Papeles de Panamá, ¿son todos criminales? De Gumercindo Ventura

Gumercindo Ventura, 10 abril 2016 / LPG-SéptimoSentido

La filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, papeles de Panamá, sacudió al mundo esta semana. Este bufete cuenta con una variedad de clientes alrededor del mundo: desde empresarios legítimos y futbolistas como Leo Messi, hasta presuntos narcotraficantes, expresidentes y funcionarios públicos.

Entre los servicios de Mossack Fonseca estaba el crear empresas “off-shore” en Panamá para sus clientes, país mal llamado “paraíso fiscal” ya que salió de la lista de paraísos fiscales de la OCDE en 2011. ¿Qué es una empresa off-shore? Una empresa legalmente establecida en un país distinto al país en el que opera, en ocasiones con el fin de disminuir el pago de impuestos o por motivos de protección o confidencialidad de los clientes.

Estas empresas, por su naturaleza, se pueden prestar a negocios fraudulentos. Por ejemplo, un dictador puede escoger mover todo su capital a una empresa “off-shore” por temor a ser derrocado para luego poder escapar y tener de donde vivir. Narcotraficantes pueden usar este tipo de empresas para lavar dinero generado de extorsiones, drogas y otros negocios ilícitos. Empresarios pueden hacer fraude fiscal. Pero no necesariamente todos los socios o dueños de una empresa “off-shore” son criminales.

Para poner un ejemplo: una empresa hipotética, Buses de Centroamérica S. A. opera en todos los países de Centroamérica. Venden boletos para viajar y por ello genera ingresos. Pagan el IVA, impuesto sobre la renta y demás impuestos exigidos por ley. Por ser una empresa multinacional todas las utilidades, después de impuestos en sus países, deben ir a parar a una casa matriz, o “holding”, para repartir dividendos a sus accionistas. ¿Dónde se establece esta casa matriz? Usualmente en un país, en una empresa “off-shore”, donde evitan una cascada de tributación y así no pagar impuestos varias veces sobre el mismo origen. Escoger el país fiscalmente más caro sería simplemente irracional.

Esta es una forma legítima, legal y normal en la que puede operar una empresa “off-shore”. ¿Es antiético o inmoral? Ese es otro punto muy válido que discutir con todo y sus repercusiones económicas. Pero en cuanto al ámbito estrictamente legal no podemos pasar la misma brocha sobre todos los clientes de la firma asumiendo ilícitos sin pruebas. Es por esto que sería muy irresponsable sugerir en notas y titulares de medios que todos los clientes de Mossack Fonseca son evasores de impuestos o criminales cuando se imprimen a la par de nombres de presuntos narcotraficantes.

Si bien se ha abierto una ventana de información hay trabajo por hacer para todos. La labor periodística pasa no por el mero hecho de difundir los documentos o por querer crear morbo y exponer nombres de empresarios. La labor periodística pasa por investigar la forma de operar fraudulentamente de criminales, quienes se aprovechan de herramientas del mercado para ocultar el origen de sus actividades fuera del marco de ley en impunidad.

Las autoridades competentes locales tienen la oportunidad y el imperativo de investigar indicios de fraude fiscal y verificar que las actividades de funcionarios y exfuncionarios involucrados se vean reflejadas en sus declaraciones patrimoniales. Finalmente, la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgar a los medios digitales e impresos en su profesionalidad: ¿Quiénes están presentando y replicando trabajos responsables e investigativos de indicios de ilícitos y quienes nos están queriendo vender morbo?

Mares de sangre… De Gumercindo Ventura

“Rios de sangre” se titulaba un artículo sobre El Salvador en la revista británica The Economist hace un par de semanas. La situación es tal que estamos teniendo cada vez más atención de parte de medios internacionales. No es mera percepción, los números no mienten, a pesar de lo que diga Benito Lara. Vamos comenzando noviembre, y al cierre de octubre llevamos 5,614 muertos.

Gumercindo Ventura, 8 noviembre 2015 / LPG

Este año el Gobierno ha presentado su plan para hacerle frente a la violencia. Lejos de discutir lo factible y realizable que es El Salvador Seguro, hemos estado enfocándonos en cuánto nos va a costar y de dónde va a salir ese dinero. Y no es que no sea importante hablar del tema económico y quiénes cargaremos con ese costo, pero si hay una propuesta que intenta remediar el problema más grave del país lo menos que podemos hacer es conocer de qué se trata.

Según el resumen ejecutivo el plan, tiene cinco ejes: prevención, persecución, rehabilitación y reinserción, atención y protección de víctimas, y fortalecimiento institucional. Al final el “paquete” entero nos va a costar $2,100 millones, que distribuidos en cinco años suman $420 millones cada año, el equivalente a 1.7 % del PIB y a 8.7 % del presupuesto de nación.

El resumen enumera algunas acciones dentro de cada eje, y da alguna información como quiénes serán los involucrados (PNC, empresa privada, iglesias, etc.) y cuál es el objetivo que se busca alcanzar.

Una de las críticas que se ha hecho a planes anteriores como Mano Dura, Supermano Dura y similares es que se enfocaban demasiado en represión, prácticamente ignorando por completo la prevención y reinserción. El Salvador Seguro destina casi 74 % del presupuesto total a acciones de prevención de violencia, destinando $600 millones a acceso y retención escolar para niños y adolescentes, $500 millones a un plan de impulso de empleo juvenil en alianza con la empresa privada. El 9 % de los fondos, $180 millones, van orientados a planes de rehabilitación y reinserción.

A primera vista parece ser un plan ambicioso y que intenta cubrir varios ámbitos sociales alrededor de la criminalidad, pero escribir una intención no la hace realidad. Las actividades enumeradas, si bien dan una vaga idea de lo que se piensa hacer, parecen más una lista a Santa Claus, y surgen aún más dudas.

$4,200 millones no son poca cosa y necesitamos saber y discutir, por ejemplo, en qué consisten estos planes de rehabilitación y reinserción. ¿Es esto un eufemismo para que criminales gocen de impunidad? ¿Es una tregua institucionalizada y hecha ley para seguir protegiendo delincuentes? ¿En qué consiste el plan de generación de empleo con la empresa privada? ¿A qué se compromete el Gobierno con este plan? ¿Las metas son alcanzables, medibles, realizables?

Repito, enfocarnos en el costo es importante, pero igual o más importante es que El Salvador Seguro responda adecuadamente a la violencia, y de eso se habla poco. A medida que vayamos teniendo más información, el Gobierno irá encontrando más apoyo para impulsar este proyecto. Estamos en la obligación de analizarlo y, si es posible, fortalecerlo. No es que no se quiera combatir la violencia, es que no puede haber falta de transparencia en un tema tan vital para el desarrollo de El Salvador, de lo contrario los ríos de sangre se convertirán en mares.

Pena de muerte: ¿Solución? De Gumercindo Ventura

Pocos disputan que el problema más urgente que tenemos en El Salvador se llama violencia. En lo que va del año promediamos unos 24 homicidios diarios, muy por encima de los 13 que teníamos el año pasado. Ahora ni la misma Fuerza Armada está blindada del flagelo de las pandillas, prueba de ello fueron los dos soldados que murieron a disparos en una estación del SITRAMSS la semana pasada.

Gumercindo Ventura, 28 junio 2015 / LPG

Ante tan extrema situación muchos nos sentimos impotentes. Desconfiamos hasta de las instituciones para poner una denuncia por miedo a los oídos dentro de la misma PNC. No hay a quien acudir. Unos deciden huir de sus hogares o del país, otros más arriesgados se quedan esperando que no los maten.

Es hasta peligroso expresarse sobre estos temas en público. Muchos prefieren hacerlo desde el anonimato en medios digitales, donde están un poco más lejos del castigo que pudieran tener por hacer públicas sus opiniones. Aquí, en esta avalancha de noticias sobre homicidios publicadas en medios digitales y redes sociales, podemos formarnos una buena idea de lo que piensan los salvadoreños sobre el tema.

Fíjese en los comentarios hasta abajo, donde terminan las noticias, siempre encontrará uno que otro comentando “que los maten a todos”, “que le den fuego a las cárceles”, “que regrese Hernández Martínez”, “que les apliquen la pena de muerte”, y así. Cada vez más vemos cómo la gente ve como única salida endosarle al Estado la facultad de terminar con las vidas de las personas, como si los tribunales fueran infalibles y nunca encarcelaran a personas inocentes. Por lo menos el encarcelamiento es reversible, una muerte no lo es.

Por muy desesperante que sea la situación no podemos permitir que el problema se aborde sin un análisis adecuado. La pena de muerte, en los lugares donde está legislada, ha tenido poco o nulo efecto disuasivo con la violencia y la criminalidad. El Salvador no sería la excepción. Es más, el querer concentrarnos en la pena de muerte como “la solución” al problema de la violencia, como lo hace Guillermo Gallegos (solo él sabe por qué), es distraernos de las causas más estructurales que hacen de nuestra sociedad tierra fértil para que germine la violencia.

La falta de oportunidades, la poca inversión, la pobre preparación educativa y docente, la segregación de las familias y la emigración son solo algunos de los factores socioeconómicos que deben ser considerados a la hora de construir una política integral que intente combatir la violencia. El no hacerlo es condenar a otra generación de niños al mundo de las pandillas, sería como intentar tapar 100 hoyos en un barril por donde se nos está saliendo el agua sin preocuparnos por cerrar el chorro de donde cae el agua.

¿Quién es quién para decidir sobre la vida de los demás? La pena de muerte es una medida para que políticos se den palmaditas en la espalda, alardeando de que están haciendo hasta lo extremo para aliviar la situación de violencia. Muchos tuvieran la impresión de que algo se está haciendo bien, sin darse cuenta de que están facultando al Estado para convertirse en una organización cada vez más parecida a las pandillas: Una organización que ya nos extorsiona, pero que ahora nos podría matar también. Apoyar esto, como sociedad, nos haría iguales o peores que los pandilleros.

Lea también:
Carta a Roberto d’Aubuisson sobre la pena de muerte

Guillermo Gallegos: “La misma Biblia reconoce la pena de muerte como un castigo”