Alberto Arene

Esta semana en Francia, Venezuela y El Salvador. De Alberto Arene

Nunca desde la guerra luce tan oscuro el cielo, sin que próximo se vislumbre un nuevo amanecer.

Alberto Arene, 27 abril 2017 / LPG

El triunfo de Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia es una excelente noticia para este país, para Europa y el mundo. Con una participación del 70 % del electorado, Macron obtuvo el 23.9 % de los votos siendo el candidato con la mejor perspectiva de derrotar en la segunda vuelta a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que obtuvo el 21.5 %.

Inmediatamente después de conocerse los resultados, el candidato de la derecha republicana, François Fillon, y el de la izquierda socialista, Benoit Hamon, expresaron su respaldo a Macron. El candidato de la izquierda más radical, Jean Luc Melenchon, que obtuvo 19.9 % de los votos, ha llamado a sus seguidores a no darle ni un solo voto a Le Pen mientras les consulta si respaldan a Macron quien con 60 % lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial.

La victoria –ahora improbable– de Le Pen amenazaría las libertades y la tradición democrática francesa, y la viabilidad misma de la Unión Europea, después de la salida de Gran Bretaña con el Brexit, alimentando la ola populista en el mundo. La victoria de Macron salvó a Francia y Europa, es una excelente noticia.

En Venezuela se agudiza la confrontación entre el régimen dictatorial chavista y la oposición, con una escalada represiva que ya causó muchas víctimas. La fiscal Luisa Ortega, de larga identificación Chavista, confirmó que son 26 los muertos durante las últimas marchas y protestas, 437 los heridos, 1,280 detenidos (65 privados de libertad y 217 que serán presentados a los tribunales). Ortega es la fiscal que el 31 de marzo pasado afirmó que se había roto el hilo constitucional en el país por dos sentencias que después fueron parcialmente suprimidas.

Dicha ruptura total del orden democrático y el aumento de la violación generalizada de los derechos humanos condujo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a convocar nuevamente con carácter de urgencia al Consejo Permanente, con la expectativa que logren obtener 19 votos para convocar a la reunión de cancilleres para discutir y decidir –finalmente– si a Venezuela se la aplicará la Carta Democrática que requiere 24 votos, equivalentes a dos tercios del total.

Para intentar contrarrestar y neutralizar la iniciativa del secretario general y el cambio de la correlación de fuerzas en la OEA, el gobierno de Venezuela le pidió al de El Salvador que ejerce la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que convoque a una reunión de sus cancilleres para “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”. El presidente de la república accedió a la solicitud de reunión que tendrá lugar el próximo 2 de mayo de 2017 en San Salvador. En dicha reunión, difícilmente saldrá un comunicado conjunto de consenso, ignorando su utilidad práctica.

El Salvador comenzó la semana con algunos peldaños más abajo en las calificaciones de riesgo internacional y unos peldaños más arriba en la previsión de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 2.2 a 2.5 % en 2017, el crecimiento más modesto de Centroamérica. No obstante esta buena noticia, sus beneficios serán opacados por la degradación de las calificaciones de riesgo y sus efectos negativos en el acceso al crédito y en el encarecimiento del dinero, y en las decisiones de inversión privada nacional e internacional, profundizándose la desconfianza y dudas sobre El Salvador.

Fitch Ratings colocó a El Salvador en “Default Restringido”, Moody’s Investors advirtió que el incumplimiento pueda ser el inicio de un impago generalizado, otorgándole a la deuda una categoría (Caa1) que considera especulativa y con alto riesgo crediticio. Standard and Poor’s declaró a El Salvador en “Incumplimiento Selectivo”, categoría reservada para aquellos países en quiebra. Los efectos del Impago del servicio de la deuda previsional de la semana anterior fueron muy grandes y la solución encontrada –recortando $56.7 millones del presupuesto en educación y salud para honrar el compromiso de los certificados de Inversión Previsional (CIP)– es de carácter temporal, tiene costos políticos, y no resuelve el daño causado al interés nacional y a los ciudadanos.

Pero esta última jornada política del impago y de su “reparación” posterior ha dejado al gobierno y su partido, y al principal partido de oposición, con un nivel de enfrentamiento superior preparando ambos los cuchillos largos para las batallas entrantes. “El abandono de la moderación y la crispación” fue el titular del editorial de uno de los periódicos nacionales.

Coinciden estos acontecimientos con la segunda misión al país del facilitador del secretario de Naciones Unidas para buscar acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo. Para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para enfrentar la agenda de seguridad, económica, social y medioambiental y de gobernabilidad, es imperativo avanzar hacia dichos acuerdos, no obstante las dudas de actores y decisores fundamentales sobre la utilidad y viabilidad de la facilitación.

Nunca desde la guerra luce tan oscuro el cielo, sin que próximo se vislumbre un nuevo amanecer.

La crisis de Venezuela y la urgente rectificación del gobierno salvadoreño. De Alberto Arene

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio internacional para sostener semejante posición. Más le vale rectificar pronto, o pagará las consecuencias.

Alberto Arene, 30 marzo 2017 / LPG

Después de 18 años de implantación de la llamada “revolución bolivariana” liderada por Hugo Chávez, el proyecto chavista ha entrado en su fase terminal, combinándose la crisis económica-financiera, social, humanitaria, política y ética, enfrentando un creciente repudio y aislamiento internacional. El martes pasado el Consejo de la OEA se reunió para discutir el Informe de su secretario general, Luis Almagro, confirmándose el deterioro acelerado de la situación nacional y la ruptura del Estado de Derecho, llamando a enfrentar la crisis humanitaria, a liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones libres y democráticas a la mayor brevedad posible.

El representante salvadoreño en la OEA, Carlos Calles, por instrucciones del canciller Hugo Martínez, se negó a discutir la crisis de Venezuela, luego dijo que “El Salvador no acompaña el informe presentado por el secretario general”, y finalmente no formó parte de la declaración de los gobiernos de 20 países que acordaron concretar una “hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho”. Luego, Casa Presidencial hizo un llamado a los países miembros a “acompañar al pueblo venezolano para que, por los mecanismos legítimos” y con la mediación de “la Santa Sede, pueda pronto llegarse a acuerdos que den estabilidad a esta nación hermana”.

En sus primeros 17 años en el poder, fue el chavismo que se negó sistemáticamente al diálogo. Cuando finalmente lo aceptó mediado por sus aliados del Mercosur, fue para mejorar su deteriorada imagen internacional, y ganar tiempo. A mediados de 2016, cuando se agudizaba la presión nacional e internacional, aceptó la mediación del Vaticano para saltarse el plazo límite para convocar al referéndum revocatorio, lográndolo, desgastando el diálogo y los buenos oficios de la Santa Sede.

Mientras el espacio político-diplomático y económico-financiero se le estrecha aún más al gobierno, y se profundiza la crisis humanitaria, la tragedia y la protesta del pueblo venezolano, ¿quién puede oponerse a un diálogo que conduzca a una negociación de verdad, con reglas claras y resultados precisos en tiempos delimitados, mediados por el Vaticano con el seguimiento y apoyo de gobiernos democráticos de Latinoamérica?

Ahora es imperativo profundizar –sin tregua ni pausa– la presión nacional e internacional para que la diplomacia vaticana e interamericana logre acuerdos para enfrentar la crisis humanitaria, liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones democráticas a la mayor brevedad posible.

Durante los ocho años de Bush y los ocho años de Obama, el gobierno de Estados Unidos tuvo una política de “tímido involucramiento” sin resultado alguno. Este “imperio benévolo” no lo conocimos los centroamericanos, donde se involucró totalmente en la guerra y las negociaciones de paz. Con el gobierno Trump y el control republicano del Congreso dominado por radicales, en un contexto de agravamiento de la situación y de una favorable correlación de fuerzas en el espacio interamericano, observaremos una diplomacia diferente, una que comenzará penalizando quitando zanahorias antes de sacar los garrotes… Una primera y pequeña muestra llegó esta semana del ex candidato presidencial y senador Republicano Marcos Rubio que le advirtió a El Salvador, República Dominicana y Haití que si no defienden la democracia, será difícil defender la ayuda que recibe de Estados Unidos: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda al extranjero, y para nosotros será bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”.

De ahora en adelante se ocuparán de estos países y de las pequeñas islas del Caribe. Después de haberse inmiscuido en la política interna y literalmente comprado la política exterior de más de una docena de países en América Latina y el Caribe, la acusación del Gobierno de Venezuela y sus aliados de respeto a la soberanía tiene poca consistencia y legitimidad. Aún menos si se trata, por la vía de la negociación, de salvar a Venezuela de una crisis sanitaria y de una hambruna generalizada, de liberar a más de un centenar de presos políticos, de restablecer la democracia y el Estado de Derecho con elecciones libres y transparentes, y de evitar la violencia generalizada y la guerra civil.

La narrativa chavista de estos 18 años ha diseminado la creencia que la oposición a su gobierno es el resultado de golpistas apoyados por el imperialismo yanki. No obstante, la oposición venezolana ha participado en todas las elecciones y ha buscado la vía electoral, pacífica y constitucional para llegar al poder. Como sucedió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde históricamente se violaron derechos humanos, se robaron elecciones, y se atentó contra la democracia y el Estado de Derecho, la lucha armada y la guerra civil finalmente llegaron medio siglo después con su paso de destrucción, muerte y dolor que todavía padecemos.

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio nacional e internacional para sostener semejante posición. Más les vale rectificar pronto, o pagarán las consecuencias.

Sobre la fábrica de asesinos que construimos en El Salvador. De Alberto Arene

“La mayoría de estos asesinos son niños traumatizados que nunca fueron tratados, que habitan y controlan las mentes, los corazones y los cuerpos de hombres adultos”.

Alberto Arene, 16 marzo 2017 / LPG

Esta semana me refiero a las causas de la fábrica de asesinos que históricamente hemos construido en El Salvador, para explorar caminos diferentes que lleven a mejores soluciones y resultados. Lo hago a partir de la experiencia y el conocimiento del Dr. James Garbarino, a quien conocí y entrevisté esta semana. PhD, profesor e investigador en varias universidades, y desde 2005 en la Universidad de Loyola en Chicago. Es experto en negligencia y abuso infantil, dedicando su vida a escuchar a asesinos y estudiar soluciones. Pueden verlo en Youtube, y en la entrevista que le hice esta semana en FOCOS que se transmitirá este próximo domingo en el canal 33 de TV (7 en cable) a las 8:30 p. m. Su experiencia, enfoque, hallazgos y conclusiones son particularmente relevantes, desafiándonos a pensar cómo enfrentar con mayores posibilidades de éxito la fábrica de asesinos que históricamente hemos construido en El Salvador.

Garbarino revisa los antecedentes del acusado, entrevista a miembros de la familia y pasa horas escuchando a los asesinos que, muchas veces bajo pena de muerte, explican cómo fue su transformación de niños inocentes a adultos asesinos. Y explica los factores sicológicos y sociales que contribuyen a que alguien se convierta en asesino: abuso infantil y el ambiente creado por vecindarios que parecen zonas de guerra.

Para él, una primera aproximación es constatar que la mayoría de estos asesinos son niños traumatizados que nunca fueron tratados, que habitan y controlan las mentes, los corazones y los cuerpos de hombres adultos.

En su libro “Escuchando a asesinos” publicado en 2015 afirmó: “Yo escucho la historia humana que hay detrás de ese acto monstruoso… El público general tiende a ver a los asesinos como personas completamente perversas o como personas tan dañadas que les es imposible convivir entre nosotros. La mayoría de asesinos son niños traumatizados convertidos en adultos asustados, controlados por traumas sin resolver. El trauma es fundamental, pero muchas veces el público general no ve esta parte. Lo que ven es el resultado de un trauma en lugar de ver en el trauma el origen de un asesinato”.

Cuando el Dr. Garbarino empezó a estudiar estos problemas, lo que más le llamó la atención era ir a zonas de guerra (Medio Oriente, Centroamérica y África) y ver que los niños que crecían en estas áreas habían adaptado de forma natural una manera de ver el mundo congruente con una zona de guerra. Cuando regresó a Estados Unidos le sorprendió el paralelismo con niños creciendo en lugares con altos índices de violencia en la familia, en la comunidad, pandillas, amenazas crónicas y estrés.

Comenzó a escuchar sobre cómo estos asesinos habían desarrollado una hipersensibilidad hacia las amenazas. Esto es el resultado de un trauma, tener que estar siempre alerta. Otra dimensión es la legitimación de la agresión –la creencia de sentirse moralmente obligado y psicológicamente responsable de defenderse ante una amenaza. En un caso extremo se justifica el asalto anticipado (agredir para prevenir) –ve por ellos antes que ellos vengan por ti–. Cuando se combina la hipervigilancia y la justificación de un asalto anticipado el resultado es una mentalidad de una zona de guerra…: “Si se vive en una zona de guerra urbana el desarrollo de una mentalidad de zona de guerra no debería sorprender; no como un desarrollo patológico sino como un desarrollo psicológico normal dentro de una situación anormal”.

Por eso afirma que un buen punto de partida es comenzar un tratamiento para niños que han experimentado trauma. Los niños diagnosticados con Trastorno de Oposición Desafiante y trastornos de conflictos identifican a individuos con tendencias agresivas y antisociales. Al examinar estos diagnósticos, deberían ser entendidos como síntomas o consecuencias de desórdenes traumáticos que han sido ignorados.

Una segunda implicación, afirma, es la necesidad de cambiar la actual cultura de armas hacia una cultura desmilitarizada. Si escuchan hablar a un asesino, se van a dar cuenta de cómo la posesión de un arma por parte de ellos y sus enemigos implica que casi cualquier conflicto, que en otro contexto se resolvería con daños leves, puede terminar siendo letal.

Lo último es la sentencia, afirmando que necesitamos alejarnos de las políticas de sentencias extremas, ser más razonables y guiarnos por la capacidad de una posible rehabilitación y transformación, subrayando que pueden recuperarse más de lo que la mayoría sospecha.

Al oír su explicación sobre los diversos factores que explican cómo una sociedad produce asesinos, constaté y sentí, con dolor, que a lo largo de nuestra historia hemos creado buena parte de las condiciones y factores que producen masivamente asesinos. Hoy que lideramos el homicidio en el mundo, ha llegado la hora de arreglar cuentas históricas pendientes con el legado de tanta sangre y dolor que ha enlutado la historia patria.

$600 millones: respiro momentáneo u oportunidad de salvarse. De Alberto Arene

Al paciente le llegará oxígeno por el ratito de tiempo que necesita el comienzo de la cirugía mayor para salvarlo. O aprovecha esta oportunidad o el dinero servirá –literalmente– para prolongar su agonía y sufrimiento, y después morir…

alberto-arene2Alberto Arene, 23 febrero 2017 / LPG

Anteayer al gobierno vendió en los mercados financieros internacionales $600 millones en bonos del Estado a un interés bien alto (8.65 %) debido a la baja calificación del país. Esta, a su vez, se debe al alto nivel de endeudamiento público respecto a las proyecciones de bajo crecimiento económico e ingresos fiscales y la falta de acuerdos para enfrentar la bomba fiscal en ciernes. El dinero que entrará está todo comprometido, no habrá terminado de ingresar por una gaveta cuando saldrá muy rápido por las otras. Aliviará pocos meses la presión al gobierno pagando deudas acumuladas a alcaldías, distribuidoras de energía, proveedores diversos, y una parte de los certificados vencidos de corto plazo (LETES) que superan los $1,000 millones. Al paciente le llegará oxígeno por el ratito de tiempo que necesita el comienzo de la cirugía mayor para salvarlo. O aprovecha esta oportunidad, o el dinero servirá –literalmente– para prolongar su agonía y sufrimiento, y después morir…

la prensa graficaEl gobierno pagará las deudas más urgentes cuya prolongación de mora tienen mayores costos económicos y políticos, pero dejará muchas sin pagar. Al liberar espacio con el pago de una parte de los LETES, emitirá inmediatamente y correlativamente nueva deuda de corto plazo, además de haber solicitado ya la emisión de más deuda de mediano y largo plazo para financiar faltantes al presupuesto (pensiones y elecciones de 2018). Pero el tamaño de las deudas acumuladas, del hoyo fiscal, del presupuesto sin financiamiento y de las deudas que se vencerán en el segundo semestre del año son demasiado grandes frente a los ingresos fiscales proyectados, requiriéndose de una cirugía mayor.

La cirugía mayor sería el resultado del acuerdo entre el gobierno y ARENA, respaldado por el resto de partidos políticos, sobre una estrategia de sostenibilidad fiscal diseñada y monitoreada fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional. Abarcaría los componentes que condujeron a semejante situación incidiendo en todos y cada uno de ellos, resaltando el carácter integral de la intervención.

Entre estos resaltan: 1. Ajuste fiscal ordenado con la eliminación o reducción de todos los gastos superfluos en los tres órganos del Estado; la eliminación de buena parte de los subsidios, y el aumento de dos puntos del IVA. 2. La reforma integral del sistema de pensiones con todo y reformas paramétricas. 3. La reforma fiscal integral pro inversión y crecimiento (eliminando la elusión y evasión, ampliando la base contributiva formalizando a los informales, e introduciendo paulatinamente el impuesto predial). 4. Compensación a los grupos más vulnerables. 5. Reestructuración de la deuda pública, y respaldo/financiamiento del FMI, y del BM y del BID. 6. Priorizar la inversión privada nacional y extranjera dentro de una estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo, generando los recursos para financiar y reactivar progresivamente la inversión pública.

La solicitud de apoyo del gobierno al FMI, la reanudación del diálogo partidario y la ventanita de tiempo que otorgan los $600 millones deben aprovecharse para avanzar en un Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal de mediano y largo plazo que incluya un plan urgente de corto plazo.

Solo así los $600 millones dejarían de ser un alivio temporal, un respiro momentáneo para prolongar la agonía del paciente antes de su muerte. Se trata de salvar a nuestro país, evitando una pesadilla de enormes consecuencias económicas, sociales y políticas para el presente y futuro de El Salvador.

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La fallida conducción económica y fiscal. De Alberto Arene

alberto-arene2Alberto Arene, 22 diciembre 2016 / LPG

En los últimos días del año el Gobierno intenta conseguir con la banca privada un crédito puente para pagar $82 millones del FODES a las alcaldías, $65 millones de aguinaldos y remuneraciones a los empleados públicos, $50 millones a proveedores, $46 millones del subsidio adelantado por las distribuidoras de energía eléctrica y $307 millones de deuda de corto plazo, mientras logra conseguir el financiamiento total con bonos de mediano y largo plazo. Este lamentable cierre fiscal del año y de la primera mitad del gobierno podría conducir a la salida del ministro de Hacienda, el funcionario más importante en materia económica y fiscal-financiera de los últimos siete años y medio.

la prensa graficaSe trata, en efecto, de una conducción económica y fiscal fallida del Gobierno y del país, configurada acumulativamente en la última década y media, y particularmente en los últimos dos gobiernos. Las ilegalidades, las irresponsabilidades y el enfoque centrado en el manejo de la caja fiscal en la gestión de las finanzas públicas, la ausencia de reformas estructurales económicas y fiscales con visión y estrategia de crecimiento y desarrollo de mediano y largo plazo, y el no haber visualizado y enfrentado semejante situación desde el inicio de su gestión, explicarían dicha conducción fallida.

El Gobierno concluye el año: 1. Debiéndole más de $140 millones a desesperados proveedores, muchos en quiebra, otros muy cerca, y tantos o más descapitalizados. 2. Con meses de retraso en el pago del FODES a las municipalidades, con alcaldes y concejos municipales enfrentados a enormes presiones y lamentables situaciones. 3. Sin un centavo de los $1,200 millones para financiar el déficit acumulado de 2016 reconvirtiendo la deuda de corto a largo plazo. 4. Con una unilateral decisión de aumento de salarios mínimos que rompió el diálogo y la búsqueda de consensos, y que deterioraría la situación económica y financiera de los pequeños y medianos empresarios, y de muchos cooperativistas y empresarios agropecuarios, enfrentando al Gobierno a toda la empresa privada y a buena parte de la oposición. 5. Con un presupuesto 2017 pendiente de aprobación, donde el Gobierno excluye partidas presupuestarias claves como el pago de pensiones, y ARENA omite propuestas alternativas de financiamiento, creándole el vacío a la mesa técnica de pensiones. 6. Con un ajuste fiscal hasta el final de su mandato de 3-3.5 % del PIB, que recortará el gasto público y aumentará impuestos y recaudaciones diversas. 7. Con una misión del Fondo Monetario Internacional que reconfirma el imperativo del ajuste fiscal y de reformas económicas para fortalecer la solvencia del sistema financiero y crear condiciones para un crecimiento económico mayor e inclusivo. Un acuerdo del Gobierno y la oposición sobre dicho ajuste y reformas constituye la condición para un acuerdo precautorio y respaldo del FMI en los próximos años. 8. La ausencia de visión y liderazgo del Gobierno y de la oposición para la transformación económica del país. 9. Con el Gobierno enfrentado en visión, políticas e intereses a casi toda la oposición y a casi todo el sector privado. 10. Con una deuda pública que supera el 70 % del PIB después de la actualización de las cuentas nacionales.

Consecuentemente, la conducción económica y fiscal está agotada, requiriéndose una estrategia integral que involucre a los principales liderazgos intelectuales/profesionales, económicos/empresariales, sociales y políticos del país. Esta es una de las grandes prioridades de la agenda estratégica a impulsar a un cuarto de siglo de los Acuerdos de Paz.

Con la de este día, 36 columnas de opinión recogen mi análisis y propuestas sobre este tema: “De los Acuerdos de Paz a los Acuerdos de Desarrollo” (I al X), “Acuerdos nacionales o deterioro mayor de la situación nacional”, “Sobre la capacidad disminuida del Estado para enfrentar problemas crecientes, “¿Hacia la tormenta perfecta primero y al despeñadero después?”, “El agotamiento de la política fiscal y el imperativo de la inversión y el crecimiento”, “La incapacidad histórica del liderazgo nacional”, “Cómo superar la confrontación y entrampamiento por la reforma de pensiones”, “Estado de emergencia y necesidad de una estrategia nacional”, “El gobierno del FMLN y los empresarios”, “Es la producción y las exportaciones, estúpido… (I y II), “Para que esta vez el diálogo Gobierno-ANEP conduzca a acuerdos”, “Ni superación del bajo crecimiento, ni superación de la esperanza”, “¿Tiene el FMLN la sartén por el mango en El Salvador?”, “Sobre la economía política del estancamiento presente y de la prosperidad futura”, “Un pacto fiscal y un acuerdo con el FMI”, “¿Ejercerán ARENA y ANEP el cogobierno de las finanzas públicas y de la economía?”, “Los costos políticos compartidos del pacto y ajuste fiscal”, “¿Lidera y conduce alguien la economía y las finanzas públicas?”, “Ideas para salir de postración y el entrampamiento”, “Los urgentes y complejos acuerdos sobre las finanzas públicas”, “La crisis y el agotamiento histórico de El Salvador”, “La bancarrota fiscal del Estado y la estupidez política que padecemos”, “Acuerdos de sostenibilidad fiscal o al despeñadero”, “Inversión y crecimiento para la sostenibilidad de las pensiones y de las finanzas públicas”, “De la primera a la segunda mitad del gobierno: la economía y las finanzas públicas” (I)…

En adelante, la realidad se encargará de arreglar las cuentas pendientes con la fallida conducción económica y fiscal del Estado…

Inversión y crecimiento para la sostenibilidad de las pensiones y finanzas públicas. De Alberto Arene

El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

alberto-arene2Alberto Arene, 27 octubre 2016 / LPG

Ni el gobierno ni la oposición parecieran –todavía– preparados para la negociación de un buen acuerdo fiscal porque no han priorizado el aspecto más importante para hacer sostenible la deuda y las finanzas públicas: la inversión y el crecimiento. Con dos tercios de la población económicamente activa en el sector informal, y una buena parte del sector formal también con muy bajos niveles de productividad, ingresos y crecimiento, no es posible la sostenibilidad ni del sistema de pensiones ni de la deuda pública. El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

la prensa graficaHasta ahora el mensaje y narrativa del Gobierno/FMLN han estado centrados en que ARENA apruebe los $1,200 millones para pagar deudas y obligaciones acumuladas hasta el final de año (Letes y Eurobonos, pensiones, acreedores, subsidios y aguinaldos), mientras que el de ARENA ha priorizado la contención y reducción del gasto y del endeudamiento. De esta visión y confrontación saldrán –ojalá– acuerdos sobre: 1. Un monto entre $500 y $ 1,200 millones para pagar esas deudas y obligaciones acumuladas (con montos distribuidos en uno o dos tramos). 2. Ajuste fiscal de 3 % del PIB (ejecutado entre 3 y 5 años). 3. Presupuestos transparentes y más equilibrados (con sus respectivos déficits y financiamientos). 4. Niveles máximos de deuda flotante para la emisión de Letes (entre 10 y 25 % de los ingresos corrientes). 5. Una ley de responsabilidad fiscal que norme y obligue a la ejecución de 2, 3 y 4. Estos acuerdos inyectarán liquidez y evitarán impagos al menos hasta la conclusión de este gobierno. La tensión y negociación se dará en torno a los parámetros en paréntesis determinada por el respectivo costo político de cara a los intereses y cálculos político-electorales en la coyuntura electoral 2017-2019.

Estos acuerdos son importantes porque evitarán los impagos en los próximos 3-5 años, y posibilitarán niveles de endeudamientos anuales menores (de 4 a 3 o 2 % del PIB), a partir de un menor nivel de gastos e inversiones del Estado y los particulares, y de un menor nivel de consumo con efectos negativos sobre el crecimiento. Pero si los acuerdos concluyen aquí, solo se logrará posponer algunos años los impagos, no la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, desperdiciando la última oportunidad de lograrlo. Tres años después las deudas y sus impagos regresarán con mucho mayor fuerza, con niveles de endeudamiento mucho mayor frente a un PIB estancado durante una década consecutiva.

Para enfrentar la crisis fiscal se deberá impulsar una visión y una estrategia de sostenibilidad de las finanzas públicas que además de estabilizar la caja fiscal temporalmente (3 años) logre sacar al país del estancamiento a la prosperidad a partir de la inversión y el crecimiento, eje principal de mediano y largo plazo para enfrentar y resolver la crisis fiscal. En efecto, a mayor crecimiento menor déficit fiscal y menor endeudamiento para financiarlo, mejores ingresos respecto a egresos fiscales, y menor deuda pública respecto a mayor PIB. Mejores empleos decentes y menor tamaño del sector informal, incorporando a muchos más trabajadores al sistema de pensiones, fortaleciendo su base y sostenibilidad. Asimismo, las impostergables reformas paramétricas aumentarán el monto de contribución y la edad de retiro posibilitando una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras la reforma fiscal integral pro-inversión y crecimiento aumentaría los ingresos fiscales y la progresividad del sistema.

El comportamiento del liderazgo político salvadoreño es típico de sociedades atrasadas más centradas en las manifestaciones de los problemas y no en sus causas, en administrar los problemas, la pobreza y la escasez, no en superarlas, en resolver el corto plazo, no en darle viabilidad y sostenibilidad al país en el largo plazo, en la administración del pasado agotado, no en la creación de viabilidad y futuro.

Con la palanca negociadora de los $1,200 millones para pagar deudas diversas, una ley de responsabilidad fiscal y un ajuste realistas, y la aprobación de otros financiamientos para proyectos prioritarios de desarrollo, la oposición debe ser firme en la condicionalidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas, priorizando la inversión y el crecimiento. El problema que ahora confrontamos es que cada vez será más difícil resolver el presente si al mismo tiempo no se le apuesta a resolver el futuro.

Acuerdos de sostenibilidad fiscal o al despeñadero. El mensaje de la comunidad internacional. De Alberto Arene

Nunca pensó el FMLN que su gobierno dependería de ARENA y del Fondo Monetario Internacional para viabilizar fiscal y políticamente la 2.ª mitad de su gobierno. Pero tampoco pensó ARENA que desde la oposición terminaría salvando al gobierno del FMLN para evitar que el país se vaya al despeñadero, llevándoselo de encuentro…

alberto-arene2Alberto Arene, 13 octubre 2016 / LPG

Ha sido necesario que lleguemos al estado de insolvencia fiscal, con deudas de corto plazo acumuladas que superan los mil millones de dólares con otros mil millones de impagos programados el próximo año (octubre de 2016-septiembre de 2017) para que el presidente haya declarado esta semana el Estado de Emergencia Nacional. Y también para que la comunidad internacional le haya dicho al gobierno y al FMLN, a ARENA, y también a los grandes empresarios nacionales, que o llegan a acuerdos de sostenibilidad fiscal pronto, o nuestro país caerá en el despeñadero. Lo respaldaron con un buen diagnóstico, una agenda sustantiva y una clara hoja de ruta, en un documento integral de 244 páginas. Gracias, amigos.

la prensa graficaSu diagnóstico, perspectiva y propuesta es bastante coincidente con las hechas en decenas de artículos de esta columna de opinión en los últimos dos años, donde explicamos que el problema era grave, que sería cada vez peor, que su naturaleza es estructural, y que había que llegar a acuerdos cuanto antes, dentro de una estrategia integral de sostenibilidad de la deuda pública de mediano y largo plazo. Afirmamos que el problema principal era el agotamiento del modelo económico de la posguerra de muy bajo crecimiento liderado por la promoción del consumo y de las importaciones, y por la exportación de gente, necesitándose la transformación estructural del modelo económico al que el documento se refiere: “Un modelo de crecimiento que pretendió el fomento de la actividad del mercado, sin atender apropiadamente la potenciación de las capacidades productivas de la sociedad y de la población en general”.

Después de afirmar que el promedio del tamaño del Sistema Público no Financiero en los últimos cinco años ha sido de 23.4% y que los tamaños de los gobiernos del mundo oscilaron alrededor del 34.6% del PIB y en América Latina rondaron el 34.4%, el documento afirma: “Encontramos, que la magnitud del Estado salvadoreño sigue siendo relativamente baja en comparación con la región, por lo que el principal problema parece estar en el lado de los ingresos… (‘No obstante, ha tenido un crecimiento lento, pero sostenido durante la última década, del 18.7% en 2004 al 21.4% en 2015’)”.

Hablar de ingresos fiscales es hablar en primer lugar del crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios, y de una reforma fiscal integral pro-crecimiento que estimule la inversión privada y pública.

En cuanto a la situación fiscal, el documento afirma: “La falta de orientación estratégica nacional de El Salvador ha llevado a que la situación fiscal sea sumamente complicada y se caracterice por la existencia de déficits fiscales permanentes; niveles de deuda que amenazan con convertirse en insostenibles en el corto plazo; una rigidez presupuestaria significativa ocasionada por el establecimiento histórico de candados en la ejecución del gasto; y una insuficiente cantidad de recursos financieros para afrontar los compromisos vigentes”.

Para ello se deben aplicar reglas fiscales (de endeudamiento, de balance presupuestario, de gasto, y de ingreso) para contener presiones de gastos excesivos y asegurar la responsabilidad fiscal, señalando que “en una sociedad políticamente tan polarizada como la salvadoreña, existe el riesgo importante de que un sector que ha hecho gobierno en el pasado y que hoy juega el rol de oposición política busque impulsar reglas fiscales para limitar el margen de acción de la administración gubernamental de su adversario político… El sector oficialista que buscaría evitar un ataque político por la vía de reglas fiscales sería el identificado con el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén, el partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y en general con la ciudadanía posicionada con la izquierda ideológica…”.

Tanto al gobierno/FMLN como a la ANEP/ARENA se le acabó el espacio y el tiempo para posponer un acuerdo de sostenibilidad fiscal. De cara a las próximas elecciones, los primeros intentarán minimizar los costos políticos del ajuste, moderándolo al máximo, mientras los segundos intentarán maximizarlos sin compartirlos. Tanto el presidente de la República como el presidente del COENA avanzarán tanto como se lo permitan sus consensos internos, debiendo cada quien evitar cualquier acción o declaración que afecte la precaria unidad de su contraparte.

Nunca pensó el FMLN que su gobierno dependería de ARENA y del Fondo Monetario Internacional para viabilizar fiscal y políticamente la 2.ª mitad de su gobierno. Pero tampoco pensó ARENA que desde la oposición terminaría salvando al gobierno del FMLN para evitar que el país se vaya al despeñadero, llevándoselo de encuentro…