Autor: segundavueltasv

Hablar suave entre tanto griterío. Columna Transversal de Paolo Luers

18 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Esta semana vi en un canal alemán una conversación entre el rockero Herbert Grönemeyer y la nueva estrella de la política alemana: Robert Habeck. El último es uno de los dos presidentes de Los Verdes (este partido siempre tiene una dupla en su dirección: una mujer y un hombre). Conozco a Herbert Grönemeyer, por que tiene décadas de estrellato musical. Pero nunca lo había escuchado hablar de política. En cambio, Robert Habeck es una figura nueva para mi. Desde que subió a la dirección de Los Verdes, este partido no ha parado de crecer en las encuestas y las elecciones. En el último sondeo de opinión nacional, Los Verdes han sobrepasado a los socialdemócratas y disputan el primer lugar con los demócrata-cristianos de Angela Merkel. De un partido-movimiento nicho (ecologista), Los Verdes se están transformando en opción de poder.

A la pregunta de cómo se explicaba su éxito, Habeck dijo una frase sorprendente: “En un tiempo cuando todos gritan –en nuestras calles, en nuestros parlamentos, en la tele, en las redes– nosotros hablamos suave, y de repente la gente nos escucha y entiende. Están cansados de los gritos”.

Se refiere a la manera histérica que los políticos están reaccionando al surgimiento del populismo en Alemania –y a los gritos e insultos permanentes de este movimiento nacionalista y racista.

El rockero, conocido por sus textos provocativos, le contesta: “Tienes razón, no tiene sentido toda esta exaltación. Los alemanes deberíamos estar relajados –firmes, pero relajados– porque el 80 % no quiere que el populismo avance ni un milímetro más. Parece que no nos damos cuenta que somos un país mucho más democrático, tolerante e inmune contra el populismo”.

Lo que sigue es una fascinante conversación sobre el lenguaje en la política. Ambos, el rockero y el político, coinciden en la fórmula “firme, pero relajado”, un concepto muy extraño en la política, y más aun en tiempos en que los medios, la academia, los talk-shows y los dirigentes políticos no paran de hablar de crisis: crisis de partidos, crisis de la democracia liberal, crisis de migración, crisis de valores, peligro del populismo, riesgo para la convivencia…

La vieja estrella de rock le pregunta a la flamante estrella política: “Siempre pensaba que Los Verdes eran radicales. Nacieron de un movimiento de protesta. ¿Y vos proponiendo hablar suave?”.

La respuesta: “Seguimos siendo radicales. Pero radical no es quien grita más. Radical es quien define su política desde el fin, desde la meta, desde o necesario. No desde lo popular. Y explicándolo bien, la gente nos entiende. Somos realistas radicales”.

Me impresionó esta conversación. No creo que son enfoques solamente válidos para Alemania. Nosotros en El Salvador también convertimos la política en una competencia de quien grita y pega más fuerte. También enfrentamos un populismo intransigente, que se expresa a puros gritos, insultos, descalificaciones. Y para enfrentarlo, nosotros también tendemos a caer en la trampa de ponernos histéricos, levantando la voz, en vez de confiar en el argumento, la racionalidad, el realismo con visión.

Sin embargo, de repente, en medio de la campaña electoral, observo que aquella fórmula “firme, pero relajado” comienza a abrirse espacio en nuestro escenario político. De los cuatro candidatos, tres tienden más a hablar suave que a gritar. Y es obvio que entre los tres representan la mayoría. Entonces, ¿por qué no relajarse y confiar en que la gente escucha cuando se hable suave – pero claro y firme?

¿No será que aquel candidato que apuesta únicamente a recoger y profundizar los resentimientos de la gente, acercándose el día de las elecciones pierde momentum y credibilidad?

Quien logre agregar a la fórmula “firme pero relajado” una dosis fuerte de “realismo radical”, combinado con la claridad y el valor para expresar los problemas que padecemos y las soluciones posibles, se convertirá en la alternativa al populismo gritón y histérico. También en El Salvador.

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Carta sobre la Asamblea, la Sala y la Corte. De Paolo Luers


17 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Luego de 4 meses de retraso, hubo humo blanco. O más bien, humo gris, mensajes mixtos. Pero sí, habemos Sala.

Termina un capítulo vergonzoso del parlamentarismo salvadoreño. ¿Es un fin feliz? Sí, porque termina el peligroso vacío en el poder judicial. No, porque no hay ningún indicio que nos haga pensar que los diputados y sus partidos hayan aprendido las lecciones correctas de esta crisis – y que estos empates y bloqueos no se vayan a repetir. Lo veremos en pocos días, cuando les tocará elegir al próximo fiscal general.

El reglamento interno de la Asamblea, cuya deficiencia se puso en evidencia en esta elección de magistrados, no ha sido reformado. Para elegir al próximo fiscal general procederán con los mismos mecanismos: entrevistas superficiales a los candidatos; una subcomisión mediocre al cargo de las evaluaciones; ningún acuerdo sobre cómo plasmar las evaluaciones de los candidatos en un esquema objetivo de puntuación. Nuevamente corremos riesgo que los intereses partidarios van a prevalecer sobre la idoneidad para el cargo. Y no solo los intereses partidarios, sino también intereses muy personales de buscar protección de investigaciones incómodas.

En el caso de la Sala de lo Constitucional, se ha elegido a cuatro magistrados que tal vez no sean los más idóneos, pero que sin duda son idóneos. No así en el caso de sus suplentes. Hay que felicitar a aquellos diputados responsables que con su persistencia han conseguido derrotar los intentos de paralizar la Sala de lo Constitucional insertándole magistrados propietarios no idóneos. Pero también hay que criticar a aquellos diputados y partidos que han condicionado sus votos a concesiones cuestionables en la elección de los suplentes.

Es incomprensible que una candidata tan sobresaliente como Ivette Cardona no haya sido tomada en cuenta, por el simple hecho que ha mostrado un grado de independencia y autoridad profesional que obviamente intimida a nuestros legisladores. Pero igual es incomprensible que las fracciones de GANA y FMLN hayan condicionado su apoyo a la nueva Sala a que se acomode a su candidata Sonia Cortez de Madriz como suplente, a pesar de ser la peor calificada de los 30 candidatos.

En el caso del quinto magistrado electo, quien servirá en cualquiera de las otras tres salas, igual se tomó una decisión poco comprensible: Se eligió como propietario al juez Roberto Calderón, altamente cuestionado por su propuesta de convertir la violación de menores en un delito conciliable – y dejaron como suplente a Alex Marroquín, uno de los candidatos más sobresalientes entre los 30 aspirantes. Solo nos queda pedir a la Corte Plena que a Roberto Calderón no lo asignen a la Sala Penal.

Incomprensible me parece también que 10 diputados de ARENA le hayan negado su voto a Carlos Sergio Avilés, por la única razón que es de pensamiento de izquierda – aunque nadie haya cuestionado su independencia, integridad y capacidad.

En resumen: Tenemos una nueva Sala de lo Constitucional prometedora. Valió la pena la presión ciudadana – y tal vez incluso el retraso de 4 meses. Habrá que esperar sus primeras sentencias para ver si llena los zapatos de sus antecesores, que han hecho historia con su actuar valiente e independiente.

Tenemos nuevamente una Corte Plena completa, y veremos pronto si en ella habrá una mayoría en favor de fortalecer la lucha contra la corrupción – o un retroceso.

Tenemos una Asamblea que ya enfrenta su siguiente gran reto: Escoger entre 33 candidatos al mejor para dirigir la Fiscalía General de la República. Sin pactos oscuros. Sin demora. Sin meter al país en una nueva crisis.

Saludos, Paolo Luers

Vamos a transitar de un enfoque de represión a uno para construir paz social. De Carlos Calleja

Carlos Calleja presentó el 8 de noviembre su propuesta de cómo construir Seguridad Ciudadana. Se desmarcó tanto de las políticas tradicionales de Mano Dura de los gobiernos de ARENA, como de la guerra declarada contra las pandillas del gobierno del FMLN.
Publicamos este discurso, porque este tema merece un debate. Estamos pendientes de las propuestas de los otros candidatos presidenciales, para publicarlas de la misma manera.


Segunda Vuelta

14 noviembre 2018 / SEGUNDA VUELTA
Nota: El texto que publicamos es la versión autorizada del discurso que la campaña de Calleja proporcionó previamente a los medios. No es una transcripción del discurso. Las ilustraciones provienen de un side show que acompaño el discurso.

Es hora de hablar del tema más importante para todos los salvadoreños – y del que nadie ha querido hablar:

¿Cómo terminar con la pesadilla de violencia y delincuencia, que tiene a los salvadoreños postrados y abatidos, especialmente en los asentamientos precarios urbanos, suburbanos y rurales?

¿Cómo lograr que la gente viva segura en sus vecindarios?

¿Cómo devolver a los niños y jóvenes la felicidad de jugar en las calles y la posibilidad de estudiar?

¿Cómo asegurar a los pequeños comerciantes, a los que quieren comenzar un negocio, a los empresarios del transporte público, a las señoras humildes que se sacrifican todos los días para dar de comer a sus hijos, que nadie les quite el fruto de su trabajo, que nadie los extorsione ni amenace?

Esta es una realidad que no podemos obviar quienes pretendemos gobernar el país. No solo la tenemos que conocer, la tenemos que sentir.

Conozco los estragos de la violencia: expulsa de sus hogares a los más humildes y roba la alegría y el futuro a los más pequeños.

En mis visitas a los barrios de las ciudades y al interior del país, la gente me ha contado todas las formas en las que la violencia destruye sus vidas, su frustración por la inoperancia y ausencia de las autoridades, y el agotamiento de su esperanza.

La delincuencia también ha afectado a las empresas de todos los tamaños y a toda la economía del país. 7 de cada 10 micro y pequeñas empresas se sienten amenazadas por su entorno y 4 de cada 10 son víctimas de algún delito.

Miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado, miles de emprendedores no se han atrevido a comenzar sus negocios, y casi todos los empresarios pagan por dispositivos y servicios de seguridad privada, lo que ha elevado sus costos y ha disminuido su competitividad.

Cada empresa cerrada, cada emprendimiento desalentado, cada inversión extranjera que no ha llegado al país por la inseguridad, se ha traducido en empleos perdidos, en freno al crecimiento, en un costo económico que ronda los $4 mil millones al año, y en reiteración del círculo vicioso de la pobreza en el país.

De este conocimiento de la realidad, de esta identificación personal con el sufrimiento de la gente, de este sentimiento de resignación e impunidad, la primera conclusión que saco es que No podemos seguir así.

No podemos seguir teniendo una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, con más de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, si seguimos sin poner la voluntad, el compromiso, la inteligencia, los enfoques audaces, la estrategia coherente, los recursos suficientes, el liderazgo decidido y las personas capaces de sacar al país de esta situación.

¡A pesar de su magnitud, el problema tiene solución!

Si hay algún dirigente político o candidato que crea que esto no tiene arreglo, que se vaya para su casa. Yo estoy convencido que podemos dejar atrás esta devastadora ola de violencia y delincuencia.

No voy a hacer promesas irresponsables. No se sale de la noche a la mañana de 20 años de violencia desbordada, no se superan por arte de magia las peores tasas de homicidios del mundo; pero me siento comprometido y capaz a cambiar el rumbo en el campo de la seguridad ciudadana.

Una cosa es clara: vamos a combatir el crimen con la máxima firmeza y el máximo rigor, pero también, el combate central y decisivo será contra las raíces sociales y estructurales de la violencia, contra la exclusión social, la marginación y la ausencia del Estado como garante de la seguridad y proveedor de servicios de calidad.

No podemos seguir con una guerra interminable contra las pandillas. Y menos aún podemos seguir viviendo paralizados del miedo.

Tengo una visión diferente de la intervención estatal, de la eficacia policial y de la estrategia social que debemos impulsar.

La fuerza represiva contra el crimen seguirá siendo indispensable, pero la verdadera fuerza del Estado será llevar la obra pública a toda la población y todos los territorios, sin exclusión alguna.

Cuando digo que no podemos seguir con lo mismo, me refiero a todas las políticas de Mano Dura, tanto de los gobiernos de ARENA como de los de los últimos gobiernos del FMLN, que en vez de producir más seguridad y paz han profundizado la crisis. Es hora de un concepto nuevo y audaz.

Tenemos que cambiar de fondo y forma las políticas – y no solo las políticas de Seguridad en el sentido estrecho, sino TODAS NUESTRAS POLITICAS, y la jerarquía de prioridades de las inversiones sociales.

Vamos a invertir la priorización entre la REPRESIÓN, que ha estado durante décadas al centro de la política de Seguridad – y la PREVENCIÓN, que ha sido un complemento sin estrategia, coherencia y sostenibilidad.

Pero esto solo tiene sentido si redefinimos radicalmente ambos conceptos: represión y prevención. Esto es lo que nuestro gobierno hará en estrecha colaboración con el sector privado, la sociedad civil, los municipios, las iglesias, y la comunidad internacional.

¿Cómo redefinir el concepto de la represión, O SEA DE LA PERSECUSIÓN DEL DELITO?

Vamos a limpiar el concepto de la represión del enfoque de una guerra, de mano dura, de la militarización de la seguridad pública, y sustituir por un enfoque que busca construir paz social.

Vamos a transitar de un enfoque de represión a uno para construir paz social.

La persecución del crimen que necesitamos es la consecuente aplicación de la ley, estrictamente en el marco legal y de los Derechos Humanos.

Tiene que estar basada en la eficiencia de la policía, de la fiscalía y del sistema judicial.

Vamos a priorizar la investigación y la inteligencia por encima de medidas que son contraproducentes para la prevención.

Es imperativo llevar a cabo una reingeniería de las instituciones de seguridad pública, que incluya la despolitización de la Policía Nacional Civil y el reforzamiento de sus mecanismos de control interno.

Vamos a rescatar la vocación civil sobre la seguridad pública: un ministerio de Seguridad civil que supervisa a la policía y los centros penales. No pueden seguir siendo policías controlándose a si mismos.

Esta reingeniería incluye una importante apuesta por la formación profesional de la policía y de Centros Penales, así como la revisión del sistema de ascensos y de una estructura de incentivos que sea sostenible y dignificante.

La situación en los centros penales del país es INSOSTENIBLE.

Vamos a crear un sistema carcelario con prioridad de rehabilitación y formación profesional de los internos.

Quiero hacer énfasis en algo: la mejora de condiciones, prestaciones y equipamiento de los agentes de seguridad es fundamental en nuestra estrategia. Nuestra apuesta es por la Tecno-seguridad.

Recuperaremos los territorios a través de la aplicación de una intervención integral en comunidades, no solo por parte de la PNC, sino por parte de todas las instituciones del Estado. Solo un Estado presente en cuanto a sus servicios puede recuperar el control efectivo de los territorios. Para ello:

  • Nos apoyaremos en comités locales de desarrollo, para darle una participación relevante a las comunidades y autoridades locales.
  • Fortaleceremos la presencia y efectividad de los agentes de la policía a través de patrullajes preventivos, permanentes y respetuosos de los derechos ciudadanos. Nuestro compromiso es que la población se sienta más protegida.
  • Impulsaremos reformas legales, que permitan una pronta y cumplida justicia en delitos menores, lo cual ayudará a descongestionar el sistema judicial, y a contrarrestar el clima de impunidad cotidiano, en casos como hurtos o robos.
  • Fortaleceremos la seguridad de las mujeres en el transporte público, así como los mecanismos de denuncia ante casos de violencia contra la mujer.

Cuando hablamos en una persecución de delito basado en investigación e inteligencia, esto incluye un rol fundamental de la tecnologíaía en nuestra estrategia de seguridad. Dotaremos a la policía de la tecnología necesaria para la prevención, persecución e investigación del delito.

¿Y cómo redefinir el concepto de prevención?

Nosotros vamos a desarrollar el concepto de INVERSIÓN SOCIAL FOCALIZADA. Para hacer sostenible y efectivo el Plan de Seguridad Ciudadana, nuestro gobierno dará a la INVERSIÓN SOCIAL un carácter prioritario, integral, focalizado y sostenible.

Como Presidente asumiré la responsabilidad directa sobre este plan, garantizando que el gabinete revise todas las inversiones sociales (educación, salud, juventud, mujeres, caminos rurales, agua, saneamiento, trabajo) para dar prioridad a aquellas que tengan impacto directo y sostenible sobre las comunidades, barrios, asentamientos precarios, cantones con alto grado de pobreza, exclusión e incidencia delincuencial.

  • Diseñaremos un plan para transformar estas comunidades, en cuanto a infraestructura y servicios públicos de calidad.
  • Solo un ejemplo de lo que haremos de manera inmediata: daremos énfasis a las escuelas que sirven estas comunidades y territorios conflictivos, para convertirlas en escuelas de tiempo completo con extensas actividades complementarias, de tal forma de convertir a las escuelas en los motores de cambio de las comunidades.

Priorizaremos todas aquellas inversiones y programas que, aparte de tener impacto sobre la pobreza y sobre la generación de buenos trabajos, tengan impacto directo sobre la convivencia ciudadana y la seguridad. Esto es nuestro concepto integral de prevención. La única prevención efectiva es que el Estado cumpla con eficiencia todas sus obligaciones, sobre todo con las poblaciones más necesitadas.

En vez de enfrascarnos en una guerra interminable contra las pandillas, produciendo más muertos, vamos a emprender y ganar la lucha contra la violencia y sus raíces, produciendo inclusión, oportunidades, trabajo y convivencia ciudadana.

ME COMPROMETO ESTE DÍA CON USTEDES, a ponerme al frente de los esfuerzos para combatir la inseguridad y la delincuencia que tanto dolor causa a las familias salvadoreñas. Nuestro país merece un enfoque integral como el que este día he planteado. Estoy seguro que es el camino correcto, y sé que juntos, lograremos enfrentar este enorme desafío.


Carta a quienes no leen las noticias completas: Aquí el resumen simple de una investigación sobre cómo Bukele maneja bienes públicos. De Paolo Luers

15 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados lectores y ciudadanos:
Había una vez en la ciudad de San Salvador un alcalde llamado Nayib Bukele. Para ser electo prometió modernizar los mercados de San Salvador, todos en lamentable estado. Dijo que los de siempre los habían abandonado. Esta idea nueva le gustó a la gente- y muchos votaron por él. Pero una vez electo, dejó a los mercados en el caos de siempre (vayan a darse una vuelta) y decidió que era más cool hacer Centros Comerciales Populares. Hizo uno, el Mercado Cuscatlán. Pero esta historia ya es bien conocida – y ahora es la fiscalía que la investiga.

Pero nuestro alcalde quería hacer 3 más de este nuevo tipo de mercados, aunque no había ningún estudio para comprobar que su construcción iba a tener impacto sobre el problema de las ventas en la capital. Tampoco había ningún estudio de factibilidad para ver si estas inversiones serán rentables. Proyectó un Centro Comercial Popular en la Escalón, donde les quitaría sus áreas verdes a 2 comunidades populares; y 2 más en el Centro, uno de ellos en un terreno que ni siquiera es propiedad municipal.

Como no se presentó a la reelección, sino prefirió a correr por a presidencia, ya no le alcanzó el tiempo para hacer estos 3 mercados. Pero dejó como herencia al nuevo alcalde unos contratos firmados para su construcción y su operación – contratos que para las finanzas capitalinas son igual de fatales como los que firmó para el Mercado Cuscatlán. Esta vez los firmó con una empresa recién formada, que no tenía ninguna experiencia en el manejo de mercados. El Concejo Municipal se negó a aprobar estos proyectos. Ni siquiera su amigo y mentor don Fabio Castillo estaba de acuerdo (aquí una entrevista a don Fabio). De todos modos, nuestro alcalde firmó los contratos. El terreno en la Escalón se convirtió en el aporte de la municipalidad en una nueva sociedad mixta con la empresa privada recién formada. Solo que por arte de magia este terreno perdió su valor en esta extraña transacción: Antes valorado en varios millones de dólares, en el capital de la nueva empresa mixta solo se reflejaba como aporte de $100 mil a nombre de la alcaldía. Fue por esto que el Concejo Municipal nunca aprobó el proyecto.

Lo que comenzó como la buena idea de modernizar los viejos mercados de San Salvador se convirtió en un negocio redondo con una sociedad privada, la cual que de repente no solo iba a diseñar el concepto de proyecto, sino también asumir la construcción, la supervisión de la construcción, y hasta la operación comercial de los 3 centros comerciales. Un negocio redondo, pero no para la municipalidad, que aparte de los terrenos iba a poner 90 millones de dólares…

En el camino violaron todas las leyes hechas para evitar que este tipo de concesiones sean amañadas. El alcalde nunca pidió los permisos necesarios a la Asamblea Legislativa. Nunca obtuvo la mayoría calificada, también necesaria por ley, de su Consejo para firmar estos contratos. Sin embargo, los firmó.

Hoy la nueva administración capitalina tiene que ver cómo declarar nulos estos contratos, por su carácter irregular y lesivo para as finanzas de a comuna. La fiscalía debe investigar estos extraños procedimientos de la administración Bukele. Y los ciudadanos tendrán que evaluar si Bukele, ahora candidato presidencial de GANA, es el hombre idóneo para manejar los fondos y proyectos públicos de la nación.

Quienes no me creen esta historia, deberían hacersee trabajo de encontrar los detalles y pruebas en ElDiario de Hoy del día martes 13 de noviembre. Luego saquen sus propias conclusiones.

Saludos, Paolo Luers

Lea la investigación en El Diario de Hoy:

El Diario de Hoy pone a disposición de las audiencias los documentos que han servido de soporte para esta investigación, para que los puedan descargar y visualizar.


Bukele y el escándalo de los mercados

Una investigación de El Diario de Hoy, dos notas y una entrevista a Fabio Castillo

 

I.
Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa de Guatemala, la cual se creo cinco meses antes que se lanzara la licitación.

Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El concejal del FMLN, Fabio Castillo, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Nayib Bukele no contó con la aprobación de ley.

La solicitud inicial de mejorar las condiciones de los mercados existentes en la capital se transformó en un plan para construir tres nuevos mercados, los cuales otorgó el exalcalde a una empresa privada de capital guatemalteco, constituida solo cinco meses antes de otorgarle las obras.

Para lograrlo, Bukele y un grupo de concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), una empresa que no sólo se convirtió en el socio estratégico para la alcaldía capitalina, sino a la que además se le encomendó por medio de un contrato el diseño, la construcción y operación de los mercados, facultades que no están en las bases de licitación, según consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.

La empresa DSS que nació en junio 2015, cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, no había acreditado mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras que le estaba confiando el exalcalde. Aún así se convirtió en el principal socio privado de la alcaldía con la que creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM).

Esta SEM fue creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, una legislación que data de 1957 y que no correspondía al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.

El millonario proyecto de los mercados, denominados centros comerciales, arrancó con la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), pero no fue concluido bajo esa ley, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la Lacap y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta. Es decir, las bases de licitación para la búsqueda del socio estratégico se hicieron mediante la Lacap, pero el contrato se otorgó basado en la ley de 1957.

De esa forma, Bukele no solo le entregó a la empresa guatemalteca la construcción de los tres mercados, a través de la Sociedad de Economía Mixta, sino que además le transfirió la autonomía de administrarlos y operarlos. A eso se añade que la SEM se constituyó con una participación del 75% para DSS y solo el 25% para la comuna.

Los tres mercados a construir, denominados en el contrato como “centros comerciales”, estarían ubicados en el antiguo parque Hula-Hula; otro en el expredio de la Ex-Biblioteca Nacional, localizado en el centro de San Salvador; y otro más situado en lo que actualmente es un área verde en la colonia Escalón.

En el contrato con la SEM se estableció que el mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones.
Sin el debido aval en el concejo El proceso para desarrollar el proyecto de los tres mercados no contó con los votos mínimos en el Concejo Municipal requeridos por la Ley de Mercados.

El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, denominado “Marco”, de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la alcaldía de San Salvador y la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS después de vender sus acciones.

El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, y de los concejales de ARENA. El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió.

Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Además, en congruencia con lo expresado por FabioCastillo en entrevista con El Diario de Hoy, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.

Además, un fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea.

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II.
Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

La comuna de Bukele sólo se quedó con el 25% de la participación en la sociedad y entregó en usufructo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón

Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La negociación entre el exalcalde Nayib Bukele, actual candidato presidencial de GANA, con la empresa Direct Security Systems (DSS) para la construcción de tres mercados en San Salvador dejó en desventaja a la comuna al solo recibir el 25 por ciento de la participación en la sociedad al entregar en usufructuo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón, a un valor casi 20 veces menor que el valúo de su misma alcaldía, según documentos en poder de El Diario de Hoy.

Para ejecutar el proyecto, Bukele se asoció con DSS a través de una Sociedad de Economía Mixta de C.V., (SEM) que fue creada el 27 de septiembre de 2016 ante los oficios notariales del abogado Kevin Steve Vargas Calderón. En la escritura de la constitución de la Sociedad de Economía Mixta se estableció que se constituiría con un capital de 400 mil dólares, dividido en 5 mil acciones con un valor de 80 dólares cada una.

Establecida la cantidad del capital le correspondía a Direct Security Systems pagar en acciones 300 mil dólares, mientras que a la alcaldía 100 mil dólares, según el contrato.

La alcaldía decidió pagar su parte, por un monto equivalente a $100,000, entregando en usufructo un terreno valorado en cerca de $2 millones ubicado en la colonia Escalón. En dicho valúo en junio de 2016 por la misma comuna, como consta en la documentación, el terreno tenía un valor de $1.974,533.

De haber negociado el valor del terreno entregado mediante usufructo al precio real del mercado, la participación de la alcaldía en la Sociedad de Economía Mixta pudo haber sido del 85% y no del 25%, como ocurrió por haberlo entregado a 100 mil dólares.

“La aportación en especie que consiste en un derecho de usufructuo a favor de la sociedad que se constituye por un plazo de 30 años, sobre un inmueble urbano de su propiedad de 8 mil 373 metros cuadrados, situado en la colonia Escalón”, dice en el documento de constitución de la SEM.

En la página 162 del documentose detalla que la empresa DSS pagó 75 mil dólares en acciones, las cuales equivalen al 25 por ciento de la totalidad de estas en la sociedad.

“La sociedad DSS suscribe 3,750 acciones de la serie A que representan 300 mil dólares del capital social y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas, es decir, la suma de 75 mil dólares por medio del cheque 5608271 librado el 26 de septiembre de 2016”, se lee en el contrato de constitución de la sociedad que formaron con la alcaldía.

Entre las finalidades de la SEM estaba explotar y prestar un servicio público, ejecutar compraventas, realizar préstamos, comercializar bienes, darlos en arrendamiento, disolver, además de liquidar cualesquiera sociedades u otras asociaciones, dice en el contrato.

Administración de la SEM en manos de jóvenes extranjeros y empleados de la comuna

El contrato estableció que ambas partes deberían tener directores y vocales como representantes en la Sociedad de Economía Mixta para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones.

La empresa Direct Security Systems nombró como director presidente a Uwe Christian Martinz, de 43 años de edad y de nacionalidad austríaca pero con domicilio en Guatemala. Martinz se retiró del proyecto cuando DSS fue comprada por la empresa guatemalteca MAKENSA.

También como presidente suplente nombraron a José Leopoldo Link Belchener, de 65 años, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico. Además como primer vocal, Santiago Granados Balsells, de 27 años, y como vocal suplente a Karla Elizabeth Arroyo, de 32 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Mientras que la comuna fue representada por empleados que trabajaron en todo el proyecto y también por empleados de confianza de Bukele.

La alcaldía se quedó con la vicepresidencia y nombraron al abogado Cecilio Vidal Sibrián Gálvez, de 50 años. Como suplente tomó el cargo Edwin Patricio Nuñez Alguera, de 44 años, quien sólo lo mencionan como estudiante. Nuñez Alguera, quien fue concejal y uno de los que votó a favor del proyecto en todo el proceso, es actualmente “emisario nacional” de Nuevas Ideas, partido fundado por Nayib Bukele, según indica en su tarjeta de presentación.

También fue designado al cargo de segundo vocal Conan Tonathiú Castro Ramírez, quien era el representante legal de la comuna en la gestión de Bukele.

Además fue nombrada como segunda vocal suplente la abogada Ana Xochitl Marchelli Canales, del FMLN.

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III.
Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

El concejal de la alcaldía en la gestión de Nayib Bukele desconfió de los socios guatemaltecos y el porcentaje de la participación que tendrían éstos en la sociedad.

Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fabio Castillo, concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele, asegura que la aprobación en el Concejo Municipal del denominado “Contrato Marco” para construir tres centros comerciales municipales fue nula, porque no alcanzó los votos suficientes para su aval. Agrega que tiene cierta desconfianza cuando se crean “Sociedades de Economía Mixta” con socios desconocidos, ya que siempre ellos tienen todo el poder en los contratos y puede la alcaldía o el Estado terminar siendo socio de alguna “mafia o narcotraficantes”.

¿Qué piensa sobre los contratos para la construcción de los centros comerciales municipales en los que usted votó en contra?
Yo siempre he tenido cierta desconfianza en las sociedades de economía mixta donde las instituciones estatales o municipales no tienen la mayoría de las acciones. Aunque las personas sean correctas honradas y eficientes, será ese socio el que va administrar y consecuentemente la alcaldía o el Estado no tienen ningún tipo de control.
A la hora de repartir las utilidades los socios no la reparten, el dinero se queda retenido, no llega ningún beneficio a la alcaldía.
Como son acciones de libre circulación en cualquier momento a voluntad de ellos pueden traspasar esas acciones a personas indeseables y que acabe la alcaldía o el Estado siendo socio de alguna mafia o narcotraficantes o de personas de bajo nivel moral.
(La empresa Direct Security Systems que construiría el proyecto de los denominados centros comerciales municipales fue comprada por la empresa guatemalteca Makensa, según una nota periodística publicada en noviembre de 2017). http://lexlatin.com/noticia/makensa-compra-direct-security-systems-con-apoyo-de-lexincorp).

¿Cómo se debía hacer?
Me parece que había que poner algunas limitantes jurídicas en el sentido de que la alcaldía o el Estado tenga la mayoría de acciones o en caso de que los socios quieran vender, la alcaldía o el Estado tiene un derecho preferente para comprar las acciones a valor contable con un cierto porcentaje de sobreprecio a efecto de evitar el que un ente público se encuentre asociado con personas o entidades indeseables.
Yo siempre tuve una cierta reticencia a ese tema, incluso algunas cláusulas de esa sociedad se introdujeron a iniciativa mía, como la obligatoriedad de repartir dividendos. Quedaba a voluntad de los socios y no llegaba el beneficio económico que la alcaldía pretendía.
Algunos habían insinuado que ya habían hecho componendas conmigo, lo cual era totalmente falso. Yo no quería aparecer como que mi voto haya sido comprado.
En las cláusulas de la sociedad quedó establecido que se iban a repartir la mitad de las utilidades y la cuarta parte de esa mitad le iba a corresponder a la alcaldía. Sobre las utilidades el 12.5% era cierta garantía de la inversión municipal.

Para aprobar los contratos del proyecto de construcción de mercados en el Concejo Municipal no se alcanzó las dos terceras partes de los votos como dice la ley, sino que fueron ocho de 14 posibles, ¿eso fue ilegal?
De cualquier manera está fuera de las dos terceras partes de los votos.

¿Eso lo convierte en una aprobación nula?
Sí.

¿Ese tipo de proyectos millonarios se debió hacer a través de la Asamblea Legislativa y la Ley Lacap para evitar a socios desconocidos?
Yo prefiero que se haga en algunas de estas formas: o que en la sociedad de economía mixta la alcaldía tuviera mayoría y celebrara un contrato de administración con el socio por lapsos de cinco o diez años; o que la alcaldía emprendiera directamente la solución del problema, eso me hubiera encantado, pero parecía totalmente inviable en ese momento. No estaba en posibilidades. En la “Sociedad de Economía Mixta”, la alcaldía fuera mayoritaria para que no se pudiera encontrar en la situación de que llegara a ser socia de alguien indeseable y ese alguien por tener la mayoría administrara los negocios municipales.

La misma empresa que se convirtió en el socio estratégico se convirtió en el constructor y administrador de la obra, ¿qué opinión le merece?
Claro, es que ya teniendo la mayoría, pueden decidir cualquier cosa.

El artículo 233 de la Constitución dice que cuando se da un terreno en usufructuo para uso público debe pasar por la Asamblea, pero en este caso no se hizo.
Eso se puede hacer, eso no hay problema. Hay responsabilidad, pero problema no hay. Se aplica cuando son del Estado y no municipales. En el terreno de la Ex -Biblioteca habrá que ver si el municipio lo constituye en usufructuo.

Pero la alcaldía firmó el “Contrato Marco” con los socios y no tenían los usufructuos de los terrenos y el de la Ex Biblioteca, por ejemplo, es del Ministerio de Educación.
Yo puedo comprometerme a vender algo que aún no es mío, ese es mi problema cómo hago para adquirirlo. El socio puede venir a decir: usted se comprometió a traspasar los terrenos en usufructuo y no lo ha hecho, hágalo y sino lo hace me indemniza. Esa indemnización la ponen los árbitros.

La Corte Suprema y el Fiscal General que necesitamos. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

13 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A mediados de 2015, la Corte Suprema de Justicia adoptó un acuerdo que, en perspectiva histórica, evidenció ser uno de los más importantes de los últimos años: entregar a un ciudadano solicitante la primera versión pública de la declaración de probidad de un funcionario, atendiendo una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que vino después era previsible: en el resto de ese año se tramitaron miles de solicitudes de acceso a la información en las que se pedían declaraciones de varios funcionarios, las más frecuentes referidas a los diputados y a los últimos presidentes de la República; como también era de esperar, se solicitó por los ciudadanos la realización del examen o auditorías de tales declaraciones, para determinar la existencia o no de enriquecimiento ilícito.

Nuevamente por intervención del IAIP, y luego de concluir que se trataba de una obligación impuesta por la Constitución, cuyo incumplimiento se daba por constatado, la Corte ordenó realizar las correspondientes auditorías y así, en el último trimestre comenzó el primer juicio de enriquecimiento ilícito de nuestra historia, relativo a un directivo de la Asamblea Legislativa. Luego vinieron más casos el año 2016, en que se realizaron más exámenes de cuentas y, como consecuencia de ello, se ordenó los respectivos juicios de enriquecimiento ilícito para dos presidentes de la República, diputados, titulares de instituciones autónomas, un ex-Fiscal General de la República, alcaldes y varios funcionarios judiciales, incluido un expresidente de la Corte Suprema.

El actual Fiscal General, Douglas Meléndez, decidió recién comenzaba sus funciones que ejercería la acción civil en todos los juicios de enriquecimiento ilícito ordenados por Corte Plena. Así, respecto del expresidente Francisco Flores, ejerció la acción de extinción de dominio, y en la mayoría de los otros casos, también la acción penal, como consecuencia de las cuales atribuyó al expresidente Saca haber desviado alrededor de 300 millones de dólares, y al expresidente Funes alrededor de 350 millones de dólares.

Luego de tal acción coordinada de las instituciones encargadas de asegurar la transparencia y probidad, y combatir la corrupción, ahora hay un expresidente de la República condenado en vía penal y otro en vía civil, este último también siendo objeto de procesamiento penal. Y mientras en la Asamblea Legislativa se entrampa la renovación de un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que involucra casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional, se ha abierto el proceso para definir si se reelige al actual titular o se elige un nuevo titular en la Fiscalía General de la República.

La corrupción ha provocado graves perjuicios a la economía nacional y es una forma de violar derechos fundamentales, pues distrae recursos que permitirían afrontar las carencias en salud, educación, medio ambiente, seguridad pública, etc. Una institucionalidad fuerte, a cargo de titulares conscientes de las atribuciones y competencias atribuidas por el ordenamiento y dispuestos a asumir el reto histórico que tienen entre manos, puede hacer la diferencia para superar dicha situación.

El proceso de elección de los titulares de las instituciones encargadas de garantizar la probidad, transparencia y combate a la corrupción no es solo de interés para los diputados, quienes realizan formalmente la elección; también es de interés de los ciudadanos, pues al proteger la hacienda pública al final se protege el patrimonio de todos.

Si vemos el rol de tales instituciones solo desde la perspectiva del combate a la corrupción se concluye que de la buena o mala elección de la Corte Suprema y de la renovación o reelección del actual titular en la FGR depende que los ciudadanos ganemos o perdamos en la lucha contra la corrupción.

Gente brava, agresiva y violenta. De Erika Sadaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional y presidenta del Centro de Estudios Juridicos

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Somos una sociedad agresiva. Lo ocurrido el pasado jueves en Santa Tecla es una de las últimas manifestaciones de lo violento que somos como pueblo salvadoreño. Lejos de determinar quién tiene la culpa o quién pegó primero, el percance dejó como resultado un muerto y más de sesenta heridos. Ni la Alcaldía ni los vendedores fueron capaces de construir una solución como gente que piense en eso y no en conflictos para lograr algo. No es la primera vez que estos disturbios pasan en Santa Tecla y no será la última. Somos un pueblo carente de inteligencia emocional, tolerancia y diálogo.

El salvadoreño tiene muchas cualidades buenas, reconocidas a nivel mundial. Somos gente trabajadora, incansable y, según dicen, bastante amigable. Pero algo que no hemos cultivado en nuestra sociedad es la reflexión sobre nuestros actos; somos gente impulsiva y hay ocasiones en que eso nos transforma en personas violentas. No nos caracterizamos por pensar lo que hacemos, por reflexionar nuestras acciones y prever las consecuencias de las mismas.

La gente brava, agresiva y violenta está presente en todos lados. Funcionarios, empleados, alcaldes, diputados, agentes del CAM, tuiteros, facebookeros, líderes de opinión, policías, vendedores, estudiantes, amas de casa, mamás, papás, hijos. La cultura de la violencia nos ha impregnado tanto, que el ambiente cargado de negatividad y estrés lo vivimos casi en todos los entornos. Y de parte de casi todas las personas, pues el nivel educativo de alguien no es sinónimo de persona educada.

Lo presenciamos en la Asamblea Legislativa, donde las acusaciones entre los padres de la Patria están a la orden del día. Pareciera que el objetivo principal es hacer quedar mal al otro en vez de tender puentes de diálogo, poner por delante los intereses de un país y buscar soluciones para los distintos problemas que nos aquejan.

A todos nos estresa la agresiva campaña política que se ha desatado en las últimas semanas; los candidatos han dejado a un lado la promesa de impulsar más y mejores propuestas y se han centrado en despellejar al contrincante por cualquier mal paso que dan. Los candidatos y sus equipos deberían estar promoviendo un discurso civil, decente, con soluciones y no agresivo; pero parece que este último es más efectivo.

Lo sentimos en las redes sociales, que han pasado de ser un lugar de distracción e información, a parecerse a campos de batalla virtual donde si no estás conmigo, estás contra mí. Tóxico. Los discursos bajeros de personas reales que se dedican a atacar o difamar, así como las maniobras con “trolles” y “boots”, amenazan a diario la libertad de expresión y no permiten una construcción civil de ideas.

Lo vemos en el tráfico diario, donde la poca cortesía, los pitos sin sentido y las infracciones a las señales de tránsito, son lo más común de la jungla de asfalto. Ya deberíamos dar por sentado el tráfico diario y salir más temprano hacia nuestros destinos, en vez de pretender llegar de manera milagrosa o manejar de forma “ensatanada”.

Lo vivimos con los vecinos, porque no hemos sido capaces de procurar una buena convivencia ni en nuestro entorno básico y respetar los derechos de los demás. Optamos por “sulfurarnos” en vez de buscar soluciones racionales a las discrepancias. Preferimos responder con insultos o golpes a llegar a acuerdos y ser vecinos respetuosos. Así podemos ir ilustrando los distintos niveles de agresión y violencia que tienen herido a nuestro país.

Debemos buscarle un paro a la cultura de la agresión y violencia. Hay que empezar poniendo de nuestra parte y no solo exigir que sea la otra persona la que cambie. Tenemos que dar el ejemplo desde nuestras casas, en la calle y los lugares de trabajo. Seamos reflejo del respeto y la tolerancia que exigimos a los demás. El progreso de una sociedad depende en parte de la educación, respeto, diálogo y tolerancia de cada uno de sus ciudadanos. Seamos el cambio que queremos ver.