justicia

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente. De Paolo Luers

23 mayo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado don Fabio:

Me han gustado mucho las dos entrevistas que acaba de dar, en El Diario de Hoy a Ricardo Avelar y en TCS a Federico Zeledón. No importa que uno no esté de acuerdo con algunas de sus posiciones, lo agradable es que alguien tenga posiciones claras, que las exprese libremente y que no las adapte a lo que actualmente es considerado políticamente correcto.

Entre las figuras políticas e intelectuales del país usted es de los muy escasos que piensan y hablan contra corriente. Se agradece, porque los oportunistas nos sobran en este tiempo del reseteo del poder y de los reposicionamientos políticos frente a las nuevas correlaciones de poder.

¿Quién más tiene la independencia y el valor para decir que sí se necesita una amnistía para los miles de personas que en el contexto de la guerra violaron leyes y cometieron delitos?

Nadie (de las personas fuera de cualquier sospecha de buscar un beneficio propio) se atreve a argumentar que nadie, ni las víctimas y sus familiares, ganará nada con tal que los responsables de crímenes de guerra pasen su vida en la cárcel.

Que bueno que un personaje de la credibilidad de usted se sienta con la solvencia de decir un par de verdades, aunque contradigan las leyendas históricas que se han construido en al país:

…que no es cierto que la impunidad para los protagonistas de la guerra sea responsable del auge actual de la violencia;

…que la Comisión de Verdad presentó al país un informe valioso para enfrentar nuestra historia, pero que no lo confundamos con la Biblia ni tampoco con la sentencia inapelable de un tribunal, resultado de un procedimiento formal de acusación y defensa validando o deslegitimando pruebas y testigos;

…que el país tal vez necesita una Comisión Independiente para investigar la corrupción, pero que no hay ni necesidad ni justificación para que esta tarea sea delegada a instancias o expertos internacionales;

…que por supuesto los delitos, todos los delitos sin excepción, tienen que prescribir en algún momento y que por tanto es incompatible con la seguridad jurídica querer decretar que ciertos delitos, por ejemplo de corrupción o de ‘lesa humanidad’ nunca prescriban;

…que aquí la categoría de ‘crímenes de lesa humanidad’ se usa con irresponsabilidad en todo este debate sobre amnistía y prescripción.

Con estos comentarios, usted mató a varias vacas sagradas. Pero alguien lo tiene que hacer si queremos abrir un debate racional sobre temas tan delicados como corrupción, impunidad, amnistías y reconciliación. Las vacas sagradas, los mitos, las leyendas y los dogmas de corrección política son obstáculos para el debate, y por tanto para la construcción de consensos.

Qué bueno que ahora estos obstáculos están siendo desafiados por alguien como usted, a quien nadie puede acusar de malas intenciones contra el Frente o contra el presidente electo. Espero que salgan otras mentes independientes y críticas al encuentro de los debates necesarios sobre impunidad, justicia, verdad y reconciliación. No importa que estemos todos de acuerdo, de la variedad de posiciones honestas vamos a construir consensos.

Saludos,

LAS COLUMNAS DE PAOLO LUERS SOGRE EL TEMA AMNISTIA:

Carta a “los cuatro magníficos” (septiembre 2013)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Columna transversal: Víctimas y víctimas, en El Salvador y Colombia (octubre 2016)
https://www.elsalvador.com/…/victimas-y-victim…/205813/2016/

Cállese, señor presidente (julio 2016)
https://www.elsalvador.com/…/callese-senor-pre…/194050/2016/

Carta a los sabios: Tomen la reconciliación en sus manos (11 de marzo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar (22 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-la-asambl…/604527/2019/

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente (23 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-fabio-cas…/605316/2019/

Imperdonables. De Cristian Villalta

CRISTIAN VILLALTA,
director de El Gráfico

17 marzo 2019 / LA PRENSA GRAFICA

¿Cuántos de los 16,403 ciudadanos que votaron hace un año por el diputado Rodolfo Parker esperaban de él una iniciativa de ley para perdonar los delitos cometidos durante la guerra?

Uno cree que si votaron por Parker marcando su rostro, la mayoría de esas 16 mil personas lo conocen, al menos lo suficiente para saber que durante el conflicto fue asesor jurídico de los altos mandos militares, y acusado de encubrimiento por la Comisión de la Verdad en el caso de los jesuitas.

Entendiendo que la mayoría de los salvadoreños es gente sensata, cuesta creer que con esos atestados los votantes de Parker esperaran su proactividad en un asunto en el que su criterio está comprometido. Quizá los más de esos pedecistas se preguntan hoy si la presencia de Parker en la comisión que estudia qué hacer con los pedazos de la ley de amnistía no es cuando menos inconveniente.

Si uno lo escucha en sus cada vez más frecuentes apariciones en los medios de comunicación, el parlamentario tiene un discurso prolijo, bien articulado, con una retórica de hierro. Por eso, es fácil entender su propósito: básicamente sostiene que nadie debe responder penalmente por los delitos que haya cometido durante la guerra.

Matices más, matices menos, al menos otros tres miembros de la comisión apoyan esa idea: un coronel, un general y una ex comandante guerrillera.

Aunque 30 años después el propósito de quienes hicieron la guerra sea el de cerrar decentemente ese episodio decisivo de la vida nacional, hay dos debilidades en su razonamiento. Número uno, por más palabras bonitas que le pongan, invocar a la seguridad jurídica para relativizar el derecho de justicia de las víctimas es simple y llana impunidad; número dos, la participación en estas comisiones de personajes que tuvieron carácter ejecutivo en los bandos en conflicto es una grosería.

Si como sociedad hemos aportado nuestra parte, entendiendo que ninguna de las víctimas tendrá derecho sino a soluciones eventualmente compensatorias, lo menos que esperamos de los representantes de las fuerzas victimarias es que no interfieran, y mucho menos que sean ellas las que confeccionen una nueva solución. Los ciudadanos no necesitamos que firmen otro armisticio; aquellas condiciones extraordinarias en las que unos y otros se perdonaron sus crímenes ya no son tales. El presente demanda memoria histórica e inédita generosidad del Estado. Mientras eso no ocurra, el futuro seguirá secuestrado por el pasado.

La situación plantea un desafío extra que no debemos soslayar. ¿Cómo se explica que el ejercicio electoral de millones de salvadoreños en aras de la democracia representativa termine con cuatro personas de criterio minoritario tomando decisiones por toda la nación, y en un tema así de controversial?

Estas cosas nos pasan porque la administración del poder sigue teniendo más de cálculo político que de ética pública. Reconocemos ese desequilibrio en el alma de nuestra nación a primera vista, y con abonos al más alto nivel. ¿O acaso al leer que la CSJ decide ella misma quitarse los dientes, y morder, si acaso, solo a los dos gobiernos del FMLN, no nos sentimos un poco huérfanos de campeones?

Es a partir de la acumulación de estos resultados, de estos portazos en la cara cortesía de las instituciones, que el ciudadano triste y peligrosamente cree cada vez menos en la democracia.

Si finalmente renunciamos a la fidelidad de quienes deben representarnos, solo nos esperaran imperdonables la apatía y la furia.

Carta a Raúl Mijango: Condenado por mediador. De Paolo Luers

13 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Querido amigo:
Te condenaron a 13 años. Tu pecado: ser mediador. A petición de una empresa extorsionada actuaste de mediador con las pandillas. Quedó establecido en el juicio que lograste que bajara la extorsión de 15 a 6 mil dólares al mes. Lograste que ningún repartidor, motorista o vehículo de la empresa sufriera daños. Pero luego la empresa fue adquirida por el consorcio Alba del FMLN – y los nuevos dueños te denunciaron.

La jueza dio por válidas todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo lo dicho por varios testigos que solo contaron lo que otros les contaron. El nuevo apoderado de la empresa, que solo contó lo que los anteriores gerentes le contaron. Dos oficiales de la PNC que relataron lo que los antiguos gerentes supuestamente les contaron en 2014, aunque nunca firmaron ninguna declaración. Los mencionados gerentes, que te habían pedido que intercedieras con los pandilleros, no testificaron porque salieron del país y la Fiscalía nunca los contactó. Los dos oficiales policiales nunca hicieron ninguna investigación, solo hicieron sus informes. Estos informes tampoco fueron presentados por la Fiscalía, mucho menos las declaraciones no firmadas por los gerentes.

Pero la jueza admitió todos estos testimonios como válidas. Igual que el cuento del testigo criteriado, quien fue uno de los cabecillas que participó en la extorsión – y no fue acusado, ni en este caso, ni de los varios asesinatos por los cuales fue detenido.

La sentencia que la jueza especializada Tatiana María Morales Artiga dio este viernes obviamente no resistirá la revisión por parte de la cámara. Uno no tiene que ser abogado para darse cuenta que la Fiscalía no tuvo un caso sólido contra Mijango. Es un asunto de sentido común que alguien quien actúa a petición de la víctima; quien logra que el monto de la extorsión se reducía y se eliminara cualquier daño a los empleados de la empresa extorsionada; quien además no recibe ningún beneficio material, no es extorsionista, sino mediador.

El problema es que el Fiscal General se ha propuesto de criminalizar cualquier tipo de mediación que intervenga en el problema de la violencia y las pandillas. Por esto tienen que convertirte en delincuente, para que a nadie se le ocurra meterse donde según la fiscalía solo debe actuar ella y la policía.

A vos, Raúl, te persiguen, porque no aceptás que el problema de la violencia solo se puede combatir con balas y cárcel. Nuestra justicia, si es independiente, no debe criminalizar los intentos genuinos y desinteresados de personas como Mijango de usar el diálogo para reducir la violencia. Yo sigo teniendo confianza que nuestro sistema judicial funciona y al fin te va a absolver de esta acusación absurda. 

Fuerza, amigo. Saludos,

Carta a los que aplauden a las redadas masivas: Los están engañando. De Paolo Luers

11 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados lectores:
A la mayoría de ustedes no les va a gustar esta carta. Pero alguien tiene que decírselo: Si piensan que la cantidad industrial de capturas que produce y publicita la fiscalía y la PNC es un indicador de que tendremos más seguridad, se dejaron engañar.

La Fiscalía dio a conocer que emitió 1128 ordenes de captura contra personas acusadas de ser miembros de la MS13 o de la pandilla 18. El resultado: 607 detenciones. No es el resumen de un mes, es el resumen de una sola semana, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre 2018, suma de tres mega redadas: las operaciones “Arpón del Pacífico”, “Libertad” y “Tsunami”, que ustedes han visto en los noticieros.

¿De estos cientos de detenidos que la PNC ha desfilado para que los medios les tomen fotos, cuántos realmente son criminales?¿Cuántos terminarían condenados? Si aplicamos la triste estadística de nuestro sistema policial y judicial, tal vez un 10%.

¿Y los demás? Entraron ahora en la estadística de “éxitos” de FGR y PNC. Pero son lo contrario: parte de la triste estadística de miles de personas que pasan meses en detención provisional, llenado y saturando las bartolinas y los penales, y contra quienes al final no existen pruebas.

Les presento a 2 casos entre los 607 detenidos en esta semana de mega redadas. Casos que seguramente llamaron su atención en los noticieros o periódicos. Según todo lo que hasta ahora se sabe de estos casos, tengo serias dudas que sean culpables de los graves delitos que se los imputan.

Uno es el ex alcalde del puerto La Libertad, Carlos Molina. La familia Molina sufrió en el 2005 dos asesinatos: primero (en enero) de Eduardo, hermano de Carlos; y en junio del mismo año de su padre Mario Molina, candidato a alcalde. Carlos Molina retomó la candidatura de su padre y se convirtió en alcalde. Hoy la FGR lo acusa de haber pagado 3 mil dólares a pandilleros de la 18 para matar a una mujer.

La fiscalia no habla de presuntos pandilleros, sino presenta a los recién detenidos de una sola vez como “terroristas”.

La acusación está basada en 2 “testigos criteriados”: 2 pandilleros que cayeron presos y prefirieron convertirse en testigos de la fiscalía para evadir condenas. Lo absurdo es que cada uno de estos “testigos” aporta una razón diferente por la cual la mujer en cuestión fue asesinada. Uno cuenta que fue asesinada por la pandilla, porque puso el dedo a un cabecilla. El otro cuenta que murió porque vendió drogas en el territorio de otra pandilla. Pero ambos agregan que Carlos Molina entregó 3 mil dólares para que la mataran. ¿Qué lógica puede tener esto? Ninguna. Y lo más probable es que el juez llegará a la misma conclusión.

El otro caso es de un abogado llamado Norman Hugo Claros, detenido en el marco de la operación “Libertad”. Es acusado de asociación ilícita, porque según la FGR colaboró con la MS averiguando e informándoles la identidad de testigos protegidos. Lo que hizo el abogado es totalmente legal y parte del oficio de un abogado defensor. Recibió una llamada de alguien, cuyo teléfono fue intervenido por la FGR. Una persona le encargó el servicio de ir a la fiscalía y al juzgado para averiguar qué tipo de cargos existen contra él. Es lo primero que hace cualquier imputado, y su derecho. El abogado hizo las diligencias y, nuevamente por teléfono, concertó una cita con su cliente. La PNC monitoreó la cita y “detecta” que, luego de entregar la información requerida, el abogado recibió el honorario pactado por este servicio. Es el pan de todos los días de muchos abogados: ver el requerimiento fiscal y explicar al acusado cuales son los cargos y en qué pruebas se basan. El hecho que la FGR interpreta esto como “asociación ilícita”, constituye un ataque frontal al ejercicio de la defensa.

¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad de analizar los casos de los otros 605 detenidos? ¿Cuántas acusaciones fabricadas maliciosamente detectaríamos? Pero mientras tanto, la PNC y la FGR toman como criterio para medir su “eficiencia” el número de detenidos, no el número de debidamente procesados y condenados, que constituye, ya lo dijimos, un pobre 10%. Piénsenlo antes de felicitar a la FGR y la PNC por sus mega redadas.

Saludos,

El precedente sentado. De Cristina López

Hay pocas cosas tan incontestables como la edad que una persona tiene. En su tipificación, el delito no demanda que alguien, además, parezca mayor de edad.

Cristina LópezCristina López, 17 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

El juicio en el que se procesaba a una personalidad del entretenimiento salvadoreño y a otros tres implicados por el horroroso delito de pagar para tener relaciones con una menor de edad dio por fin sus resultados. Caminaron libres los cuatro hombres, provistos de una nueva oportunidad para poder olvidar sus meses en la cárcel. Según reportajes, durante el proceso se desestimó el principal testimonio, el de la víctima, por tener “incoherencias”.

El tribunal, aparte, terminó estableciendo además que la víctima, al momento de ocurrir los hechos, “no tenía apariencia de menor de edad”.

EDH logNo es descabellado preguntarse por qué importa qué apariencia tenía la víctima si uno de los elementos necesarios para demostrar la existencia del delito era establecer su edad al momento de los hechos y hay pocas cosas tan incontestables como la edad que una persona tiene. En su tipificación, el delito no demanda que alguien, además, parezca mayor de edad.

Pero, por supuesto, todo lo que podemos decir del proceso y sus méritos será mera especulación. No tenemos suficiente información, puesto que el juicio se llevó a cabo con el privilegio que otorga la reserva, a puerta cerrada, solicitada por la Fiscalía.

Los reportes periodísticos del caso dieron mucho que desear, puesto que en muchos casos se reportaba sin ofrecer contexto alguno (¿qué otros casos conexos perseguía la fiscalía y cómo impactaban este? ¿cuántas condenas ha habido de este tipo en el país? ¿con qué habitualidad persigue la Fiscalía delitos de este tipo y qué experiencia tenían los fiscales al respecto?) o sin la rigurosidad de lenguaje jurídico debería requerir el reporte de un proceso judicial (en algunos reportajes se decía que los imputados pagaron fianza sin aclarar que esta fue parte de las medidas cautelares previas a la sentencia, por lo tanto, inconexas al veredicto final). Cuando mejor, los reportajes enfocados en las víctimas y buscando el ángulo de combatir que se sigan dando estos hechos en nuestra sociedad, se personalizaban al punto de parecer un drama novelado para la televisión, explotando la sordidez del asunto. Cuando peor, se reportaba como el segundo tiempo de un partido de fútbol: el enfoque entero en la “fama” y celebridad de uno de los acusados, en que al minuto 20 la Fiscalía dijo esto y los imputados se miraban tensos.

El caso con el que, según reportajes, la Fiscalía buscaba “sentar precedente en favor de niños y mujeres” lo único que hizo fue revelar que el precedente está más que sentado, apoltronado en contra de la confianza al sistema de justicia del país. El precedente que tenemos es que habrá poca transparencia en cuanto a las tácticas que escoge la Fiscalía para tratar un caso.

Que serán los fiscales quienes dicten la cobertura mediática que tiene un proceso de interés público, puesto que la reserva les permitía tal cosa. Que contarán con atención mediática que les permitirá tal cosa, reportando sin contexto alguno, en innumerables casos condenando a priori a los imputados, o en otros, generando simpatía contra sujetos que podrían ser verdaderos depredadores monstruosos. El precedente sentado nos informa que en muchos de estos casos el sinsabor que queda es el de la duda. Y la duda es veneno en lo que a la confianza al sistema judicial se refiere.

¿Por qué es tan importante que la duda nunca acompañe una sentencia judicial, del tipo que esta fuere? Porque garantías de importancia constitucional como el debido proceso y la presunción de inocencia se basan precisamente en que la palabra del tribunal es una en la que se puede confiar. En la confianza de que hubo fiscales que actuaron con los mejores intereses de la víctima en mente, sin los incentivos del sensacionalismo de la atención mediática y la fama de los quince minutos. Que se ocuparon los recursos adecuados para construir el mejor caso posible y presentarlo con pulcritud y profesionalismo. Que la diferencia de recursos entre lo que puede pagar un imputado y una víctima por una defensa legal importa poco con un tribunal justo, el mayor democratizador en una sociedad de ciudadanos iguales. Y, sin embargo, queda la duda, que nos arruina la confianza y hace que el sistema judicial entero huela a podredumbre. Y esa deprimente desconfianza es el precedente sentado.

@crislopezg

Licencia para embaucar. De Salvador Samayoa

Foro El Diario de Hoy, roces entre Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia y otros temas de interes a la ciudadania. participantes Fabio Castillo, Francisco Bertrand Galindo y Salvador Samayoa

Salvador Samayoa, 7 diciembre 2017 / EDH-Observadores

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió de todos los cargos a los “troles” que falsificaron y divulgaron en redes sociales páginas electrónicas falsas de importantes medios de comunicación del país. Si no se enmienda la plasta judicial en la instancia de apelación correspondiente, los ciudadanos, las entidades y la opinión pública quedarán desprotegidos ante cualquiera que tenga el dinero y los recursos técnicos para realizar este tipo de engaño masivo.

observadorPublicar noticias discutibles no es problema. Casi todas tienen elementos de información o enfoques con los que unos pueden estar de acuerdo y otros no. Publicar noticias tendenciosas es un problema ético, en la frontera de la mentira o la desinformación. Publicar noticias o declaraciones falsas – las famosas “fake news”- sabiendo que son falsas o, peor aún, habiendo fabricado la falsificación, puede ser un asunto muy grave de carácter jurídico, político y social. Falsificar el “sitio web” de periódicos de gran circulación y viralizar las páginas clonadas es a todas luces un delito de considerable importancia en el ámbito nacional.

En este caso, además, con extraordinarios agravantes de cinismo y premeditación. Para muestra, circuló como parte de los archivos extraídos de discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos de los acusados un documento denominado “ejes comunicacionales” . Eran los ejes de una campaña para desprestigiar al adversario y favorecer la victoria del candidato Nayib Bukele en la elección municipal de la ciudad capital. En una parte dice textualmente: “El sitio será la copia exacta de uno de los periódicos digitales más reconocidos y de mayor consulta por la población. El mirror será promocionado por medio de Facebook… y de igual forma generaremos incertidumbre por medio de noticias falsas a favor de la campaña”.

De la sentencia absolutoria preocupa la argumentación tanto como la conclusión. A reserva de analizar más en detalle el razonamiento cuando el Tribunal emita el texto completo de su resolución, de antemano preocupan las razones que se han esgrimido para la absolución. Que no fuera acusado el personaje que a la luz de evidencias inobjetables pareciera ser el principal responsable de la trama y el jefe indiscutible de la agrupación, es algo que habrá que esclarecer pidiendo explicaciones al Fiscal, pero no vemos de qué manera esa deficiencia o abstención de la acusación pueda librar de responsabilidad a quienes de manera probada participaron en la planificación y realizaron el fraude comunicacional.

De igual manera, si se dice que los acusados no son responsables de falsedad material porque solo se probó que difundieron y no que elaboraron o decidieron las pautas de desinformación, este precedente abrirá la puerta al desenfreno de los estafadores políticos sin mayor consideración.

En el caso del delito de violación de distintivos comerciales, los jueces mostraron un apego literal que refleja exactamente lo que no hay que hacer en el ejercicio judicial. La parte sustantiva es la prohibición de utilizar de cualquier modo sin consentimiento del titular una marca, nombre o distintivo comercial. Es cierto que el código castiga expresamente al que lo haga con fines industriales o comerciales, pero es obvio que no está en esa particular finalidad el sentido único del tipo penal, porque si así fuera caeríamos en el absurdo de dejar impune al que viole distintivos con la finalidad de socavar la credibilidad, afectar económicamente o causar otro perjuicio a una empresa o a cualquier organización, siempre que no lo haga con algún fin comercial. En este enfoque absurdo de la ley, estos propósitos aviesos se considerarían como finalidades lícitas de la falsificación.

Si no se revierte la sentencia, que no nos extrañe que en tiempos de intensa confrontación política, se envenene aún más la convivencia social y se agudice la guerra sucia en las plataformas informáticas de la tecnología digital.
No hay que olvidar que en el engaño masivo orquestado por los troles, el propósito era favorecer la victoria electoral de su candidato a la alcaldía de la capital. En una concepción social de la “fe pública”, esta constituye un bien jurídico colectivo y su protección penal debe extenderse a aquellos hechos susceptibles de inducir a engaño a un número indeterminado de personas, en otras palabras al público en general.

Este caso debe servir a la comunidad jurídica para tomar conciencia de que el apego literal -leguleyo- al texto en casos que obviamente requieren criterios más amplios aleja el lenguaje jurídico de las expectativas ciudadanas, aísla al sistema judicial de las situaciones propias de cada época y, sobre todo, resta legitimidad social a todo el andamiaje de la justicia penal.

Este es un problema típico de letra y espíritu de la ley, sobre el que se han derramado ríos de tinta desde tiempos inmemoriales. Se sabe que es peligroso abusar de la interpretación cuando no es necesaria, pero de igual manera es peligroso renunciar a toda interpretación ante situaciones nuevas, que no existían antes como modalidades posibles de transgresión de la ley, o en casos en los que el sentido más razonable y lógico de la norma jurídica así lo demande.

No es correcto disociar la semántica del sentido práctico y el significado obvio de los textos jurídicos. Aquí aplica el trillado ejemplo de una ordenanza que obliga a cerrar la venta de bebidas alcohólicas a las 12 de la noche. Un leguleyo “vivo” puede recomendar a su cliente que cierre a las 12 y vuelva a abrir a las 12:05, porque la ley solo dicta que los establecimientos deben cerrar a esa hora y no dice expresamente que deben permanecer cerrados a partir de esa hora. Se entiende la “viveza” del tinterillo en este caso, pero es obvio que ese no es el sentido de la ordenanza. Que los defensores de intereses particulares actúen así es una cosa, que los jueces lo hagan es otra muy diferente. Y, por cierto, llama la atención que se haya programado el viernes 22 de diciembre para publicar la sentencia, justo el día en que queda desmovilizada por completo la opinión pública por la vacación de navidad.

Carta a Daniel, el sospechoso de todo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 septiembre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Querido Daniel:
Vos ya entraste a la historia de la justicia salvadoreña como “el sospechoso de todo”, fiel representante de toda una generación de jóvenes que por vivir en zonas de conflictividad con pandillas, son sujeto del acoso permanente y persecución arbitraria de la policía y, lamentablemente, también de la Fiscalía.

Más allá de esto, vas a entrar en la historia de la justicia salvadoreña como el bicho que la policía de Altavista detuvo una vez, pero que resultó masvíctima de fraude procesal. Te metieron un paquete de droga que los mismos agentes estaban transando. Al descubrir esto la unidad de control de la PNC, te tuvieron que absolver de toda culpa y arrestar a los agentes tramposos. Pero para no reconocer su error, la PNC y la Fiscalía, lejos de liberarte, inmediatamente te trabaron otra acusación, esta vez por extorsión.

Ahora, meses después, resulta que esta acusación es igual de fabricada que la primera. Resulta que no sos vos el reincidente, sino que la Fiscalía. Nuevamente, la acusación que en estos día la Fiscalía llevó a audiencia de instrucción está llena de “errores” y contradicciones.

Hay una sola forma de explicar esto: se trata de la venganza de la Policía y la Fiscalía, que no te perdonan que en el primer caso los hiciste ver mal. Nunca te van a perdonar EDH logque gracias a tu defensa y el apoyo que te ganaste en los medios, se hicieron públicos el fraude procesal cometido por la PNC y la complicidad de los fiscales. Y para encubrir esto y salvar su cara, están obstinados en comprobar que vos sos delincuente, como si comprobando esto se legitimaría el fraude procesal cometido. Y para comprobar que sos delincuente, reinciden en las mismas tácticas fraudulentas del primer caso.

índiceY otra vez, la Fiscalía se ve muy mal. En la audiencia de instrucción, tu defensor comprobó que la Fiscalía no hizo lo que es su sagrado deber: recabar todas las pruebas, incluyendo las que pueden comprobar la inocencia del acusado. Solo la fiscalía puede (y debe) solicitar el seguimiento satelital al teléfono que te decomisaron, para comprobar si realmente estuviste en el lugar de la extorsión, como afirma (sin pruebas) la acusación. Esto se puede interpretar como negligencia, en el mejor de los casos, pero también como incumplimiento de deber o incluso fraude procesal por parte de la Fiscalía.

Te aseguro, Daniel, que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ojalá que temprano, porque ya llevas demasiado tiempo preso por delitos que te inventaron. Simplemente porque, como joven radicado en Altavista, sos el sospechoso de todo y de siempre.

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Daniel Alemán con dos de sus hermanas

La actuación de la Fiscalía ya no se deja explicar por falta de recursos y por exceso de trabajo. Hay un patrón detrás de los dos casos tuyos y de cientos de otros que no llegan a llamar la atención de los medios o de la Procuradora de Derechos Humanos. Este patrón hay que analizarlo y discutirlo de fondo, antes de que en 2018 la Asamblea decida quién será el futuro fiscal general que pueda convertir la Fiscalía General de la República en garante del Estado de Derecho, incluyendo los derechos de los jóvenes como vos.

Saludos,

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“Los siempre sospechosos de todo”