosas que ni siquiera entiendes y enumeran una serie de pruebas inverosímiles en tu contra. No sabes qué hacer, agachas la cabeza y lloras. Parece una pesadilla.

Esa pesadilla la pasan cientos de personas cada año en nuestro país. Hombres y mujeres que son capturados por parecerse o llamarse igual a alguien que ha sido acusado de algún delito, o que simplemente están en el lugar y la hora equivocadas. Pero hoy, a pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, quiero referirme a ellas, a las siempre culpables.

Como sociedad somos especialistas en señalar, acusar, juzgar y condenar con rapidez y facilidad. El debate de la presunción de inocencia se ha tardado mucho, muchísimo. Si eres joven y pobre es fácil que te acusen de cualquier cosa y que pases mucho tiempo preso antes de que se logre comprobar que no eras culpable de nada.

A Saraí la conocí en un edificio de Washington, donde hacía la limpieza. La escuché decir la palabra “cumbo” y le pregunté si era salvadoreña. Me contestó que sí y poco a poco la plática llegó a cómo tenía tres años de vivir en Estados Unidos, después de estar casi un año detenida en El Salvador, donde su patrona la acusó de ladrona y llamó a la policía.

El proceso no prosperó y la dejaron salir porque quien la acusaba no presentó nunca pruebas. Eso no la libró de estar detenida durante los seis meses que le dieron a la fiscalía para armar su caso y otros tantos meses más de puros trámites.

Nunca logró quitarse el mote de ladrona con su familia y vecinos ni con potenciales empleadores. Optó por migrar.

También están los casos en los que a las mujeres se les amenaza para participar en delitos. Chicas que van obligadas a cobrar extorsiones, madres a las que les encuentran en su casa drogas que no sabían que alguien había escondido, mujeres que deben introducir artículos prohibidos a los penales. Todas ellas caen fácilmente presas, leo los casos muy seguido debido a mi trabajo. Luego, uno se queda esperando que caiga quien las amenazó, quien las obligó… rara vez pasa.

Algunas logran salir libres, pero retomar su vida es otra historia. Ya las señalamos y categorizamos, llevan el delito en la frente y allí nos falla la memoria corta que nos caracteriza para otros temas. También están las mujeres que aún están presas por haber perdido a sus bebés, mientras la justicia debe decidir si fueron emergencias obstétricas o ellas mismas los mataron.

Lo más común es, sigue siendo, lo segundo, y a las largas condenas por este tipo de casos –de hasta 30– años, se le suma la correspondiente lapidación social.

Este marzo, mes de la mujer, les dedico estas líneas a quienes están presas injustamente, a quienes se asumió culpables antes de cualquier proceso, a quienes aún esperan justicia, a quienes no lograremos reponerles la vida ni la reputación perdidas. También se las dedico a usted que me lee, le invito a volver al primer párrafo y tratar de ponerse en ese lugar. Si le pasara a usted, ¿verdad que le gustaría que se cumpliera aquello de que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario?

¡Crucifíquenlo! De Max Mojica

Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

max mojica-xMax Mojica, 27 febrero 2017 / EDH

Hace algunos días, publiqué en mi página de Facebook y en mi cuenta de Twitter, un post en donde hacía una comparación entre una foto de la segunda guerra mundial, en donde soldados nazis conducían a mujeres judías en un tren de ganado hacia un campo de concentración, comparándola con una foto publicada en los medios locales, en donde la PNC transportaba imputados –incluyendo a una mujer locutora de radio imputada por narcotráfico– en un camión de los que usualmente se utilizan en El Salvador para ese mismo fin: transporte de ganado.

diario hoyPara mi sorpresa, mi post en vez de generar comentarios de solidaridad y simpatía, me acarreó una serie de criticas y justificaciones, las cuales iban desde el consabido “son criminales y se lo merecen”, hasta sutiles explicaciones como la de “la diferencia es que los judíos no habían cometido crímenes, ellos sí”, como si por el solo hecho de ser imputado un crimen a una persona, le naciera el derecho a los entes administrativos de aplicación de justicia o a la sociedad misma, de cebar sus venganzas, frustraciones, resentimientos y morbo sobre ellos, queriéndolos ver humillados, derrotados, exhibidos, condenados anticipadamente y en consecuencia, sometidos al más vil de los tratos.

Resulta importante dar un repaso por la historia, notaremos que muchas injusticias han ocurrido precisamente al amparo de las leyes promulgadas por los hombres. Empecemos por el caso judío. De acuerdo con las leyes del Tercer Reich, ser judío equivalía a ser delincuente, eran considerados “enemigos del Estado”. Así las cosas, los ciudadanos alemanes “cumplían con la ley” al entregarlos a la Gestapo para su deportación a los campos de concentración, para cerrar sus negocios o quemar y destruir toda obra de arte o literaria creada por ellos. Sería interesante hacer la pregunta a los que ahora justifican el inhumano trato que dan las autoridades a los reos salvadoreños, si en 1942 hubiesen asimismo justificado el trato que las autoridades alemanas brindaban a los judíos, por el hecho de que este estaba amparado por una “ley”.

En Estados Unidos, con base en las leyes de “segregación racial”, era “legal” no permitir la entrada a un afroamericano a un restaurante, a un baño público, al acceso a una escuela o a un hospital “para blancos” o a los asientos delanteros del transporte público, leyes que mantuvieron su vigencia hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Tratar como ciudadanos de segunda a mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos y otras minorías étnicas o sexuales, era “legal” en Estados Unidos para esas épocas, por lo que es necesario reflexionar si por el solo hecho que ese trato estaba amparado por una ley, esa ley era realmente justa y de conveniente aplicación.

Una de las exhibiciones públicas de reos más emblemática de la historia es la que experimentó el mismo Jesucristo, por lo que creo que sería bueno analizar un poco el proceso judicial al que se le sometió. Como recordarán, su juicio político se basó en una presunta desobediencia a las leyes del emperador, ya que era la única forma que tenía el Sanedrín para obtener una condena a muerte por parte de las autoridades romanas. Antes de su condena, fue presentado al pueblo encadenado, torturado y coronado de espinas. En esa ocasión, Poncio Pilatos pronunció las palabras “ecce homo”: “este es el hombre”, pretendiendo saciar con la vista del reo torturado y humillado, a una muchedumbre embriagada de sangre. Cuando les preguntó ¿qué hago con él? las masas, no saciadas con el dolor del preso, gritaron hasta el paroxismo: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Ante lo cual Pilatos, aún conociendo que era inocente, no tuvo empacho de firmar su sentencia de muerte para quedar bien con las histéricas masas. Es un caso documentado, donde la opinión pública incide en la decisión de un Juez.

Y es que muchas veces lo que es “legal”, no necesariamente es correcto o justo, y lo que en alguna época se consideró “normal” o “socialmente aceptado”, no necesariamente lo será posteriormente en una sociedad más civilizada y comprometida con el respeto a los derechos humanos. Me resisto a pensar que una persona, por mucho que se le impute un delito o se le condene por un crimen, pierde la humanidad con la que está revestido. Yo me resisto a gritar junto a otros cuando ven a los reos: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo!

No pretendo con este artículo promover que se suavicen condenas ni hacer una apología en favor del delito o de los criminales, pero yo, mientras pueda, alzaré mi voz para procurar que se le brinde un trato humano a estos salvadoreños que, por errores cometidos, lo han perdido todo. Mi voz estará ahí para recordar a la sociedad, que ellos siguen siendo personas y, por tanto, continúan teniendo derechos: la crueldad no rehabilita a nadie.

@MaxMojica

Sobreseimiento definitivo para Miguel. De Roberto Valencia

Roberto Valencia, 22 febrero 2017 / EL FARO

el faro“Siendo entonces que se tiene la certeza de que el joven acá presente, Miguel Ángel Deras Martínez, nunca participó en el delito que se le atribuyó en aquel momento, es procedente dictar un sobreseimiento definitivo”. Con estas palabras, la titular del Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador puso fin el miércoles 22 de febrero a los nueve meses de sufrimiento e incertidumbre vividos por este joven de Quezaltepeque, acusado en mayo pasado por Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil de ser uno de los pandilleros que participó en la ‘Masacre de Opico’, ocurrida el 3 de marzo de 2016 y en la que fueron asesinados 11 obreros y agricultores.

El Faro destapó el caso en una crónica titulada ‘La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado’, publicada apenas una semana después de su detención; sin embargo, el Estado salvadoreño lo retuvo 59 días encarcelado en las bartolinas de la subdelegación policial de Las Arboledas, en el cantón Lourdes del municipio de Colón, La Libertad. Esos dos meses los pasó en condiciones de hacinamiento extremo, privado de visitas, y en calidad de civil en un espacio asignado a la pandilla 18-Revolucionarios.

Un detalle significativo es que cuando policías y soldados lo detuvieron el 17 de mayo en su casa con una orden fiscal, a Miguel le colocaron un revólver, hecho que incluso fue publicitado por la Fuerza Armada en su página de Twitter, y por el que no hay ningún procedimiento sancionatorio abierto.

Miguel recuperó la libertad el 15 de julio, pero el proceso en su contra continuaba. El sobreseimiento definitivo dictado ahora por la juez fue solicitado por la Fiscalía, que terminó aceptando su error, y supone la libertad sin ningún tipo de restricciones.

El atropello sufrido por Miguel no es el único de esta naturaleza. En los últimos meses, se han posicionado en la agenda pública distintos casos de procedimientos con vicios de irregularidad, como el de Daniel Alemán, detenido en la residencial Altavista; el de Wendy Morales, detenida en Morazán; o el de Alvin Carreño, un joven de la comunidad Las Palmas de la capital que ya ha pasado dos años entre rejas, y que aún se enfrenta a una condena porque Policía y Fiscalía lo etiquetaron como pandillero.

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.

Una cuestión de principios. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 21 noviembre 2016 / EDH

En el proceso de determinar si realizamos o no una acción, generalmente lo primero que pensamos es si dicho acto es permitido, obligatorio o prohibido. Es así que, aunque no lo advirtamos, el Derecho está presente en la mayoría de ámbitos de nuestra vida. Cuando las decisiones a tomar inciden en el manejo de una institución estatal o quien toma la decisión es un funcionario, el grado de análisis de si el acto es acorde a las leyes aumenta, ya que las consecuencias pueden ser más graves. Sin embargo, cada vez es más común ver a funcionarios justificando decisiones controversiales en que “la ley no lo prohíbe”, “la ley lo permite” e, incluso, “vamos a cambiar la ley para que eso sea (o no) ilegal”.

diario hoyLa razón de existir del Derecho es (o debería ser) alcanzar el ideal de justicia; también, en otras palabras, combatir la injusticia. Sobre qué significa “justicia” se han utilizado ríos de tinta intentando explicarlo o llegar a una definición más o menos concreta, pero tratando de simplificar y excluir elementos de definición, sin duda dentro de ese término no se incluye el irrespeto a un mínimo ético que debemos tener como sociedad o el daño a los derechos de los demás.

En los sistemas contemporáneos la fuente principal del derecho es la Constitución, la cual no solo es el cuerpo jurídico que pretende regular la organización del Estado, los poderes de sus órganos, las relaciones de estos entre sí y sus relaciones con los ciudadanos; también se trata del cuerpo normativo que intenta construir un consenso entre el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales con los cuales se llevan a cabo proyectos de vida de la sociedad. Lo anterior necesariamente permea en el resto de normas jurídicas que componen el sistema; así, las normas jurídicas más relevantes en su mayoría coinciden con las normas éticas básicas. Por ejemplo, la prohibición de matar a un semejante corresponde al principio fundamental de respetar la vida y dignidad del otro.

Sin embargo, el hecho de que una cuestión que afecte ese mínimo ético o los derechos de los demás no se encuentre expresamente establecida como prohibición o delito, con una consecuente sanción, no significa que debamos aceptar como válida esa conducta. Y si bien no es posible atribuir una sanción a esa actuación reprochable ni condenarlos a la hoguera, lo que sí podemos hacer es impedir que estas personas pretendan engañarnos y rasgarse las vestiduras sobre su pureza y honestidad.

En el año 2011 tuvimos un caso que puede clarificar las anteriores ideas. Ese año El Salvador tuvo conocimiento sobre arreglos realizados por jugadores de fútbol para los partidos en las eliminatorias mundialistas; recibieron dinero para perder juegos y así beneficiar a rivales o, algunos dicen, a las apuestas. Cuando se desató el escándalo, los amaños eran solamente una conducta éticamente reprochable pero sin ninguna sanción penal; fue hasta marzo del presente año que se aprobó por la Asamblea Legislativa el delito de “fraude deportivo”.

A veces la evolución de las sociedades y la actualización del Derecho no caminan a igual ritmo, o el derecho no alcanza a cubrir todos los supuestos que sí podemos analizar desde una perspectiva ética. Como sociedad no podemos permitir normalizar las conductas anti éticas, mucho menos cuando quienes lo realizan son funcionarios al servicio del Estado. En El Salvador pareciera que ya nos acostumbramos a que los funcionarios sean investigados o procesados judicialmente y que sigan “frescos” en los puestos, como si nada. También, ya normalizamos que funcionarios descaradamente digan que sí han hecho acciones cuestionables pero que no critiquemos porque no son delito.

Al final, un incentivo para hacer o dejar de hacer algo debe ser si esto es acorde a nuestro conjunto de valores o principios, no si dicha acción está reconocida como delito o si trae aparejada una sanción; la honestidad de un individuo (sobre todo de un funcionario) sí cuenta y es parámetro válido para permitirle optar a un cargo público. El modelo de sociedad que queremos también lo construimos sobre el tipo de funcionarios que permitimos que tomen decisiones trascendentales; con base en ello resulta imposible dejar pasar o normalizar las conductas antiéticas que se les atribuyen. Pensando en el libro de Ronald Dworkin, es una cuestión de principios.

Carta al gabinete de Seguridad: Venganza y justicia son incompatibles. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 19 noviembre 2016 / EDH

Estimados señores funcionarios:
Sigue corriendo la sangre. 43 policías y 21 soldados han muerto este año en el enfrentamiento entre la fuerza pública y las pandillas. De los policías, militares y pandilleros muertos, unos han caído en situaciones de enfrentamiento y muchos (de ambos bandos) han sido ejecutados. Desde la implementación de las ‘medidas extraordinarias’ se ha activado una cadena de venganza que, al no pararse, va a erosionar el Estado de Derecho.

diario hoyLa policía y el ejército no solo tienen el derecho, tienen el deber de responder a cualquier ataque a sus miembros. Pero las autoridades tienen que responder dentro de la ley y el absoluto respeto a los Derechos Humanos. La respuesta al crimen tiene que ser la consecuente aplicación de la justicia, nunca la venganza al margen de la ley y nunca la represión indiscriminada.

En este sentido, la reacción de las autoridades al reciente asesinato de un subinspector de la PNC y su hijo en Quezaltepeque fue peligrosa. Sin haber tenido tiempo de investigar el hecho, ustedes ordenaron el mismo día el traslado de 30 pandilleros que guardaban prisión en los penales de Ciudad Barrios e Izalco al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esto podría ser una medida adecuada dentro de las facultades legales, si fuera resultado de una investigación que arroja pruebas. Pero obviamente no es así. El fiscal general simplemente declaró, el mismo día del hecho, que la orden provino de estos dos penales “a voz viva”. Esto es risible: si hubiera pruebas de que internos trasladaron órdenes de atentar contra policías a gritos de una sección del penal a otra, las autoridades hubieran tenido que tomar medidas preventivas. Es obvio que FGR y PNC simplemente decidieron tomar medidas de represalia ejemplarizantes contra la pandilla que ellos asumen cometió el ataque al subinspector y su familia.

Lo más grave es que inmediatamente las más altas autoridades dieron declaraciones públicas resaltando el carácter vengativo de las medidas. El vicepresidente Óscar Ortiz, quien por lo menos nominalmente coordina el área de Seguridad, dijo que los 30 trasladados, acusados de haber ordenado el ataque, “no tienen derecho a ver el sol ni la sombra”. El ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, no se quedó atrás: “A partir de este día quedan sometidos al aislamiento total y no tendrán derecho a la hora de sol”. Y Rodil Hernández, director general de Centros Penales, dijo que los acusados “no merecen ningún tipo de atención del sistema.” 

Se entiende que estas son palabras fuertes para mostrar a los miembros de la policía que sus jefes los están defendiendo, pero evidentemente salen del marco de la ley. No apuntan a la aplicación de la ley, sino a medidas ejemplarizantes fuera de la ley. La situación en los seis penales para pandilleros ya ha sido clasificada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional y el régimen especial establecido por el Gobierno ha sido denunciado por la Procuradora de Defensa de los Derecho Humanos como parecido a “centros de torturas de épocas pasadas; se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado.” 

La PDDH denunció que con sus ‘medidas especiales’ el Gobierno decidió negar a los internos la atención médica incluso en casos graves y el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud ya está activando un plan de emergencia, porque entre la población interna en los seis penales afectados por el régimen especial los casos de tuberculosis se ha aumentado en un 100% a partir de la vigencia de las ‘medidas extraordinarias’ de aislamiento, debido al encierro total, la falta de aire fresco y exposición al sol. Esto constituye una epidemia que puede poner en peligro la salud de la población en general.

En este contexto, las declaraciones de Ortiz, Landaverde y Rodil Hernández son irresponsables y atentan contra el Estado de Derecho que pretenden proteger.

El fiscal general no se queda atrás y amenaza, de manera peligrosamente generalizada, con persecución criminal y cárcel a los abogados que asumen la asistencia legal de pandilleros. Las máximas autoridades del Estado no pueden incurrir en este tipo de amenazas. Su respuesta a los crímenes cometidos contra policías tiene que ser mejor inteligencia, mejor investigación y no represalias sumarias y medidas vengativas fuera de la ley.

Si la respuesta del Estado consiste en incrementar la presión extralegal contra los internos y sus abogados, en estrategias diseñadas a causar más bajas fatales a las pandillas, incluyendo ejecuciones, entramos en una espiral de venganza destructiva para nuestro orden jurídico. Inmediatamente después de las amenazas por parte del vicepresidente, del fiscal y de los responsables de Seguridad, apareció en las redes sociales un comunicado de un autollamado “Grupo de Exterminio de El Salvador (GDEDES)”, anunciando que “dará orden de asesinar a pandilleros y sus familiares. Si quieren guerra, guerra van a tener”. 

Y entonces, ¿quién va a parar esta guerra de todos contra todos?

Muchos de ustedes van a interpretar mis palabras como defensa de los pandilleros, pero se trata de defender el Estado de Derecho contra los criminales, pero también contra los que pretenden defenderlo con más crímenes.

Ustedes tienen la responsabilidad legal y moral de reducir la violencia y tomar medidas para parar la espiral de venganza. Como funcionarios, no pueden ser parte de ella. De igual forma, hay que hacer un llamado a las pandillas a cumplir lo que han prometido reiteradamente a la nación: abstenerse de cualquier acción que aumente la violencia. Si no, no tendrán a nadie que defienda los derechos humanos de su gente en los penales y de sus familias en las comunidades.

Escribo estas palabras con mucha preocupación,

 

44298-firma-paoloPosdata:
Cuando fue escrita esta carta, todavia el gabinete de Seguridad, encabezado por el vicepresidente Oscar Ortiz no había presentado su nuevo plan para reaccionar a los recientes asesinatos de policías. Por tanto no tenía idea que este plan se iba a llamar ‘Plan Némesis’. Némesis fue la diosa griega de le venganza
Némesis tambien fue la diosa de la ‘justicia retributiva’, o sea luchaba contra las fortunas mal habidas de los gobernantes. Pero si el gabinete de Seguridad  hubiera  enfocado en esta última atribucion de la diosa Némesis, hubieron llamado ‘Plan Némesis’ el operativo contra los ex-presidentes Funes ys Saca…
P.L.

Destapando la olla. De Roberto Rubio

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo.

roberto rubioRoberto Rubio, 7 noviembre 2016 / LPG

Experimentamos retrocesos y avances en nuestra realidad. El pesimismo que predomina el alma nacional indica que hay aspectos esenciales de ella en franco deterioro: en materia económica y sobre todo fiscal, en oportunidades para la vida, en madurez política, en inseguridad ciudadana, en valores, etcétera. Dos casos que simbolizan ese proceso de deterioro son el aeropuerto de Comalapa y el fútbol nacional: después de ser de los mejores en Centroamérica, ahora se encuentran entre los peores.

la prensa graficaSin embargo, hay significativos avances en otros campos. Uno a destacar es el de la lucha contra la opacidad y la corrupción. Ahora no solo se sabe más de los corruptos, sino que personas que se consideraban intocables han sido capturadas, y las hemos visto pasar afligidas por la cárcel y los juzgados (y a uno de ellos pasar por la frontera huyendo a hacer “consultorías”): expresidentes, alcaldes, exdiputados, ex altos funcionarios, un millonario empresario con altos conectes políticos, un exfiscal de la República, un importante militar del Batallón Presidencial. No es poca cosa. Aunque todavía no ha habido juicio y veredicto sobre ellos (esto dependerá sobre todo de las evidencias y honestidad de los jueces), es algo que jamás nos imaginamos podría ocurrir.

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo. Quizá por esos avances un alcalde anda nervioso, como bien dice el fiscal. Quizá por eso un alto dirigente político que sale vinculado en los medios de comunicación con el tráfico ilegal y el lavado de dinero a nivel internacional se le confecciona un traje viceministerial a la medida para blindarlo nacionalmente con fuero (ahora somos un exótico país en el mundo donde un viceministerio lo compone una sola persona).

Por otro lado, gracias al “pedazo de institucionalidad” que sí funciona, a la acción ciudadana y al interés de varios medios de comunicación hay menos opacidad, e informaciones que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. La acción ciudadana, junto con la intervención de la Sala de lo Constitucional (SC), fueron fundamentales para conocer parte de los abusivos y discrecionales manejos de fondos públicos y contrataciones de asesores en la Asamblea Legislativa. Gracias al periodismo investigativo conocemos cómo políticos y altos funcionarios negocian con las pandillas, ofreciendo dinero y otras prebendas a cambio de votos.

Algunas informaciones claves que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. En efecto, debido a la acción de la SC y a la acción ciudadana, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos dejaron de ser secreto de Estado; y las auditorías de estas permitieron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia iniciar juicios civiles contra altos funcionarios y expresidentes. Ahora, gracias a las recientes capturas del expresidente Saca y sus cercanos colaboradores, conocemos más del uso discrecional de la mal llamada Partida Secreta de Casa Presidencial. Con tal precedente, no está lejos el día que esta partida presidencial de gastos reservados tenga que ser regulada y disponga de su sistema particular de rendición de cuentas.

La olla se está destapando, y nos debe llenar de optimismo que algo positivo está ocurriendo en este país. Pero también debe preocuparnos, pues los avances suelen. producir reacciones negativas de quienes se oponen a ellos: acusaciones y ataques a todos los que luchan contra la corrupción e impunidad; constantes y furibundas agresiones del FMLN hacia el trabajo de la SC; críticas viscerales contra el periodismo investigativo; críticas veladas, presiones y amenazas hacia la Fiscalía, etcétera.

Los ciudadanos debemos dar nuestro decidido apoyo al trabajo de la Sala de lo Constitucional, así como al accionar valiente y honesto del fiscal y sus colaboradores. No es posible que sea solo la cooperación internacional la que brinde su apoyo y solidaridad hacia la Fiscalía, y no seamos capaces de movilizar internamente ese apoyo. Si no hacemos nada por defender lo conquistado, en 2018, para la elección de nuevos magistrados de la Sala y para fiscal general, sin duda tendremos importantes retrocesos.