Salvador Samayoa

Por qué celebramos el XXV aniversario del Acuerdo de Paz. De Salvador Samayoa

Salvador Samayoa fue firmante de los Acuerdos de Paz por parte de la guerrilla. Actualmente es analista y observador de la realidad política. | Foto por Menly Cortez

Salvador Samayoa fue firmante de los Acuerdos de Paz por parte de la guerrilla. Actualmente es analista y observador de la realidad política. | Foto por Menly Cortez

Salvador Samayoa, 11 enero 2017 / EDH-Observadores

De conformidad con la proyección de población realizada por la Dirección General de Estadística y Censos, la pirámide poblacional 2016 nos revela una composición de grupos etarios realmente impresionante. Resulta que unos 3,200,000 salvadoreños están en el segmento de 0 a 24 años, aproximadamente 1,000,000 en el segmento de 25 a 34 años, y el resto, unos 2,300,000 son mayores de 34 años. Eso significa que una cantidad muy grande de personas, casi la mitad de la población total del país (49 % para ser exactos), no había nacido cuando terminó la guerra. Si a esa cantidad agregamos el grupo etario de 25 a 34 años, tenemos que más de cuatro millones de nuestros compatriotas (4,200,000, el 64.6 % de la población actual de El Salvador) no habían nacido o tenían menos de 10 años cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

observadorA estos jóvenes menores de 34 años, que no vivieron en absoluto el enfrentamiento armado, o estaban demasiado pequeños para vivirlo de manera consciente y recordarlo ahora de manera más o menos lúcida y articulada, cualquiera les dice que estamos igual o peor que antes, que la paz “solo” fue la terminación de la guerra, como si eso fuera algo carente de valor o de importancia para la vida de cada uno y para la situación del país.

Tal apreciación es, sin duda, equivocada. Sin restar importancia a la violencia de pandillas que ahora abate a tanta gente, es obvio y debe establecerse claramente que la guerra y la violencia política generalizada es incomparablemente más dura y más grave que la violencia delincuencial. Una guerra afecta a todos, sin excepción. Además de los muertos -que siempre son muchos más de los que las partes reconocen y los medios registran- deja decenas de miles de lisiados y mutilados; destruye carreteras, puentes y otras infraestructuras; incendia bosques, praderas y sembrados, arrasa comunidades y caseríos, produce matanzas de pobladores atrapados en las zonas de conflicto y expulsa de sus hogares a cientos de miles de personas. La guerra no se hace con armas cortas, la gente sufre, sobre todo en el campo, con los bombardeos aéreos y el fuego de artillería. La gente sufre con los atentados y las explosiones en cualquier momento y en cualquier parte. El nivel de destrucción material y la distorsión de todos los circuitos sociales es descomunal.

El enfrentamiento armado interno, igual que los conflictos internacionales, termina otorgando poderes extraordinarios a los gobiernos, incentivando la prepotencia de los ejércitos enfrentados, esgrimiendo razones de Estado para justificar toda suerte de excesos, abusos y violaciones a los derechos humanos; termina imponiendo el estado de sitio, restringiendo todas las libertades de los ciudadanos, produciendo temor e incertidumbre, generando desconfianza entre las personas, dividiendo a las familias, envenenando la convivencia y sumiendo en la desesperanza a casi toda la población.

Nosotros no olvidamos los años aciagos. Que nadie venga a decirnos ahora que terminar con la guerra y con todas las formas de violencia política no fue un hito de gran trascendencia en la historia del país. Si vivir en paz -en esta paz que “solo” es ausencia de guerra y de violencia política- no es importante, habría que preguntar si están de acuerdo con semejante ligereza a los pueblos que en los últimos 25 años, mientras nosotros vivíamos en paz, sufrieron la continuación interminable de sus conflictos internos o el estallido de guerras terribles.

Los que no valoran la paz como fin de la guerra, que vean el inmenso sufrimiento de millones de personas en zonas o países como la franja de Gaza, Afganistán, Irak, Bosnia, Georgia, Somalia, Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda, Chechenia, Kosovo, Siria, para solo citar algunos de los conflictos más sangrientos de los últimos años; o el tremendo desasosiego en ciudades como Nueva York, Madrid, Londres, Bruselas, París, Estambul, Bali, Argel, Mumbai o Casa Blanca, que sufrieron atentados terroristas demenciales, como forma extrema del odio, la intransigencia y la violencia.

Definitivamente no tener una situación de guerra, de amenazas terroristas o cualquier otra forma de violencia política es una inmensa bendición. Por eso conmemoramos y celebramos el XXV aniversario de nuestro Acuerdo de Paz.

Por eso y por otras razones importantes, porque el Acuerdo de Paz, además del cese del enfrentamiento armado, produjo una reforma fundamental del sistema y un cambio crucial en la convivencia política. En este sentido, conviene recordar, por ejemplo, que algunas de las libertades que ahora se dan por obvias y garantizadas no existían o estaban muy restringidas, especialmente en las dos décadas anteriores al conflicto armado y, por supuesto, en la propia década del enfrentamiento. Hubo tiempos en los que se ponían cargas de dinamita en las instalaciones de imprentas, periódicos y radiodifusoras para amedrentar o suprimir la información alternativa o el pensamiento disidente. Con el mismo fin, incontables intelectuales y opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados y en muchos casos torturados, desaparecidos o asesinados. ¿Cómo no vamos a celebrar la libertad de expresión irrestricta de la que gozan ahora todas las personas y todas las corrientes políticas, aunque no siempre se haga un uso responsable de la misma?

En aquellos tiempos los militares hacían uso de las armas para determinar el curso de los acontecimientos políticos; y los insurgentes, a su manera, también. El Acuerdo de Paz zanjó esta deformación histórica y estructural del poder mediante una amplia reforma institucional del sector militar. A partir de tal reforma pudo conminar a la Fuerza Armada advirtiéndole que podía conservar las armas, pero sin intervenir en la política; y a los insurgentes, que podían participar en la política, pero debían dejar las armas. ¿Cómo no vamos a celebrar ahora el crucial atributo democrático de una Fuerza Armada profesional, apolítica, subordinada realmente al poder civil y respetuosa de la voluntad popular, hasta el punto de ser motivo de orgullo nacional?

Conmemoramos y celebramos también la renovación institucional de la Corte Suprema de Justicia emanada del Acuerdo de Paz. Tal vez haya tardado algunos años en comenzar a hacer más visibles y más relevantes los frutos de su reforma, pero es indudable que mucho de la necesaria y esperanzadora lucha que ahora libra el Estado contra la corrupción y la impunidad tiene su origen en la independencia política de la Corte Suprema, de la Fiscalía General y de otras instituciones creadas, fortalecidas o renovadas por el Acuerdo de Paz. No todos van a estar de acuerdo, por supuesto, con cada sentencia judicial. En ese sentido, será siempre lícito opinar o disentir, pero lo decisivo para la democracia, el gran salto histórico y cultural en nuestro país, es que la justicia sea independiente del poder político -a diferencia del pasado- y que los otros poderes hayan tenido que acatar sus resoluciones como manda la Constitución.

La reforma política pactada en el Acuerdo de Paz transformó también el poder electoral. Este fue un logro de incalculable valor histórico para la estabilidad y para la convivencia nacional. Volviendo a la pirámide poblacional, unos 4,950,000 salvadoreños -casi cinco millones- tienen ahora menos de 44 años. Eso significa que el 75 % de la población actual no había nacido cuando se produjo el gran fraude electoral de 1972. El fraude se repitió en 1977 y amplios sectores llegaron a la conclusión de que era imposible acceder al poder por medios pacíficos y democráticos, es decir a través de elecciones libres. En los últimos años hemos tenido errores administrativos -algunos importantes-, reclamos, denuncias y calenturas pos electorales, pero no ha estado realmente en juego -como en el pasado- la legitimidad del poder emanado de las urnas. ¿Cómo no celebrar semejante desarrollo democrático?

Por estos y otros cambios históricos conmemoramos el XXV aniversario de una gesta casi fundacional, pero entendemos que ahora mucha gente, como en otros países, no está satisfecha, sino más bien frustrada, por lo que siente o ve como escasos dividendos de la democracia y de la paz.

El Acuerdo firmado en enero de 1992 resolvió los problemas políticos más agobiantes de ese momento, pero no podía resolver, ni siquiera imaginar, los problemas que tendríamos 25 años después. Tampoco pretendió el Acuerdo dar una solución, que tendría que haber sido casi mágica, al problema de la pobreza, o definir de antemano, de manera obligatoria para los siguientes cinco gobiernos, las políticas que debían generar el crecimiento y desarrollo económico y social. El acuerdo nos legó una reforma del sistema político acorde a ese período, unas reglas de juego democrático, unas instituciones públicas más modernas y un compromiso de todos los actores de renunciar a la violencia como recurso en la lucha por el poder o por la implantación de los modelos o idearios de cada quien.

En ese sentido, el Acuerdo nos legó un escenario nuevo para representar una obra nueva, pero no podía dejar escrita la obra, cuyos autores debían ser, a partir de ese momento, todos los salvadoreños, especialmente los intelectuales de diversas profesiones liberales, las fuerzas políticas, los líderes gremiales, los medios de comunicación y las elites económicas del país. En este desafío hemos acumulado una deuda histórica, especialmente con los más pobres y los más vulnerables; una deuda de lucidez, de solidaridad, de eficacia, de apertura al diálogo, de disposición al entendimiento y de compromiso para sacar adelante a nuestro país.

A la luz de este reconocimiento, hacemos votos para que el XXV Aniversario de la Paz nos obligue a reflexionar como nación y a recuperar el espíritu de aquella histórica negociación.

“Necesitamos erradicar la pobreza, la extrema pobreza y la inseguridad”: Salvador Samayoa

A 25 años del fin del conflicto armado, El Salvador vive todavía en un periodo de transición, afirma el firmante de la paz. Aunque dice que el país ha avanzado en democracia, tiene retos significativos que superar.

Salvador Samayoa fue firmante de los Acuerdos de Paz por parte de la guerrilla. Actualmente es analista y observador de la realidad política. | Foto por Menly Cortez

Salvador Samayoa fue firmante de los Acuerdos de Paz por parte de la guerrilla. Actualmente es analista y observador de la realidad política. | Foto por Menly Cortez

Mirella Cáceres, 5 enero 2017 / EDH

diario hoyLlegar al cuarto de siglo de haberse firmado los acuerdos de paz merece una celebración, dice Salvador Samayoa, quien fue parte del equipo negociador de los acuerdos de paz y firmante del documento histórico que dio paso a un nuevo escenario en el país: al de la fin de la guerra, a uno de “total libertad” para decir determinadas cosas, las que antes no se permitían porque eran reprimidas; un escenario en el que ahora hay elecciones legítimas, un nuevo sistema electoral, independencia judicial y el funcionamiento de las instituciones.

Pero para Samayoa, estos 25 años también deben invitar a hacer una reflexión, sobre todo de compromiso para sacar al país de problemas más acuciantes como son: la pobreza, la inseguridad, e incluso, para entrar en una discusión de qué modelo de Estado queremos.

Para ello, añade, la derecha y la izquierda necesitan ponerse de acuerdo y alejarse de sus posturas “dogmáticas” que no hacen bien al país.

Desde su perspectiva, el país vive todavía un periodo de transición desde la firma de la paz y cree que a lo mejor se requerirán de otros 25 años.

Se le ha dado mucha relevancia al hecho de que se cumplen 25 años de la firma del acuerdo de paz, ¿la tiene para usted?

En primer lugar la paz propiamente dicha, que es la terminación de la guerra, es un valor grande y fundamental en una sociedad y haberla mantenido durante 25 años es un valor suficiente como para merecer celebrar la fecha.

La paz, propiamente, es que termine la guerra y que termine la violencia política, que la gente no se mate para expresar sus opiniones o para resolver sus problemas. Eso es la paz y ese es un valor inmenso, yo lo celebro.

Pero hay otras cosas que celebrar como el hecho del advenimiento de la democracia que crea sus propios problemas. Los problemas que tenemos hoy en el ámbito político que tenemos hoy es el desarrollo de la democracia; antes teníamos problemas de falta de democracia, son dos cosas bien distintas.

Ahora tenemos problemas de si se usa o no se usa bien digamos la libertad de expresión; antes teníamos problemas de que no había libertad de expresión; antes le ponían una carga de dinamita al periódico, a la imprenta de la universidad, o lo desaparecían a uno, lo torturaban o lo asesinaban simplemente por decir determinado tipo de cosas.

Otra cosa distinta es si esa libertad se utiliza bien o no, ese es un problema de aprendizaje de democracia y de cultura democrática. Me dicen que hay problema o que no hemos avanzado porque el Frente vive peleando con la Sala de lo Constitucional. Yo estoy feliz de que el Frente pelee con la Sala de la Constitucional.

Eso significa que este órgano del Estado incomoda al poder político. Si nadie tuviera ningún problema querría que el Poder Judicial siga subordinado al poder político y no habríamos hecho nada. O hay complicidad. Lo veo algo normal en una democracia que haya diferencias e incluso reclamos fuertes, airados y desacuerdos entre órganos de Estado.

Aunque eso no se justifica que haya ciertas agresiones verbales, amenazas…

Eso sí no, eso sí ya es un problema también de cultura política que tendremos que afrontarlo todos. Ahora todos critican al Frente pero la pura verdad es que ARENA nunca estuvo gobernando con un Órgano Judicial independiente. Los problemas de los que tenemos hoy del sistema político son para mí por la falta de desarrollo de la democracia, no de falta de democracia; en ese sentido está mejor el país en tolerancia, en libertad de expresión, en funcionamiento de las instituciones.

¿Esas son las deudas que han quedado?

Esto en particular sí. Pero en cambio que lo que dicen que está mal, que es la violencia de las pandillas y la situación económica, eso sí está mal pero eso no es problema de los acuerdos de paz ni es atribuible al acuerdo de paz. Nosotros resolvimos hace 25 años los problemas que teníamos hace 25 años y ahora nos están diciendo: mirá, ¿y por qué no me resolviste también los problemas que íbamos a tener dentro de 25 años? Eso resolvelo vos, eso le toca a las generaciones y liderazgos actuales.

¿No depende de los acuerdos todo?

Los acuerdos de paz respondieron a la situación y resolvieron los problemas políticos que estaban en ese momento asociados al conflicto armado. Crearon un escenario de reglas del juego democrático para que en ese escenario democrático que no había antes pudieran estar todas las fuerzas políticas y que cada fuerza política que llegara al poder pudiera avanzar en la transformación del país. Si luego no lo han hecho, si gobierno tras gobierno, nacional o gobiernos locales parecen que son la misma cosa y parece que no resuelven, pero ese es problema de los partidos políticos. El acuerdo de paz lo que dejó fue un escenario de reglas de juego democráticas. ¿El acuerdo cómo va asegurar que lo van a hacer bien los que lleguen al poder?, eso no se puede.

¿Es problema de ejecución del acuerdo?

Pero no es problema del acuerdo de paz, lo que el acuerdo logró es una reforma del sistema político para que fuera democrático y logró que no estuviera deformado el poder político por la presencia del Ejército en la política, y logró que no hubiera violencia política, y logró que hubiera elecciones de verdad, libres, esos son logros buenos.

¿Quedó algo fuera del acuerdo?

La verdad que no y no es porque crea que son perfectos, sino que los acuerdos eran políticos para reformar el sistema político y esa reforma en general, en todo lo fundamental, se hizo bien; por supuesto el acuerdo no abordó, pero era porque no debía abordarlo, era el problema económico del país.

Algunos apuntan eso, que había que sentar algunas bases para reformar el sistema económico.

Sí, pero yo discuto con ellos. ¿Por qué no piensan un poquito: y cómo va a resolver un acuerdo de paz que, por definición y esencia como un acuerdo político, va a resolver los problemas económicos de un país así en general y en plural, si en primer lugar a un país que ha progresado le ha tomado décadas hacerlo?; en segundo lugar, hubiera sido una contradicción si estamos diciendo precisamente que hay que dejar que llegue al gobierno, cosa que no ocurría antes, que la gente quiere, una vez que lleguen hay que dejar que hagan su programa, para eso los eligió la gente. Y cómo se les ocurre que en un acuerdo político le íbamos a decir a todos los gobiernos que iban a venir: ‘sabes qué, vos vas a gobernar pero ya te tenemos de antemano trazado qué es lo que vas a hacer con lo política, con los programas económicos’. Eso no se puede. Yo creo que el no haber intentado resolver los problemas económicos del país no solo no es una carencia del acuerdo, sino que fue un acierto del acuerdo de paz, fue no estafar a la gente, no engañar a la gente.

No se estaba firmado la solución a todos los problemas del país.

Exacto, se estaba firmando la paz, es otra cosa diferente, y así hay que verlo.

Fuera del tema económico, ¿hay otro aspecto que a su juicio debió incluirse?

Evidentemente no hicimos mayor cosa por avanzar en la legislación de regulación de partidos políticos por decir algo, eso sí es cierto, pero como digo las cosas son todas en su momento… Pero yo no puedo resolver hoy los problemas de pasado mañana que ni siquiera sé cuales van a ser. Entonces, sí hay cosas que no tocamos como esa de los partidos políticos, que por cierto son los grandes deudores y no el acuerdo de paz. Hay cosas, como ha quedado demostrado, como del sistema electoral en sí mismo que no tocamos; alguien le puede decir, pero con la visión que tenemos ahora, ‘qué rico y qué fácil, y por qué no acordaron la separación de funciones administrativas y judiciales del TSE?’. Esperate, vamos por pasos, si en aquel momento lo primero que teníamos que hacer y que logramos es que hubiera un Tribunal Supremo Electoral digno de confianza, ahí donde antes había un Consejo Central de Elecciones impuesto por el partido oficial y que por tanto no daba libertad ni confianza. Entonces lo que resolvimos fue el problema de la legitimidad del poder emanado de las urnas. Ya una vez ese poder es legítimo porque la autoridad electoral no está manipulada vamos resolviendo otros problemas. Pero esa es la agenda que los partidos políticos debieron haber ido resolviendo en el nuevo escenario de democracia.

¿No han evolucionado los partidos, democráticamente hablando?

Sí, han evolucionado, pero poco.

¿Los han venido obligando con fallos o sentencias judiciales?

Exactamente, por fallos judiciales se ha venido reformando el sistema de partidos. Es una deficiencia de los partidos políticos pero no es una deficiencia del acuerdo de paz.

Entonces, para entender la importancia y el significado de los acuerdos de paz, hay que ubicarse en el tiempo…

Así es, ¿todo lo que vino 25 años después es culpa del acuerdo de paz? Tampoco, yo creo que no. El acuerdo de paz lo tenemos que celebrar como un logro histórico en su momento del país que permitió a las fuerzas políticas dialogar, negociar sin matarse. Lo harán mejor, lo harán peor, se estancará, todo eso ya es normal, pero antes no se podía.

¿Qué ve en términos de independencia, que es parte del espíritu de los acuerdos?

Es parte fundamental, es uno de los pilares de la reforma política que hicimos, lograr la independencia judicial, el hecho de haber puesto la forma de elegirlos diferente y de haber creado el Consejo Nacional de la Judicatura, todas las cosas que se hicieron en esa dirección están rindiendo sus frutos.

Aunque siempre hay cuestionamientos en su elección, ¿que hay de las cuotas partidarias?

Siempre hay y siempre habrá.

¿Será difícil despartidizar las instituciones?

Es que somos seres humanos y nadie está exento de ciertos condicionamientos políticos, pero los magistrados que tenemos no son militantes orgánicos, podrán tener sus simpatías pero tienen derecho a tenerla como cualquier ciudadano. Creo que los órganos están funcionando con independencia. En algunos casos no porque han elegido funcionarios con compromiso, fiscales generales en el pasado. Por eso hay que ver esto como proceso histórico, los procesos históricos no son lineales, tienen avances, retrocesos, discontinuidades… La gente tiene tendencia a ver solo un momento y nosotros estamos en un periodo de transición del país, que dura; tenemos 25 años y probablemente va a durar otros 25 años.

¿Y este destape de casos de corrupción lo ve como una herencia de los acuerdos, de esa institucionalidad que dejó?

Indirectamente lo veo como una herencia del acuerdo de paz en el sentido que usted dice: hoy tenemos posibilidad de tener instituciones independientes del poder político y antes no, eran tapadera de la corrupción las instituciones. Tener una Sección de Probidad buena, ya ve que gobiernos de ARENA trataron de obstruirla. Ha tardado que tengamos esta expresión y sobre todo esta sinergia, pues una golondrina no hace verano. Hoy se ha juntado que tengamos una buena Sala de lo Constitucional con un buen Fiscal, buena Sección de Probidad de la Corte, la creación del Instituto de Acceso a la Información… La Corte de Cuentas parece que por fin no va a ser apéndice de los dos o tres partidos políticos que se pusieron de acuerdo para tapar su… eso ha costado 25 años.

¿De qué manera nos invita a reflexionar los 25 años de los acuerdos?

Que hay ámbitos en los que tenemos que pensar como país. El primero sin duda es que tenemos que proponernos pero en serio, y este no es un asunto solo de los partidos, sino también de las instituciones, de las gremiales empresariales, de los medios de comunicación, de todos, que para los próximos 25 años sacar, pero de verdad no del diente al labio, de la pobreza y de la extrema pobreza a cerca de la mitad de la gente que todavía vive así. No deberíamos sentirnos bien con gente en nuestro país con tantas necesidades, y eso pasa por mejorar los servicios públicos, y mejorar la educación. Nunca hemos estado de acuerdo en qué hay que hacer para erradicar la pobreza. El otro reto es modernizar las instituciones sobre todo del sistema electoral y de partidos políticos para que la democracia siga fortaleciéndose. No dormirnos en los laureles de lo que se hizo hace 25 años. Hay que fortalecer el Estado, no hemos estado de acuerdo en cuál es el rol y la definición del Estado, ya ve que hay una fuerza política que aunque no lo diga, quería un Estado tipo Venezuela o Nicaragua, y es hora de solventar de una vez y por siempre esa discusión del modelo de Estado que queremos. El tercer reto es sin duda el de la seguridad, sobre todo con el componente de las pandillas que hay que resolver.

Ante estos escenarios se vuelve a hablar de que se necesitan nuevos acuerdos. ¿Usted lo ve necesario?

Yo creo que sí por lo que le decía, porque no hemos estado de acuerdo en cómo erradicar la pobreza, necesitamos acercarnos, mover un poco las posturas. La derecha sigue pensando de manera simple que lo único que hay que hacer es quitarle regulaciones y obstáculos al capital para que haya inversiones y que las inversiones van a hacer que haya empleo y que el empleo es la mejor política social. En la medida que haya crecimiento económico esto va a rebalsar para todos. Yo simpatizo con esa visión pero siempre y cuando no lo absoluticen porque luego resulta que no rebalsa tanto y que siempre son unos pocos los que se benefician de ese crecimiento. Entonces la derecha tiene que ponerle un factor de corrección a esa visión que tiene. Y del lado de la izquierda creen que todo es de redistribuir la riqueza que ya hay en vez de crear riqueza nueva.

Y de estatizar y de controlar…

Cómo estatizo, cómo regulo, cómo controlo, cómo le quito a través de mas impuestos mas dinero a más gente para distribuírsela a otra. Y así es el camino seguro a la miseria de todos, entonces la izquierda tiene que hacer un alto en la ruta.

¿Estamos entre dos extremas?

Es que no es porque sean extremos, es que son dos visiones equivocadas que las tienen que cambiar porque son dogmáticas. Cuando la derecha convierte esa tesis del crecimiento y del rebalse en un dogma y no se abre a analizar bien, allí están equivocándose. Y cuando la izquierda convierte sus políticas redistributivas en la manera de hacer esto, también se están equivocando. Necesitamos las dos cosas, lo mejor de las dos visiones.

¿Pero eso necesita de un acuerdo?

Necesita de un dialogo de verdad, serio, una comunicación, una apertura, una actitud de escuchar y de cambiar, y eventualmente acuerdos.

“El FMLN no llegó a tener un proyecto de nación, sino de poder”: Salvador Samayoa

Salvador Samayoa, intelectual de izquierda que hasta 1994 integró el FMLN y ha dirigido programas sociales en la administración de Armando Calderón Sol, de ARENA, cree que mucha de la animadversión entre ambos institutos políticos mayoritarios se profundizó cuando el partido de Gobierno se radicalizó y perdió la oportunidad de modernizarse. Cree que la actitud de ARENA responde a la convicción de que el FMLN busca establecer el comunismo. Samayoa teme que la lucha anticorrupción tenga retroceso: reflexiona que no le extrañaría que las fuerzas políticas se unan para frenar la lucha anticorrupción en El Salvador.

Entrevista de Yolanda Magaña, 2 enero 2017 / EL MUNDO SV

Si le dijeran resuma el año 2016 en una palabra o una frase, ¿cuál sería?
Negativo.

¿Por qué?
Porque en primer lugar hemos estado casi todo el tiempo reducidos a un solo tema, fiscal-pensiones, con evidente descuido de tiempo gubernamental e iniciativa privada. Hemos tenido una confrontación estéril; en política, la confrontación es normal, es de la esencia de las relaciones humanas que haya intereses contrapuestos, pero cuando la confrontación es estéril, estridente, no produce nada, sí lo veo negativo. El tema de la lucha contra la corrupción, que en sí misma es positiva, se ha manejado con un morbo y ha producido una cantidad de ansiedad, vendettas e insultos en redes, acusaciones, difamaciones, hasta eso, que es positivo, ha tenido un lado, por lo menos en las redes sociales. Un cuarto factor es que después de un trimestre promisorio en seguridad se estancó lo que parecía ser un curso de comenzar a doblegar el problema. Estamos terminando el año con índices de homicidios parecidos, eso ha creado desesperanza. En la parte económica, sigue el ‘maiz de a peso’.

¿La raíz de esa esterilidad es ideológica, de intereses o caprichos?
Hay un tema de prejuicio, es un condicionante de carácter ideológico, en el siguiente sentido: el Frente tenía la oportunidad histórica de haber postulado un ideario social, político, económico más democrático, moderno. No lo hizo. No solo no lo el mundohizo, sino que sus documentos fueron espantosos, lenguaje obsoleto, amenazante, que postuló abierta y explícitamente la intención de suprimir la independencia de los órganos del Estado, que postuló una proximidad, que nos espanta, por lo menos a la clase media del país, con los modelos de Venezuela y Nicaragua; ese discurso lo reiteró semanas después en el Foro de Sao Paulo, discurso setentero. Yo pienso que eso radicalizó bastante a la derecha, la derecha ahora piensa que tiene que combatir hasta lo último que quiera hacer el Gobierno porque todo está en la dirección de llevarnos hacia el comunismo, hacia el totalitarismo. Con ese prejuicio, yo creo que ha habido sectores de la derecha que de verdad están intentando asfixiar al Gobierno y están teniendo una oposición que no es constructiva para que no vaya a avanzar por ningún motivo el FMLN en sus designios. Ese componente ideológico está en mucho de la confrontación estéril. Por otra parte, yo de verdad creo que hay deterioro de los liderazgos políticos, problemas hemos tenido en otras épocas y hemos sabido afrontarlos. Veo mucha inmadurez, inexperiencia.

¿Cómo calificaría la situación de seguridad, han fracasado los planes de seguridad en todos los gobiernos?
El problema no lo teníamos en esta magnitud a fines de los 90. Yo estuve en el Consejo de Seguridad, nació para supervisar las instituciones creadas por el acuerdo de paz, la Academia de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, con el presidente (Armando) Calderón Sol, lo convertimos en un programa de prevención social, lo que teníamos en las calles era enfrentamientos estudiantiles, se masificó con el inicio de las deportaciones masivas de los Estados Unidos. Las políticas tanto de ARENA como del Frente no han sido eficaces. Es difícil para ciudades como Delgado, Soyapango, cuando te meten una inyección, recuerdo el primer año de deportación masiva fueron cinco mil deportados, fue muy masivo y abrupto.

El modelo ha sido el mismo en ambos gobiernos: represión y un poquito de prevención.
En eso sí se han parecido. Yo era un animal raro en ese gobierno de derecha y la gente de él veía con recelo lo que estaban haciendo en los barrios. Le dije al presidente que no quería manejar dinero, que me diera la facultad que gestionara lo que necesitaba para los barrios. La derecha lo miraba con recelo ese trabajo que hacíamos en los barrios, y la izquierda, también. Recuerdo bien que El Diablito en Soyapango declaró al Consejo de Seguridad como el enemigo número 1 del municipio, tenía una visión deformada que las masas eran del Frente, que le llegábamos a disputar las masas. En ese tiempo se hizo algo, pequeño pero se hizo algo importante. La mayor parte de gobiernos no han tenido intervención en los barrios populares. Pero sí hay una diferencia: a los gobiernos de ARENA le obstruyeron todo lo que quiso hacer; ahora tiene la aprobación de todos para todo lo que quiere hacer, este Gobierno no tiene oposición… Si todos volteamos a ver para otro lado, porque la gente lo que quiere que cachimbeen a los pandilleros, lo que pasa es que es políticamente incorrecto decirlo, no lo decimos, pero sabemos que lo están haciendo. Es un Gobierno que actúa con mucha libertad y aún así no resuelve, no tiene eficacia.

¿No resuelve por la estrategia o la situación de inseguridad ya es inmanejable?
No hay situaciones inmanejables. Los dos componentes que el Gobierno debió haber hecho como una intervención masiva (son) mejoramiento de barrios y en el sistema de educación pública. Estoy seguro que, si hubiera un esfuerzo consistente de dos, tres, cinco años, de convertir las escuelas o institutos en los mejores del país, con espacios para bibliotecas, laboratorios, centros informáticos, deporte, para el uso de tiempo libre para los jóvenes, con refuerzo de psicólogos escolares, trabajadores sociales, con una dirección mejor, tendríamos una incidencia en el tema de reclutamiento de pandillas.

Y a corto plazo.
Eso es a corto plazo. Es que la gente se equivoca cuando dice que las cosas preventivas las vamos a ver dentro de 20 años. La comunidad Duarte Meléndez, en el bulevar del Ejército, fosas sépticas comunes, no hay alumbrado, viven como animales, ¿a quién le va a extrañar que todos los jóvenes sin excepción sean de las pandillas? Si tuviéramos una estrategia de mejorar barrios y educación pública, estaríamos en el camino de algo, creo que ahora no estamos camino de nada.

La lucha anticorrupción ha sido tema de 2016. ¿Habrá retroceso? Ha habido solicitudes de destituir a los magistrados…
Siempre tengo preocupación de que ocurra algo de esto. Cuando uno comienza a ser mayor y ya viene de regreso, ha visto unas cuantas cosas y una de las cosas que uno aprende es que, cuando las pitas se tensionan demasiado, se pueden romper. Si a un enfermo que ha tenido deficiencia, (da) todo el calcio que no te has tomado, de seguro se muere. Si hemos tenido cero lucha anticorrupción, si de pronto vamos a ir a allanar a toda la gente sin excepción… Yo no veo remoto que en cualquier momento se unan en la Asamblea y destituyan y reviertan el proceso que estamos haciendo. Cuando se quiera atacar a todos a la vez, no veo imposible que ocurra una cosa de éstas. Debieran tener mesura, no se le puede pedir a una autoridad que decida con criterio político o escoja, lo que sí es que tengan un manejo mediático más responsable. Yo respeto mucho a los magistrados pero creo que se equivocan cuando andan opinando en los medios, un magistrado de Corte Suprema no debe opinar nunca; y lo que me dicen: Es que están cansados de que los insulten; va con el cargo, maestro. Los magistrados para mí deben hablar en las sentencias. El fiscal general, también, respeto lo que está haciendo, no debe andar con los medios discutiendo, amenazando.

¿Qué mueven las protestas contra la Sala de lo Constitucional: la inhabilitación de los diputados suplentes, la anulación de la amnistía o la lucha anticorrupción?
Todo junto. La animadversión del Frente viene de antes, se empezaron a cuestionar los nombramientos y los nombramientos eran fundamentales… Yo creo que el FMLN no llegó a tener nunca un proyecto de nación pero sí tenía un proyecto de poder y, para ese proyecto de poder, sus nombramientos, cuando le levanta los brazos a ‘Ovidio el breve’, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando tenían y manipulaban al fiscal, porque francamente lo tenían y lo manipulaban, o cuando compraron a los diputados de ARENA, todo eso iba en dirección de un determinado modelo y de un proyecto de poder, un modelo que es el poder total y lo tenían en la Asamblea Legislativa, con los diputados que compraron, la Fiscalía General, sí, y cuando destituyen y nombran al otro en la presidencia de la CSJ iban en dirección a concretar ese proyecto de poder, consistente en controlar todas las instituciones del Estado. Empieza la Sala de lo Constitucional a declarar inconstitucionales todos los nombramientos, yo creo que ahí comienza la animadversión del Frente hacia la Sala. Y luego todas las sentencias en materia electoral le han molestado al Frente, cuando dijo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no podían pertenecer a los partidos políticos, sentencia en que creo que se equivocó la Sala.

Perfil
Excomandante del FMLN, partido del cual se desvinculó en 1994. Fue firmante de los Acuerdos de Paz. Fue presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y dirigió programas de intervención en barrios que buscaban la prevención de la violencia. Se identifica como una persona de izquierda democrática o social demócrata.

¿Perjudica o beneficia la apertura de casos criminales por anulación de la amnistía?
Tengo sentimientos encontrados. Es obvio que los crímenes fueron atroces y uno no puede abogar por que queden en la penumbra, podría pensar que no haya procesamiento judicial pero por lo menos la verdad debería ocurrir promovida por el Estado. La sentencia fue equivocada política y jurídicamente, y creo que en la mayor parte de casos las posibilidades de que haya justicia son remotas. Si hay un caso como El Mozote, ahí sí se puede llegar, evidentemente no fue un combate, fue un exterminio. Si empieza a haber acusaciones a una cantidad grande de militares, ya no digamos contra el presidente… yo no veo al presidente entregando a su secretario particular.

¿Nos perjudica el cambio de gobierno de EE.UU.?
Trump es un hocicón, no creo que vaya a hacer la mayor parte de las cosas que dijo, reveló ser un político astuto, conectó con el sentimiento de sectores amplios, que creen que se han ido los empleos para otros países, cosa que es cierta; Trump conectó con todo eso. Yo no creo que es un problema grave para nuestros países.

¿Qué dogmas recomienda abandonar a izquierdas y derechas en tema pensiones?
La derecha en general piensa que el Estado es mal administrador y que el sector privado es buen administrador. El otro lado, que los privados nunca van a resolver el problema de la gente, solo sus beneficios. Hay algo de verdad en las dos posiciones y hay bastante falsedad en las dos posiciones. Uruguay tiene un sistema bueno y eso que tiene un problema demográfico, subió seis puntos al IVA pero van a pagar pensiones, esa fue solución y crearon no un instituto sino un banco, es un sistema estatal o con fuerte componente público y funciona.

¿Qué ofrecen los partidos ante los problemas del país?
En seguridad, ARENA ha tenido propuesta escrita, en otras materias ha sido reactivo, oponerse a todo lo que el Gobierno propone. Los partidos pequeños no les he visto un nivel de propuesta, han ido decidiendo en cada coyuntura, con quien votan, pero no les veo un pensamiento articulado para el tema de crecimiento, inversión, la reforma tributaria, que no sea reaccionar a lo que el Gobierno propone. Igual, la pobreza. Tanto las derechas como las izquierdas, si es que se le puede llamar de izquierda a un gobierno de Mauricio Funes, tenían criterios de la pobreza que son mentiras, inaceptables. Las definiciones por nivel de ingreso, abajo de $187.50 es extrema pobreza; le voy a dar $50, entonces, ya salieron de la extrema pobreza, ¡mentira! Igualmente pobre se es con $180 que con $230, el punto no está ahí. Creo que no tienen ni pensamiento, ni definiciones correctas.

“El Salvador ha dejado atrás la guerra; ha pasado página”: Salvador Samayoa

Firmante de los Acuerdos de Paz, Samayoa critica la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía de 1993, pero cree que hay actuar con sensatez y ver hacia adelante.

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diario hoy14 julio 2016 / EDH

Salvador Samayoa, exmiembro de la Comisión Político-Diplomática de la exguerrilla del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, dice que la sentencia de la Sala de lo Constitucional contra la amnistía de 1993 “está equivocada”.   A su juicio, ningún tratado o ley obliga al Estado salvadoreño a desconocer una amnistía que era necesaria para sellar la reconciliación en esa época.

Sin embargo, Samayoa considera que ahora hay que actuar con sensatez y ver para adelante.

Estas son sus impresiones para El Diario de Hoy:

¿Cómo valora la sentencia contra la amnistía de 1993?

No conozco la sentencia porque no la habían publicado, sino sólo un resumen. Creo, por el resumen, que la Sala hizo un argumento principal que está equivocado, es decir, la obligatoriedad del Estado salvadoreño de considerar como no amnistiables los delitos de lesa humanidad. Creo que ese es un error jurídico.

¿En qué consiste este error?

No hay ni un solo tratado o ley internacional que diga que tal o cual tipo de delitos puede o no puede entrar en una ley de amnistía. El Salvador está obligado en esos temas de Derecho Penal únicamente al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, el cual recientemente ratificamos y no tiene vigencia retroactiva; está obligado también a la Convención Americana de Derechos Humanos y en ella tampoco hay una sola disposición en ese sentido. Y está también obligado de manera distinta por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha emitido sentencias en las que argumenta que esos delitos no deberían ser parte de una ley de amnistía, pero esta es sólo una opinión, una corriente de Derecho Internacional que los magistrados de la Corte Interamericana han utilizado para argumentar sus sentencias, pero esto no está escrito en ningún convenio o tratado que El Salvador haya firmado, ratificado o adherido.

El derecho de las víctimas se contrapone con la decisión del Estado…

Hay quienes argumentan que con la amnistía se ha conculcado, suprimido, pisoteado, negado el derecho de las personas a la justicia. Esto es cierto. Una amnistía implica un acuerdo, que siempre es político, al término de todas las guerras, para no llevar procesos penales por crímenes ocasionados en la guerra. Una persona que fue víctima queda con ese derecho negado. Es cierto que el derecho y el interés de los familiares de las víctimas son legítimos, pero también es cierto que el Estado tiene un derecho y un interés también legítimos y probablemente de orden superior. En un caso como el nuestro tan legítimo era que una persona buscara justicia por el asesinato de un pariente, como legítimo y necesario era que el Estado parara la matanza. Este era un bien, un imperativo moral de orden superior.

Pero se alega que eso favoreció la impunidad…

Algunos argumentan que por qué había que parar la matanza con impunidad. Este no es el caso. La política real nos dice que no puedes firmar un acuerdo de paz con una parte y decirle: “¿sabes qué? Fírmame aquí, pero mañana voy a enjuiciarte y a llevarte a la cárcel a ti y a todos tus compañeros… ¿Me vas a firmar o no me vas a firmar?”. No te lo firma nadie. En El Salvador se firmó el acuerdo sin que hubiera una amnistía, pero con una perspectiva muy clara de que la habría en los meses posteriores.

Yo creo que la justicia jugó un papel que definitivamente le ha negado derecho de justicia penal a las víctimas, pero ha jugado un papel en el orden moral y también en el orden del Derecho de la sociedad salvadoreña.

¿Cuál era el contexto de la realidad de esa época?

Le voy a sintetizar cómo estaba la situación. Yo puedo comprender que una persona que tenga 30 ó 35 años de edad y que, por tanto, tenía seis años u 11 o 15 años edad cuando se firmó la paz y se decretó la amnistía, pueda tener consideraciones más abstractas, pero los adultos que comienzan a ser mayores no tienen derecho de ignorar cuál era la situación del país. Yo se los voy a recordar: 1. en marzo de 1993 la Fuerza Armada de El Salvador estaba intacta, con todo su poder, no se había depurado a un solo oficial como lo había recomendado el informe de la Comisión Ad Hoc que se entregó al entonces presidente Cristiani en enero de ese año. 2. No había desplegado aún la nueva Policía Nacional Civil; la primera promoción sale en septiembre. 3. No se había elegido una Corte Suprema con las reglas nuevas de los acuerdos de paz. 4. Todavía no se había tenido una elección para presidente o diputados con los nuevos acuerdos del Tribunal Supremo Electoral… Todo lo del acuerdo de paz era vulnerable y reversible. El poder del Ejército estaba intacto. Estoy convencido de que si estos señores no hubieran tenido la ley de amnistía era bastante probable que el conflicto hubiera seguido y hubieran buscado la manera incluso de derrocar al gobierno y nos hubiera ido peor a todos porque se hubiera prolongado la matanza y habría sido más encarnizada.

¿Qué se debe hacer de cara al futuro?

El peligro es que comience una cadena interminable de demandas judiciales. Pueden demandar al presidente Sánchez Cerén o al expresidente Cristiani. Y un contingente político que ve que a uno de sus dirigentes le ponen una demanda judicial de ese tipo no se va a quedar con los brazos cruzados y le va a poner una demanda a un dirigente del otro sector. Entraríamos en un proceso de consumir la energía del país en voltear a ver los crímenes del pasado. Eso no sería bueno para el país. Hay que actuar con prudencia. Las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento. A mí no me gusta para nada esta sentencia, me parece que está extralimitada, mal argumentada, mal fundamentada, pero hay que cumplirla. Eso significa que en lo sucesivo cualquier persona o entidad de derechos humanos v a poder entablarle un juicio a cualquier dirigente del tiempo de la guerra. Ante eso no podemos hacer nada a nivel de la sociedad civil. Sólo esperar que haya la mayor sensatez y que se entablen demandas con resentimiento, con odio, con sentido de venganza política. Si algún ciudadano se siente agraviado, que lo haga, pero que no sean las organizaciones políticas e incluso las de derechos humanos, que navegan con bandera de pureza y que muchas veces también tienen sus propios intereses a la hora que promueven determinado tipo de cosas.

Yo quisiera que actuáramos con responsabilidad política, sin dramatismos, que viéramos la sentencia de la Sala como un desbloqueo para juzgar cosas.

Yo veo poco probable que a hechos que ocurrieron en los 80, 30 ó 40 años se les pueda hacer una investigación. En el caso, por ejemplo, de El Mozote se pudo hacer una investigación forense que comenzó hace tiempo porque se trataba de una cosa masiva donde estaba una materialidad del delito enterrada que podía ser objeto de investigación. Pero en la mayor parte de crímenes de la década de los 80 yo veo muy difícil la viabilidad de una investigación técnica, policial o forense que pueda aportar elementos de juicio probatorios para la culpabilidad de alguien. No se debieran emprender juicios que no tienen probabilidad alguna de éxito.

En síntesis, ¿será lo mejor dejar atrás la guerra?

Yo creo que la guerra hay que dejarla detrás y creo que El Salvador la ha dejado atrás. Aquí no volvimos a tener ya violencia política en ese sentido; hay personas que siguen viviendo en el pasado y tienen su derecho a decir lo que quieran, a pedir lo que quieran y a demandar lo que quieran. Yo creo que el conjunto de los salvadoreños, de la población y de las fuerzas políticas no está en esto; han pasado página. Demasiados problemas tenemos hoy como para además estar viendo y ocupando la energía del país en los problemas de antes. Uno ve, por ejemplo, lo saturada que está la Fiscalía, que si no puede resolver ni el crimen de la semana pasada, ¿ahora va a poder resolver un crimen de 1980?

Las instituciones, la población, las fuerzas políticas han pasado página para el proceso de paz. Es cierto que eso significó la amnistía, dejar sin juzgamiento muchos delitos, graves delitos, monstruosos delitos, eso es cierto, pero así ocurre en todas las guerras al finalizar; y de hecho, el único instrumento internacional de los que El Salvador está obligado (a cumplir) que habla de amnistía es el Protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que es el que norma en derecho internacional los conflictos armados internos en los países. Ese protocolo dice  que  los gobiernos, al término del conflicto, procurarán amnistías lo más amplias posibles para que puedan consolidarse la paz en los países.

El Salvador, cuando propuso la Ley de Amnistía, tenía detrás todas las resoluciones de los presidentes centroamericanos: los Acuerdos de Esquipulas y Esquipulas II, que en ese momento toda la comunidad internacional estaba de acuerdo, sin excepción, y la comunidad de derechos humanos también estaba de acuerdo con eso; y esas resoluciones, todas, instaban a los gobiernos a procurar y a propiciar procesos de amnistía como parte de la solución a los conflictos armados; ese era el ambiente que había. Tanto la ley internacional, que era el protocolo segundo adicional como las resoluciones de los organismos regionales, de Naciones Unidas, todos estaban abocándose a una Ley de Amnistía, en ese contexto se dio la Ley de Amnistía. No se puede venir ahora, tantos años después, a decir que fue antojadizo o que fue arbitrario, o que le salió de las pistolas a alguien aprobar una Ley de Amnistía.

Vea también:
“En este momento lo ideal sería actuar con cordura”. Entrevista a Francisco Bertrand Galindo

La caja de Pandora que abrió la Sala. De Paolo Luers

Economía: más de lo mismo. De Salvador Samayoa

salvador_samayoaSalvador Samayoa, 31 mayo 2016 / EDH-Observadores

Según la encuesta de “Predictvia” para EDH, un alto porcentaje de los que responden, cercano a 50%, dice que la situación económica de su familia y de otras familias que conoce ha desmejorado en los dos últimos años. Para un 30% la situación sigue igual. Solo un 18% dice que ha mejorado. La publicación no indica si este 18% representa a una gran cantidad de los que ya estaban muy bien o a una ínfima cantidad de los que estaban muy mal.

Estas son mediciones subjetivas. Son opiniones. Recogen, mal o bien, lo que dice la gente. En el plano de los indicadores técnicos, hay datos buenos y datos malos. Unos atribuibles al desempeño del gobierno; otros no. La economía creció 2.4% en 2015, crecimiento modesto pero bueno. Peor es nada, como dicen. Las importaciones de bienes de capital crecieron 12.4% en observadorel mismo período y siguieron creciendo en el primer trimestre de 2016. Dato bueno, relacionado directamente con la inversión. Las remesas crecieron 3.3% y sostuvieron al 20% de los hogares de nuestro país. Gracias a Dios y a que todavía no llega Trump. En la factura petrolera ahorramos casi $400 millones por la caída de los precios internacionales. Gracias a Obama, a Irán y a la OPEP, aunque la estrategia de Arabia Saudita está funcionando y los precios ya comenzaron a rebotar también.

Se puede exponer cualquier cantidad de datos para argumentar mejoría, estancamiento o deterioro de la situación, pero hay dos que llaman mucho la atención, porque permiten comparar lo comparable y porque exigen a todos los actores nacionales -no solo al gobierno- un desempeño mejor. Primer dato: entre 2008 y 2015 El Salvador tuvo un crecimiento acumulado de 8-10% del PIB, contra 20-30% de los restantes países de la región. Segundo dato: En el último año, El Salvador siguió en el último lugar en atracción de inversión extranjera directa entre los hermanos y los no tan hermanos centroamericanos.

Ese es, precisamente, el punto: la economía no despega. Seguimos hundidos en un hoyo, con pequeños desarrollos por aquí o por allá, pero muy lejos de vislumbrar siquiera la ruta de un crecimiento de verdad. En su discurso de toma de posesión, el presidente reiteró la necesidad de crecimiento económico para sacar adelante al país. En ese momento pareció que era consciente de las implicaciones de tal aspiración, que lo obligaban a recuperar la confianza de los inversionistas y a asegurar la eficacia de su propia gestión.

Pronto, sin embargo, el gobierno tomó un sendero sembrado de minas. Pateó primero la mina de los impuestos y pateó después la claymore previsional. Los estallidos causaron daños de considerable gravedad, no porque fuera improcedente revisar la estructura tributaria o porque fuera innecesaria una reforma del sistema de pensiones, sino por los tiempos y los enfoques de la iniciativa gubernamental. De esa manera, redujo el debate nacional a envenenadas y estériles discusiones de préstamos, pensiones e impuestos, en vez de dedicarlo a esbozar, concertar y concretar los vectores y los motores del desarrollo nacional.

La situación parece complicada, pero en realidad es bien simple. Si lleváramos diez o quince años creciendo al 4% -5%, en vez de 1%-2%; si en vez de 24% tuviéramos 50% o 60% de empleo formal, y si además fuera un empleo de calidad y de alta productividad, no existirían o no serían agobiantes ni irresolubles los problemas de finanzas públicas que ahora agotan por completo la energía nacional. El problema no está en los $500 millones de las pensiones. El problema es que no crecemos.

A nuestra economía le falta ante todo una idea-fuerza, un modelo, una filosofía del desarrollo, un verdadero pensamiento social, una apuesta grande y viable que nos permita despegar. Llevamos 25 años y seguiremos otros 25 más empecinados en un proceso de suma cero, atacando y obstruyendo el FMLN y las fuerzas sociales de izquierda todo lo que perciben como neoliberalismo; atacando y obstruyendo ARENA y las fuerzas sociales de derecha todo lo que perciben como socialismo.

Creo que el presidente tenía la intuición de un paradigma para evitar que su gobierno cayera en la trampa de esa confrontación. Hasta ahora no lo desarrolló, en buena medida porque su propio partido no lo acompañó. Terminan así dos años de gobierno sin cambio de dirección. Y así terminará el quinquenio si no hay cambio de timón. Y serán ya diez años de FMLN y 20 años de ARENA sin proyecto de nación.

El Salvador no puede transitar los senderos del capitalismo sin regulaciones, el de los profesores de Chicago, el de Thatcher, el de Reagan, el engendro neoliberal. No estamos cerca tampoco de su versión más social, la de los Clinton y los Obama, la del Estado de bienestar. Tampoco pensamos en el capitalismo de Estado, el de los grandes desarrollos de los últimos 20 años en Moscú, Beijing o Kuala Lumpur, el de las corporaciones respaldadas por el Estado, pero con diseño y desempeño de empresa privada multinacional.

Más cerca podríamos estar de la social-democracia europea, que por cuatro décadas completas llevó a niveles sin precedentes el desarrollo económico, los servicios públicos y la calidad de la vida de los trabajadores en casi todos los países de Europa occidental.

También podríamos ver hacia India, país con enorme sector privado y con inmenso peso del Estado, que supo mantener y desarrollar la agricultura mientras diversificaba y modernizaba su aparato productivo, volcándolo hacia la ingeniería de software, la nanotecnología, la biotecnología y otros servicios tecnológicos de alta productividad.

En algo podríamos emular al Chile de Aylwin, de Frei, de Lagos y de la primera Bachelet, egregios líderes que dejaron atrás el autoritarismo, se empeñaron en la concertación y dieron a su país dos décadas completas de estabilidad, crecimiento y unidad.

Pero no estamos en nada. Seguimos atrapados en ideologías desfasadas. No tenemos norte ni modelo ni plan de nación. Ese es el verdadero problema, más que la calidad de la gestión.

Seguridad pública: luces y sombras. De Salvador Samayoa

salvador_samayoaSalvador Samayoa, 30 mayo 2016 / EDH-Observadores

Diversas encuestas han reportado en los últimos días una prudente pero significativa mejoría en el porcentaje de opiniones favorables de los ciudadanos en relación con el combate a la criminalidad. Es una mejoría atribuible, sin duda, a las medidas extraordinarias de los últimos tres meses, ya que antes de marzo, culminando con la matanza de Opico, la eficacia del gobierno era prácticamente nula y la situación se percibía como más descontrolada y más grave aún que en años anteriores.

Por supuesto, el cambio en la opinión pública no es para lanzar las campanas al vuelo. En primer lugar porque todavía está observadorlejos de reflejar una opinión mayoritaria, en segundo lugar porque se trata más de expectativas que de realidades contrastadas, en tercer lugar porque hay serias dudas sobre la sostenibilidad de las medidas que han animado un poco a la gente, y en último término porque está anclado en el comprensible pero muy discutible clamor popular de uso de la violencia para terminar con la violencia.

De cualquier manera, los datos de las encuestas merecen consideración. Según LPG ha subido de 9.6% a 20.4% la gente que opina ahora que el presidente está ayudando a resolver el problema de seguridad. Todavía el número es bajísimo, pero es una mejoría de más de 10 puntos. Así de mal estaba la calificación hace solo unos meses, en febrero de 2016. De igual manera ha bajado de 70.0% a 57.5% la gente que cree que el presidente no está ayudando a solucionar la inseguridad. Todavía es muy alto el número negativo, pero se ha reducido en más de 12 puntos en el último trimestre.

La encuesta de “Predictvia” para EDH tiene dos lecturas, ambas importantes. La lectura negativa es que casi el 60% cree que las medidas extraordinarias contra las pandillas no están dando resultados. La lectura positiva es que casi el 40% cree que sí lo están haciendo. En condiciones normales, este dato sería malo, pero viniendo de niveles tan altos de desaprobación, que ahora un 40% califique como eficaces las medidas contra las pandillas constituye al menos una evolución digna de reconocimiento y atención.

Ha mejorado la expectativa. De la realidad poco sabemos. Las instituciones del ramo de seguridad siguen sin ofrecer datos periódicos confiables, debidamente procesados, estandarizados y bien analizados, sobre los delitos más graves. No lo hacen en materia de homicidios, que hasta cierto punto son más fáciles de registrar, menos aún con delitos más difíciles de procesar.

¿Quién está matando? ¿Cuál es el perfil de las víctimas de la violencia? Si mueren 400 personas en un mes, ¿cuántos son pandilleros, cuántos se mataron entre ellos, cuántos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cuántos son atribuibles, aunque sea hipotéticamente, a grupos de exterminio? ¿Cuántos homicidios están relacionados con la droga o con la extorsión? ¿Se mantienen las coordenadas geográficas de la violencia o están en expansión? A estas debiéramos poder responder con datos creíbles, entregados con regularidad, con verdadero celo por reflejar la realidad. En cambio, tenemos información fragmentaria, discontinua y dispersa, que no nos permite evaluar la situación con la debida claridad.

El presidente está recibiendo al final de su segundo año de gobierno un cierto reconocimiento porque ha mostrado mayor liderazgo y efectividad, comenzando con el cambio de ministro y de director de la PNC, que a muchos les pareció una rueda de caballitos, pero tal vez era algo más.

Después de la matanza de Opico, la célebre discusión del estado de emergencia o de excepción, a pesar de sus deficientes definiciones e interpretaciones, dejó la inédita imagen de los jefes de los tres Órganos del Estado y el titular del Ministerio Público conjurados ante la gravedad de la situación. Dejó también la semilla de un amplio consenso para la aprobación de medidas extraordinarias, tanto legislativas como administrativas, para mayor efectividad en el combate contra las pandillas.

Enhorabuena al gobierno y a todos por los consensos logrados. Por cierto, no estaríamos como estamos si con similar diligencia, responsabilidad, voluntad y sentido de unidad se trataran otros problemas acuciantes de nuestra realidad. Ahora por primera vez desde el acuerdo de paz, el gobierno tiene prácticamente todo lo que ha pedido en materia de seguridad. Tiene a todos los sectores apoyando su gestión en el CSCC. Tiene todas las leyes especiales que requirió. Tiene tres recursos financieros adicionales a la cuantiosa suma aprobada para seguridad en el presupuesto general de la nación. En este sentido, el gobierno ha recibido de todas las fuerzas políticas mucho más de lo que concedió el FMLN a los gobiernos de ARENA cuando estaba en la oposición.

Ahora tiene que producir mejores resultados, pero debe hacerlo superando deficiencias estructurales, perversiones institucionales e inaceptables acciones policiales. En este orden, su mayor desafío será revertir la militarización de la seguridad, evitar la violación de derechos humanos y superar la parálisis mostrada en el componente social de su estrategia general.

En este último aspecto ha mostrado una preocupante incapacidad para dar vida en los barrios populares a su propio lineamiento de acción social, de mejoramiento de infraestructura comunal y de transformación educacional. Su excusa ha sido la falta de dinero, pero tal vez debiera buscar la explicación de tanta ineficacia en la deformación burocrática y en la falta de imaginación, compromiso y convicción de sus propios cuadros, tanto en el gobierno central como en la gestión municipal.

En cuanto al uso de la Fuerza Armada, el decreto ejecutivo de septiembre de 2009 definió de manera imprecisa su rol y su control. Desde entonces hasta abril de 2016, sucesivos decretos no han hecho más que prorrogar la vigencia de la chapucería original. Los presidentes, además, no han rendido en la forma debida los informes establecidos en la correspondiente disposición constitucional. Esta situación debe terminar. Sería muy triste que después de tantos años de insurgencia, de guerra y de acuerdos de paz, el gobierno del FMLN pasara a la historia como el que volvió a militarizar la seguridad.

Salvador Samayoa: “Mano dura es la que hay ahora, no la de Paco Flores”

Con matices sustanciosos, pero Salvador Samayoa compra la estrategia gubernamental de confrontación abierta contra las maras el faroque la Administración Sánchez Cerén desató en enero de 2015, con beligerancia creciente. Dice: “La primera razón de ser del Estado es garantizar la seguridad y los bienes de las personas”, aunque rápido incluye una crítica severa a lo que se está haciendo: “Si dejamos que la PNC se convierta en una fuerza que no respeta leyes ni derechos humanos, luego será un cáncer difícil de extirpar”.

salvador samayoa

Roberto Valencia, 13 abril 2016 / EL FARO

Exministro en la primera Junta Revolucionaria. Ex comandante guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación. Expresidente del extinto Consejo Nacional de Seguridad Pública. Exfuncionario durante la Administración Flores. Un hombre que hoy puede jactarse de contar con amigos –y examigos– en las cúpulas del FMLN y de ARENA.

En una sociedad tan polarizada como la salvadoreña, tan gregaria en el ámbito político, Salvador Samayoa es una rara avis por haber sabido conservar voz propia, que no es poco, una voz crítica y a la vez respetada por las cabezas más pensantes de los dos extremos del espectro ideológico-partidario. Es, además, alguien que trata de no desconectarse de lo que se cocina en los despachos donde se toman decisiones ni tampoco –y quizá sea lo más singular en alguien de su estatus social– de lo que se cocina en las comunidades empobrecidas.

Por su experiencia y conocimientos acumulados es un analista, pero, en un contexto en el que cualquier mequetrefe se pasea por los platós de televisión con esa misma etiqueta, conviene explicitar que Salvador Samayoa lo es en el sentido más amplio y virginal de la palabra: “Observador habitual de un campo de la vida social o cultural”. La seguridad pública, en el caso que aplica para esta plática. El Salvador atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia reciente, y la Sala Negra de El Faro lo quiso sentar para escuchar sus valoraciones.

Hay quien dice que El Salvador ya vive una guerra. ¿Comparte el análisis?
En una escala de cero a cien… cero. Me parece un desatino, una alharaca y un desenfoque total de la naturaleza de los fenómenos.

Incluso el Gobierno comienza a apropiarse de esa palabra.
Eso es retórica política, pero de ahí a que el fenómeno que tenemos se defina como guerra, como una guerra equiparable a la que vivimos en los ochenta, eso yo no lo acepto.

¿Cómo interpreta los cambios en la lógica del Gobierno? En un año hemos pasado de que los medios exageraban la situación a un discurso netamente guerrerista.
El presidente Sánchez Cerén paga el precio de ser ecuánime y sobrio; lo paga porque cuando se sale un poquito del guion de ecuanimidad, lo que dice se convierte en escándalo. Con el presidente anterior, como eran habituales su estridencia y su falta de ecuanimidad, no pasaba nada cuando decía algo altisonante.

Pero el cambio de discurso desde junio de 2014 es real.
El discurso ha cambiado a veces sin razón, y a veces con razón. Una razón que a mi juicio justifica un cambio es cuando las pandillas convierten a las autoridades del Estado en sus objetivos, sobre todo a los policías. Esos ataques, si fueran sostenidos y sistemáticos y crecientes, sí podrían considerarse escenario de guerra, pero no estoy convencido de que eso esté ocurriendo. Las pandillas no pueden sostener esa situación, y creo además que algunos ataques a policías no se han debido a que son agentes, sino a otro tipo de situaciones.

Esta Administración pasó de defender la policía comunitaria como panacea, a coquetear con la idea de los estados de excepción.
Lo que pasa en El Salvador es que, cuando los gobernantes entran, no saben qué hacer en el área de seguridad pública, porque no hay especialistas. Todos aprenden sobre la marcha.

¿Cuándo las maras dejaron de ser un problema de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad nacional? ¿Hay algún quinquenio clave en esa evolución?
Para mí no pasa por coordenadas de período gubernamental, como si unas determinadas acciones u omisiones de un gobierno en particular hubieran acelerado el problema.

El manodurismo fue un factor determinante.
Yo no lo creo. Entre todos los factores de índole diversa que configuran el problema, creo que el más determinante fueron las deportaciones masivas de criminales a finales de los noventa desde Estados Unidos. No hay país en el mundo que resista una inyección así en un período tan corto.

No sé, no sé… Desde los Acuerdos de Paz los años con menos homicidios han sido 2002 y 2003, y eso no cuadra con su teoría de que las deportaciones noventeras son el principal detonante.
Lo que yo quiero decir, aunque sé que a mucha gente no le gusta escucharlo, es que el Gobierno de Paco Flores fue mejor que otros gobiernos en el área de seguridad pública. Yo viví esa realidad desde adentro, no me la contaron. A mediados de los noventa las pandillas eran casi exclusivamente estudiantiles, con enfrentamientos entre institutos técnicos y nacionales, y el proceso de mezclarse esas pandillas con la gente deportada a finales de los noventa tomó su tiempo.

Hay infinidad de artículos en prensa nacional y extranjera de mediados de los noventa que hablan de las maras como grupos criminales ya.
Esas pandillas no son como las que conocemos ahora.

Claro que no. Hay un desarrollo y radicalización, pero usted lo ubica a finales de lo noventa y…
Las deportaciones masivas de criminales son el origen del que a mi juicio es el factor más determinante, aunque eso no significa que ese factor actúa de un día para otro.

Usted no cree que el principal detonante son la realidad social salvadoreña y las políticas públicas adoptadas.
No lo creo, no. El Plan Mano Dura de Paco Flores me parece un mito, un cliché, un eslogan de los opositores, porque nunca hubo el mentado manodurismo. Es mentira. Mano dura es la que hay ahora, no la de Paco Flores.

El Plan Mano Dura se lanzó ocho meses antes de las presidenciales. Es Antonio Saca quien desarrolla el manodurismo ejecuta acciones a mi juicio determinantes, como la asignación de cárceles exclusivas a las pandillas. El cobro de la renta se generaliza después del manodurismo, no después de las deportaciones.
Yo creo que asociar a un determinado presidente el crecimiento de las pandillas es simplificar las cosas demasiado. El manodurismo que trató de implementar Paco Flores no tuvo éxito porque se le tiró encima la sociedad entera; su ley antipandillas la declararon inconstitucional en abril de 2004. Es decir, la Mano Dura no tuvo un tiempo importante de actuación como para atribuirle que desencadenara equis, ye o zeta consecuencias. Reitero: mano dura es la que hay ahora; aquello era solo discurso de mano dura.

No nos enroquemos. Más cerca en el tiempo, ¿no cree que la Tregua de Funes ha tenido una fuerte incidencia en la evolución del fenómeno?
Tiene incidencia. Los pandilleros aprendieron algo que no sabían: negociando con un gobierno pueden obtener beneficios. Por eso, cuando les cortan la negociación, como ya han aprendido que es un camino, presionan en las calles para recuperar la negociación y los beneficios. En ese sentido es que la Tregua hizo daño, pero tampoco lo sobredimensionaría.

Centrémonos en el presente, en el actual gobierno del FMLN. Llevan casi siete años, pero…
Llevan dos.

Cabal, ahora solo se hacen cargo de dos.
¿Cuándo dijeron eso? ¿Ya se distanciaron? Ojalá lo dijeran más claramente y pidieran disculpas al país por los cinco años anteriores.

¿No es tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda exigir mejores resultados?
Por supuesto que sí.

Desde junio de 2004 los homicidios se han duplicado.
Los resultados, sin duda, son pobres. Pero se puede medir también si los procesos que han comenzado están siendo efectivos, que no significa tener resultados a corto plazo.

Salvador Samayoa, analista político, durante entrevista sobre el tema de seguridad actual en El Salvador. Realizado en las oficinas de elfaro.net, en Antiguo Cuscatlán. 06042016

Foto Víctor Peña.

 

¿Usted otorga crédito a…?
Yo otorgo crédito a algunos de los procesos que ha iniciado el Gobierno, sí; pero eso no quita que sea crítico con los resultados obtenidos hasta ahora.

Acaba de decirme que este Gobierno aplica el manodurismo. ¿Es lo que necesita el país?
Tal cual me lo plantea usted tiene una connotación peyorativa, descalificadora de políticas de antemano y a priori; y ese tipo de retórica no me gusta. Pero el primer deber, la primera y única razón de ser del Estado, es garantizar la seguridad y los bienes de las personas. Todas las demás funciones varían en función de la ideología y de los períodos históricos, pero el Estado está para garantizar la seguridad. Si los pandilleros han decido hacer lo que hacen, que se les trate con dureza lo veo como un deber del Estado. Otra cosa diferente es si la dureza se traduce en violación del Estado de Derecho, pero ese es otro problema distinto.

Corríjame si no piensa igual, pero ¿cómo un gobierno que dice ser de izquierda se ha distanciado tanto de las comunidades?
Entre los varios fallos que ha tenido el FMLN, entre los factores de índole diversa de la ineficacia de este gobierno, uno es la falta de vocación de trabajo social, de compromiso, de mística, de esfuerzo, de sacrificio para ir a los barrios y comunidades, para cambiar el paisaje ahí. Este es un gobierno que, viniendo de la izquierda, se ha burocratizado, se ha acomodado. Sus funcionarios ya no van a los barrios urbanos, mucho menos a las áreas rurales, si no es a un mitin en camionetas pagadas por el Estado, pero nunca a trabajar o a escuchar a la gente.

¿El diálogo con los pandilleros es imprescindible?
Antes de entrar en el tema polémico del diálogo, quiero recapitular lo que hemos hablado: yo creo que la solución pasa por una mayor eficacia del aparato represivo del Estado, y es imprescindible la dureza en el marco de la ley. Y en segundo lugar, pasa por el cambio, a medio y largo plazo, de las condiciones en las colonias; lo que yo llamo el mejoramiento integral de barrios.

Pero usted cree en el diálogo.
Pienso que siempre se debe estar en capacidad y en disponibilidad para dialogar con pandilleros. Otra cosa es quiénes hablan, cómo hablan, de qué se habla… Yo pasé por eso. Los cinco años que estuve al frente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (1999-2004), hablé con el liderazgo de la Mara Salvatrucha, que en ese momento estaba en los centros penales de Quezaltepeque y Apanteos. Con bastante frecuencia me reunía con ellos.

Con el Diablo de Hollywood, con Borromeo Henríquez.
Con Borromeo y con toda la dirección. Por cómo funciona la pandilla, a él no le convenía hablar solo conmigo; tenían que estar sus compañeros. Y yo me entendí con ellos, siendo que no estaba entre mi mandato, en ningún sentido, el tema de pandillas.

Lo que usted hacía 15 años atrás hoy está demonizado. ¿No habría que empezar a ‘desdemonizar’ la idea del diálogo?
Sí, pero hay una diferencia fundamental: cuando yo hablaba con ellos, no han herido a la sociedad de la manera que lo han hecho en los últimos diez años. Eso vuelve más complicada la idea del diálogo, porque la susceptibilidad de la gente está herida. Entonces, y teniendo en consideración que hay un tema de sensibilidad legítimo en la gente, yo sí creo que, en algún momento y para determinados propósitos, hay que hablar con los pandilleros.

¿Qué dialogaba usted con ellos?
Cuando había que hacer una obra importante en barrios en los que estaban, se hablaba con ellos. Los pandilleros nos son brutos, y si hacíamos una obra para mejorar las condiciones de vida de sus familiares… ellos no son tontos. Tienen hijos y madres que se benefician.

El discurso actual es cero negociación.
Estoy de acuerdo con que el Gobierno no negocie con las pandillas, pero creo que es importante tener mecanismos de diálogo, siempre que sean trasparentes y para propósitos lícitos.

¿Cómo evalúa las reacciones de las dos fuerzas políticas mayoritarias ante el video del diputado Muyshondt reunido con mareros?
La reacción de ARENA me pareció patética. Es evidente que Muyshondt no fue sin el conocimiento de líderes del partido, probablemente del propio candidato presidencial. Entonces, uno lo menos que tiene que hacer es tener la frente en alto y decir las razones por las que actuó como actuó. Yo creo que Muyshondt manejó mal el contenido de lo que conversó, pero el hecho de que fuera a reunirse con ellos me parece totalmente razonable.

Hipocresía pues en la reacción de ARENA. ¿Y el FMLN?
Los dos partidos reaccionaron con hipocresía tras el video.

¿Sabe si el FMLN ha dialogado con pandilleros?
Así comenzó este gobierno, dialogando con las pandillas. En lo personal, creo que una de las razones por las que Benito Lara ha salido del Ministerio de Seguridad es porque él era un convencido de que había que mantener puentes con los pandilleros.

¿Cómo tener confianza en una clase política que actúa con hipocresía?
Quizá el hecho de que con ese video haya quedado tan expuesta la hipocresía de los dos partidos los hará un poco mejores a ambos, en el sentido de que a partir de ahora lo pensarán dos veces antes de actuar sin transparencia.

Salvador Samayoa, analista político, durante entrevista sobre el tema de seguridad actual en El Salvador. Realizado en las oficinas de elfaro.net, en Antiguo Cuscatlán. 06042016

Foto Víctor Peña.

 

El tema de los derechos humanos. El discurso oficial habla de respeto, pero la realidad parece ser otra.
Yo hablé con el presidente de este tema a inicios de septiembre pasado, si no recuerdo mal. Le llevé una carpeta bajo el brazo de artículos periodísticos, cinco o seis reportajes de cabeceras de prestigio mundial. Todos señalaban violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y le dije: “Presidente, en primer lugar, esto no hay que hacerlo porque no hay que hacerlo, y eso es lo más importante; pero además, te puede crear un problema de imagen que, una vez se establece, no te lo quita nadie”. Y le recordé cuando nosotros en los ochenta logramos que todo mundo se refiriera a ARENA como: “ARENA, coma, el partido de los escuadrones de la muerte, coma…” Todos los medios internacionales se referían a ARENA con esa cláusula subordinada. Por eso le dije: “Si se llega a establecer que tu Gobierno es violador de derechos humanos o promotor o encubridor de ejecuciones sumarias, eso no te lo va a quitar nadie”.

¿Qué opinión le merece que no haya sido apartado ni un solo policía de sus funciones bajo sospecha de haber participado en ejecuciones sumarias?
En primer lugar, no soy partidario de las condenas extrajudiciales, basadas en lo que dice la oenegé tal, o el periódico tal, o incluso la institución tal. No condeno a nadie de antemano, si no se le ha seguido un proceso judicial de arreglo a derecho, y por eso no asumo que unos policías son culpables ni aunque los esté señalando un informe de la PDDH. Además, entre las acusaciones de ejecuciones que han salido a la luz pública no me han parecido todas igual de sólidas.

Pero no hay ni un solo policía procesado por ejecutar pandilleros.
Ese punto sí me parece válido: es casi imposible que no haya algo o mucho de cierto en lo que se está diciendo sobre ejecuciones cometidas por policías o soldados. Y que no haya ni un solo responsable procesado, siquiera en los mecanismos de control interno, eso muestra una debilidad institucional inaceptable.

El Gobierno acaba de nombrar subdirector de la PNC al comisionado Flores Murillo, alguien que estuvo procesado por integrar el grupo de exterminio Sombra Negra.
Yo participé en la primera depuración de la PNC que se hizo durante la Administración Flores, que fue seria. Y en aquel corte se expulsó a Flores Murillo precisamente por aquello de la Sombra Negra, porque creímos que, por la imagen que tenía, era cuanto menos inapropiado para la PNC. Pero él se amparó y un tribunal lo restituyó; si nos atenemos a derecho, el Gobierno actual no tiene por qué discriminarlo.

Pero tampoco promocionarlo, y nombrarlo subdirector.
Es una decisión que no es políticamente conveniente, aunque sea legal.

¿Promover a alguien que estuvo procesado por participar en un grupo de exterminio no choca frontalmente con el discurso de respeto a los derechos humanos?
Depende de si están convencidos o no de si este señor participó en esas cosas. Si creen que no lo hizo, ¿por qué lo tendrían que discriminar?

Podría interpretarse como un mensaje de tolerancia hacia ciertas prácticas.
Más que ese caso particular… me parece que los cambios y los nombramientos recientes en el Gabinete de Seguridad no fueron iluminados y coherentes; en eso estamos de acuerdo. Tampoco tengo ninguna duda de que el respeto a los derechos humanos es un asunto crucial: si dejamos que la Policía vuelva a convertirse en una fuerza que no respeta leyes ni derechos humanos ni nada, luego será un cáncer difícil de extirpar. Dicho eso, creo que los policías no se tienen que comportar como niña lastimada en su virginidad; no se les puede pedir que cuando entren en esos barrios a detener a gente que no tiene ascos para matar, lo hagan con actitudes que no son agresivas.

Hay gente que cree que el respeto a los derechos humanos debería ser secundario.
Es de analizar las realidades y de tener la prudencia, la responsabilidad y el sentido de transparencia en lo que vas a hacer. Pongo un ejemplo: El Salvador es signatario de tratados internacionales para la administración de la justicia en menores, como las Reglas de Beijing, pero si yo fuera el Estado salvadoreño, anunciaría al mundo, tras lograr un consenso entre los tres poderes, que esta y esta y esta regla no las vamos a cumplir, porque cumplirlas me impide lidiar con mi responsabilidad mayor, que es brindar seguridad a mis ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad podrían torturar bajo el mismo argumento de que sirve para combatir a las maras.
Pero eso digo que lo del riguroso respeto a los derechos humanos depende. La tortura yo no la acepto bajo ninguna circunstancia, pero sí acepto que se revisen las obligaciones que, por haber firmado las Reglas de Beijing, tiene el Estado con los pandilleros menores de 18 años.