amnistía

Carta a los miembros de la Asamblea: No están cumpliendo a la historia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 9 febrero 2017 / EDH

Diputados:
Les dicen “padres de la patria”. Pero ser padre significa sobre todo: cuidar a su familia, protegerla de peligros, mantenerla unida a pesar de diferencias.

Viéndolo así, están fallando.

diario hoyNo estoy hablando de las tantas deudas que el órgano legislativo ha acumulado en asuntos de interés nacional no resueltos: reforma del sistema de pensiones; una reforma fiscal que regule los gastos del Estado y amplíe la base tributaria; presupuesto equilibrado y financiado; ley de la administración pública; reforma del sistema penitenciario…

Estoy hablando de algo aún más urgente. Ayer unos ciudadanos han entregado a la FGR demandas contra casi todos los dirigentes del FMLN histórico de la guerra y de los Acuerdos de Paz, para abrir las investigaciones de crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Por otra parte, ya hay una demanda parecida para reabrir el caso El Mozote contra oficiales de la Fuerza Armada.

Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la amnistía, se ha abierto la caja de Pandora, y ahora están saliendo los fantasmas. Si ustedes no paran esta locura, todos van a salir. Ambos bandos militares que firmaron la paz, serán envueltos en juicios. El país se va a fracturar entre quienes apoyan unos y otros. Esto sería un terremoto para el sistema político construido sobre los Acuerdos de Paz.

La culpa no es de la Sala, sino de la Asamblea. La sentencia explícitamente dejó abierta la posibilidad de que el Legislativo se haga cargo de la caja de Pandora y sus delicados contenidos antes de que explote – mediante una nueva Ley de Reconciliación que regule el derecho de las víctimas a que se conozca la verdad, pero que también evite que todos estos casos caigan a la justicia regular que no tendría capacidad de manejarlos. Pero la Asamblea no ha actuado, no existe este ley, ni siquiera un debate legislativo sobre cómo consensuarla.

Debido a esta negligencia, las víctimas no tienen otra opción que ir a la Fiscalía y hundir al sistema judicial con casos que necesitan otro tratamiento, por el contexto histórico en el que se dieron los hechos.

Si ustedes no actúan responsablemente, la locura va a andar suelta y nadie detendrá la nueva cadena de venganzas y persecuciones. Habrá docenas de casos en todos los juzgados de todo el país, el país de nuevo se envenenará, y las víctimas tampoco tendrían la justicia ni la verdad que buscan.

Los Acuerdos de Paz tenían como objetivo principal que los insurgentes que operaban fuera de la ley se pudiesen incorporarse al sistema político, creando el pluralismo incluyente que necesitaba el país. Todos los jefes guerrilleros ahora están siendo acusados ante la fiscalía, incluso el actual presidente de la República. Uno puede no estar de acuerdo con sus políticas, pero todos han cumplido los compromisos que asumieron al firmar la paz. Son parte de nuestro sistema político, con sus errores y aciertos. Igual que los militares.

Nunca me olvidaré de aquel día en enero del 1992 cuando todos los jefes militares y políticos de la guerrilla, llegando desde México bajaron del avión y fueron escoltados por miles de ciudadanos, observadores internacionales y embajadores al centro de la ciudad. Yo estuve en la multitud que los recibió en la plaza. Cuando los vi caminar por las calles del centro, esto fue el momento en que comencé a tener confianza en la paz. Comencé a caminar yo también por la ciudad sin miedo de venganzas o persecuciones. Este fue el día que terminó la guerra, no el día de la firma en Chapultepec. Este día comenzamos todos a pensar en el futuro y en cómo reconstruir el país…

¿Ustedes quieren permitir que esta confianza, compartida por miles (si no millones) de salvadoreños, se destruya 25 años después? No puede ser que pase esto, sólo porque no son capaces de cumplir su responsabilidad histórica y crear el marco legal que sustituya la amnistía? No podemos permitir que con la derogación de la amnistía quede un vacío legal y ético, en cual no habrá forma racional y responsable de lidiar con los pecados del pasado. Ustedes son los llamados de llenar este vacío – y no han hecho absolutamente nada al respecto.

Hagan lo que como padres de la patria les corresponde. ¡Pero háganlo ya!

Saludos,

44298-firma-paolo

 

Carta a Rafael Segura y Armando Durán: ¿Quieren provocar una avalancha de juicios? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaEstimados señores:
Ustedes dos tienen dos cosas en común: Ambos fueron secuestrados durante la guerra: uno por la guerrilla, y el otro por las fuerzas de seguridad del Estado. Y ambos decidieron exigir un juicio penal contra los respectivos responsables de su secuestro. Ambos fueron de los primeros en aprovechar la suspensión de la amnistía del 1993 y presentaron demandas ante la Fiscalía General.

Según la demanda presentada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, usted (Rafael Segura) fue capturado y torturado en 1983 por cuerpos seguridad. Junto con el caso suyo, el IDHUCA presentó cuatro casos más, todos de crímenes abominables contra individuos.

Según la entrevista que El Faro le hizo a usted (Armando Durán), fue secuestrado por una unidad del ERP en 1986, y luego de 37 días de cautiverio fue liberado contra el pago de una fuerte suma de rescate.

diario hoyAmbos casos son representativos para lo que miles de salvadoreños sufrieron durante el conflicto, unos a manos del Estado, otros a manos de la insurgencia. Ambos son víctimas civiles de la guerra que de ambos bandos incluía abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, sobre todo de civiles. Ambos tienen pleno derecho de exigir que estos crímenes no se olviden, que no sean negados. Pero tengo seria duda, con todo respeto por su historia, si tienen derecho que su caso particular sea sujeto a juicio y castigo penal. Por que si asumimos que ustedes tienen derecho que la FGR y los tribunales competentes abran su caso particular y lo lleven a juicio, igual derecho tendrían más de cien mil salvadoreños que personalmente o en su familia han sido afectados por secuestros, torturas, asesinatos, expropiaciones, desplazamiento forzoso de su hogares, o por parte de los órganos del Estado, o por paramilitares de derecha, o por unidades de la guerrilla.

Si con las demandas de ustedes se establece como nueva norma jurídica, luego de la suspensión de la amnistía que cada individuo afectado puede provocar una investigación, un juicio y una sentencia en su caso particular, entonces serán miles o decenas de miles de casos que se pueden presentar. Y viendo que esta es la voluntad expresa de varios organismos que se definen como defensoras de derechos humanos (p.ej. IDHUCA), esto es lo que va pasar. Observando una avalancha de demandas a nombre de víctimas del Estado, los afectados por la guerrilla, que hasta ahora han mostrado poca tendencia de judicializar sus casos, van a comenzar a hacerlo, solo para crear equilibrio.

En la situación caótica, que esto crearía en nuestro sistema judicial, lo que se generaría es más confusión y no la verdad. Y un sistema judicial saturado con casos que no puede realmente investigar y juzgar debidamente, produce cualquier cosa, menos justicia.

Así que a ustedes dos (que ya presentaron demandas), pero sobre todo a los decenas de miles de ciudadanos que durante la guerra sufrieron vejámenes parecidos o peores, les pido reflexionar. Con todo respeto por sus historias y su dolor, les pido reflexionar si buscar juicios y castigos penales para los crímenes de los años del conflicto realmente puede aportar a la lucha contra la violencia y la impunidad, que en la actualidad todavía carcomen el tejido social, con 6 mil homicidios al año y un sistema judicial que logra generar justicia en menos del 10 % de estos casos durante décadas, su principal base social.

Estoy convencido que este no es el camino. Saludos,44298-firma-paolo

Carta al doctor David Escobar Galindo, padre José María Tojeira, y monseñor José Luis Escobar Alas. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 13 agosto 2016 / EDH

Estimados amigos:
Ustedes son, les puede gustar o no, lo que llamamos ‘notables’, personas percibidas por la sociedad entera como honorables, portadores de autoridad moral.

En momentos de crisis económica, que intervengan los expertos en economía. En momentos de crisis de seguridad, que intervengan los que más conocimiento, experiencia y credibilidad tienen en esta materia. Pero cuando la crisis es de carácter moral o ético, la nación no mira hacía los expertos, sino a sus notables.

Este tipo de crisis tenemos a partir de la sentencia de la Sala que derogó la amnistía general del 1993. En el fondo hay un dilema entre justicia y paz que no se puede resolver con criterios políticos, mucho menos con criterios partidarios – y definitivamente no por una nueva negociación entre las partes beligerantes de la guerra que al la vez son los señalados de crímenes de guerra.

diario hoyYa expresé en una columna con el provocativo título “Cállese, señor presidente” que la sentencia de la Sala deja un vacío legal y moral que hay que llenar antes de que se desate una cadena interminable de venganzas en el país. El sistema judicial regular no tiene la capacidad de administrar el tipo de justicia que el país necesita a partir de la derogación de la amnistía para crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se requiere de un sistema de ‘justicia transicional’. En Colombia, donde están al punto de firmar Acuerdos de Paz para poner fin a décadas de conflicto armado, lo han definido así: “Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional contribuye a conseguir -al mismo tiempo- dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de la justicia.”

En El Salvador, los Acuerdos de Paz, la Comisión de la Verdad, y las dos amnistías fueron la forma en que la generación de la guerra y de la negociación de la paz enfrentaron este dilema entre paz y justicia. Ahora, parece que la generación de la postguerra ya no acepta esta solución, y esto se refleja en la sentencia que deroga la amnistía general. Entonces, hay que aplicar una nueva solución que corresponda a la jurisprudencia de la Sala.

Esta solución no puede surgir de una nueva negociación entre los que serían sujetos de esta nueva forma de justicia transicional. No puede ser un acuerdo entre el FMLN y ARENA. No puede surgir de negociación entre Salvador Sánchez Cerén y Alfredo Cristiani, ni en una mesa de ex-comandantes del FMLN con ex-oficiales de la Fuerza Armada.

Los únicos que pueden presentar una iniciativa de ley son ustedes, los notables, a nombre de la sociedad civil. Los partidos, representados por sus diputados, al final la van a tener que oficializar en la Asamblea, pero tiene que nacer de la sociedad civil.

A los gobernantes y los partidos, pero sobre todo a los personajes que fueron protagonistas de la guerra, hay que decir que se abstengan de este debate y de esta búsqueda de una solución al dilema entre paz y justicia – y que confíen en la sabiduría de los notables.

Ustedes tienen una gran responsabilidad. No solo, la tenemos todos, pero no todos tenemos la solvencia para proponer soluciones que satisfagan a todos, pero sobre todo que correspondan al imperativo de la justicia y también al imperativo de la paz y reconciliación.

A lo mejor ya están trabajando silenciosamente. En este caso, los felicito. Y si no, les exhorto que asuman el reto. A lo mejor son los únicos que pueden sacarnos de este dilema.

Saludos,

44298-firma-paolo

La lección de El Salvador para Colombia. De Mary Anastasia O’Grady

 Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. ENLARGE Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. Photo: European Pressphoto Agency

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador.

mary anastasíaMary Anastasia O’Grady, 1 agosto 2016 / THE WALL STREET JOURNAL

Los planes para un acuerdo de “paz” entre el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a mostrar grietas en julio cuando una unidad clave de la guerrilla anunció que no se desmovilizaría. Otros frentes de combatientes de las FARC aparentemente mantienen posturas similares y se espera que se unan a grupos subversivos rivales y otras redes delictivas si el acuerdo se concreta.

Ahora, la iniciativa respaldada por el presidente estadounidense Barack Obama enfrenta un mayor escrutinio porque el modelo se basa en el pacto que El Salvador alcanzó en 1992 con el grupo guerrillero marxista conocido como FMLN, el cual se ha venido abajo.

The-Wall-Street-Journal-LogoLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano falló el 13 de julio que la amnistía general otorgada a las dos partes del conflicto negaba a las víctimas sus derechos. La Sala citó asesinatos específicos, secuestros y masacres que, dijo, podrían no estar cubiertos por la amnistía. Los grupos de derechos humanos se regocijaron. El fiscal general de El Salvador tiene ahora la tarea de investigar y procesar a los perpetradores y a los autores intelectuales.

Lo que se conoce hasta ahora del acuerdo de Colombia también viola su constitución al permitir que los criminales de guerra eviten la cárcel y se postulen a cargos de elección popular. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pacto equivale a un tratado internacional y, por ende, está por encima de la constitución. Pero como lo muestra el caso de El Salvador, se necesitan más que trucos políticos para apaciguar los fantasmas de las atrocidades de la guerra.

El acuerdo de El Salvador, que también fue respaldado por EE.UU., otorgó igualmente derechos políticos a los beneficiarios de la amnistía. Durante dos décadas, los guerrilleros trabajaron para rehabilitar el nombre del FMLN. Hoy, el partido está instalado en la presidencia, tiene una mayoría simple en el Congreso y controla varios cargos en el poder judicial

Pero los líderes del FMLN, discípulos de Fidel Castro, nunca dejaron de lado sus sueños de tiranía tropical. Utilizaron a candidatos moderados para quedarse con una parte del poder gubernamental y luego debilitaron gradualmente las instituciones civiles y gubernamentales usando los métodos de los dictadores Hugo Chávez, de Venezuela, y Recep Erdogan, de Turquía. Un ejemplo de la represión insidiosa es la persecución política de los opositores de la izquierda populista.

A algunos salvadoreños les preocupa que la decisión de la Sala de lo Constitucional reactive el conflicto. Pero lo que más importa es que la independencia del poder judicial sea respetada y que las investigaciones se lleven a cabo en forma transparente sin la interferencia política. Todo esto está en riesgo ya que el gobierno del FMLN y la organización del partido son los que tendrían más que perder si una justicia independiente lleva a cabo sus funciones.

Como observó el economista salvadoreño Manuel Hinds en una columna que publicó 17 de julio en El Diario de Hoy, una investigación exhaustiva decapitará la estructura política del FMLN. Muchos miembros de su cúpula están presuntamente ligados a las masacres, asesinatos y secuestros en la lista de la Sala de lo Constitucional. Uno de los líderes guerrilleros más notorios fue Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente salvadoreño. Además, la decisión de la Sala cubre los asesinatos que el FMLN perpetró contra sus propios miembros, una práctica en la que presuntamente se apoyó Sánchez Cerén para aterrorizar y controlar a sus subordinados.

Compare la situación del FMLN con la del opositor partido Arena y sus figuras elegidas por voto popular. Ninguno de ellos estaba siquiera en posiciones de poder durante los años 80 y comienzos de los 90, cuando los rebeldes libraban la guerra contra el Estado. De todas maneras, el FMLN es el partido en el poder y no saldrá de allí sin dar batalla. En reacción a al fallo, Sánchez Cerén hizo un llamado a “todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”. En otras palabras, encontremos un arreglo político para ignorar la decisión.

Un partido Arena más seguro confiaría en el estado de derecho. Pero en lugar de ello, respondió pidiendo que una comisión bipartidista analice el fallo, sugiriendo que está procediendo con cautela.

Arena tiene razón en temer una investigación parcial debido al poder político del FMLN. Durante años, la izquierda ha amenazado con implicar al ex presidente de Arena, Alfredo Cristiani, en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta en 1989. La acusación es absurda puesto que los asesinatos casi descarrilan las conversaciones de paz que Cristiani encabezaba en ese entonces. De todas formas, el ex mandatario es vulnerable al acoso persistente del FMLN sobre el tema. Altos mandos de las fuerzas armadas pueden enfrentar suertes similares independientemente de si ordenaron cometer delitos o no.

A pesar de estos riegos, los demócratas de Arena estarían equivocados si ayudan al FMLN a disminuir la estatura de la Sala de lo Constitucional. Como lo señaló Hinds en su columna, es una de las pocas instituciones que quedan que protege a la democracia del despotismo. Los ex guerrilleros ya trataron de aniquilar la Sala de lo Constitucional en 2012. Si Arena les sigue el juego, equivaldría a rendirse, algo idéntico a lo que querían los guerrilleros hace 30 años.

Así que colombianos, tengan cuidado: es mucho más probable que una amnistía para los crímenes de guerra de las FARC lleve al grupo guerrillero al poder que antes que traer la paz al país.

Un camino de esperanza. De Christian Salazar Volkmann

El Salvador está en un momento histórico. La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz le da la oportunidad de consolidar un proceso de reconciliación nacional. El escenario que se presenta requiere prudencia y calma de todos los actores, pero también el firme compromiso de escuchar y poner a las víctimas al centro de las acciones que se impulsen.

Christian Salazar Volkmann es el residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann es el representante residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann, 30 julio 2016 / LPG

En ese sentido, son valiosos los llamados a la sensatez realizados por el presidente de la República y diferentes sectores de la sociedad, como la Conferencia Episcopal Salvadoreña, que igualmente se pronuncian por la superación de la impunidad en favor de la justicia.

Un conjunto de procesos y mecanismos reconocido internacionalmente para reconstruir el tejido social dañado por la violencia e intolerancia es la justicia transicional. Este proceso se inició con los Acuerdos de Paz, por ejemplo con la creación de la Comisión de la Verdad. Tras casi 25 años desde la firma de los Acuerdos, la sociedad salvadoreña y su liderazgo tienen la posibilidad de continuar en ese camino, ya recorrido también por otros países que han enfrentado conflictos armados internos, con otras naciones o estados totalitarios.

La justicia transicional se basa en una serie de principios fundamentales. Supone resolver crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad, la determinación y asunción de responsabilidades, la impartición de justicia, las garantías de no repetición y, en los casos en que ha sido decidido libremente por las víctimas, el perdón. Mediante la aplicación de estos principios se busca realizar las la prensa graficaaspiraciones de las víctimas de conocer la verdad y sus derechos a la reparación así como evitar que crímenes graves queden impunes. La implementación de la justicia transicional, por tanto, debe basarse en un proceso intenso de diálogo con las víctimas y en mecanismos que aseguren que sus voces serán escuchadas y sus demandas, tomadas en cuenta. Al mismo tiempo, requiere un fortalecimiento especial del sistema de justicia para que pueda cumplir con el reto de investigar y sancionar delitos de gran magnitud que se cometieron muchos años atrás y en condiciones de conflicto armado. Este camino de verdad, justicia y reparación abre la oportunidad para una sólida reconciliación.

Fortalecer el sistema de justicia –incluidos tribunales, Fiscalía, Policía, sistemas de información y el acceso a una buena defensa– no solo es importante para el funcionamiento de la justicia transicional y para delinear un futuro distinto, construido sobre la base de la memoria histórica. También coloca a El Salvador en mejor posición para enfrentar más eficazmente la violencia y la inseguridad y reducir los altos índices de impunidad.

Las Naciones Unidas han acompañado al país en su proceso de paz por más de dos décadas. La forma en que El Salvador finalizó la guerra civil mediante el diálogo demuestra su aptitud excepcional de resiliencia. Ahora que está por conmemorar los 25 años de la firma de la paz, ratificamos nuestro compromiso de apoyar su determinación de impulsar la reconciliación y la reparación integral a las víctimas. Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos actuales de promover el desarrollo sostenible para superar la pobreza, desigualdad, inseguridad y destrucción ambiental. Lo hacemos con convicción y mística, porque creemos en El Salvador y su gran capacidad institucional para afrontar los retos del pasado, presente y futuro. Como dijo el cantor citado por el secretario general, Ban Ki-Moon, durante su visita del año pasado: “El Salvador tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad”.

 

Cállese, señor presidente. Columna transversal de Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 29 julio 2016 / EDH

En medio de la delicada situación creada por la derogación de la ley de amnistía del 1993, la peor noticia que podía salir era esta: “Sánchez Cerén anuncia nueva ley para reparar a víctimas de la guerra”. Así tituló El Diario de Hoy, el lunes 24 julio. ¿Quién habla aquí, uno se pregunta, el presidente de la República tratando de calmar los ánimos, o uno de los principales afectados por la derogación de la amnistía, tratando de matar su chucho a tiempo?

No fue una maniobra de la ‘prensa oligárquica’ para comprometer al presidente. Fue información verídica sobre el discurso del presidente en su reality show ‘Gobernando con la Gente’, esta vez desde Huizúcar. El órgano no oficial del partido gobernante, el Diario Colatino, tituló así: “Sánchez Cerén se pronuncia a favor de la justicia transicional”.

diario hoyResulta que el presidente no supo cuándo es prudente callarse. No supo que no es él, como el más interesado, que tiene que hacer propuestas de cómo evitar que la derogación de la amnistía termine en una cadena de demandas, contrademandas, venganzas y juicios interminables. Esta cadena de venganza comprometería a todos los actores de la guerra y la paz, pero muy en particular al FMLN, incluyendo al ahora presidente de la República. No los afectaría más porque hayan sido los principales violadores de derechos humanos durante el conflicto – todos sabemos que este no es el caso. Los afectaría más por una simple razón: porque el FMLN es la única institución del país que no ha sido renovada; porque en el FMLN sigue el mismo liderazgo político que durante la guerra tuvo el mando militar de las FPL y PC- y que ahora tendrá que responder ante la justicia. En cambio, todos los responsables por el lado de la Fuerza Armada tienen años de estar retirados, y muy pocos ejercen algún tipo de liderazgo político o empresarial. Y aunque seguramente habrá nuevos intentos de comprometer al ex presidente Cristiani, en el actual liderazgo de ARENA no encontrarán a quiénes acusar de crímenes de guerra. Por esto, los que hasta hoy dirigen el FMLN y su gobierno, aunque no han sido los principales causantes de crímenes de guerra, serán los que más tendrán que perder en caso que realmente se abrieran juicios penales en todos los casos pendientes del conflicto armado.

La idea de buscar otra forma que no sea buscar venganza y castigos penales está implícita en la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional. Puede y debe haber una legislación que establezca una instancia temporal de justicia transicional que podrá satisfacer las demandas de verdad y reparación – pero sin necesidad de  mandar a nadie a la cárcel. Esta fue la reacción inmediata de las personas sensatas del país a la sentencia de la Sala. En esto coincidimos muchos, independientemente si estábamos de acuerdo o no con la sentencia. Había que acatarla, y había que buscar una forma de cumplirla y que en vez de hacerle daño al país haga más sólido su proceso de paz y reconciliación.

El presidente (y todos los demás “implicados” de todos los bandos), por decencia y prudencia, tenían que apartarse de este debate. Si no, la posible solución sería inmediatamente percibida como un nuevo pacto de los protagonistas de la guerra de evadir su responsabilidad. Precisamente esta percepción se generó cuando el presidente de la República se “fue de boca”, como le suele pasar siempre cuando agarra un micrófono en plaza pública…

La única forma peor de tratar este delicado tema hubiera sido convocar una conferencia conjunta de los ex miembros de la Comandancia General del FMLN con los integrantes del ex Alto mando militar.

El presidente y los demás protagonistas tienen que entender que la solución a este dilema, para tener validez, esta vez tiene que surgir de la sociedad civil, incluyendo las víctimas, y no de las partes beligerantes.

Los mensajeros de la sensatez, que fueron a hablar con la cúpula del FMLN y con el presidente para que dejen de declararle la guerra a la Sala y para señalarles que la sentencia deja espacio para evitar nuevas confrontaciones, a lo mejor no les explicaron que esto sólo podía funcionar si ellos no toman la iniciativa y una vez en la vida se callan. Tal vez no sea tarde para explicarles.

¿La verdad del perdón? De Federico Hernández Aguilar

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 27 julio 2016 / EDH

Una de las grandezas del perdón radica en su incondicionalidad. Si yo digo que quiero perdonar, pero establezco condiciones para que tal cosa ocurra —la identidad de quien me ha agraviado, por ejemplo, o una relación de los hechos que motivaron la ofensa—, mi deseo de perdonar ya no nace de la magnanimidad, sino de las circunstancias que en la práctica me llevan a cumplir lo que declaro.

Hay personas que afirman haber perdonado en su corazón pero insisten en conocer a quién. Esa forma de perdonar es curiosa. También escuchamos decir que hasta Dios, en el sacramento de la confesión, necesita que el pecador arrepentido reconozca su culpabilidad y haga efectivo el desagravio (uno que, por cierto, es proporcional a la misericordia del ofendido y no a la imperfección del ofensor). Con todo respeto admito que me cuesta entender esta comparación, porque ni existe momento en que Dios desconozca la identidad del pecador ni parece honesto equiparar la justicia divina con la humana, aunque solo sea para disponer de un símil piadoso.

diario hoyEl asesinato de mi abuelo materno, en 1979, fue un acto de cobardía que destrozó a nuestra familia y la metió sin aviso en la locura de la guerra. A mi madre y a mis tíos, en medio de la tragedia, les resultaba incomprensible que hubiera grupos que justificaran la muerte a tiros de una persona por razones de “justicia social” o “reivindicación histórica”. Pero así como es muy difícil argumentar contra la injusticia siendo violentos, podemos abrir la puerta a nuevas injusticias exigiendo que la verdad histórica se ajuste a nuestros sentimientos e intuiciones particulares.

El derecho a la verdad no se opone al perdón. Tampoco el primero condiciona al segundo. Lo que hace que no podamos perdonar se encuentra fuera del ámbito legal o de la sanción impuesta a priori (incluso moralmente) por una de las partes afectadas. Cuando algunas entidades, ojalá con las mejores intenciones, nos hablan de “restituir la dignidad de quienes sufrieron atropellos”, o de “mecanismos jurídicos de perdón, condicionados a la colaboración con la verdad”, o del “perdón generoso (sic) ante el reconocimiento de la barbarie acontecida”, lo hacen desde una perspectiva que a mi familia, tan agraviada como fueron otras, le es completamente ajena.

Soy consciente, sin embargo, de que el enfrentamiento con las heridas del pasado es un trance personal. Me encantaría que los demás ejercieran su “derecho” a perdonar, que no es otra cosa que dejar de odiar o de volver a vivir la ofensa cuando el recuerdo asoma. Nosotros, al tomar la firme decisión de perdonar, desde entonces hemos tratado de ejercer un perdón “militante”, testimonial, que pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero tenemos claro que no podemos pretender que los demás acepten este camino, y menos exigir que el Estado lo haga en su nombre. De ahí que aprovechemos cuanta oportunidad tenemos para hablar de ese perdón y de esa paz interior que ningún proceso de justicia humana —tampoco nuevas leyes de “reconciliación nacional”, ni siquiera la “justicia transicional”— consigue otorgar a nadie.

En las cíclicas revisiones que se han hecho de los casos más emblemáticos del conflicto, eso que suele invocarse como “verdad” jamás llegará a tomar el apellido de “absoluta” porque se instalen juicios y algunas personas terminen en la cárcel o siendo exhibidas ante la sociedad. De hecho, para ilustrar los grados de subjetividad en que nos movemos, copio solo dos líneas de un reciente editorial universitario: “La amnistía decretada en 1993 se limitó a despreciar a las víctimas, sabiendo que la gran mayoría de las mismas eran pobres” (¡!). ¿De este tipo de “verdades” hablamos cuando decimos defender a los agraviados? ¿Y cómo esperamos que la contraparte actúe diferente si así decretamos la “historicidad” de nuestra muy particular mirada al pasado?

Muchos salvadoreños ya elegimos otra ruta. Y nadie puede decirnos que nuestro perdón no es de verdad.