amnistía

Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 marzo 2017 / EDH y MAS!

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,

Carta a los miembros de la Asamblea: No están cumpliendo a la historia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 9 febrero 2017 / EDH

Diputados:
Les dicen “padres de la patria”. Pero ser padre significa sobre todo: cuidar a su familia, protegerla de peligros, mantenerla unida a pesar de diferencias.

Viéndolo así, están fallando.

diario hoyNo estoy hablando de las tantas deudas que el órgano legislativo ha acumulado en asuntos de interés nacional no resueltos: reforma del sistema de pensiones; una reforma fiscal que regule los gastos del Estado y amplíe la base tributaria; presupuesto equilibrado y financiado; ley de la administración pública; reforma del sistema penitenciario…

Estoy hablando de algo aún más urgente. Ayer unos ciudadanos han entregado a la FGR demandas contra casi todos los dirigentes del FMLN histórico de la guerra y de los Acuerdos de Paz, para abrir las investigaciones de crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Por otra parte, ya hay una demanda parecida para reabrir el caso El Mozote contra oficiales de la Fuerza Armada.

Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la amnistía, se ha abierto la caja de Pandora, y ahora están saliendo los fantasmas. Si ustedes no paran esta locura, todos van a salir. Ambos bandos militares que firmaron la paz, serán envueltos en juicios. El país se va a fracturar entre quienes apoyan unos y otros. Esto sería un terremoto para el sistema político construido sobre los Acuerdos de Paz.

La culpa no es de la Sala, sino de la Asamblea. La sentencia explícitamente dejó abierta la posibilidad de que el Legislativo se haga cargo de la caja de Pandora y sus delicados contenidos antes de que explote – mediante una nueva Ley de Reconciliación que regule el derecho de las víctimas a que se conozca la verdad, pero que también evite que todos estos casos caigan a la justicia regular que no tendría capacidad de manejarlos. Pero la Asamblea no ha actuado, no existe este ley, ni siquiera un debate legislativo sobre cómo consensuarla.

Debido a esta negligencia, las víctimas no tienen otra opción que ir a la Fiscalía y hundir al sistema judicial con casos que necesitan otro tratamiento, por el contexto histórico en el que se dieron los hechos.

Si ustedes no actúan responsablemente, la locura va a andar suelta y nadie detendrá la nueva cadena de venganzas y persecuciones. Habrá docenas de casos en todos los juzgados de todo el país, el país de nuevo se envenenará, y las víctimas tampoco tendrían la justicia ni la verdad que buscan.

Los Acuerdos de Paz tenían como objetivo principal que los insurgentes que operaban fuera de la ley se pudiesen incorporarse al sistema político, creando el pluralismo incluyente que necesitaba el país. Todos los jefes guerrilleros ahora están siendo acusados ante la fiscalía, incluso el actual presidente de la República. Uno puede no estar de acuerdo con sus políticas, pero todos han cumplido los compromisos que asumieron al firmar la paz. Son parte de nuestro sistema político, con sus errores y aciertos. Igual que los militares.

Nunca me olvidaré de aquel día en enero del 1992 cuando todos los jefes militares y políticos de la guerrilla, llegando desde México bajaron del avión y fueron escoltados por miles de ciudadanos, observadores internacionales y embajadores al centro de la ciudad. Yo estuve en la multitud que los recibió en la plaza. Cuando los vi caminar por las calles del centro, esto fue el momento en que comencé a tener confianza en la paz. Comencé a caminar yo también por la ciudad sin miedo de venganzas o persecuciones. Este fue el día que terminó la guerra, no el día de la firma en Chapultepec. Este día comenzamos todos a pensar en el futuro y en cómo reconstruir el país…

¿Ustedes quieren permitir que esta confianza, compartida por miles (si no millones) de salvadoreños, se destruya 25 años después? No puede ser que pase esto, sólo porque no son capaces de cumplir su responsabilidad histórica y crear el marco legal que sustituya la amnistía? No podemos permitir que con la derogación de la amnistía quede un vacío legal y ético, en cual no habrá forma racional y responsable de lidiar con los pecados del pasado. Ustedes son los llamados de llenar este vacío – y no han hecho absolutamente nada al respecto.

Hagan lo que como padres de la patria les corresponde. ¡Pero háganlo ya!

Saludos,

44298-firma-paolo

 

Carta a Rafael Segura y Armando Durán: ¿Quieren provocar una avalancha de juicios? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaEstimados señores:
Ustedes dos tienen dos cosas en común: Ambos fueron secuestrados durante la guerra: uno por la guerrilla, y el otro por las fuerzas de seguridad del Estado. Y ambos decidieron exigir un juicio penal contra los respectivos responsables de su secuestro. Ambos fueron de los primeros en aprovechar la suspensión de la amnistía del 1993 y presentaron demandas ante la Fiscalía General.

Según la demanda presentada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, usted (Rafael Segura) fue capturado y torturado en 1983 por cuerpos seguridad. Junto con el caso suyo, el IDHUCA presentó cuatro casos más, todos de crímenes abominables contra individuos.

Según la entrevista que El Faro le hizo a usted (Armando Durán), fue secuestrado por una unidad del ERP en 1986, y luego de 37 días de cautiverio fue liberado contra el pago de una fuerte suma de rescate.

diario hoyAmbos casos son representativos para lo que miles de salvadoreños sufrieron durante el conflicto, unos a manos del Estado, otros a manos de la insurgencia. Ambos son víctimas civiles de la guerra que de ambos bandos incluía abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, sobre todo de civiles. Ambos tienen pleno derecho de exigir que estos crímenes no se olviden, que no sean negados. Pero tengo seria duda, con todo respeto por su historia, si tienen derecho que su caso particular sea sujeto a juicio y castigo penal. Por que si asumimos que ustedes tienen derecho que la FGR y los tribunales competentes abran su caso particular y lo lleven a juicio, igual derecho tendrían más de cien mil salvadoreños que personalmente o en su familia han sido afectados por secuestros, torturas, asesinatos, expropiaciones, desplazamiento forzoso de su hogares, o por parte de los órganos del Estado, o por paramilitares de derecha, o por unidades de la guerrilla.

Si con las demandas de ustedes se establece como nueva norma jurídica, luego de la suspensión de la amnistía que cada individuo afectado puede provocar una investigación, un juicio y una sentencia en su caso particular, entonces serán miles o decenas de miles de casos que se pueden presentar. Y viendo que esta es la voluntad expresa de varios organismos que se definen como defensoras de derechos humanos (p.ej. IDHUCA), esto es lo que va pasar. Observando una avalancha de demandas a nombre de víctimas del Estado, los afectados por la guerrilla, que hasta ahora han mostrado poca tendencia de judicializar sus casos, van a comenzar a hacerlo, solo para crear equilibrio.

En la situación caótica, que esto crearía en nuestro sistema judicial, lo que se generaría es más confusión y no la verdad. Y un sistema judicial saturado con casos que no puede realmente investigar y juzgar debidamente, produce cualquier cosa, menos justicia.

Así que a ustedes dos (que ya presentaron demandas), pero sobre todo a los decenas de miles de ciudadanos que durante la guerra sufrieron vejámenes parecidos o peores, les pido reflexionar. Con todo respeto por sus historias y su dolor, les pido reflexionar si buscar juicios y castigos penales para los crímenes de los años del conflicto realmente puede aportar a la lucha contra la violencia y la impunidad, que en la actualidad todavía carcomen el tejido social, con 6 mil homicidios al año y un sistema judicial que logra generar justicia en menos del 10 % de estos casos durante décadas, su principal base social.

Estoy convencido que este no es el camino. Saludos,44298-firma-paolo

Carta al doctor David Escobar Galindo, padre José María Tojeira, y monseñor José Luis Escobar Alas. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 13 agosto 2016 / EDH

Estimados amigos:
Ustedes son, les puede gustar o no, lo que llamamos ‘notables’, personas percibidas por la sociedad entera como honorables, portadores de autoridad moral.

En momentos de crisis económica, que intervengan los expertos en economía. En momentos de crisis de seguridad, que intervengan los que más conocimiento, experiencia y credibilidad tienen en esta materia. Pero cuando la crisis es de carácter moral o ético, la nación no mira hacía los expertos, sino a sus notables.

Este tipo de crisis tenemos a partir de la sentencia de la Sala que derogó la amnistía general del 1993. En el fondo hay un dilema entre justicia y paz que no se puede resolver con criterios políticos, mucho menos con criterios partidarios – y definitivamente no por una nueva negociación entre las partes beligerantes de la guerra que al la vez son los señalados de crímenes de guerra.

diario hoyYa expresé en una columna con el provocativo título “Cállese, señor presidente” que la sentencia de la Sala deja un vacío legal y moral que hay que llenar antes de que se desate una cadena interminable de venganzas en el país. El sistema judicial regular no tiene la capacidad de administrar el tipo de justicia que el país necesita a partir de la derogación de la amnistía para crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se requiere de un sistema de ‘justicia transicional’. En Colombia, donde están al punto de firmar Acuerdos de Paz para poner fin a décadas de conflicto armado, lo han definido así: “Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional contribuye a conseguir -al mismo tiempo- dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de la justicia.”

En El Salvador, los Acuerdos de Paz, la Comisión de la Verdad, y las dos amnistías fueron la forma en que la generación de la guerra y de la negociación de la paz enfrentaron este dilema entre paz y justicia. Ahora, parece que la generación de la postguerra ya no acepta esta solución, y esto se refleja en la sentencia que deroga la amnistía general. Entonces, hay que aplicar una nueva solución que corresponda a la jurisprudencia de la Sala.

Esta solución no puede surgir de una nueva negociación entre los que serían sujetos de esta nueva forma de justicia transicional. No puede ser un acuerdo entre el FMLN y ARENA. No puede surgir de negociación entre Salvador Sánchez Cerén y Alfredo Cristiani, ni en una mesa de ex-comandantes del FMLN con ex-oficiales de la Fuerza Armada.

Los únicos que pueden presentar una iniciativa de ley son ustedes, los notables, a nombre de la sociedad civil. Los partidos, representados por sus diputados, al final la van a tener que oficializar en la Asamblea, pero tiene que nacer de la sociedad civil.

A los gobernantes y los partidos, pero sobre todo a los personajes que fueron protagonistas de la guerra, hay que decir que se abstengan de este debate y de esta búsqueda de una solución al dilema entre paz y justicia – y que confíen en la sabiduría de los notables.

Ustedes tienen una gran responsabilidad. No solo, la tenemos todos, pero no todos tenemos la solvencia para proponer soluciones que satisfagan a todos, pero sobre todo que correspondan al imperativo de la justicia y también al imperativo de la paz y reconciliación.

A lo mejor ya están trabajando silenciosamente. En este caso, los felicito. Y si no, les exhorto que asuman el reto. A lo mejor son los únicos que pueden sacarnos de este dilema.

Saludos,

44298-firma-paolo

La lección de El Salvador para Colombia. De Mary Anastasia O’Grady

 Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. ENLARGE Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador. Photo: European Pressphoto Agency

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador.

mary anastasíaMary Anastasia O’Grady, 1 agosto 2016 / THE WALL STREET JOURNAL

Los planes para un acuerdo de “paz” entre el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a mostrar grietas en julio cuando una unidad clave de la guerrilla anunció que no se desmovilizaría. Otros frentes de combatientes de las FARC aparentemente mantienen posturas similares y se espera que se unan a grupos subversivos rivales y otras redes delictivas si el acuerdo se concreta.

Ahora, la iniciativa respaldada por el presidente estadounidense Barack Obama enfrenta un mayor escrutinio porque el modelo se basa en el pacto que El Salvador alcanzó en 1992 con el grupo guerrillero marxista conocido como FMLN, el cual se ha venido abajo.

The-Wall-Street-Journal-LogoLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano falló el 13 de julio que la amnistía general otorgada a las dos partes del conflicto negaba a las víctimas sus derechos. La Sala citó asesinatos específicos, secuestros y masacres que, dijo, podrían no estar cubiertos por la amnistía. Los grupos de derechos humanos se regocijaron. El fiscal general de El Salvador tiene ahora la tarea de investigar y procesar a los perpetradores y a los autores intelectuales.

Lo que se conoce hasta ahora del acuerdo de Colombia también viola su constitución al permitir que los criminales de guerra eviten la cárcel y se postulen a cargos de elección popular. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pacto equivale a un tratado internacional y, por ende, está por encima de la constitución. Pero como lo muestra el caso de El Salvador, se necesitan más que trucos políticos para apaciguar los fantasmas de las atrocidades de la guerra.

El acuerdo de El Salvador, que también fue respaldado por EE.UU., otorgó igualmente derechos políticos a los beneficiarios de la amnistía. Durante dos décadas, los guerrilleros trabajaron para rehabilitar el nombre del FMLN. Hoy, el partido está instalado en la presidencia, tiene una mayoría simple en el Congreso y controla varios cargos en el poder judicial

Pero los líderes del FMLN, discípulos de Fidel Castro, nunca dejaron de lado sus sueños de tiranía tropical. Utilizaron a candidatos moderados para quedarse con una parte del poder gubernamental y luego debilitaron gradualmente las instituciones civiles y gubernamentales usando los métodos de los dictadores Hugo Chávez, de Venezuela, y Recep Erdogan, de Turquía. Un ejemplo de la represión insidiosa es la persecución política de los opositores de la izquierda populista.

A algunos salvadoreños les preocupa que la decisión de la Sala de lo Constitucional reactive el conflicto. Pero lo que más importa es que la independencia del poder judicial sea respetada y que las investigaciones se lleven a cabo en forma transparente sin la interferencia política. Todo esto está en riesgo ya que el gobierno del FMLN y la organización del partido son los que tendrían más que perder si una justicia independiente lleva a cabo sus funciones.

Como observó el economista salvadoreño Manuel Hinds en una columna que publicó 17 de julio en El Diario de Hoy, una investigación exhaustiva decapitará la estructura política del FMLN. Muchos miembros de su cúpula están presuntamente ligados a las masacres, asesinatos y secuestros en la lista de la Sala de lo Constitucional. Uno de los líderes guerrilleros más notorios fue Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente salvadoreño. Además, la decisión de la Sala cubre los asesinatos que el FMLN perpetró contra sus propios miembros, una práctica en la que presuntamente se apoyó Sánchez Cerén para aterrorizar y controlar a sus subordinados.

Compare la situación del FMLN con la del opositor partido Arena y sus figuras elegidas por voto popular. Ninguno de ellos estaba siquiera en posiciones de poder durante los años 80 y comienzos de los 90, cuando los rebeldes libraban la guerra contra el Estado. De todas maneras, el FMLN es el partido en el poder y no saldrá de allí sin dar batalla. En reacción a al fallo, Sánchez Cerén hizo un llamado a “todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”. En otras palabras, encontremos un arreglo político para ignorar la decisión.

Un partido Arena más seguro confiaría en el estado de derecho. Pero en lugar de ello, respondió pidiendo que una comisión bipartidista analice el fallo, sugiriendo que está procediendo con cautela.

Arena tiene razón en temer una investigación parcial debido al poder político del FMLN. Durante años, la izquierda ha amenazado con implicar al ex presidente de Arena, Alfredo Cristiani, en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta en 1989. La acusación es absurda puesto que los asesinatos casi descarrilan las conversaciones de paz que Cristiani encabezaba en ese entonces. De todas formas, el ex mandatario es vulnerable al acoso persistente del FMLN sobre el tema. Altos mandos de las fuerzas armadas pueden enfrentar suertes similares independientemente de si ordenaron cometer delitos o no.

A pesar de estos riegos, los demócratas de Arena estarían equivocados si ayudan al FMLN a disminuir la estatura de la Sala de lo Constitucional. Como lo señaló Hinds en su columna, es una de las pocas instituciones que quedan que protege a la democracia del despotismo. Los ex guerrilleros ya trataron de aniquilar la Sala de lo Constitucional en 2012. Si Arena les sigue el juego, equivaldría a rendirse, algo idéntico a lo que querían los guerrilleros hace 30 años.

Así que colombianos, tengan cuidado: es mucho más probable que una amnistía para los crímenes de guerra de las FARC lleve al grupo guerrillero al poder que antes que traer la paz al país.

Un camino de esperanza. De Christian Salazar Volkmann

El Salvador está en un momento histórico. La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz le da la oportunidad de consolidar un proceso de reconciliación nacional. El escenario que se presenta requiere prudencia y calma de todos los actores, pero también el firme compromiso de escuchar y poner a las víctimas al centro de las acciones que se impulsen.

Christian Salazar Volkmann es el residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann es el representante residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann, 30 julio 2016 / LPG

En ese sentido, son valiosos los llamados a la sensatez realizados por el presidente de la República y diferentes sectores de la sociedad, como la Conferencia Episcopal Salvadoreña, que igualmente se pronuncian por la superación de la impunidad en favor de la justicia.

Un conjunto de procesos y mecanismos reconocido internacionalmente para reconstruir el tejido social dañado por la violencia e intolerancia es la justicia transicional. Este proceso se inició con los Acuerdos de Paz, por ejemplo con la creación de la Comisión de la Verdad. Tras casi 25 años desde la firma de los Acuerdos, la sociedad salvadoreña y su liderazgo tienen la posibilidad de continuar en ese camino, ya recorrido también por otros países que han enfrentado conflictos armados internos, con otras naciones o estados totalitarios.

La justicia transicional se basa en una serie de principios fundamentales. Supone resolver crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad, la determinación y asunción de responsabilidades, la impartición de justicia, las garantías de no repetición y, en los casos en que ha sido decidido libremente por las víctimas, el perdón. Mediante la aplicación de estos principios se busca realizar las la prensa graficaaspiraciones de las víctimas de conocer la verdad y sus derechos a la reparación así como evitar que crímenes graves queden impunes. La implementación de la justicia transicional, por tanto, debe basarse en un proceso intenso de diálogo con las víctimas y en mecanismos que aseguren que sus voces serán escuchadas y sus demandas, tomadas en cuenta. Al mismo tiempo, requiere un fortalecimiento especial del sistema de justicia para que pueda cumplir con el reto de investigar y sancionar delitos de gran magnitud que se cometieron muchos años atrás y en condiciones de conflicto armado. Este camino de verdad, justicia y reparación abre la oportunidad para una sólida reconciliación.

Fortalecer el sistema de justicia –incluidos tribunales, Fiscalía, Policía, sistemas de información y el acceso a una buena defensa– no solo es importante para el funcionamiento de la justicia transicional y para delinear un futuro distinto, construido sobre la base de la memoria histórica. También coloca a El Salvador en mejor posición para enfrentar más eficazmente la violencia y la inseguridad y reducir los altos índices de impunidad.

Las Naciones Unidas han acompañado al país en su proceso de paz por más de dos décadas. La forma en que El Salvador finalizó la guerra civil mediante el diálogo demuestra su aptitud excepcional de resiliencia. Ahora que está por conmemorar los 25 años de la firma de la paz, ratificamos nuestro compromiso de apoyar su determinación de impulsar la reconciliación y la reparación integral a las víctimas. Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos actuales de promover el desarrollo sostenible para superar la pobreza, desigualdad, inseguridad y destrucción ambiental. Lo hacemos con convicción y mística, porque creemos en El Salvador y su gran capacidad institucional para afrontar los retos del pasado, presente y futuro. Como dijo el cantor citado por el secretario general, Ban Ki-Moon, durante su visita del año pasado: “El Salvador tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad”.

 

Esa amnistía es inconstitucional, ¿y ahora? De Daniel Olmedo

daniel olmedoDaniel Olmedo, 30 julio 2016 / EDH

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Han circulado varios análisis sobre ello. El debate es sano en una democracia. Pero al margen del acuerdo o desacuerdo con los motivos de la Sala, hay efectos jurídicos por delante.

Muchos dicen que esta decisión debe impulsar un diálogo entre las principales fuerzas políticas. Es cierto. Pero esas conversaciones no deben ser para buscar maneras de eludir el cumplimiento de la sentencia o adoptar represalias contra la Sala de lo Constitucional.

diario hoyLos partidos deben reunirse para aprobar las medidas concretas que la Sala les ha impuesto en la sentencia. En la página 35, el tribunal ordena a la asamblea que, en un “plazo razonable”, realice las siguientes acciones: 1. Regular los medios para garantizar el acceso a la información pública relacionada a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; 2. Establecer mecanismos para agilizar las investigaciones y los procesos civiles y penales que a partir de ahora se inicien; y 3. Establecer las medidas para reparar los daños provocados a las víctimas. Son esos puntos los que deben ocupar la agenda de los partidos políticos en este tema.

La demora en desarrollar legislativamente esos aspectos no puede ocuparse como un obstáculo para la activación de los procesos penales y civiles respectivos. La Sala de lo Constitucional lo dice así: “Lo anterior no impide que el juzgador o tribunal en cada caso concreto, en aplicación directa de la Constitución y con fundamento en lo decidido por esta sentencia, adopte en sus resoluciones aquellas medidas de reparación que considere pertinentes en orden a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al [Derecho Internacional Humanitario]”.

De manera que ni la Fiscalía General de la República ni los tribunales podrán invocar la omisión de actuación por la Asamblea Legislativa para incumplir sus obligaciones.

Por otra parte, del voto en contra del magistrado Belarmino Jaime se destaca una consecuencia muy importante cuya responsabilidad corresponde a la sociedad.

El magistrado disidente se refiere a una de las categorías constitucionales a las que alude la Sala de lo Constitucional para tomar su decisión: El derecho a la verdad.

Sobre ese derecho los cuatro magistrados que suscriben la sentencia expresan: “La verdad solo es posible si se garantiza, a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción”.

Pero el doctor Jaime expresa: “En cuanto al derecho a la verdad, como expresión del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, si de lo que trata es de tutelar tal derecho, la búsqueda de la verdad histórica no puede invocarse y ser satisfecha plenamente en el proceso penal, dado que el método de la investigación judicial no es el propio del historiador o cronista, a quien le corresponde establecer la verdad sobre los eventos de tipo social”.

El magistrado acierta en señalar que sería limitado considerar que el derecho a la verdad se satisface con los hechos declarados por el Estado a través de una sentencia. Corresponderá a los historiadores, periodistas, y a cualquier ciudadano preguntar a los protagonistas de la guerra qué pasó.

La Comisión de la Verdad dejó muchos cabos sueltos. Por ejemplo, en los cuatro párrafos del Caso Peccorini no se identifica a los individuos responsables de ese crimen. Tal vez es momento de preguntarle más detalles a quienes se refirieron a ese crimen en una reunión ante el International Center for Development Policy en la Hacienda Cocoyoc (México) en julio de 1989.

dolmedo@espinolaw.com