PNC

Carta al director general de la PNC: Está en sus manos corregir una injusticia. De Paolo Luers

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Daniel Alemán

Paolo Luers, 21 febrero 2017 / EDH

Estimado comisionado Howard Cotto:
Le hablo del caso de Daniel Alemán, un joven de Altavista, que fue detenido por agentes de la PNC el 10 de enero de este año.

Mi investigación periodística del caso ha arrojado múltiples inconsistencias y falsedades en el requerimiento de la FGR contra Daniel. Son inconsistencias y falsedades que se basan en las declaraciones de los agentes de Altavista. Son inconsistencias y falsedades que además ya fueron investigados por la Unidad de Control de la PNC y plasmadas en un informe que está en sus manos. Todo esto lo puede leer con detalles mi reportaje titulado Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo.

diario hoyUsted es el máximo responsable de la actuación de la PNC. De su liderazgo depende si los miles de agentes actúen conforme a la ley o al margen de la misma. Le confronto con las preguntas que deja abierto el caso Daniel Alemán, para que tome acción y corrija los errores cometidos por los agentes de Altavista.

Todo indica que el informe de la Unidad de Control de a PNC va a confirmar que la detención de Daniel Alemán fue arbitraria y que los agentes, para tapar el error cometido, llegaron al extremo de falsificar evidencias y dar testimonio falso. Pero esto ya no es un error, es un delito. Mientras tanto está preso Daniel, a quien todos en Altavista describen como un muchacho sano y amable que se dedicaba a ayudar a su madre en su negocio de hacer y vender pan, y que para finales de enero ya tenía un trabajo formal en una maquila de electrónicos en San Bartolo.

Las preguntas:

  • -¿Cómo es posible que los agentes de Altavista, luego de encontrar nada en la revisión corporal efectuada a Daniel frente a docenas de testigos, dicen haberle encontrado un bulto de marihuana en el camino a la subdelegación?
  • -¿Por qué los agentes cambiaron lugar de la detención? Daniel fue detenido en la cancha del Complejo Deportivo, y la PNC reportó su detención en otro lugar distante.
  • -¿Por qué los agentes falsificaron la hora de la detención de Daniel? Fue detenido a las 5pm ante múltiples testigos, y la PNC reportó que fue detenido a las 6.35pm. Cambiando la hora, PNC y FGR incluso se meten en otro problema de inconsistencia: Según el requerimiento fiscal, lo capturaron a las 6.35pm. Lo llevaron a la subdelegación Altavista, apareció la droga, lo trasladaron a San Bartolo, efectuaron la “prueba de campo” para determinar que el paquete contenía droga, y resultado de esto le comunican su detención formal a las 7pm. Es imposible que todo esto haya pasado en 25 minutos.
  • -¿Por qué los investigadores, luego de presuntamente haber encontrado droga, nunca allanaron la vivienda de la familia Alemán, y nunca entrevistaron a los testigos en la escena de la detención de Daniel?
  • -¿Por qué la jefa de comunicaciones de la PNC, Xenia Contreras, afirma que Daniel es “fichado de pandillero”, cuando en el mismo requerimiento fiscal consta que no existen informaciones al respecto?
  • -¿Por qué su jefa de comunicaciones contactó a la empresa donde trabaja la hermana de Daniel para advertirles que su empleada es hermana de un “pandillero fichado”? ¿Será para ejercer presión que la hermana deje de denunciar en redes sociales las acusaciones falsas contra su hermano?

Todas estas son preguntas que deja abierto el procedimiento en el caso de Daniel Alemán. Y lamentablemente, la PNC se ha negado contestarlas.

Todo depende ahora del informe de la Unidad de Control, la cual sí hizo las entrevistas pertinentes a los testigos. En una solicitud de acceso a información pública, pedí a la PNC el informe de la Unidad de Control. Le reto a usted que lo revele.

Con toda la información hasta le fecha disponible, sólo queda una conclusión: Daniel y todos los jóvenes de colonias como la Altavista son “los sospechosos de siempre”. Lo detuvieron por equivocación, sin fundamentos sostenibles. Luego fabricaron “evidencias” para justificar la detención. Y ahora ya no pueden corregir el error, porque ya cometieron delitos.

Está en sus manos corregir esto. Saludos,

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La nota sobre la captura de Daniel está disponible en mis blogs:
Siguientepagina.blogspot.com
Segundavuelta.wordpress.com
Columnatransversal.blogspot.com

Algo anda mal en Altavista o los siempre sospechosos de todo. De Paolo Luers

Esta es una nota que escribí para El Diario de Hoy. No me la encargaron, yo decidí hacerla por propia iniciativa. El Diario de Hoy decidió no publicarla, con el argumento que “no está suficientemente investigada”. Tiene derecho de hacerlo: No soy parte del staff de cobertura informativa. Soy columnista del Diario, y siempre se respetan mis columnas y cartas. Las escribo sin presión y sin limitación ninguna. Sin embargo, creo que es un error del Diario no publicar esta nota. La nota es sólidamente investigada, mejor que muchas notas que a diario se publican, porque yo pude dedicar el tiempo necesario para profundizar la investigación. Lo único que falta a la nota es la versión de la PNC, más allá de la que se refleja en el requerimiento fiscal del caso. Pero es la PNC que ha decidido no responder mis preguntas. Los entiendo, se cometieron errores y delitos en el procedimiento policial, y no saben como explicarlos. Pero no podemos dar a las autoridades el poder que con su silencio bloqueen la publicación de una nota que revela sus deficiencias.

Pido a mis lectores a reproducir esta nota para que tenga la difusión que merece el caso.

Paolo Luers

Daniel Alemán con dos de sus hermanas

Daniel Alemán con dos de sus hermanas

Paolo Luers, 20 febrero 2017 / SIGUIENTE PAGINA

siguiente paginaDaniel Alemán, joven de 22 años de Altavista, se encuentra detenido desde el 10 de enero de este año. Y todo indica que es inocente. En esta mala racha también ha tenido buena suerte. Buena suerte de tener una madre como Meira, que el día de su captura no se despejó del portón de la delegación policial en San Bartolo, a pesar de que le dijeron, una y otra vez, que “aquí no ha entrada ningún detenido de Altavista” (para no citar las expresiones ofensivas), hasta que vio a su hijo, conducido por 4 hombres disfrazados con gorras navarones a un vehículo con placas particulares. Desde este momento, ya no le podía pasar algo peor de lo que ya le había pasado a su hijo.

Los testigos y la Unidad de Control de la PNC

Daniel tiene la buena suerte de tener una hermana como Tatiana, que con gran pasión ha logrado difundir en redes sociales y medios su caso y las extrañas circunstancias de su captura. Resultado del gran eco que sus denuncias han tenido, una semana después de la captura, el 18 de enero, la Unidad de Control de la PNC inició una investigación del procedimiento de la captura de Daniel Alemán. Ahora existe un informe de la Unidad de Control, que no es accesible para el público, pero que en su momento el juez del caso tiene que solicitar y poner a disposición de la defensa. La defensa ya anunció que va a solicitar una audiencia de revisión de medidas.

Los mismos testigos que dieron testimonio a la Unidad de Control han prestado declaraciones para esta investigación periodística. Pintan una historia que en nada coincide con los hechos relatados en el requerimiento que la Fiscalía ha presentado al juez y en las declaraciones de los agentes de la PNC destacados en la subdelegación Altavista que efectuaron la captura.

Otra suerte de Daniel fue que por lo menos 30 personas fueron testigos de su captura: jóvenes que junto con él estaban jugando un partido de fútbol; otros que estaban esperando entrar en el siguiente partido; e incluso un agente del CAM de Tonacatepeque al cargo de la vigilancia del Complejo Deportivo de Altavista. Todos los entrevistados han repetido lo que anteriormente dijeron a los investigadores de la Unidad de Control de la PNC: que vieron de cerca como los agentes registraron minuciosamente a Daniel y otros dos muchachos en la cancha y que no les encontraron nada: ni tatuajes, ni armas, ni drogas…

La cancha de fútbol rápido del Complejo Deportivo Altavista, donde Daniel Alemán fue capturado. Al momento de su captura había entre 30 y 40 personas.

La cancha de fútbol rápido del Complejo Deportivo Altavista, donde Daniel Alemán fue capturado. Al momento de su captura había entre 30 y 40 personas.

Por razones que ninguno de los testigos se explica, se llevaron a Daniel, a las 5 de la tarde del día 10 de enero. Una vez llegando a la subdelegación, un agente le mostró a Daniel un paquete envuelto en plástico y amarrado con cinta, y le dijo: “Esto es lo que te encontramos.” Lo obligaron a tocar y agarrarlo. Según el requerimiento fiscal, este paquete del tamaño casi de un ladrillo, contiene una libra de marihuana. Por tanto, Daniel está siendo acusado de tráfico de drogas; y en consecuencia, el juez no le podía aplicar medidas cautelares y ordenó su detención preventiva.

“¿Cómo alguien que va a la cancha a jugar fútbol, vestido de jeans y suéter, va a andar semejante bulto de droga? ¿Y cómo y dónde lo puede esconder para que la policía, en el registro corporal, no lo detecte?”, se pregunta uno de los compañeros de mascón, quien prefiere no identificarse con su nombre por miedo a represalias de los policías destacados en Altavista. A la pregunta si en esta colonia circula marihuana, el joven contesta: “Como no. Circulan puchitos. Pero en la vida no he visto a nadie cargando en la calle un bloque como este que sembraron a Daniel. Mucho menos que lo tenga encima un jugador en la cancha. Es ilógico.”

Otro joven, quien tampoco se quiere identificar, hace la misma pregunta, las misma que según él ya la hizo a los investigadores de la Unidad de Control: “Si yo y otro montón de gente estábamos a la par de Daniel cuando lo llevaron en una patrulla que había entrada hasta la cancha, ¿cómo es posible que ahora la policía y la fiscalía dicen que lo detuvieron en el parqueo que queda a varias cuadras?” Es cierto, así consta en el requerimiento fiscal contra Daniel Alemán. Así lo declararon los agentes de la PNC que efectuaron la captura: “Observaron que se encuentra un sujeto sospechoso en el interior del parqueo ubicado entre Block G y Block H frente al pasaje 6 de la Residencial Altavista”. Entre 30 y 40 testigos pueden testificar que fue detenido en la cancha y que de ella lo llevaron en un carro patrulla. Y no solo cambaron el lugar de la detención, también la hora. Según declaración unánime de todos los entrevistados, Daniel fue detenido a las 5pm, y en el requerimiento fiscal la PNC establece como hora de detención las 6.35pm. En cambio, vecinos y comerciantes del mencionado parqueo declaran no haber visto ninguna detención en este lugar.

Los pandilleros

En el transcurso del recorrido por la colonia, la cancha y el parqueo, se acercaron unos jóvenes que se identificaron como pandilleros del Barrio 18 Sureños. Esta es la pandilla que opera en esta colonia. Preguntaron: “¿Usted es periodista? ¿Está viendo el caso de este bicho Daniel?”

Los pandilleros afirman dos cosas: Daniel no tiene nada que ver con la pandilla, nunca se ha metido con ellos. Lo conocen, como todos se conocen en esta colonia. Uno dice: “Lo conozco de chiquito, fuimos a la misma escuela y jugamos fútbol juntos. Nunca se metido en mierdas.”

Pero más relevante es la otra afirmación de los pandilleros de Altavista: “Aquí nadie puede andar con paquetazos de droga. Ni mucho menos vender. Cualquier loco que haría esto, si no lo agarra la policía, lo agarramos nosotros. Es imposible.”

“Fichado de pandillero”

La fiscalía acusa a Daniel no sólo de “posesión y tenencia (de drogas) con fines de tráfico”. Lo presenta como “miembro activo de los grupos terroristas autodenominados maras o pandillas.”

20170218_1623402-copyPara esto, en el requerimiento fiscal los policías no ofrecen ningún elemento comprobatorio. Extrañamente, la pertenencia sólo se menciona en el apartado “Datos Personales del Imputado”, pero no aparece en los “Fundamentos de la Imputación”.

El mismo requerimiento fiscal afirma que “se desconoce si el imputado posee antecedentes”. Sin embargo, Xenia Contreras, jefa de Comunicaciones de la PNC, afirma en una llamada al periódico MAS que Daniel Alemán “está fichado de pandillero”.

Esta llamada la hizo Xenia Contreras, porque la hermana de Daniel, Tatiana Alemán, trabaja en la redacción de MAS. Es ella que en redes sociales ha denunciado la captura de su hermano. MAS no estuvo haciendo ninguna investigación del caso pidiendo explicaciones a la PNC, más bien Xenia Contreras contactó al MAS para invalidar las denuncias de Tatiana. ¿Un intento -por cierto infructuoso- de coartar a Tatiana Alemán el derecho de defender a su hermano?

En el transcurso de esta investigación se trató a contactar a la directora de comunicaciones de la PNC para que explique las inconsistencias de las declaraciones de los policías de Altavista, y para que tuviera oportunidad de explicar en qué se basó su afirmación de Daniel estaba “fichado de pandillero”. Hasta cerrar esta nota, ni Xenia Contreras ni la PNC contestaron los mensajes en Whatsup. Sólo contestó una colaboradora de comunicaciones que prometió pasar las preguntas a su jefa y a la dirección de la PNC.

Los “antecedentes”

De hecho, Daniel Alemán no tiene ningún antecedente penal, ni ha sido detenido o investigado anteriormente. Sin embargo, existen antecedentes en la relación del imputado Daniel Alemán con los agentes de la subdelegación Altavista. Un día antes de su detención, el 9 de enero, Daniel fue enviado por su madre a comprar en una tienda cercana al parqueo que la PNC erróneamente señala como el lugar de su posterior detención. En la tienda Daniel fue abordado por los mismos agentes que el día siguiente lo detuvieron. Fue revisado sin resultado ninguno, pero lo detuvieron en el lugar, hasta que se presentó su madre, alertada por vecinos. En esta ocasión, uno de los agentes dijo a la madre: “Usted no le ande abrazando a este bicho, mejor dele una vergueada, si no se la voy a dar yo.”

Para los jóvenes de la colonia, este comportamiento no es nada inusual, dicen recibirlo permanentemente de los policías de Altavista. Otro “antecedente” de Daniel es que en diciembre 2016, estando en la casa de unos amigos, entraron policías sin orden de allanamiento, registraron la vivienda y todos las personas adentro, incluyendo a Daniel. Lo único que le encontraron fue un celular, el cual se lo robaron. No denunció el robo. “¿Cómo y dónde denunciar, si el misma policía?”, comenta la hermana de Daniel.

Algo anda mal en Altavista. Los habitantes entrevistados, no sólo los jóvenes, expresan que si de alguien tienen miedo en la colonia es de los agentes de su subdelegación. En cambio, dicen no sentirse amenazados por los pandilleros de la zona. “Ahí andan, no se meten con nosotros”, dice un de los amigos de Daniel.

Meira Alemán, la madre de Daniel, en el Complejo Deportivo Altavista

Meira Alemán, la madre de Daniel, en el Complejo Deportivo Altavista

Las dudas sobre evidencias y testimonios falsos

Todo indica que el informe de la Unidad de Control va a confirmar que la detención de Daniel Alemán fue arbitraria y que los agentes, para tapar el error cometido, llegaron al extremo de falsificar evidencias y dar testimonio falso. Pero esto ya no es un error, es un delito. Mientras tanto está preso Daniel, a quien todos en Altavista describen como un muchacho sano y amable que se dedicaba a ayudar a su madre en su negocio de hacer y vender pan, y que para finales de enero ya tenía un trabajo formal en una maquila de electrónicos en San Bartolo.

¿Cómo es posible que los agentes de Altavista, luego de encontrar nada en la revisión corporal efectuada a Daniel frente a docenas de testigos, dicen haberle encontrado un bulto de marihuana en el camino a la subdelegación?

¿Por qué cambiaron lugar y hora de la detención? Cambiando la hora, PNC y FGR incluso se meten en otro problema de inconsistencia: Según el requerimiento fiscal, lo capturaron a las 6.35pm en el mencionado parqueo. Lo llevaron a la subdelegación Altavista, apareció la droga, lo trasladaron a San Bartolo, efectuaron la “prueba de campo” para determinar que el paquete contenía droga, y resultado de esto le comunican su detención formal a las 7pm. Es imposible que todo esto haya pasado en 25 minutos.

¿Por qué los investigadores, luego de presuntamente haber encontrado droga, nunca allanaron la vivienda de la familia Alemán, y nunca entrevistaron a los testigos en la escena de la detención de Daniel?

¿Por qué la jefa de comunicaciones de la PNC, Xenia Contreras, afirma que Daniel es “fichado de pandillero”, cuando en el mismo requerimiento fiscal consta que no existen informaciones al respecto?

¿Por qué la jefa de comunicaciones de la PNC contactó a la empresa donde trabaja la hermana de Daniel para advertirles que su empleada es hermana de un “pandillero fichado”? ¿Será para ejercer presión que la hermana deje de denunciar en redes sociales las acusaciones falsas contra su hermano?

Todas estas son preguntas que deja abierto el procedimiento – y la PNC se niega a contestarlas. Todo depende ahora del informe de la Unidad de Control, la cual sí hizo las entrevistas pertinentes a los testigos. En una solicitud de acceso a información pública, se pidió a la PNC el informe de la Unidad de Control, pero no ha recibido respuesta. En una comunicación telefónica con el oficial de información de la Inspectoría General de Seguridad Pública, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad, la respuesta fue que estos informes son reservados. Le tocará al juez de paz solicitarlo.

Con toda la información disponible, sólo queda una conclusión: Daniel y todos los jóvenes de colonias como la Altavista son “los sospechosos de siempre”. Lo detuvieron por equivocación, sin fundamentos sostenibles. Luego fabricaron “evidencias” para justificar la detención. Y ahora ya no pueden corregir el error, porque ya cometieron delitos.

Lea también la Carta de Paolo sobre el tema:
Carta al director general de la PNC: Está en sus manos
corregir una injusticia

La Policía mata y miente de nuevo. EL FARO

Republicamos una investigación publicada por El Faro hace un año. La justicia no ha escalrecido los hecho en ella reportados.

Segunda Vuelta

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

***

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

***

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

***

El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

***

Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

Carta a los partidos PDC-GANA-PCN: Cuidado con lo que piden. De Paolo Luers

No es tarea de la CEL elevar los costos de la energía para luego compensar el daño a la economía familiar y nacional pagando subsidios. Esto es precisamente lo que pasaría si ustedes tuvieran éxito con su propuesta. La única manera que CEL podría asumir el pago de los subsidios es elevando el precio de la energía. Esto se llama círculo vicioso…

Paolo Luers, 19 enero 2017 / EDH

paolo luers caricaturaEstimados señores:
Ustedes trataron de desempatar el debate sobre el presupuesto 2017 con una propuesta que suena bien, pero no es racional. Anunciaron que van a aprobar el presupuesto siempre y cuando el gobierno firme el compromiso que la CEL va a asumir los subsidios a la electricidad.

Tienen razón en una cosa: Alguien los va a tener que pagar. Por el momento, los subsidios -que nadie tiene el valor de quitar, mucho menos en un año preelectoral- no aparecen en ninguna parte. No están en el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno del FMLN, ni en el presupuesto que CEL ha presentado a la Asamblea.

diario hoyPero la solución que ustedes plantean -que los pague CEL- no es solución. La tarea de CEL es producir electricidad a precios bajos que no afecten al consumidor ni a la industria. Lastimosamente, la CEL ha dejado de cumplir este mandato. La energía es cara, y es uno de los factores que impide el crecimiento económico del país.

No es tarea de la CEL elevar los costos de la energía para luego compensar el daño a la economía familiar y nacional pagando subsidios. Esto es precisamente lo que pasaría si ustedes tuvieran éxito con su propuesta. La única manera que CEL podría asumir el pago de los subsidios es elevando el precio de la energía. Esto se llama círculo vicioso…

Como ya señalaron varios organismos financieros internacionales, las finanzas de CEL ya están en una situación crítica. Es por esto que CEL no incluyó en su presupuesto 2017 más que unos simbólicos $100 para subsidios. No los puede pagar sin violentar su propia misión, y sin quedarse sin fondos para las necesarias inversiones en la generación de energía barata y competitiva.

¿Por qué la industria energética del Estado está en esta situación financiera? Bueno, por decisiones equivocadas de los gobiernos de Saca y Funes y Sánchez Cerén y de las personas poco idóneas que han puesto al frente de CEL, INE y LaGeo, El Salvador ha gastado casi 1,000 millones de dólares que lamentablemente no se reflejan en mayor y más barata generación de energía. Sumemos: Pagaron 284 millones a ENEL, para cumplir el deseo de Funes de deshacerse de este socio estratégico en LaGeo; pagaron no menos de 20 millones en gastos legales en este pleito; invirtieron 200 millones en la ampliación de la 5 de Noviembre, a pesar de que se sabía que solo iba a aumentar la generación durante 2-3 meses, si Dios es grande y nos manda buenos inviernos; y decidieron terminar la presa El Chaparral, a pesar de que sus costos se dispararon de 98 a 135 y al final a 416 millones. De esto, 108 millones corresponden al “arreglo directo” con la constructora ASTALDI que había ordenado Mauricio Funes.

Todas estas decisiones políticas, no compartidas por los técnicos y sus estudios, tienen a CEL y LaGeo en una situación precaria que no les va a permitir hacer las inversiones grandes que necesita el país para hacerse de energía a bajo costo.

Ustedes están equivocados cuando presentan los subsidios como un problema de CEL.

Los subsidios existen por razones políticas, son parte de las políticas públicas de los últimos 3 gobiernos de corte populista: Saca, Funes, Sánchez Cerén. Los gobiernos tienen que responder por sus decisiones políticas, y sus costos tienen que incluirse en su Presupuesto General de la Nación.

El problema del subsidio hay que verlo dentro del debate sobre el presupuesto. Es uno de los rubros que el gobierno se niega incluir, aunque es su obligación constitucional incluir todos los gastos. No los quieren incluir, porque al incluirlos el presupuesto resultaría desfinanciado. Al ser desfinanciado, el presupuesto necesita recortarse en otras partes, lo que se niega hacer el FMLN. O incluir préstamos para cubrir el déficit. Pero al incluir préstamos, necesitarían mayoría calificada (o sea, los votos de ARENA) para aprobar el presupuesto.

Este es el punto, señores. Este es el debate. No traten de ayudar al gobierno a seguir haciendo cuentas alegres para evitar el debate central que es sobre el presupuesto.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

¿Quiénes mataron a William? De Mario Vega

Los hechores dejaron al lado una nota que decía: “Una rata menos, atentamente grupo de exterminio”

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 29 diciembre 2016 / EDH

William Amaya nació en una comunidad de marginados en San Salvador. Al igual que otros jóvenes, vio en las pandillas la manera de alcanzar significado social, la oportunidad de ser. Se tatuó el cuello con los símbolos de su pandilla y se dedicó a vivir del delito. Tiempo después, en Iglesia Elim tomamos la decisión de intervenir la comunidad donde él vivía y en 2011 William tuvo una experiencia de conversión al evangelio. La pandilla respetó su decisión y le dieron de baja. Pero un joven que vive en una comunidad marginada, con antecedentes penales y tatuado no tiene muchas oportunidades en una sociedad tan vengativa como la salvadoreña. Eso lo entendemos muy bien en la iglesia y, consecuentemente, nuestro programa de intervención va más allá de la simple evangelización con palabras. Sucedió que William tenía habilidad para el canto, era un buen rapero. La iglesia le apoyó para que grabara su primer volumen que, de manera muy significativa, lo tituló “De las tinieblas a la luz”. Luego, William se dedicó a cantar en actividades de iglesias en donde ofrecía sus discos compactos caseros por pequeñas cantidades que le ayudaban a cubrir los gastos de su hogar.

diario hoyNo obstante su transformación, seguía siendo detenido arbitrariamente por las fuerzas del orden. A pesar de que la Ley de Rehabilitación y Reinserción de Miembros de Pandillas fue prometida en 2010, hasta el presente, los jóvenes que son rehabilitados por el evangelio no tienen garantía legal alguna en contra de los abusos. Fue así como en 2012, al igual que en otras ocasiones, fue capturado sin orden judicial a criterio de un oficial de turno y encarcelado por 14 meses en “detención administrativa”. La iglesia le colocó un abogado y, al no presentarse una acusación que no fuera su apariencia, fue dejado en libertad. Pensando en que un trabajo formal podría ayudarle a evitar las capturas arbitrarias, le enviamos a la empresa League, en donde, al igual que otros jóvenes rehabilitados, fue recibido con trabajo formal. Pero, el atravesar la ciudad para ir a trabajar se convirtió en un problema para su seguridad. Fue así que le apoyamos para que se hiciera de una motocicleta de segunda.

William se mantuvo trabajando por espacio de tres años, levantándose muy de mañana. De acuerdo a su costumbre, el lunes 19 de diciembre salió de su casa a las cinco de la mañana. Lo siguiente que se supo es que su cuerpo fue encontrado en la colonia Las Flores, de Soyapango, atado de manos y con cuatro tiros. Los hechores dejaron al lado una nota que decía: “Una rata menos, atentamente grupo de exterminio”. ¿Quiénes mataron a William? La vox populi sabe quiénes son los integrantes de los grupos de exterminio. Pero también pudiera ser que la nota solo tuviera el propósito de confundir. Lo que sí sabemos es que William no era una rata, tampoco era un miembro de pandillas. Era un joven trabajador de 26 años que deja en la orfandad a sus dos hijos de 6 y 3 años. Ese fue el regalo de fin de año que sus niños recibieron de parte de una sociedad excluyente e irreflexiva. Una sociedad que se reputa como cristiana, pero que no asimila la posibilidad de que una persona tenga una segunda oportunidad.

Carta al gabinete de Seguridad: Venganza y justicia son incompatibles. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 19 noviembre 2016 / EDH

Estimados señores funcionarios:
Sigue corriendo la sangre. 43 policías y 21 soldados han muerto este año en el enfrentamiento entre la fuerza pública y las pandillas. De los policías, militares y pandilleros muertos, unos han caído en situaciones de enfrentamiento y muchos (de ambos bandos) han sido ejecutados. Desde la implementación de las ‘medidas extraordinarias’ se ha activado una cadena de venganza que, al no pararse, va a erosionar el Estado de Derecho.

diario hoyLa policía y el ejército no solo tienen el derecho, tienen el deber de responder a cualquier ataque a sus miembros. Pero las autoridades tienen que responder dentro de la ley y el absoluto respeto a los Derechos Humanos. La respuesta al crimen tiene que ser la consecuente aplicación de la justicia, nunca la venganza al margen de la ley y nunca la represión indiscriminada.

En este sentido, la reacción de las autoridades al reciente asesinato de un subinspector de la PNC y su hijo en Quezaltepeque fue peligrosa. Sin haber tenido tiempo de investigar el hecho, ustedes ordenaron el mismo día el traslado de 30 pandilleros que guardaban prisión en los penales de Ciudad Barrios e Izalco al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esto podría ser una medida adecuada dentro de las facultades legales, si fuera resultado de una investigación que arroja pruebas. Pero obviamente no es así. El fiscal general simplemente declaró, el mismo día del hecho, que la orden provino de estos dos penales “a voz viva”. Esto es risible: si hubiera pruebas de que internos trasladaron órdenes de atentar contra policías a gritos de una sección del penal a otra, las autoridades hubieran tenido que tomar medidas preventivas. Es obvio que FGR y PNC simplemente decidieron tomar medidas de represalia ejemplarizantes contra la pandilla que ellos asumen cometió el ataque al subinspector y su familia.

Lo más grave es que inmediatamente las más altas autoridades dieron declaraciones públicas resaltando el carácter vengativo de las medidas. El vicepresidente Óscar Ortiz, quien por lo menos nominalmente coordina el área de Seguridad, dijo que los 30 trasladados, acusados de haber ordenado el ataque, “no tienen derecho a ver el sol ni la sombra”. El ministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, no se quedó atrás: “A partir de este día quedan sometidos al aislamiento total y no tendrán derecho a la hora de sol”. Y Rodil Hernández, director general de Centros Penales, dijo que los acusados “no merecen ningún tipo de atención del sistema.” 

Se entiende que estas son palabras fuertes para mostrar a los miembros de la policía que sus jefes los están defendiendo, pero evidentemente salen del marco de la ley. No apuntan a la aplicación de la ley, sino a medidas ejemplarizantes fuera de la ley. La situación en los seis penales para pandilleros ya ha sido clasificada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional y el régimen especial establecido por el Gobierno ha sido denunciado por la Procuradora de Defensa de los Derecho Humanos como parecido a “centros de torturas de épocas pasadas; se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado.” 

La PDDH denunció que con sus ‘medidas especiales’ el Gobierno decidió negar a los internos la atención médica incluso en casos graves y el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud ya está activando un plan de emergencia, porque entre la población interna en los seis penales afectados por el régimen especial los casos de tuberculosis se ha aumentado en un 100% a partir de la vigencia de las ‘medidas extraordinarias’ de aislamiento, debido al encierro total, la falta de aire fresco y exposición al sol. Esto constituye una epidemia que puede poner en peligro la salud de la población en general.

En este contexto, las declaraciones de Ortiz, Landaverde y Rodil Hernández son irresponsables y atentan contra el Estado de Derecho que pretenden proteger.

El fiscal general no se queda atrás y amenaza, de manera peligrosamente generalizada, con persecución criminal y cárcel a los abogados que asumen la asistencia legal de pandilleros. Las máximas autoridades del Estado no pueden incurrir en este tipo de amenazas. Su respuesta a los crímenes cometidos contra policías tiene que ser mejor inteligencia, mejor investigación y no represalias sumarias y medidas vengativas fuera de la ley.

Si la respuesta del Estado consiste en incrementar la presión extralegal contra los internos y sus abogados, en estrategias diseñadas a causar más bajas fatales a las pandillas, incluyendo ejecuciones, entramos en una espiral de venganza destructiva para nuestro orden jurídico. Inmediatamente después de las amenazas por parte del vicepresidente, del fiscal y de los responsables de Seguridad, apareció en las redes sociales un comunicado de un autollamado “Grupo de Exterminio de El Salvador (GDEDES)”, anunciando que “dará orden de asesinar a pandilleros y sus familiares. Si quieren guerra, guerra van a tener”. 

Y entonces, ¿quién va a parar esta guerra de todos contra todos?

Muchos de ustedes van a interpretar mis palabras como defensa de los pandilleros, pero se trata de defender el Estado de Derecho contra los criminales, pero también contra los que pretenden defenderlo con más crímenes.

Ustedes tienen la responsabilidad legal y moral de reducir la violencia y tomar medidas para parar la espiral de venganza. Como funcionarios, no pueden ser parte de ella. De igual forma, hay que hacer un llamado a las pandillas a cumplir lo que han prometido reiteradamente a la nación: abstenerse de cualquier acción que aumente la violencia. Si no, no tendrán a nadie que defienda los derechos humanos de su gente en los penales y de sus familias en las comunidades.

Escribo estas palabras con mucha preocupación,

 

44298-firma-paoloPosdata:
Cuando fue escrita esta carta, todavia el gabinete de Seguridad, encabezado por el vicepresidente Oscar Ortiz no había presentado su nuevo plan para reaccionar a los recientes asesinatos de policías. Por tanto no tenía idea que este plan se iba a llamar ‘Plan Némesis’. Némesis fue la diosa griega de le venganza
Némesis tambien fue la diosa de la ‘justicia retributiva’, o sea luchaba contra las fortunas mal habidas de los gobernantes. Pero si el gabinete de Seguridad  hubiera  enfocado en esta última atribucion de la diosa Némesis, hubieron llamado ‘Plan Némesis’ el operativo contra los ex-presidentes Funes ys Saca…
P.L.

Casi que Guardia Nacional Civil. De Roberto Valencia/El Faro

La Fuerza Armada y sobre todo la PNC están matando a presuntos pandilleros: unos 35 cada mes desde que el gobierno desató la ‘guerra’ contra las maras, en enero de 2015. El Gabinete de Seguridad justifica la matanza como enfrentamientos conforme a ley, pero el análisis pormenorizado de las cifras y su comparación con las de otros países con problemas de abusos policiales como México o Estados Unidos “apuntan a la presencia de ejecuciones sumarias”, asegura un experto.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un "enfrentamiento". Foto Víctor Peña.

Un integrante del GRP custodia la mañana del 8 de febrero de 2016 la colonia Villas de Zaragoza. Según una investigación de El Faro que ha retomado la PDDH, los policías mataron a tres pandilleros menores de edad rendidos y a un joven trabajador llamado Armando Díaz, para luego presentarlo como un “enfrentamiento”. Foto Víctor Peña.

roberto-valenciaRoberto Valencia, 3 octubre 2016 / EL FARO

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mataron a 693 presuntos pandilleros en 20 meses. Más allá de la cifra, surrealista en un país de 6.5 millones de habitantes, la relación con otros parámetros –como las bajas propias o el número de heridos que dejan los supuestos enfrentamientos– refuerza la tesis de que las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo un uso desproporcionado de sus fusiles de asalto y que cometen ejecuciones extrajudiciales.

el faroLos abusos policiales son objeto de estudio en distintas sociedades, y la comunidad internacional ha consensuado indicadores de alerta. El Salvador los está sobrepasando todos. Un par de ejemplos: en los enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, tres presuntos mareros fallecieron por cada uno herido; asimismo, la relación en esos intercambios de disparos es de una víctima mortal policial por cada 53 provocadas.

“La incidencia de muertes de civiles a manos de agentes del Estado es muy elevada en El Salvador, incluso en comparación con países con problemas parecidos, como Brasil”, dice el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y reconocido experto en la materia por sus trabajos sobre la violencia policial en las favelas. “Los datos de El Salvador apuntan a un uso abusivo de la fuerza letal y a la presencia de ejecuciones sumarias”, sentencia Cano.

El Faro solicitó a la PNC, vía Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de todos los hechos que la institución policial clasificó como “enfrentamientos”, desde enero de 2015 –cuando el gobierno declaró la ‘guerra’ a las pandillas– y el 31 de agosto de 2016. Además de la ubicación temporal y geográfica, se pidió el detalle de los fallecidos y heridos en cada uno de los bandos, así como otras variables como el sexo y la edad de las víctimas.

Confrontadas con estudios similares en Brasil, México y Estados Unidos, la Policía Nacional Civil sale muy mal librada, con patrones de conducta similares a los atribuidos a los cuerpos policiales que operaban antes de los Acuerdos de Paz –como la extinta y temida Guardia Nacional, por ejemplo–, en las antípodas del comportamiento que se presupone a una policía de un estado democrático. “Y el abuso de la fuerza de los agentes del Estado se agravó en 2016”, dice Cano, el experto al que El Faro facilitó los datos para que los analizara e interpretara.

Bajo condición de anonimato, se habló con un oficial de la PNC que tiene a su cargo una subdelegación policial. “Nunca he recibido una orden de un superior para matar o para encubrir”, dice, pero “es evidente que entre los policías ha aumentado el odio hacia los pandilleros, el deseo de venganza, y sí escucho conversaciones de agentes que dicen: a estos hijos de puta hay que matarlos a todos”. Este oficial cree que las unidades especializadas, como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y las recién creadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), son las más propensas a cometer ejecuciones sumarias.

Las cifras oficiales, los informes y los testimonios avalan los temores sobre el actuar de la PNC y de la Fuerza Armada expresados ya por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas oenegés, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

No obstante, el gobierno respalda sin fisuras la labor de las fuerzas de seguridad y niega que estén violando los derechos humanos. “Los enfrentamientos ocurren cuando los delincuentes responden con disparos ante el intento de la Policía de detenerlos… y entonces mueren”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, el pasado 16 de septiembre en el programa de entrevistas Hechos AM, de Canal 12.

Comparaciones odiosas

El 26 de agosto, el periódico Chicago Tribune publicó una investigación similar referida al Chicago Police Department (CPD) y basada también en solicitudes de acceso a la información.

En los seis años (72 meses) transcurridos entre enero de 2010 y diciembre de 2015, el CPD registró 435 enfrentamientos armados con presuntos delincuentes, con saldo de 92 muertos y 170 heridos, un índice de letalidad de 0.54. Chicago tiene 2.7 millones de habitantes y el CPD lo integran unos 12,000 policías.

En El Salvador, en apenas 20 meses transcurridos entre enero de 2015 y agosto de 2016, la PNC registra 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos, un índice de letalidad de 2.72. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y la PNC la integran unos 23,000 policías.

El índice de letalidad es un indicador consensuado internacionalmente para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Establece la relación entre adversarios muertos y heridos en los enfrentamientos contra policías y/o soldados. “En cualquier enfrentamiento armado legítimo, sea policial o militar, es esperable encontrar un mayor número de heridos que de muertos, con lo que el coeficiente debería ser siempre inferior a 1”, dice Ignacio Cano.

“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos, y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno”, apunta en la misma línea un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad en la ‘guerra’ contra el narco librada en aquel país.

“La guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto durante los años de 1964 a 1973 [índice de letalidad: 0.25], y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo un índice de 4.5 heridos por cada muerto en 1982 [índice de letalidad: 0.22]”, ejemplifica el estudio de la UNAM.

En El Salvador, el índice de letalidad de sus fuerzas de seguridad en 2015 fue de 2.3, mientras que en los ocho primeros meses de 2016 saltó a 3.1. Estos números podrían ser más altos, ya que se han calculado sobre una categoría que la PNC etiquetó como ‘Pandilleros lesionados’, que no especifica si la lesión se produjo en el intercambio de disparos o después, en el traslado o en algún interrogatorio.

“Cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar”, dijo el director Cotto en la entrevista. “El policía en la actualidad anda en un estado de psicosis, y a veces es natural lo que dicen: mejor disparar primero”, dice el oficial que aceptó conversar con El Faro desde el anonimato.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador es muy precisa cuando determina cómo deben actuar los agentes en una situación de riesgo en la que se vean obligados a utilizar sus armas. El artículo 15 establece que “los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Los policías están obligados por ley a “reducir al mínimo los daños y lesiones, y a respetar y proteger la vida humana”, así como a “proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” en un intercambio de disparos.

¿Dónde hay más enfrentamientos?

En 20 meses son 1,074 los episodios catalogados por la PNC como ‘Enfrentamientos de policías o soldados con pandilleros’, lo que supone un promedio de 54 cada mes. Como referencia, el Departamento de Policía de Chicago promedia seis balaceras mensuales entre sus oficiales y presuntos delincuentes.

Cuando se comparan 2015 y 2016, la PNC está siendo mucho más letal con el paso de los meses. En ocho meses de 2016 acumula 373 presuntos pandilleros fallecidos, por los 320 registrados en todo 2015. En 2013 y 2014 hubo 39 y 49; la ‘guerra’ ha multiplicado por diez los presuntos mareros caídos. En cuanto a las bajas en las fuerzas de seguridad, en los enfrentamientos murieron 13 policías y 4 soldados en 2015, 4 y 3 respectivamente hasta el 31 de agosto de 2016.

Otros datos significativos son, por un lado, de género: el 99 % de los presuntos pandilleros son de sexo masculino; por otro lado, de edad: aunque la PNC asegura no haber podido establecer la edad de 330 de loa 693 víctimas mortales, entre los identificados hay 63 menores de edad, de donde se puede inferir que cerca de un centenar de los fallecidos son adolescentes menores de 18 años, “niños” según los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos, los departamentos más afectados –una vez ponderadas las cifras– son La Paz, Cuscatlán y Usulután. En el extremo opuesto, Ahuachapán, Morazán y Chalatenango –en ese orden– son los territorios en los que menos choques armados ha habido entre policías y pandilleros. A escala municipal, lo más reseñable es que pueblos y villas con vocación rural son el escenario predilecto.

Pero de todos los datos, el más preocupante a juicio del experto Ignacio Cano, es la relación entre bajas que tienen los policías-soldados y bajas de los pandilleros. En 2015 fue de 1 a 19.

En México, ni siquiera en los años más duros de la ‘guerra’ contra el narco se tuvieron indicadores tan disparados. La Policía Federal de México cosechó una relación de bajas 1 a 10 en 2012. Y el Ejército, actor clave en ese conflicto, tuvo entre 2011 y 2013 cifras arriba de 1 baja propia por cada 20 provocadas, con un pico de 32 en 2011.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destituyó a finales del agosto al máximo responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, después de que la institución fuera señalada de ejecuciones extrajudiciales.

En 2016, la Policía Nacional Civil salvadoreña tiene una relación entre bajas propias y provocadas de 1 a 53.

“De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más allá de lo necesario”, reza el informe de la UNAM, elaborado por un investigador estadounidense evocado también por Ignacio Cano para concluir que hay “abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de la ley en El Salvador”.

Paradójicamente, en el discurso con el que la PNC justifica la matanza de la ‘guerra’ contra las pandillas, se remarca que los presuntos pandilleros están fuertemente armados cuando son abatidos. “Solo en los procedimientos en los ha habido enfrentamientos, son 443 armas incautadas a los pandilleros este año; entre ellas, 18 fusiles AK-47 y 16 fusiles M-16”, dijo el director Cotto.

Presuntos pandilleros

Que en este reportaje las referencias a los muertos provocados por policías y militares sean llamados “presuntos pandilleros” no es una simple formalidad. En julio de 2015 y en febrero de 2016 El Faro reveló cómo agentes de la Policía asesinaron a dos jóvenes que luego la institución presentó como “pandilleros” aunque no formaban parte de estas estructuras.

El joven Dennis Alexander Martínez, por ejemplo, fue ultimado de un balazo en la cabeza por agentes de GRP mientras suplicaba arrodillado por su vida; ocurrió en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015, pero en las estadísticas policiales Dennis aparece como pandillero.

Lo mismo ocurrió con el joven trabajador Armando Díaz, ejecutado el 8 de febrero de 2016 –también por el GRP– en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, cuando tres menores de edad pandilleros que huían de un operativo policial se colaron por el techo de su vivienda; Armando es uno de los 693 pandilleros matados en defensa propia en los reportes oficiales.

Pese a que estos casos son públicos, así como otros revelados por otros medios de comunicación o incluso en informes oficiales de la PDDH, los eventos que la PNC etiqueta como “enfrentamientos” rara vez despiertan el interés de la Fiscalía General de la República, con excepción de los poquísimos enfrentamientos en los que sí hay víctimas entre policías o soldados.

Desde la Fiscalía, se rechaza la idea de que la institución sea benevolente con los abusos policiales. Su director de comunicaciones, Salvador Martínez, asegura que la muerte de un pandillero se procesa “como la de un médico o la de un campesino”. Ante la solicitud de conocer al detalle cuántos policías o soldados han sido procesados por participar en enfrentamientos, la respuesta de Martínez fue: “No es que nosotros no queramos dar la información, sino que tendríamos que analizar los seiscientos y pico de casos, uno por uno, para saber quiénes están siendo procesados”.

Pese al discurso de Martínez, un documento interno de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro evidencia que solo una de las 693 muertes de presuntos pandilleros causadas por las fuerzas de seguridad en 20 meses ha superado la barrera de la audiencia inicial en los tribunales: el joven Dennis Martínez, uno de los ocho fallecidos en la emblemática matanza de la finca San Blas.

En las restantes muertes, el 99.86 %, la Fiscalía hasta la fecha ha dado por válidas las versiones policiales.

PNC y derechos humanos

La PNC es la institución estatal que más denuncias acumula en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según una encuesta publicada a finales de agosto por LPG Datos, la unidad de investigación social del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el porcentaje de personas que dijeron haber sufrido maltrato policial saltó del 11 % en 2015 al 16 % en 2016.

No obstante, en El Salvador parece haber una mayoría social y política que tolera e incluso que aplaude los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en la ‘guerra’ contra las maras. La misma encuesta revela que los salvadoreños que tienen una opinión buena o muy buena de la PNC pasaron del 52 % al 54 %.

“Algunos policías se han dejado llevar por lo que pide la población”, dice el oficial de la PNC que aceptó hablar bajo condición de anonimato: “En las redes sociales, de cada 60 comentarios, 59 piden la muerte de todos los pandilleros”.

El sábado 12 de septiembre, desde la cuenta oficial de Twitter de la PNC se compartió una imagen de dos policías –un hombre con traje de protección como el que usa la Unidad de Mantenimiento del Orden y una mujer vestida con la camisa blanca oficial–, bajo el eslogan ‘Nuevo tiempos, héroes de El Salvador’. El fotomontaje se acompañó con este mensaje: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Al día siguiente, y después de que en las redes sociales se alzaron algunas voces críticas, el tuit fue eliminado y se difundió la misma imagen con un texto más correcto políticamente: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”.

Cuando se analizan al detalle las cifras de muerte que está dejando la ‘guerra’ y se comparan con situaciones similares en países como Brasil y México, la idea expresada en el tuit neutralizado de que “todo está permitido” en el actuar de la PNC parece algo mucho más que un desliz del community manager de la cuenta oficial de Twitter.

Rescate del cuerpo de un agente de la Policía Nacional Civil, que el pasado 9 de febrero perdió la vida en un enfrentamiento a tiros en este cerro del municipio de San Vicente, que se levanta ante el valle de Jiboa, un icono de los paisajes de El Salvador. Al fondo, el volcán Chichontepec./ Foto El Faro: Víctor Peña

Rescate del cuerpo de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil fallecido en un enfrentamiento con pandilleros, ocurrido el 9 de febrero de 2016. Al fondo, el volcán Chichontepec. Foto Víctor Peña.