independencia judicial

Impedir un Prometeo encadenado. De Roberto Rubio

24 septiembre 2018 / La Prensa Gráfica

Las instituciones de control, sobre todo la Sala de lo Constitucional, la CSJ, la Fiscalía y la Corte de Cuentas, tenían delimitado su campo de acción por parte del sistema de partidos políticos: no ir más allá de los intereses del gobierno de turno y sus aliados. La dependencia partidaria y el reparto de cuotas en la Asamblea Legislativa en la elección de funcionarios de segundo grado demarcaban el terreno donde dichas instituciones se moverían. Pero un buen día, como Prometeo, una independiente Sala de lo Constitucional transgredió las fronteras impuestas por el “Olimpo Político”, y llevó sin su permiso el fuego a los mortales.

Esa Sala no pudo ser encadenada. La Corte Plena se vitalizó. La Sección de Probidad de la CSJ resucitó. El Instituto de Acceso a la Información Pública dio algunas señales de vida. Más adelante, después de una fiscalía turbia y oscura, esta emanó algunos destellos de luz. Asistimos entonces a reformas políticas y electorales que fortalecieron nuestra tierna democracia, se enderezaron leyes torcidas, se limitaron prácticas políticas consideradas normales, se desvelaron secretos que no lo eran (nombre de asesores legislativos, declaraciones patrimoniales de funcionarios y sus auditorías), la justicia comenzó a alcanzar a los de arriba, se llevaron al pasillo de la justicia a altos funcionarios, entre ellos tres expresidentes, uno de ellos prófugo y otro, en un hecho sin precedentes, condenado.

Las circunstancias históricas permitieron que el fuego comenzara a expandirse entre los mortales. Pero como todo fuego, no solo ilumina sino también quema. Y sonó la alarma entre algunos de los operadores del Olimpo Político ante la hibris cometida por algunos mortales. La llama libertaria les amenazaba.

Como muchas cosas en la vida, la acción produce reacción, las buenas acciones generan malas resistencias, los avances producen temores y retrocesos. Es así que la incipiente llama expandida del Estado de Derecho, del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la independencia de poderes, resultaba incómoda en las cloacas de los corruptos y autoritarios. Y entonces reaccionaron alertados los dioses malignos, como Tántalo y Cronos que cocinaban y/o comían a sus propios hijos para no compartir el trono con nadie, tratando de apagar la llama y encadenar a Prometeo.

Sin duda los avances que tuvimos con la Sala de lo Constitucional y tenemos con la Fiscalía develaron la importancia que tienen tales instituciones para robustecer nuestra democracia y el combate a la corrupción e impunidad. Pero este hecho histórico también revela a los corruptos y autoritarios la importancia de encadenar y controlar a los que controlan.

De ahí la operación maligna de algunos partidos por encadenar la Sala de lo Constitucional, como posteriormente lo intentarán en la elección del fiscal. No menciono con nombre y apellido a los partidos/diputados que se alinean con Cronos o Tántalo y que son los principales culpables que no tengamos a estas alturas una buena Sala. Basta que el ciudadano se fije en quiénes quieren colocar a candidatos/as que no están entre los mejor evaluados, e insisten en colocar a los peor o medianamente evaluados, y cuyo único mérito es la fidelidad partidaria o la compra de su voluntad para ocultar las fechorías de los corruptos y/o defender la podredumbre de los malignos. Por ello, hoy más que nunca involucrémonos en la lucha por impedir un Prometeo encadenado.

Carta al fiscal general: Mal perdedor, mal ganador. De Paolo Luers

Paolo Luers, 24 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimado señor Douglas Meléndez:
Usted no solo es mal perdedor, también es mal ganador. Cuando perdió el caso tregua, porque el juez Godofredo Salazar absolvió a todos los acusados, usted de inmediato salió a atacarlo públicamente. No es el comportamiento que un fiscal general debe tener ante los juzgadores. Es más: Inmediatamente mandó a presentar otra acusación a Raúl Mijango, uno de los acusados principales en el caso tregua. Y luego, otra…

Lo que le tocó hacer es apelar la sentencia y esperar a que la cámara resuelva, pero no atacar al juez y poner en duda su honorabilidad. Ahora la cámara declaró nula la sentencia y ordenó una nueva vista pública. O sea, en esta instancia, usted ganó. Pero ojo, no ganó el caso. La cámara no condenó a nadie, no le toca hacerlo, solo encontró fallos en la sentencia y remitió el caso a otro juez.

Pero usted mostró que también es mal ganador. En vez de preparar mejor su caso y someterlo al nuevo juez y la nueva vista pública, de inmediato fue al ataque mediático contra el juez Salazar, amenazando con investigar y acusarlo penalmente. ¿Por qué? Para presionar al señor juez que va a presidir la nueva vista pública.

Y en esta ocasión se le escapó en declaraciones ante la prensa algo que debe pararle el pelo a todos los jueces y magistrados del sistema judicial: “Es importante que los tribunales superiores, como las cámaras e incluso la Sala de lo Penal respalden el actuar de la fiscalía.”

No, señor: Las cámaras y las salas no son para respaldar a la fiscalía. Son para juzgar con imparcialidad. Lo único que pueden respaldar es la ley. Así como la fiscalía tiene que ser independiente, los jueces y magistrados también, incluso (y sobre todo) de la fiscalía. Así como los fiscales tienen que respetar la presunción de inocencia, también los jueces y magistrados.

Presionar a los jueces con campañas mediáticas y amenazas de investigación y persecución penal es inadmisible para un fiscal general. Atenta contra su propia independencia y dignidad y las de los juzgadores. No podemos tener a un fiscal general que cada vez que pierda un caso arme berrinches contra el juez; y que cada vez que obtenga la reversión de una sentencia no favorable a la fiscalía se lance al ataque amenazando al juez de echarlo preso.

Necesitamos que el nuevo fiscal general, que la Asamblea tendrá que elegir este año, sea una persona más equilibrada, más profesional, y menos mediática que usted. Y sobre todo que sea un profesional de derecho que entienda que el fiscal general no solo tiene la función de acusar, a nombre del Estado, a las personas imputadas de delitos, sino que también (y sobre todo) tiene que ser el garante del Estado de Derecho. Esto incluye garantizar que se aplique el principio constitucional de la presunción de inocencia, así como defender otro principio constitucional: que los jueces puedan aplicar justicia libres de presiones y amenazas.

Deje que la nueva vista pública en el caso tregua se desarrolle sin presiones indebidas de ninguna parte. Deje que se haga justicia, basada en pruebas, y no en campañas mediáticas.

 

Saludos,

 

 

 

 

Vea también la carta en la cual los jueces salvadoreños
denuncian al Fiscal General ante Naciones Unidas
Los jueces penales denuncian al fiscal general Douglas Meléndez

 

Los jueces penales denuncian al fiscal general Douglas Meléndez

Los jueces penales del órgano judicial salvadoreño han reaccionado a las declaraciones del fiscal general Douglas Meléndez, que según ellos atentan contra la independencia de la justicia y los juzgadores. Publicaron un comunicado y mandaron una demanda formal contra el fiscal general al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados. Documentamos ambos documentos.

Segunda Vuelta

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué no quieren jueces independientes? De Humberto Sáenz Marinero

humberto saenz

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 8 febrero 2018 / El Diario de Hoy

En octubre del año pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura publicó el listado de abogados que en principio podían aspirar a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. El famoso listado de “elegibles” quedó compuesto de más de 12,000 abogados.

Ese es un listado que no hace ningún tipo de valoración sobre los requisitos de moralidad o competencia notoria, ni mucho menos sobre la independencia judicial. Es apenas un primer barrido que se hace para saber quiénes tienen la edad requerida, quiénes han desempeñado la judicatura por más de 9 años o quiénes han obtenido su autorización como abogado desde hace al menos 10 años.

EDH logEl universo de abogados en nuestro país ya supera el número de 35,000, pero de todos esos, es a partir de los “elegibles” que tienen que comenzar a identificarse el resto de características y requisitos exigibles.

El gremio de abogados es muy grande, y el listado de elegibles también lo es. Por eso cuesta entender y encontrar algún asomo de justificación, en los que promueven que de esos más de 12,000 abogados, se postulen profesionales que distan mucho de cumplir con las exigencias constitucionales.

La independencia judicial no es un invento de última hora, ni se trata —como algunos lo quieren hacer ver— de una exquisitez de unos pocos. En el caso de nuestro país, el art. 172 de la Constitución dice expresamente que los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son —y deben mantenerse— independientes. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional no han venido sino a explicar algo que ya estaba ahí.

Pero hay quienes en su afán por desconocer lo anterior, dicen que no pasa nada si tenemos magistrados formal o materialmente vinculados a partidos políticos, porque la independencia debe ejercerse al momento de conocer el caso concreto y no de manera anticipada; así intentan justificar postulaciones que ahora asustan a quienes queremos vivir en una democracia. Eso es una forma distorsionada de entender la exigencia constitucional de independencia.

En realidad, no podemos tener jueces ni magistrados, que apriorísticamente se coloquen en una situación tal, que su razonamiento y juzgamiento pueda estar enormemente influido y hasta comprometido por su vinculación partidaria. Eso es una contradicción del sistema de frenos y contrapesos.

Esto equivale a lo que muchas veces vemos en la Asamblea Legislativa cuando se aprueban leyes que ya todo mundo sabe que están mal o que violentan derechos constitucionales, pero que de todos modos se votan solo para ver qué pasa. No pueden elegirse jueces que de manera evidente no son independientes, solo para ver si en el camino logran su independencia; es un sinsentido.

Por supuesto que la independencia no solamente se aplica al ámbito político. Ese es apenas el más evidente de todos.

Y es que, vista desde otra perspectiva, la independencia judicial nos atañe a todos; no solo a los abogados. Es un derecho de todos los ciudadanos y por eso debemos exigirlo. Así lo ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos al expresar que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Exactamente lo mismo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ese derecho ciudadano a tener jueces independientes ha llevado a muchísimos pronunciamientos judiciales en los que se ha quedado clarísimo que, en los procesos de elección de jueces, especialmente los referidos a las altas magistraturas, deben existir filtros que garanticen esa independencia.

Y entonces ¿por qué algunas asociaciones que dicen representar al gremio y que dicen representar a la ciudadanía, se empeñan en postular profesionales con ostensibles vínculos partidarios? ¿Qué hay detrás de esa pretensión? ¿Por qué de los más de 12,000 elegibles, se insiste en llevar a personas vinculadas al quehacer político partidario?

Valga destacar que la pertenencia o cercanía con partidos políticos no es en sí misma reprochable. De verdad pienso que los partidos políticos juegan un rol esencial en toda democracia, y que a partir de los mismos se puede contribuir muchísimo al desarrollo del país; cosa distinta es ver lo que tenemos.

Aun así, yo aplaudo y admiro a quienes con espíritu patriota se vinculan al quehacer partidario y quienes con honestidad quieren hacer país desde esa trinchera. Pero lo que pasa es que esa trinchera es excluyente de la otra y quienes pretenden ejercer la judicatura, deben entenderlo de una vez por todas.

Ese mortífero poder de los jueces. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 12 octubre 2016 / EDH

Siempre me ha gustado citar a Calamandrei y, sobre todo, a su obra el “Elogio de los jueces”. El jurista, político y periodista italiano, en la referida obra decía: El Estado siente como esencial el problema de la elección de los jueces, porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.

diario hoyY agregaba: El juez es el derecho hecho hombre; solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley; si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana.

Estas palabras, escritas en 1935, conservan hoy día toda su actualidad aunque quizá hoy somos más los que las entendemos; al menos por estos rumbos. Digo esto porque poco a poco los ciudadanos hemos ido adquiriendo conciencia de la importancia que tiene el Órgano Judicial, ese que no estamos acostumbrados a escuchar y sobre el cual no estamos acostumbrados a hablar.

El Órgano Judicial ha dejado de ser preocupación exclusiva del gremio de abogados. Ahora es la ciudadanía la que clama por jueces independientes, honestos, académicamente preparados, profundamente conocedores del derecho, que sean conscientes de la realidad en que vivimos y que estén dispuestos a ejercer su facultad de imperio sin disimulo alguno.

La importancia que en nuestro país ha adquirido el Órgano Judicial es tal que importantes representantes de partidos políticos han manifestado públicamente su nefasto deseo de controlarlo, y por sus actuaciones tal parece que están dispuestos a intentarlo a cualquier precio. Ha quedado de manifiesto que ansían desesperados ese poder mortífero.

Pero ya que los ciudadanos hemos entendido la importancia de este Órgano, no podemos quedarnos impávidos antes los descarados esfuerzos por controlarlo, como tampoco debemos ignorar la existencia de malos elementos al interior del mismo.

Debemos unirnos a los esfuerzos encaminados a mantener la independencia del Órgano Judicial, así como a la lucha contra el enquistamiento de la corrupción y el crimen organizado, que lamentablemente ha carcomido buena parte de tan importante Órgano del Estado.

Tenemos que exigir que se depuren los malos jueces, que se aparte a todo aquel que no ha sabido llevar con dignidad la enorme responsabilidad que descansa sobre sus hombros, que se margine a aquel que no ha dimensionado a cabalidad lo que significa tener el poder de juzgar a sus semejantes y que se sancione a todo el que se haya prestado a vender justicia.

En ese sentido, las expresiones realizadas en los últimos días por varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como las evidencias de que se han comenzado a hacer esfuerzos por profesionalizar y transparentar la labor de la Sección de Investigación Judicial, dejan un muy buen sabor de boca. Son buenas señales de que quizá esta vez, sí vamos a comenzar a ver una verdadera depuración judicial; ojalá así sea.

En ese mismo afán, ya no se pueden seguir callando las consabidas prácticas de ciertos jueces y empleados del Órgano Judicial. Si somos testigos de actos de corrupción o de arbitrariedades disfrazadas de resoluciones, tenemos los mecanismos para denunciarlo públicamente. Ahora podemos ser escuchados con mayor facilidad y tenemos muchas más herramientas al alcance de nuestras manos.

Desde luego que nosotros, los abogados, como operadores usuales del sistema judicial, somos los principalmente llamados a realizar estas denuncias y a no prestarnos a que se perpetúen prácticas alejadas de la legalidad que riñen con nuestro juramento y que, peor aún, nos convierte en cómplices directos de lo que tal vez solo en silencio denunciamos.

Tampoco podemos tolerar que intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pretendan tomarse el Órgano Judicial. Si como ciudadanos queremos que en los tribunales se imparta justicia y queremos que el derecho no sea sombra vana, tenemos que preocuparnos porque los procesos de elección de jueces y los procesos de elección de quienes eligen a los jueces, cumplan con lo que ya dice la Constitución y las leyes.

Y esto último pasa por recordar que quienes en 2018 elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser personas de notoria honradez e instrucción. Démosle contenido real a este requisito;  como ciudadanos tenemos que saber qué hacer para entonces.

@hsaenzm

Piedras y palos a la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 septiembre 2016 / EDH

Cuando se mantienen secuestradas a las Cortes de Justicia como en Nicaragua, Venezuela, Bolivia o Ecuador, no hace falta conspirar contra los jueces para desprestigiarlos y destituirlos. En esos sistemas no existe Estado de derecho ni separación de poderes ni mucho menos sometimiento a los principios democráticos. Se trata de gobiernos en los que la autoridad jurisdiccional se concentra en la figura presidencial y es ésta la que “sube o baja” el pulgar para absolver o condenar a sus enemigos políticos o a las figuras incómodas que obstaculizan su proyecto político.

diario hoyAsí lo confirman la pena de catorce años impuesta a Leopoldo López en la República Bolivariana de Venezuela; el acoso judicial a los editorialistas y medios de comunicación por parte de Rafael Correa; la interpretación de la Corte Suprema que permitió a Evo Morales correr por su tercera elección al frente del gobierno Boliviano, no obstante admitir la nueva Constitución solo dos mandatos consecutivos; y  la actuación del máximo tribunal de justicia, en Nicaragua, al ilegalizar al candidato de la coalición opositora que enfrentaría a Ortega en los comicios presidenciales de noviembre.

Bajo esas circunstancias no es indispensable amedrentar a los Órganos Judiciales ni intimidar a sus miembros asustándolos con promoverles juicios políticos o con neutralizarlos a través de reformas a las leyes que establecen los quórum para la toma de decisiones. En esos regímenes tampoco se requiere instigar a los militantes del partido de gobierno, al que incomodan las resoluciones de la Corte, para que obstaculicen el trabajo de sus integrantes impidiéndoles su traslado a los lugares en los que deben dictar conferencias, impartir seminarios o cumplir funciones de educación cívica. En los cuatro países señalados no es posible responsabilizar a la justicia por la falta de dinero para financiar los programas sociales ni engañar a la gente haciéndole creer que son los fallos constitucionales los que mantienen al país hundido en la desesperanza y la pobreza; y no lo es porque los funcionarios judiciales están despojados de todo tipo de autonomía.

Esas conductas,  tácticas y chantajes se presentan en Naciones en las que el republicanismo se mantiene vigente pero, al mismo tiempo, quienes gobiernan no aceptan la independencia de los Órganos de Estado ni acatan el orden jurídico regulado en la Constitución. Eso es precisamente lo que ocurre en El Salvador. Kevin Casas-Zamora, exsecretario de asuntos políticos de la OEA, señaló, con fundamentada razón, que ciertos sectores de las izquierdas en Latinoamérica, salvo contadas excepciones como en Uruguay o Chile, “bajaron de las montañas, adoptaron la vía electoral pero no han terminado de aceptar la división de funciones que caracteriza la soberanía del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

En 2012, tras la crisis institucional provocada por la Asamblea Legislativa al incumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional que disponían la repetición de las elecciones de un tercio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designados, respectivamente, en 2006 y en 2012, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, señaló que “todas las instituciones del Estado deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Es necesario determinar y afrontar con urgencia las injerencias y amenazas a la independencia institucional del poder judicial”. La enviada de la ONU recordó al bloque de partidos, liderado por el FMLN, que “debía crearse un entorno propicio para la adopción de decisiones independientes, imparciales y justas que permitan a los magistrados y jueces resolver los asuntos que conozcan (…) sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.

En aquel momento a la Relatora de la ONU le sorprendió la desobediencia de los diputados sobre el mandato contenido en las resoluciones de la Sala y las demandas interpuestas en su contra ante la Corte Centroamericana de Justicia ¿Qué diría ahora si se entera que el partido oficial encabeza una “cruzada”, con piedras y palos, incriminaciones totalmente falsas y acoso político contra los integrantes de esta instancia? Seguro reiteraría la “grave injerencia de otros poderes del Estado a la que está expuesta el Órgano Judicial”.