PNC

“No hay vida en la PNC para una mujer”. Una agente policial anónima

Sus jefes en la Policía Nacional Civil quieren deshacerse de ella porque los denunció. Ella está convencida de que es así. Era una de las policías seleccionadas para formar la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) en febrero de 2018, pero la dejaron fuera de un curso para especializarse y mantenerse dentro de la unidad élite. Según ella, por una sola razón: ser mujer. Este es su relato en primera persona.

 

Presentación. Las jefaturas de la PNC presentaron en febrero pasado a un grupo de mujeres que integrarían la unidad élite.

Ricardo Flores, 24 septiembre 2018 / La Prensa Gráfica

Cuento mi caso porque tengo miedo que me maten. Estoy más que segura que me van a matar. Ellos mismos se encargaron de decirme que las denuncias que puse ante la Unidad de Derechos Humanos y la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC) no iban a prosperar y por eso era mejor que me quedara quieta, sin hacer ni decir nada.

Mi caso inició en diciembre del año pasado, unos días antes de que un agente del GRP matara a Carla Ayala. Yo era parte de la Sección Táctica Operativa (un grupo de la PNC que apoya en emergencias especiales) destacada en el municipio de Mejicanos cuando me seleccionaron como la única mujer del sector donde operaba para pertenecer a la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES).

En enero comenzaron las pruebas físicas y técnicas, las superé con notas sobresalientes. Hasta me sometí con éxito a la evaluación que hace la embajada de los Estados Unidos. Estaba, en teoría, lista para formar parte de la FES; pero decidieron disolver esa fuerza especializada, por la muerte de Carla.

El 11 de febrero pasado, nos convocaron a todas las mujeres STO a una reunión. Ahí nos invitaron a participar en ese nuevo grupo élite que iban a crear. Tomé a bien levantar la mano porque ya me había evaluado y había pasado todo. Sentía que estaba cumpliendo mi sueño de estar en el GRP. Me gusta ser policía y mi sueño en los cuatro años que tengo de vestir el uniforme policial era ser parte de esa unidad especializada. Me gusta lo táctico, servir a la gente, sentir la adrenalina. Dijeron que estaba bien y seleccionaron a 16 mujeres de todo el país. Yo era una de las que nos formamos en el estacionamiento del CIFCO aquel 14 de febrero. Nos pusieron un parche nuevo en el brazo con la leyenda UTEP-Jaguares.

El escándalo en el interior de la PNC tras el asesinato de Carla Ayala, la agente que fue atacada por sus mismos compañeros tras una fiesta navideña en la sede del extinto GRP, hizo que el director de la institución disolviera el grupo élite y lo renombrara como UTEP, una unidad formada por agentes destacados en la FES, GOPES y STO. El grupo fue presentado el 14 de febrero de 2018. El director de la PNC, Howard Cotto, entregó una rosa ese día a cada una de las 16 mujeres de la unidad.

Cuatro días después, los jefes de la UTEP me notificaron que iba a ir al curso avanzado de técnicas y tácticas policiales. El día que nos presentaron solo fue para mostrar el nuevo nombre de la máxima unidad élite de la PNC, pero nadie había sido capacitado. Yo estaba emocionada porque era la única mujer seleccionada para someterse a esa capacitación.

El 20 de marzo de 2018, cuando eran las 9:21 de la mañana, recibí una orden para alistar el equipo que necesitaría para el curso. Era feliz, todo estaba bien.

Pero todo cambió por la tarde, como a las 3 p. m., hubo una reunión donde estaban las jefaturas de la UTEP, un coronel que es el representante de la embajada de los Estados Unidos y los miembros del comando Jungla (instructores colombianos). Todos hombres. En esa reunión determinaron que yo no iría al curso.

Tres horas después, fui al comedor de la UTEP a cenar y fue ahí cuando una compañera me dio la noticia de que yo estaba fuera de la convocatoria. En la entrada estaba uno de los jefes y le pregunté si me iban a brindar transporte para asistir al curso porque era necesario llevar armas y equipo. Me respondió que yo no iba porque era mujer.

Así comenzó mi discriminación.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo esto el día en que fue presentada la UTEP: “Esta unidad ofrece un mayor servicio a la mujer y también en atender la problemática interna de la mujer dentro de la PNC. Estas mujeres se comprometen a mantener un enfoque de género y en un trato igualitario de las mujeres”.

Las jefaturas de la UTEP no quisieron hacer público mi retiro del curso, muchos compañeros hablaron mal de mí. Dijeron que me sacaron porque había dado el culo, porque estaba embarazada, oí muchos comentarios y les pedí que hicieran público la razón de mi separación; pero no quisieron hacerlo.

Seis días después, fui a poner la denuncia a la Unidad de Derechos Humanos de la PNC contra las jefaturas de la UTEP, el representante de los EUA y el grupo de instructores colombianos. También decidí activar el Protocolo para el Abordaje de la Violencia y Discriminación por Razones de Género contra las Mujeres al interior de la PNC. Eso desencadenó el acoso de tres de las compañeras porque “había denunciado a su jefecito”.

Una de ellas me dijo en una reunión donde solo estábamos las mujeres de las UTEP que en un intercambio de disparos me iba a disparar a mí. Me llamó una mierda, un cero a la izquierda y que a partir de esa fecha nadie me iba a apoyar. Hice un informe de esa amenaza, porque no era posible que ella me tratara así.

El día en que se presentó a la UTEP, el director de la PNC dio un discurso con énfasis en el tema de género. Dijo que las mujeres “van a demostrar que es posible tener compañeras en estas unidades, no existe barrera que se sume a cualquier esfuerzo policial. Ustedes portarán este uniforme con mucho orgullo. Son parte de un todo, no están por debajo de nadie”.

Después de eso, mis uniformes siempre estaban en la basura. A medianoche me movían la cama donde dormía, yo pensaba que era una emergencia. Decidí mejor dormir en el suelo, sobre una toalla, porque me bloqueaban llegar a la cama. Al verme en el piso decían “la perra está echada”. El 29 de julio pasado, hubo otra convocatoria para ingresar al curso y seguir en la UTEP. Nos dijeron que las 16 debíamos ir porque necesitaban tener mujeres en la UTEP. En la primera semana me lanzaron mis pertenencias en una caja, me insultaban y por último me golpearon. Entonces, decidí desertar del curso. Hace un par de semanas, me llamaron de la subdirección de la PNC donde me dijeron que había llegado un documento para que me preguntaran si yo quería ser trasladada y dije que no. A pesar de eso, decidieron enviarme de forma arbitraria para un puesto policial en Soyapango.

Mi vida está en riesgo porque me mandan para un lugar donde varias de las jefaturas UTEP han estado y conocen bastante la zona. Quieren que me presente a un lugar donde no he solicitado estar me pone mal. Para donde me trasladaron es el infierno.

La Unidad de Derechos Humanos de la PNC ya resolvió que en mi caso hubo “vulneración de los derechos humanos por discriminación”. En la Inspectoría también hay avances, pasó el caso a la Unidad de Investigación Disciplinaria que tiene potestad para enviarlo a un juzgado. A pesar de una resolución a mi favor, a ellos no les ha afectado en nada hasta hoy.

Mi vida está en riesgo por los pandilleros, por mis propios compañeros y por las jefaturas de la UTEP. No hay vida en la PNC para una mujer.

 

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Carta a los que aplauden a las redadas masivas: Los están engañando. De Paolo Luers

11 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados lectores:
A la mayoría de ustedes no les va a gustar esta carta. Pero alguien tiene que decírselo: Si piensan que la cantidad industrial de capturas que produce y publicita la fiscalía y la PNC es un indicador de que tendremos más seguridad, se dejaron engañar.

La Fiscalía dio a conocer que emitió 1128 ordenes de captura contra personas acusadas de ser miembros de la MS13 o de la pandilla 18. El resultado: 607 detenciones. No es el resumen de un mes, es el resumen de una sola semana, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre 2018, suma de tres mega redadas: las operaciones “Arpón del Pacífico”, “Libertad” y “Tsunami”, que ustedes han visto en los noticieros.

¿De estos cientos de detenidos que la PNC ha desfilado para que los medios les tomen fotos, cuántos realmente son criminales?¿Cuántos terminarían condenados? Si aplicamos la triste estadística de nuestro sistema policial y judicial, tal vez un 10%.

¿Y los demás? Entraron ahora en la estadística de “éxitos” de FGR y PNC. Pero son lo contrario: parte de la triste estadística de miles de personas que pasan meses en detención provisional, llenado y saturando las bartolinas y los penales, y contra quienes al final no existen pruebas.

Les presento a 2 casos entre los 607 detenidos en esta semana de mega redadas. Casos que seguramente llamaron su atención en los noticieros o periódicos. Según todo lo que hasta ahora se sabe de estos casos, tengo serias dudas que sean culpables de los graves delitos que se los imputan.

Uno es el ex alcalde del puerto La Libertad, Carlos Molina. La familia Molina sufrió en el 2005 dos asesinatos: primero (en enero) de Eduardo, hermano de Carlos; y en junio del mismo año de su padre Mario Molina, candidato a alcalde. Carlos Molina retomó la candidatura de su padre y se convirtió en alcalde. Hoy la FGR lo acusa de haber pagado 3 mil dólares a pandilleros de la 18 para matar a una mujer.

La fiscalia no habla de presuntos pandilleros, sino presenta a los recién detenidos de una sola vez como “terroristas”.

La acusación está basada en 2 “testigos criteriados”: 2 pandilleros que cayeron presos y prefirieron convertirse en testigos de la fiscalía para evadir condenas. Lo absurdo es que cada uno de estos “testigos” aporta una razón diferente por la cual la mujer en cuestión fue asesinada. Uno cuenta que fue asesinada por la pandilla, porque puso el dedo a un cabecilla. El otro cuenta que murió porque vendió drogas en el territorio de otra pandilla. Pero ambos agregan que Carlos Molina entregó 3 mil dólares para que la mataran. ¿Qué lógica puede tener esto? Ninguna. Y lo más probable es que el juez llegará a la misma conclusión.

El otro caso es de un abogado llamado Norman Hugo Claros, detenido en el marco de la operación “Libertad”. Es acusado de asociación ilícita, porque según la FGR colaboró con la MS averiguando e informándoles la identidad de testigos protegidos. Lo que hizo el abogado es totalmente legal y parte del oficio de un abogado defensor. Recibió una llamada de alguien, cuyo teléfono fue intervenido por la FGR. Una persona le encargó el servicio de ir a la fiscalía y al juzgado para averiguar qué tipo de cargos existen contra él. Es lo primero que hace cualquier imputado, y su derecho. El abogado hizo las diligencias y, nuevamente por teléfono, concertó una cita con su cliente. La PNC monitoreó la cita y “detecta” que, luego de entregar la información requerida, el abogado recibió el honorario pactado por este servicio. Es el pan de todos los días de muchos abogados: ver el requerimiento fiscal y explicar al acusado cuales son los cargos y en qué pruebas se basan. El hecho que la FGR interpreta esto como “asociación ilícita”, constituye un ataque frontal al ejercicio de la defensa.

¿Qué pasaría si tuviéramos capacidad de analizar los casos de los otros 605 detenidos? ¿Cuántas acusaciones fabricadas maliciosamente detectaríamos? Pero mientras tanto, la PNC y la FGR toman como criterio para medir su “eficiencia” el número de detenidos, no el número de debidamente procesados y condenados, que constituye, ya lo dijimos, un pobre 10%. Piénsenlo antes de felicitar a la FGR y la PNC por sus mega redadas.

Saludos,

Ojalá la última carta sobre el ‘caso Daniel’: ¡Ojo al Cristo, colegas! De Paolo Luers

12 junio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados colegas:
Parece mentira que todavía tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. El bicho comprobó que la primera acusación contra él -de drogas- fue trampa de dos policías, y ellos tuvieron que enfrentar juicio por manipular pruebas.

Mañana termina el segundo juicio contra Daniel, esta vez por extorsión. En esta vista pública, ante los ojos del juez, se cayeron todas las pruebas de la fiscalía – pero esto extrañamente casi no se reflejó en los medios. Siguieron copiando los relatos de la fiscalía.

Colegas, si no pusieron atención al desfile de los testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, que abrieron grandes hoyos en la narrativa acusadora, vayan mañana al cierre de la vista pública, y pongan atención a los alegatos finales. Se darán cuenta que el caso ya se cayó bajo el peso de mentiras de policías testigos, negligencias de la fiscalía, y testimonios de los mismos peritos que llamaron los fiscales.

• El álbum fotográfico que presentó la fiscalía, con fotos que supuestamente demuestran la participación de Daniel en la extorsión, resulta inválido como prueba, porque carece de los sellos y firmas que certifican la autenticidad de fotos y fechas. El mismo fotógrafo de la PNC dijo al juez que no puede certificar nada. Ni siquiera que tomó las fotos.

• El video de la supuesta recepción de dinero por parte de Daniel no aporta nada. El mismo perito de la fiscalía dijo que no logra distinguir ni personas específicas, ni el objeto que supuestamente fue entregado – según la FGR el dinero recibido por Daniel.

• Dos habitantes de Altavista testificaron que a la hora que según PNC y FGR Daniel estaba recibiendo el dinero en Plaza Mundo, estuvieron con él en el Complejo Deportivo de esta colonia, y que vistió un suéter blanco.

• El sujeto en el video viste suéter negro, y en la foto que hizo la PNC en su posterior detención, luego de supuestamente seguirle desde Plaza Mundo a la Cima de Altavista, Daniel viste un suéter blanco.

• Lo más extraño: La misma víctima testificó que nunca recibió ninguna comunicación de demanda de dinero. Le habían mandado un celular, al cual supuestamente le iban a llamar para negociar, pero nunca recibió esta llamada.

• La única conversación con los extorsionistas se generó cuando el agente encubierto de la PNC los llamó desde el celular que habían mandado a la víctima. ¿Cómo pudo el agente saber a qué número llamar, si ni la víctima ni él habían recibido una sola llamada de los extorsionistas?

• Según la PNC decomisaron a Daniel un celular (él lo niega) al momento de su captura, poco después de la supuesta entrega en Plaza Mundo. La defensa pidió los datos de las llamadas recibidas y salientes de este celular, y su ubicación geográfica. La FGR consiguió estos datos, pero resulta que el celular estaba inactivo durante todo el día en cuestión, el 4 de enero 2016. Pero en el video que según la FGR demuestra la recepción del dinero, se ve al sujeto que ellos dicen que es Daniel (aunque el perito dice que no lo puede certificar) hablando varias veces por celular. ¿Será que el video no es de este mismo día, o que el sujeto que habla por celular no es Daniel, ya que el celular que dicen haber decomisado a él no tuvo llamadas, ni salientes ni entrantes el día 4 de enero?

¿Cómo pueden los fiscales sostener su acusación, luego de que estas pruebas se les cayeron? La única explicación es que no solo los policías, sino también los fiscales actuaron con malicia y venganza contra Daniel, luego de que en el primer caso los hizo ver tan mal. Como siempre he dicho, el caso Daniel en realidad es un ‘caso PNC’, y lamentablemente también un ‘caso FGR’.

Espero que sea la última vez que tengamos que escribir sobre Daniel Alemán. Y en la vista pública final, ojo al Cristo, colegas…

Saludos,

Lea también los antecedentes:

Algo anda mal en Altavista

Carta al director general de la PNC:
Está en sus manos corregir una injusticia

Carta a la fiscalía general: Del ‘caso Daniel’ al ‘caso FGR’

Carta a Daniel, el sospechoso de todo

Carta sobre Carla y Karla. De Paolo Luers

Paolo Luers, 17 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Carla y Karla.
Carla Ayala y Karla Turcios.
Una agente policial y una periodista.

Una secuestrada y asesinada por un colega policía del GRP, hace 3 meses y 2 semanas. La otra secuestrada y asesinada por desconocidos, hace 3 días. Un caso de impunidad institucional dentro de la misma corporación policial. No me recuerdo haber escuchado al presidente de la República ordenando al director de la PNC esclarecerlo a la brevedad. El otro, un caso que el presidente inmediatamente ordenó investigar, vía Twitter. No creo que hará alguna diferencia.

Ambos casos no tienen que ver con pandillas. El de Carla con toda seguridad, porque se sabe quien es el policía culpable y quienes son los policías que le facilitaron el secuestro y la fuga. En el caso de Karla, ni siquiera Howard Cotto señala responsabilidad de pandilleros, como siempre hace, aun antes de comenzar la investigación.

Carla y Karla son dos casos emblemáticos. El primero, porque revela el problema de impunidad y encubrimiento dentro de la PNC; el otro, porque se trata de una periodista. Ambos casos demuestran que tenemos problemas que van mucho más allá de las pandillas. Problemas serios, como violencia a manos de policías, violencia machista contra mujeres dentro de la policía, porque el de Carla Ayala no es un caso aislado. Y problemas con violencia social, que posiblemente está detrás de la muerte de Karla Turcios. Ojala que no resulte que también tengamos un problema de violencia contra la libertad de prensa – flagelo muy serio en países vecinos como México y Honduras, que hasta la fecha no hemos observado en El Salvador.

Todos los políticos hablan de la violencia de las pandillas. Es inevitable y necesario, porque afecta diariamente a amplios sectores de la población. Pero aparte de Javier Simán no he escuchado a políticos señalando la violencia policial, tanto dentro de la PNC, como contra personas detenidas y de manera indiscriminada contra los jóvenes que habitan las comunidades con presencia de pandillas.

Me pregunto cuántos asesinatos quedan impunes, porque automáticamente la PNC los pone en la cuenta de las pandillas y no sigue otras pistas de investigación. Lo mismo pasó durante la guerra. Cualquiera podía matar a un vecino o incluso familiar por algún pleito, y el caso fue adjudicado al conflicto armado.

No menciono todo esto para reforzar el falso lugar común que seamos un país que tenga la violencia en su ADN. No es cierto. Tenemos violencia, y nuestras instituciones para investigarla no funcionan. Esto quiero señalar.

Y esto tiene que cambiar. Casos no resueltos como el de la agente Carla no pueden pasar. Y casos como el de Karla no pueden quedar impune, como cientos de otros que simplemente van a archivo como crimen de pandillas, pero sin esclarecer y sin que los autores lleguen a enfrentar la justicia.

La impunidad por falta de capacidad (y a veces, como el caso de Carla, de voluntad) de investigar es una de las deudas de los gobiernos que hemos tenido, y el que elijamos en febrero la tiene que saldar. 

Saludos,

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

Carta sobre los comisionados Cotto y Landaverde, su jefe máximo, y la falta de control civil sobre la PNC. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 3 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Me han dicho que he sido injusto con Howard Cotto, pidiéndole su renuncia. Es cierto, lo lamento. Hubiera tenido que pedir la renuncia también a Mauricio Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, quien tiene el mandato constitucional de ejercer el control civil sobre la PNC. Cosa que difícilmente puede hacer, siendo policía.

Hubiera tenido que resaltar que según nuestra Constitución el máximo responsable de la PNC no es el director general, ni el ministro, sino el presidente de la República.

Art. 168.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
17.- Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil (…) con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la autoridad la autoridad de autoridades civiles.

logos MAS y EDHEl problema es que el actual presidente no ejerce este mandato constitucional. Lo delega a su secretario Manuel Melgar, quien en el gobierno de Funes fue ministro de Seguridad y tuvo que ser sustituido por incapacidad. Es a él, no al presidente, que los miembros del gabinete de Seguridad reportan. Pero delegar a su secretario no exime al presidente Salvador Sánchez Cerén de la responsabilidad sobre la PNC.

Para hacer justicia al serio problema que tiene la PNC, yo hubiera tenido que exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que hagan un tiempito en medio de su campaña proselitista para interpelar al ministro de Seguridad y al director de la PNC y pedir explicaciones sobre las situación del GRP, sobre investigaciones internas, y sobre las responsabilidades de los oficiales superiores. Lastimosamente, la Asamblea no tiene derecho de interpelar al presidente de la República, pero si le podemos exigir que le pida explicaciones sobre como ejerce el control de la PNC.

Entonces, para hacer justicia al problema de la PNC (y ser justo también con el comisionado Cotto), hay que concluir que lo que observamos no solamente es una crisis de la conducción de la PNC, sino es una crisis institucional, en la cual ni el ministerio de Justicia y Seguridad, ni el presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa cumplen sus responsabilidades. Un problema institucional, tienen razón los que criticaron mi carta a Howard Cotto, no se resuelve con la renuncia o el despido del director de la PNC. Hay que remover también al comisionado policial al mando del ministerio y volver a establecer el control civil sobre la policía. Sólo así será posible una reestructuración profunda de la organización interna y la conducción de la PNC, recuperando su carácter apolítico y profesional que exige el artículo 159 de la Constitución.

El debate sobre este desafío hay que comenzarlo desde ya, pero resolver este problema le tocará al próximo gobierno que elegiremos en marzo del 2019.

Saludos,

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La carta anterior, a Howard Cotto

Carta a Howard Cotto: Tiempo de renunciar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 1 marzo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Señor director de la PNC:
Usted no es cualquier funcionario. Cuando un director general de la policía se equivoca, están en juego vidas. Y cuando no logra mantener el control de su institución, está en juego la credibilidad del Estado.

Usted hubiera tenido que renunciar cuando se hizo evidente el grado de descomposición en el cuerpo élite de la PNC, el Grupo de Reacción Policial GRP. El hecho que un policía le pegue un tiro a una mujer policía puede ser un hecho aislado. Pero cuando los compañeros y jefes de este miembro del GRP le facilitan no solo la fuga, sino el secuestro de la víctima herida; cuando el hechor puede regresar al cuartel del GRP sin que lo detengan; cuando el fiscal general tiene que reclamarle al jefe de la policía la negligencia de no incluir al fugitivo en la lista de los más buscados; cuando durante dos meses la PNC no ha dado ni con la víctima, ni con el victimario, entonces estamos ante un problema de la institución. Y para este problema tiene que asumir la responsabilidad su jefe.

logos MAS y EDHHoy nos enteramos del ridículo que usted hizo en el cementerio de San Francisco Javier. Lo vimos en televisión explicando porqué estaba seguro que ahí se encontraba el cuerpo de Karla Ayala, la agente policial desaparecida y supuestamente asesinada. Usted dijo en televisión que la PNC había investigado las circunstancias del entierro que se efectuó en este cementerio días después de la desaparición de Karla Ayala, y que los dolientes eran familiares del agente prófugo. Usted dijo tener pruebas que no hubo velorio ni ceremonia de sepultura, y que por esto iban a exhumar el cuerpo y comprobar que ahí estaba enterrada Karla Ayala.

Pero el día después vimos en televisión videos de la sepultura de Paula Castro Lobo, proporcionados por la familia doliente. Y lo vimos a usted diciendo que definitivamente el cuerpo encontrado no era de la agente desaparecido. Entonces, ¿qué dice esto de la calidad de investigación que hizo la PNC en San Francisco Javier? En un pueblo, al investigar si hubo o no una sepultura, es imposible no encontrar testigos.

Usted se fue simplemente con la suposición. Como la familia de Paula Castro, la anciana enterrada en San Francisco Javier, tiene lazos familiares con el agente fugitivo, usted dio por hecho que esta familia había escondido el cuerpo de Karla Ayala, fingiendo el entierro de su abuela.

Todo lo que ha pasado desde la fatal fiesta de fin de año en el cuartel del GRP es una sucesión de encubrimientos, complicidades y decisiones equivocadas. Para investigar bien, la única solución es que se aparten los que han fracasado en aclarar los hechos. Y el principal responsable de tanto encubrimiento y fracaso es usted. No puede quedar dirigiendo la policía, y mucho menos las “investigaciones” del caso GRP.

Aquí hay solo dos explicaciones: Usted es parte del encubrimiento, o es incapaz de garantizar que dentro de la PNC se haga justicia. En ambos casos, tiene que renunciar o ser removido.

De todos modos, no entiendo cómo usted aguantó mirarle la cara a la hija de doña Paula, luego de la exhumación, sin mostrar la más mínima muestra de compasión y pena.

Saludos,

44298-firma-paolo