Alberto Arene

El intento populista y sus nefastas consecuencias. De Alberto Arene

22 noviembre 2018 / LA PRENSA GRAFICA

Debo admitir que llegué a medio siglo de edad, no de sabiduría, sin saber verdaderamente qué era el populismo. Había leído sobre el peronismo argentino y el fascismo italiano liderado por Mussolini, pero nunca había vivido y observado de cerca una experiencia que pudiera calificarse así. Y en estos temas no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Finalmente me llegó el turno durante 3 años en Venezuela (2004-2006) cuando Chávez consolidó el poder después de “ganar” el referendo revocatorio. Desde entonces el precio del barril de petróleo continuó subiendo hasta superar los $100, subsidiando a los pobres, comprando desde políticos de la oposición hasta la política exterior de varios países de Latinoamérica y el Caribe, con la corrupción generalizada más grande de la historia latinoamericana.

Pero el populismo en Venezuela fue parte de un proyecto más amplio latinoamericano y del Caribe liderado por los Castro en Cuba y financiado con recursos extraordinarios por Chávez en y desde Venezuela, donde la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) intentaría disputarle la hegemonía a gobiernos más o menos democráticos respaldados por Estados Unidos y Europa Occidental. Debo admitir que la experiencia y desastre del chavismo me inocularon para siempre de populismos.

Históricamente, El Salvador nunca conoció ni gobiernos de izquierda ni gobiernos populistas. Aquí lo que tuvimos siempre fue la dictadura militar vinculada a la llamada oligarquía, que ejerció una gran disciplina fiscal y monetaria e impulsó en algunos períodos la modernización capitalista e institucional. Con la llegada de ARENA al poder (1989) lo que conocimos fue la hegemonía de la derecha durante dos décadas, aún más estrechamente vinculada al gran capital de lo que lo estuvieron los gobiernos militares de siempre que disponían de cierta “autonomía relativa”.

Si bien los dos gobiernos del FMLN son catalogados de izquierda, más por la trayectoria y alianzas internacionales de su partido que por sus políticas, no es menos cierto que sin los contrapesos y contención de la derecha, del sector privado, de los medios de comunicación social y del poder de Washington, sus políticas hubieran tenido un corte populista mucho más pronunciado. Aun así, las contrataciones de nuevos empleados públicos superan los 40 mil, el gasto público creció sostenidamente, el déficit fiscal promedió 3.8 % del PIB y la deuda pública se duplicó aumentando $10 mil millones aproximadamente, llegando al 75 % del PIB al concluir una década de gobiernos del FMLN.

La transformación del modelo de crecimiento y distribución que debió haber dado inicio en el tercer gobierno de ARENA nunca comenzó, ni tampoco en los dos gobiernos del FMLN que concluyen con el más bajo crecimiento, el más alto endeudamiento y calificación de riesgo, y la menor competitividad de Centroamérica. La vieja política y la corrupción no han tenido alteración en el cuarto de siglo de posguerra, lo que aunado con el estancamiento económico y social se convirtieron en el caldo de cultivo y en los parteros de este populismo liderado por un joven político muy efectivo para capitalizar el hartazgo.

La situación político-institucional y económico-social de El Salvador es tan frágil que el país no soportaría mucho tiempo un presidente populista: que confrontando y denunciando a sus adversarios quiera capitalizar su eventual triunfo electoral en las presidenciales para impulsar en las siguientes elecciones legislativas la conformación de una asamblea constituyente. Para tal objetivo recurriría clientelarmente al aumento del gasto público y del déficit fiscal, financiados por más deuda pública o por emisión inorgánica, en colones, para lo cual no necesitaría reformar la mal llamada ley de integración monetaria.

Paralelamente, caerían la inversión, la producción y las exportaciones; el aumento del desempleo y del subempleo; y la fuga de capitales, acompañada de la devaluación del colón y de una inflación galopante que golpearía a los más pobres. La caída del PIB, de las exportaciones y de las reservas internacionales, del consumo y de la inversión, y el alza generalizada de precios, colapsarían la economía y deteriorarían aceleradamente la situación social.

Con la falta de recursos para financiarlo y un deterioro social acelerado, un proyecto populista no tendría larga vida. Pero las consecuencias de su intento serían nefastas para El Salvador.

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Administrando la pobreza y la escasez, sin creación de futuro: el enfoque público dominante. De Alberto Arene

Las dos noticias/realidades publicadas en la sección de economía de LA PRENSA GRÁFICA el martes recién pasado justifican e introducen el título de esta columna: “FMI: Avance en situación fiscal es insuficiente”/“El Salvador, entre los países con menos competitividad y talento”. En trabajos académicos y conferencias impartidas, en mi paso un par de años en el gobierno, en una centena de columnas escritas y en mi observación del enfoque y práctica de muchos funcionarios y políticos, he confirmado que el enfoque de administrar la pobreza y la escasez sin creación de futuro ha sido el dominante, condenando al país a la prolongación de la pobreza y a la irrelevancia.

17 mayo 2018 / La Prensa Gráfica

El primer artículo retoma el comunicado de prensa del FMI: “El crecimiento potencial (de la economía) sigue siendo más bajo de lo deseable, el nivel de deuda sigue siendo alto y se proyectan grandes brechas de financiamiento para 2019 y más allá. En este contexto, los directores (del FMI) enfatizaron la necesidad de una mayor consolidación fiscal, el fortalecimiento del sector financiero y la implementación de reformas estructurales de largo alcance para mejorar el entorno empresarial y apoyar el empleo formal”. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que la revisión que ha hecho el FMI califica la deuda del país hasta 12 años: “Entre 2019 y 2024 está considerado que la deuda baje 10 puntos, es un esfuerzo bien grande para la próxima administración si quisieran adoptar estas medidas”. Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), comentó: “En los últimos años la reducción del déficit fiscal fue en buena medida por recorte de dos variables importantes: el gasto social y la inversión pública… los niveles del Ministerio de Educación para 2018 son los mismos que en 2013, y los niveles de gasto del Ministerio de Salud son los mismos que en 2014”.

El segundo artículo afirma que El Salvador ocupa la posición 100 de 119 países en el Índice Global de Competitividad del Talento que publica la Escuela de Negocios INSEAD, que mide cómo los países y las ciudades pueden atraer y retener el talento. Para medir se hace una división entre habilidades vocacionales, que son las capacidades que se adquieren con entrenamiento o experiencia, y su impacto se mide por qué tanto estas habilidades permiten a las personas encontrar un empleo. El Salvador tiene sus peores indicadores en las áreas de investigación y desarrollo, uso de la tecnología, relación entre pago y productividad, el mercado y el clima de negocios. En Centroamérica, Costa Rica es la mejor evaluada con el puesto 35, seguido por Panamá 45, Guatemala 84, Honduras 92, El Salvador 100, sin medir a Nicaragua.

En la última década el país se endeudó y deterioró considerablemente sus finanzas públicas, reduciendo al mismo tiempo la inversión privada, el crecimiento y las capacidades competitivas, aumentando las calificaciones de riesgo y deteriorando la confianza y el clima de negocios. Terminó con un ajuste desordenado que redujo el gasto y la inversión social, sin implementar un ajuste ordenado e integral, en un gobierno que se apartó considerablemente del Asocio para el Crecimiento dejado por el primer gobierno. Aunque desnaturalizado, el Asocio se “salvó” por presiones del sector privado, de la oposición y del mismo gobierno de Estados Unidos, con muchos retrasos, contradicciones y sinsabores a través de los años.

El partido y su gobierno nunca aceptaron y asumieron la prioridad de la inversión y el crecimiento, adversando los asocios públicos-privados, comenzando con la concesión del Puerto de La Unión y la ampliación del Aeropuerto Internacional. Ahora –y mañana– el país paga sus consecuencias, pero también su partido política y electoralmente…

Nicaragua: la crisis y el fin de la dictadura casi perfecta. De Alberto Arene

3 mayo 2018 / La Prensa Gráfica

Durante una década hasta hace dos semanas, el control del poder por la pareja presidencial Ortega-Murillo era total: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la casi totalidad de las alcaldías y concejos municipales, buena parte de los medios de comunicación social, las principales organizaciones sociales y gremiales, las organizaciones juveniles en las universidades, la estrecha alianza con la gran empresa privada, la progresiva debilidad e irrelevancia de la oposición, más de $4 mil millones de recursos concesionarios de Venezuela usados por Ortega a su antojo, y crecimiento económico promedio de 4 % anual, además de la complicidad de Washington que hasta el final de la Administración Obama comenzó a cambiar con la aprobación del Nica Act por el Congreso.

Once años después de que Ortega regresó a la presidencia por tercera vez –después de liderar la junta de gobierno de 1979-1984 y ejercer la presidencia de 1984 a 1990– una reforma confiscatoria del corrompido y descapitalizado sistema de pensiones encendió la chispa de la gente, saliendo a flote la indignación y la rabia contenida y acumulada de tanta gente.

La dictadura fue casi perfecta hasta hace dos semanas que la juventud se reveló, la represión se desató, la sangre de decenas de jóvenes se derramó, el pueblo se indignó, la Iglesia católica se solidarizó, los grandes empresarios retrocedieron sumándose, la comunidad internacional se despertó y todo desde entonces cambió.

Después de una década de violaciones constitucionales y destrucción de las instituciones, elecciones sin ninguna transparencia, corrupción generalizada liderada desde la presidencia, justicia amañada, impunidad generalizada, violación de derechos humanos, todo bajo la concentración total del poder de una nueva dinastía familiar que controlando el Poder Legislativo y Judicial cedió la soberanía territorial a una empresa china para construir un canal interoceánico. De aquí surgió un movimiento campesino y ciudadano opuesto al canal que se une a grupos ambientalistas también opuestos a la actividad extractiva minera y al deterioro medioambiental cuya última manifestación fue la desidia del gobierno frente al incendio de la reserva en Indio Maíz. Finalmente, el pueblo se hartó, cayendo la chispa en un mar repleto de gasolina.

Por eso entendemos la afirmación de Edmundo Jarquín, excandidato presidencial y uno de los principales líderes de la oposición a Ortega cuando afirmó: “Aquí se han juntado todos los agravios: La estabilidad autoritaria con crecimiento económico que ha sido el rasgo fundamental del régimen de Ortega durante un poco más de 11 años ha llegado a su fin por la culminación de agravios que él ha venido imponiendo a la población nicaragüense en diferentes campos, económico, social y político. Hasta el momento la gente aceptaba por temor o indiferencia la situación de construcción cada vez más férrea de un régimen autoritario” (EDH, 1.5.2018).

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, se reunió ayer con Edmundo Jarquín, afirmando al término del encuentro: “Nosotros estamos preocupados por lo que está ocurriendo, lamentamos profundamente las muertes que se produjeron, los heridos que se han generado durante las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y reiteramos el llamado a las autoridades de Nicaragua a ser extraordinariamente prudentes con el manejo de sus fuerzas de seguridad frente a quienes protestan hoy contra ese gobierno”.

El próximo 14 de mayo en México se reunirá el Grupo de Lima en México, previéndose se aborde la crisis nicaragüense, mientras crece la expectativa que estos países podrían llevar el tema de la crisis de Nicaragua a la OEA. El fin de la dictadura casi perfecta ha comenzado.

¿Cómo salvar más vidas, penalizando el aborto o despenalizándolo en casos excepcionales? De Alberto Arene

Alberto Arene, 15 marzo 2018 / La Prensa Gráfica

Donde está penalizado el aborto, las iniciativas de despenalización dividen y polarizan aunque se limiten a casos excepcionales. Desde 1998 El Salvador lo penalizó totalmente reformando el Código Penal y prohibiéndolo en sus modalidades terapéutica (para salvar la vida de la madre y la salud física o mental de la gestante), eugenésica (cuando se detecte una deformidad o enfermedad grave en el producto de la concepción) y criminológica (embarazo consecuencia de un delito de naturaleza sexual como violación o estupro). El proceso que condujo a dicha reforma fue caracterizado de “apresurado, antidemocrático y tensionado por intereses electorales” en una de las investigaciones más rigurosas sobre la historia legal de dicho delito (Oswaldo Ernesto Feusier, “Pasado y presente del delito del aborto en El Salvador”, Departamento de Ciencias Jurídicas, UCA).

En El Salvador el personal médico no puede proponer a una mujer la opción de interrumpir un embarazo que ponga en riesgo su vida o su salud por una enfermedad preexistente. Y ante un embarazo ectópico tubárico en que el embrión se instala en las trompas de Falopio, sin que pueda sobrevivir, no se puede interrumpir el embarazo hasta que pare el latido fetal, poniendo en grave riesgo a la mujer. Por esta razón, 30.8 % de las muertes maternas son por causas indirectas, que podrían ser evitables, dificultando –además– que el sistema de salud siga disminuyendo la tasa de mortalidad materna.

En 2015 hubo en El Salvador 25,132 niñas y adolescentes embarazadas, el 30 % de todos los embarazos del país, 1,445 tenían entre 10 y 14 años. Ninguna tuvo la opción de interrumpir un embarazo que fue producto del incesto, abuso o violación, con sus nefastas consecuencias.

Según un nuevo estudio de la OMS y el Instituto Guttmacher, de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año (45 % del total), la mayoría (97 %) en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. El estudio confirma que restringir el acceso al aborto no tiene ningún efecto en reducir el número de estas intervenciones médicas y solo aumenta las que se realizan en condiciones inseguras.

La semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso anual ante la Sesión 37 del Consejo, se refirió ampliamente a la situación de los derechos humanos en El Salvador (ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de las fuerzas de seguridad, elevada tasa de feminicidio y criminalización del aborto). Respecto a estos dos últimos dijo: “La situación de las mujeres y las niñas en el país sigue siendo profundamente preocupante, ya que las tasas de homicidio y violencia contra las mujeres figuran entre las más altas de la región y, con frecuencia, se cometen con impunidad. Durante mi misión a El Salvador en noviembre, me conmovió el impacto draconiano de la prohibición absoluta del aborto en el país. Desde octubre del año pasado, al menos 159 mujeres han sido encarceladas desde 1998 bajo esta legislación, más de 20 de ellas por ‘homicidio agravado’ y condenadas a entre 30 y 40 años de cárcel. Muchos dicen que de hecho sufrieron abortos u otras emergencias obstétricas, y que todas las detenidas actualmente son pobres… El Salvador debe suspender la aplicación de esta legislación mal concebida e inmediatamente revisar todos los casos en que las mujeres han sido detenidas por delitos relacionados con el aborto”. Despenalizando el aborto para los casos excepcionales, con educación sexual y reproductiva, se reducirían mucho más los abortos y se salvarían muchas más vidas que prolongando la penalización defendida por los que se autocalifican como pro-vida.

La finalización del TPS. ¿Qué podemos hacer? De Alberto Arene

Tanto a nivel nacional como internacional, la reacción del gobierno salvadoreño sorprendió tanto o más que la esperada noticia, al considerar un “logro” que los compatriotas tengan 18 meses adicionales de plazo, con un tono de victoria y auto-felicitación que contrasta con la gravedad de semejante decisión en un país como el nuestro inmerso en una nueva y profunda crisis histórica.

alberto arene-nuevoAlberto Arene, 11 enero 2018 / La Prensa Gráfica

La lamentable noticia del fin del estatus de protección temporal para casi 200 mil compatriotas en Estados Unidos era esperada por el compromiso antiinmigrante de la campaña electoral de Trump, por su antecedente inmediato en los casos haitiano y hondureño, y porque después de 16 años de “protección temporal” se volvió cuesta arriba persuadir a la administración Trump de prolongarlo nuevamente por causas adicionales a las originales que caducaron hace mucho tiempo.

LPGTanto a nivel nacional como internacional, la reacción del gobierno salvadoreño sorprendió tanto o más que la esperada noticia, al considerar un “logro” que los compatriotas tengan 18 meses adicionales de plazo, con un tono de victoria y auto-felicitación que contrasta con la gravedad de semejante decisión en un país como el nuestro inmerso en una nueva y profunda crisis histórica. Más allá del intento de administrar de la mejor manera el “control de daños” en una coyuntura electoral decisiva de 24 meses consecutivos de duración, dicha prolongación es lo “menos peor” que podía suceder, debiendo aprovecharse al máximo para impulsar como nación una estrategia de dos carriles, uno en Estados Unidos de naturaleza política, y otro en El Salvador de naturaleza económica, empresarial y social.

El primer carril debe acompañar y apoyar a aquellos de nuestros compatriotas que sean elegibles y puedan acogerse a un nuevo estatus migratorio correspondiente a la legislación vigente, debiendo además coadyuvar a unas reformas de ley en el Congreso que, eventualmente, le permita a nuestra gente acogerse y evitar ser deportados.

El segundo carril debe apoyar y contribuir a abrirles oportunidades económicas y sociales a los retornados, creando condiciones para la seguridad jurídica de las propiedades que ya poseen en nuestro país y las que puedan adquirir, facilitando y eliminando impuestos directos e indirectos al retorno de su dinero, vehículos, menage y haberes diversos, facilitándoles la creación de empresas y negocios diversos, su incorporación al seguro social y el financiamiento del Fondo Social para la Vivienda para la adquisición o ampliación de viviendas.

Complementariamente, FUSADES, ANEP y sus diferentes gremiales empresariales, y el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, en consulta con diversos empresarios salvadoreños en Estados Unidos, deberán intercambiar y diseñar un plan que potencie la inversión privada de los compatriotas que retornen con capacidades económicas y empresariales en diversos rubros y negocios de la economía nacional. Asimismo, podría estructurarse un fondo de inversión público-privado que capte recursos de los salvadoreños en el exterior que quieran invertir en su país para financiar proyectos diversos de infraestructura, logística, energía y otros que aseguren un retorno competitivo y seguro a su inversión, contribuyendo a la transformación económica nacional.

El gobierno, los principales dirigentes políticos y los principales líderes empresariales del país deberán retomar con mayor prioridad y urgencia nacional el proceso que conduzca a una nueva visión compartida del desarrollo de mediano y largo plazo, y acuerdos nacionales para viabilizarla y ejecutarla. Se trata del impulso de un nuevo modelo de desarrollo, más productivo, exportador y sustentable que se inserte competitiva y exitosamente a la economía internacional. Solo así comenzaremos a arreglar las cuentas pendientes con un modelo de crecimiento económico disminuido perfectamente diseñado para el éxodo sostenido de nuestra población.

Lea sobre el mismo tema:
Carta sobre migración y globalización.
De Paolo Luers

Hoy, ARENA vrs. FMLN vrs. Bukele, ¿Bukele vrs. Wright mañana? De Alberto Arene

El hartazgo de la ciudadanía con todos los partidos políticos finalmente llegó, es muy alto y tiende a profundizarse. El pasado ya se agotó y entrará en agonía con la crisis de los partidos tradicionales liderándola.

alberto arene-nuevoAlberto Arene, 14 diciembre 2017 / La Prensa Gráfica

Nayib Bukele es quien más ha capitalizado este profundo descontento con la partidocracia, el FMLN en particular. Johnny Wright y su nuevo proyecto político en gestación intentará capitalizar el desgaste de ARENA, aunque su mirada abarque un espectro político-ideológico más amplio, abarcando también el centro, el centro-izquierda y la juventud. Si ahora el enfrentamiento es entre ARENA y el FMLN, y entre ambos y Bukele, el de mañana ¿podría ser entre Bukele y Wright?

LPGEl hartazgo con los partidos políticos coincide con la crisis histórica que tiene postrado y en jaque a El Salvador donde todavía no aparece ningún proyecto consistente para sacarnos del hoyo y construir el futuro. Política y electoralmente los escenarios del futuro ya comenzaron a conformarse, aunque en la realidad y en el pensamiento buena parte de los salvadoreños vivamos el día a día, incapaces de analizar y proyectar tendencias dominantes y escenarios probables.

Todos los partidos políticos sin excepción están congelados en el pasado, en la falta de actualización de su visión del país y del mundo, sin proyecto para transformarlo y sacarlo de la inseguridad y la postración económica y social, en la falta de democracia e institucionalidad interna, y en la falta de compromiso para sostenerla y profundizarla en el Estado y en la sociedad. Los dos principales partidos no son verdaderos partidos sino poderosas maquinarias electorales, ahora con tendencia acelerada a debilitarse.

ARENA ha sido incapaz de capitalizar el enorme desgaste sostenido del gobierno del FMLN. Buena parte de su votación para diputados en 2018 y presidente en 2019 no será por ARENA sino contra el FMLN, votando muchos como cuando toman un purgante…

Probablemente, el FMLN presentará un candidato renovador, sin manchas de corrupción, que no impulsará una campaña rojo-rojita sino blanca-rosadita. Pero será un hombre de partido, y gobernaría con el partido al que le habrá sido fiel por medio siglo. ¿Cambiará en su sexta década? Los dos principales candidatos de ARENA no son hombres de partido aunque ellos y sus familias se hayan identificado durante 4 décadas con ARENA y hayan sido de sus principales financistas. De ganar la presidencia, cualquiera de ellos tendría más autonomía del partido del que tendría un presidente del FMLN, por no ser hombres de partido y por estar vinculados a familias donantes con muchos recursos.

Pero cualquiera que sea el presidente que llegue con uno u otro partido, deberían intentar reformar su partido, vanguardias del retraso nacional. Meterse a cambiar país y partido a la vez será cuesta arriba, aunque sabemos que sin transformación del sistema de partidos políticos no será posible la transformación sostenida que requiere el país.

En la medida que el statu quo y el retraso de los partidos continúe y el rechazo ciudadano se profundice, los liderazgos que se hayan distanciado públicamente de ambos y lideren una propuesta de futuro capitalizarán el descontento y podrían llegar a liderar los proyectos políticos en pugna en el mediano y largo plazo.

Aunque todavía pareciera prematuro afirmarlo, Bukele respecto al FMLN y Wright respecto a ARENA podría ser los líderes que a partir de 2019 podrían surgir como los contrincantes principales de la disputa del poder y del futuro. Por eso el título de nuestra última columna del año.

A mis lectores les deseo lindas Navidades y un mejor Año Nuevo.

El FMLN ¿del éxito al fracaso? De Alberto Arene

Los 20 meses que le quedan de gobierno y el escenario político nacional e internacional le son adversos.

alberto-arene2Alberto Arene, 20 septiembre 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Internacionalmente el FMLN es considerado una de las organizaciones guerrilleras más exitosas de la historia latinoamericana y mundial, independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre dicha organización política y la evidencia que su naturaleza es muy diferente de la que condujo la guerra y los acuerdos de paz. Dos décadas liderando la oposición y una en el gobierno, los escenarios de corto y mediano plazo acumulan ahora muchas evidencias que el FMLN se dirige al fracaso.

LPGAl analizar medio siglo de su existencia desde el inicio de sus primeros núcleos organizados sin recursos y en la clandestinidad en la segunda mitad de la década de los sesenta, hasta su ejercicio del gobierno y del poder en la última década, su éxito ha sido considerable. En el trabajo político organizativo, en su desarrollo político-militar y su capacidad insurgente, en la negociación de la paz democrática, en la reconversión en partido político participando en los procesos políticos y electorales, en primer partido de la oposición y en las victorias electorales que lo condujo al gobierno en dos ocasiones consecutivas, el FMLN tiene una acumulación de muchos más triunfos que fracasos.

Pero todo comenzó a cambiar al ganar y participar en el primer gobierno de izquierda electo democráticamente, y particularmente, en la conducción de su propio gobierno en los últimos tres años. Los 20 meses que le quedan de gobierno y el escenario político nacional e internacional le son adversos.

Aunque pueden identificarse algunos logros en el área de seguridad en los últimos 20 meses, reduciendo el número de homicidios en más del 20 %, y recuperando el control del territorio en varios municipios, todavía El Salvador disputa los primeros lugares en el mundo, estando muy distante de sostener y consolidar la derrota de las pandillas y el crimen organizado. Las acusaciones documentadas de ejecuciones sumarias y graves violaciones a los derechos humanos en organizaciones internacionales especializadas y la militarización de la seguridad pública no solo debilitan y deslegitiman el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado, sino que reflejan ineficacia en la acción represiva.

Un año y medio después de la declaración del presidente de la gravedad de las finanzas públicas, no se ha logrado un acuerdo fiscal con la oposición con el apoyo de los organismos multilaterales financieros, perdiendo el gobierno 3 valiosos años y estando ahora forzado a implementar un ajuste fiscal más radical. Con considerables pérdidas de competitividad, un bajo crecimiento de mediano plazo (2 %), una deuda pública que –con la actualización de las cuentas nacionales– ya supera el 70 % del PIB, un severo deterioro de las calificaciones de riesgo ahora con bonos calificados de “basura” después del “impago selectivo”, ausencia de reforma fiscal y reforma provisional, con requerimientos de financiamiento mayores de 2 mil millones de dólares para finalizar su gobierno, y un ajuste fiscal desordenado que ya comenzó en que anunciará próximamente nuevos recortes de subsidios y gastos en remuneraciones, y un aumento del IVA de 2 puntos.

Con estas medidas, la opinión de la gente se deteriora aún más con consecuencias directas en las preferencias electorales. Hace un año, la mitad de la gente aplazó la gestión del presidente y tres cuartas partes consideraron el “rumbo equivocado” pero todavía liderando el FMLN las preferencias. Ahora, según la última encuesta de LPG Datos, solo 30.8 % aprueba su gestión y 60.4 % la desaprueba, mientras 81.4 % opina que el país va por el rumbo incorrecto. De los inclinados a votar en las elecciones (46 % para diputados y 61 % para alcaldes), 33.4 % votaría por ARENA en febrero y el 19.5 % en agosto, y 20 y 13.6 % respectivamente por el FMLN. Para alcaldes, ARENA lidera la intención de voto con 24.8 % sobre el FMLN con 18.7 %, mientras en el Área Metropolitana de San Salvador el FMLN recoge el 25.5 % de las intenciones frente al 22.7 % de ARENA que ha demostrado una gran incapacidad de capitalizar el enorme desgaste acumulativo del gobierno del FMLN. La ruptura con Nayib Bukele tendrá efectos negativos en los resultados electorales en la alcaldía de San Salvador y en los diputados, y sin lugar a dudas en la elección presidencial en que el FMLN participará sin su mejor carta electoral, la única que podría haber contrarrestado su debacle en las percepciones ciudadanas.

En el plano internacional, del eje del ALBA solo queda Nicaragua y Bolivia con Venezuela con su ilegal gobierno impuesto por la fuerza y la represión, ahora en su fase terminal quebrado financieramente y aislado internacionalmente. Mientras en Washington avanzan las investigaciones y la estructuración de consensos bipartisanos sobre las instituciones, organizaciones y personas en Caracas, Managua y San Salvador involucradas en blanqueos de billonarios recursos financieros provenientes de operaciones ilícitas a nivel internacional, que involucrarían a algunos de sus dirigentes, con consecuencias directas en juicios diversos y en la recomposición del poder.

Medio siglo de lucha y considerables éxitos, para concluir en semejante balance de una década de gobierno…