Roberto Rubio

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Tendencias y preferencias electorales. De Roberto Rubio

La oposición no logra capitalizar el fuerte desgaste gubernamental. ¿Por qué?

roberto rubioRoberto Rubio, 27 febrero 2017 / LPG

En los datos proporcionados por las tres últimas encuestas que miden tendencias y preferencias electorales (LPG, IUDOP/UCA y Gallup) se extraen dos grandes conclusiones. En primer lugar, una constante caída del FMLN y ARENA, los cuales se sitúan en sus niveles más bajos desde hace muchos años; así también resalta el práctico estancamiento del resto de partidos políticos. En segundo lugar, una fuerte tendencia al alza de las personas que no se decantan por ningún partido o no se sienten identificados con alguno de ellos; alcanzando este segmento uno de sus niveles más altos.

la prensa graficaEn cuanto a lo primero, no hay duda que la incapacidad del gobierno de enfrentar adecuadamente los principales y agudos problemas que tiene el país ha erosionado severamente la base de apoyo del partido oficial. El estancamiento económico y falta de empleo, la crítica situación fiscal, la profundización de importantes problemas sociales, el deterioro de varios servicios públicos, la opacidad y la corrupción, la torpeza y paraplejía política, las dificultades para enfrentar la violencia, la extorsión y el control territorial de las pandillas, son todos ellos factores que han contribuido a ese sustantivo desgaste del FMLN ante parte importante de la población, e incluso de algunas de sus bases tradicionales de apoyo. Con más de 7 años en el gobierno, la zafada de echarle la culpa a los 20 años de ARENA ha ido perdiendo mucha fuerza y credibilidad.

Ahora bien, se esperaría que ante el desgaste y deterioro electoral del partido de gobierno, la oposición se fortaleciera. Sin embargo esto no sucede. Al contrario, ARENA baila al mismo son declinante del FMLN. En otros términos, la oposición no logra capitalizar el fuerte desgaste gubernamental. ¿Por qué? Habrá muchas razones, pero valga mencionar tres gruesas. Por un lado, muchos votantes siguen identificando a ARENA como el partido de los ricos y grandes empresarios. Por otro lado, el inadecuado manejo de sus diferencias internas, lo que le dificulta tomar decisiones y posiciones coherentes, oportunas y acertadas. Algo que también le limita contar con un liderazgo claro y firme. Finalmente, la falta de reconocimiento de sus errores y “pecados” del pasado le resta credibilidad a sus propuestas. Así por ejemplo, el no reconocer los hechos de opacidad, corrupción e impunidad cometidos durante su gestión (que los hubo), o al menos el simple hecho de no pedir perdón por ello, hace que sus propuestas de combatir tales males sean percibidas por un importante segmento de la población más como producto del oportunismo político que de la convicción ética.

Esos factores explican en buena parte el porqué el nuevo líder de ARENA, a pesar de su procedencia no tradicionalmente orgánica, su buena presencia mediática, etcétera, no ha logrado impedir esos niveles bajos de aceptación electoral. La marca del partido pesa demasiado, es una verdadera ancla.

En cuanto a la segunda gran conclusión que nos dejan las últimas encuestas, se constata el marcado ascenso de las personas que toman distancia o expresan su descontento/desencanto hacia el actual sistema político. Es cierto que este segmento de la población, ahora mayoritario, a la hora de estar frente a las urnas se decanta más por el voto de castigo de los gobernantes de turno (por no tomar en cuenta este elemento muchas veces fallan las encuestas). Pero también es cierto que si a este segmento poblacional se les presenta la oportunidad de una renovación sustantiva y real en uno de los partidos existentes, o de un nuevo y creíble partido, sin duda inclinarían sus preferencias electorales hacia ellos. Como también pueden hacerlo hacia posturas populistas.

Ese espacio nuevo, o esa tercera vía, está ahora más presente que nunca. Nadie por el momento lo ha sabido ocupar, y no será nada fácil ocuparlo en las actuales circunstancias y con leyes electorales que son un verdadero obstáculo a la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Mientras ello sucede, será importante contar con la renovación y el cambio al interior de los partidos existentes, y sobre todo con los esfuerzos políticos ciudadanos en favor de la democracia.

El Frente en su laberinto. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 5 diciembre 2016 / LPG

El escenario internacional para el Frente ha venido cambiando desfavorablemente. El mal llamado Socialismo del Siglo XXI está quedando en el olvido, como una página efímera y accidentada de la historia. El Frente perdió su soporte y referente económico, y ahora pierde a Fidel Castro, su principal referente político. Rusia y China tienen sus apuestas principales en otros países latinoamericanos. Una verdadera orfandad internacional.

la prensa graficaTampoco les va bien en el escenario nacional. A nivel económico, no solo no lograron dar principios de solución o disminuir los problemas heredados de los gobiernos de ARENA, sino que su gestión gubernamental los profundizó; a tal punto que llegaron a producir algo que nunca antes había ocurrido en nuestra historia económica contemporánea: volver insolventes las finanzas públicas. Tampoco han logrado enfrentar adecuadamente los problemas estructurales de nuestro bajo crecimiento, y nuestra economía sigue tan enclenque y pasmada como antes. Han seguido haciendo más de lo mismo, y nunca se han atrevido seriamente a hacer reformas estructurales, a transformar el susodicho “modelo” que tanto han criticado y aborrecido.

Tampoco les va nada bien en el campo del combate a la opacidad, la corrupción y la impunidad. Lejos de ser percibidos, tal como lo prometieron, como agentes de cambio y contención de tales flagelos, buena parte de la opinión pública los percibe como reproductores y amplificadores de los mismos. Sus agresivos ataques a la Sala de lo Constitucional, sus críticas a la embajadora de Estados Unidos y al trabajo anticorrupción que lleva a cabo la Fiscalía General, la defensa cerrada de sus propios corruptos, sus operativos de difamación hacia todos aquellos que criticamos su opacidad y corrupción, les ha restado toda credibilidad en la materia, y es fuente muy importante de descontento ciudadano. No hay que olvidar que la agenda de la corrupción e impunidad, que hace unos años no tenía mucho peso electoral, ahora lo tendrá de manera creciente.

En cuanto a otro de los escenarios que más preocupa a la población salvadoreña, la inseguridad ciudadana, tampoco andan muy bien que digamos. Y también lo es de preocupación del mismo partido, pues es quizá el único campo donde podría haber avances con rendimiento electoral. Sin embargo, algo que parecía presentar cierta mejoría en cuanto a la baja de homicidios, parece poco a poco írseles yendo de las manos. La estrategia unilateral de mano dura, largamente ensayada y fracasada, está produciendo mayores reacciones de violencia y expansión de operaciones del crimen organizado. Sin duda, el Frente necesitará bajar los homicidios y/o contener los elevados niveles de violencia de cara a las próximas elecciones. Pero esto no podrá darse en el corto plazo, y ojalá esta deficiencia o imposibilidad de bajar los homicidios y violencia no quiera ser superada nuevamente con una oscura estrategia negociadora con las pandillas.

Valga señalar que la falta de crecimiento económico y empleo, la crisis de las finanzas públicas, la corrupción e impunidad imperante, la falta de contención de la violencia y el crimen, son factores que van minando el apoyo que ha venido recibiendo el Frente de ciertos sectores sociales, y perfilan un incremento de la protesta social y sindical.

A todo lo anterior, hay que añadir el fuerte deterioro de los negocios impulsados por medio de Alba Petróleos, lo cual ha venido reduciéndole al Frente sus márgenes políticos, económicos y sociales de maniobra.

En fin, el Frente se encuentra atrapado en un laberinto que no tiene fácil salida. Ante ello tiene al menos dos opciones. La perdedora: seguir aferrándose al pasado, seguir reproduciendo los vicios de gobiernos anteriores, seguir atrincherándose en la intolerancia y agresividad ante las críticas, seguir sintiendo urticaria ante la independencia de poderes, etcétera. La no perdedora: dar un salto hacia adelante, hacia el verdadero juego democrático, hacia la limpieza de sus corruptos, hacia la democracia interna y el abandono del autoritarismo, hacia el abandono de los dogmas, hacia las necesidades de los pobres y no de sus propios ricos, hacia nuevos liderazgos, etcétera. El famoso “salto de calidad” que tanto se pregonaba antes en su interior.

Destapando la olla. De Roberto Rubio

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo.

roberto rubioRoberto Rubio, 7 noviembre 2016 / LPG

Experimentamos retrocesos y avances en nuestra realidad. El pesimismo que predomina el alma nacional indica que hay aspectos esenciales de ella en franco deterioro: en materia económica y sobre todo fiscal, en oportunidades para la vida, en madurez política, en inseguridad ciudadana, en valores, etcétera. Dos casos que simbolizan ese proceso de deterioro son el aeropuerto de Comalapa y el fútbol nacional: después de ser de los mejores en Centroamérica, ahora se encuentran entre los peores.

la prensa graficaSin embargo, hay significativos avances en otros campos. Uno a destacar es el de la lucha contra la opacidad y la corrupción. Ahora no solo se sabe más de los corruptos, sino que personas que se consideraban intocables han sido capturadas, y las hemos visto pasar afligidas por la cárcel y los juzgados (y a uno de ellos pasar por la frontera huyendo a hacer “consultorías”): expresidentes, alcaldes, exdiputados, ex altos funcionarios, un millonario empresario con altos conectes políticos, un exfiscal de la República, un importante militar del Batallón Presidencial. No es poca cosa. Aunque todavía no ha habido juicio y veredicto sobre ellos (esto dependerá sobre todo de las evidencias y honestidad de los jueces), es algo que jamás nos imaginamos podría ocurrir.

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo. Quizá por esos avances un alcalde anda nervioso, como bien dice el fiscal. Quizá por eso un alto dirigente político que sale vinculado en los medios de comunicación con el tráfico ilegal y el lavado de dinero a nivel internacional se le confecciona un traje viceministerial a la medida para blindarlo nacionalmente con fuero (ahora somos un exótico país en el mundo donde un viceministerio lo compone una sola persona).

Por otro lado, gracias al “pedazo de institucionalidad” que sí funciona, a la acción ciudadana y al interés de varios medios de comunicación hay menos opacidad, e informaciones que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. La acción ciudadana, junto con la intervención de la Sala de lo Constitucional (SC), fueron fundamentales para conocer parte de los abusivos y discrecionales manejos de fondos públicos y contrataciones de asesores en la Asamblea Legislativa. Gracias al periodismo investigativo conocemos cómo políticos y altos funcionarios negocian con las pandillas, ofreciendo dinero y otras prebendas a cambio de votos.

Algunas informaciones claves que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. En efecto, debido a la acción de la SC y a la acción ciudadana, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos dejaron de ser secreto de Estado; y las auditorías de estas permitieron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia iniciar juicios civiles contra altos funcionarios y expresidentes. Ahora, gracias a las recientes capturas del expresidente Saca y sus cercanos colaboradores, conocemos más del uso discrecional de la mal llamada Partida Secreta de Casa Presidencial. Con tal precedente, no está lejos el día que esta partida presidencial de gastos reservados tenga que ser regulada y disponga de su sistema particular de rendición de cuentas.

La olla se está destapando, y nos debe llenar de optimismo que algo positivo está ocurriendo en este país. Pero también debe preocuparnos, pues los avances suelen. producir reacciones negativas de quienes se oponen a ellos: acusaciones y ataques a todos los que luchan contra la corrupción e impunidad; constantes y furibundas agresiones del FMLN hacia el trabajo de la SC; críticas viscerales contra el periodismo investigativo; críticas veladas, presiones y amenazas hacia la Fiscalía, etcétera.

Los ciudadanos debemos dar nuestro decidido apoyo al trabajo de la Sala de lo Constitucional, así como al accionar valiente y honesto del fiscal y sus colaboradores. No es posible que sea solo la cooperación internacional la que brinde su apoyo y solidaridad hacia la Fiscalía, y no seamos capaces de movilizar internamente ese apoyo. Si no hacemos nada por defender lo conquistado, en 2018, para la elección de nuevos magistrados de la Sala y para fiscal general, sin duda tendremos importantes retrocesos.

 

Kamikazes fiscales. De Roberto Rubio

Sí existen actitudes y declaraciones irresponsables que crean condiciones subjetivas para alimentar el pánico.

Roberto RubioRoberto Rubio, 24 octubre 2016 / LPG

Recientemente han circulado en las redes sociales afirmaciones de que el gobierno prepara un “corralito”, que se sacarán los colones para pagar a empleados públicos, que es inminente la desdolarización. Nada de esto es cierto.

No cabe duda que tenemos una crítica situación fiscal, y está claro que si no se hace nada, en un medio plazo podemos vernos sometidos a presiones por una “desdolarización forzada”, algo que casi nadie quiere. Sin embargo, no estamos al borde del precipicio. Hay tiempo y condiciones para que ello no suceda: el gobierno tiene fondos en el sistema bancario y cuenta con otros mecanismos para no caer en impago, las la prensa graficaremesas representan un sustantivo flujo de dólares que funcionan como importante amortiguador, nuestro sistema financiero es sólido, hay soluciones técnicas para resolver la crisis de liquidez gubernamental, y es factible que antes que finalice el año se tengan algunos acuerdos políticos que le bajen tensión a la problemática fiscal. No hay condiciones objetivas para el pánico.

Pero sí existen actitudes y declaraciones irresponsables que crean condiciones subjetivas para alimentar el pánico. Ahora resulta que hasta los que desde las esferas oficiales afirmaban hace algunos meses que éramos una maravilla de economía, se volvieron catastrofistas. Ahora son los primeros que esgrimen una indescifrable emergencia nacional y recurren al “cuco” del impago como parte de su estrategia negociadora. Mientras tanto, desde ciertas esferas de la oposición no faltan algunos que le hacen de Nostradamus, vaticinando una fecha determinada para el fin del mundo (se dijo que era el 7 de octubre). Ambas posiciones alimentan irresponsablemente la incertidumbre y el nerviosismo de los mercados, inversionistas, ahorrantes, presentes/futuros pensionados; ambas posiciones nutren a los kamikazes de uno y otro lado, a los abanderados de la teoría del caos.

Ahí están los kamikazes opositores que sugieren que la crisis vaya a fondo, que no hay que negociar con el gobierno, que hay que dejarlos que quiebren, que los impagos ampliarán el malestar social hacia el gobierno e incrementará la simpatía hacia la oposición, etcétera. No cabe duda que la oposición no puede darle todo lo que pide el gobierno, o caer en el simplismo de aprobarle los $1,200 millones a cambio de una ley, que tiene que usar su única fuerza negociadora al tener en sus manos la llave de los 56 votos para aprobar préstamos, y que con esto último puede inducir cambios de rumbo a la irresponsable política fiscal que tenemos. Sin embargo, si el gobierno cae, si cae en impago técnico, si estalla una crisis fiscal, entonces se llevarán de encuentro al conjunto de la economía, con nefastas consecuencias para todos. Por muy ineptos e irresponsables que sean, no se les puede dejar caer.

Ahí están también los kamikazes del oficialismo que sostienen que no hay que negociar con ARENA y menos aceptar las condiciones del FMI, que se le puede echar la culpa a este partido de las consecuencias sociales del impago y dirigir las protestas sociales hacia ellos, que no importa si se llega a la desdolarización pues así se puede resucitar su deseado colón y contar nuevamente con política monetaria, que de las cenizas que deje el caos se puede construir el nuevo y alternativo modelo, etcétera. No se dan cuenta que permitir semejante situación significará un suicidio político para el FMLN, quien seguramente no levantaría cabeza por varios años.

Estas posiciones kamikazes que circulan en conversaciones privadas, y malintencionadamente en redes sociales, atentan contra la sensatez y racionalidad que la coyuntura demanda, tienden un manto de incertidumbre que genera un nocivo e innecesario nerviosismo en el mercado nacional e internacional, y para nada favorece la salida a la crítica situación fiscal que vivimos actualmente. Son enfoques que contaminan las difíciles negociaciones entre el gobierno y la oposición, ya de por sí seriamente infectadas por el virus de los cálculos electorales. Ojalá las negociaciones den buenos frutos, y que las posiciones kamikazes se estrellen contra sus propios barcos, y no contra el bienestar de la población.

Corrupción, seguridad y democracia. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 10 octubre 2016 / LPG

La relación de la corrupción con la seguridad, nacional o ciudadana, así como con la democracia, ha sido muy poco analizada. Los análisis sobre la corrupción han estado más relacionados con la ética y la economía. En efecto, la lucha contra la corrupción moviliza cada vez más ciudadanos pues la faceta ética de nuestro ser es sensible ante el dolor ajeno que los corruptos provocan. La corrupción mata y los corruptos son criminales (por ejemplo cuando una licitación amañada resulta en edificios frágiles que cae fácilmente ante un terremoto). Esto indigna, como indigna el hecho que por causa de la corrupción no hay medicinas y buenos equipos en los hospitales, alimentos contaminados, falta de escuelas, etcétera.

la prensa graficaEl fenómeno de la corrupción también ha sido estudiado bajo la óptica económica. Varias investigaciones han venido estimando los costos económicos y fiscales de la corrupción, su relación con los índices de productividad y con los flujos de inversión externa, y es una variable que pronto se introducirá en los modelos econométricos.

Pero poco sabemos de las complejas interrelaciones que existen entre corrupción e impunidad con la política y la seguridad. En los últimos años, esta última relación ha venido cobrando mucha relevancia tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, más allá de las motivaciones éticas o económicas, la lucha contra la falta de transparencia y la corrupción ha recibido un empuje desde los países del Norte, entre otras razones, por las preocupaciones que el terrorismo y el narcotráfico genera: el soborno facilita el acceso a secretos e informaciones militares, mientras que los flujos financieros ilícitos potencian el accionar y movilidad de grupos como Al Qaeda o Isis. A nivel nacional, no es tanto la seguridad nacional la que preocupa, sino los efectos que la corrupción tiene sobre la seguridad ciudadana y sobre nuestra frágil democracia.

No se puede combatir adecuadamente la criminalidad si hay fuerte presencia de la corrupción dentro de la Policía; si altos oficiales de la Fuerza Armada se lucran del contrabando de armas, muchas de las cuales van a parar a manos de las pandillas; si en los penales campea el soborno; si los criminales y/o corruptos capturados por la policía y llevados a juicio por la fiscalía son al final declarados inocentes por jueces corrompidos. Tampoco se puede enfrentar adecuadamente la inseguridad si no hay una sustantiva participación ciudadana. Y esta no aflora cuando, a causa de la corrupción, hay fuerte desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Asimismo, la lucha contra la corrupción es fundamental para la consolidación de nuestra precaria democracia, y viceversa, la corrupción e impunidad la fracturan y debilitan. Así para el caso, la corrupción incrementa la distancia entre el Estado y la sociedad; aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones; favorece el fraude electoral; promoviendo el transfuguismo y cambiando la aritmética legislativa, se viola la voluntad de los electores; el sistema político se ve trastocado por el financiamiento partidario por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, la corrupción descompone la institucionalidad democrática y es una amenaza para el Estado de Derecho y la sana gobernabilidad.

De ahí la importancia de la lucha ciudadana contra la falta de transparencia, la corrupción e impunidad. Esta puede convertirse en un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestro hoy debilitado proceso democrático, en uno de los elementos claves para producir cambios políticos positivos.

En el país existen “parcelas” de institucionalidad que están contribuyendo al combate a la corrupción, como la Sala de lo Constitucional, la sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese buen esfuerzo institucional es insuficiente y corre el riesgo de que experimente retroceso en los próximos años con las elecciones de nuevos funcionarios. Por ello es urgente y necesario construir un movimiento ciudadano lo suficientemente preparado, sólido y sostenible para defender la institucionalidad democrática conquistada, así como para contribuir significativamente con su lucha contra la corrupción e impunidad, a los cambios políticos que nuestro proceso democrático demanda.

Eliminar placas particulares a vehículos nacionales Opinión. De Roberto Rubio

roberto rubioRoberto Rubio, 15 agosto 2016 / LPG

Sin duda, existen recientemente hechos que indignan a muchos ciudadanos. La lista es larga y sustantiva: diputados vinculados a narcotráfico; ausencias notorias de diputados/as en sus labores y berrinche ante la anulación de sus suplentes; clientelismo y nepotismo legislativo; despilfarro y uso discrecional de fondos por parte de la Presidencia de la Asamblea, así como en CEPA; las licitaciones sospechosas de esta autónoma; contaminación y encubrimiento de escenas de crimen en accidentes de tránsito, como el caso del Masferrari, o el reciente caso del vehículo fantasma de Casa Presidencial; ocultamiento de gastos de viaje y publicidad en CAPRES; posible involucramiento de altos funcionarios en la venta de armas, así como en los vericuetos de la tregua; enriquecimiento ilícito de expresidentes Saca y Funes; el caso de Chepe Diablo y sus vínculos políticos; el hasta ahora poco o nulo avance de investigación fiscal de varios sonados casos como el oscuro uso y destino de los 14 millones de los barriles, El Chaparral, el centro difamador de troles/Bunker y su vinculación con el alcalde de San Salvador; la cuestionada licitación de las luces led que llevó a cabo este con la empresa AGM Desarrollo, etcétera.

la prensa graficaEs incorrecto e injusto que vehículos que son propiedad del Estado tengan placas particulares. Por supuesto que hay excepciones, cuando se trata de funcionarios cuya función los expone a altos riesgos y no es conveniente revelar la propiedad nacional del vehículo. Son los casos del presidente y vicepresidente de la República, ministro y viceministro de Seguridad y los de Defensa, funcionarios del OIE, ciertos altos cargos de la Policía y Fiscalía, así como otros funcionarios con equivalente riesgo.

Es incorrecto. En primer lugar porque se presta al abuso o uso para fines no laborales, sobre todo cuando el funcionario tiene asignado más de un carro, ya que parece ser práctica común el asignarlo al uso de algún familiar. Y es incorrecto usar bienes públicos para fines particulares. En segundo lugar, porque “se presta a que personas particulares con seguidores privados (sea personas decentes que temen al secuestro, asalto o extorsión, o personas indecentes metidas en negocios ilícitos) no puedan ser distinguidas de aquellos funcionarios públicos que sí pueden disponer del derecho de apartarnos de la vía en razón de su cargo o función. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que dar paso a un vehículo seguidor con placas particulares, o vernos desplazados agresivamente por él, si estos no tienen más derecho de vía que todos nosotros? (LPG, junio de 2014).

Es injusto, especialmente entre los servidores públicos, pues los vehículos de funcionarios de menor rango sí portan placas nacionales, mientras que los buenos carros de los altos funcionarios circulan con placas particulares. Irónicamente, la ahora Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en otra de sus típicas operaciones de apariencia, durante los períodos vacacionales suele hacer campaña en contra del uso de carros nacionales en tal período. En otras palabras, hipócritamente se les exige a los funcionarios de menos rango guardar sus vehículos en vacaciones, pero se permite a los de mayor rango hacer uso discrecional de sus autos.

Ahora que la Asamblea Legislativa valora si en aras de un mejor control de los vehículos conviene pasar los centenares de autos con placas particulares a nacionales, será importante que considere eliminar las placas particulares de los vehículos de todas las instancias del Estado y no solo los de la Asamblea; haciendo por supuesto las excepciones antes mencionadas. Ojalá algún partido político tome la iniciativa.