¡Qué envidia los chapines! De Cristina López

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra.

Cristina López, 25 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Qué envidia dan los chapines, la verdad. Aunque padecen de uno de los mismos males que ha plagado a tantas sociedades latinoamericanas, o sea, gobernantes que han usado el servicio público para enriquecerse, han respondido de maneras más valientes. El 20 de septiembre llenaron las calles con más de 205 mil ciudadanos (según cifras del movimiento Justicia Ya) que con un paro nacional buscaban demostrar su descontento con la corrupción de las autoridades y exigir reformas al sistema.

Y no es poco lo que la sociedad civil guatemalteca ha logrado hasta ahora: hace 2 años, en 2015, la presión ciudadana fue uno de los factores más importantes para lograr la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Lo verdaderamente envidiable es que han logrado trascender de la polarización y los colores partidarios, y en las calles y plazas, los colores que predominaban eran los de la bandera chapina. Tanto en la capital como en el interior del país, el clamor ciudadano se dejó oír a una sola voz, trascendiendo (quizás no totalmente, pero algo) las divisiones habituales entre campo y ciudad. En pocas palabras, lo que los chapines están protestando es lo mismo que podríamos protestarles a nuestros propios gobernantes: que se han aprovechado del poder para enriquecerse.

Específico al caso chapín, lo que muchos activistas exigen actualmente es una reforma a su legislación electoral y de partidos políticos para evitar la financiación con dinero oscuro y la protección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que tantos frutos les ha rendido y a la que tanto le teme su presidente, Jimmy Morales. Tanto así que su discurso frente a las Naciones Unidas solo vino a confirmar sus intenciones de debilitar las instituciones instauradas para exigirle cuentas y proteger el Estado de Derecho.

Las protestas no son solo en contra de la corrupción de Morales, sino también en contra de los legisladores que continúan protegiéndolo y se niegan a quitarle el fuero.

Los diputados, en su esfuerzo de proteger a Morales y protegerse de potenciales investigaciones por corrupción, intentaron pasar reformas legislativas diseñadas para que líderes de partidos políticos puedan evitar las consecuencias penales de violentar leyes de financiamiento electoral. Fue su Corte Constitucional la que tuvo que intervenir y obligarlos a corregir la plana, puesto que el espíritu de las reformas claramente era evitar la justicia y esto violentaba el Estado de Derecho.

La reacción de la sociedad civil ha sido también protestar las acciones de los diputados, llegando al punto que varios negocios les han negado sus servicios. Aunque ha habido críticas de que negar servicios comerciales por razones políticas raya en la violencia a los derechos civiles, hay que recordar que ser corrupto no es una condición natural inevitable, sino un ejercicio que se decide libremente y que acarrea terribles consecuencias sociales y erosiona el estado de derecho. No será hasta que los corruptos sufran consecuencias reales por sus actos –tanto legales como sociales– que la corrupción comenzará a menguar.

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra. Parte del problema está en la cultura de tolerancia y en la indiferencia. Los gobernantes deberían abstenerse de la corrupción no solo porque lo prohíben las leyes, sino porque deberían temerle a la sociedad civil cuando esta se organiza y protesta. En nuestro país, que existan políticos corruptos pone en evidencia que no nos tienen miedo. ¡Qué envidia da Guatemala!

@crislopezg.

Cuba: manejando expectativas. De Cristina López

El mundo entero puso los ojos en La Habana el pasado 14 de agosto, cuando después de 54 años de haberse roto, se re-establecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos con la reapertura de las embajadas. Esto no le cayó bien a la diáspora en la Florida: han criticado la medida como una señal de la debilidad de Obama, que está hincando la rodilla ante el régimen y que los Castro no merecen “el premio” de que se negocie con ellos como pares debido a su récord en derechos humanos.

Cristina López, 24 agosto 2015 / EDH

El problema es que el estatus quo, el del embargo y el acercamiento de guerra fría, no ha hecho nada por debilitar al régimen castrista. Por el contrario, el embargo les ha servido de chivo expiatorio. ¿Qué por qué la mayoría de cubanos vive en situación de pobreza? La culpa se la tiraban al embargo, a pesar de que no sirviera para explicar cómo los Castro tienen una calidad de vida bastante superior que el resto.

Si bien la normalización de relaciones con Estados Unidos no libera a los presos políticos, ni cambia el hecho de que el país sigue teniendo un partido único sin opciones verdaderamente democráticas, es posiblemente el éxito más grande de la administración de Barack Obama en lo que a relaciones exteriores respecta. Este primer deshielo es un avance que aparte, otorga importantes responsabilidades a los Estados Unidos, pues su presencia oficial en la isla los obligará a usar su voz –-y usarla fuerte-– para condenar los abusos a los derechos humanos que de manera periódica atropellan a los disidentes.

El problema de quienes critican la política de Obama de normalizar relaciones con Cuba es en realidad uno de expectativas, pues esperan que la caída del régimen e instauración de la democracia venga de afuera. Esperar que la apertura de embajadas traiga de manera inmediata la instalación de oposiciones libres es el equivalente a esperar que una pastilla de vitaminas cure un cáncer. La democracia e instauración de un Estado de Derecho en que efectivamente todos los cubanos sean iguales ante la ley difícilmente se logrará desde arriba: debe provenir de adentro. Lo que sí puede hacerse desde afuera es apoyar a quienes por años, se han tomado como causa personal la lucha por la libertad de todos los cubanos.

La incipiente apertura económica tendrá consecuencias sumamente positivas: empezará a preparar el terreno para la democracia, que presentará muchísimos retos al pueblo cubano, empezando por la necesidad de una oposición organizada y preparada, la apertura al pluralismo y la importancia de generar espacios en los que el emprendimiento empresarial tenga posibilidades reales de prosperar. Hacen falta muchísimos elementos, pero este inicio impulsado por la administración Obama -– por el que los Castro, en contra de lo que expresan sus gobiernos acólitos en la región, no merecen ningún reconocimiento -– es un excelente primer paso.

La juventud tiene poco qué celebrar. De Cristina López

Cada 12 de agosto, por obra y gracia de la arbitrariedad burocrática de algún organismo multilateral políticamente correcto, se celebra el Día de la Juventud en medio de vítores discursivos y pompa dialéctica. En El Salvador, sin embargo, las deprimentes estadísticas casi obligan a que lo que debería celebrarse los 12 de agosto no es la juventud, sino la suerte de los privilegiados que logran sobrevivirla.

Cristina López, 17 agosto 2015 / EDH

De acuerdo a los datos de Medicina Legal, el 67% de las 467 vidas que perdimos frente al crimen solamente en julio, pertenecían a niños y jóvenes: entre los 10 y los 34 años de edad. De esos, 88 tenían entre 15 y 19 años.

Y sí, la juventud puede ser la etapa que Rubén Darío glorificara, elevándola a la calidad de “divino tesoro”, cuando se sabe que es meramente transitoria. Lo que romantiza Darío es precisamente la calidad efímera de la etapa; el hecho de que es una plataforma para saltar hacia el futuro, pues “se va para no volver”.

Y sin embargo, las estadísticas parecen indicar que en el país, sobre todo para los sectores económicamente vulnerables, la juventud no es futuro: es presente y final.

Si bien las estadísticas hay que leerlas con criterio, pues no es que la correlación entre la edad y el estatus de víctima indique que la juventud es mortífera –-el mero hecho de que un sector mayoritario de la población sea joven implica en un país violento que la mayor cantidad de víctimas serán también jóvenes-– tampoco pueden ignorarse enteramente, pues ¿qué incentivos puede tener un joven para buscar la movilidad social o invertir en su futuro cuando está constantemente limitado por el miedo? ¿Quién se toma los riesgos en invertir en su futuro con tan poca certeza de que tendrá uno?

Y la respuesta de organismos multilaterales y gobiernos tiende a “fortalecer los derechos del joven”, como si continuar agregando elementos al listado de derechos que no se respetan en el país le va a ser de utilidad a alguien.

Muchos discursos políticos invitan a la juventud a “unirse”, olvidando que gran parte de la juventud ya está unida en diferentes grupos, pero segregada: ¿o no están unidos los victimarios –-también jóvenes-– bajo la lealtad de una u otra mara?

Lo único que necesita la juventud para germinar y dejar crecer su potencial son las condiciones. Ejemplo de lo anterior son las maravillas que han salido de obras como la del Padre Pepe en el Polígono Don Bosco. No inyectó nada diferente a esa juventud: simplemente, sabiendo vender su proyecto a inversores visionarios, logró crear las condiciones y el potencial estalló en orquestas, profesionales y futuros empresarios.

Para el resto del país, las condiciones nos las está robando la inseguridad y la impotencia que esta genera. La elusiva igualdad de oportunidades tampoco llegará mientras no haya siquiera igualdad ante la ley y reine la impunidad.

Si queremos dejar algo para los jóvenes de mañana, a los de hoy nos toca empezar por construir las condiciones, con la visión que ha tenido el Padre Pepe. De lo contrario, habrá muy poco que celebrar los 12 de agosto.

El mal de ojo político. De Cristina López

Y aunque los optimistas podemos buscar la comedia en medio del ridículo internacional que es dar gritos de golpe de Estado cuando no existe tal cosa, quizás lo hacemos para manejar la rabia. La rabia que da, que en un país donde la democracia está costando tanto, se tomen en vano conceptos tan serios como golpe de Estado.

Cristina López. Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.

Cristina López, 27 julio 2015 / EDH

Si ve a algún funcionario público o simpatizante del partido oficial, ofrézcale un asiento. La educación y la caridad obligan, puesto que son prójimos que han de estar cansadísimos y padeciendo de ansiedad. Y es que ha de ser agotador pasar días enteros, hasta sumar una semana, rasgándose las vestiduras. Es más: de paso, ofrézcales una charamusca bien helada para que controlen el calor interno porque hasta les tocó marchar bajo el sol manifestándose a favor del gobierno. Sí, en defensa del gobierno. No en defensa del Estado, que con la cantidad de veces que desde el poder han arremetido contra la institucionalidad, pareciera que les trae sin cuidado. En “defensa del gobierno”, o de la abstracción que es la popularidad en las encuestas y la percepción de que tienen las cosas bajo control.

El llanto y crujir de dientes lo causan, según declaraciones oficiales de funcionarios de los que uno esperaría seriedad, las fuerzas del mal que han llamado “intentos de desestabilización” y “golpes de Estado”. Estos seguramente son una especie de “mal de ojo” político: una perfidia invisible, de la que no hay evidencia científica de su existencia, pero de la que uno se protege ocupando accesorios rojos. Y aparentemente, marchando en la calle.

Cualquiera tomándose en serio los gritos de alarma -–y es que no es cualquier cosa declarar peligro de golpe de Estado– pensaría que en todos los índices académicos que estudian de cerca la estabilidad democrática de los países, la puntuación de El Salvador estaría desplomándose y que instituciones académicas respetables, desde Freedom House hasta Fund for Peace, además de publicaciones de interés internacional como Foreign Policy, estarían elevando la voz. Y no. No, porque tales amenazas de golpe de Estado, no existen. El –-bien débil-– cascarón institucional en el que navegamos la democracia, sigue por el momento, navegando la democracia. Hay pocos indicios de que la oposición tenga un plan diferente para acceder al poder que el de competir en las próximas elecciones y por suerte, hasta ahora no hay evidencia de que pueda derrocarse un gobierno a punta de Twitter, por mucho que se le tuitée súper duro.

Lo que los funcionarios (incluidos el presidente y el secretario de comunicaciones Eugenio Chicas), los miembros del FMLN y sus acólitos están haciendo al rasgarse las vestiduras y llamando “golpe de Estado” o “intentos de desestabilización” a las críticas sensatas, cuestionamientos razonables y propuestas lógicas (como podría ser la creación de una CICIG), que están lloviendo desde fuera del gobierno, es el equivalente a tirarse un clavado en el área de penalti cuando en desesperación, el equipo está claramente perdiendo el partido sin conectar pie con bola.

Y aunque los optimistas podemos buscar la comedia en medio del ridículo internacional que es dar gritos de golpe de Estado cuando no existe tal cosa, quizás lo hacemos para manejar la rabia. La rabia que da, que en un país donde la democracia está costando tanto, se tomen en vano conceptos tan serios como golpe de Estado. Rabia de que equiparen las críticas que deberían tomar con madurez política y debatir con argumentos racionales con “campañas de desestabilización”. Rabia de que en un país donde los principales enemigos son el crimen que está ahogando a la población más vulnerable y el ciclo de pobreza que victimiza a tantos, se busquen enemigos imaginarios en la prensa, las redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Para no sufrir con tanta rabia, mejor nos reímos.

@crislopezg

Para el gobierno de El Salvador, “arriba” significa Cuba. De Cristina López

El peso de Cuba hace que los gobernantes a quienes la democracia estorba ignoren el peligro de caer en el ridículo.

Cristina López, 23 julio 2015 / EL PAIS

Con pocas horas de diferencia entre el 20 y el 21 de julio, dieciséis cubanos entraron a El Salvador, todos invitados de manera oficial por el gobierno. Cinco de ellos, los que cuentan con el beneplácito del gobierno cubano, fueron atendidos y homenajeados en Casa Presidencial, recibiendo atenciones y alabanzas discursivas por parte del gobierno salvadoreño.

Los 11 restantes pasaron una mala noche, detenidos y encerrados en una sala del aeropuerto como parte de su trámite migratorio. La manera de pensar de estos 11 —ese molesto capricho de querer democracia, libertades e igualdad ante la ley— no hace sonreír a los Castro y por ese pecado les hicieron pagar los agentes migratorios salvadoreños. Sin darles demasiadas explicaciones, además de retenerles sus documentos de viaje y detenerlos custodiados fuertemente por la policía, les dijeron que era una orden que “venía de arriba”.

El 20 y el 21 de julio, 16 cubanos entraron a El Salvador.
Cinco de ellos fueron bien atendidos. El resto, arrestados

Los 11 cubanos detenidos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Mons. Oscar Arnulfo Romero para participar en la VIII Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias. Los once comparten un historial de oposición a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que de sus ciudadanos hace el gobierno cubano. Traían, además de la ilusión de formar parte de un encuentro internacional para intercambiar sus experiencias con el mundo “libre” —el que, aunque sea en teoría, no castiga la disidencia con trato diferenciado— cartas oficiales de invitación por parte de la Cancillería salvadoreña. En sus pasaportes contaban con visa de EEUU, que difícilmente habrían obtenido si cualquiera de sus documentos de viaje hubiera sido falso.

El anterior no es un caso aislado. La disidencia cubana que se presentan a participar en foros internacionales —es decir, los pocos afortunados que logran el apoyo de organismos internacionales con los fondos y el músculo institucional para enfrentar la pesadilla burocrática y monetaria que es tramitarles los permisos de salida— no son ajenos a que el maltrato al que están acostumbrados en Cuba, se traduzca en atropellos también en el extranjero. En Panamá, al asistir a la Cumbre de las Américas, también padecieron detenciones inexplicables por parte de un gobierno supuestamente democrático.

Es por eso que la explicación de las autoridades migratorias salvadoreñas de que la orden venía “de arriba”, que quizás no les dijo mucho a los cubanos, en realidad informa muchísimo: explica que en Latinoamérica, para muchos de los gobiernos democráticos, “arriba” no es el Estado de Derecho, o la ley: arriba es Cuba, sus estrategias arcaicas de guerra fría y su régimen paleolítico con suficientes leyendas y fósiles para ameritar otro filme de Indiana Jones.

Es entendible que la dictadura cubana tenga miedo de que, en foros abiertos donde se habla de activismo y democracia, vayan los cubanos a contar de primera mano cómo victimizan a quienes piensen diferente. Menos explicable es que este miedo de la dictadura sea suficiente para que gobiernos regionales olviden “la autodeterminación” con la que arremeten contra el imperialismo yankee para obedecer las órdenes enviadas desde La Habana de impedir, a toda costa, la relación de la disidencia cubana con el exterior.

En Latinoamérica, para muchos de los gobiernos “arriba” no es el Estado de Derecho,
o la ley, sino sus estrategias arcaicas de guerra fría

La excusa del gobierno salvadoreño fue que los documentos de los cubanos eran falsos: que las cartas habían sido impresas y la firma no era, por lo tanto, de puño y letra. Ello a pesar de que no haya requisitos de visado especiales que ameritaran una detención o una revisión de los motivos de la visita. Tras más de doce horas de encierro, los cubanos fueron enviados a Panamá, donde no pasaron ni 24 horas, puesto que las noticias de la injusticia cometida ya estaban dando de qué hablar y las autoridades migratorias salvadoreñas tuvieron que retractarse, permitiéndoles finalmente el acceso.

Además del abuso a los derechos humanos, la historia también será recordada como un absoluto ridículo para el gobierno salvadoreño, el cual en su tesón por obedecer “las órdenes de arriba” demostró síntomas de absoluta esquizofrenia, al impedir la entrada de visitantes que contaban con cartas de invitación oficial por parte de la misma Cancillería. La retracción llegó muy tarde, y acompañada de las no muy sutiles muestras de etiqueta y protocolo de funcionarios como Guillermo Mata Bennett, diputado por el FMLN, quien hizo referencia a los “dos tipos” de cubanos visitantes en su cuenta de Twitter diciendo: (sic) “Héroes de Cuba en casa presidencial en homenaje. 11 gusanos querían entrar al país sin papeles apoyados por Arena!”

Lo demostrado es que el peso y la reverencia que el simbolismo de “arriba” tiene sobre los ideólogos salvadoreños actualmente en el poder está llevando a que un país como Cuba, con serios problemas económicos y con limitadas capacidades de cooperación — pero que provee el entrenamiento ideológico y el mapa aspiracional para gobernantes a quienes la democracia estorba – les haga ignorar el peligro de caer en el ridículo. También les hace ignorar las leyes.

«Eso no está bien». De Cristina López

Cristina López, 13 julio 2015 / EDH

No sería descabellado pensar que, después de la semana pasada en que tuvo al Papa Francisco de visita, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, debe sentirse un tanto desilusionado. El contexto: Correa ha visto sus números caer varios puntos porcentuales –los únicos números que importan a cierto tipo de mandatarios ego-autoritarios– los de las encuestas de popularidad, que es la sangre que hace latir el corazón del populismo.

Una de las causas era posiblemente nuevas tasas impositivas (entre ellas, a las herencias) que el mandatario pretendía meter por la garganta a la sociedad ecuatoriana, que salió a manifestar su descontento a las calles.

Correa, para combatir el malestar de la población, recurrió a la carísima propaganda «marketera» (oxígeno del populismo), contestando las protestas no con soluciones, sino con brillantes pancartas supuestamente alusivas a la visita papal, en que aparecía la efigie de Francisco I acompañada por citas del Papa referentes a la pobreza y la distribución de la riqueza.

Brillante idea, pues en la emoción que despertaba la visita del Papa, pintar la oposición a una política pública impopular y de dudosa eficacia como oposición a las palabras del Papa, le servía a Correa para continuar ahondando su discurso divisivo de dicotomías falsas y monstruos imaginarios, como el capital come-niños, el imperialismo yankee, o el que convenga en el momento.

Y quién sabe qué tamaño habrá tenido la desilusión presidencial al ver que el mensaje de Bergoglio en nada le hacía la palanca en su política pública: el Papa se dedicó a hablar de la defensa de la familia diciendo al respecto que «el mejor vino está por venir» y haciendo énfasis en la unión, el diálogo y la necesidad de incluir a los que no piensan igual. Según un análisis de la abogado y comunicadora política ecuatoriana, Ana Belén Cordero, «Basta con leer con atención Laudato Si y Lumen Fidei para, al menos, deducir que el Papa Francisco asumió con mucha prudencia algunas de las interpretaciones tergiversadas de la Doctrina Social de la Iglesia por parte de la forzada técnica discursiva de Rafael Correa, para constantemente señalar puntos de encuentro entre su pensamiento y el del líder de la Iglesia«.

Algo parecido pretendió hacer Evo Morales, regalándole al Papa un Cristo… crucificado en la hoz y el martillo, buscando la foto y usando, nuevamente la religión como trampolín para defender ideologías. El Papa Francisco no se dejó y corto y severo, contestó «eso no está bien»: claro que no está bien, ambos simbolismos superpuestos resultaban más disonantes que Kim Kardashian en una conferencia de física cuántica.

El mismo guión intentó usar la administración Funes en El Salvador, cuando manipuló la imagen de Monseñor Romero para pretender validar su narrativa divisiva y pedántica. Haciendo a un lado la laicidad constitucionalidad del Estado, estos gobernantes oportunistas pretenden explotar las creencias de la población para su beneficio político: populismo religioso, nada más y nada menos.

Pero no hace falta ser Correa, Morales o Funes, muchos usan a la Iglesia para pretender hacer palanca para sus discursos divisivos, pretendiendo usar las creencias – que no deberían dejar el ámbito personal – como argumento en retórica de odio en la esfera pública. Probablemente el Papa Francisco les diría también, «eso no está bien».

@crislopezg

Crimen y castigo. De Cristina López

En una crónica publicada en El Faro, el periodista Oscar Martínez cuenta cómo en El Salvador, «crimen y castigo» se han vuelto la misma cosa en vez de un acto y una consecuencia.

Cristina López, 6 julio 2015 / EDH

Quien sabe si la crónica describe una excepción y no la regla. Según la crónica, un grupo de agentes policiales se pasaron los procedimientos policiales por la suela de las botas con las que patean caras y quiebran costillas de «detenidos» que fueron después liberados sin cargos. La redada capturó a decenas de jóvenes –sin cargos– «porque podrían haber sido pandilleros».

Lo que también hela la sangre son las reacciones ante la historia: aplaudiendo a los policías como héroes, como si las víctimas «merecían» el abuso al que fueron sometidas, por el simple hecho de existir y que esa existencia sea en una comunidad controlada por diferentes pandillas. Probablemente son pandilleros. Quizás han incurrido en actos criminales. Quizás han sido victimarios alguna vez, y han estado del otro lado de la ecuación, del que controla, tortura y atemoriza. Pero ninguna de estas cosas justifica el problema más grande: que la situación de violencia nos está llevando a normalizar el impune abuso de la fuerza a manos del Estado.

Y la brutalidad policial es entendible, viene de la rabia e impotencia de los agentes policiales, que ven a los suyos caer en lo que se ha convertido en una guerra, pura y dura, por mucho que el ministro de Defensa Munguía Payés eufemísticamente la llame «conflicto de baja intensidad». La falta de apoyo y recursos también juegan un papel importante. Pero que sea entendible no equivale a que sea justificable, sobre todo cuando el precio lo pagan la institucionalidad, el Estado de Derecho y los derechos individuales, que nadie pierde ni por criminal, ni por vivir en comunidades de alta criminalidad, ni por afiliarse a una pandilla.

Entre las terribles consecuencias de la crisis de inseguridad en el país –además de las miles de muertes que quedan impunes — se encuentra también el populismo «mano-durista», que tiende a ponerse de moda entre políticos oportunistas que por cierto, tienen el privilegio de dormir tranquilos sin el riesgo de que alguno de sus hijos sea pescado por una redada por «parecer» pandillero. Salen algunos pidiendo legalizar la pena de muerte (qué miedo, que nuestro Estado que se muestra incapaz de ejecutar un presupuesto tenga también la potestad de literalmente, ejecutar vidas), o proponiendo brutalidades absurdas como la castración química, como si el origen de nuestros problemas fuera la falta de leyes ante la actividad criminal. Deberíamos comenzar por hacer cumplir las que existen, de paso limpiando el sistema de corrupciones y arbitrariedades.

La verdad de las cosas es que los derechos individuales resultan mejor protegidos entre más restringida se encuentra la fuerza del Estado. Sepamos reconocer el populismo autoritario mano-durista y condenemos la brutalidad policial, pues el precio de que el Estado opere con la misma violencia que lo hacen los criminales, es la corrupción del sistema del que dependemos para la protección de nuestros derechos individuales.

*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.

@crislopezg

La criminalización de la política pública. De Cristina López

Es triste pensarlo, pero décadas después de haber firmado la paz y cuando muchos optimistas pensaban que estábamos encaminados hacia el fortalecimiento de nuestra democracia, El Salvador está coqueteando con la posibilidad de volver a tener presos políticos.

Cristina López, 29 junio 2015 / EDH

Además del terrible atropello a los derechos humanos, la posibilidad de que se condene a los acusados de peculado en el caso CEL-ENEL sin evidencia alguna de enriquecimiento a costa del Estado, podría traer una serie de consecuencias nefastas para el Estado de Derecho.

No solo es condenable y asquerosa la politización de la justicia, es también poco original. Un trabajo de «copy-paste» íntegro de jugadas que ha empleado la administración de Cristina Kirchner en Argentina, la de Rafael Correa en Ecuador, la de Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia: todos ellos tienen en común, que para amedrentar a la oposición política han recurrido al sistema penal con acusaciones infundadas de mala praxis en administraciones públicas pasadas.

Y aunque en la opinión pública se ha pretendido disfrazar el caso como combate a la corrupción, en realidad no es más que una vendetta política. Entre los daños colaterales de una condena a los imputados, está precisamente la batalla contra la verdadera corrupción, puesto que se desvían recursos que podrían ponerse al servicio de la investigación del uso de «caja chica» que las administraciones Saca y Funes hicieron de la CEL.

También nociva para el Estado de Derecho es la prostitución de las herramientas procesales: el uso del aparato judicial para la consecución de fines que nada tienen qué ver con la justicia, nos termina afectando a todos, pues señaliza que cuando conviene, la política y el poder están por encima de las garantías y derechos individuales como el debido proceso o la presunción de inocencia.

Sin embargo, casi tan grave como el debilitamiento de nuestras instituciones y Estado de Derecho, es el posible desincentivo que esta persecución injusta generará para generaciones de jóvenes preparados y con interés en participar en la administración pública. Independientemente de la manera en la que falle el juez, la persecución y difamación de ocho víctimas envían como señal que el precio a pagar por una carrera en el servicio público es la pérdida del honor, el ataque a la integridad, y un potencial encarcelamiento como resultado de la criminalización política de la política pública.

Mucho se habla de la necesidad de un relevo generacional y de la urgencia que el país tiene de que nuevas ideas vengan a limpiar las viejas mañas de quienes han estado demasiado tiempo en el poder, pero son precisamente este tipo de situaciones las que hacen que muchas personas decentes quieran mantenerse al margen de la política, dejando el servicio público en manos de quienes no dudan en usar el servicio público para servirse a sí mismos.

@crislopezg

Hay que defender a la Sala. De Cristina López

La defensa ciudadana de la Sala debe de dejar de ser esporádica sino tiempo completo y con miras al siguiente episodio importante: la elección de nuevos magistrados en 2018.

Cristina López, 22 junio 2015 / EDH

De nuevo, la Sala de lo Constitucional se encuentra bajo ataque. ¿Su pecado? Hacer bien su trabajo de admitir demandas ciudadanas y evaluar sus méritos bajo el lente de la Constitución de la República. Por admitir una demanda cuya resolución teme el partido en el poder, se ha desatado una campaña que pretende quitar de enmedio a los magistrados, que han logrado relevancia por su influencia en la institucionalidad del país, abriendo las puertas con sus resoluciones a mejoras democráticas como el voto por rostro y la despartidización de instituciones como la Corte de Cuentas, entre otras.

Por eso, ahora se enfrentan al tren de desinformación orquestado por quienes saben que la Sala es el mayor obstáculo contra sus intenciones de cooptar las instituciones con el fin de enconcharse en el poder. Y no es que el acto de criticar a la Sala esté mal: ninguna institución debería estar libre de crítica y la libertad de expresión que ampara a todo ciudadano, decididamente protege a cualquiera de emitir opiniones que critican a la Sala de lo Constitucional. Lo malo es cuando la crítica no es tal, sino campaña política, y lo que es peor, desde las instituciones del gobierno: de una rama del poder a otra, haciendo uso de las instituciones con fines políticos, con la misma desvergüenza con la que se hacía antes se sigue haciendo ahora.

Y es triste cómo ahora salir en defensa de la Sala, ya no es un evento aislado de protestas y pancartas como se hizo tras el decreto 743, sino más bien se está volviendo una actividad recurrente para la ciudadanía preocupada por la institucionalidad de El Salvador, pues los ataques son ya parte de la rutina en el país que muchos de nuestros gobernantes intentan dirigir con el rusticismo de una finca, la falta de seriedad de un circo, y la improvisación de un acto de comedia, con la diferencia de que los resultados serán trágicos y de largo plazo.

En un país donde existen tantas prioridades, como el combate a la pobreza y la búsqueda de la paz en nuestros barrios y colonias ahogados por la violencia, impresiona cómo para los dirigentes es más importante sacarse de enfrente a los magistrados de la Sala. La defensa ciudadana de la Sala por lo tanto, debe de dejar de ser esporádica sino tiempo completo y con miras al siguiente episodio importante: la elección de nuevos magistrados en 2018. Desde ya debemos estar atentos a que se escojan candidatos probos y competentes, que respondan a sus obligaciones constitucionales y no a titiriteros en los partidos, así, tendremos la tranquilidad de que quienes resulten electos sepan garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento constitucional, si tenemos suerte, aunque sea con la mitad de la capacidad y compromiso que los actuales han demostrado.

Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy. @crislopezg

Nuevas ideas, mismo nepotismo. De Cristina López

Sigue el debate sobre los nombramientos de familiares del alcalde de San Salvador en posiciones gerenciales de la alcaldía. Sin embargo, la discusión comienza a enfocar más en la manera agresiva que Nayib Bukele enfrenta las críticas. Cristina Lopez comenta. (SV)

Cristina López, 14 junio 2015 / EDH

Si las campañas políticas fueran marketing comercial y los candidatos productos, deberíamos de ir pensando en poner alguna queja en la Defensoría del Consumidor en concepto de publicidad engañosa, porque aquello que nos vendieron como «nuevas ideas» resulta ser –una vez fuera del empaque celeste-aqua– las «mismas ideas».

Las mismas: el mismo nepotismo de las épocas de ARENA, y el mismo nepotismo que se ha dejado ver en la Asamblea al hacerse pública la lista de asesores, dejando al descubierto parentelas, se ha hecho presente en la Alcaldía de San Salvador. Ad-honórem o no, es la transparencia del nombramiento lo que se cuestiona. Y sin embargo, las críticas válidas se las ha tomado sumamente a pecho el alcalde, reaccionando de manera desproporcionada ligando cualquier cuestionamiento o crítica con una teoría de conspiración en su contra por parte de los periódicos del país. La reacción del alcalde (y la de sus acólitos, familiares y troles) pertenece al ámbito de la falacia argumental de «matar al mensajero».

Al responder criticando a los periódicos por estar legalmente exentos de pagar impuestos, olvida que pueden coexistir ambos argumentos: se puede tener una conversación sobre lo nefasto del nepotismo y discutir los méritos de una reforma a la Ley de Imprenta al mismo tiempo… y el nepotismo seguiría siendo nefasto. Se puede, al mismo tiempo, estar a favor de que haga las obras para las que resultó electo y en contra de que estas se hagan en detrimento de la institucionalidad y la ética, pues ambos argumentos no son una dicotomía, como pobremente pretende pintarlo el equipo de defensores del nepotismo.

Sin embargo, uno de los mayores problema del alcalde es quizás el discurso de su defensor número uno: su padre, prolífico participante de las redes sociales. En una de sus apasionadas defensas de su hijo, dijo que «los Altamirano no se sintieron capaces de pelear y ganar solos contra la familia Bukele. Engancharon a LPG para coligarse y pelear juntos». Lo anterior es problemático pues demuestra que el señor Bukele conserva una mentalidad de facciones oligárquicas donde los argumentos se calibran basados en apellidos y no en sustancia o lógica argumental. Bajo esa mentalidad, obligadamente, alguien sin apellidos conocidos (o tan conocidos que los compartimos, y a mucha honra, con la mitad de la letra L en la guía telefónica) no podemos tener nuestro propio criterio: somos tan insignificantes que por fuerza, nuestras voces deben haber sido compradas o cooptadas por apellidos con poder. Si la mentalidad del padre la ha heredado el hijo, las «nuevas ideas» tienen de nuevo solo lo celeste del empaque, pero con el mismo feudalismo que en los Ochenta trataba al país como finca, en que facilidades económicas eran lo que definía al poder, gubernamental o de facto.

¿Desde cuándo es una conspiración de desestabilización informar hechos, que pueden ir desde la cantidad de personas que mueren en un día hasta el parentesco entre personas dentro de la administración pública? Ojalá que la reacción aireada y desproporcionada a una crítica válida solo sea síntoma de un alcalde, aún verde y acostumbrándose a su nuevo papel y señal de que todavía no ha generado el tipo de piel gruesa que se requiere para proteger el ego de los cuestionamientos. Ojalá, porque no hay peor combinación que la del ego y el poder: que lleva a tapar bocas, a hacer uso de las estructuras de poder para la propaganda y el personalismo (cualquier parecido con la realidad es coincidencia), y a poner a los medios de comunicación como blanco de ataque, olvidando el rol primordial que cumplen en una democracia.

Cristina López es Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
@crislopezg