CICIG

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG: “La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es un superpoder, dice Velásquez, ante algunas de las críticas respecto de este organismo cuyo trabajo llevó a la caída del presidente guatemalteco. “Lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados”. Velásquez agrega que, lejos de suplantar a la Fiscalía guatemalteca, la CICIG la ha apuntalado y protegido en la lucha contra la corrupción.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Gabriel Labrador, 8 noviembre 2015 / EL FARO

el faroDurante la hora que durará esta entrevista, Iván Velásquez Gómez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 6 septiembre de 2013, mirará en numerosas ocasiones el reloj colgado de la pared. Tiene prisa, como siempre, y con su agenda llena de actividades no puede darse el lujo de extenderse demasiado con periodistas. Desde abril, cuando la CICIG reveló la existencia de una estructura criminal encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina que eventualmente lo obligó a renunciar, su reserva y diplomacia con la prensa ha sido una constante, aunque sería un error asegurar que Velásquez no es accesible. La mañana de este miércoles 28 de octubre asistió a la inauguración de un salón especial de audiencias en la Corte Suprema de Justicia y a media tarde tendrá una breve pero significativa conferencia de prensa con el presidente electo Jimmy Morales.

Velásquez permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez. “No, la CICIG no es un superpoder”. “El propósito es que la ciudadanía sea activa, participante”. “Estamos acostumbrados en nuestros países a que simplemente se elija a los representantes”. A la media hora de entrevista, Velásquez y su asesor de prensa insinúan que ya se agotó el tiempo para platicar. Velásquez sabe que la CICIG y él no son del agrado de muchas fuerzas que se resisten a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.

Guatemala vive en la incertidumbre. Tras la caída de Pérez Molina en septiembre, los guatemaltecos eligieron como sustituto a un comediante sin experiencia política que, por si no bastara, tendrá un Congreso desfavorable. Malas noticias para las profundas reformas políticas y leyes que el país requiere para frenar la corrupción: leyes como la de partidos políticos, la del servicio civil, o la de contrataciones del gobierno.

Es un país pobre y desigual, con niveles de delincuencia entre los más altos del mundo y con instituciones penetradas por el crimen organizado. Este miércoles 28 de octubre solo han pasado dos días -y un día después de la segunda vuelta en la elección presidencial- desde que la CICIG desbarató una organización integrada por médicos y empresarios dedicados a enriquecerse mediante la venta de medicinas a hospitales públicos. Uno de los principales implicados, Gustavo Alejos, ahora prófugo, financió la campaña de los últimos tres presidentes, Óscar Berger, Álvaro Colom y Pérez Molina.

Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, y dice que la Guatemala que él ve en el futuro debe tener a sus ciudadanos muy activos y empoderados, ejerciendo veedurías locales para controlar el poder. Sabe que el camino es largo y que se parte desde un punto cercano al cero. “La ciudadanía no estaba preparada para quedarse sin presidente y sin vicepresidenta, pero es un proceso en formación”, dice, cuando se le pregunta quién está liderando la búsqueda de las transformaciones del país exigidas por multitudes desde abril hasta la caída de Pérez Molina.

Antes de ser comisionado de la CICIG, en su natal Colombia, Velásquez envió a prisión a medio centenar de congresistas colombianos por sus relaciones con el paramilitarismo, y también encontró el nexo de 130 diputados con estructuras del narcotráfico.

Está puntual para la entrevista a las 12 del mediodía de este 28 de octubre.

¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía. Y no era simplemente la protesta, reaccionaban para exigir reformas al Estado porque paralelamente se organizó un movimiento ciudadano contra la corrupción, parece que se llamaba Ciudadanos contra la Corrupción; la Plataforma por la reforma del Estado que convocó la Universidad San Carlos y más de 120 organizaciones terminaron participando en las discusiones que tenían como objetivo eso, propuestas de reformas.

¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano. Ayer mismo dijo en otra entrevista que, así como enseñaba Ronald Reagan, “hay que gobernar con dos de tres”, y que eso podía asegurar el éxito del gobierno. En el caso de Guatemala, los tres son el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Entonces, tener Ejecutivo y sociedad es una forma de anticiparse a lo que también se afirma va a ser una situación difícil cuando el 14 de enero asuma un gobierno que tiene una representación muy pequeña en el Congreso.

Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado? ¿Hacia dónde espera que la gente se dirija con el nuevo escenario que tienen enfrente?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.

En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe…
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.

En nuestros países esa fórmula falla muchísimo.
Y en todo caso, aun existiendo una buena representación en el Congreso, el pueblo no debe renunciar a su posibilidad de participar en los asuntos del Estado. Se debe tender hacia una conformación de un Estado verdaderamente democrático pero con una sociedad activa, participativa y vigilante. Si hay además unos partidos políticos verdaderamente representativos, fuertes, democráticos, y si esos partidos además tienen una representación legítima en el Congreso, no vía transfuguismo, muchísimo mejor. ¿Pero cuál es la situación del país en ese sentido? Que hay unos partidos políticos que son partidos mucho más electorales que ideológicos o programáticos, que no agencian los intereses ni siquiera de sectores de la sociedad frente al Estado, que es tal vez el papel principal que tendría un partido político, sino que promueven más los intereses personales, hasta en algunos casos, de los dueños de los partidos y eso, naturalmente, se refleja en el Congreso y en la forma de actuar del Legislativo. Pero otro problema es el transfuguismo en Guatemala, así como se ha visto, partidos que eligen 12 diputados y terminan con más de 60. O partidos que comienzan con más de 40 y terminan con menos de 20. ¿Y entonces qué era lo que estaba escogiendo el pueblo en las elecciones? Porque si estaba escogiendo un proyecto, significa que todos estos que se pasaron traicionaron un proyecto y finalmente no se responde a esa participación electoral. Por todo esto una de la reformas que me parece muy importante en Guatemala es la de la ley electoral y de partidos políticos que, en esta coyuntura, ya se intentó aprobar en el Congreso pero se estancó.

¿Y cómo se concilia la idea de que la ciudadanía debe empoderarse más para controlar el poder si al mismo tiempo se busca leyes que refuercen a los partidos políticos como las únicas opciones para ejercer ese poder?
Ley electoral es un tema de mucha importancia, porque además puede democratizar la participación en movimientos políticos. El hecho de que se posibilite que organizaciones sociales, movimientos cívicos puedan participar y tener una representación en el Congreso y en las alcaldías ha sido positivo. Leía en estos días también una crítica hacia esto por la posibilidad de que sean movimientos organizados cooptados por el crimen organizado, pero ante eso yo diría que la experiencia de Colombia en cuanto a movimientos ciudadanos con representación ha sido muy buena. Debería reflexionarse sobre temas de esta naturaleza.

¿Estaba preparada la ciudadanía para quedarse sin presidente y vicepresidenta y empezar a impulsar reformas como esas de las que habla?
No, este es un proceso en formación. Sin embargo hay elementos también que se pueden destacar, como el hecho de que hubiera sido un movimiento ciudadano tan multisocial, digámoslo así, tan heterogéneo, y todo con un respeto de la institucionalidad. A todo el mundo, yo creo que hasta a la propia sociedad la cogió por sorpresa. A las propias organizaciones sociales que se supone que están siempre en la reflexión sobre esta sociedad, también las tomó por sorpresa, pero se ha logrado ir en este proceso de construcción. Lo que esperamos es que efectivamente se consolide, ya el tiempo dirá.

¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses… y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.

¿Está hablando de la gran empresa organizada, el CACIF?
Del CACIF no hemos recibido presiones para el cumplimiento de la actividad nuestra, como que reprochen o intenten bloquear alguna acción que hemos adelantado… de ninguna de las investigaciones ha habido respecto de nosotros ninguna interferencia de ningún sector.

¿No cree que en la sociedad guatemalteca la incidencia del CACIF sí es grande y evidente, como en el juicio contra Ríos Montt, para que se recortara el período de la fiscal Paz y Paz, o ahora en el caso del Seguro Social?
En la sociedad guatemalteca están todos, era lo que decía ahora precisamente de los diferentes intereses que se mueven en la sociedad…

En este punto, interrumpe Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG: “Recuerde que Jorge Briz ha tomado muy en serio las banderas de la lucha contra la corrupción…”. Velásquez continúa su respuesta.

… porque es algo que yo iba a indicar: que tampoco, ni siquiera el sector empresarial es homogéneo, granítico.

Lo vimos cuando algunas de las cámaras del CACIF querían pedirle la renuncia a Otto Pérez como presidente, mientras que otras no porque consideraban que era una afrenta contra la institucionalidad…
El hecho de que un presidente y una vicepresidenta salgan del gobierno no es una fractura de la institucionalidad. La institucionalidad tiene además previstas la formas para superar situaciones de esta naturaleza como se hizo, y se hizo de manera muy pacífica, tranquila… aunque nadie preveía que esto podría ocurrir en el país. Sin embargo, nuestras investigaciones nunca tuvieron una intervención desde sectores que respaldaban al presidente, y no era que la CICIG precisamente estuviera contra el presidente. El 16 de abril salimos con la investigación y mostramos lo que efectivamente teníamos hasta ese momento y era que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidenta. De ahí se siguió examinando sin que nosotros tuviéramos el propósito de ir por tal o cual persona. Avanzamos en las indagaciones, la vicepresidenta renunció, hicimos allanamientos y vimos, por circunstancias, que eventualmente podría perjudicarse al presidente, pero nosotros seguimos con las investigaciones, y aquellos sectores que decían que la defensa del presidente era la defensa de la institucionalidad, siguieron con sus teorías y sus acciones, y nosotros seguimos también independientemente con el Ministerio Público realizando las investigaciones y concluyó como concluyó.

Hay quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos. Justo después de las elecciones dan este golpe contra uno de los financistas del partido UNE. ¿Qué dice usted a quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos?
Pero entonces no hubiéramos presentado, por ejemplo, el informe sobre financiamiento de la política…

Eso fue en julio, dos mes antes de la primera vuelta.
Muchos analistas y comentaristas decían que se afectaba muy directamente a ese partido. Si hubiera alguna agenda en ese sentido, o el interés de proteger a algún interés político, valga la redundancia, entonces no hubiéramos presentado el informe de financiamiento antes de las elecciones, sino ahora y hasta se pudiera haber presentado una evaluación ya verificada de las dos vueltas presidenciales, una evaluación de todo el tema electoral… En cada caso hacemos coordinaciones con el MP, y llegamos a un punto como al que llegamos ayer: definimos MP y CICIG que ya hay una investigación madura para solicitar orden de captura, formular imputaciones y presentar el caso ante los jueces… Por ejemplo en el caso de los medicamentos hay una razón por la cual no se hubiera realizado antes del 25 de octubre. En ese caso hubo dificultades con el juez contralor por cantidad de cosas que tiene ese juez, pero hay además una situación en Guatemala de recusaciones contra jueces que afecta todo. Pero además debo decir que faltaba concluir un informe criminal, esa era la razón por la cual no se presentó en julio o en agosto o en septiembre. Y había otros puntos de verificación: teníamos mucha información, había teléfonos interceptados y para lo que mostramos ayer en la presentación -que en la página web de compras del Estado- había que hacer unas constataciones de campo para verificar y llegar finalmente a lo que se presentó ayer.

En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.

Para dejar claro lo que me está tratando de decir, porque hubo muchas personas que especularon que hubo fuga de información. ¿Cuántas personas sabían antes del anuncio sobre el involucramiento de Juan Carlos Monzón?
Por ahí unas 10 personas antes de las 11 de mañana. El equipo de investigación acá, el equipo del MP, la fiscal general y yo. Y así ha habido muchos casos similares. Cuando se hizo la investigación relacionada con el sistema penitenciario, de Byron Lima y del director del sistema penitenciario, nadie sospechaba que a las 6 de la mañana iba a ser privado de libertad. Hubo comentarios en contra que se preguntaban “¿cómo es eso que el ministro de Gobernación o la fiscal general no estaban enterados totalmente de algo que se estaba haciendo?” Y yo relaté en aquella época que nosotros nos sentamos en los días previos con el director del sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación porque había un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Los otros funcionarios, ¿para qué van a tener que saber que era inminente la captura del director? Ya bastante con que yo mismo en esa mismas reuniones tuviera que hablar en términos de futuro como si existiera ese futuro. Se ha logrado hasta el momento mantener ese nivel de reserva de las instituciones.

Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad, para implementar programas como la Alianza para la Prosperidad y otros grandes paquetes millonarios de ayuda. Además, hemos visto muy activo al embajador estadounidense en Guatemala. ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
Última pregunta.

¿Tan pronto?
Es porque ya no tengo tiempo, pero yo se la contesto.

Adelante.
(Piensa cinco segundos) Si la inquietud es la relación con la CICIG, yo puedo decir lo mismo que le mencionaba ahora del CACIF. No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo o impulso que se pretendiera ejercer respeto de la comisión. Nosotros organizamos, a partir de enero o febrero de 2014 un plan de investigación, identificando cinco líneas gruesas de investigación que pensábamos era lo conveniente para el país en las condiciones en las que se encontraba. Todo eso se había diseñado y se estaba trabajando en investigación sin que hubiera habido ninguna comunicación desde nadie, desde ninguna embajada, desde ningún sector de Guatemala. El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: “Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos”. Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: “Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones”. Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia. La Unión Europea creo que triplica los aportes que se ha recibido de la comunidad internacional durante el tiempo de la existencia de la CICIG, entonces ese tampoco es un argumento.

Para Estados Unidos el triángulo norte es muy importante en su estrategia de seguridad…
Sí, pero podría ser que Estados Unidos ha visto que un proyecto como el de la CICIG ha sido exitoso en Guatemala y que efectivamente ellos tienen intereses en la región, y dicen: “¿Qué tan conveniente podría ser que organismos similares pudieran apoyar en estos otros países como un respaldo en la lucha por la independencia de los órganos de investigación y de juzgamiento?” Los empresarios guatemaltecos dicen: “Para nosotros es muy importante un sistema de justicia independiente, honesto, idóneo, porque eso es también una garantía para los negocios”. Y lo he escuchado en la discusión del Plan para la Prosperidad, una garantía para que los negocios funcionen. Al final es un tema de inversión, de desarrollo, que podría permitir también el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos de los tres países para que haya un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Se ha encontrado que esto que se ha intentado en Guatemala podría contribuir a eso, y es en este sentido que yo interpreto la afirmación pública que han hecho funcionarios de Estados Unidos. Y si respaldan que en los otros países se pudiera establecer, es por la experiencia exitosa que se ha venido viendo en Guatemala, no como una posibilidad de intervención, de injerencia, a través de esas comisiones, porque por lo menos en Guatemala no ha existido… Y la última pregunta…

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

¿Para quiénes supone un riesgo una Comisión contra la Impunidad en países como El Salvador, Honduras con condiciones?
No voy a hablar de El Salvador ni de Honduras, pero sí puedo hablar de América Latina, y en todos los países en los que hay un sistema de justicia o dependiente o poco independiente o débil, una comisión de esta naturaleza puede ser un apoyo. ¿A quiénes les puede perjudicar entonces? Precisamente a quienes no les interesa tener una justicia independiente, honesta, idónea. Es decir, a un sector muy importante, a quienes están comprometidos con estructuras, o por lo menos con actividades delictivas. Del resto, a los Estados, a los gobernantes, a la sociedad en general, le debe interesar tener un sistema de justicia que sea efectivamente respuesta a la criminalidad, que pueda reducir los niveles de impunidad, que sea un enemigo real, fuerte, de la corrupción. En la generalidad de nuestros países latinoamericanos esa es la aspiración que tenemos, y por eso hay diversos sectores -estos sí de mayor amplitud- que objetan una comisión de esta naturaleza por razones de nacionalismo. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Lo que dicen es que estamos soportando la intervención extranjera..

O que entonces los países estaríamos admitiendo debilidades…
Pero que un país admita una debilidad es una realidad que se debe hacer, a menos que se tenga realmente la fortaleza. Si no se tiene la fortaleza, yo creo que es una actitud responsable admitir las debilidades, porque admitiéndolas es que se permite obtener las fortalezas. Entonces, dicen: “Esto es una entidad que afecta la autodeterminación guatemalteca”. El propio expresidente Pérez Molina está con que… y en alguna ocasión dijo que el comisionado tenía más poder que cualquiera en el país, y que en el MP me atendían más a mí que a la fiscal, eso no es verdad. Lo que pasa es que todos tienen una certeza, y es que la independencia de la CICIG está sometida a toda prueba. Es decir, que no se puede tratar de intervenir, de incidir, de infiltrar para que defienda otros intereses. ¿Por qué razón creo, entonces, que una comisión de estas no afecta la soberanía? Por un lado, es una iniciativa que no partió de Naciones Unidas. Salió de los acuerdos de paz, de la necesidad de que existiera algo que permitiera luchar contra la impunidad, mucho más dirigido al todo el tema de la represión que existió en toda la época del conflicto pero que había necesidad de que se luchara efectivamente contra la impunidad. Se llegó a un acuerdo que, dada la experiencia de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que acompañó todo el proceso posconflicto, podía ser una comisión de Naciones Unidas pero con características específicas de la investigación criminal. Entonces se produjo un primer acuerdo en el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad dictaminó que vulneraba la soberanía nacional porque le daba titularidad de la acción penal a algo que se conoció como CICIACS, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Era casi una Fiscalía internacional que se superponía a la Fiscalía local, y por lo tanto, se le daban facultades de captura, allanamiento. Se siguió alimentando la idea, y en 2006 se llega al acuerdo de la CICIG, y entonces se le confiere una capacidad de investigación que no va a tener un resultado judicial si el MP no está de acuerdo.

¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.

¿Sería un error replicar el mismo esquema de Guatemala en otro país?
Cada país tiene sus particularidades y es lo que debe examinar qué es lo que más le conviene. Esto es una iniciativa que tiene que surgir de un país, es la reflexión en ese país la que debe determinar si es necesario que haya colaboración internacional. Honduras dijo sí es necesario pero como no les gustaba el modelo de la CICIG hablaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho unos primeros acuerdos y van a establecer una comisión. ¿Cuál será finalmente la sustancia de esa comisión? Habrá que ver cuando celebren el acuerdo, habrá que esperar. Es Honduras quien tiene que definir cuál es el acompañamiento internacional que requiere o si finalmente no se necesita ningún acompañamiento de ese tipo.

Anuncios

El Ring de Hoy: ¿Debe establecerse una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador?

ring-cicigdebe establecerse

Leonor Selva. Leonor Selva, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la ESEN, con estudios de postgrado en Políticas Publicas.

Leonor Selva. Leonor Selva, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la ESEN, con estudios de postgrado en Políticas Publicas.

Leonor Selva, 28 julio 2015 / EDH

Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuando se instaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encontró “un país ideológicamente dividido, una sociedad civil escéptica, y una población que había pasado de padecer la violencia de motivación política, a la violencia común y la creciente presencia e influencia de la delincuencia organizada nacional”; además, su sistema judicial presentaba –según estadísticas oficiales– un grado de impunidad del 96% en los casos de delitos contra la vida. Sin embargo, a pesar de que muchos en El Salvador usaríamos esas palabras exactas para describir la situación de nuestro país, el Secretario General de partido oficial, señor Medardo González, descartaba la idea de una CICIES (versión salvadoreña de dicha Comisión), aduciendo que las circunstancias de ambos países “no son comparables”.

Tanto El Salvador como Guatemala forman parte de la subregión del Triángulo Norte (también conocida como la región más peligrosa del mundo). Organismos internacionales advierten sobre la frágil institucionalidad de ambos países y su alto grado de vulnerabilidad ante la corrupción e infiltración del crimen organizado. La tasa de impunidad de homicidios en nuestro país es del 95% (solo un punto porcentual menos que Guatemala); y no obstante se ha vuelto bastante frecuente que salgan a la luz posibles casos de corrupción en el gobierno, pocos son investigados y judicializados apropiadamente.

En ese sentido, pareciera que lo único que vuelve incomparable la situación de ambos países es que cuando se creó la CICIG en Guatemala, su clase política desconocía –y quizás subestimaba– el potencial impacto de su decisión, mientras que, en El Salvador, hemos presenciado los resultados de las investigaciones de dicha comisión, y sobre todo, el efecto que la CICIG ha tenido –y continuará teniendo– en la sociedad guatemalteca. Quizás por eso nuestros representantes se sienten más renuentes a la idea (ya saben, por aquello de no echarse la soga al cuello).

En contraste con el entusiasmo con que se reciben fondos de cooperación y se aprueban préstamos internacionales, cuando se habla de una comisión internacional que combata la impunidad, afloran las denuncias de violaciones a la soberanía del país. Sobre este punto, es importante recalcar que, por ejemplo, la CICIG no sustituye a las autoridades nacionales en la investigación y persecución del delito, sino que trabaja dentro un marco de cooperación en el que: interviene en los procesos judiciales como querellante adhesivo, asesora técnicamente a las agencias fiscales (quienes son los que formalmente investigan los casos), y se rige por las leyes nacionales. En el plano político, la CICIG tiene la facultad de recomendar reformas legislativas y propuestas de políticas públicas, pero su adopción sigue siendo competencia estatal. Por lo demás, la CICIG fortalece la capacidad técnica e instalada de las instituciones por medio asesoramiento, capacitaciones, intercambio de conocimiento, igual que cualquier otro programa de cooperación. Es así que, la CICIG no compite con el Ministerio Publico; lo acompaña y refuerza en cada paso.

Entonces, es claro que la instalación de una CICIES no representaría ningún tipo de amenaza a la soberanía del Estado. ¿Y sabe cuánto nos costaría esto a los salvadoreños? Absolutamente nada, pues la comisión se financia íntegramente con donaciones internacionales.

Por todo lo anterior, una comisión internacional contra la impunidad constituiría una valiosa herramienta para erradicar la corrupción en el gobierno, depurar nuestras instituciones de seguridad y justicia y para que, como ciudadanía, restablezcamos nuestro carácter soberano.

La CICIES no es la solución mágica a todos nuestros problemas, pero actualmente es nuestra mejor apuesta, pues aportaría tres cosas que parecen ausentes en nuestro gobierno: independencia, capacidad técnica y voluntad para combatir la impunidad.

@LeonorSelva

No debe establecerse

Luis Alonso Cruz. Miembro de Progre Licenciado en CC. JJ. por la UCA. Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Becario OEA del Posgrado en Ética pública, Transparencia y Anticorrupción otorgado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina

Luis Alonso Cruz. Miembro de Progre
Licenciado en CC. JJ. por la UCA.
Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Becario OEA del Posgrado en Ética pública, Transparencia y Anticorrupción otorgado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina

Luis Alonso Cruz, 28 julio 2015 / EDH

La impunidad es un problema en El Salvador; impunidad en todos los ámbitos, desde los que roban millones hasta los que pagan al policía para evitar una multa de tránsito. El sistema de justicia es en parte responsable de que se genere este problema. No tenemos una fiscalía fuerte, ni leyes con penas aceptables, mucho menos un Órgano Judicial probo y que castigue en verdad a culpables. La institucionalidad salvadoreña es aún débil y la respuesta debería ser solventar nuestros problemas fortaleciéndola nosotros mismos sin recurrir a instituciones foráneas.

En los últimos días ha surgido la idea de crear una CICIES que replique a la CICIG, pero olvidan que la función principal de este último organismo es “combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad” ¿Es el problema que nosotros tenemos en el país? No, es más, si uno revisa el informe de labores de la CICIG se lee que este objetivo no ha sido cumplido.

Si nos comparamos con Honduras y Guatemala nos damos cuenta que tenemos avances, pequeños pero los hay. Por ejemplo en Honduras se organizan marchas por la publicación en la que se da a conocer que la candidatura del actual Presidente fue pagada con dinero proveniente de la corrupción, en El Salvador se conoció que parte de la candidatura del Presidente elegido en 2004 también fue pagada con dinero que tenía otros fines. En Honduras hay marchas exigiendo un proceso penal, en El Salvador el proceso ya esta judicializado e irónicamente hacen marchas para exigir la liberación del acusado tildando el proceso de “persecución política”.

En el país conocemos de casos de corrupción como la red en Correos de El Salvador que cobraba servicios y depositaba el dinero en cuentas privadas, un ministro que exigía apoyo para la campaña de su partido político a cambio de contratar servicios, un ministro que aceptó como “lugar de entrega” de los productos la bodega del vendedor o una junta directiva que entregaba terrenos  a militares y diputados cuando debían ser destinados a agricultores. Todos estos casos fueron judicializados con resultados diferentes, unos prescribieron, otros generaron condenas a servicio comunitario sin responsabilidad patrimonial. No debemos olvidar que la CICIG está obligada a cumplir las leyes guatemaltecas, es decir, en nuestro país se tendrían los mismos resultados porque nuestras leyes y procesos permiten estos casos de impunidad.

No hay que olvidar que estamos ante una gran oportunidad para fortalecer de verdad la institucionalidad del sistema de justicia, me refiero a la elección del Fiscal General de la República. Si tan solo la Asamblea eligiera a la persona correcta se podrían obtener los resultados que todos esperamos. Es necesario resaltar la responsabilidad que tiene la Asamblea en elegir una persona, como muchas que han participado en los procesos de selección, que garantice el estricto cumplimiento de la ley y no posea conflictos de interés por su relación con partidos políticos o grupos de poder.

En el país hay personas que siendo exfiscales auxiliares conocen muy bien cómo funciona la FGR e inclusive han renunciado a la misma porque no estaban de acuerdo con sus superiores; entre ellos u otras personas con verdadera independencia, podrían elegir a quien desempeñe el trabajo al frente de la FGR. ¿Por qué no hacemos marchas exigiendo que la Asamblea elija un buen fiscal?

La persecución del delito y el mismo sistema de justicia penal requiere que se elijan en cargos a personas capaces de devolver la institucionalidad y ganar la confianza de la ciudadanía con su trabajo y apego a sus funciones; hagamos lo mismo con nuestro sistema de justicia.