Panama Papers

Pepito y el closet con alcancías. De Max Mojica

max mojica-xMax Mojica, 18 abril 2016 / EDH

Derivado de las chispeantes conversaciones con mi ingenioso colega de Twitter, @darwinromero19, me permito compartir mi “re-make” de la historia de Pepito que ya circula en las redes, para hacer comprensible todo lo que involucra el “escándalo” de que se descubriera que numerosos empresarios salvadoreños poseen empresas “off-shore” domiciliadas en Panamá.

Esta educativa historia comienza cuando éste llega a tener “excedentes económicos”:

“Cuando a Pepito le sobran monedas, las pone en su alcancía. La alcancía está en su clóset. La mamá de Pepito lo sabe y la revisa de vez en cuando, por lo cual ella conoce cuánto dinero hay en la alcancía y sabe cuándo Pepito pone más dinero o cuándo se lo gasta. La mamá de Pepito le cobra 30 % de lo que él pone en la alcancía, se los cobra para cubrir los gastos diario hoyrelacionados a la limpieza de su cuarto (la cual hace muy mal, a fuerza de ser sinceros), y cuando Pepito le reclama, le dice ‘que es su mamá, y que si quiere le puede quitar la alcancía entera’, momentos en los cuales Pepito mejor se queda callado, no vaya a ser que lo cumpla.

“Un día Pepito entró a su cuarto y encontró a su mamá sacando unas monedas sin permiso, cuando Pepito le reclamó, su mamá le dijo: ‘es para mejorar tu cuarto, pondremos cortinas nuevas’. Las cuales nunca puso. Entonces Pepito pensó: ‘Mi mamá tiene muy mal carácter, no cumple con sus obligaciones y encima, toma de mi alcancía sin permiso’, entonces decidió que no quería que su mamá supiera  dónde estaban sus ahorros.

“Decidió comprar una alcancía nueva y llevarla, con la mitad de sus ahorros, a la casa de su vecinito, Pablo. Le pidió a Pablo que la guardara en su clóset. Escribió su nombre en ella y la dejó ahí. La mamá de Pablo al enterarse, felicitó a Pepito por ser tan ahorrativo, le puso un candado al clóset para que nadie tocara su alcancía, por lo que quedó ahí en secreto, nadie iba a tocar sus ahorros.

“Cuando se enteraron los demás niños del vecindario, les pareció que era una buena idea y muchos de ellos –los que ahorraban-  fueron a casa de Pablo con sus alcancías. El clóset de Pablo se llenó de alcancías de todos los niños del barrio.

“Un día, la mamá de Pepito llegó a casa de Pablo y vio todas las alcancías. Ella se enojó mucho y le dejó de hablar a la mamá de Pablo, llamándole ‘alcahueta’; además, llamó a todos los papás de los niños del barrio para contarles que sus hijos tenían sus alcancías ahí, diciéndoles que ‘a saber por qué andaban escondiendo el pisto, que a saber de dónde lo habían sacado, que quizás le andaban robando a las mamás o a los demás niños”.

La verdad es que no todos los niños se llevaron sus alcancías al clóset de Pablo por una mala razón. Juan Carlos se la llevó, porque su hermano mayor le robaba dinero, entonces quería un mejor lugar para esconder su alcancía. Ricardo quería comprarle un regalo a su mamá de sorpresa. Julián se la llevó solo porque le pareció divertido.

“Es cierto que algunos de los niños las guardaron su alcancía en el clóset de Pablo por una mala razón. Mauricio le robaba el dinero del almuerzo de sus compañeros y no quería que sus padres se dieran cuenta. Michael se estaba robando el dinero de la cartera de su mamá y necesitaba un lugar para esconderlo. Pero lo cierto es que la gran mayoría de alcancías tenían ahorros provenientes del sacrificio de los niños, que preferían no comprar dulces en el recreo y ahorrar. Pero cuando la mamá de Pepito se enteró, se enojó tanto –quizás porque ya no podía seguir sacando monedas de la alcancía-, que a todos los acusó de haberse llevado su alcancía por malas razones”.

En la vida real, debido a la inestabilidad de El Salvador, Pepito como empresario salvadoreño optó por llevarse su alcancía a la casa de Pablo en Panamá, pero su mamá gobierno/opinión pública se dio cuenta. Ella está enojada y está investigando, muy pronto sabremos quiénes lo hicieron por una mala razón y quiénes tenían buenas razones. Sin embargo, la mayoría está siendo cuestionada, ya que el resto de las personas con las que conviven en el barrio  ve muy mal que hayan guardado sus ahorros en secreto, como si no entendieran que la alcancía es de ellos y que está llena de monedas provenientes de su trabajo y por ello tenían derecho a llevárselas adonde quisieran.

Acá acaba el cuento. Pepito me dijo en secreto que si lo vecinos del barrio no entendían cómo es la cosa con este cuento, de plano que no sabe cómo vamos a hacer para que entiendan. Colorín colorado.

#RingDeHOY – Las “OffShore”: su legalidad y su ética. Juan Manuel Rogel vs. Luis Alonso Cruz

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Sí, avalo las “offshore”

Juan Manuel Rogel, 13 abril 2016 / EDH

Claro que es legal, tan legal como lo es para un policía, un guardia de seguridad o para un atleta de tiro el adquirir un arma de fuego. Su posesión per se no es ilegal y tampoco mala, lo que sí se reconoce es que conlleva una gran responsabilidad. La legalidad o no reside en el propósito, en el uso que se le dé a la misma.

Últimamente se le ha dado una connotación negativa a la palabra offshore, por lo que me gustaría detenerme a explicar un poco su significado. Offshore es una palabra de origen anglosajón que significa alejado de la costa, en el ámbito empresarial y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son aquellas empresas registradas en un país diferente a aquel en el que desarrollan sus actividades de negocio. Ahora, el hecho en sí de crear una empresa offshore no es ilegal ya que la ley no obliga a mantener el dinero en el país y tampoco implica que su par local no tribute de manera correcta y transparente, no obstante, cabe la posibilidad que se utilicen las empresas offshore con el objeto de eludir o evadir impuestos.

Eludir es la reducción del monto de impuestos a pagar dentro del marco legal.  Un ejemplo claro es buscar el monto mínimo a pagar del impuesto sobre la renta a través de la deducción de financiamiento de estudios, salud o deducción de donaciones.  Lo cual tampoco va en contra de la ética ya que la misma ley me lo permite y no estamos obligados a pagar más impuestos que los que la ley nos obliga.

En cambio la evasión sí es un delito, ya que consiste en ocultar bienes o ingresos intencionalmente con el fin de no pagar impuestos.  Por ejemplo, recordemos al comercio que ofrece no dar factura para descontarte el impuesto o aquella persona que miente en su declaración. Al final es algo que va más allá de la utilización de algún tipo específico de empresa. No obstante, si se utiliza una empresa offshore para evadir impuestos o un arma para cometer un delito, es su mal uso el que catalogamos de malo y o la creación o elaboración de la misma.

Dentro de los factores positivos de crear una empresa offshore se pueden mencionar los siguientes: Agilidad y eficiencia en la consolidación de operaciones en diferentes países, al haber tributado como se debe en cada operación la offshore ofrece un recinto en que se consolidan los resultados sin necesidad de tanta fiscalización, bajo un régimen que optimiza la rentabilidad de los resultados, asimismo se logra diversificar el riesgo país y minimizar los tiempos necesarios para poder reinvertir los flujos en cualquier país que desee.

De igual forma, ofrecen beneficios de seguridad y discreción para sus propietarios, muchas veces los inversionistas de alto perfil desean mantener su identidad en secreto mientras realizan transacciones importantes ya que muchas veces su simple nombre incrementa el flujo de personas interesadas en el proyecto y por ende el precio de las mismas. Aparte, en entornos con alta inseguridad, la protección de identidad dentro de una offshore es una práctica común para mantener un perfil bajo.

En síntesis, el simple hecho de crear o poseer una offshore, o de portar o distribuir una arma, no  representan ningún delito o acción contra la ética. Lo que sí carece de ética y legalidad es declarar culpable a un país como Panamá, que no ha hecho más que trabajar en pro de un sistema tributario más justo y transparente. En lo personal considero que es nuestro deber investigar e instruirnos adecuadamente antes de emitir un determinado juicio de valor sobre esta situación.

@jmrogelm, MBA de INCAE con mención en Finanzas y Lic. en Económia y Negocios de ESEN

No, no avalo las “offshore”

Luis Alonso Cruz, 13 abril 2016 / EDH

En los últimos días se hicieron públicos los resultados de la investigación periodística denominada “Panamá Papers”. Esta investigación surge a partir de una serie de documentos que fueron filtrados y muestran cómo la firma legal panameña Mossack Fonseca ayudó a instaurar empresas offshore en ese país con el fin de obtener ventajas tributarias. El  tema ha estado en el foco de las discusiones debido a que involucra a empresarios, líderes políticos y medios de comunicación alrededor del mundo, incluido El Salvador, poniendo en discusión cómo personas adineradas operan para ocultar sus riquezas y evitar el pago de impuestos u otras obligaciones legales.

En principio dependerá del marco jurídico de cada país determinar su legalidad. En cuanto a si son éticas argumentaré que no lo son a partir de tres elementos. El primero, es que este tipo de prácticas, donde es difícil conocer el origen del dinero, fomenta la utilización de éstas para fines ilícitos porque permite el lavado de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o corrupción, limpiándose al registrarlas como utilidades de una sociedad legalmente constituida en un paraíso fiscal. El segundo, es que minan las finanzas públicas, pues a través de las sociedades offshore evitan el pago de impuestos en los lugares en donde realizan la actividad económica y crean valor.

Debido a estas prácticas, países como Estados Unidos han fortalecido las medidas para atacar estas iniciativas, como por ejemplo en la aprobación de la Ley FATCA en 2010, que busca disminuir la evasión de impuestos en el extranjero. Tercero, este tipo de acciones fomenta la fuga de capitales, fenómeno lesivo para las economías de los países pobres, pues genera una diferenciación entre empresas que pagan impuestos y empresas que no, favoreciendo la competencia desleal. ¿Por qué los pequeños y microempresarios sí deben pagar impuestos mientras que los grandes empresarios usan offshore para “ahorrarlos” con evidentes e injustas ventajas?

Para comprender los costos a las economías locales asociados a este fenómeno, es importante conocer algunas estimaciones. De acuerdo a Gabriel Zucman (1), economista de la Universidad de California en Berkeley, los costos fiscales en Estados Unidos debido a estos esquemas ascendieron a US$128,000 millones. Para comprender la relevancia de estos montos, cabe señalar que los ingresos tributarios de El Salvador en el 2015 fueron de US$4,119 millones. ¿Cuántas escuelas, clínicas u hospitales se podrían construir con el dinero evadido?

Algunos que defienden el uso de offshore para la evasión de impuestos aseguran que es la corrupción la que “motiva” esta práctica. Este argumento está fuera de lugar pues justifica una práctica antiética con otra que también lo es, ambas igual de nocivas para el desarrollo de los países y por tanto igual de condenables.

Por otra parte, se señala a la carga tributaria del país de origen como la responsable de incentivar, este argumento tiene un profundo sesgo ideológico, una concepción ultraliberal que plantea que el mejor Estado es aquel donde menos se pagan impuestos, solo basta revisar la carga tributaria de los países escandinavos que tienen el mejor Índice de Desarrollo Humano e Índice de Percepción de la Corrupción para para demostrar que este argumento es mentira. Esta postura sacrifica el bien común en favor de una minoría capaz de llevar a cabo estas acciones, profundizando los obstáculos que perpetúan la pobreza y reproduciendo las desigualdades económicas y sociales.

Las OffShore existen porque hay personas que quieren seguir teniendo negocios oscuros y lavando dinero para disfrutar las ganancias solapadamente, si exigimos transparencia hay que exigirla en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo el mercado. Seamos coherentes y no defendamos ni la corrupción en el gobierno ni la corrupción en el mercado.

Miembro de Progre, Licenciado en CC. JJ. por la UCA, Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Are the Russians actually behind the Panama Papers? De Clifford G. Gaddy

GADDY

Clifford G. Gaddy Senior Fellow, Foreign Policy, Center on the United States and Europe

, 7 abril 2016 / BROOKINGS

The “Panama Papers”—does this strike anyone else as a very fishy story? It’s like something out of a cheap spy movie.

In early 2015, “John Doe” sends (out of the blue) an email to the German newspaper Süddeutsche Zeitung (SZ), offering 11.5 million documents from a Panamanian law firm relating to offshore shell companies. SZ accepts. Under the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), some 400 journalists from 80 countries spend a year sifting through the documents. Then, in a coordinated launch, they present their first findings: With nearly identical language in all media (down to the local TV station in Washington that I happened to watch this week), they talk about the grand new revelations of corruption, money laundering, and financial secrecy by over 140 world leaders.

Most reports, no matter where, feature Russian President Vladimir Putin as the headliner. But that might obscure a much bigger and more twisted story.

putin063_16x9The dog that didn’t bark

Despite the headlines, there is no evidence of Putin’s direct involvement—not in any company involved in the leak, much less in criminal activity, theft, tax evasion, or money laundering. There are documents showing that some of his “friends” have moved “up to two billion dollars” through these Panama-based shell companies.

[T]here is no evidence of Putin’s direct involvement.

But nothing in the Panama Papers reveals anything new about Putin. It is in fact far less of a story than has been alleged for a long time. For over 10 years, there have been suspicions that Putin has a vast personal fortune, claimed at first to be $20 billion, then $40, $70, even $100… And now all they find is “maybe” a couple of billion belonging to a friend?

This is the dog that didn’t bark.

Screen Shot 2016-04-12 at 9.10.17 PMSome (geo)political context is important here. In recent years, the media has become a key battleground in which Russia and the West have attempted to discredit each other. Early last year, circles in the West sought to use the media to respond to what they described as Russia’s “hybrid warfare,” especially information war, in the wake of the Russian annexation of Crimea and related activities. They identified corruption as an issue where Putin was quite vulnerable. It’s worth looking at the Panama Papers in that context: Journalists are targeting Putin far out of proportion to the evidence they present.

As soon as one delves below the headlines, it’s a non-story. A “friend of Putin” is linked to companies that channel a couple of billion dollars through the offshore companies. Why? To evade Russian taxes? Really? To conceal ownership? From whom? You don’t need an offshore registration to do that. To evade sanctions? That’s a credible reason, but it makes sense only if the companies were registered after mid-2014. Were they?

This information will not harm Putin at all—instead, it gives Putin cover, so he can shrug and say: “Look, everybody does it.” A more serious possibility is that the leaked data will lead to scandals throughout the West, where corruption does matter—a point I’ll discuss. On net, the Russians win.

The cui bono principle connects profits with motives, asking who stands to gain from a certain action. If it’s the Russians who win, isn’t it possible that they are somehow behind at least part of this story?

Who is “John Doe”?

The ICIJ is the self-described elite of investigative journalists—but what have they discovered about the source of all these documents? The only information we have about John Doe is from SZ, which begins its story: “Over a year ago, an anonymous source contacted the Süddeutsche Zeitung (SZ) and submitted encrypted internal documents from the law firm Mossack Fonseca.” When the staff at SZ asked John Doe about his motive, he reportedly replied in an email: “I want to make these crimes public.”

But how can the journalists—and the public—be sure he’s trustworthy, and that the documents are real, complete, and unmanipulated? It’s not clear that John Doe is a single individual, for one, nor why he would have been confident that he could reveal the documents without revealing himself. He’d also have access to a pretty impressive documents cache, which suggests that an intelligence agency could have been involved.

Moreover, the revelation brings collateral damage upon legal business and innocent individuals—was that not a worry? In my view, no responsible person with a real concern for rule of law would advocate this sort of sweeping document release. There might be many unintended consequences; it could topple regimes, with unforeseen consequences. It’s pure and naïve anarchism, if the thinking was (as it seems from the outside) to create maximum chaos and hope it will all purge the system of its evils. In any event, the potential for using such a leak for political purposes is immense.

[T]he potential for using such a leak for political purposes is immense.

If “we” (in the United States or the West) released these documents, the motive would apparently be to embarrass Putin. This is part of the fantasy that we can defeat Putin in an information war. If that was the motive, the result is pathetic: No real damage is being done to Putin, but there is collateral damage to U.S. allies.

If the Russians did it, a good motive might be to deflect the West’s campaign against Putin’s corruption. But as I’ve explained, any actual reputational damage to Putin or Russia caused by the Panama Papers is in fact pretty trivial. For that cheap price, the Russians would have 1) exposed corrupt politicians everywhere, including in “model” Western democracies, and 2) fomented genuine destabilization in some Western countries. What I wonder, then: Is it a set-up? The Russians threw out the bait, and the United States gobbled it down. The Panama Paper stories run off Putin like water off a duck’s back. But they have a negative impact on Western stability.

The Panama Paper stories run off Putin like water off a duck’s back. But they have a negative impact on Western stability.

So let’s say that the “who” is the Russians, and the “why” is to deflect attention and show that “everybody does it.” But how? Given Russia’s vaunted hacking capabilities, a special cyber unit in the Kremlin may have been able to obtain the documents. (Monssack Fonseca is maintaining that the leak was not an inside job.) But it is most likely that such an operation would be run out of an agency called the Russian Financial Monitoring Service (RFM). RFM is Putin’s personal financial intelligence unit—he created it and it answers only to him. It is completely legitimate and is widely recognized as the most powerful such agency in the world, with a monopoly on information about money laundering, offshore centers, and related issues involving Russia or Russian nationals. An operation like the Panama Papers, which is only about financial intelligence, would have to be run out of RFM. Not the FSB, not some ad hoc gang in the Kremlin. While it might not (legally) have access to secrets kept by a firm like Mossack Fonseca, it’s privy to lots of international financial information through the international body of which it is a leading member, the Financial Action Task Force. In short, Russians are better equipped than anyone—more capable and less constrained—to hack into secret files.

As for how to leak the documents, it would actually be pretty ingenious to “incriminate” Russia in a seemingly serious (and headline-grabbing) way without actually revealing incriminating information. That’s exactly what we have. The Panama Papers revealed no Russian secrets. They added nothing to the rumors already circulating about Putin’s alleged private fortune. And the story-that-isn’t-a-story was advanced by none other than the ICIJ. So, done right, the last thing anyone would suspect is that the Panama Papers are a Russian operation.

A more serious Russian motive?

Granted, this would be a complicated operation just to defuse the West’s campaign to point to “Putin the kleptocrat.” But maybe there’s another motive.

As many have already pointed out, it’s curious that the Panama Papers mention no Americans. But it’s possible that they do and that the ICIJ hasn’t revealed that information. Perhaps, since the ICIJ is funded by Americans, they’re not going to bite the hand that feeds them. But suppose the ICIJ actually doesn’t have information on Americans—that calls into question the original data, which if actually real and uncensored would most probably include something on Americans. There are undoubtedly many American individuals and companies that have done business with the Mossack Fonseco crew, and it wouldn’t make sense for a collection of 11.5 million documents involving offshore finances to omit Americans entirely. Perhaps, then, someone purged those references before the documents were handed over to the German newspaper. The “someone” would, following my hypothesis, be the Russians—and the absence of incriminating information about Americans is an important hint of what I think to be the real purpose of this leak.

The Panama Papers contain secret corporate financial information, some of which—by far not all—reveals criminal activity. In the hands of law enforcement, such information can be used to prosecute companies and individuals; in the hands of a third party, it is a weapon for blackmail. For information to be effective as a blackmail weapon, it must be kept secret. Once revealed, as in the Panama Papers case, it is useless for blackmail. Its value is destroyed.

Therefore, I suggest that the purpose of the Panama Papers operation may be this: It is a message directed at the Americans and other Western political leaders who could be mentioned but are not. The message is: “We have information on your financial misdeeds, too. You know we do. We can keep them secret if you work with us.” In other words, the individuals mentioned in the documents are not the targets. The ones who are not mentioned are the targets.

[T]he individuals mentioned in the documents are not the targets. The ones who are not mentioned are the targets.

Kontrol, the special Russian variety of control

In sum, my thinking is that this could have been a Russian intelligence operation, which orchestrated a high-profile leak and established total credibility by “implicating” (not really implicating) Russia and keeping the source hidden. Some documents would be used for anti-corruption campaigns in a few countries—topple some minor regimes, destroy a few careers and fortunes. By then blackmailing the real targets in the United States and elsewhere (individuals not in the current leak), the Russian puppet masters get “kontrol” and influence.

If the Russians are behind the Panama Papers, we know two things and both come back to Putin personally: First, it is an operation run by RFM, which means it’s run by Putin; second, it’s ultimately about blackmail. That means the real story lies in the information being concealed, not revealed. You reveal secrets in order to destroy; conceal in order to control. Putin is not a destroyer. He’s a controller

 

Clifford Gaddy, an economist specializing in Russia, is the co-author of “Bear Traps on Russia’s Road to Modernization” (Routledge, 2013). His earlier books include “Russia’s Virtual Economy” (Brookings Institution Press, 2002) and “The Siberian Curse” (Brookings Institution Press, 2003). His current book project is entitled “Russia’s Addiction: The Political Economy of Resource Dependence,” and is set to be published in 2015. Gaddy is also the co-author of the recently released second edition of “Mr. Putin: Operative in the Kremlin” (Brookings Institution Press, 2015).

Messi en el paraíso. De Max Mojica

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Max Mojica, abogado

Max Mojica, 11 abril 2016 / EDH

Leo Messi, la superestrella del fútbol, lo “cacharon” en el “Paraíso”; no ese paraíso en el que habitaba el primer hombre de acuerdo a la teología cristiana, sino en un paraíso fiscal. Muchos tenemos una idea aproximada que en “algún lado” existían “paraísos fiscales”, pero ahora gracias a los “Panamá Papers”, todos hemos oído hablar de ellos. Cuando pensamos en “paraíso fiscal”, nos valemos de informaciones estereotípicas que van desde el sonriente hombre de negocios que acarrea un maletín lleno de papelitos verdes, hasta jets privados que aterrizan junto a playas interminables con palmeras a punto de tocar aguas cristalinas.

diario hoyEl problema es que cuando hablamos de “Paraísos fiscales” empezamos por un error de traducción: “Tax Haven” significa “refugio fiscal”, no “paraíso” (heaven). Es una diferencia semántica muy importante. No es lo mismo un “refugio” (consecuencia de un ataque confiscatorio) que un “paraíso”. Es importante, porque ese error de traducción ocurre, no por casualidad tampoco, en los países donde triunfan las políticas más intervencionistas. Los activos de los bancos en refugios fiscales han aumentado aproximadamente en diez trillones de dólares desde el año 2001. Según la Universidad de Harvard, el aumento de esos activos viene casi siempre después de incrementos de la presión fiscal con unos doce meses de diferencia. Es decir, el movimiento de capitales es una tendencia lógica cuando esos capitales perciben que viven un “infierno”, un infierno de naturaleza fiscal, percepción que usualmente se da tras las subidas de impuestos al capital, a los bienes, al consumo o a las utilidades.

Otro mito es que todo dinero que escapa de un “Infierno Fiscal” es un dinero ilegal. Según Tax Justice, los cincuenta mayores bancos gestionan 12,1 trillones de dólares en activos offshore. Esos datos son conocidos respecto a operaciones que son legales, inversiones y cuentas de corporaciones. La enorme mayoría corresponde a empresas que tienen acuerdos comerciales multinacionales y que consiguen dos propósitos: Uno es crecer y desarrollar sus actividades en el mundo sin caer en doble imposición, lo cual genera muchos más beneficios sociales, empleo y riqueza que un artificial y siempre contraproducente control de capitales. Y en segundo término, logra salvaguardar fondos de las garras tributarias de países sedientos de transfusiones de capital fresco, usualmente debido a lo obeso de sus presupuestos estatales. Dos ejemplos modernos que confirman la urgente necesidad de escapar de infiernos fiscales: Venezuela y Argentina.

Ahora la opinión pública se encuentra ante una morbosa historia de empresarios calificados de “evasores” simplemente por tener una empresa en Panamá, como si su misma constitución fuese un delito, cuando se trata de un acto que desde la perspectiva legal, comercial o financiera, es enteramente legítimo, al encontrarse dentro del marco de la ley, tanto en relación a la ley salvadoreña, como respecto a la de los países o territorios en donde se encuentran ubicadas tales inversiones. De paso, aprovecho para aclarar que Panamá, desde hace mucho tiempo, dejó de ser un “paraíso fiscal”, al haber firmado los acuerdos de información tributaria que impone la GAFI y la OCDE, para ser borrado de la lista negra y gris que los clasifica. Eso sí, a partir de las revelaciones de los “Panamá Papers”, tanto la Fiscalía General de la República como la Dirección General de impuestos Internos, tienen una oportunidad única para investigar el origen de algunas fortunas que aparecen de la noche a la mañana respecto a personas, muchas veces cercanas a funcionarios públicos, con un nulo historial empresarial, pero que ahora son los dichosos propietarios de para nada despreciables fortunas, prácticamente creadas por arte de magia.

Aplaudo la serena reacción tomada tanto por el Superintendente del Sistema Financiero como por el Fiscal General de la República, quienes evitaron “saltar a conclusiones” sobre la información ahora puesta en manos públicas, habiendo decidido hacer una investigación técnica sobre las mismas para determinar si existen o no delitos. Esas investigaciones seguramente arrojaran información relevante, determinando que muchas de las personas mencionadas se trata de empresarios que habiendo pagado impuestos, decidieron legítimamente sacar sus excedentes a países o regiones que brindan protección en términos de resguardo de capital; eso sí, seguramente encontrarán aquí o allá, a algunos nuevos ricos y empresarios “instantáneos” mencionados en los “Panamá Papers”, cuyas importantes fortunas deberán ser explicadas.

La moraleja del asunto es que Messi en el Paraíso nos enseña que si no nos gusta que los contribuyentes huyan a un paraíso fiscal, la mejor forma de evitarlo es que no nos convirtamos en un infierno fiscal, y bueno, no es por nada, pero en El Salvador yo siento que ya hace suficiente calor.

Papeles de Panamá, ¿son todos criminales? De Gumercindo Ventura

gumercindoGumercindo Ventura, 10 abril 2016 / LPG-SéptimoSentido

La filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, papeles de Panamá, sacudió al mundo esta semana. Este bufete cuenta con una variedad de clientes alrededor del mundo: desde empresarios legítimos y futbolistas como Leo Messi, hasta presuntos narcotraficantes, expresidentes y funcionarios públicos.

Entre los servicios de Mossack Fonseca estaba el crear empresas “off-shore” en Panamá para sus clientes, país mal llamado “paraíso fiscal” ya que salió de la lista de paraísos fiscales de la OCDE en 2011. ¿Qué es una empresa off-shore? Una empresa legalmente establecida en un país distinto al país en el que opera, en ocasiones con el fin de disminuir el pago de impuestos o por motivos de protección o confidencialidad de los clientes.

septimo sentidoEstas empresas, por su naturaleza, se pueden prestar a negocios fraudulentos. Por ejemplo, un dictador puede escoger mover todo su capital a una empresa “off-shore” por temor a ser derrocado para luego poder escapar y tener de donde vivir. Narcotraficantes pueden usar este tipo de empresas para lavar dinero generado de extorsiones, drogas y otros negocios ilícitos. Empresarios pueden hacer fraude fiscal. Pero no necesariamente todos los socios o dueños de una empresa “off-shore” son criminales.

Para poner un ejemplo: una empresa hipotética, Buses de Centroamérica S. A. opera en todos los países de Centroamérica. Venden boletos para viajar y por ello genera ingresos. Pagan el IVA, impuesto sobre la renta y demás impuestos exigidos por ley. Por ser una empresa multinacional todas las utilidades, después de impuestos en sus países, deben ir a parar a una casa matriz, o “holding”, para repartir dividendos a sus accionistas. ¿Dónde se establece esta casa matriz? Usualmente en un país, en una empresa “off-shore”, donde evitan una cascada de tributación y así no pagar impuestos varias veces sobre el mismo origen. Escoger el país fiscalmente más caro sería simplemente irracional.

Esta es una forma legítima, legal y normal en la que puede operar una empresa “off-shore”. ¿Es antiético o inmoral? Ese es otro punto muy válido que discutir con todo y sus repercusiones económicas. Pero en cuanto al ámbito estrictamente legal no podemos pasar la misma brocha sobre todos los clientes de la firma asumiendo ilícitos sin pruebas. Es por esto que sería muy irresponsable sugerir en notas y titulares de medios que todos los clientes de Mossack Fonseca son evasores de impuestos o criminales cuando se imprimen a la par de nombres de presuntos narcotraficantes.

Si bien se ha abierto una ventana de información hay trabajo por hacer para todos. La labor periodística pasa no por el mero hecho de difundir los documentos o por querer crear morbo y exponer nombres de empresarios. La labor periodística pasa por investigar la forma de operar fraudulentamente de criminales, quienes se aprovechan de herramientas del mercado para ocultar el origen de sus actividades fuera del marco de ley en impunidad.

Las autoridades competentes locales tienen la oportunidad y el imperativo de investigar indicios de fraude fiscal y verificar que las actividades de funcionarios y exfuncionarios involucrados se vean reflejadas en sus declaraciones patrimoniales. Finalmente, la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgar a los medios digitales e impresos en su profesionalidad: ¿Quiénes están presentando y replicando trabajos responsables e investigativos de indicios de ilícitos y quienes nos están queriendo vender morbo?

Carta a los colegas de El Faro: No se quemen con esta papa caliente. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 9 abril 2916 / EDH

Estimados colegas:
Asumo que el consorcio internacional que administra la explotación periodística de los “Panama papers” tuvo una razón para invitar a El Faro para hacerse cargo de todos los datos relacionados con personalidades, bancos, políticos o empresas salvadoreñas. Asumo además que la razón de escoger a ustedes tiene que ver con la comprobada capacidad investigativa e independiente de El Faro.

Me imagino que están conscientes que asumieron una gran responsabilidad. Ustedes tienen el monopolio para analizar este material, o sea de todos los datos de la firma panameña Mossak Fonseca, sus clientes, la constitución de sociedades anónimas, las transferencias de fondos, la comunicación entre abogados y sus clientes. Nadie más tiene acceso. Exclusivamente del criterio de ustedes depende qué parte de este material se hará público – cómo: completo o parcialmente. Está en sus manos decidir quiénes de los clientes salvadoreños de la firma panameña “hackeada” serán exhibidos y quiénes no.

diario hoyMejor hubiera sido, como se ha hecho en otros países, dar acceso al banco de datos a varios medios, para tratar de evitar manejos parcializados. Por ejemplo, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que originalmente recibió el banco de datos invitó a equipos de investigación periodística de dos otros medios alemanes a compartir el trabajo de análisis, selección y publicación.

Además, la Süddeutsche Zeitung SZ estableció una regla: “La SZ no publicará todos los nombres que se encuentran en los Panama papers. En el caso de muchas personas y empresas que se mencionan en los datos, no existe ningún interés público justificado para exponerlos. Este interés sólo existe, cuando hay indicios que se cometió un delito, por ejemplo fraude fiscal. Un ejemplo ficticio: Si un banquero alemán esconde sus propiedades en la isla de Mallorca en una sociedad anónima que no está a su nombre, pero está pagando debidamente los impuestos sobre este patrimonio, no tenemos ninguna razón para publicar su caso.”

Hasta la fecha ustedes publicaron dos casos de los ‘Panama papers’: el de Mecafé, que involucra a Michi, la novia de Mauricio Funes, y a la empresa SUBES, relacionada con el Sitramss; y el caso de la familia Eserski y TCS.

El periódico alemán, el medio líder en las relevaciones sobre compañías y cuentas offshore, aplicando sus criterios arriba citados, con toda certeza hubiera publicado el primer caso, porque hay serias dudas sobre los orígenes de los fondos.

En cambio, el caso TCS, así como está presentado por El Faro, no arrojo indicios de posibles delitos. Yo no digo que no pueden existir, pero ustedes no han logrado establecerlos.

Los monopolios nunca son buenos. Mucho menos en asuntos tan delicados. Sería mucho mejor que ustedes dieran a otros medios nacionales acceso a los datos de Panamá que recibieron. No es sano que dependa exclusivamente de los criterios y filtros ideológicos de un solo medio decidir cuáles son las informaciones relevantes y a cuál persona, político o empresa exponer. Créanme, no es desconfianza específica con ustedes. Siempre es mejor tener mecanismos de control sobre la manera como se selecciona datos tan delicados.

Todos tenemos filtros ideológicos y prejuicios, y mucho los tienen tan torcidos que quienes escribimos tenemos que tener cuidado con qué provocamos. La reacción a los ‘Panama papers’ demuestra que aquí hay muchos que piensan que cualquier persona que mantiene cuentas, inversiones, o operaciones empresariales en Panamá es lavador de pisto o evasor de impuestos

Obviamente, no es así. Cualquier figura legal (cuenta, sociedad, convenios) puede servir para fines perfectamente lícitos o para fines criminales. Tener cuaentas o sociedades en Panamá no es delito. Usarlas para fondos ilícitos es otro cinco, y hay que establecerlo antes de publicar secretos bancarios o de negocios. Como dijo SZ de Alemania: debe existir un legítimo interés público para publicar información obtenida, de manera ilegal, de los archivos de un bufete de abogados.

Espero que ustedes actúen con la máxima responsabilidad. La mejor manera de hacerlo sería compartir los datos

Saludos,

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Los “Funes Papers”. De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 8 abril 2016 / EDH

El escándalo producido el pasado domingo por la filtración de millones de documentos del despacho de abogados en Panamá Mossak Fonseca, llamado “Panama Papers”, es una excelente oportunidad para quienes luchan por la justicia. Sin embargo, también lo es para quienes están dispuestos a desinformar y a dar cátedras de cinismo con tal de callar sus pecados. Antes de desarrollar este punto, resulta necesario aclarar lo siguiente.

La introducción de dineros resultantes de la corrupción, del tráfico de ilícitos o de la evasión de impuestos, entre otros crímenes, merecen todo el castigo de la ley. Asimismo, el debate informado sobre si es ético o no utilizar mecanismos legales diario hoypara contraer obligaciones tributarias más favorables es válido, a la vez que es válido apartar de esta discusión a quienes efectivamente han realizado inversiones en Panamá. Lo que no se vale es que un expresidente, actualmente procesado por presunto enriquecimiento ilícito, distorsione esta discusión sin afrontar sus responsabilidades.

La primera reacción del expresidente Funes ante el escándalo mencionado fue atacar a los medios de comunicación. Aunque la noticia fue cubierta en varios periódicos –incluso fue portada en este medio– el señor Funes aseguró que “los grandes medios no le han prestado mayor atención” a una noticia “que ha conmocionado al mundo”. Posteriormente, el exmandatario lanzó su diatriba tradicional contra empresarios e inició una cruzada en redes sociales contra la evasión de impuestos. Afortunadamente, tenemos memoria.

La ley salvadoreña sanciona con prisión a quienes omitan declarar hechos generadores de impuestos, precisamente, bajo el delito de “evasión de impuestos” (artículo 249-A, Código Penal). En 2009, el entonces candidato Mauricio Funes recibió de un empresario casi $3 millones de los cuales, en caso de tratarse de una donación personal, tendría que haberse pagado el impuesto correspondiente. En un enredo de contradicciones, el expresidente ofreció distintas versiones sobre dicha transacción: fue una donación personal (marzo, 2009); aunque realmente, fue un préstamo que se pagaría con la deuda política del partido (marzo, 2009); o más bien, fue una deuda personal que habría sido perdonada por el donante (noviembre, 2013); o de hecho, fue una donación al partido, ingresada a su cuenta personal para “agilizar ese recurso”, y por tanto no sujeta a impuestos porque los partidos no tributan (noviembre, 2013); o la explicación más reveladora, “encontramos la forma de no pagar impuestos, justamente para que no implicara pago de impuesto y no implicara ningún compromiso de carácter personal” (diciembre, 2013).

Lo más escandaloso no es que el donante fue posteriormente postulado por el expresidente como primer designado a la Presidencia y que su hijo fue nombrado por el exmandatario para continuar al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), sino la incertidumbre de lo que ocurrió después con ese dinero. Un detalle clave: el ministro de Hacienda dijo haber analizado el caso y concluyó que Funes había cedido el contrato al FMLN y por tanto nunca hubo que pagar impuestos por dos razones incompatibles: porque el empresario había condonado la deuda al FMLN y porque los partidos no pagan impuestos de sus donaciones (diciembre, 2013). Sin embargo, un mes antes de esas declaraciones y ante la pregunta de si el partido recibió ese dinero en algún momento, el secretario general del FMLN, Medardo González, respondió: “De ese tema no voy a hablar, de eso no tengo nada que decir”. Según un informe de auditoría de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la cuenta a la que ingresó esta donación fue cerrada en agosto de 2015 con saldo positivo.

Así como debe investigarse si existen actividades ilícitas asociadas a los Panama Papers, la justicia debe determinar si Mauricio Funes es o no un evasor de impuestos dado los indicios descritos. Mientras los salvadoreños no presionemos a las autoridades a actuar –en este caso, al Fiscal General– el abuso del poder seguirá impune. En Islandia, el involucramiento del primer ministro en el escándalo Panama Papers provocó que la gente saliera masivamente a las calles a exigir su renuncia. Como símbolo de protesta, varios islandeses llevaron bananas a las manifestaciones para expresar que, a su juicio, este tipo de corrupción es propio de las “repúblicas bananeras”. Al día siguiente, el funcionario suspendió sus labores indefinidamente.

@guillermo_mc_

What needs to be revealed. De Wolfgang Krach, Editor in Chief, Süddeutsche Zeitung

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung, publicado en Stuttgart, pero con circulación nacional, es el medio líder del consorcio de 100 medios de todo el mundo que procesan los Panama Papers. Es a este periódico de gran prestigio que la fuente anónima entregó los millones de documentos sobre las compañías offshore en Panamá.

Aquí un editorial del Süddeutsche Zeitung, titulado “Lo que hay que revelar”, publicado en inglés por su importancia internacional.

Segunda Vuelta

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WOLFGANG KRACH, director del diario

WOLFGANG KRACH, director del diario Süddeutsche Zeitung (SZ)

Süddeutsche Zeitung (SZ)

Wolfgang Krach, 7 abril 2016 / Süddeutsche Zeitung

One year ago “John Doe” sent a message. “John Doe’s” real name certainly is not John Doe. But this name, commonly used in the US by people who would like to uphold their anonymity, popped up. John asked a question that aroused our curiosity: “Interested in data? I would be happy to share.” And with that, one of the most unusual and exciting chapters in the history of Süddeutsche Zeitung (SZ) started.

SZ is now able to give insights into a demimonde, a shadow world which up to this point nobody from outside has ever been able to look into. This is a world in which people covertly shove back and forth assets worth millions. Here is where they park company shares, a world in which they buy yachts and airplanes.

sueddeutsche zeitungIn this shadowy world some of the action is completely legal. It can be reasonable for a German bank manager to keep secret the fact that he owns a mansion on the island of Mallorca. He might decide to hide the necessary papers in an offshore company. Fair enough as long as his assets are taxed in his home country. However, this is not the case for many of the business activities which are handled through offshore companies in overseas tax havens.

Often, those accounts are solely a cover-up for unlawful activities and shall protect criminals. SZ has evaluated data together with 400 journalists from all over the world during the past twelve months. Suddenly it becomes obvious how gigantic the problem of offshore businesses really is und how urgent it is for the world community to act upon it.

So far it has commonly been known that rich people and companies use offshore firms to avoid – as they see it – annoying taxation as much as possible. This is already shameless often and violates the societal contract, because these taxes are desperately needed for national budgets. The missing money can’t be used for community purposes: the construction of schools, rail tracks and public housing. But the offshore problem goes far beyond that. Apparently terror groups are using this system to finance themselves, as SZ’s stories will show. Criminal regimes in Syria and elsewhere are presumably capable to bypass sanctions imposed by the international community und able to continue a war with barrel bombs against its own people.

Members of China’s state and party leadership up to the entourage of the president himself apparently have set up an extraordinary amount of companies in or through Panama to hide millions of dollars abroad. Even before we published the results of our research, we received threats by those people who were confronted with our findings. The spokesperson of the Russian President Vladimir Putin prepared his people for an “information attack” of Western media. That was the Kremlin’s official answer to questions we had raised about those dubious transfers of huge amounts of money by the President’s entourage and about the fabulous wealth of close friends of Putin.

The law firm in Panama running many of these business deals, announced retaliatory measures against coming publications. The use of “information/documentation unlawfully obtained” would be a crime.

When Edward Snowden passed on his knowledge about the wiretapping of the NSA the US government also accused him of a crime: betrayal of secrets. Colleagues from The Guardian had to justify themselves because they published the material obtained by Snowden.

Many John Does are currently out there in the financial world. For media outlets the decisive question is not only if these informations were obtained legitimately. There are two other crucial points: Is the source trustworthy? And is there a legitimate public interest?

Together with their partners Süddeutsche Zeitung checked and compared thousands of documents John Doe had delivered to us. We double cross examined with other publications and documents or files from lawsuits. Not in a single case there were any doubts. And the public interest here is obvious: The secrets of the Panama Papers need to be revealed.

This interest is not a voyeuristic one. It must not be kept secret if a state – as in the case of Snowden – is gathering information about its citizens, continuously breaching law or the legal shell of friends and allies. On the same token it must not be kept a secret when the community of states – as in the case of the offshore business – does nothing or not enough if a criminal regimes breaches sanctions. This has to be revealed.

Lea también en Süddeutsche Zeitung la nota
sobre la firma Mossak Fonseca y su fundador: The Firm

Mecafé tiene dos offshore en Panamá y comparte prestanombre con Ada Mitchell Guzmán (“Michi”)

Dentro del consorcio de más de 100 medios que a nivel mundial se encargan a analizar los “panama papers” que documentan las sociedades anónimas creadas en Panamá, al El Faro le toca la parte que involucra inversionistas salvadoreños. El Faro primero publicó una introducción a la compleja temática, y luego una primera nota que aquí reproducimos, sobre las inversiones de “Mecafé”, amigo de Mauricio Funes, en sociedades anónimas en Panamá.

Segunda Vuelta

l empresario de seguridad José Miguel Menéndez, Mecafé, junto a Mauricio Funes, después del discurso del entonces candidato presidencial del FMLN en el ENADE de 2009. Foto archivo El Faro -

El empresario de seguridad José Miguel Menéndez, Mecafé, junto a Mauricio Funes, después del discurso del entonces candidato presidencial del FMLN en el ENADE de 2009. Foto archivo El Faro –

Mossack Fonseca creó para José Miguel Antonio Menéndez Avelar, “Mecafé”, dos empresas offshore en Panamá, y ayudó a que éstas triangularan movimientos de dinero a través de cuentas bancarias el farodel bufete en Bahamas. Documentos internos de la firma revelan además que una offshore de Mecafé comparte prestanombre con Latin American Spa, el negocio de Aída Mitchell Guzmán Sigüenza, con quien Mauricio Funes tiene un hijo. Su otra compañía abre un camino que lleva hasta Subes El Salvador, empresa encargada de cobrar por el uso del Sitramss. 

César Castro Fagoaga, 6 abril 2016 / EL FARO

José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, creó en Panamá dos empresas offshore dirigidas formalmente por prestanombres, que volvieron invisibles durante los últimos años cuentas bancarias y movimientos de dinero a través de Bahamas. Documentos internos del bufete Mossack Fonseca, revelados como parte de la investigación de los conocidos como #PanamáPapers, evidencian además que una empresa panameña del amigo y financista del expresidente Mauricio Funes comparte prestanombre con Latin American Spas Inc, empresa perteneciente a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, madre del hijo menor del expresidente. La filtración muestra también que la otra offshore de Mecafé otorgó poderes a uno de los directivos originales de la empresa Subes El Salvador, contratista del sistema de transporte público impulsado por el actual gobierno del FMLN.

El cómo constituyó las empresas, de entrada, resulta complicado. Está diseñado para que lo sea.

El registro de Panamá es casi público. Cualquiera puede digitar nombres y en la pantalla aparecerán miles de empresas con los accionistas y directivos reales. No todos eligieron constituirlas con la ayuda de la firma legal Mossack Fonseca. Sí lo hizo José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, amigo personal y financista del expresidente Mauricio Funes. Gracias a Mossack Fonseca, el empresario y exfuncionario salvadoreño pudo ocultar durante los últimos tres años su nombre como accionista y apoderado de dos sociedades offshore creadas en Panama: Headford Business S.A. y Rayne Services Corp.

Mecafé, dueño en El Salvador de Cosase, una empresa de seguridad privada que durante la administración Funes se benefició de millonarios contratos con instituciones gubernamentales, eligió a Mossack Fonseca, especializada en crear telarañas de compañías shell (o empresas coraza) y fabricar juntas directivas ficticias, para ocultar algunas de sus actividades financieras. Pero la masiva filtración de millones de registros internos de la firma, y la posterior investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), iniciada por el diario alemán Süddeustche Zeitung, y desarrollada por más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, incluido El Faro, ha permitido desenredar la madeja que lleva hasta él.

Para llegar a Mecafé hay que cavar. La pieza más importante en su estrategia de opacidad es el bufete salvadoreño Rusconi, Medina y Asociados, socio de la firma regional Central Law. Muchos de los socios del bufete aparecen como clientes en documentos internos de Mossack Fonseca, lo que sugiere que la creación de sociedades offshore en Panamá es un servicio habitual de este bufete a sus clientes. Los abogados de Rusconi Medina no son los dueños de las empresas que trabajan con la firma panameña, sino sus intermediarios, la conexión entre El Salvador y Mossack Fonseca. El abogado Luis Alonso Medina, uno de los propietarios de Central Law El Salvador, aparece como cliente de Mossack Fonseca —o intermediario— en 34 compañías offshore que operan o han operado en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas.

Las comunicaciones internas en Mossack Fonseca indican que Medina viajó a Panamá en junio de 2012 para cerrar la compra de una sociedad creada el 24 de noviembre de 2011 en el despacho de la firma panameña. Se trataba solo de un cascarón. Entre las prácticas habituales de Mossack Fonseca está tener sociedades ya creadas, con directiva incluida, a la espera de un dueño.

La sociedad Headford Business S.A., con un capital autorizado de $10,000, fue constituida ante el notario Juan José Ferrán y asentada en registro público panameño con el número 214417. Nació a partir de otras dos sociedades, Cheswick Inc. y Eastshore Inc., dos de las muchas empresas shell que Mossack Fonseca ha usado para crear decenas de offshore. La nueva junta directiva fue formada por los panameños José Jaime Meléndez, Yenny Martínez, Hercibelle González, Jaqueline Alexander y Verna de Nelson.

Verna Elizabeth Lee de Nelson, de 52 años, es una empleada de Mossack Fonseca, del área corporativa. Su nombre como directiva aparece en más de 16,000 compañías, activas e inactivas, inscritas en Panamá. Es, evidentemente, una prestanombres.

Junio de 2012 fue un mes ocupado para la junta directiva de Headford, que desde su creación en noviembre de 2011 no había tenido actividad. El 11 de junio de 2012 el director presidente de Headford, José Jaime Meléndez, un oficinista, y la directora Yenny Martínez, secretaria, comparecieron ante el mismo notario para otorgar un poder a favor del salvadoreño José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé.

Detalle del documento por el que el entonces presidente de Headford, el oficinista José Jaime Meléndez, otorgó el control de la empresa al empresario salvadoreño José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé.  El documento es parte de los #PanamáPapers del bufete panameño Mossack Fonseca.

Detalle del documento por el que el entonces presidente de Headford, el oficinista José Jaime Meléndez, otorgó un poder general de representación de la empresa al empresario salvadoreño José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé.

 

Once días después, los directores Meléndez, Martínez y González firmaron otro acuerdo en el que autorizaban a Headford para abrir una cuenta en el FPB Bank Inc. de Panamá.

Los acuerdos de la junta directiva para otorgar poder a Mecafé sobre la sociedad, así como para abrir la cuenta en el FPB panameño, fueron enviados por Mossack Fonseca a la oficina del abogado Luis Alonso Medina en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, en El Salvador.

El Faro llamó a Medina para preguntarle por la naturaleza de sus servicios a Mecafé y su relación con Mossack Fonseca. Se le escribieron correos electrónicos a dos cuentas diferentes e incluso se visitó las oficinas de Central Law en Santa Elena. No hubo respuesta del abogado o su firma para este reportaje.

El acuerdo más llamativo de Headford, sin embargo, estaba por venir. El 11 de septiembre de 2012, tres meses después de haber adquirido la sociedad offshore y el poder a nombre de Mecafé, el abogado Medina solicitó un nuevo poder a nombre de un tercero. Un documento que de entrada es irregular.

Medina escribió a Amauri Bautista, un abogado de Mossack Fonseca: “De parte de Headford Business, me urge un Poder similar al anexo. Datos: a favor de Luis Roberto Sandoval Ayala, conocido por Roberto Sandoval. Debe ser emitido con fecha de Febrero de 2012. Favor indicarme el costo y cuándo podría estar listo. No necesito apostillas”.

Era septiembre de 2012, pero Medina quería que el poder para Roberto Sandoval luciera como si hubiera sido emitido siete meses antes. Mossack Fonseca cumplió y emitió un nuevo acuerdo, de su junta directiva pantalla, para las 10:00 am del 6 de febrero de 2012. La emisión de documentos, digamos, retroactivos, fechados antes del día en el que fueron realmente emitidos, es otro de los servicios habituales de Mossack Fonseca a sus clientes.

Ahora, ¿quién es Roberto Sandoval? Luis Roberto Sandoval Ayala, según consta en el documento único de identidad, enviado por el abogado Medina hacia Mossack Fonseca, es un hombre moreno, de 33 años, nacido en Candelaria de la Frontera (Santa Ana), de ocupación motorista, y reside, según consta en el poder emitido a su nombre, en la Colonia Las Margaritas, de Soyapango.

A él, la Junta Directiva de Headford le autoriza a “administrar la sociedad sin limitación alguna”, según el acta de esa reunión celebrada supuestamente en las oficinas de Mossack Fonseca.

Detalle del acuerdo de poder retroactivo a favor del motorista Roberto Sandoval, también directivo de Subes, solicitado por los abogados salvadoreños de Mecafé y emitido por Mossack Fonseca en septiembre de 2012, pero elaborado con fecha de febrero de 2012. El documento es parte de los #PanamáPapers del bufete panameño Mossack Fonseca.

Detalle del acuerdo de poder retroactivo a favor del motorista Roberto Sandoval, también directivo de Subes, solicitado por los abogados salvadoreños de Mecafé y emitido por Mossack Fonseca en septiembre de 2012, pero elaborado con fecha de febrero de 2012.

 

En esas fechas, tanto en febrero como en junio de 2012, Roberto Sandoval, el motorista de Candelaria de la Frontera, aparecía en la junta directiva de otra empresa en El Salvador.

En San Salvador, el 28 de abril de 2011, ante el notario Alberto Ulloa, Rafael Augusto Zerbino Stajano, 56 años, y Horacio Vicente Fernández Ambielle, 60 años, uruguayo, administrador único de Subes Uruguay, constituyeron la empresa Subes El Salvador. El nombre, tanto como en Uruguay, proviene de Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), y es la empresa que en El Salvador se dedica, a través de tarjetas electrónicas prepagadas, a cobrar por el uso del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de San Salvador (Sitramss), el proyecto insignia de las dos últimas administraciones del FMLN, publicitado como solución para problema histórico de transporte público en San Salvador.

Subes El Salvador, según los datos del Centro Nacional de Registros, nació con un capital semilla $3 millones. La nueva junta directiva, necesaria para autorizar obligaciones arriba de $100,000, estaba formada por el presidente José Mauricio Cortez Aguilar, un abogado salvadoreño; el vicepresidente José Eduardo Villanueva Barahona, hondureño, ingeniero industrial; el segundo vicepresidente Alejandro Gustavo Valle, argentino, ingeniero mecánico; el secretario Isidro Antonio Carballo Acevedo.

Y los directores suplentes: Silvia del Carmen Escamilla Delgado; Suleyma Mayandi Morales Salinas, de ocupación secretaria; Emilio Martínez Ramos, electricista; y Luis Roberto Sandoval Ayala, un motorista de Candelaria de la Frontera.

Roberto Sandoval, director suplente en la junta directiva de Subes El Salvador, es la misma persona a la cual Headford Business, la sociedad offshore de Mecafé, otorgó un poder irregular en septiembre de 2012. Sandoval se mantuvo en la junta directiva de Subes hasta el 11 de abril de 2013.

El spa y las transacciones de Rayne

Las sociedades offshore son empresas creadas en países donde éstas no tienen actividad económica. Muchas de ellas, miles, como lo demuestra la filtración de Mossack Fonseca, fueron creadas para mantener a sus propietarios en el anonimato, para funcionar con documentos apócrifos y para realizar transacciones bancarias sin el control de autoridad alguna.

En septiembre de 2012, tres meses después de adquirir Headford, Medina cotizó con Mossack Fonseca otra offshore para Mecafé. En el mismo destino que la anterior: Panamá.

Rayne Services Corp. fue inscrita el 17 de julio de 2012 en el registro público panameño, bajo el asiento 133361. Fue creada a partir de las sociedades panameñas Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, otras empresas shell de Mossack Fonseca que permiten comprender el esquema de prestanombres, e indirectamente la conexión hasta el spa de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, una mujer que mantuvo una relación personal con el expresidente Funes durante sus años de gobierno, para el que éste gestionó un pasaporte diplomático en aquellos años y que, según reflejan las declaraciones de Probidad del exmandatario, tiene un hijo con él.

Los directores de Rayne, la nueva sociedad de Mecafé, eran los panameños Paulo Ruiz, Yadira de Boutaud, Yakeline Pérez, Yenny Martínez y Hercibelle González. Hercibelle y Yenny son las mismas personas que aparecen en la junta directiva de Headford, la otra offshore de Mecafé.

Hercibelle aparece como directiva en otras 9,020 empresas en Panamá; Yenny, en ocho. Son, evidentemente, prestanombres.

La confirmación de la compra de Rayne, como se sustenta en correos entre empleados de Mossack Fonseca, fue el 12 de septiembre de 2012. Sin embargo, una vez hecha la transacción -por un total de $458-, las acciones a nombre de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mecafé, fueron emitidas con fecha anterior.

El acta de la junta directiva de Rayne que contiene el acuerdo para emitir 100 acciones, de $100 cada una, a favor de Mecafé, afirma que este fue tomado el 19 de julio de 2012.

El procedimiento fue similar al de Headford. Tras vender a precio de saldo las acciones a Mecafé, la junta directiva acordó, el 30 de octubre de ese mismo año, permitir que Rayne abriera una cuenta con el FPB Bank Inc.

Pero, a diferencia de lo sucedido en Headford, el destino de la cuenta de Rayne está más claro. En noviembre de 2012 Luis Alonso Medina, el abogado del despacho Rusconi, Medina y Asociados que tramitó las dos offshore para Mecafé, intercambió varios correos con Edison Teano, uno de los abogados de Mossack Fonseca.

Según estos correos, en poder de El Faro, Medina quería una solución para enviar dinero desde empresas offshore en Luxemburgo y Panamá a empresas offshore en Panamá y una regular en El Salvador. Teano le presentó las Escrow, cuentas bancarias manejadas por sociedades de Mossack Fonseca en Bahamas, que funcionan bajo una premisa que le explica en los correos: “recibir fondos y, una vez se cumpla la condición que se establece en el contrato, enviar los fondos a los destinatarios finales”.

Teano añade: “Nuestros honorarios por este servicio son de 1.25% de los montos que sean enviando a través de nuestra cuenta”.

La respuesta de Medina contiene un detallado perfil del uso estimado anual que tendría la cuenta: seis transacciones internacionales con cantidades máximas de $900,000, dos transferencias locales con cantidades máximas de $600,000 y transferencias internas -entre sociedades- de hasta un máximo de $50,000.

Los envíos, según el perfil de uso, serían hechos por Railway International Trading Corp y Rayne Services Corp. La primera es otra sociedad offshore creada en Panamá por el despacho Infante y Pérez Almillano; la segunda, la sociedad de Mecafé.

Medina explica a Teano en sus correos que los envíos serán por “ingresos por servicios prestados, comisiones, etc” y “el retiro será paulatino de acuerdo a las necesidades”.

A partir de aquí el entramado de gestiones se vuelve más complicado. Porque está diseñado que así sea.

A finales de 2013, Medina solicitó a Mossack Fonseca el cambio de agente residente -la administración de la sociedad- para Headford Business. La sociedad pasó a ser controlada por el bufete CPA/Tax Chambonett y Asociados. El acuerdo, incorporado al registro panameño en enero de 2014, muestra como nuevo presidente de la junta directiva a Raúl Elías Berrío Castillo, un empleado de CPA.

Ese acuerdo quedó guardado en los registros de Mossack Fonseca.

En octubre de 2015, otra ejecutiva de Mossack Fonseca inició un trámite para incorporar una sociedad administrada por CPA a la lista de clientes de Mossack Fonseca. Estaba previsto que utilizaran a las mismas sociedades Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, con las que se creó Rayne Services, para recibir a la offshore panameña World Product Supply Corp.

Esta última serviría para la creación de dos nuevas sociedades que, en resumen, desvanecerían los fondos de la colombiana Paola Riviere, dueña en Cali de una empresa de productos botánicos.

Mossack Fonseca inició el proceso, pero se topó con un problema. El departamento de Quejas de la firma panameña encontró una coincidencia que requería más papeleo: la operación incluía a una persona que, según los registros de Mossack Fonseca, estaba expuesta políticamente: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

Berrío Castillo, presidente de la junta de Headford Business, la sociedad de Mecafé, era también director en World Product Supply Corp. Nada extraño para un empleado de un bufete con prácticas similares a las de Mossack Fonseca. Nada extraño para un hombre que aparece como directivo en otras ochenta compañías, incluida Latin American Spas Inc.

Edwin Ovidio Benítez, del Departamento de Quejas de Mossack, lo describió en un correo: “La información encontrada muestra que (es) director de la compañía Latin American Spas Inc, la cual es propiedad de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, relacionada con el expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014)”.

Este vínculo, la participación de Berrío Castillo en Latin American Spas Inc, ya había sido revelado por El Faro el 26 de mayo de 2014 en un reportaje titulado “El presidente Funes, una cadena de favores y un spa”, una investigación que demostraba cómo allegados del empresario Miguel Menéndez, Mecafé, habían escalado posiciones dentro del gobierno Funes, y la ayuda que Mecafé había correspondido para que Guzmán Sigüenza equipara un spa en una colonia residencial de San Salvador.

Ese spa no está abierto al público hasta el momento, pero el balance en los registros salvadoreños muestra que Latin American Spas efectuó operaciones financieras por más de un millón de dólares en 2015.

Detalle del acuerdo de cambio de agente en Panamá de la empresa Headford, y de designación en diciembre de 2013 de una nueva junta directiva ficticia presidida por Raúl Berrío Castillo. Berrío es también directivo de la empresa Latin American Spas Inc, perteneciente a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, que está vinculada sentimentalmente con el expresidente Mauricio Funes. El documento es parte de los #PanamáPapers del bufete panameño Mossack Fonseca.

Detalle del acuerdo de nombramiento, en diciembre de 2013, de Raúl Berrío Castillo como nuevo presidente de Headford. Berrío es también directivo de la empresa Latin American Spas Inc, perteneciente a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

 

Lo que la filtración de Mossak Fonseca muestra ahora es que Mecafé y Latin American Spas, la empresa de Guzmán Sigüenza, se valieron de los mismos directores ficticios, y el mismo sistema de empresas matrioska, para crear y mantener sus empresas offshore en Panamá. El Faro pidió una entrevista con José Miguel Menéndez a través de su oficina y le escribió por correo electrónico para preguntarle por sus empresas en Panamá, pero no obtuvo respuesta.

El expresidente Funes dedicó, un día después de hacerse pública la investigación global de los #PanamaPapers, numerosos mensajes en su cuenta de Twitter @FunesCartagena para hablar del escándalo internacional desatado por el trabajo de investigación liderado por el ICIJ.

“Para quien pregunta sobre las firmas offshore: son sociedades creadas por ricos y poderosos para esconder fortunas y evadir impuestos locales”, escribió Funes el lunes 4, a las 13:26 horas. “Develan comportamiento que debe ser investigado con el fin de erradicar prácticas de evasión de responsabilidades tributarias”, agregó después.

A esa hora, la información sobre las empresas offshore de Mecafé, miembro del movimiento “Amigos de Mauricio”, financista de su campaña, funcionario y contratista de su gobierno, y sobre el pretanombre que comparte con Ada Mitchell Guzmán, aún no era pública.

Panama Papers. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez, 7 abril 2016 / EDH

Los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” nos muestran ciertas verdades irrefutables. Ya nada, o casi nada, está oculto para los ciudadanos. La sed de acceso a la información es de tal magnitud que la gente no distingue entre la vinculada a actos ilícitos y la que se genera por la voluntad de las partes sin intención de cometer ningún episodio fuera de la ley. La sociedad tampoco deslinda entre los datos que pueden ser de acceso general y los que, protegidos por el ordenamiento jurídico, no deben ser revelados a ningún particular, aunque excepcionalmente se tiene licencia para conocer su contenido en el marco de una investigación judicial. Ya no se respeta la privacidad de la información, ni importa su naturaleza pública o privada, o si ésta se obtiene por mecanismos ilícitos como la filtración, el robo o el “hackeo” de documentos. La meta es saber y juzgar, en algunas ocasiones, sin mayor raciocinio.

diario hoyLa noticia mundial sobre las personas, empresas, funcionarios, exfuncionarios y “otros” que utilizan compañías en Panamá y en varias partes del mundo para diferentes finalidades se divulgó, en un primer momento, como si se tratara de una misma situación en la que todo es ilegal, oscuro, inmoral y pecaminoso. Los medios internacionales han empezado a escuchar las opiniones de expertos legales y financieros que, con meridiana claridad, han exigido un alto al “amarillismo” que podría estar contaminando una investigación, que si bien representa, indudablemente, un logro sin precedentes para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por el enorme esfuerzo de coordinación entre cientos de periodistas a nivel mundial, está siendo manipulada para desprestigiar reputaciones, levantar sospechas infundadas y generar una especie de “rumorología” que atiza el fuego principalmente en destinos con altos índices de polarización política.

No pueden compararse las situaciones que involucran a personajes que desempeñan o han ejercido funciones públicas con aquellos privados que utilizan este tipo de instrumentos como parte de su estrategia empresarial, financiera y tributaria. Los primeros están “bajo sospecha” por haber administrado o tener a su cargo dinero del Estado. Esa sola circunstancia obliga a las autoridades, en cada uno de los países, a verificar la legalidad del patrimonio invertido y a confirmar si en su declaración se incluyó este tipo de financiamiento. En relación a los segundos se encuentran de dos tipos: empresarios que por la diversificación internacional de sus negocios requieren de instrumentos y figuras legales que les permitan concentrar en un solo sitio sus operaciones sin que ello impida que las respectivas subsidiarias paguen los impuestos locales correspondientes; hasta malhechores cuyo origen del dinero puede ser producto de transacciones delictivas que lleven aparejado el lavado de dinero o fondos producidos por negocios ilícitos.

El trabajo de la ICIJ en los “Panama Papers” nos recuerda que donde existen “paraísos fiscales” que permiten a las empresas evadir el pago de sus tributos se han reformado los ordenamientos jurídicos con la finalidad de cumplir con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su objetivo es ser excluidos de la lista de Estados en los que se presume falta de transparencia en las transacciones de quienes se acogen a estas “ventajas”, donde “no se acepta el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países”, y donde se “permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun y cuando no desarrollen actividades en esa Nación”. En estos casos la posibilidad que tras las famosas “offshore” hayan indicios de actividades salpicadas de presunta corrupción aumenta exponencialmente. Por esta razón el gobierno panameño se apresuró a reclamar la falta de objetividad en la divulgación de la noticia mundial afirmando que “se han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria”. El presidente Varela recordó también las reformas que desde 2015 se han aprobado para salir de la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Lo relevante de esta investigación global, además de poner en evidencia posibles actos de corrupción de presidentes y expresidentes y capitales “oscuros”, es la falta de orientación al ciudadano para que sepa distinguir entre comportamientos que chocan frontalmente con la ley y aquellos realizados al amparo de la legislación vigente.