23 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY
El 15 de enero 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley de Amnistía para facilitar la transición pacífica del país a la democracia. Es una amnistía general, por una parte a todos los opositores condenados, perseguidos, o exilados por causas políticas, Por otra parte, se promete inmunidad a todos los militares y funcionarios gubernamentales y judiciales responsables de violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes relacionados a la represión del gobierno contra la oposición y sus seguidores, con una sola condición: la inmunidad se concede a quienes faciliten la transición democrática y contribuyan al restablecimiento del orden constitucional. Esta amnistía favorecería a militares, policías, fiscales, jueces, agentes del servicio secreto y paramilitares que han cometido arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y hasta homicidios, siempre y cuando decidan ponerse del lado de la transición democrática. Hasta el mismo Nicolás Maduro se podría acoger a esta amnistía con solo que emita la orden de cesar la represión y abandone la presidencia.
Fue una de las primeras iniciativas de Juan Guidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional recién había asumido transitoriamente la presidencia de la República, luego de que el parlamento había declarado vacante el cargo, ya que no reconoció la reelección de Nicolás Maduro efectuada en 2018.
A partir de la juramentación de Juan Guaidó, el 10 de enero 2019, existen en Venezuela dos gobiernos: el simbólico de Guaidó, apoyado por la Asamblea Nacional, la gran mayoría de los venezolanos y por muchos gobiernos latinoamericanos; el otro es el gobierno de facto de Maduro, apoyado por las Fuerzas Armadas, la policía, la Guardia Nacional y el servicio secreto SEBIN y su capacidad y voluntad de reprimir las manifestaciones de los movimientos opositores.
Guaidó asumió el reto de la presidencia transitoria sabiendo que la única forma de lograr la transición pacífica a la democracia era que la facilitara parte del aparato de poder gubernamental, partidario, jurídico y sobre todo militar del régimen. Guaidó y los legisladores, quienes aprobaron una amnistía general para facilitar la transición, tenían plena consciencia que estaban incluyendo en la amnistía a personas que habían cometido graves crímenes. Lo incluyeron con la convicción de que era necesario y justificado sacrificar la aplicación de la justicia si de esta manera podrían evitar masacres, liberar a todos los presos políticos, facilitar el regreso de los exilados políticos, conseguir el cese a la represión y abrir espacio para una transición democrática mediante elecciones libres.
En estos días de enero 2019, con el presidente de la Asamblea asumiendo la conducción de la transición democrática, con docenas de gobiernos del mundo desconociendo la presidencia de Maduro, con la oposición uniéndose detrás de la Asamblea Nacional y su presidente Guaidó, con los primeros dirigentes del chavismo separándose de Maduro y apoyando la transición, la amnistía tuvo un respaldo total: en la Asamblea, en el movimiento opositor, entre las organizaciones de Derechos Humanos, en la comunidad internacional. Si de esta manera se podría conseguir que militares que antes habían sido el sostén del régimen de Maduro podían ponerse del bando de la oposición o irse al exilio; y si de esta manera los máximos dirigentes del chavismo, incluyendo Maduro, podían negociar el abandono del poder y del país, todos estaban dispuestos de apoyar esta amnistía.
Ya sabemos que el plan no prosperó. Sólo unos pocos funcionarios y militares se pusieron del lado de la transición democrática. La Fuerza Armada no se dividió y quedó leal al régimen. Maduro se mantuvo en el poder. Tampoco ha tenido el valor de arrestar o matar a Juan Guaidó, quien sigue presidiendo la Asamblea y actuando como “presidente encargado” de la transición democrática. La oferta de la amnistía se mantiene…
Me pregunto: ¿Y si en enero 2019 o después el régimen chavista hubiera colapsado, si los militares hubieran abandonado a Maduro y aceptado la amnistía, si de esta forma se hubiera abierto la puerta para una transición pacífica a la democracia en Venezuela? Una vez restablecido el orden constitucional, una vez desarmado el aparato de represión, una vez instalada nuevamente una justicia independiente, ¿cuánto tiempo se hubieran tardado ciertos defensores de los Derechos Humanos para levantar el grito al cielo, exigiendo que se hagan juicios a los responsables de la represión?
Suele pasar cuando el polvo se ha asentado, cuando ya no hoy represión, cuando hacer uso de la libertad de expresión ya no es peligroso. Una amnistía puede tener toda la lógica dentro de una situación histórica tensa, cuando para todos la meta prioritaria, en coma de todas las demás, es conseguir la paz, la libertad, el cese de guerra y persecución. Y años más tarde, cuando los peligros han sido superados, hay quienes cambian las prioridades y exigen, en nombre de la justicia, cambiar la historia y abolir las amnistías.
Pero insisto: la historia no se puede reescribir. Mucho menos escogiendo las partes que ya no nos gustan. Tampoco se puede dar amnistías cazabobos.
El 24 de noviembre un candidato a diputado, Héctor Menjívar, publica un tuit que dice así: “Lo que de verdad es INMORAL, es que una institución como UCA liderada supuestamente por «SACERDOTES» como el Doctor Chema Tojeira se dedique a corromper mentes y almas salvadoreñas con el MARXISMO ANTI CRISTIANO de su «teología» de la liberación y la ideología de genero.”
Este es exactamente el discurso de los militares y civiles opuestos a la intención del presidente Alfredo Cristiani de buscar una paz negociada al conflicto. Este lenguaje sirvió el propósito de preparar el terreno (y la legitimación), para que otros tomaran acción y eliminaran a los padres jesuitas. Bajo el manto de esta absurda acusación contra Ignacio Ellacuría y los demás padres jesuitas, querían boicotear el proceso de paz anunciado por Cristiani – y promovido por los jesuitas. Igual que los sectores del FMLN opuestos a una salida pacífica tomaron la decisión de asesinar al doctor José Rodríguez Porth, ministro de presidencia y principal asesor de Cristiani.
Días después, los actuales autoridades de la UCA presentaron ante la justicia penal la solicitud de volver a abrir el caso Jesuitas, para castigar a los que consideran autores intelectuales de este crimen, incluyendo a Alfredo Cristiani.
Bueno, comisionado: Como se trata de excompañeros y amigos míos, te voy a decir quiénes son: Se llaman Fernán Hernández “Aparicio” y Severiano Fuentes “Porfirio” y han sido destacados combatientes en la lucha que te ha catapultado a tu cargo en la PNC – que yo sepa, más destacados que vos.
“Porfirio” y “Aparicio” tuvieron la hombría de asumir su responsabilidad. Ante el juez se hicieron cargo de haber derribado la nave, y de haber dado “tiros de gracia” a los dos militares norteamericanos sobrevivientes, pero mal heridos. El tercero había muerto en la caída del helicóptero. Asumieron su condena e ingresaron al penal de Mariona.
Segunda Vuelta 