PNC

Ojalá la última carta sobre el ‘caso Daniel’: ¡Ojo al Cristo, colegas! De Paolo Luers

12 junio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados colegas:
Parece mentira que todavía tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. El bicho comprobó que la primera acusación contra él -de drogas- fue trampa de dos policías, y ellos tuvieron que enfrentar juicio por manipular pruebas.

Mañana termina el segundo juicio contra Daniel, esta vez por extorsión. En esta vista pública, ante los ojos del juez, se cayeron todas las pruebas de la fiscalía – pero esto extrañamente casi no se reflejó en los medios. Siguieron copiando los relatos de la fiscalía.

Colegas, si no pusieron atención al desfile de los testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que abrieron grandes hoyos en la narrativa acusadora, vayan mañana al cierre de la vista pública, y pongan atención a los alegatos finales. Se darán cuenta que el caso ya se cayó bajo el peso de mentiras de policías testigos, negligencias de la fiscalía, y testimonios de los mismos peritos que llamaron los fiscales.

• El álbum fotográfico que presentó la fiscalía, con fotos que supuestamente demuestran la participación de Daniel en la extorsión, resulta inválido como prueba, porque carece de los sellos y firmas que certifican la autenticidad de fotos y fechas. El mismo fotógrafo de la PNC dijo al juez que no puede certificar nada. Ni siquiera que tomó las fotos.

• El video de la supuesta recepción de dinero por parte de Daniel no aporta nada. El mismo perito de la fiscalía dijo que no logra distinguir ni personas específicas, ni el objeto que supuestamente fue entregado – según la FGR el dinero recibido por Daniel.

• Dos habitantes de Altavista testificaron que a la hora que según PNC y FGR Daniel estaba recibiendo el dinero en Plaza Mundo, estuvieron con él en el Complejo Deportivo de esta colonia, y que vistió un suéter blanco.

• El sujeto en el video viste suéter negro, y en la foto que hizo la PNC en su posterior detención, luego de supuestamente seguirle desde Plaza Mundo a la Cima de Altavista, Daniel viste un suéter blanco.

• Lo más extraño: La misma víctima testificó que nunca recibió ninguna comunicación de demanda de dinero. Le habían mandado un celular, al cual supuestamente le iban a llamar para negociar, pero nunca recibió esta llamada.

• La única conversación con los extorsionistas se generó cuando el agente encubierto de la PNC los llamó desde el celular que habían mandado a la víctima. ¿Cómo pudo el agente saber a qué número llamar, si ni la víctima ni él habían recibido una sola llamada de los extorsionistas?

• Según la PNC decomisaron a Daniel un celular (él lo niega) al momento de su captura, poco después de la supuesta entrega en Plaza Mundo. La defensa pidió los datos de las llamadas recibidas y salientes de este celular, y su ubicación geográfica. La FGR consiguió estos datos, pero resulta que el celular estaba inactivo durante todo el día en cuestión, el 4 de enero 2016. Pero en el video que según la FGR demuestra la recepción del dinero, se ve al sujeto que ellos dicen que es Daniel (aunque el perito dice que no lo puede certificar) hablando varias veces por celular. ¿Será que el video no es de este mismo día, o que el sujeto que habla por celular no es Daniel, ya que el celular que dicen haber decomisado a él no tuvo llamadas, ni salientes ni entrantes el día 4 de enero?

¿Cómo pueden los fiscales sostener su acusación, luego de que estas pruebas se les cayeron? La única explicación es que no solo los policías, sino también los fiscales actuaron con malicia y venganza contra Daniel, luego de que en el primer caso los hizo ver tan mal. Como siempre he dicho, el caso Daniel en realidad es un ‘caso PNC’, y lamentablemente también un ‘caso FGR’.

Espero que sea la última vez que tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. Y en la vista pública final, ojo al Cristo, colegas…

Saludos,

Lea también los antecedentes:

Algo anda mal en Altavista

Carta al director general de la PNC:
Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la fiscalía general: Del ‘caso Daniel’ al ‘caso FGR’

Carta a Daniel, el sospechoso de todo

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Carta sobre Carla y Karla. De Paolo Luers

Paolo Luers, 17 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Carla y Karla.
Carla Ayala y Karla Turcios.
Una agente policial y una periodista.

Una secuestrada y asesinada por un colega policía del GRP, hace 3 meses y 2 semanas. La otra secuestrada y asesinada por desconocidos, hace 3 días. Un caso de impunidad institucional dentro de la misma corporación policial. No me recuerdo haber escuchado al presidente de la República ordenando al director de la PNC esclarecerlo a la brevedad. El otro, un caso que el presidente inmediatamente ordenó investigar, vía Twitter. No creo que hará alguna diferencia.

Ambos casos no tienen que ver con pandillas. El de Carla con toda seguridad, porque se sabe quien es el policía culpable y quienes son los policías que le facilitaron el secuestro y la fuga. En el caso de Karla, ni siquiera Howard Cotto señala responsabilidad de pandilleros, como siempre hace, aun antes de comenzar la investigación.

Carla y Karla son dos casos emblemáticos. El primero, porque revela el problema de impunidad y encubrimiento dentro de la PNC; el otro, porque se trata de una periodista. Ambos casos demuestran que tenemos problemas que van mucho más allá de las pandillas. Problemas serios, como violencia a manos de policías, violencia machista contra mujeres dentro de la policía, porque el de Carla Ayala no es un caso aislado. Y problemas con violencia social, que posiblemente está detrás de la muerte de Karla Turcios. Ojala que no resulte que también tengamos un problema de violencia contra la libertad de prensa – flagelo muy serio en países vecinos como México y Honduras, que hasta la fecha no hemos observado en El Salvador.

Todos los políticos hablan de la violencia de las pandillas. Es inevitable y necesario, porque afecta diariamente a amplios sectores de la población. Pero aparte de Javier Simán no he escuchado a políticos señalando la violencia policial, tanto dentro de la PNC, como contra personas detenidas y de manera indiscriminada contra los jóvenes que habitan las comunidades con presencia de pandillas.

Me pregunto cuántos asesinatos quedan impunes, porque automáticamente la PNC los pone en la cuenta de las pandillas y no sigue otras pistas de investigación. Lo mismo pasó durante la guerra. Cualquiera podía matar a un vecino o incluso familiar por algún pleito, y el caso fue adjudicado al conflicto armado.

No menciono todo esto para reforzar el falso lugar común que seamos un país que tenga la violencia en su ADN. No es cierto. Tenemos violencia, y nuestras instituciones para investigarla no funcionan. Esto quiero señalar.

Y esto tiene que cambiar. Casos no resueltos como el de la agente Carla no pueden pasar. Y casos como el de Karla no pueden quedar impune, como cientos de otros que simplemente van a archivo como crimen de pandillas, pero sin esclarecer y sin que los autores lleguen a enfrentar la justicia.

La impunidad por falta de capacidad (y a veces, como el caso de Carla, de voluntad) de investigar es una de las deudas de los gobiernos que hemos tenido, y el que elijamos en febrero la tiene que saldar. 

Saludos,

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

Carta sobre los comisionados Cotto y Landaverde, su jefe máximo, y la falta de control civil sobre la PNC. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 3 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Me han dicho que he sido injusto con Howard Cotto, pidiéndole su renuncia. Es cierto, lo lamento. Hubiera tenido que pedir la renuncia también a Mauricio Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, quien tiene el mandato constitucional de ejercer el control civil sobre la PNC. Cosa que difícilmente puede hacer, siendo policía.

Hubiera tenido que resaltar que según nuestra Constitución el máximo responsable de la PNC no es el director general, ni el ministro, sino el presidente de la República.

Art. 168.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
17.- Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil (…) con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la autoridad la autoridad de autoridades civiles.

logos MAS y EDHEl problema es que el actual presidente no ejerce este mandato constitucional. Lo delega a su secretario Manuel Melgar, quien en el gobierno de Funes fue ministro de Seguridad y tuvo que ser sustituido por incapacidad. Es a él, no al presidente, que los miembros del gabinete de Seguridad reportan. Pero delegar a su secretario no exime al presidente Salvador Sánchez Cerén de la responsabilidad sobre la PNC.

Para hacer justicia al serio problema que tiene la PNC, yo hubiera tenido que exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que hagan un tiempito en medio de su campaña proselitista para interpelar al ministro de Seguridad y al director de la PNC y pedir explicaciones sobre las situación del GRP, sobre investigaciones internas, y sobre las responsabilidades de los oficiales superiores. Lastimosamente, la Asamblea no tiene derecho de interpelar al presidente de la República, pero si le podemos exigir que le pida explicaciones sobre como ejerce el control de la PNC.

Entonces, para hacer justicia al problema de la PNC (y ser justo también con el comisionado Cotto), hay que concluir que lo que observamos no solamente es una crisis de la conducción de la PNC, sino es una crisis institucional, en la cual ni el ministerio de Justicia y Seguridad, ni el presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa cumplen sus responsabilidades. Un problema institucional, tienen razón los que criticaron mi carta a Howard Cotto, no se resuelve con la renuncia o el despido del director de la PNC. Hay que remover también al comisionado policial al mando del ministerio y volver a establecer el control civil sobre la policía. Sólo así será posible una reestructuración profunda de la organización interna y la conducción de la PNC, recuperando su carácter apolítico y profesional que exige el artículo 159 de la Constitución.

El debate sobre este desafío hay que comenzarlo desde ya, pero resolver este problema le tocará al próximo gobierno que elegiremos en marzo del 2019.

Saludos,

44298-firma-paolo

La carta anterior, a Howard Cotto

Carta a Howard Cotto: Tiempo de renunciar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 1 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Señor director de la PNC:
Usted no es cualquier funcionario. Cuando un director general de la policía se equivoca, están en juego vidas. Y cuando no logra mantener el control de su institución, está en juego la credibilidad del Estado.

Usted hubiera tenido que renunciar cuando se hizo evidente el grado de descomposición en el cuerpo élite de la PNC, el Grupo de Reacción Policial GRP. El hecho que un policía le pegue un tiro a una mujer policía puede ser un hecho aislado. Pero cuando los compañeros y jefes de este miembro del GRP le facilitan no solo la fuga, sino el secuestro de la víctima herida; cuando el hechor puede regresar al cuartel del GRP sin que lo detengan; cuando el fiscal general tiene que reclamarle al jefe de la policía la negligencia de no incluir al fugitivo en la lista de los más buscados; cuando durante dos meses la PNC no ha dado ni con la víctima, ni con el victimario, entonces estamos ante un problema de la institución. Y para este problema tiene que asumir la responsabilidad su jefe.

logos MAS y EDHHoy nos enteramos del ridículo que usted hizo en el cementerio de San Francisco Javier. Lo vimos en televisión explicando porqué estaba seguro que ahí se encontraba el cuerpo de Karla Ayala, la agente policial desaparecida y supuestamente asesinada. Usted dijo en televisión que la PNC había investigado las circunstancias del entierro que se efectuó en este cementerio días después de la desaparición de Karla Ayala, y que los dolientes eran familiares del agente prófugo. Usted dijo tener pruebas que no hubo velorio ni ceremonia de sepultura, y que por esto iban a exhumar el cuerpo y comprobar que ahí estaba enterrada Karla Ayala.

Pero el día después vimos en televisión videos de la sepultura de Paula Castro Lobo, proporcionados por la familia doliente. Y lo vimos a usted diciendo que definitivamente el cuerpo encontrado no era de la agente desaparecido. Entonces, ¿qué dice esto de la calidad de investigación que hizo la PNC en San Francisco Javier? En un pueblo, al investigar si hubo o no una sepultura, es imposible no encontrar testigos.

Usted se fue simplemente con la suposición. Como la familia de Paula Castro, la anciana enterrada en San Francisco Javier, tiene lazos familiares con el agente fugitivo, usted dio por hecho que esta familia había escondido el cuerpo de Karla Ayala, fingiendo el entierro de su abuela.

Todo lo que ha pasado desde la fatal fiesta de fin de año en el cuartel del GRP es una sucesión de encubrimientos, complicidades y decisiones equivocadas. Para investigar bien, la única solución es que se aparten los que han fracasado en aclarar los hechos. Y el principal responsable de tanto encubrimiento y fracaso es usted. No puede quedar dirigiendo la policía, y mucho menos las “investigaciones” del caso GRP.

Aquí hay solo dos explicaciones: Usted es parte del encubrimiento, o es incapaz de garantizar que dentro de la PNC se haga justicia. En ambos casos, tiene que renunciar o ser removido.

De todos modos, no entiendo cómo usted aguantó mirarle la cara a la hija de doña Paula, luego de la exhumación, sin mostrar la más mínima muestra de compasión y pena.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

La disolución del GRP del partido oficial. De Carlos Ponce

Carlos PonceCarlos Ponce, 21 febrero 2018 / El Diario de Hoy

La Policía aún no ha esclarecido el caso de la agente Karla Ayala. Bueno, en realidad, la forma más acertada de plantear esta falta de efectividad es: el gabinete de seguridad no se ha atrevido a asumir el costo de revelar los detalles de lo que pasó esa noche en que la agente Ayala fue lesionada y desaparecida de las instalaciones del (ahora extinto) Grupo de Reacción Policial (GRP). Los rumores que circulan al interior de la Policía sobre el caso (y todo lo que orbita alrededor de este) son graves. La situación es tan delicada que hacen que la renuencia de las autoridades oficialistas a hacerse cargo abiertamente del caso sea entendible, pero nunca, jamás, aceptable. Tarde o temprano tendrán que dar explicaciones. Hay demasiado interés entre la comunidad internacional para que no sea así.

EDH logDetrás de la desaparición de la agente Ayala se esconde una descomposición sin precedentes dentro de la Policía, un caos del que difícilmente se puede regresar si se continúa en la actual dinámica. Entender las causas y motivaciones detrás de esto es vital para corregirlo lo antes posible. Los mismos policías expresan, en secreto, cómo el tiempo se le está acabando al gobierno para que la crisis sea virtualmente irreversible.

Preocupa que ante un problema de esta envergadura el oficialismo no reaccione con responsabilidad, transparencia y de forma técnica. Algunos guardábamos la esperanza de que se alcanzaría un punto de reflexión en el que la gravedad de la crisis haría reaccionar hasta a los más duros agentes partidarios que controlan al gabinete de seguridad. Después de todo, también sus familias viven en este país. No obstante, parece que son inmunes. Incluso en este caso han preferido aferrarse a las sesudas estrategias mediáticas con las que el oficialismo trata de engañar a la ciudadanía. Parece que nunca alcanzaremos un fondo que golpeé y despabile a los titiriteros que montan shows, aunque sean pésimo y poco creíbles, antes de emprender un esfuerzo genuino para solucionar los problemas que nos aquejan.

Este esquema de trabajo, que es eminentemente partidario, tiene ratos de prevalecer, solo que ahora se ha agudizado porque estamos en un año de elecciones y cualquier cosa que pueda influir de forma negativa el resultado de las votaciones, es tóxico para el oficialismo. La influencia partidaria en el manejo del aparato de seguridad es lo que ha descompuesto la Policía.

El GRP que acaban de deshacer no era el mismo que GRP que rescató exitosamente a tanta víctima durante la crisis de secuestro que vivió el país después de la guerra o el que se formó desvelándose y aguantando hambre en tanto operativo en contra de peligrosas estructuras criminales. Ese GRP, galardonado y reconocido a nivel internacional, poco a poco fue desarticulado por el desatino de jefes que han desfilado en la subdirección de áreas especializadas durante los últimos años. El personal veterano, ese que arriesgó sus vidas innumerables veces, progresivamente fue trasladado a otras unidades.

El GRP que desarticularon es el que crearon en los últimos años quienes ostentaban puestos clave al interior de la Policía, nombrados por su lealtad partidaria y no por su trayectoria o preparación profesional. Las unidades policiales más sensibles necesitan de verdaderos líderes que tengan la capacidad de administrar personal sometido a condiciones y situaciones en extremo complicadas. Nombrar a personas sin las cualidades idóneas pone en riesgo este tipo de dependencias. Lastimosamente, el GRP no es la única unidad en donde esto ha pasado. Sobran los ejemplos. Esto pone en perspectiva las voces dentro la Fiscalía que abogan porque se explore la posibilidad de instaurar un cuerpo de policial que no esté sujeto a los vaivenes políticos, adscrito al Ministerio Público.

@_carlos_ponce

Jaguares en una selva de impunidad. De Claudia D. Ramírez

Ninguna cifra sobre lo que hizo la policía importa tras la desaparición de la agente Carla Ayala, en diciembre de 2017. Ni si el decomiso de drogas superó lo de otros años, o el decomiso de armas, ni su efectividad en operativos, ni si bajaron las extorsiones. Nada. El 2017 cerró para la entidad policial, ya cuestionada por claras dudas sobre ejecuciones extrajudiciales, con el escándalo en una de sus unidades élite, el Grupo de Reacción Policial (GRP).

Claudia D. Ramírez / Subjefa de Información de LA PRENSA GRÁFICAClaudia D. Ramírez, 18 febrero 2018 / La Prensa Gráfica

Esta unidad gozó durante mucho tiempo de un buen nombre, eran los que llegaba a poner orden, los tácticos, lo mejor de lo mejor en el interior de la corporación.

Pero una fiesta que estuvo absolutamente fuera de control en las instalaciones que albergaban a esta unidad, donde hubo mucho licor, violencia y la violación y posterior desaparición de una de sus agentes, dejó todo ese buen nombre convertido en añicos.

LPGTodavía no puedo comprender cómo algo como eso ocurrió en una de las unidades élite más importantes del país. Pero es aún peor que más de 50 días después no haya resultados claros en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, y de su agresor, también un agente policial.

Esta semana, que fue presentada la nueva Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) –cuyos agentes serán conocidos como jaguares–, que busca sustituir al GRP, vale la pena recordar que muy poco se recuperará de la confianza en la Policía si no hay una investigación seria sobre lo ocurrido aquella noche de diciembre en el GRP. No importa cuántas unidades nuevas creen, ni cuántas veces cambien nombres. Lo único que les devolverá un poco de respeto y confianza por parte de la población será que resuelvan qué pasó con Carla Ayala y su atacante y que lleven ante las autoridades a los responsables de su agresión y desaparición.

A estas alturas, como mínimo, el jefe del GRP debería estar procesado porque la celebración que propició el ataque contra Ayala ocurrió bajo el aval del jefe, quien también permitió el consumo de alcohol.

Presentar a la UTEP sin mostrar avances en la investigación del caso y sin tener aún ninguna detención envía un mal mensaje a la población, que en medio de la violencia que vive el país, aspira a poder confiar su seguridad en la Policía.

De momento, el mensaje que recibimos es que la PNC tampoco está exenta de este virus de impunidad que nos mantiene afectados como sociedad y que hace que no respetemos las reglas porque sabemos de antemano que no recibiremos castigo. Si no, basta ver el comportamiento de las pandillas sobre los homicidios y extorsiones o, peor aún, nuestro comportamiento a la hora de conducir, donde constantemente irrespetamos las leyes, lo que se traduce en epidémicos números de accidentes de tránsito.

El director de la PNC, Howard Cotto, ha prometido que el 15 de marzo terminará la evaluación del personal del GRP. A partir de allí, decidirá hacia a dónde destinará a la mayoría de sus agentes. Ojalá para entonces, la investigación de este penoso caso también tenga avances. Eso no solo le dará un poco de sentido de justicia al país, sino que, al identificar y condenar a los agentes que cometieron y encubrieron delitos, hablaremos más de los buenos resultados de la PNC y de los buenos elementos que seguramente hay en su interior. Por ahora, este escándalo los tiene con la moral baja a ellos y a nosotros. Urge resolverlo.