PNC

Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

Cimientos podridos. De Roberto Valencia

Foto -580


Roberto Valencia, 24 marzo 2017 / EL FARO

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿…?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

Cuando la Policía mata a la familia de un policía. Daniel Valencia Caravantes

La guerra del gobierno contra las pandillas tocó el 30 de junio de 2015 a un agente de la Policía Nacional Civil: minutos después de la muerte de “dos pandilleros” en presunto enfrentamiento, el agente llegó al lugar y al ver la escena se convenció de que sus parientes acababan de ser ejecutados por sus compañeros de uniforme. A sus cuestionamientos se suman los de los testigos, las inconsistencias entre informes de la Policía y una investigación de la Procuraduría .para la Defensa de los Derechos Humanos que ya habla de otro caso de “ejecuciones extralegales”.

En el dormitorio de los Mejía, Óscar repasaba sus conocimientos del idioma inglés en una pizarra. Al centro, el calendario que nunca más se movió de la fecha del 30 de junio de 2015. Foto: Víctor Peña.

Daniel Valencia Caravantes, 20 marzo 2017 / EL FARO

Dos días después de que la Policía había matado a su hermana y a su cuñado, el agente Antonio Hernández ingresó al caserío San Felipe, montado en su motocicleta negra. A lo lejos, sobre la calle principal, un compañero uniformado lo esperaba con la mano derecha levantada. Era la mañana del jueves 2 de julio de 2015, y en esa zona a escasos cuatro kilómetros de la costa hacía mucho calor, pero lo que quemaba por dentro a Antonio Hernández era otra llama. Le enfureció tener que obedecer al retén que le ordenaba alto, sobre todo al advertir que, de pie junto al carro policial, estaba Nicanor Calderón, el oficial responsable del operativo que acabó con la muerte de su hermana y su cuñado.

Luego de un breve intercambio en el que Antonio Hernández se negó a entregar los documentos de su motocicleta, el compañero uniformado le reclamó:

—¡Ah! ¿Y bravo?

—¡Bravo! —asintió Antonio—. ¿Vas a creer que voy a estar contento con lo que la Policía hizo?

El compañero le preguntó por qué decía eso y Antonio se soltó:

—¿Y vos a quién creés que han matado ahí? ¡A mi hermana han matado! —le reclamó, y luego se preocupó porque quedara claro que aludía al oficial parado junto al carro policial—. ¿Creés que ese va a ser un buen oficial, con los procedimientos que anda haciendo?

El compañero amagó una pregunta, pero Antonio ya estaba hablándole a Nicanor:

—¿Me va a decir qué clase de pandilleros son los que ha matado aquí? ¡A mi familia es a la que ha matado usted!

—¡Calmate! —intervino el compañero—. Vos no sabés cómo han sido las cosas.

Pero Antonio sí sabía cómo habían sido las cosas. Entonces el compañero intentó inocularle una duda sobre su hermana. Una versión que la Policía había divulgado dos noches atrás, cuando agentes policiales mataron a los esposos Saidra Hernández y Óscar Mejía. Según esa versión, la hermana de Antonio, armada con una pistola de balines, había iniciado junto con su esposo un enfrentamiento con los policías. Producto de ese “enfrentamiento”, ella murió con ocho balazos, todos en la parte trasera del cuerpo, y él recibió 29. Según esa versión, los esposos Mejía Hernández eran pandilleros.

—Quizá vos no sabías en qué andaba. Tenía una pistola —le dijo el compañero.

—Esa pistola se la pusieron –respondió Antonio, seguro de sus palabras. Las palabras de alguien que había llegado al lugar donde yacían las víctimas momentos después de las muertes y que, con su ojo experto de policía, estaba seguro de ver una escena de crimen alterada, un montaje.

Su compañero ni lo contradijo. En cambio, pronunció unas palabras que a Antonio le sonaron a amenaza.

—No, pues sí, ¿pero eso qué tiene? Hasta vos te podés morir —le dijo.

En ese momento, Antonio Hernández se tocó con la mano derecha la pistola que portaba en el cinto, debajo de la camisa, y respondió:

—No. Es que no es que me voy a morir: nos podemos matar —le corrigió—. ¿Vos creés que ando contento ahorita?

La ejecución de San Felipe

Un año y cuatro meses después de sus muertes, en la casa de Saidra y Óscar el tiempo pareciera haberse congelado. En la pared, junto a un rosario de madera, la última fecha que marca un viejo calendario es el día en el que fueron acribillados por aquellos que juraron protegerlos: 30 de junio de 2015. En una puerta contigua, los esposos Mejía habían pegado una calcomanía con un número de emergencias de la Policía. En el país que ese año se convirtió en el más violento del mundo, no estaba de más prever la posibilidad de que un día se requiriera en casa la presencia policial.

Una densa capa de polvo sobre los muebles, las camas y los adornos, habla de la ausencia de vida en un lugar en el que alguna vez sonrió una familia con dos hijos. Por todas partes hay impactos de bala: en las paredes, en las puertas, en las ventanas cubiertas con lámina metálica… En otra pared cuelga un diploma de la Fuerza Naval a nombre de Óscar Mejía, un subsargento de la marina. Óscar sirvió al Estado desde principios de los 80. Empezó en la Policía Nacional, uno de los desaparecidos cuerpos de seguridad. En el 84, en plena guerra civil, ingresó a la Fuerza Naval, y en el 89 fue herido en una pierna. Desde entonces cojeaba. Fue dado de baja en el 91. En la milicia no reportó mala conducta. En su trabajo, desde 2011, tampoco. En 2014 el alcalde de El Rosario y la gobernadora departamental de La Paz hablaron bien de él.

Óscar tenía 48 años al morir y trabajaba de vigilante privado. Saidra, su esposa, tenía 39 y era “una vecina amable que no se metía con nadie”, dedicada a sus dos hijos y empleada de maquila en la zona franca El Pedregal. De cariño, sus vecinos y familiares le decían “La Chele”. “Saidra era una mujer muy sencilla y Óscar era una persona honrada, muy respetuosa que no se metía con nadie”, dice Fredy Rivera, párroco desde 2007 de San José Las Isletas, iglesia que rige ese sector de San Pedro Masahuat. “Era una pareja de esposos tranquilísima. Eran cristianos activos en su fe. Iban a grupos de oración una vez a la semana. Acudían a sus sacramentos cada domingo”, añade Rivera.

—¿Eran mareros, como dice la Policía?

—Fue un acto de imprudencia haberles disparado de una sola vez sin saber quiénes eran ellos. Fue una injusticia –sentencia el párroco.

—¿Por qué cree que los mataron?

—Ellos murieron porque los policías pensaron que los muchachos a quienes andaban buscando se fueron a refugiar a su casa.

Sobre el destino de los Mejía, la Policía sostiene que murieron porque dispararon contra una patrulla del servicio de emergencias 911, de la que formaba parte la agente Ana Deysi Cabrera, quien murió en el “enfrentamiento”. Pero Antonio y una docena de testigos dicen tener razones de sobra para sostener que se trata de otro mal procedimiento policial que terminó en la muerte de los dos vecinos de San Felipe. Los testigos e información oficial de la Policía Nacional Civil también permiten ubicar a la agente Ana Deysi Cabrera en un lugar distinto a aquel en el que tenía que encontrarse para que pudiera dispararle alguien desde el terreno de los Mejía. Según la información oficial, el disparo que inició el presunto enfrentamiento no viajó en línea recta hacia la agente, sino que tuvo que hacer al menos un par de giros en el aire para poder impactarle en el pecho. Un disparo que desafía las leyes de la física. Además, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que el subinspector Nicanor Calderón participó en la alteración de las escenas y que la muerte de los Mejía es un caso más de ejecuciones extralegales.

***

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, la agente Deysi Cabrera, de 40 años, ya había sido asesinada frente a la casa contigua. Cayó a unos pasos de un callejón en el que no cabrían, lado a lado, tres personas juntas. Fue la segunda mujer policía asesinada en 2015, y fue la baja número 33 de un total de 69 reportadas ese año. Deysi no vestía chaleco antibalas y recibió un disparo que entró por el pecho derecho, rompió la cuarta costilla derecha, laceró el pulmón derecho, el corazón, atravesó el pulmón izquierdo, rompió una costilla izquierda y salió por la espalda. Un solo disparo que fue fulminante.

Sobre el asesinato de la agente Deysi Cabrera hay que decir que tres testigos la ubican en un lugar completamente alejado de Óscar Mejía cuando recibió el disparo que la mató, y que los testimonios de testigos, de policías e investigadores que conocieron del caso, documentos de la Policía y de la Fiscalía, fotografías tomadas un día después del crimen, levantamientos oficiales de escena y autopsias, ubican a Óscar y Saidra en lugares desde los cuales habría sido imposible disparar a Deysi Cabrera. Lo mismo concluye la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un informe que data de enero de 2016 y que no ha salido a la luz pública. Según la PDDH, la versión en la que Óscar mató a la agente Deysi “al parecer fue inventada” por el jefe de la subdelegación El Pedregal, el subinspector Nicanor Calderón: “Hay fuertes indicios de que las escenas del fallecimiento de los esposos Mejía fueron alteradas para favorecer a los elementos policiales responsables de su muerte”.

Cuando los policías ingresaron a la vivienda de los Mejía, Saidra iba a prepararle la cena a Óscar. En el terreno de los Mejía hay dos pequeños cuartos y un jardín. El del fondo es el dormitorio y el ubicado frente a la calle es una cocina, a la que se accede desde la vía atravesado un falso hecho con trozos de madera y alambre de púas. Entre las 7 y las 7:30 de la noche se escucharon los primeros disparos de una larga balacera. Impactaron en la cocina, donde estaba Saidra. Hasta ella llegaron también unos gritos:

—¡¿Dónde están los mareros?! —preguntaban los policías.

—Aquí no hay mareros —respondía ella—. No me vayan a matar.

Saidra lloraba.

—No me vayan a hacer nada —repetía, cuando ya había sido sometida—. ¡Salí, Óscar! ¡Salí, hombre! —pedía a su esposo.

Hasta el momento de la irrupción policial Óscar descansaba en el dormitorio, donde oía música. Sus vecinos y familiares dicen que era medio sordo de un oído. Pasaron los segundos y Saidra seguía llorando, y las últimas palabras que le escucharon decir sus vecinos eran para abogar por su esposo:

—¡Dejen a mi esposito! ¡Dejen a mi esposito!

“De ahí se escuchó un balazo y ya no escuchamos la voz de ella”, dice un testigo de oídas.

La Policía recogió 174 casquillos de diferentes calibres percutidos en esa primera escena, y la inmensa mayoría fueron recogidos en aquellos lugares desde donde dispararon los policías. Los policías dispararon a todo lo que se moviera. Los Mejía tenían una perrita, Kitty, de pelos blancos, mitad cocker spaniel, mitad chihuahua. Kitty ladraba en medio de la balacera, hasta que dejó de hacerlo. Los investigadores la encontraron y documentaron esto: “Cinco casquillos de arma de fuego que en sus bases se lee PSD95 recolectados sobre el suelo contiguo a un perro“.

***

176 días antes de que mataran a los esposos Mejía, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que su gobierno no iba a considerar ninguna posibilidad de utilizar como estrategia de reducción de homicidios una tregua con las principales pandillas, al estilo de como lo había hecho el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. 151 días antes, el entonces director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, había enviado a los agentes el mensaje de que siempre que disparasen en cumplimiento del deber, nadie los investigaría internamente; 96 días antes, agentes del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, en La Libertad; 78 días antes, en abril, el presidente dio una especie de parte de guerra: detalló que 140 de los 481 homicidios registrados en marzo correspondían a “pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates con la Policía”. 32 días antes, dos organizaciones denunciaron malos tratos, intimidación y amenazas por parte de la Policía contra jóvenes entre 12 y 29 años en tres municipios del Área Metropolitana de San Salvador. Y entonces, la guerra contra las pandillas llegó la noche del 30 de junio a San Felipe, y los esposos Mejía murieron en uno de esos “enfrentamientos” en el que particulares se convierten en pandilleros.

Un segundo testigo de San Felipe recuerda cómo Óscar, segundos antes de ser baleado, gritaba: “¡Yo no soy delincuente! ¡Yo he sido policía! Él quería decirles que había sido policía, pero de nada le sirvió”.

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Las paredes de la vivienda de los esposos Mejía Hernández dan cuenta de los disparos lanzados por los policías aquella noche. Esta en particular es la pared del dormitorio en donde intentaba cubrirse Oscar Mejia, hasta que fue herido. La Policía recolectó más de 174 casquillos percutidos. La mayoría fueron levantados de los lugares donde se apostaron los policías / Foto El Faro: Víctor Peña

Óscar era un exmilitar que sabía usar armas y que, en enero de 2015, gracias a la ayuda de un familiar, pudo comprar una Smith & Wesson. Tenía los papeles en regla y era su herramienta de trabajo. Óscar ganaba el mínimo en la agencia de seguridad privada Acosevprog, de R.L., pero que usara su propia arma le significaba un bono extra de 10 dólares mensuales. Un carné emitido por la Academia Nacional de Seguridad Pública le acreditaba como vigilante privado.

Un tercer testigo recuerda que Óscar parecía estar ya sometido ante los agentes en los últimos segundos de vida. “¡Auxilio! ¡Auxilio! Hasta acá se escuchaba cómo gritaba”, dice. “Pero siempre le disparaban”.

Óscar no tenía antecedentes policiales. En 2015, Hacienda había contratado a Acosevprog por 2.8 millones de dólares para vigilar la zona franca El Pedregal, donde Óscar era responsable de registrar ingresos y salidas de mercadería. Óscar tenía una buena imagen ante su empresa. “Le gustaba hacernos reír, pero nada de chistes vulgares. Era sano, se comportaba como un señor respetuoso, acorde a su edad, nada que ver con un pandillero”, dice uno de sus compañeros, para rechazar la historia oficial de la Policía.

“¡Ay, auxilio!, gritaba Óscar, cuando ya lo habían jodido”, dice otro testigo de aquella noche. Malherido y viéndose acorralado, Óscar pedía ayuda, pero al percibir que quienes le seguían disparando se acercaban más y más, salió por un baño con puerta al patio, donde dejó un charco de sangre. Brincó el cerco de láminas de metal, donde dejó más sangre, y desangrándose caminó unos pasos hacia la casa de Antonio, su cuñado el policía. Los testigos siguieron de oído el operativo. “¡Aquí va el rastro de sangre!”, gritó un agente. “Tengan cuidado. ¡Ya lo tenemos!”

“¡Dice Óscar que han matado a La Chele!”

Cuando Óscar Mejía llegó a la casa de Antonio Hernández, su cuñado, este se encontraba patrullando en la hacienda Amatecampo, cerca de la playa, a unos 20 minutos en vehículo. En la casa solo estaban su esposa y sus hijos, quienes se habían encerrado al escuchar la balacera. La esposa de Antonio se sorprendió al ver llegar a Óscar destrozado por dentro y por fuera.

—¡Auxilio! Me mataron —alcanzó a decirle.

—No, Óscar, estás vivo —le respondió ella, que lo vio sangrante y reparó en que, aunque Óscar era diestro, sostenía su pistola con la mano izquierda y temblaba.

 —Nos confundieron. La Chele está muerta. Ya no ando balas —le dijo—. Se me acabaron.

Óscar parecía tener intacta su cara, pero su mano derecha estaba deshecha y el brazo derecho tenía una gran lesión con hueso expuesto. Cuando la esposa de Antonio lo abrazó para sostenerlo, sintió que su mano izquierda se hundía en el torso de Óscar. “Tenía perforaciones, no era piel normal. Sentí aguado. No había estabilidad de carne”, recuerda.

—¿Qué expresión tenía Óscar?

 —De dolor y de angustia. Prácticamente él llevaba ya la muerte. Aunque así hubiera quedado, él iba a morir. ¡Si iba completamente deshecho!

Lo soltó para hacer una llamada telefónica a su esposo: “¡Antonio, dice Óscar que han matado a La Chele!”, le dijo, y vio que Óscar se marchaba. Intentó detenerlo y caminó unos pasos tras él, pero Óscar se negó: “Si me quedo, los matan”. Ambos vieron unos lamparazos que se acercaban desde detrás de la casa. “Regresate que te van a matar… ¡ahí vienen!”, gritó Óscar. Con miedo, ella entró de nuevo a su casa y se encerró, pero tuvo que reabrir la puerta de inmediato. “No me la vayan a botar, con mucho gusto se las voy a abrir”, imploró a los policías. Abrió y un policía enmascarado se lanzó contra ella y la entrampó contra una mesa mientras le apuntaba a la cara con un arma larga.

—¡¿Adónde está ese maldito?! ¡¿Por qué lo defendés?! —le preguntó. Mientras, otros encapuchados le desarmaban la casa, y uno golpeaba a su hija adolescente en la cabeza al lanzarla contra la pared.

—¡Él no es ningún maldito! —respondió. Él es Óscar, es cuñado de mi marido y mi marido es policía…

Aquellas últimas palabras hechizaron a los encapuchados que, sorprendidos, se miraron los unos a los otros. El hechizo provocó que la dejaran en paz, pero antes de marcharse le preguntaron hacia dónde se había dirigido Óscar. Ella les señaló la ruta y les pidió que la dejaran acompañarlos. Quería proteger a Óscar, pero no se lo permitieron.

Antonio, alertado sobre el tiroteo, aceleró el carro policial que conducía acompañado por otros tres agentes. Por la radio de la Policía escuchó a aquellos que perseguían a un fugitivo. “¡Aquí va!”, oía que se comunicaban. “¡Aquí se ha metido! ¡Aquí va el rasto de sangre!”, añadían. Finalmente: “¡Hey, aquí está acostado!”, alertó uno, y Antonio alcanzó a escuchar “la gran disparazón”.

La esposa de Antonio y todo San Felipe también escucharon aquella última ráfaga.

En la mañana, los investigadores de la Dirección Central de Investigación firmaron un parte policial en el que dicen haber recogido, en esta tercera escena, cinco casquillos y un proyectil semideformado. Ese mismo día, asegura la familia, debajo de un marañón en el mismo lugar encontraron otros 14 casquillos y un proyectil semideformado que aún conservan. Óscar murió a unos pasos del ramaje de ese marañón. Quedó tendido boca abajo, con cinco disparos en la cabeza, tres de ellos con trayectoria de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. Murió en un enfrentamiento, dice la Policía.

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

Muestra de los cartuchos que la familia asegura haber encontrado en la escena donde quedó el cuerpo de Óscar. / Foto El Faro: Víctor Peña

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Unos 20 minutos después del tiroteo, Antonio Hernández reducía la velocidad del carro de la Policía que conducía cuando, a lo lejos, unas luces anunciaban un cerco policial. San Felipe estaba infestado de policías encapuchados.

Antonio todavía no creía lo que su esposa le había contado por teléfono, y mucho menos que su hermana y su cuñado hubiesen sido víctimas de sus compañeros. Habrá sido un error, pensó, y quizá Óscar solo huía de un enfrentamiento entre policías y pandilleros, algo que no era descabellado, dado que en San Felipe hay presencia importante de la Mara Salvatrucha. Por eso cuando pasó frente a la casa de su hermana no se percató de la cinta policial ni de los compañeros que custodiaban esa escena. Vio el cuerpo de la policía Deysi tirado sobre el pavimento y se metió al callejón estrecho por donde le dijeron que habían perseguido a “los muchachos”.

En el callejón, acurrucado en una esquina, en cuclillas, Antonio encontró a un subinspector Nicanor que miraba hacia el suelo.

—¿Qué pasó? —preguntó Antonio.

—Púchica, nos mataron a la compañera, pero ahí tenemos a una marera y a otro que también está muerto —respondió Nicanor.

—¿Y dónde están?

—Una ahí está, en la otra casa.

—¡Jue puya! —pensó Antonio—. Mejor me regreso. Y ahí la fui a ver…

Un año y medio después, Antonio Hernández se quiebra. Lo que no alcanza a decir, porque las lágrimas le cortan el habla, es que regresó a la casa de su hermana, acompañado por su jefe, uno de los encargados de la policía rural en el departamento de La Paz. Ambos entraron por el falso y encontraron a Saidra de rodillas, con la cabeza hacia el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Antonio llora cuando recuerda así a su hermana, La Chele, Saidra. “Sí venía de trabajar, todavía tenía puesto el uniforme”, dice. A Saidra le dispararon en la espalda y en los glúteos. Ocho orificios detalló la autopsia. 22 años en la carrera policial no prepararon a Antonio para enfrentarse al hecho de que la Policía había derramado sangre de su hermana, su sangre. Antonio, por un momento, pensó en sacar su arma y buscar al responsable, pero sabía que no podía hacer nada. 22 años en la Policía Nacional Civil no lo prepararon para lo que él vio con mucha claridad esa noche: que la institución creada para sustituir a los cuerpos de seguridad violadores de derechos humanos acababa de matar a su hermana, que no era pandillera.

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Herido, mientras huía, Óscar Mejía cargaba en una mariconera algunos documentos personales, pastillas para la hipertensión y un certificado del Seguro Social. La familia recobró estas pertenencias cerca del marañón en el que Óscar intentó refugiarse antes de que lo remataran. / Foto El Faro: Víctor Peña

Su jefe en la policía rural tampoco podía creerlo. “Púchica, aquí sí que la cagamos”, le dijo, como hablando en nombre de la institución. Caminaron hacia el punto donde estaba el otro muerto, Óscar. “¿Qué talle de pandillero puede tener una persona mayor?”, preguntó, retóricamente, Antonio a su jefe. Sintió que se le entremezclaban la impotencia y la ira. Se encaminó, de regreso, a donde estaba el cadáver de su hermana Saidra.

—¿Por qué regresó, Antonio?

 —Yo ya sé cómo es un procedimiento en la Policía: cuando saben que no hay cómo justificar un procedimiento, así lo hacen. Cuando yo me fui de ahí, ella no tenía nada.

—¿Qué había de diferente cuando regresó?

 —Ya le habían puesto una pistola. A la par de la cabeza la tenía, porque ella estaba con las manos en la cara.

Saidra no sabía utilizar pistolas, pero la Policía dijo haber recogido contiguo a su cadáver “un artefacto de material sintético tipo arma de fuego donde se lee Powerline MODEL93ACD2BBCAL.177”. Las Powerline disparan postas de acero cubiertas de cobre. En un reporte de novedades de la Delegación de Zacatecoluca, la misma Policía concluyó que el arma era una “pistola de balines”. La Policía dice que Saidra, madre de dos jóvenes, empleada de una maquila y a punto de ser abuela, decidió enfrentar a una patrulla policial con una pistola de balines. Aquella noche, los hijos de Saidra no estaban en casa. La mayor estaba en su sexto mes de embarazo y hoy el niño crece sin sus abuelos maternos.

***

Cuando la Policía terminó de levantar las escenas de Deysi, Saidra y Óscar, San Felipe despertó conmocionado. Atrás había quedado una noche en que la Policía pateó puertas y espaldas, golpeó cabezas y caras, sometió a jóvenes, mujeres y ancianos. A un padre lo hincaron junto a sus hijos de 21, 16 y nueve años, con los brazos cruzados atrás de la cabeza. “¡Si se mueven los matamos!”, les advirtieron. El niño se movió, llorando, a los brazos de su madre, porque ya no aguantaba las rodillas. Los dejaron cuando inició la balacera final. A un joven que visitaba a su novia lo arrastraron hasta el monte. Lo obligaron a cruzar un cerco. Lo alumbraron y le apuntaron con los fusiles. Uno de los policías le habló al oído: “Aquí ando bastante armas. Nada me cuesta matarte, pegarme en el brazo y decir que eras marero. Te voy a matar si no me decís lo que quiero”, le dijo. El policía señaló hacia el lugar en donde quedó Óscar. “Allá tenemos un muerto. Ahí te voy a ir a matar también”, le dijo.

Cada escena de brutalidad solía terminar con dos preguntas: “¿Qué sabe de esta mujer? ¿Verdad que es pandillera?”, interrogaban mientras mostraban en un celular una imagen de Saidra junto a la pistola de balines. A la esposa de Antonio también llegaron esas dos preguntas. Pero más tarde la visitaron tres grupos más de policías que parecían muy preocupados. “Me preguntaban qué tan cierto era eso de que mi marido era policía. Uno de ellos entró a la casa y vio uniformes, cosas de él. Hasta me hicieron que les enseñara fotos de cuando salía vestido de policía”, cuenta la esposa de Antonio.

Cuando el entonces subdirector Howard Cotto llegó a la escena del crimen esa noche, era difícil que no supiera que los presuntos pandilleros eran familiares de un policía. Por un lado, tenía al jefe del operativo, Nicanor Calderón. Aparte, los investigadores policiales que levantaron la escena. Además, la Unidad de Control. Asimismo, Asuntos Internos. Pero esa noche se limitó a replicar la versión de sus subalternos. “Ellos tenían armas”, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. En una nota del Noticiero Hechos, de Canal 12, agregó: “Lamentablemente hoy pierde la vida una compañera más, pero debo resaltar que toda nuestra actividad no solo se enmarca en la ley, sino que actuamos en defensa de la ciudadanía, del pueblo, incluso de ustedes”, dijo a los reporteros que llegaron a la escena. “Estamos protegiéndole la vida a la gente. Eso estamos haciendo, defendiendo al pueblo, a la gente trabajadora y humilde”. En ese afán, habían dado muerte en un enfrentamiento a Saidra, que terminó con ocho balazos, y a Óscar, muerto con 29 disparos en su cuerpo, incluidos cinco en la cabeza.

Pasaron las horas y amaneció y, muy temprano en la mañana, el padre Fredy Rivera fue a empaparse de llantos y miedo. “Fue una experiencia bastante impactante, dolorosa y de sufrimiento. Los niños, los hijos de ellos, todos los niños de la comunidad estaban traumados”, recuerda el sacerdote.

La prensa escrita, de radio y de televisión registró el hecho como un asesinato más de una agente policial, con un posterior enfrentamiento en el que murieron “dos pandilleros”.

Ilustración por Otto Meza.

Ilustración por Otto Meza.

***

Cuatro días después de la muerte de su hermana y su cuñado a manos de policías, Antonio Hernández fue convocado a una reunión en el cuartel central de la Policía, en el centro de San Salvador. Ahí lo esperaba el comisionado Pablo de Jesús Escobar Baños, en aquellas fechas subdirector de áreas especializadas, división bajo la cual está adscrita la policía rural. Antonio Hernández llegó acompañado por su jefe inmediato que la noche del 30 de junio también había visitado San Felipe.

Escobar Baños dijo a Antonio que estaba atento al seguimiento del caso y que lamentaba lo ocurrido. Luego le entregó copia de dos memorandos girados uno por el director y otro por el subdirector de la Policía, en los que quedaba claro que se habían enterado de que Óscar y Saidra eran familiares de un agente de la institución. Antonio Hernández fue notificado de que “por razones de urgencia” lo sacaban del departamento de La Paz, de su casa en San Felipe y de su familia, para trasladarlo hasta una subdelegación fronteriza con Guatemala, en el departamento de Ahuachapán.

Antonio Hernández temió por su vida, pero, sobre todo, por la de su familia. El miedo le hizo morderse los labios y guardar silencio. El temor lo inhibió de denunciar. “Cualquier cosa me podía pasar en el trayecto, ¿y qué iban a decir después? Que un pandillero había sido”, comenta.

En la semana siguiente a los homicidios, un equipo de investigadores vestidos de particular volvió a San Felipe a indagar más sobre el caso. Buscaron al párroco de Las Isletas. “Y les dije exactamente lo mismo que les he dicho a ustedes: a la pobre mujer le toman fotografías y le ponen una pistola en su mano. ¡La mujer no sabía utilizar pistola!”, dice el padre Rivera. Esa vez, uno de los sobrinos de los Mejía no aguantó la rabia, y se abalanzó contra aquellos detectives. “¿A qué vienen? ¿Vienen a matarnos a todos, cómo hicieron con mis tíos? ¡Son unos asesinos!”, les dijo. Estos detectives no pateaban ni amenazaban. “Sí, muchacho, te comprendemos, pero nosotros no anduvimos aquí”, le dijo uno de ellos.

¿Para qué llegó aquel equipo de detectives a San Felipe? Un año y medio después, en la Policía ha ocurrido casi nada para dar respuesta a las dudas de Antonio Hernández. En realidad pareciera como que nunca sucedió nada. Por ejemplo, en septiembre de 2015, el subinspector Nicanor Calderón fue incorporado a una lista en la Asamblea Legislativa en la que se pedía, vía decreto, ascensos a inspectores para un grupo de oficiales. Ahora está destacado en la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) en La Paz, un comando élite diseñado para perseguir a pandilleros.

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Antonio Hernández muestra el lugar en el que encontró el cuerpo de su cuñado, Óscar Mejía. Óscar fue abatido a unos pasos de un árbol de marañón bajo el cual habría intentado refugiarse. Ahí donde quedó su cuerpo, acribillado, ahora nace una ayotera. / Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando la familia Mejía Hernández intentó poner una denuncia en contra de la Policía, el fiscal asignado al caso les respondió que para él este estaba cerrado. En la mañana en la que se cerraban los levantamientos de escenas, este fiscal dispuso que no era necesario retener las armas de los policías relacionados con el caso. Según el fiscal Ulises Ramón Arce, de la Unidad Especializada Antipandillas, era claro que Óscar y Saidra habían matado a la policía Deysi Cabrera. El Faro pidió una entrevista con el fiscal Arce y con el jefe de la Unidad Antipandillas. Todavía no hay respuesta.

Antonio tenía miedo, pero las cosas cambiaron en octubre de 2015, cuando se enteró de que los compañeros de trabajo de su cuñado Óscar Mejía habían denunciado el caso en una carta dirigida al presidente de la República, con copia al entonces procurador de derechos humanos David Morales, y con copia al entonces ministro de Seguridad, Benito Lara. “Como puede darse cuenta, señor Presidente, se ha cometido una aberración contra esa familia…”, escribieron. Antonio fue convencido por sus familiares para vencer el miedo de enfrentarse con la Policía, buscar justicia, denunciar a través de la prensa. “Yo quiero que se investigue”, dice. “Esto que ha pasado no es correcto. Son procedimientos ilegales que se están haciendo. Mis mismos compañeros me han dicho: fulano mató a tu hermana, y la han matado así, para justificar la muerte de la compañera”.

Sus mismos compañeros le han dado el nombre de un agente destacado en la fuerza móvil de la región paracentral, que presuntamente custodió la escena unas dos horas y media junto al subinspector Nicanor Calderón, antes de que llegaran los investigadores. Otros policías también han repetido ese nombre ante la PDDH.

El domingo 19 de marzo de 2017, por la mañana, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo a El Faro que aún no hay investigación suficiente como para que pueda comentarlo con la prensa. “Ese caso es uno de los que estamos viendo con Fiscalía y con Procuraduría de Derechos Humanos que está en curso. No se ha avanzado lo suficiente como para dar declaraciones al respecto”, escribió.

Por la noche, el subinspector Nicanor Calderón correspondió una llamada de El Faro. Sobre lo ocurrido en San Felipe, en junio de 2015, dijo: “Mantengo lo que pasó ahí. No tengo una investigación hasta el momento”. Al preguntarle sobre el episodio en el que un subalterno suyo presuntamente amenazó al agente Antonio Hernández, el subinspector dijo que no daría más declaraciones a menos que la dirección de comunicaciones de la Policía se lo ordene.

Historias oficiales que no concuerdan

Deysi Cabrera ingresó en las primeras promociones de la PNC para ganar dinero y porque no sabía hacer otra cosa más que usar armas de fuego. Eso dijo a su familia cuando les contó que se uniría a la Policía Nacional Civil, luego de haber combatido durante la guerra civil en las filas de la Resistencia Nacional. Fue reclutada en Santa Marta, Cabañas. “Heidi” fue su seudónimo de guerrillera, cuando combatió junto a Howard Cotto, el actual director de la Policía.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

La agente Ana Deysi Cabrera murió en circunstancias desconocidas la noche del 30 de junio de 2015. Su familia exige justicia y que su muerte sea aclarada por las autoridades.

En los meses antes de su muerte, Deysi había tomado algunas decisiones que le habían granjeado suspicacias entre algunos de sus compañeros, y se había sumado al movimiento laboral de agentes de la Policía que ha sido perseguido por la jefatura de la institución.

El hecho de que Cotto hubiera sido compañero de Deysi en la guerrilla no ha ayudado a esclarecer cómo un disparo que desafía las leyes de la física mató a la agente. Cómo una bala presuntamente disparada por Óscar Mejía, un subsargento retirado de la marina, experto en contrainteligencia, devenido en vigilante privado, “pandillero de la MS”, mató a Deysi gracias a que en lugar de seguir una trayectoria recta en algún punto hizo un viraje para llegar hasta el corazón de la agente. Más aun: el “informe de novedades” de la Policía y el “parte policial” de las muertes ofrecen historias diferentes sobre aquel episodio.

El parte policial dice sobre la muerte de la agente Deysi Cabrera que ella vestía uniforme de fatiga (de combate), un gorro navarone, un cinturón policial, un reloj en la muñeca izquierda, pero no dice nada de un arma de fuego. No hay rastros de su arma en ninguna de las 77 marcas de evidencias recogidas por los investigadores. Si Deysi participó en el inicio de un “enfrentamiento”, ¿por qué su arma no aparece relacionada ni en su funda ni en una de sus manos ni contiguo a su cuerpo, que quedó tendido sobre la calle principal del caserío, a unos pasos de un callejón y frente al portón de la casa contigua al terreno de los Mejía? Murió por un disparo que le entró de frente “de derecha a izquierda” y la hizo caer de espaldas al terreno de los Mejía. Un disparo fulminante que le laceró el corazón. El parte policial describe dos manchas de sangre frente a la entrada de los Mejía, dos frente a la casa contigua, una debajo de su espalda, y una más frente a callejón por donde quedó su cadáver. Un testigo recuerda cuando Deysi entró a la calle principal, liderando la patrulla. Ella iba en dirección al callejón. Otro testigo asegura que en esos momentos, en la calle, solo había un grupo de jóvenes que departían cerca de la casa de los Mejía. Un tercer testigo corrobora la presencia de esos jóvenes, y recuerda que cuando escuchó la primera detonación de aquella noche, enfrente de la casa de los Mejía no había ningún enfrentamiento. Los jóvenes habían desaparecido, Óscar seguía adentro de su casa, Saidra en la cocina. Frente al falso de los Mejía no había ninguna mujer policía herida. La agente Deysi Cabrera no fue herida de muerte frente a la casa de los Mejía.

El testigo habla con la condición del anonimato: “Después del primer disparo dos policías llegaron al falso. Uno se quedó de pie y el otro se hincó, apuntando hacia adentro. Ellos dos iniciaron la balacera”, dice.

Las manchas de sangre frente a la entrada del terreno de los Mejía también se explican con esta versión. “A esos dos policías se les sumaron otros dos. Ellos detuvieron la balacera un momento, pero solo un momento. Cuando la reiniciaron, el finado Óscar se defendió, y de repente el Policía que estaba parado en el falso gritó: ¡Me dieron!”.

El testigo recuerda que a ese policía lo evacuaron en un pickup. Otro testigo de oídas también escuchó a un polícia que pedía auxilio, y a un vehículo que entró a la escena y salió de ella a toda marcha. Esa noche, la Policía dijo que había otro policía herido, al que evacuaron, pero a Deysi la dejaron tendida en la esquina de la casa contigua, frente a un callejón, allá hasta donde la ficción policial asegura que llegó un disparo de Óscar Mejía. Él estaba en el segundo cuarto y su disparo salió en línea recta atravesando el jardín, pasó por el falso; se detuvo un instante, flotó, cruzó la derecha sobre la calle principal; avanzó algunos metros y flotó de nuevo en línea recta, sobrepasando a Deysi; luego dio un pequeño giro en U, retornó y atravesó el pecho de Deysi. O ya creativos el disparo atravesó el muro de la casa contigua, la cochera, sin dejar rastro. Por donde se le mire, la ficción policial narra un disparo imposible.

Seis meses antes de morir, Deysi Cabrera había sido trasladada desde Suchitoto, donde vivía junto a su madre y sus tres hijos, hasta La Paz, a más de 80 kilómetros de distancia. Ella había reclamado derechos laborales. “Ella siempre iba de frente, y decía las cosas en la cara”, cuenta su hermana, Dina Cabrera, una excombatiente de las FPL en Cabañas. “Ella le envió mensajes de teléfono a Howard Cotto, porque se conocían, habían combatido juntos. Le envió correos, pidiéndole que le hicieran justicia, que la regresara a Suchitoto, pero él nunca le respondió”, dice Dina Cabrera. La familia de Deysi nunca estuvo satisfecha con las explicaciones de la Policía y ahora también pide justicia, y se une a los Mejía Hernández para que se esclarezcan todas las muertes.

Un mes antes de morir, Deysi se había incorporado al Movimiento de Trabajadores de la PNC, organización que reclama derechos laborales y que, en enero de 2016, realizó una marcha que terminó frente a Casa Presidencial, con más de 400 policías gritándole improperios al presidente Sánchez Cerén. Deysi era la encargada del sector femenino y reclutaba compañeras a la causa. Dos semanas antes de su muerte, Deysi había marchado junto con sus compañeros para exigir el pago de un bono que había prometido el gobierno. Los líderes de este movimiento eran y son perseguidos por las autoridades de la PNC. Contra cinco de ellos pesan suspensiones y sanciones administrativas.

Semanas antes de morir, Deysi había expresado a una confidente que se sentía atemorizada. “Vieras que aquí hay bastantes cabrones que son pirracheros (sic)”, dijo a su confidente, quien pide anonimato por temor a la Policía. Deysi había descubierto a unos compañeros que extorsionaban en la zona. La había invitado a que se echara “un pique” con ellos, a lo que Deysi se negó. “Prefiero almorzar una bolsa de agua a ser corrupta, a andar metida en cosas así”, les dijo. Los pirracheros se molestaron.

En 2014 y 2015, los años en los que estalló la violencia en el departamento de La Paz, un grupo de policías fueron denunciados en la cabecera del departamento, Zacatecoluca, porque falsificaban pruebas para extorsionar a civiles; otro grupo por matar a un grupo de jóvenes, supuestos pandilleros.

Un día antes de morir, el 29 de junio, un sargento de la delegación El Pedregal fue asesinado por disparos que le hicieron desde un vehículo en marcha. Un informe de novedades de la Policía dice que por esa razón para el 30 de junio se planeó un operativo de búsqueda que permitiera encontrar a los responsables del ametrallamiento en que murió el sargento. Por eso Deysi había ingresado a San Felipe. “En el mismo hecho en el que falleció la agente Cabrera también resultó fallecido el sujeto Óscar Mejía, de 48 años, miembro de la Mara Salvatrucha, y la señora Saidra Hernández, de 42 años. Según información, el sujeto Óscar Mejía fue quien disparó a la compañera, por lo que otros compañeros respondieron a la ataque”, dice el reporte de novedades.

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha. 

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja. Según la Policía, ellos eran dos de un grupo de cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El día de su muerte, Deysi estaba de licencia, pero fue convocada de urgencia a su trabajo. Sobre lo ocurrido aquella noche, el parte policial desentona tres veces con el reporte de novedades. Según el parte policial, Saidra también era pandillera: “(…) personal de la subdelegación El Pedregal reportó un intercambio de disparos entre personal policial y pandilleros del sector, resultado fallecidos un elemento policial del sexo femenino y dos pandilleros de la Mara Salvatrucha”. Además, el parte policial sube de dos a cinco el número de pandilleros involucrados en el enfrentamiento: “(…) siendo así que a las 19 horas con 45 minutos ingresaron al caserío, observando un aproximado de cinco sujetos con apariencia de miembros de la mara, quienes al observar la presencia policial sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la integridad de los agentes”. Además, según el parte policial, los agentes ingresaron a San Felipe no para buscar a quienes habían ametrallado El Pedregal el día anterior: “(…) personal adscrito a la delegación de La Paz recibieron información que en el caserío había un grupo de miembros de la MS portando armas de fuego, razón por la cual se montó un dispositivo para verificar la información recibida, en el cual participaron un aproximado de 22 elementos policiales divididos en cuatro equipos”.

El parte policial nunca dice que Óscar haya matado a Deysi. Tampoco explica por qué el enfrentamiento ocurrió con los policías disparando hacia el interior del terreno de los Mejía, ni qué se hicieron los otros tres presuntos agresores ni explica por qué Óscar murió en un enfrentamiento a 300 metros de su casa y con 29 balazos en su cuerpo.

En la noche del crimen, Howard Cotto también explicó por qué Deysi había llegado a San Felipe. “Teníamos alguna información de que en este lugar se podían encontrar algunos delincuentes reunidos. Específicamente se nos daba el detalle de que en una casa de segunda planta podían estar reunidos”, dijo. La única casa de dos plantas que hay cerca de la escena es aquella frente a la cual fue asesinada Deysi Cabrera. En esa vivienda solo viven dos ancianos.

Y entonces, ¿cómo murió Deysi? Un grupo de agentes de Zacatecoluca dijo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que a Deysi se le encomendó “cubrir al resto del equipo que había entrado por un pasaje cercano, el disparo que se escuchó se dirigió a la mujer agente, siendo herida mortalmente”.

Esta versión ubicaría al atacante de Deysi en el callejón, aquel donde no cabrían tres personas lado a lado. Si desde ahí disparó su atacante “pandillero”, este debió ser observado por el resto de policías porque el pasaje es cerrado, bloqueado por muros de concreto, malla metálica y cerco de púas. La PDDH ha concluido que la historia oficial es inverosímil. “La gravedad de los hechos advertidos en la presente investigación radican (…) en la falta de condiciones tanto materiales, humanas y de formación, que colocaron a la agente Cabrera en una condición de vulnerabilidad y riesgo, que finalizó en su fallecimiento; y también por las condiciones en que murieron los esposos Mejía, las que aducen a una clara ejecución extralegal”.

La Policía regresa a la escena del crimen

El 5 de enero de 2017, un año y medio después de que mataran a Óscar y Saidra, San Felipe de nuevo se infestó de policías encapuchados. Ellos pasaron en sus patrullas, o a pie, frente a la casa abandonada de los esposos Mejía Hernández; y frente al portón y el callejón en donde cayó asesinada la agente Deysi Cabrera.

La Policía regresó a San Felipe para enterrar al agente Mario Hernández, miembro del FIRT en el municipio de San Martín. Mario murió en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Le dispararon en el pecho. Un año y medio después de la muerte de los esposos Mejía, del asesinato de Deysi Cabrera, la guerra contra las pandillas –y contra todos lo que se pongan enfrente- aún no ha cesado.

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

A principios de enero, unos 400 policías regresaron a San Felipe, para participar del cortejo fúnebre del agente Mario Hernández, quien pertenecía a la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Mario fue asesinado el 4 de enero de 2017 en un supuesto enfrentamiento con pandilleros. Mario era sobrino de Saidra y Antonio Hernández. Foto: Fred Ramos

Mario tenía 27 años, seis como policía, dos pequeñas niñas y era oriundo de San Felipe. Junto a unos 400 policías, a despedirlo llegaron también sus familiares, excepto dos: Saidra y Óscar. Su otro tío, el agente Antonio Hernández, también estaba ahí, y esta vez sí recibió algunas condolencias de algunos compañeros encapuchados.

El ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; y el director de la Policía, Howard Cotto, asistieron a la misa de cuerpo presente, en la misma iglesia donde velaron a los esposos Mejía, la misma donde una vez por semana Saidra y Óscar convivían con un grupo de oración. Luego acompañaron el ataúd, en un recorrido de un par de kilómetros por un camino de tierra, hasta el cementerio de San Felipe, el mismo donde yacen sus cadáveres. Antes del entierro, Ramírez Landaverde y Cotto hablaron de Mario, de su ofrenda. Le hablaron a San Felipe: “Queremos agradecer a toda la comunidad, por haber demostrado que a pesar de las vicisitudes, hay familias que albergaran hombres y mujeres comprometidos con su país”, dijo el ministro.

Entre el público, Antonio Hernández lloró de nuevo. Por su sobrino y por el recuerdo de su hermana y su cuñado. En un momento del acto fúnebre estuvo lado a lado con sus jefes, pero no les dijo nada.

—¿Cómo hace para aguantarse la rabia?

—Uno no se siente bien, pero tengo claro que han venido solo a hacer el show, para que la gente vea. Yo ya no puedo confiar en ellos, y solo espero que se haga justicia.

Carta al director de la policía: ¿Y la transparencia? ¿Y la ley? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 21 marzo 2017 / EDH Y MAS!

Estimado Howard Cotto:
El 17 de febrero del 2017 hice una solicitud de acceso a información pública a la PNC. El 20 de febrero recibí la Constancia de Recepción de solicitud, firmada por Evelyn Arévalo de Juárez, Colaboradora Oficial de Información de la PNC. Se asignó el número de referencia PNC-UAIP-98-2017 a mi solicitud, y se me informó que “a dicha solicitud se dará respuesta conforme a ley en un plazo máximo de 10 días hábiles y con fecha probable de respuesta  03 de marzo de 2017.”

Hoy es el 20 de marzo y no he recibido ninguna respuesta. Ya el caso está en manos del Instituto de Acceso a Información Pública.

Screen Shot 2017-03-14 at 2.07.54 PM¿Por qué la PNC no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública? Porque la información que pedí tiene que ver con el caso Daniel Alemán, y porque ellos saben que como periodista estoy investigando este caso.

Lo que pedí es el informe que la Unidad de Control entregó a la Inspectoría General de Seguridad Pública y a usted, como director de la PNC, sobre las extrañas circunstancias de la captura de Daniel Alemán.

diario hoyLa legislación de transparencia es para esto: Dar a ciudadanos y periodistas acceso a la información pública para poder monitorear a las instituciones y sus funcionarios, y para investigar y denunciar sus irregularidades. Hacer funcionar este derecho y este monitoreo es especialmente vital en el caso de la PNC y otras instituciones que tienen que garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos humanos.

No dar acceso a información vital del caso equivale a entorpecer las investigaciones periodísticas que pueden ser incómodas para su institución y para usted, quien la dirige. Más grave aun: Tampoco han dado a la defensa del acusado acceso a este informe que incluye importantes pruebas de descarga, o sea que comprueban la inocencia del acusado y las irregularidades cometidos por miembros de la PNC.

Quiere decir que la PNC, y en última instancia usted como su jefe, no sólo están obstaculizando el trabajo periodístico sino también el ejercicio de una defensa técnica a la cual cualquier ciudadano tiene derecho.

Esto no se vale, Howard. Para esto nosotros dos hemos luchado contra los abusos de los cuerpos de seguridad, por su disolución por y por su sustitución por una nueva policía de carácter civil y garante de los derechos humanos. Bien me recuerdo que esto era tu ideal cuando entraste a la nueva policía. ¿Y qué pasó para que ahora, cuando al fin llegaste al poder en la PNC, todo esto te vale riata?

Te lo pregunta alguien que estaba a la par tuya cuando luchaste contra la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Saludos,

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Es hora para el Fiscal General de actuar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 marzo 2017 / EDH-OBSERVADOR

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

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Carta a la fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 7 marzo 2017 / EDH

Estimados fiscales:
Lo que comenzó como “caso Daniel”, se convirtió rápido en el “caso PNC Altavista”, cuando la Unidad de Control de la PNC se dio cuenta que el arresto de Daniel Alemán fue arbitrario y que los agentes, en vez de reconocer su error, trataron de encubrirlo con otro más grave, sembrándole al detenido una libra de marihuana. Entonces, ya cometieron un delito. Esto se hizo evidente cuando dos de los agentes involucrados fueron detenidos, luego de que Asuntos Internos encontró las evidencias de que los traficantes de droga eran ellos mismos.

Era el momento para liberar a Daniel. Pero diario hoyel director de la PNC, en vez de rectificar el caso ante la fiscalía, se inventó otro: Dijo en televisión que ahora lo iban acusar de extorsión. Cotto no sólo dio información falsa (porque esta investigación de extorsión nunca involucró a Daniel Alemán), sino nuevamente violó la ley: Mandó a dos policías a Mariona a “imputar” a Daniel del nuevo “delito”. Pero ojo: Ustedes saben que no es la PNC que tiene derecho de meterse a un penal para “imputar” a un detenido que ya está a las ordenes del juez. Sólo ustedes, los fiscales, tienen esta facultad. Pero fueron dos policías, quienes nunca se identificaron y mantenían sus caras cubiertas. Un procedimiento nulo.

20170218_1623402-copyLo que hicieron no es intimar sino intimidar. A partir de este momento, ya no es el “caso PNC Altavista”, ahora es el “caso Howard Cotto”. Es más, sus colegas fiscales en Soyapango y también en la central de Santa Elena, no tenían rastro de este nuevo delito y de ninguna acusación adicional contra Daniel Alemán.

Pero luego, por arte de magia, apareció un fiscal presentando a otro juez un nuevo requerimiento contra Daniel, acusándolo de haber participado en extorsiones. Resulta que este segundo requerimiento contra Daniel tiene aun más errores e inconsistencias que el primero. Todo basado en información falsa de la PNC.

Uno se pregunta: ¿Manda Howard Cotto también en la fiscalía? ¿Se presta la fiscalía a cubrirle las espaldas a la policía cuando trata de encubrir sus errores con otros peores que ya son delitos y evidencias manipuladas? ¿No pasan estas acusaciones por el filtro de una investigación propia de la fiscalía?

Todavía hay tiempo para que ustedes, los fiscales, hagan su trabajo investigativo y dejen de desgastarse cubriendo los errores de la PNC. Si no, este caso al final se va a convertir en el “caso FGR”, sea por negligencia o por complicidad con los abusos policiales. Es tiempo que la FGR retire las acusaciones a Daniel y comience a investigar a la PNC.

Saludos,

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Las casas marcadas de La Majucla. De Moisés Alvarado

Los miembros de cuatro familias han debido dejar sus hogares en la urbanización Majucla, de Cuscatancingo, ante presuntas amenazas de miembros de la Policía Nacional Civil, que se han traducido, también, en detenciones y allanamientos arbitrarios. Estas cuentan con comprobantes que legitiman su residencia en los inmuebles, pero el parentesco de algunos con pandilleros los ha puesto en la mira de las autoridades. Un problema más para los habitantes de una de las comunidades más estigmatizadas del Área Metropolitana de San Salvador.

Juventud. Unas 300 familias habitan la urbanización. Muchas de ellas tienen parentesco con miembros de pandillas, algo casi ineludible en un fenómeno social como este.

Juventud. Unas 300 familias habitan la urbanización. Muchas de ellas tienen parentesco con miembros de pandillas, algo casi ineludible en un fenómeno social como este.

Moisés Alvarado, 26 febrero 2017 / LPG-Séptimo Sentido

septimo sentidoEsta tarde de febrero, una treintena de casas muestra un signo particular en la colonia Majucla. Una”X” azul pintada con spray. En esta zona, una con alta presencia pandilleril, los autores de los trazos no son los miembros de una estructura delincuencial, sino agentes de la Policía Nacional Civil, que han decidido dejar en claro cuáles son las viviendas que, para ellos, albergan a personas sospechosas de estar vinculadas con pandilleros. La mayoría de ellas están deshabitadas, pues sus antiguos ocupantes han sido forzados a dejarlas por los mismos agentes. Con justificación o sin ella.

“Desde hace algunos meses, las autoridades están sacando a algunas familias. No sabemos las causas, puede ser por delitos o no sabemos… Nosotros solo los vemos salir con sus cosas, a algunos hasta les hemos prestado nuestros camiones para que lo hagan… en un cálculo que podemos hacer con lo que conocemos, que son los niños que venían a clases aquí, hemos contado que se tuvieron que ir hasta 55 niños”, comenta Rodolfo Méndez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en la Majucla.

Majucla es una pequeña colonia ubicada entre el límite de los municipios de Cuscatancingo y Apopa, conformada por unas 300 viviendas distribuidas en 16 pasajes. Y a lo que el líder religioso se refiere es al hecho de que, al menos desde diciembre de 2016, varias familias han tenido que salir del sitio, presuntamente, por amenazas de al menos cuatro miembros del puesto que la Policía Nacional Civil ha instalado en el vecindario.

Las autoridades justifican la medida como parte de un plan de recuperación de casas que han sido usurpadas por personas vinculadas a delincuentes, lo que es real en algunos casos. Sin embargo, hay al menos cuatro familias que no cumplen con lo anterior, pues o son dueños legales de sus casas, lo que han demostrado mediante la presentación de escrituras a su nombre, o alquilan desde hace años los inmuebles para su residencia, lo que se respalda en la muestra de múltiples recibos de pago y contratos de arrendamiento con los dueños originales.

Otros tres grupos familiares, que también fueron amenazados para que se retiraran del sitio, han decidido permanecer en el lugar, dos de ellos tras un periodo fuera de la colonia. Ninguna persona perteneciente a ellos cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, tienen pintada una “X” en la fachada de su casa. Un distintivo como este, en una colonia como la Majucla, implica la categorización como delincuente o colaborador. Un mote difícil de quitar.

“La ‘X’, la marca esta, muchas veces, se pone tras una investigación muy limitada. Lo más que se hace es certificar que una persona tiene familiares que han sido perfilados como pandilleros o que guardan prisión en un penal pandillero, aunque nunca hayan mostrado una conducta que contravenga a la legalidad”, afirma un investigador de la zona, quien pidió anonimato para hacer comentarios sobre el tema.

Ese es el caso de las familias de las que forman parte María y Marta (nombres ficticios), que son madres de miembros de estas estructuras. O el de una señora que en este trabajo llamaremos Rita, pues pidió que su identidad fuera resguardada por temor a represalias, cuya hija fue pareja de un pandillero. La relación terminó hace varios años, no sin un hecho de violencia de por medio: fue golpeada y su vida estuvo en riesgo. Algunas casas incluso tienen trazadas dos “X”. Eso las identifica como una vivienda en la que alguna vez habitó un pandillero.

Una relación de parentesco con un delincuente, sin embargo, no es motivo suficiente para que una persona deba dejar su vivienda. Según explica el abogado Pedro Cruz, miembro de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser expulsada de su residencia si la ocupa de manera legítima. Esto constituye la violación de varios derechos humanos, como el de la libertad para elegir donde vivir o el de tener una vivienda digna. El profesional recomienda que, si esto sucede, los afectados se acerquen a la Fiscalía General de la República, la Inspectoría General de Seguridad o la PDDH.

Sin embargo, las familias que abandonaron su casa afirman que la decisión fue tomada tras una serie de intimidaciones, que fueron, según narran, desde los insultos hasta agresiones físicas. Estas, según las víctimas, iban dirigidas, sobre todo, a mujeres.

Ponen como paradigma la situación de la dueña de una casa en la zona, quien no residía allí, pero la alquilaba para otras personas. Esta fue al puesto policial a reclamar los malos tratos a sus inquilinos, quienes, presuntamente, habían sido intimidados por las autoridades. Al llegar, estos la esposaron, la tiraron al suelo y la golpearon. Esta versión de la víctima es respaldada por el testimonio de cuatro testigos consultados por separado.

Algunos, también, fueron capturados sin que para ello mediara un delito. El lugar al que fueron conducidos de manera corriente fue la subdelegación de Ciudad Futura, en Cuscatancingo. La estadía de las personas osciló entre apenas unas horas hasta tres días, según registros de la propia subdelegación. La causa anotada es siempre la misma: resistencia a la autoridad. Los siete grupos familiares también aseguran que han sido víctimas de constantes allanamientos, donde los cuerpos de seguridad entran a sus casas sin la autorización de un juez.

Los miembros de las familias que se fueron afirman que un día llegó una amenaza verbal, en la que se les daba un plazo para salir del sitio, que, según los relatos, podía ir desde unas horas hasta una semana. Acataron la orden por temor a represalias.

Por lo tanto, pueden ser considerados parte de un porcentaje paradójico en los desplazamientos forzados que ya recoge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un informe sobre el tema publicado en agosto de 2016. El mismo toma insumos reportados en las delegaciones locales y la central de la PDDH desde el inicio de 2014 hasta el primer trimestre de 2016. Allí se recogen 236 casos, que se desagregan en victimario y hecho violatorio.

El 86.6 % de estos desplazamientos forzados fueron desencadenados por pandillas. Hechos como los anteriores ya han sido cubiertos en esta revista en trabajos previos (como “El estado de los desplazados”, donde se recoge que, según el Fondo Social para la Vivienda, entre 2010 y 2015 al menos 641 familias abandonaron sus casas por amenazas por parte de pandillas). Pero lo llamativo es que el 6.7 % de los casos (16) corresponde a miembros de la PNC; seis de ellos fueron por acoso e igual número por amenazas. Dos de ellos fueron provocados por lesiones.

“Madre e hija, denunciaron que han recibido amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC y por temor a represalias no han denunciado en ninguna institución. El hijo de la señora era una pandilla, durante el sepelio de su hijo llegaron agentes policiales e hicieron varias capturas, incluidas ella y su hija, acusándolas de tener vínculos con grupos criminales, fueron puestas en libertad seis días después. Expresan sentir temor por la PNC y buscan movilizarse del lugar”, dice el caso 8 presentado en el informe.

Los vecinos en la comunidad Majucla, aquellos que no han tenido problemas con la autoridad, tienen dos versiones de los hechos. De entre 10 encuestados, seis aseguran que los individuos que se describen en este reportaje eran “personas trabajadoras” y que lo que ha ocurrido representa una injusticia enmarcada en el complejo mundo de las medidas extraordinarias. El resto se muestra de acuerdo con las acciones, bajo la idea de que ellos aún no han sido afectados, sus casas no han sido mancilladas con una “X”.

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Las víctimas de la comunidad Majucla han presentado denuncias sobre los hechos en diferentes instancias. Cuatro de ellos lo han hecho ante la Fiscalía General de la República y ante diferentes sedes de la Inspectoría General de Seguridad Pública. Según esta última institución no es posible brindar información de los casos, pues se trata de procesos en vías de investigación y la decisión también corresponde a instrucciones giradas por el titular de la institución, Tito Zelada, quien habría pedido a sus subalternos no dar comentarios a la prensa.

En la PDDH se reportan apenas tres denuncias. Pero una de ellas corresponde a un caso colectivo presentado por los habitantes de Villa Hermosa, comunidad vecina de la Majucla, contra agentes del mismo puesto policial, aunque en el registro se manifiesta que la acusada es la subdelegación ubicada en Ciudad Futura.

“Yo creo que las autoridades ya identificaron quiénes son familiares de pandilleros, aunque eso no corresponde ningún delito”, dice el pastor Rodolfo Méndez, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.

Eso se puede palpar en una visita a la colonia. Allí, al menos unas 30 casas están marcadas con una X. Según las autoridades, eso es signo de que una persona está siendo investigada por posibles vínculos con la estructura criminal que opera en la zona, la MS. Otras tienen dos de estos trazos. Según los lugareños, eso es símbolo de que esta vivienda ya no se puede habitar, pues había sido ocupada en el pasado por pandilleros o allí vivía uno. Esto último pasa con la vivienda de Maritza (nombre ficticio). Ella era madre de un colaborador de la pandilla, “alguien que le hacía algunos mandados”, que fue asesinado hace un tiempo.

Para conocer algunas reacciones por parte de la PNC se trató de entrevistar a los jefes de la subdelegación de Ciudad Futura y de la delegación de Ciudad Delgado. En las oportunidades que se les buscó siempre se obtuvo como respuesta que no estaban en el sitio.

Para otro investigador policial consultado para este trabajo, que prefiere no identificarse, es en cierto modo comprensible la generalización que hacen los policías en cuanto a que una persona que sea familiar de un pandillero puede estar vinculada con las actividades de la estructura.

“Las pandillas tienen códigos muy específicos por los que rigen su actividad. Y uno de los más marcados es que ellos también generalizan. Si alguien es el hermano o la madre de un pandillero, de alguna forma, para ellos también pertenece a esa pandilla. Pasa lo mismo con alguien que vive en un territorio enemigo. Para ellos también es un enemigo. Tal vez sea una equivocación que la policía tome como suyos estos códigos, que pueden acarrear lamentables malos entendidos”, comenta el investigador.

Ahora, en Majucla, las voces de unos 40 niños suenan en el edificio contiguo al templo del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Están en un recreo mientras regresan a sus clases religiosas, con la que la institución busca generar esa cuota de prevención que el gobierno central todavía no alcanza a llevar a la comunidad. El reloj roza las 4 de la tarde y el pastor Rodolfo Méndez decide salir un poco del inmueble para disfrutar de la brisa que ya comienza a refrescar la tarde.

Desde la calle, el pastor recibe un saludo de un joven que lleva una mochila, al que responde al instante con un sonoro “Dios te bendiga”. Lo señala y afirma que es el hermano de dos pandilleros, uno de los cuales está en la cárcel. También que es el primero de su grupo familiar que asiste a la universidad. Que su casa es una de escasos recursos, donde apenas se cubren las necesidades básicas. “Pero a él nunca lo han molestado, nunca he visto que lleguen a su casa los policías o que lo detengan por la calle”, agrega.

 

Final. La Majucla está conformada por apenas 16 pasajes, que parten de una única calle principal que termina en la autopista Este-Oeste.

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Los abusos de autoridad de miembros de la PNC han ocupado parte de la agenda mediática en los últimos meses. Las presuntas víctimas son, sobre todo, jóvenes que viven en comunidades asoladas por las pandillas. Nombres como el de Miguel Ángel Deras y Wendy Morales llegan a la cabeza para ejemplificarlos.

Otro caso paradigmático es el de Daniel Avilés Alemán, quien fue capturado en la colonia Altavista el 10 de enero de 2017. Fue acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico de una libra de marihuana, valorada en unos $500, que según el requerimiento fiscal estaba en un solo paquete. Algo que no cuadra, pues según un exagente de la DAN, lo más común es que, en una captura en exteriores, se encuentren pequeños paquetes destinados para la venta individual, no uno solo indivisible.

Otra inconsistencia es la del lugar de captura. Se dice que fue apresado en un parqueo, cuando en realidad el operativo sucedió en una cancha, de lo que ha dado cuenta incluso un empleado del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Tonacatepeque, municipio donde está ubicado dicho centro de recreo. La Inspectoría General de Seguridad Pública inició un proceso de investigación contra los dos agentes que realizaron la captura. Esta ya está lista y tendrá que ser pedida por el juez que lleva el caso en su etapa de instrucción.

Para Tatiana Alemán, hermana del acusado, el caso tiene mucho de esperanzador, con posibles pruebas de descargo que garantizarán la libertad de Daniel cuando se lleve a cabo la vista pública.

Pero otro tipo de reparo también la preocupa. La que conforma con Daniel, su madre (Meira) y sus demás hermanos es una familia con pocas entradas de dinero. Y en el proceso de Daniel, entre papeleo y el pago de honorario de abogados, han tenido que erogar más de $3,000, conseguidos hasta el momento gracias a un préstamo personal realizado por la joven y a la ayuda de familiares en el extranjero.

“Cuando uno está en una situación como esta, no le importa gastar con tal de reparar una injusticia. Pero poco a poco una va cayendo en la cuenta de que ese dinero luego se tendrá que pagar. Y si a Daniel lo liberan, ¿quién nos responderá luego por eso? Solo nos van a quedar las deudas”, comenta Tatiana.

La Policía Nacional Civil fue la institución más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2016, con 1,253 expedientes abiertos a miembros de la corporación.

Equilibrio. Foto ilustrativa que no corresponde a los hechos descritos. La población en general ve con buenos ojos los esfuerzos por recuperar territorios antes dominados por pandillas por parte de las autoridades. También exigen que esto no se traduzca en atropellos a los derechos humanos..

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“Es bien difícil ser de aquí, a veces nos cuesta que nos den trabajo porque ven el lugar donde vivimos, dicen ‘la Majucla’ y como que se asustan”, comenta Maritza, sentada en las afueras de su pasaje, sobre lo que significa vivir en una comunidad estigmatizada por el tema de las pandillas; una donde es impensable para un foráneo poner un pie sin avisar.

Una donde una persona puede ser asesinada en el mismo pasaje donde vivía, como fue el caso de Guadalupe del Carmen Abarca, atacada en la salida del pasaje 14 el 4 de enero de 2016. O donde se puede presenciar el asesinato de un repartidor de mercadería, como el ocurrido el 18 de junio de 2012. La víctima fue identificada como José Manuel García, quien era distribuidor de granos básicos. Ambos casos todavía continúan en la impunidad. En 2016 también se reportaron presuntos enfrentamientos entre pandilleros y agentes policiales.

“Hoy los muchachos (pandilleros) casi no permanecen aquí abajo (la parte más cercana de la colonia a la autopista Este-Oeste), están más arriba. Hoy de toda cosa entra aquí con más facilidad, la gente del cable, comerciantes”, comenta Maritza, en una declaración paradójica: ha sido víctima del atropello de la autoridad y su costumbre de marcar casas con una “X”, pero reconoce ciertas ventajas de la realidad actual de su colonia.

Sin embargo, salir a otro lado también representa un problema. Ese es el caso de Rita, quien salió de Majucla tras una amenaza de un agente de la PNC.

La primera complicación fue encontrar sitio en otra comunidad dominada por la misma pandilla, para no poner en riesgo a su grupo familiar, que además de su esposo incluye a sus dos hijas y a su nieta. Lo consiguió, pero el calvario apenas comenzaba. Al poco tiempo, un pandillero se acercó a preguntar su procedencia y, también, a pedirle que le hicieran favores, como permitirle a un “postero” (especie de alertador del grupo) cargar su teléfono celular en su casa.

“Nos da miedo que nos vinculen con ellos. ¿Cómo les decimos que no? Por lo menos allá ya teníamos mucho tiempo de vivir, los muchachos de allá no se metían con nosotros. No le voy a mentir diciéndole que era todo tranquilidad… de alguna forma ya habíamos aprendido a vivir allí”, comenta Rita. Este año tenían planeado comprar la casa que alquilan desde hace 15 años. Pero el plan ha cambiado.

Marta, por su parte, aún estaba terminando de pagar sus cuotas en el Fondo Social para la Vivienda, como lo demuestran sus comprobantes de pago. Ahora el gasto se ha duplicado: debe cubrir el monto de las mensualidades junto al del alquiler del nuevo lugar en el que reside, donde también tiene presencia la pandilla MS.

“Con todo y los problemas, allá está mi casita… quisiera volver allá abajo”, dice Marta. Y allá abajo es la Majucla, donde ahora, cuando el reloj ya pasa de las 4 de la tarde, varias docenas de niños continúan sus clases esperando regresar a sus hogares, algo que, al menos para cuatro familias, ahora es algo imposible de hacer, al menos hasta que de sus fachadas desaparezcan las “X”.

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