redadas

Carta al fiscal general: Tome control de la redadas. De Paolo Luers

16 abril 2010 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado Dr. Raúl Melara:
Hay sectores sociales que tienen que convivir con las pandillas: comunidades marginales, vendedores informales, trabajadores municipales, transportistas, profesores… También tienen que buscar la forma de convivir con la policía. Conviven con la pandilla no porque así lo quieran. No es por afinidad, es por necesidad. Un Estado que no tiene la capacidad de garantizar la paz social los condena a convivir para sobrevivir.

Convivir significa que diariamente tienen contacto con los pandilleros y que sus dirigentes (locales, comunales, gremiales, religiosos) hablen con los jefes de las clicas para facilitar la convivencia, prevenir la violencia, facilitar la vida comunal, productiva, deportiva, educativa.

Esto lo sabe todo el mundo, incluyendo los policías y fiscales. Pero de vez en cuando, de una manera arbitraria y cuando consideran que lo necesitan para su proyección pública, agarran a un dirigente de vendedores, a un alcalde, o a un representante comunal, le exhiben en ropa interior y lo acusan de colaboración con una pandilla o incluso de asociación ilícita. En otros casos no. Porque si lo hicieran con todos los dirigentes comunales, gremiales, religiosos, con todos los trabajadores municipales por igual, harían colapsar todo el tejido social. Optan por represión selectiva.

El último caso es el de Vicente Ramírez. Como dirigente de vendedores informales, es amigo de muchos y enemigo de otros. En la última redada de la Fiscalía y la PNC en el centro capitalino, Vicente fue uno de 117 personas arrestadas y acusadas de vínculos con la MS13.

Que me explique un fiscal o un jefe policial cómo alguien puede sobrevivir por décadas como dirigente de los vendedores informales en el centro capitalino sin tener contactos con las pandillas. Vicente es uno de los dirigentes de vendedores a quienes les toca resolver problemas con la alcaldía, con la PNC y el CAM, con los vendedores de otras zonas, con los transportistas y con las pandillas. Todos los días. Si no, el comercio informal no funcionaría.

Tengo años de conocer a Vicente. ¿Quién no lo conoce en San Salvador, sobre todo en el Centro? Lo he visto mediar en esta jungla que es el centro, apagar fuegos, buscar soluciones a conflictos.

¿Por qué alguien querrá sacar de circulación a gente como Vicente Ramírez, sabiendo que pone en peligro el delicado equilibrio social en el centro urbano? No sé. Puede ser que alguien quiere acumular más poder en esta jungla. O puede ser que alguien quiere mandar una señal a dirigentes sindicales, gremiales o comunales: Miren lo que les puede pasar si siguen ejerciendo esta labor de mediación en la calle, en los barrios, en los mercados…

Acusan a Vicente a haber aprovechado sus visitas a penales para mandar o recibir recados de los jefes pandilleros. ¿Y cómo es esto en tiempos de las medidas extraordinarias que reinan en todos los penales donde están recluidos pandilleros? Hay un estricto control sobre quien puede hacer visitas y sobre sus conversaciones dentro de los penales. Esta acusación absurda se le va a caer a la Fiscalía. Pero mientras tanto, Vicente Ramírez va a estar preso, mínimamente por 5 meses. Y en las calles del Centro habrá más violencia y menos convivencia pacífica.

No podemos seguir con esta lógica de redadas masivas y casos arbitrarios, todo con el pretexto de la lucha contra las pandillas. Actúe, señor Fiscal General, para erradicar los vicios que sus antecesores le han dejado.

Saludos,

Carta a los que aplauden a las redadas masivas: Los están engañando. De Paolo Luers

11 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados lectores:
A la mayoría de ustedes no les va a gustar esta carta. Pero alguien tiene que decírselo: Si piensan que la cantidad industrial de capturas que produce y publicita la fiscalía y la PNC es un indicador de que tendremos más seguridad, se dejaron engañar.

La Fiscalía dio a conocer que emitió 1128 ordenes de captura contra personas acusadas de ser miembros de la MS13 o de la pandilla 18. El resultado: 607 detenciones. No es el resumen de un mes, es el resumen de una sola semana, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre 2018, suma de tres mega redadas: las operaciones “Arpón del Pacífico”, “Libertad” y “Tsunami”, que ustedes han visto en los noticieros.

¿De estos cientos de detenidos que la PNC ha desfilado para que los medios les tomen fotos, cuántos realmente son criminales?¿Cuántos terminarían condenados? Si aplicamos la triste estadística de nuestro sistema policial y judicial, tal vez un 10%.

¿Y los demás? Entraron ahora en la estadística de “éxitos” de FGR y PNC. Pero son lo contrario: parte de la triste estadística de miles de personas que pasan meses en detención provisional, llenado y saturando las bartolinas y los penales, y contra quienes al final no existen pruebas.

Les presento a 2 casos entre los 607 detenidos en esta semana de mega redadas. Casos que seguramente llamaron su atención en los noticieros o periódicos. Según todo lo que hasta ahora se sabe de estos casos, tengo serias dudas que sean culpables de los graves delitos que se los imputan.

Uno es el ex alcalde del puerto La Libertad, Carlos Molina. La familia Molina sufrió en el 2005 dos asesinatos: primero (en enero) de Eduardo, hermano de Carlos; y en junio del mismo año de su padre Mario Molina, candidato a alcalde. Carlos Molina retomó la candidatura de su padre y se convirtió en alcalde. Hoy la FGR lo acusa de haber pagado 3 mil dólares a pandilleros de la 18 para matar a una mujer.

La fiscalia no habla de presuntos pandilleros, sino presenta a los recién detenidos de una sola vez como “terroristas”.

La acusación está basada en 2 “testigos criteriados”: 2 pandilleros que cayeron presos y prefirieron convertirse en testigos de la fiscalía para evadir condenas. Lo absurdo es que cada uno de estos “testigos” aporta una razón diferente por la cual la mujer en cuestión fue asesinada. Uno cuenta que fue asesinada por la pandilla, porque puso el dedo a un cabecilla. El otro cuenta que murió porque vendió drogas en el territorio de otra pandilla. Pero ambos agregan que Carlos Molina entregó 3 mil dólares para que la mataran. ¿Qué lógica puede tener esto? Ninguna. Y lo más probable es que el juez llegará a la misma conclusión.

El otro caso es de un abogado llamado Norman Hugo Claros, detenido en el marco de la operación “Libertad”. Es acusado de asociación ilícita, porque según la FGR colaboró con la MS averiguando e informándoles la identidad de testigos protegidos. Lo que hizo el abogado es totalmente legal y parte del oficio de un abogado defensor. Recibió una llamada de alguien, cuyo teléfono fue intervenido por la FGR. Una persona le encargó el servicio de ir a la fiscalía y al juzgado para averiguar qué tipo de cargos existen contra él. Es lo primero que hace cualquier imputado, y su derecho. El abogado hizo las diligencias y, nuevamente por teléfono, concertó una cita con su cliente. La PNC monitoreó la cita y “detecta” que, luego de entregar la información requerida, el abogado recibió el honorario pactado por este servicio. Es el pan de todos los días de muchos abogados: ver el requerimiento fiscal y explicar al acusado cuales son los cargos y en qué pruebas se basan. El hecho que la FGR interpreta esto como “asociación ilícita”, constituye un ataque frontal al ejercicio de la defensa.

¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad de analizar los casos de los otros 605 detenidos? ¿Cuántas acusaciones fabricadas maliciosamente detectaríamos? Pero mientras tanto, la PNC y la FGR toman como criterio para medir su “eficiencia” el número de detenidos, no el número de debidamente procesados y condenados, que constituye, ya lo dijimos, un pobre 10%. Piénsenlo antes de felicitar a la FGR y la PNC por sus mega redadas.

Saludos,