Autor: segundavueltasv

Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 marzo 2017 / EDH y MAS!

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,

Lecciones del fracaso de “Trumpcare”. De Ricardo Avelar

Hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes y representados y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

Ricardo Avelar, 29 marzo 2017 / EDH

A finales de la semana anterior, la joven administración del presidente Donald Trump recibió un duro revés político y es que uno de sus principales buques de batalla, la eliminación del “Obamacare”, no logró siquiera ser votada en la Cámara de Representantes por falta de apoyo incluso de su mismo partido.

Esto podría parecer sorprendente si se considera que en noviembre de 2016, las elecciones no solo le dieron al Partido Republicano la presidencia, sino la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, en ese país una mayoría legislativa por sí misma no asegura el aval automático de una agenda de gobierno. Este nivel de incertidumbre es el que vuelve más sólido este sistema.

Por incertidumbre no me refiero a la falta de rumbo claro de país, sino a la incapacidad de cualquier actor de dar su poder por sentado. Ni el mismo Trump, con un panorama en apariencia positivo, ha podido hacerse de éxitos en importantes frentes como su reforma sanitaria o sus medidas migratorias, estas últimas detenidas por orden judicial.

Esta incertidumbre lleva a negociar constantemente y a tener que buscar acercamientos con propios y extraños. Por ejemplo, se prevé que senadores Republicanos busquen a al menos colegas 10 demócratas para superar un “filibuster” en la nominación del abogado Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia.

Algo que en El Salvador parecería absurdo y casi imposible -romper las líneas partidarias y ganar apoyos fundamentales para promover una agenda- en Estados Unidos es una práctica común, aceptada y altamente estratégica para cualquier gobierno que pretenda sobrevivir y ser relevante.

El fracaso del “Trumpcare” nos muestra que en Estados Unidos los partidos políticos no tienen el monopolio de la conciencia de sus legisladores y que estos se deben primero a sus electores (su “constituency”). En teoría, y amparado en el 125 de la Constitución, en El Salvador así debería funcionar, pero vivimos en el país donde valen más las “onzas de lealtad” que las “100 libras de inteligencia”.

Ante esto, hay lecciones que aprender del mero diseño político electoral y que podrían ser materia de una profunda reforma política para cambiar el problema de fondo: la débil relación entre representantes (diputados) y representados (ciudadanos) y los pobres incentivos que los primeros tienen para responder a la población antes que a su dirigencia.

En Estados Unidos la Cámara Baja del Legislativo se integra por circunscripciones uninominales. Es decir, un territorio elige únicamente a un diputado. Este diputado, por ende, sabe que es fácil de culpar si traiciona las aspiraciones de sus electores y estos últimos por su parte, saben que la responsabilidad de una mala administración no se diluye: la culpa le pertenece a uno solo.

En El Salvador, con circunscripciones plurinominales, un ciudadano no sabe realmente quién le representa. Esto le permite a cualquier diputado escudarse en las líneas partidarias antes que hacer un verdadero ejercicio de acercamiento a su “constituency” para entender sus aspiraciones. Además, favorece la ignorancia racional, pues el costo de aprenderse 24 diputados (como es el caso de San Salvador) supera cualquier ánimo de ser un ciudadano activo.

Un revés político importante como el de Trump con su reforma sanitaria es prácticamente imposible en nuestro país, donde la legítima disidencia es entendida como traición y los partidos le temen a sus “machos sin dueño” que osan contradecir la línea oficial.

Indudablemente, El Salvador ha avanzado gracias a atinadas sentencias en materia electoral de la Sala de lo Constitucional, pero mientras haya una representación tan difusa entre diputados y ciudadanos, el Legislativo será muy predecible y poco abierto a la innovación y un verdadero debate político.

Sin incentivos para representar a los votantes, los diputados terminarán cayendo en la mediocridad de pensar que votar diferente es “deslealtad” y un motivo para sentirse “ofendido”, como en su momento dijo un jefe de bancada sobre un legislador joven que no se alineó con su fracción.

Ofendidos deberíamos estar nosotros, por ese gregarismo insensato, tan presente en el partido “revolucionario” (más pendiente del status quo) como en el partido “de las libertades” (pero fanático de la censura).

@docAvelar

Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Un país libre, parte 2. De Cristina López

Desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades, cosa que en gran medida explica la constante fuga de talentos y potencial humano.

Cristina López, 27 marzo 2017 / EDH

En mi columna de la semana pasada usé dos ejemplos de aspiraciones legislativas de los dos partidos mayoritarios que ilustraban casi perfectamente cómo a El Salvador le faltan muchos rasgos que definirían en la práctica cómo se ve un país libre. El análisis puede también complementarse desde la academia, y la reciente publicación del Índice de Libertad Humana hecho por el Cato Institute provee herramientas interesantes de análisis que pueden aplicarse al país.

El Índice — al que tuve la oportunidad de colaborar con aportes investigativos en los temas relacionados a la libertad de las mujeres — estudia el estado de las libertades humanas alrededor del mundo desde tres perspectivas distintas: la económica, la civil y la personal. Se enfoca en la ausencia de límites coercitivos. Los indicadores utilizados comparan a los países (en base a los datos disponibles provenientes de una pluralidad de fuentes) en las áreas de estado de derecho, seguridad, libertad de movimiento, de religión, de asociación y sociedad civil, de expresión, de relaciones, tamaño del aparato estatal, acceso a una moneda “sana”, libertad de comerciar internacionalmente, y libertades financieras, laborales, y de negocios. La publicación viene a complementar otros índices de análisis de autoritarismo versus libertades que se enfocaban exclusivamente en la facilidad de hacer negocios, ignorando que a veces, en estados donde el gobierno no se mete en el bolsillo de la ciudadanía, sí se mete en su dormitorio haciendo ilegales ciertas uniones, tema que no debería ser competencia estatal y que demuestra inconsistencias en el respeto a las libertades individuales.

El índice lo lideran Hong Kong, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Irlanda, el Reino Unido y Suiza. Estados Unidos aparece en la posición 20. Vale mencionar a Chile, liderando Latino América en la decimoctava posición, y por las razones opuestas a Venezuela, en la penosa posición 144 (para contextualizar la gravedad de la situación venezolana, estados cuasi fallidos como Zimbabwe caen en el lugar 149).

¿Cómo se ve El Salvador en el índice? En la posición 58. Si bien en libertades económicas el país aparece en la posición 42 de 159, en el ranking de libertades personales caemos al puesto 74. Las razones son las obvias: las tasas de homicidios y desapariciones debilitan el indicador de seguridad personal drásticamente — ¿qué mayor obstáculo a cualquier tipo de libertad que el riesgo constante de perder la vida? Otro enorme pendiente es el del estado de derecho, en el que la impunidad continúa siendo un talón de Aquiles. También aparece que el costo del crimen en los negocios está muy por encima de otros países en situaciones comparables. Como positivos se señalan el acceso a una moneda sana, libertad en las relaciones (en el sentido que no están penalizados ciertos tipos de uniones y que hay igualdad en derechos de paternidad y fácil acceso al divorcio). Sin embargo, desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades (en Centro América es Costa Rica quien lleva la ventaja), cosa que en gran medida explica tanto la constante fuga de talentos y potencial humano como la enorme deuda que con nosotros tienen nuestros gobernantes.

@crislopezg

Exijamos más y mejores propuestas. De Erika Saldaña

A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral…

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 marzo 2017 / EDH

Por si usted aún no se había dado cuenta, la época electoral ya empezó en El Salvador. Falta más o menos un año para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros de los concejos; sin embargo, desde ya podemos ver las fotos de diputados (o pretendientes al cargo) pintando paredes, entregando una que otra ayuda material, realizando convivios, anunciando estas visitas a comunidades y pagando publicidad en redes sociales de las fotos que se tome. Lo anterior está bien, teniendo en consideración la situación de abandono de muchas familias, la pobreza y la escasa reacción del Estado por sacarlos de esta precaria situación.

Sin embargo, es preocupante ver que la política salvadoreña en época electoral se ha reducido a eso. Esa falta de propuestas a los problemas estructurales de El Salvador es, en buena parte, porque nosotros como ciudadanía lo hemos permitido. Una de las primeras cosas que cualquier persona debería tener claro es que los políticos actúan en base a incentivos. Si usted le pide que arreglen el parque de su colonia, político en precampaña hará lo posible por que el parque de esa colonia esté bonito. Si usted le pide una escoba, camisas, calendarios, pintar una pared, entre otras cosas, tenga por seguro que en los próximos meses esa persona hará lo necesario por cumplir su petición.

Como dicen por ahí, “si el principio básico en la Biblia es el temor a Dios, el principio básico en política tiene que ser el temor al elector”. Pero este temor al electorado aparentemente solo aparece cada tres años; es necesario que en el momento que alguna persona desee lanzarse como candidato tenga a la mano un plan de trabajo, las propuestas que impulsaría dentro de la Asamblea Legislativa o en concejos, las ideas que estaría dispuesto a apoyar en cuestiones como elaboración de presupuesto, elección de funcionarios, administración de fondos públicos propios de la Asamblea o la comuna, reforma de pensiones, impuestos, fortalecimiento a otras instituciones como la Fiscalía General de la República, entre otras cuestiones de trascendencia nacional o local.

Ya es común para los salvadoreños ver a los políticos de distintos colores quejarse por las dificultades del país. Pero hay que tener en cuenta que con echarle la culpa al oponente no se soluciona nada; tampoco ignorar un problema hará que este desaparezca y es una actitud bastante cómoda esperar que los problemas sean resueltos por una instancia judicial, cuando la cancha natural donde se tienen que discutir y solucionar los problemas nacionales es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a esto nos hemos acostumbrado como país, a echarle la culpa a otro, a ignorar problemas, a esperar que otros los resuelva y a no presentar propuestas; en política esto se agrava teniendo en consideración que las decisiones que se tomen trascienden a toda la población.

Quizá uno de los problemas más recurrentes de El Salvador es que los políticos siempre piensan en clave electoral; se encuentran a la caza de votos a través de la popularidad y el reconocimiento por la mayor cantidad de personas posible. Si es así, como ciudadanos debemos aprovechar esa inclinación para solicitar respuestas concretas a problemas de país, no solo conformarnos con pequeñas ayudas que, en buena medida, son totalmente independientes del trabajo que tiene que hacer un legislador. Exijamos respuestas concretas a los problemas, que nos cuenten específicamente qué ideas impulsaría para solucionarlo y cuál sería la forma en que su partido pretende desenvolverse dentro de la Asamblea Legislativa.

Por la forma en la que ha sido administrado el país en las últimas décadas, está claro que las ochenta y cuatro personas (y sus asesores) encargadas de tomar algunas de las decisiones más trascendentales del país urgen de ayuda. A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral, ni que su recuerdo se traduzca únicamente en ir a dejar pequeñas ayudas a las comunidades. Al conformarnos con actos o propuestas efímeras dejamos a un lado las respuestas sobre los problemas más graves del país. El reto es a la ciudadanía, exijamos más y mejores propuestas.

La máquina. De Cristian Villalta

Ese dinero no volverá. Ninguno de esos centavos, de esos millones de dólares que exfuncionarios de distinto cuño le robaron a la ciudadanía regresará. Y si vuelven, serán solo centavos.

Cristian Villalta, 26 marzo 2017 / LPG

Así pues, el ejercicio que sigue ocupando buena parte de los esfuerzos de la Fiscalía General de la República tiene como propósito la reparación a las arcas públicas solo como figura retórica, como esa metáfora más veces amarga que dulce a la que llamamos justicia.

El principal valor de ese afán institucional es que los ciudadanos conozcamos la verdad de esos desfalcos, si tales prácticas fueron posibles además de por la calaña de los indiciados gracias a la existencia de un método.

Si hubo un método para despojar al Estado y beneficiar a particulares, entonces hubo un sistema que al menos lo permitió; si ese sistema existe, instalado en el aparato gubernamental, es porque hay una cultura de desprecio al interés público.

Talvez de las eventuales condenas a esos personajes derive una convicción ciudadana más firme y menos distraída sobre la naturaleza del poder político y su estatus como antípoda de la sociedad civil.

Consciente de esta posibilidad, el partido en el Gobierno y sus ujieres –algunos de ellos enfundados en la camisa de ARENA– hacen lo imposible para popularizar otra noción, la de que la justicia que pregona la contraloría a través de los casos de los últimos dos expresidentes es una vulgar vendetta política, y que la Fiscalía salvadoreña es una locomotora, una máquina de tripas al rojo vivo, con insaciable apetito por la destrucción.

En esa descalificación del trabajo fiscal, Elías Saca y Mauricio Funes gozan de impredecibles aliados: los enemigos que dejaron en la esfera política, en los medios de comunicación y el a veces chabacano manejo de la información de la misma FGR. Entre ellos, rebajan la discusión de estos casos al campo de la politiquería nacional, y transforman el análisis de lo sucedido en una carrera de insultos divertidos, la más salvadoreña de las virguerías.

La celeridad y facilidad con la que se pasa de la información a la opinión y de la opinión a la celebración de un resultado penal cuando los juicios no han superado la instrucción –o ni siquiera se han abierto– es de mal gusto tratándose de funcionarios de elección popular, increíble cuando proviene de profesionales del derecho, e imperdonable viniendo de informadores o periodistas.

El mal disimulado encono que se le tiene a uno o a otro expresidente en esas esferas facilita la confusión del ciudadano. Es una lástima que el énfasis no se ponga en la justicia que todos queremos, sino en la venganza que unos pocos necesitan.

Igual pasa con la política de comunicaciones de la Fiscalía, que si bien ya no raya en el culto a la personalidad característico de la administración de Luis Martínez, cae más veces de lo necesario en un exceso de detalles que, si no es en manos de un juez, solo sirven para alimentar el morbo y manipular a la opinión pública. Tal práctica es irresponsable per se y ni se diga en casos a los que la volátil opinión ciudadana es tan susceptible como los de la corrupción de los primeros funcionarios del Estado.

Tan urgente es desarmar esta máquina como aquella: la del linchamiento figurado como la del despojo del erario. Queremos la verdad, no brujas en una hoguera.