Colombia

Del miedo a la ingobernabilidad: La salvadoreñización de Colombia. De Joaquín Villalobos

Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor para resolución de conflictos, escribe este análisis para la FIP, basándose en el caso de su país, el cual afronta una crisis política y una catástrofe social, para plantear posibles consecuencias si Colombia no enfrenta adecuada y oportunamente la polarización.

FIP Fundación Ideas para la Paz

JOAQUIN VILLALOBOSJoaquín Villalobos, 17 agosto 2017 / FIP Fundación Ideas para la Paz

Introducción: El Salvador es un país que pasó de lo sublime a lo ridículo. Vein- ticinco años después de haber concluido una cruenta guerra civil mediante un exitoso proceso de paz que trajo por primera vez la de- mocracia, los salvadoreños viven una parálisis económica, una crisis política crónica y una catástrofe social que generó un poderoso fe- nómeno criminal. Este dramático contraste es utilizado para decirle a los colombianos que la paz con las FARC es un peligro. Pero ni la paz ni la democracia tienen la culpa de lo que pasó Screen Shot 2017-08-21 at 11.59.29 AMen El Salvador. La paz es un valor positivo en sí mismo, la economía salvadoreña creció 7% cuando se firmó el acuerdo y la democracia es un sistema de gobierno que evita que la gente se mate por el poder y esto dejó de ocurrir. No es de un acuerdo de paz de lo que deben preocuparse los colombianos, sino de la polarización política extrema que ya está en desarrollo en Colombia, porque fue precisamente la polarización la que convirtió una oportunidad en un desastre en El Salvador.

El acuerdo de paz salvadoreño transformó al país en una demo- cracia; los militares dejaron de ser el partido político de los oligar- cas y se sometieron al poder civil; la guerrilla renunció a las armas; la Justicia se volvió independiente; los actos de violencia política no volvieron a repetirse; se acabaron los fraudes electorales y los gol- pes de Estado dejaron de ser el principal mecanismo para acceder al poder. Nunca antes siete presidentes y once parlamentos habían sido electos de forma continua. Sin embargo, ahora más del 30% de la población ha emigrado; el principal ingreso del país proviene de la exportación de personas que luego envían remesas; las prisiones están a más del 300% de su capacidad; las pandillas, que se expandieron en la posguerra, dominan amplios territorios en las ciudades y el campo; el país ya sufrió más homicidios en los 25 años de paz que las 75.000 víctimas que dejó la guerra. El Salvador está entre los países más violentos del mundo y la marca país es la “mara salvatrucha”, un temido fenómeno criminal que, a través de la emigra- ción, adquirió carácter global con presencia en ciudades de Estados Unidos y Europa.

La polarización, un círculo vicioso destructivo
La política es competencia y pacto. La competencia sirve para tener identidad, establecer las diferencias frente a los ciudadanos y mejorar la calidad de las propuestas. Los pactos sirven para gober- nar, porque siendo imposible que todo mundo piense igual, solo con acuerdos es posible mantener un país unido. Por lo tanto, los países progresan esencialmente sobre la capacidad que tengan los políticos de pactar a pesar de las diferencias. Competir desde antagonismos extremos crea un círculo vicioso destructivo que encadena los an- tivalores miedo-odio-división-conflicto-crisis y esto conduce a la ingobernabilidad. El miedo al adversario se empieza usando para ganar batallas políticas inmediatas, pero ese miedo deriva en un odio que profundiza las divisiones, acaba con la
tolerancia y entroniza en los políticos y sus se-
guidores la idea de que el país sería mejor si el
adversario no existiera.

Con la polarización extrema la racionalidad pierde valor, las emociones toman total control, el fundamentalismo derrota al pragmatismo, la calidad de la política y de los políticos se degra- da, la inteligencia se convierte en defecto, la in- competencia se vuelve crónica, los acuerdos se vuelven imposibles, los problemas se quedan sin resolver y el país se va al infierno. La lucha por el centro demanda convencer con conocimiento y soluciones, la polarización extrema solo re- quiere activar emociones primarias. En un es- cenario polarizado, la ignorancia acaba siendo norma y la matonería cualidad. Esto puede ocu- rrir en cualquier parte, a pesar de que haya paz y democracia, y esto fue precisamente lo que pasó en El Salvador.

I.
EL SALVADOR, HISTORIA DE UN DESASTRE ANUNCIADO

La triste realidad que ahora vive El Salvador es producto de una brutal polarización política que pasó de la violencia armada a la ingobernabilidad perma- nente. El acuerdo de paz fue, en realidad, un instante en la capacidad de pactar que fue seguido de la adop- ción consciente de una fatal lógica política de “polari- zar para ganar”. Por su pasado autoritario, la cultura política salvadoreña siempre estuvo sostenida en el miedo. Las elites que gobernaron al país usaron el miedo para conseguir el recha-
zo al opositor y así preservar el
poder. Bajo esas condiciones,
el pensamiento de extrema
derecha era dominante y todo
adversario moderado era con-
siderado comunista. Cuando
fuerzas y líderes Intentaban
competir desde el centro, la re-
acción era identificarlos como
extremistas y destruirlos por
cualquier medio, incluso ase-
sinándolos. Esto impidió que
las fuerzas políticas modera-
das se fortalecieran y, cuando empezó a ocurrir, toda la sociedad se dividió; empresarios, iglesia, partidos políticos y militares que rechazaban el autoritarismo fueron reprimidos violentamente. Miles de jóvenes se rebelaron, estalló una guerra civil y, muy a pesar de que el pensamiento democrático centrista era fuerte e influyente, incluso entre algunos de los grupos al- zados, la radicalización favoreció el crecimiento del extremismo ideológico en la izquierda.

Las guerras internas no surgen como resultado de un conflicto entre los de abajo con los de arriba, estas aparecen y se expanden cuando hay una crisis entre las mismas elites, es decir entre los de arriba. Son las clases medias las que terminan movilizando a los sectores más pobres y, con esto, los conflictos co- bran fuerza. Los movimientos por la independencia, las revoluciones cubana y nicaragüense, la primave- ra árabe y otros procesos respondieron a esta idea. En El Salvador, la profundización del conflicto entre fuerzas del sistema fue lo que terminó abriéndole las puertas al poder a una fuerza antisistema. Antes de que la guerrilla apareciera y creciera, fracciones de la propia Fuerza Armada combatieron militarmente entre ellas por el poder, resultado de diferencias entre las elites económicas y políticas.

El magnicidio del arzobis- po Arnulfo Romero que detonó la guerra civil y el de los seis Jesuitas asesinados en su Uni- versidad por militares, fueron parte de un conflicto entre las elites sobre cómo gobernar al país y cómo superar la pobre- za. La derecha salvadoreña continúa interpretando estos crímenes con una caricatura ideológica que pone en la ex- trema izquierda a Romero, a los jesuitas y otros personajes. En realidad, Romero era un religioso ideológicamente conservador, dedi- cado a la caridad, que se convirtió en arzobispo por el apoyo de los oligarcas que trataban de evitar que la Iglesia Católica cayera en manos de “curas izquier- distas” seguidores de la Teología de la Liberación. Sin embargo, la calidad humana del arzobispo lo llevó a indignarse y denunciar la represión y por eso lo mata- ron. Los jesuitas eran los encargados de educar a los hijos de la clase alta y su Universidad fue la alternati- va de la derecha ante la radicalización de la Univer- sidad Nacional. Estaban muy lejos de ser comunistas, los mataron por creer en el diálogo y por ser críticos, como suelen ser los buenos académicos. Durante el desarrollo de la guerra también fueron asesinados militares y empresarios disidentes a los que también se consideró “comunistas”. El miedo impedía ver la existencia de fuerzas y líderes de centro y esto acabó radicalizando y generalizando el enfrentamiento.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), una fuerza esencialmente de centro, había sido el principal opo- sitor al régimen militar autoritario desde los años 60, contaba con gran apoyo popular y respaldo de algu- nos grupos económicos. El PDC sufrió fraudes elec- torales, represión, asesinatos y exilio, sin embargo, cuando la guerra civil estalló, la extrema derecha se volvió impresentable para obtener el apoyo de Esta- dos Unidos que, en ese momento, estaba regido por lo que le determinaba la “Guerra Fría”. En ese contexto, la Democracia Cristiana y su líder, Napoleón Duarte, acabaron gobernando durante casi una década con el apoyo norteamericano. Duarte se convirtió en el defensor del sistema, asumió la contrainsurgencia para enfrentar a las guerrillas y salvó a los oligarcas salvadoreños de una derrota total.

Pese a esto, la derecha y las elites económicas mantuvieron a Duarte y a la Democracia Cristia- na como su enemigo principal. En plena guerra, los medios de comunicación controlados por la derecha atacaban al presidente Duarte de forma implacable y persistente, incluso utilizaban las acciones de la gue- rrilla para mostrarlo como débil e incapaz. Cuando Duarte intentó un acuerdo de paz, la derecha lo sa- boteó, no le dieron apoyo, calificaron su intento como traición y esto impidió que la paz llegara antes a El Salvador. Pese que los demócratas cristianos esta- ban combatiendo a las guerrillas, la derecha no los dejó de considerar comunistas. El PDC utiliza el color verde en su simbología, la derecha decía que estos eran como la sandía, verdes por fuera, pero rojos por dentro. Cualquier parecido de esta historia con lo que está pasando en Colombia cuando se utiliza el mie- do al “castrochavismo” y a las FARC para atacar al gobierno del presidente Santos, no es casualidad. A lo que se debe poner atención es que esa política de miedo puede acabar fortaleciendo a las FARC y a la extrema izquierda, dándoles un protagonismo y una relevancia que no tienen.

Pero el extremo de todo esto fue que la derecha salvadoreña, a pesar de haber sufrido en carne pro- pia la guerra civil, cuando llegó la paz persistió en la idea de continuar polarizando con el miedo al co- munismo para derrotar al centro, ganar elecciones y conservar el poder. Convirtieron al Frente Farabundo Martí (FMLN), ya desarmado y transformado en par- tido político, en su enemigo de referencia para asus- tar; polarizaron con este basados en la certeza de que jamás la exguerrilla podría ser elegible ni ganar una elección presidencial. Paralelamente se propusieron debilitar a la Democracia Cristiana de múltiples ma- neras para evitar tener un competidor de centro ele- gible y lo lograron, pero el vacío que dejó la Democra- cia Cristiana lo acabó llenando el FMLN. La derecha pudo con la polarización ganar cuatro elecciones y gobernar veinte años. Lo absurdo es que de nuevo su política de miedo sirvió para provocar el crecimiento paulatino del partido de la exguerrilla que acabó do- minado en la posguerra por los comunistas. El FMLN terminó así ganando las elecciones presidenciales en el año 2009, volvió a ganar nuevamente en el 2014 y se mantiene en el gobierno hasta la fecha. ¡Es decir, que el anticomunismo sirvió para llevar a los comu- nistas al gobierno!

Durante la guerra, las fuerzas guerrilleras eran parte de una coalición bastante amplia en la que do- minaban fuerzas de centro izquierda. Por ello fue po- sible un acuerdo de paz basado en reformas liberales. En la coalición rebelde había desde socialdemócratas y socialcristianos hasta comunistas. Las relaciones que la coalición rebelde sostenía con México, Vene- zuela, Panamá, Costa Rica y los socialdemócratas europeos le dio fuerza al centrismo. Al menos dos de los cinco grupos guerrilleros se alejaron claramente del marxismo leninismo y se acercaron a la socialde- mocracia. Como algunos dirigentes guerrilleros so- líamos decir: “todos pasamos por el marxismo, pero el marxismo no pasó por todos”. El pensamiento so- cialdemócrata que acepta la democracia y el mercado tenía, en la etapa final de la guerra, simpatizantes en todos los grupos, incluso en el Partido Comunista. Los comunistas en sentido estricto eran en realidad una minoría y durante la guerra fueron poco relevantes.

La primera disidencia dentro de la exguerrilla ha- cia el centro izquierda se produjo paradójicamente en el Partido Comunista con la separación de Mario Aguiñada, dirigente del brazo electoral de los comu- nistas; seguidamente Joaquín Villalobos, autor de este ensayo y dirigente del grupo militarmente más importante de la insurgencia, abandonó al FMLN lue- go de proponer renunciar al marxismo, abrazar la so- cialdemocracia, llevar un candidato no partidario a la presidencia y criticar abiertamente a los comunistas y a Cuba. Posteriormente, seis grupos más y sus dirigentes se salieron o fueron expulsados del FMLN hasta que este quedó en total control de los comu- nistas. Los grupos de centro izquierda no pudieron hegemonizar en el FMLN, primero porque la mayoría de los dirigentes con posiciones no marxistas prefi- rieron aliarse con los comunistas que enfrentarlos y, segundo, porque Cuba se involucró en la lucha inter- na para asegurar que los comunistas tomaran con- trol. Pero lo que más ventaja dio a los comunistas en la lucha por controlar al FMLN fue la polarización de la derecha; es decir que su combate contra las fuer- zas de centro contribuyó, primero, al surgimiento de la guerrilla y, después, su política de polarizar fue de- terminante para que la extrema izquierda se fortale- cieran electoralmente.

En El Salvador lo razonable debió haber sido for- talecer la competencia por el centro y aislar al extre- mismo. En ese sentido debió evitarse el debilitamien- to de la democracia cristiana, separar de la guerrilla las corrientes moderadas y aislar a los comunistas. Esto implicaba un pacto entre las fuerzas del siste- ma para competir entre ellas y aislar, no excluir, a las fuerzas que se confesaban abiertamente antisis- tema. Sin embargo, la derecha, para ganar eleccio- nes, prefirió conscientemente eliminar o debilitar a los competidores pro-sistema y fortalecer a la fuerza antisistema que proclamaba su adhesión al modelo comunista. Esto ha creado un antagonismo irreso- luble que está destruyendo al país. La polarización extrema que padece hoy El Salvador fue parida por visiones de corto plazo. La historia pudo haber sido diferente. Ni la paz ni la democracia fallaron, quienes fallaron fueron los que detentaban poder.

Que los comunistas se decidieran a competir con la idea de “entre peor mejor” era comprensible, pero sorprende que después de una guerra civil, la derecha política representada en su partido Alianza Republi- cana Nacionalista (ARENA), los poderes económicos dominantes y sus tecnócratas, no vieran el peligro que representaba la polarización. Esta terminó im- poniendo una lógica destructiva en la que quienes estaban en el gobierno consideraban que entre peor fuera la oposición era mejor para los que gobernaban y quienes estaban en la oposición consideraban que entre peor fuera el gobierno era mejor para quienes dominaban en la oposición. Desde la firma de la paz, la política salvadoreña se ha basado en un sabotaje mutuo y permanente en todos los órdenes.

Los efectos de la polarización en el país han sido desastrosos. En el pasado, la aprobación de los pre- supuestos era una pesadilla para los gobiernos de ARENA y ahora lo es para los gobiernos del FMLN, con el agravante de que al gobierno del FMLN se le acumuló más deuda y por lo tanto el sabotaje de ARE- NA tiene ahora efectos más letales para al país. An- tes, el FMLN saboteaba los presupuestos y préstamos desde el Poder Legislativo, ahora ARENA sabotea al gobierno del FMLN usando el Poder Judicial. Un fun- cionario del BID cuestionó recientemente el sabotaje de ARENA al gobierno del FMLN, pero en el pasado el mismo BID cuestionó al FMLN por sabotear a los gobiernos de ARENA. El Estado salvadoreño se está aproximando a la quiebra.

El primer gobierno del FMLN del expresidente Mauricio Funes se empeñó en investigar por corrup- ción al gobierno de ARENA del expresidente Francis- co Flores. El expresidente Flores murió mientras era procesado, se trata de una historia larga, pero ahora el expresidente Funes se encuentra asilado en Nica- ragua porque enfrenta un proceso por corrupción. La polarización ha convertido el Poder Judicial en un arma política para venganzas y sabotaje contra el adversario. El resultado final será que la polarización acabará paralizando a la Justicia porque los futuros nombramientos legislativos de Magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y otros, se volve- rán imposibles. Ambos partidos tienen suficiente po- der para vetarse y con ello vetan la solución de todos los problemas del país.

El pleito entre los partidos tan irresoluble como el de las pandillas

Contrario a lo que se dice en Colombia, el fenó- meno criminal de las pandillas salvadoreñas no tiene relación ni con las guerrillas ni con los militares que combatieron; estos rehicieron sus vidas en paz. Luego de 25 años de terminada la guerra, las edades de los excombatientes de ambos bandos promedian el me- dio siglo. El fenómeno criminal de las pandillas resultó de la emigración masiva que generó la quiebra de la agricultura, que era la mayor actividad empleadora del país. Si bien la emigración comienza con la guerra, está se multiplicó exponencialmente en la posguerra cuando el país dejó de tener una economía productiva porque las elites vieron en las remesas un gran nego- cio. Las famosas “maras” resultaron de la fusión de la cultura de violencia de los salvadoreños con la cultura de pandillas que llegó de los Estados Unidos.

Un gobierno de ARENA propuso hace 20 años organizar a las comunidades para combatir la de- lincuencia y el FMLN se opuso, recientemente el go- bierno del Frente ha propuesto lo mismo y ARENA lo rechaza. La inseguridad y las pandillas crecieron producto de que la polarización impidió acuerdos de Estado en seguridad. Primero, las maras crecieron porque no se hizo nada cuando eran un problema so- lamente social de niños y jóvenes en las escuelas y los barrios más pobres. Luego, cuando los pandilleros empezaron a cometer algunos delitos, dos gobiernos de ARENA aplicaron planes eminente represivos de “mano dura” que multiplicaron la fuerza de las maras y con ello apareció la extorsión y el homicidio a gran escala. La mano dura de ARENA sirvió para que las pandillas consolidaran sus características criminales.

Diez años más tarde el primer gobierno del FMLN aplicó una política de “mano blanda”. Frente a un pro- blema que ya era dominantemente criminal, respaldó una tregua que le permitió a los pandilleros ser re- conocidos como un poder fáctico y consolidar control territorial. Luego, el segundo gobierno del FMLN regresó a la política de mano dura, pero con mayor letalidad que la de los gobiernos de ARENA. Varios cientos de pandilleros han muerto en enfrentamien- tos, pero, al mismo tiempo, las maras han asesinado en los últimos dos años a más de un centenar de poli- cías, a decenas de soldados e incluso a muchos fami- liares de estos. El problema es que soldados y policías viven en los mismos barrios pobres que controlan las pandillas y esto los convierte a ellos y sus familias en objetivos de represalia. Hasta ahora todos los gobier- nos han sido incapaces de plantearse una política de recuperación del territorio.

La polarización no solo impidió plantearse una política de Estado, sino que también evitó un enca- denamiento positivo de las políticas de seguridad de seis gobiernos. Estos aplicaron la lógica de deshacer lo que el otro hacía o de actuar en sentido opuesto, de esa forma la seguridad ha ido de mal a peor y de peor a desastre. Al final, un problema social terminó convertido en una nueva guerra.

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Como se puede observar en la tabla, entre 1998 y 2003 los homicidios anuales variaron poco. Esta fue la etapa en la que el fenómeno de las maras era un problema esencialmente social de gran escala y no se hizo nada para prevenir su evolución a problema criminal. A partir del 2004, con propósitos electora- les, comenzaron los planes de “mano dura” contra las pandillas y el resultado fue que los homicidios empe- zaron a aumentar considerablemente. Luego, en los años 2012 y 2013 vinieron los planes de “mano blan- da” y la tregua, igual por razones electorales. Los ho- micidios tuvieron esos dos años un descenso tempo- ral, pero, al consolidar control territorial, las pandillas se volvieron más poderosas y los homicidios se dis- pararon exponencialmente a partir del 2014. De ese año en adelante alcanzaron niveles similares a los de la guerra civil de los 80s. La reacción fue entonces regresar a planes de mano dura, pero escalando a un mayor nivel de letalidad por parte de las fuerzas de seguridad, hasta convertirse prácticamente en una guerra entre el Estado y las pandillas.

En 20 años, con gobiernos de los dos partidos, el problema ha empeorado y sigue empeorando. Ambos partidos lo usan para atacarse, sabotearse y culparse mutuamente. La polarización política impide resolver la peor crisis criminal del continente. En ningún mo- mento se ha considerado la necesidad de una políti- ca de Estado que permita una estrategia sostenida y coherente de largo plazo. La pelea entre ARENA y el FMLN por el poder es tan irresoluble como la de las pandillas por el territorio.

Una onza de lealtad vale más que cien libras de conocimiento

El corazón del problema de El Salvador es la au- sencia de una economía productiva y la dependen- cia de las remesas. La polarización ha impedido una competencia seria de ideas sobre cómo reactivar la economía, porque, por un lado, la izquierda del FMLN no cree en el mercado y sus planes son solo repartir. Por otro lado, la derecha de ARENA, al no tener com- petidor en el tema económico, simplemente piensa que la economía mejora si ellos gobiernan porque de eso solo ellos conocen. El resultado es que los empre- sarios salvadoreños no han inventado un solo pro- ducto que le de identidad al país, son esencialmente captadores de remesas. La ausencia de competencia sobre políticas económicas les mató la imaginación, los volvió perezosos y parásitos de la exportación de personas. Este es un problema estructural grave que resulta imposible resolver si la política está regida por el desacuerdo crónico, el sabotaje sistemático y la ignorancia dominante en los dos principales par- tidos, ARENA y el FMLN. Como señalamos al inicio, competir desde antagonismos extremos crea un cír- culo vicioso destructivo que encadena los antivalo- res miedo-odio-división-conflicto-crisis y finalmen- te ingobernabilidad.

Ambos partidos se rigen ahora por la idea de que “una onza de lealtad vale más que cien libras de co- nocimiento”. Aunque esto es un lema de ARENA, es igual para los dos partidos. Desde la firma de la paz, el FMLN fue deshaciéndose gradualmente de los in- telectuales y gente con formación que estaban en sus filas. Se quedó así con sus activistas y la vieja mili- tancia que tiene escasa formación.

Lo paradójico fue que ARENA, que estaba mejor equipada profesionalmente, resultado de la polariza- ción con el FMLN, ha terminado empobreciéndose intelectualmente y está dominada por el oportunis- mo y la frivolidad. Ambos partidos son ahora muy si- milares, no tienen capacidad de renovarse y padecen una crisis de identidad. Aunque la derecha ya no es autoritaria y la izquierda del Frente ha gobernado sin romper el sistema, ambos viven emocionalmente en el pasado. ARENA sigue proclamando en su himno “que El Salvador será la tumba de los comunistas” y el FMLN es un defensor cerrado de la dictadura bo- livariana de Maduro. Hoy, más del 60% de los salva- doreños rechazan a ambos partidos, pero, al ser los cuerpos más organizados, no tienen competidores, con lo cual el país se ha vuelto su prisionero.

Dividir por miedo es fácil, reunificar puede volverse imposible

Con los desacuerdos endémicos se paralizó el crecimiento económico, creció el crimen, se agra- vó la migración, se politizó la justicia y se volvieron mediocres los políticos. Al final, la política salvadore- ña en la posguerra ha sido una apuesta permanente al fracaso del otro que ha terminado convertida en el fracaso del país. Esta es la verdadera lección que debe aprender Colombia del caso salvadoreño. La polarización se sabe cómo comenzarla, pero no se sabe cómo terminarla. En El Salvador quienes hace 25 años advertimos el riesgo que esta representaba, no fuimos escuchados y hasta se negaba que el pro- blema existiera. Colombia está a tiempo y cuenta con un gran contingente de políticos calificados en todas las corrientes, ojalá estos puedan hacer la diferencia. Activar el miedo es fácil, reunificar un país dividido por el odio puede volverse imposible.

El peligro de la polarización colombiana

Todos los procesos electorales abren períodos en los cuales la competencia es más importante que los acuerdos. Esto es lógico, lo peligroso es que se vuelva permanente. En los últimos 40 años, las elites políti- cas y económicas colombianas han mostrado mucha madurez para enfrentar exitosamente la violencia y transformar el país. A lo largo de casi 40 años, dis- tintos gobiernos, a pesar de las diferencias, lograron encadenarse positivamente para derrotar poderosos carteles de narcotraficantes, desmovilizar guerrillas y paramilitares, recuperar territorios dominados por grupos armados, aumentar la fuerza pública y ele- var su eficacia, incorporar los derechos humanos a la seguridad, pactar la paz, desarmar a la guerrilla más grande y antigua del continente, transformar la economía y cambiar la imagen de Colombia en el mundo. Lo que decía la revista Time, en abril de 2012, no era exagerado: “Colombia de casi Estado fallido a jugador global”. Sin embargo, las elecciones del 2018 están coincidiendo con factores externos e internos que alimentan una competencia destructiva. Estas elecciones constituirán una dura prueba de madurez para toda la clase política que ahora se está movili- zando con emociones, pero que en su momento deberá pactar con racionalidad.

II.
LA AGENDA CRÍTICA QUE ESTÁ POLARIZANDO A COLOMBIA

01. Las FARC, el ELN y el paramilitarismo como referentes de la competencia electoral


Hacer la paz ha sido una aspiración de todos los gobiernos, cualquiera fuera su posición ideológica. Se puede pensar que, a pesar de las diferencias que ahora se manifiestan con pasión, ninguno de los partidos y líderes arriesgaría los acuerdos para regresar al conflicto. Sin embargo, la utilización de las FARC y el ELN como los indicadores principales para establecer la diferencia entre las fuerzas políticas y líderes que han sido los pilares del sistema, abre el camino a una narrativa que pue- de quedarse para siempre. La ferocidad de los ataques, es tal, que pareciera que la competencia es entre el paramilitarismo y el “castrochavismo”. Si estas percepciones echan raíces en la opinión pública, el extremismo en las dos direcciones que se pretende negar podría tomar ventaja. En un momento en que la política demanda competir con ideas nuevas, la pola- rización empuja a establecer las diferencias a partir de viejas ideas, instrumentando referentes políticamente marginales como las FARC. Cuando las elites instrumentan a estos gru- pos para crear miedo a su contrario, el resultado es que el ex- tremismo crece en presencia. De esa forma, falsas diferencias entre las elites pueden terminar convertidas en antagonismos irreconciliables.

02. El proceso de pacificación y las culpas sobre el pasado

En un conflicto de más de medio siglo es casi imposible en- contrar inocentes. En estas condiciones hay un elevado riesgo de que los temas de justicia transicional y otros vinculantes al conflicto que está terminando, abran diferencias profundas entre las elites que alimentarían más las emociones que la ra- cionalidad. En Colombia, la victoria del Estado es la esencia del acuerdo de paz. Lo ideal sería que los actores pro-sistema asuman esta victoria como el punto de convergencia de todos. Sin embargo, la realidad es que los requerimientos de la justi- cia, los problemas de tierras, la actividad política en el campo y otros factores vinculantes con la pacificación, están empu- jando a las elites hacia el pasado y a dividir al país.

03. La crisis terminal del régimen chavista

El régimen venezolano, al igual que el cubano, fue de gran uti- lidad para lograr el acuerdo de paz con las FARC. Fue acertado involucrar a Venezuela en el proceso y una feliz coincidencia que el acuerdo se firmara antes de que el modelo chavista en- trase en su crisis terminal. Sin embargo, esa relación pragmá- tica del Estado colombiano democrático con dos regímenes no democráticos se está convirtiendo en otro referente para polarizar la competencia electoral entre las elites. No hay nin- guna coincidencia ideológica entre el chavismo y el partido de gobierno, pero la crisis en el país vecino y el impacto que esto tiene en la opinión pública, convierte a Venezuela en un tema rentable para polarizar electoralmente.

04. El temor al ascenso electoral de la izquierda democrática


El final del conflicto plantea la posibilidad de que la izquierda, en este caso los partidos de centro izquierda, crezcan y puedan llegar en coalición al gobierno. La violencia de las FARC y el ELN les ha hecho un gran daño a estas fuerzas y le dio a Colombia la más prolongada hegemonía conservadora (en el sentido ideo- lógico) en todo el continente. Esta comodidad conservadora ha concluido y lo que viene es una vida política más pluralista que incluirá a la extrema izquierda represen- tada por pequeños grupos, entre estos las FARC, y el centro izquierda representado por al menos dos grandes partidos. La mejoría de oportunidades para la izquierda democrática es indispensable para que el país cierre su ciclo de inclusión po- lítica democrática. Negar esto es negar la democracia misma. Por ahora, el ascenso de la izquierda es solo una posibilidad que requiere que los partidos de izquierda superen proble- mas de fragmentación, liderazgo y credibilidad. Entre estos problemas está la posición que asumirán frente a la extrema izquierda en general, la crisis venezolana actual y, de forma particular, frente a la exguerrilla de las FARC. Errores en el en- foque sobre estos temas podrían representar un pesado lastre a su crecimiento. Sin embargo, la aceptación de la izquierda como un competidor con oportunidad de gobernar conlleva un efecto traumático para las elites. Esta nueva realidad en el sistema político tradicional alimenta miedos, emociones, inse- guridades y por lo tanto contribuye a la polarización.

05. La transición de la corrupción a la transparencia

Este tema está apenas entrando en la agenda política del con- tinente. En la mayoría de países se están tratando los síntomas y no las causas de la corrupción. Por encima de un enfoque político está predominando lo moral, judicial y mediático pu- nitivo. La corrupción ha sido en casi todas partes un instru- mento de gobernabilidad, un mecanismo de agilización de burocracias y un medio de financiación de la política. En esto hay amplias responsabilidades de la clase política y empre- sarial, pero el tiempo en que esto era posible y casi normal ha concluido. Ahora estamos en transición hacia la transparencia en el manejo de los fondos públicos y esto es un resultado del avance democrático; pero lograr transparencia implica no solo castigar, sino resolver los factores que generan la corrupción, como, por ejemplo, la financiación de la política. Sin embargo, el enfoque moral puede convertir la lucha contra la corrupción en un arma de todos contra todos, que destruya el sistema po- lítico, tal como está sucediendo en este momento en Brasil o como ocurrió en Venezuela cuando el enfoque moral le abrió las puertas a Chávez. El debate fundado como lucha entre ho- nestos versus ladrones puede derivar en que los ciudadanos concluyan que todos son ladrones. Este tema es riesgoso en cualquier parte y en el escenario colombiano es más peligroso porque alimenta una polarización que ya está en desarrollo.

06. Religión y cambio cultural urbano

Colombia dejó de ser un país con dominio de población rural y se ha transformado en un país de población urbana. Esto con- lleva cambios culturales que posiblemente no se expresaron de forma más temprana porque la violencia ocultaba el deba- te. Con los éxitos de la pacificación, el cambio ha comenzado a manifestarse de forma más abierta. Los temas de género, aborto, eutanasia, matrimonio gay y similares constituyen demandas que en una sociedad rural no tenían espacio. Esta problemática estaba presente en individuos o casos aislados que permanecían ocultos. Las grandes concentraciones ur- banas convierten estos problemas aislados en demandas colectivas de minorías que en de- mocracia pueden asumir posiciones, defender derechos y exigir tolerancia. Esto cobra mayor fuerza cuando la agenda de estas minorías es un tema global que tiene una potente presencia mediática. El reto de la transición cultural abre entonces un debate entre el conservadurismo religioso, propio de la sociedad rural, y la tole- rancia liberal que genera la sociedad urbana. En algunos casos esto puede incluso implicar violencia. Por ejemplo, la ola de feminicidios en Ciudad Juárez, México, resultó de los cambios culturales que implicó el fin de una sociedad rural debido a la aparición de cientos de miles de puestos de trabajo en manos de mujeres que se volvieron independientes. Colombia está viviendo esta transición tal como lo demuestra el voto por el no al acuerdo de paz, porque en este aparecía el tema de género. Este debate, al igual que los anteriores, tiende a invocar más a las emociones que a la racionalidad y por lo tanto también alimenta la polarización.

07. Colombia está a tiempo de prevenir

En el corto plazo, la polarización quizás no traiga grandes problemas, pero si no se corrige puede tener consecuencias muy graves a futuro. Colombia está viviendo una nueva rea- lidad que le exige enfrentar nuevos retos, pero corre el riesgo de que viejos fantasmas la asusten y conviertan el miedo en el principal instrumento de la competencia política. Los temas señalados tienen mucha potencia para darle fuerza a la idea de que se está frente a una lucha entre el bien y el mal. Esto puede acabar profundizando diferencias ficticias entre las fuerzas del sistema y estas, en vez de polarizar constructiva- mente sobre soluciones a problemas y retos urgentes, podrían enfrascarse en ataques emocionales fáciles de vender en lo inmediato. El problema es que esas emociones pueden acabar convertidas en ideas fuerzas del imaginario colectivo y con- ducir así a un severo déficit de racionalidad y pragmatismo, los dos valores más determinantes de la política.

Carta a Trump: Salvar Venezuela sin ir a la guerra. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 15 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Dear Donald:
Sé que tiene un Departamento de Estado acéfalo y que sus únicos asesores son militares. Se nota. Le voy a mandar algunos consejos no solicitados, a los cuales usted por supuesto ni siquiera haría caso si le lo diera algún experto anglosajón en política hacía América Latina.

masSi realmente quiere ayudar a Venezuela a recuperar su democracia, lo peor que puede hacer es amenazar a Maduro con una intervención militar de Estados Unidos. Es de las pocas cosas que a esta altura le pueden dar oxígeno a este régimen aislado interna y externamente. Maduro y sus narco-generales lo aman por esta su nueva bravuconería.

En vez de esto, lo que el presidente de Estados Unidos debe hacer son tres cosas:

  1. EDH logHablar con Cuba y darle garantías que con un cambio de régimen en Venezuela no perderá el suministro de petróleo. O sea, convencer a Cuba que sostener a la fuerza a Maduro y apoyar la represión contra la oposición no es la única forma que Cuba puede asegurar su sobrevivencia económica. Esto requiere negociaciones paralelas con la oposición venezolana.

Pero lo que usted hace es cerrar las puertas recién abiertas de comunicación con Cuba, obligando a Castro y Maduro a defenderse mutuamente.

  1. Negociar con China, que es el principal acreedor de Venezuela. Venezuela ha empeñado los próximos 20 años de su producción petrolera a China, y Pequín sabe perfectamente que el régimen de Maduro, aunque logre sobrevivir a pura fuerza de represión, nunca tendrá capacidad de honrar esta deuda. La única manera de asegurar que Venezuela le pague a China es un cambio democrático que logre reconstruir la economía nacional. Nuevamente, igual que en el caso de Cuba, Estados Unidos puede dar las garantías que va a facilitar que un nuevo gobierno venezolano, con la ayuda de los organismo financieros internacionales, honre la deuda con China.

Pero lo que usted hace es tensionar la relación con China con su discurso de guerra comercial y sus amenazas militares a Coreo del Norte.

  1. En vez de amenazar con suspender las compras de petróleo a Venezuela, mejor negocie con Colombia para que juntos corten la conexión narco que mantiene funcionando el régimen narco-militar venezolano. Boicotear el petróleo venezolano afectaría a la población venezolana que ya está sufriendo la crisis de abastecimiento. Cortar la conexión FARC-Maduro y su negocio narco, sólo afectaría y efectivamente debilitaría a las cúpulas militares y políticas de Venezuela.

Estoy claro que su ceguera ideológica no le permitirá modificar sus políticas hacía Cuba y China, ni siquiera para salvar Venezuela y estabilizar América Latina. Pero la tercera opción, tal vez la más efectiva para debilitar a Maduro, encaja perfectamente en su discurso macho, Mr. Trump. A menos que sea discurso y nada más.

Si tiene más preguntas, consulte con los expertos en América Latina que abundan en Washington. O haga que su embajadora en Salvador me llame. Tengo varias cosas que me gustaría discutir con ella.

Sincerely yours,

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El presidente Duterte está repitiendo mis errores. De César Gaviria

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a la izquierda, con el director de la Policía Nacional, Ronald Dela Rosa, en Manila durante una rueda de prensa, el 30 de enero Credit Noel Celis/Agence France-Presse – Getty Images

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a la izquierda, con el director de la Policía Nacional, Ronald Dela Rosa, en Manila durante una rueda de prensa, el 30 de enero Credit Noel Celis/Agence France-Presse – Getty Images

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César Gaviria fue presidente de Colombia de 1990 a 1994, y secretario general de la Organización de Estados Americanos de 1994 a 2004.

César Gaviria, 6 febrero 2017 / THE NEW YORK TIMES

BOGOTÁ — Las drogas ilegales son un asunto de seguridad nacional, pero la guerra en su contra no se puede ganar nada más con las fuerzas armadas ni los organismos de justicia. Enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema. Encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos casi siempre resulta contraproducente, ya que se acaba por fortalecer a la delincuencia organizada.

Tal es el mensaje que me gustaría enviar al mundo y, en especial, al presidente Rodrigo Duterte de Filipinas. Créame, aprendí a la mala.

Nosotros los colombianos sabemos una que otra cosa de la lucha contra las drogas. Nuestro país ha sido desde hace mucho tiempo uno de los principales proveedores de cocaína en el mundo. Con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Europa Occidental, hemos invertido miles de millones de dólares en una campaña incansable para erradicar las drogas y desmantelar a los carteles. Yo personalmente participé en el arresto del narcotraficante más conocido del planeta, Pablo Escobar, en 1993. Si bien logramos hacer a Colombia un poco más segura, pagamos un enorme precio.

NEW YORK TIMESMi gobierno y los posteriores desde entonces hicieron de todo para atacar el problema: desde fumigar los cultivos hasta poner en la cárcel a cada vendedor de drogas a la vista. No solo fracasamos en la erradicación de la producción, el tráfico y el consumo de drogas en Colombia, sino que además provocamos que las drogas y la delincuencia se instalaran en los países vecinos. Además generamos nuevos problemas. Decenas de miles de personas murieron en nuestra cruzada contra las drogas. Muchos de nuestros políticos, jueces, policías y periodistas más brillantes fueron asesinados. Al mismo tiempo, los grandes fondos que amasaron los carteles de la droga se gastaron en corromper a nuestro poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

Esta estrategia de mano dura contra las drogas sirvió de poco para disminuir la oferta y la demanda de drogas en Colombia, ni qué decir de mercados como Europa y Estados Unidos. De hecho, drogas como la cocaína y la heroína son más accesibles que nunca en Bogotá, Nueva York o Manila.

La guerra contra las drogas es fundamentalmente una guerra contra la gente. Sin embargo, cuesta eliminar los malos hábitos. Muchos países todavía tienen una adicción a financiar esta guerra. Como el presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo: “Seguimos pensando que estamos en la misma situación que hace 40 años”. Por suerte, cada vez más gobiernos admiten que se necesita una nueva estrategia, una que elimine las ganancias obtenidas de la venta de drogas y, a su vez, garantice que se hagan cumplir los derechos humanos de todos los ciudadanos y se les proporcione acceso a servicios de salud.

Si queremos controlar lo que sucede con las drogas, necesitamos hablar honestamente. La Comisión Global de Políticas de Drogas —de la cual soy miembro fundador— ha estado a favor de un debate abierto, basado en evidencias, en materia de drogas desde 2011. Apoyamos firmemente la reducción de la oferta y la demanda de drogas, pero diferimos radicalmente con los métodos de mano dura para lograrlo. No somos blandos en el tema de las drogas. Todo lo contrario.

“Si bien el gobierno filipino tiene el deber de brindar
seguridad a su gente, existe el riesgo real de que
la estrategia de mano dura haga más mal que bien”

¿Qué proponemos? Bueno, para empezar, no creemos que el armamento militar, las políticas represivas y las prisiones más grandes sean la respuesta. La verdadera reducción de la oferta y la demanda de drogas se alcanzará al mejorar la salud y la seguridad pública, fortaleciendo las medidas anticorrupción —en particular, aquellas contra el lavado de dinero— e invirtiendo en el desarrollo sustentable. Además, creemos que el camino más inteligente para el combate a las drogas es la despenalización del consumo y asegurarse de que los gobiernos regulen ciertas drogas, incluidas las de uso médico y recreativo.

Si bien el gobierno filipino tiene el deber de brindar seguridad a su gente, existe el riesgo real de que la estrategia de mano dura haga más mal que bien. Sin duda, las penas más severas son necesarias para disuadir a la delincuencia organizada. Sin embargo, los asesinatos extrajudiciales y el vigilantismo son formas incorrectas de proceder. Después del asesinato de un empresario surcoreano, parecería que Duterte estaría más cerca de darse cuenta de ello. No obstante, incorporar al ejército a la lucha contra el narcotráfico, como sugiere ahora, también puede tener consecuencias funestas. La lucha contra las drogas tiene que ser equilibrada, de tal modo que no viole los derechos ni el bienestar de los ciudadanos.

Ganar la lucha contra las drogas requiere abordar no solo la delincuencia, sino también la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico. Sin importar aquello que Duterte crea, siempre habrá drogas y drogadictos en Filipinas. A pesar de ello, es importante poner el problema en perspectiva: Filipinas ya tiene una menor cantidad de adictos a las drogas. La aplicación de penas severas y violencia extrajudicial contra los consumidores hace que sea casi imposible para la gente que padece una adicción encontrar tratamiento. En cambio, esas personas recurren a hábitos peligrosos y a la economía del crimen. De hecho, el castigo a los adictos va en contra de todas las evidencias científicas disponibles de que eso funciona.

La dureza contra los delincuentes suele aumentar la popularidad de los políticos. A mí también me sedujo la idea de adoptar una postura inflexible contra las drogas cuando fui presidente. Las encuestas sugieren que la guerra contra las drogas de Duterte es igual de popular. Pero pronto descubrirá que no hay forma de ganar. Yo también descubrí que los costos humanos eran enormes. La guerra contra el narcotráfico no se puede ganar matando a los delincuentes menores ni a los adictos. Solo pudimos observar resultados positivos cuando cambiamos de rumbo, y aceptamos que las drogas son un problema social y no uno militar.

Un presidente asertivo toma decisiones que fortalecen el bien público. Esto supone invertir en soluciones que satisfacen las normas básicas de los derechos humanos y minimizan el dolor y el sufrimiento innecesarios. La lucha contra las drogas no es la excepción. Las estrategias orientadas hacia los delincuentes violentos y el lavado de dinero son esenciales, al igual que las medidas que despenalizan a los adictos, apoyan sentencias alternativas a los infractores no violentos de bajo nivel y brindan una gama de opciones de tratamientos a los consumidores de drogas. Esta es una prueba en la que muchos de mis compatriotas colombianos han fallado. Espero que Duterte no caiga en la misma trampa.

¿Estallará la Paz en Colombia? De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 10 octubre 2016 / EDH

El presidente Santos amaneció con la noticia de que le dieron el Nobel de la Paz por sus esfuerzos intentando poner fin a 52 años de conflicto con las FARC, el imperio ideológico de drogas y armas que le ha arrebatado al gobierno el monopolio del uso de la fuerza en gran parte del territorio colombiano. Lo positivo del Nobel es que le reconocerá al presidente el intento y podrá servir para incentivar la continuación de las negociaciones de paz. No necesariamente convencerá a la polarizada Colombia en la que triunfó el “no” en el referéndum que legitimaría los acuerdos de paz, y ojalá no vuelva inflexible al “sí” en lo que a continuar un diálogo respecta.

diario hoyTambién es positivo que el Nobel de la Paz comience a rehabilitar su pésima imagen, dañada en gran parte por haber intentado convertirse en un premio a la popularidad y no al mérito. Ejemplo de lo anterior es que le dieron el premio al presidente Barack Obama, en el primer año de su administración, cuando lo único que había hecho era hablar de paz pero no forjarla. Su legado dejará cientos de civiles muertos en intervenciones de drones en el Medio Oriente, y un par de violaciones al debido proceso que desdicen de lo que el premio supuestamente significa. Santos por lo menos, algo de esfuerzo ha hecho, con independencia de los resultados desalentadores del referéndum.

La paz no necesita marketing. La quiere todo el mundo. Por eso muchos han tachado a los de la postura del “no” automáticamente de intransigencia, cuando dentro de sus posturas, hay varios detalles que vale la pena llevar al diálogo. Entre ellos, las concesiones políticas que se han hecho a las guerrillas, como la cuota garantizada de espacios en el cuerpo legislativo. El poder político es del pueblo para conceder, no del gobierno; es por eso que los espacios solo deberían garantizarse si cuentan con la legitimidad de una elección popular luego de una contienda electoral con diversas propuestas políticas en competencia. Se pueden señalar muchos defectos de los acuerdos de paz salvadoreños, pero la incorporación de las guerrillas a la esfera política sucedió por medio de la elección popular, revistiendo de legitimidad las victorias políticas de los ex-guerrilleros, otorgando un ejemplo digno de emular en el campo de la resolución de conflictos.

Si bien los del “no” tienen argumentos dignos de llevar al debate para continuar aportando insumos a un mejor acuerdo de paz, deben evitar la intransigencia que obstaculiza no sólo el acuerdo perfecto (que no existe) sino también los acuerdos posibles. Específicamente, en el caso de Uribe, el “no” y sus argumentos corren el riesgo de perder credibilidad si se usan como simple herramienta de bloqueo a Santos, o como una herramienta útil para el protagonismo político.

Lo que es un hecho es que la inacción sería dañina para todas las partes involucradas: el sí, el no, y las FARC, puesto que como bien señaló la organización WOLA (Washington Office on Latin America) hay procesos importantes como el desarme de las FARC, supervisado por la comunidad internacional, que estaban por iniciar y que los resultados del referéndum dejan en una suerte de limbo. Pocos incentivos pueden tener las FARC de continuar voluntariamente el desarme ya que sin la ratificación del acuerdo de paz, los guerrilleros mantienen intacto su estatus de fugitivos ante la ley.

Desde cualquier punto de vista, el proceso de paz colombiano merece la atención del mundo. No solo es la primera vez que se lleva a cabo una negociación de este tipo en un mundo interconectado y con tecnología que facilita la participación de muchas más partes que antes, su éxito o fracaso también podrían proveer aprendizaje que países como El Salvador podría aplicar a su estrategia para lidiar con las maras.

@crislopezg

Colombia’s Proof That Democracy Doesn’t Work. Martín Caparros

 Reacting to the failed referendum for a peace accord in Cali, Colombia, on Oct. 2. Credit Luis Robayo/Agence France-Presse — Getty Images

Reacting to the failed referendum for a peace accord in Cali, Colombia, on Oct. 2. Credit Luis Robayo/Agence France-Presse — Getty Images

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Martín Caparros, periodista argentino

Martín Caparros, 7 octubre 2016 / THE NEW YORK TIMES

MEDELLÍN, Colombia —It’s a sad country,” says a girl with long copper-colored hair and a dazed look as she puts her phone away while holding back tears. “Sad, indeed,” answers a close-to-elderly man. And around them, in this Colombian plaza, in Medellín, many could say the same. There are moments when citizens come across something that they don’t recognize, and then that something turns out to be their country. That discovery, the horror of that discovery — that’s the feeling so many Colombians had last Sunday night.

The plebiscite on the peace agreement had just concluded; among 13 million voters, No had prevailed by almost 54,000 votes, 50.2 percent to 49.8 percent. Four years of negotiations between the government and the guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, were going up in smoke. Bewilderment was taking over.

NEW YORK TIMESSeven days earlier, in contrast, everything was rejoicing and pomp, with nearly all the major polls predicting a big victory for the agreement. Someday, someone will speak about it as the greatest historical event that never took place: In Cartagena, peace with a capital P was being celebrated with a wealth of speeches, doves, the presence of kings, bishops, children, presidents. Decked out in white, everyone celebrated the signing of an agreement that will never come to pass.

It was the biggest mistake by a politician who has made a mountain of errors. President Juan Manuel Santos (who won the Nobel Peace Prize on Friday) could have made the agreement official without the need of a plebiscite, but he yielded to the temptation of obtaining, through this peace accord, the support of his fugitive voters. Juan Domingo Perón, a very astute general who kept Argentina at his feet for half a century, was fond of saying, “The best is usually the enemy of the good.” President Santos didn’t know that, or didn’t abide by it, and now he’s paying the price. And all of his citizens are likewise paying.

The Yes vote won in Bogotá, Cali, Barranquilla and Cartagena, and lost in the country’s other big cities. Yes was also the winner by an overwhelming majority in those areas most affected by the war: Chocó, Cauca, Putumayo and Vaupés. In Bojayá, site of the worst massacre carried out by the FARC — in 2002, more than 100 people died inside a church that was bombed by the guerrillas — the Yes for reconciliation won by 96 percent. The Colombian news website La Silla Vacia, citing the Foundation for Peace and Reconciliation, reported that in 67 of the 81 municipalities most affected by the conflict, Yes was the winner.

Often, war is rejected by those who have experienced it; those who see it from afar can afford the luxury of wanting it to continue.

Many speak about Colombia these days as if it were a country severed in two. But what exists is a country divided into three. Those who voted Yes account for just over 19 percent of the Colombian electorate; those who voted No also account for just over 19 percent; those who did not come out to vote are over 60 percent of Colombians. And that is, in the long term, the biggest problem of all.

The agreement was hailed by some as an extraordinary achievement, the end of an interminable war, an opportunity for the country’s development to take off. Others considered the agreement a cowardly concession, posing the danger of a “Castro-Chavismo” nation, as the double defeat of dishonor. But it was assumed that the plebiscite that would decide the issue would be a great moment for the Colombian people, their chance for true democracy to prevail. Yet 20 million Colombians did not vote.

There’s a segment of the population in which decisions of this nature are debated, are deeply felt, and are apparently acted upon. There are many other Colombians who have decided not to decide, and yet it is they who decided this referendum.

The mechanism of representation doesn’t work. Democracy is in trouble. And not only in Colombia, of course. Voting, to which so many aspired for so long, has become a burden or has been forgotten by so many. There are reasons for this, but there’s a factor that confounds all of them: Those who elect not to elect do so because they don’t think they are actually electing anything. Then they wash their hands of the matter and accept, for a while, being left out. But inevitably, little by little, they will start looking for ways in which they can exert influence. From what we see, democracy is not one of those ways.

This is the problem in the long term. In the short term, the Colombian government will try to persuade the FARC chiefs to reopen a negotiation aimed at getting them to accept terms inferior to the just-rejected peace deal. A disappointed President Santos says he is going to ask the No parties what they want. And everyone knows that above all they want some sort of punishment for the guerrillas. How are the guerrillas going to be persuaded to accept it?

“Let them be punished by serving jail terms, sir. And don’t give them any money. I wake up at 4 o’clock every morning in order to earn 689,000 pesos” — just a little over $200 — “and they were being paid for doing nothing, for committing crimes, because they’re not going to give up vice just like that.” That’s what I was told Sunday by an employee at a gas station here in Medellín, bastion of the No vote and of its hero, Álvaro Uribe, the former president. Resentment was one of the reasons for the No, but, as usual, fear was an even stronger one. How is it possible to accept that those who were always enemies will now become part of us?

No one knows what’s coming next. The scenarios are opening up like the folds of a fan: new negotiations, new battles, new agreements or new failures. It’s clear only that everyone has lost a lot of time and that, after last Sunday, an increasing number of Colombians do not understand other Colombians, and they don’t understand the country they are living in.

Aquí no ha pasado nada. De Joaquín Villalobos

El resultado del referéndum obliga en Colombia a negociar,
no a retornar a la guerra.

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JOAQUIN VILLALOBOS

Joaquín Villalobos vive en Inglaterra. Fue asesor tanto del presidente Uribe como del presidente Santos.

Joaquín Villalobos, 5 octubre 2016 / EL PAIS

Dice mi amigo Héctor Aguilar Camín en una de sus novelas que “la política, vista de cerca, aun la política más alta, es siempre pequeña, mezquina, miope, una riña de vecindario. Solo el tiempo da a los hechos políticos la dignidad distante, el sentido superior que es su justificación y, con suerte, su grandeza”. El virtual empate en el plebiscito colombiano es menos fatal de lo que parece y podría derivar en una mayor solidez para la paz. Toda negociación es un proceso compuesto por negociaciones simultáneas que ocurren entre los contendientes y dentro de los contendientes. Desde el inicio fue claro que la paz estaba cerca en La Habana, pero lejos de los consensos de Bogotá. El resultado del referéndum no es el regreso a la guerra, sino el comienzo de la política y este es el propósito fundamental del proceso, por lo tanto aquí no ha pasado nada.

el paisDurante muchas décadas Colombia ha sido, por un lado, una democracia que ha funcionado bastante mejor que en otros lugares del continente, pero al mismo tiempo ha vivido una violencia más severa y prolongada que la que generaron algunas dictaduras. Terminar el conflicto supone lidiar con estas realidades como si se tratara de unir a dos países distintos. Esto implica confrontar diferencias sobre cómo se vive o se ha vivido el conflicto. A mayor proximidad o lejanía de la guerra corresponden más unidad o mayor indiferencia de la sociedad para un acuerdo. El éxito de la estrategia militar del Estado alejó el conflicto de los centros vitales, pero creó un nicho electoral rentable para la competencia política que dificulta los consensos sobre el acuerdo de paz. En ese sentido, el plebiscito fue más una medición de fuerzas de cara a las elecciones presidenciales del 2018 que un referéndum sobre la paz.

Se podría pensar que fue incorrecto realizar la consulta. Sin embargo, el casi empate en el plebiscito deja clara la importancia que tenía su realización. Con una sociedad dividida la implementación de los acuerdos estaría en riesgo sin consensos políticos. Para imponerse, tanto el como el no, requerían una ventaja abrumadora, pero con una diferencia tan estrecha el mandato de los ciudadanos sirve para que los políticos negocien y no para retornar a la guerra. Esto es altamente positivo para el proceso de paz.

Se puede pensar también que fue incorrecto firmar el acuerdo con las FARC sin tener un consenso con la oposición, pero eso hubiera implicado perder la oportunidad de desatar la dinámica que sobre la marcha ha puesto fin a medio siglo de guerra. La existencia de un acuerdo minuciosamente elaborado, los encuentros con las víctimas, el cese de fuego bilateral que ya está funcionando, los contactos entre militares y combatientes, el cese de fuego unilateral del ELN, la posibilidad de que este grupo se sume al proceso, el impresionante interés de la comunidad internacional, el perdón público ofrecido por el líder de las FARC, el despliegue de Naciones Unidas para verificar el desarme y la reducción dramática de la violencia en el último año, son todas sólidas conquistas que se relacionan con haber tomado la oportunidad por la paz.

“La voluntad de combate tanto de insurgentes
como de militares está ahora bajo la influencia
de esta realidad construida por el acuerdo firmado”

La voluntad de combate tanto de insurgentes como de militares está ahora bajo la influencia de esta realidad construida por el acuerdo firmado. En otras palabras, la guerra está atrapada y bajo pleno control de la política. Nadie puede despreciar el enorme valor que esto tiene, al igual que no se puede despreciar la necesidad del consenso con quienes llamaron a votar por el no. Pero sin guerra hay mejores condiciones para que los políticos colombianos hagan ahora su oficio de negociar.

Dicen que no hay mal que por bien no venga y al parecer esto ha ocurrido en Colombia. La polarización es claramente la amenaza más grave al posconflicto y ha venido creciendo exponencialmente entre las principales fuerzas políticas, dividiendo no solo a la sociedad, sino a las familias. La polarización no solo haría fracasar el proceso de paz, sino que podría llevar al país a una crisis de gobernabilidad. Algo similar a lo ocurrido en El Salvador, donde la paz fue un éxito que los partidos convirtieron en fracaso. El empate del referéndum obliga a que los políticos se reconcilien para detener y revertir la polarización y esto es buena noticia. La guerra ha concluido y ha comenzado la política y en esta, recordando a Camín, la intriga, los egos y las vanidades pesan tanto como los intereses estratégicos, esto la vuelve complicada y peligrosa, pero también menos aburrida.

Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es asesor del Gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC.

Plebiscitos: ¿populismo del siglo XXI? De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 6 octubre 2016 / EDH

Mientras en Venezuela el referéndum revocatorio sigue entrampado, en Colombia, el plebiscito convocado por el gobierno para legitimar el acuerdo de paz se realizó en el tiempo estipulado y arrojó un estrecho margen de 0.45 % a favor del “NO”. Ambos sucesos permiten contrastar dos aspectos. El primero tiene relación con la independencia y la  credibilidad de las autoridades electorales.

diario hoyEn Colombia la encargada de organizar los comicios y de poner en marcha un mecanismo de democracia directa  es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre el 2 de junio y el 2 de octubre de este año, la Registraduría supervisó la inscripción de nuevas cédulas de identidad, depuró el censo electoral, supervisó las campañas a favor y en contra del acuerdo, actualizó el listado de personas que podían ocupar el cargo de jurados que integrarían las mesas, estableció, en coordinación con los alcaldes, los lugares en los que se instalarían los centros de votación,  seleccionó a los delegados del Consejo Nacional Electoral, nombró las comisiones encargadas de escrutar los resultados, publicó el censo electoral, acreditó a los testigos electorales y entregó los resultados preliminares que otorgaron el triunfo a los simpatizantes del “NO”.

Los habilitados para votar en el plebiscito fueron casi 35 millones de  personas y los puestos de votación 11,034. Ninguna de las fuerzas políticas ni los movimientos a favor de una u otra opción denunciaron fraude alguno y, por el contrario, el escrutinio preliminar fue aceptado de inmediato y nadie dudó de la legitimidad del proceso.

En Venezuela la autoridad responsable de montar el revocatorio es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Retrasar el procedimiento hasta enero de 2017 le permitiría al régimen, en el caso que los venezolanos decidan apartar a Nicolás Maduro de la presidencia,  que el vicepresidente finalice el período correspondiente hasta el año 2018; así lo establece la Constitución y, el CNE, fiel al inquilino del Palacio de Miraflores, ha obstaculizado la recolección de firmas y el aval de las siguientes etapas con el propósito de evitar elecciones anticipadas.

La convocatoria al referéndum se hizo el 26 de abril y apenas el pasado 21 de septiembre fue autorizada la recolección del 20% de las firmas de los inscritos en el censo nacional, equivalentes a 3.8 millones de personas, para los días 26, 27 y 28 de octubre, una condición legal que la oposición debe formalizar. El CNE se tomará el mes de noviembre para validar las firmas y hará la convocatoria para la celebración del revocatorio en diciembre, fecha desde la cual el organismo cuenta con 90 días para realizar el revocatorio. En resumen, la entidad electoral ha manipulado el calendario de trabajo para impedir que los ciudadanos se manifiesten por la continuidad o la interrupción del mandato de Maduro antes del 10 de enero de 2017, cuando inician los dos últimos años del gobierno actual.

La segunda cuestión se vincula a la figura que pide la celebración de la consulta popular. Cuando lo hace el gobierno, la equidad de la competencia se tuerce porque el oficialismo tiene más recursos que la oposición para hacer campaña por la opción que respalda. Por el contrario, si quienes toman la iniciativa son los ciudadanos, el dinero es escaso y la capacidad de organización se dificulta. Sin embargo los resultados pueden ser desfavorables en ambos situaciones. En Colombia perdió el “SI”, la alternativa del presidente Santos, lo mismo que en Bolivia, cuando Evo Morales llamó a la población a manifestarse por la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. Igual aconteció en Venezuela cuando Chávez pidió en 2007 la reforma constitucional con el mismo propósito.

Lo cierto es que ahora, en una época en la que los ciudadanos se están tomado en serio los espacios que les otorga la democracia, debe analizarse el tipo de consultas que se autorizan, las materias que se someten a las mismas, la transparencia de los procesos, la independencia de quienes los administran y la manera en la que se configura la pregunta que debe responder el elector. Si se descuidan estos asuntos el populismo podría encontrar otro medio para perjudicar la estabilidad de los sistemas políticos.