amnistía

Imperdonables. De Cristian Villalta

CRISTIAN VILLALTA,
director de El Gráfico

17 marzo 2019 / LA PRENSA GRAFICA

¿Cuántos de los 16,403 ciudadanos que votaron hace un año por el diputado Rodolfo Parker esperaban de él una iniciativa de ley para perdonar los delitos cometidos durante la guerra?

Uno cree que si votaron por Parker marcando su rostro, la mayoría de esas 16 mil personas lo conocen, al menos lo suficiente para saber que durante el conflicto fue asesor jurídico de los altos mandos militares, y acusado de encubrimiento por la Comisión de la Verdad en el caso de los jesuitas.

Entendiendo que la mayoría de los salvadoreños es gente sensata, cuesta creer que con esos atestados los votantes de Parker esperaran su proactividad en un asunto en el que su criterio está comprometido. Quizá los más de esos pedecistas se preguntan hoy si la presencia de Parker en la comisión que estudia qué hacer con los pedazos de la ley de amnistía no es cuando menos inconveniente.

Si uno lo escucha en sus cada vez más frecuentes apariciones en los medios de comunicación, el parlamentario tiene un discurso prolijo, bien articulado, con una retórica de hierro. Por eso, es fácil entender su propósito: básicamente sostiene que nadie debe responder penalmente por los delitos que haya cometido durante la guerra.

Matices más, matices menos, al menos otros tres miembros de la comisión apoyan esa idea: un coronel, un general y una ex comandante guerrillera.

Aunque 30 años después el propósito de quienes hicieron la guerra sea el de cerrar decentemente ese episodio decisivo de la vida nacional, hay dos debilidades en su razonamiento. Número uno, por más palabras bonitas que le pongan, invocar a la seguridad jurídica para relativizar el derecho de justicia de las víctimas es simple y llana impunidad; número dos, la participación en estas comisiones de personajes que tuvieron carácter ejecutivo en los bandos en conflicto es una grosería.

Si como sociedad hemos aportado nuestra parte, entendiendo que ninguna de las víctimas tendrá derecho sino a soluciones eventualmente compensatorias, lo menos que esperamos de los representantes de las fuerzas victimarias es que no interfieran, y mucho menos que sean ellas las que confeccionen una nueva solución. Los ciudadanos no necesitamos que firmen otro armisticio; aquellas condiciones extraordinarias en las que unos y otros se perdonaron sus crímenes ya no son tales. El presente demanda memoria histórica e inédita generosidad del Estado. Mientras eso no ocurra, el futuro seguirá secuestrado por el pasado.

La situación plantea un desafío extra que no debemos soslayar. ¿Cómo se explica que el ejercicio electoral de millones de salvadoreños en aras de la democracia representativa termine con cuatro personas de criterio minoritario tomando decisiones por toda la nación, y en un tema así de controversial?

Estas cosas nos pasan porque la administración del poder sigue teniendo más de cálculo político que de ética pública. Reconocemos ese desequilibrio en el alma de nuestra nación a primera vista, y con abonos al más alto nivel. ¿O acaso al leer que la CSJ decide ella misma quitarse los dientes, y morder, si acaso, solo a los dos gobiernos del FMLN, no nos sentimos un poco huérfanos de campeones?

Es a partir de la acumulación de estos resultados, de estos portazos en la cara cortesía de las instituciones, que el ciudadano triste y peligrosamente cree cada vez menos en la democracia.

Si finalmente renunciamos a la fidelidad de quienes deben representarnos, solo nos esperaran imperdonables la apatía y la furia.

¿Historia oficial? Columna Transversal de Paolo Luers

10 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En un noticiero internacional hice un descubrimiento sorprendente: En Polonia existe una “política oficial de historia”. El término que usaron en el noticiero –“Geschichtspolitik” en alemán- y su traducción al español suenan raro. ¿Cómo puede existir una política oficial del Estado (o gobierno) en cuanto a cómo entender y escribir la historia? Con otras palabras, ¿puede existir una “historia oficial”, administrada y reglamentada por una política oficial?

Parece que sí. La noticia era sobre un incidente en Polonia: El gobierno conservador-nacionalista de Polonia removió al historiador Papel Machcewicz de la dirección del Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk. El conflicto detrás de la noticia: Machcewicz inauguró el museo con una exposición sobre el Holocausto cometido por los alemanes contra los judíos polacos durante la ocupación nazi de Polonia – y en esta exposición también documenta el antisemitismo polaco. Esto, según el ministro de cultura, “no corresponde a la ‘política de historia’ del gobierno. Machcewicz tuvo que ir y el museo cerró sus puertas, hasta que adapte la exposición a la historia oficial…

Polonia no es el único país, donde el gobierno y el partido oficial quieren escribir una ‘historia oficial’, aunque creo que no hay muchos gobiernos tan descarados como para inventar el concepto de una ‘política de la historia’, que sirve para censurar exposiciones y otras expresiones culturales o académicas, y para justificar el despido de un director de museo u otros funcionarios académicos.

En otros lados, igual que en Polonia, en este mismo contexto, se habla de la ‘cultura de memoria’ – o de ‘la memoria histórica’, por ejemplo aquí en El Salvador. No hay nada mal de hablar de ‘cultura de memoria’ o ‘memoria histórica’, siempre cuando nadie trate de uniformar y reglamentarlos. La memoria, por definición es subjetiva y depende del punto de vista y la experiencia particular de los individuos y grupos. No puede haber una memoria única o una que reclame representar ‘la verdad’ – y mucho menos puede pasar esto por decreto, desde el estado o gobierno. La memoria o es diversa y plural, o es un constructo de engaño.

La historia parece un asunto más objetivo, no tan subjetivo que la memoria. Pero  tampoco existe ‘la historia’. Para acercarse a la verdad, siempre tienen que existir y estar en comunicación varias maneras de ver la historia. Y la única a la cual no hay que hacer caso es la que viene vestida de ‘historia oficial’.

Nosotros que vivimos en la posguerra (por más que algunos quieren reclamar que esté cerrado este capítulo), nos topamos con este problema todos los días. Por ejemplo en la actual discusión sobre la amnistía. Aparecen quienes hablan a nombre de ‘las víctimas’, pero es obvio que no representan a todas las víctimas. Obviamente en una guerra entre dos partes beligerantes, hay víctimas de ambos bandos y de civiles. Hay víctimas que sufrieron violencia de ambas partes, hay víctimas organizadas que reclaman justicia, hay víctimas que nunca se organizaron y no se sienten representados por nadie y para reclamar nada a nadie. Cada grupo de victimarios tiene sus ‘memorias’ y su historia, igual que cada grupo de víctimas. Hay que escucharlas todas.

La política oficial polaca puede escribir una historia oficial, en la cual el antisemitismo polaco no existe – pero siguen existiendo las víctimas de ataques racistas cometidos por compatriotas, no solo por la fuerza invasora nazi. Y si existen las víctimas, existe su memoria y su historia, tenga espacio en la historia oficial o no.

Igual aquí. Cuando se habla de ‘las víctimas’, uno piensa en los campesinos de El Mozote masacrados por el Atlacatl, o en los padres jesuitas, masacrados por el mismo batallón 8 años más tarde. Pero también existen los familiares de los campesinos de San Vicente, masacrados no por la Fuerza Armada sino por las FPL en su paranoica fiebre de erradicar ‘desviaciones ideológicas’. Y también existen las víctimas de secuestros y atentados de a guerrilla. Hay de todos: víctimas que no quieren amnistía para nadie, y víctimas que no quieren negarle amnistía a nadie. Las historias de todos ellos son parte de la memoria histórica.

Los diputados, al legislar para llenar el vacío legal y la incertidumbre que dejó la suspensión de la amnistía del 1993 por parte de la Sala, tiene que tomar en cuenta a toda la historia y escribir una ley de Reconciliación que haga justicia a todas las víctimas. Y a los que critican con tanto absolutismo el borrador existe para esta ley, les recomiendo que lo lean entero, o por lo menos el artículo 2, donde dice que en la amnistía quedan excluidos los crímenes de lesa humanidad y de gravedad.

Dos ante-proyectos de Ley de Reconciliación/Reparación

Todo debate comienza con una propuesta. Esta puede provocar reacciones en contra y en pro, enmiendas y contrapropuestas. Presentamos dos propuestas: la reciente propuesta que el diputado Rodolfo Parker hizo a la comisión creada por la Asamblea Legislativa para elaborar un proyecto de Ley de Reconciliación, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalidó la Ley de Amnistía; y otra, presentada en 2017 por un ‘grupo de víctimas’ de la represión estatal durante e conflicto. Muchos han criticado estas propuestas de antemano, pero sin leer y estudiarlas. Abramos este debate en serio, sobre la base de propuestas.

Segunda Vuelta

24 febrero 2019 / SEGUNDA VUELTA

La propuesta de Ley de Reconciliación discutida actualmente en la Comisión legislativa

La propuesta de Ley de Reparación presentada en 2017 por un grupo de víctimas

Carta sobre el Caso Jesuitas: ¿Queremos una cadena de ajuste de cuentas? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 30 noviembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

El asesinato de los Jesuitas no nos deja en paz. Lo que es bueno, porque sigue siendo uno de los acontecimientos que nos marcaron a todos, independiente de en qué lado hayamos estado este día 16 de noviembre del 1989, día que la guerra llegó a su punto máximo. Pero día también que echó a andar la cuenta regresiva de la paz que firmaríamos 2 años después.

¿Por qué digo que no nos deja en paz? Voy a citar dos cosas que pasaron en estos días.

I.
Screen Shot 2017-11-29 at 11.03.55 AM.pngEl 24 de noviembre un candidato a diputado, Héctor Menjívar, publica un tuit que dice así: Lo que de verdad es INMORAL, es que una institución como UCA liderada supuestamente por “SACERDOTES” como el Doctor Chema Tojeira se dedique a corromper mentes y almas salvadoreñas con el MARXISMO ANTI CRISTIANO de su “teología” de la liberación y la ideología de genero.”

logos MAS y EDHEste es exactamente el discurso de los militares y civiles opuestos a la intención del presidente Alfredo Cristiani de buscar una paz negociada al conflicto. Este lenguaje sirvió el propósito de preparar el terreno (y la legitimación), para que otros tomaran acción y eliminaran a los padres jesuitas. Bajo el manto de esta absurda acusación contra Ignacio Ellacuría y los demás padres jesuitas, querían boicotear el proceso de paz anunciado por Cristiani – y promovido por los jesuitas. Igual que los sectores del FMLN opuestos a una salida pacífica tomaron la decisión de asesinar al doctor José Rodríguez Porth, ministro de presidencia y principal asesor de Cristiani.

Lo irónico: el señor Héctor Menjívar, quien revive este discurso retrógrado, aspira a la diputación bajo la bandera del PDC, partido que se llama cristiano, y en cuya dirigencia se encuentra Ana Guadalupe Martínez, ex dirigente del ERP y una de las gestoras de los Acuerdos de Paz.

II.
Screen Shot 2017-11-29 at 3.31.41 PM.pngDías después, los actuales autoridades de la UCA presentaron ante la justicia penal la solicitud de volver a abrir el caso Jesuitas, para castigar a los que consideran autores intelectuales de este crimen, incluyendo a Alfredo Cristiani.

En mi criterio, ambas posturas -la del candidato Menjívar y la de la UCA- son irresponsables. No abonan a la verdad, que ambos alegan buscar, ni a la justicia, ni a superación de los traumas de la guerra.

La UCA argumenta que dio este paso porque el Estado no ha hecho nada para llenar el vacío que dejó la decisión de la Sala de suspender la amnistía. Es cierto, ni Casa Presidencial, ni la Asamblea han movido un dedo para crear una legislación que llene este vacío. Pero los que realmente estaban llamados a presentar una nueva ley de reconciliación no basada en el olvido, pero tampoco en el ajuste de cuentas, no fueron ni el presidente ni los partidos ARENA y FMLN, o sea los protagonistas del conflicto, sino las pocas instancias de autoridad intelectual, ética y cívica que tenemos, incluyendo precisamente la UCA. Pero tampoco han movido un dedo.

Las posturas tan contrarias como de Menjívar y de la UCA se complementan para crear una cadena de enfrentamientos políticos y judiciales que terminará no en justicia y paz, sino en ajuste de cuentas.

Estamos mal, muy mal. Reflexionemos todos. Saludos,

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Carta sobre el caso El Mozote. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 10 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Querido amigo:
Un amigo me emplazó: ¿Cómo es posible que no fuiste a Gotera para escribir sobre el juicio contra los militares en el caso El Mozote? ¿Ya no te importa? Varios colegas periodistas de El Faro han expresado la misma crítica: ¿Por qué los otros medios no recogen los testimonios de los sobrevivientes de El Mozote?

Sí me importa El Mozote. Sí me importan las víctimas de esta masacre. Pero no creo en este juicio, ni en los otros que se están abriendo contra militares y guerrilleros, luego de que fuera declarada inconstitucional la amnistía. Siempre he dicho que me parece un error haber quitado la amnistía, y que ahora se están abriendo juicios penales en todos estos casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y violaciones de Derechos Humanos cometidos en el marco de la guerra.

logos MAS y EDHEn Gotera se demuestra que llevar estos casos a la justicia penal no tiene sentido. Estos casos deberían ser objeto de investigación histórica, periodística, foros académicos, cuyos objetivos serían: dar voz a las víctimas; y establecer y analizar la verdad.

Pero esto no se cumple en un juicio penal. Ahí se trata de pruebas científicas y testimonios, bajo reglas estrictas de pruebas, para establecer, sin lugar a duda, la responsabilidad personal de los acusados. El juicio de Gotera demuestra que esto no es posible 36 años después de los hechos. Y no es, como muchos alegan, muestra de un sistema que promueve la impunidad, sino de que es un error llevar estos casos a la justicia penal.

Bajo las reglas de la justicia penal, casi nada de lo que aportan los testigos en Gotera es relevante. Y esto es una injusticia con las víctimas, los sobrevivientes y testigos. Tienen todo el derecho de contar sus historias. Tienen derecho de hacerlo donde sus historias sean relevantes – y esto no es ante el juez de Gotera.

Mi amigo me preguntó: ¿Por qué no testificás en este juicio, si vos estuviste ahí? Esta es la confusión que muchos tienen sobre este juicio. Yo estuve en El Mozote, pero días después de que el ejército se retiró. Puedo contar lo que pasó ahí, porque los sobrevivientes me lo contaron. Conozco la verdad, y la difundí al país y al mundo.
Pero no tengo nada que aportar a un juicio penal. Todo lo que sé sobre la masacre, es irrelevante ante un juez, porque no fui testigo ocular. Mi verdad es una reconstrucción periodística. De paso sea dicho: Lo mismo es válido para el informe de la Comisión de Verdad. Es muy relevante, pero no ante una corte que necesita comprobar hechos y responsabilidades individuales.

A mi no me vengan a decir que yo me estoy callando sobre El Mozote. Yo inmediatamente fui a El Mozote; traje a periodistas internacionales al lugar de las masacres. Hicimos las denuncias, reportamos los hechos. Pusimos contra la pared a la Fuerza Armada, al gobierno y a sus padrinos en Washington. Y luego fui parte del equipo que tendió la trampa al principal responsable, el coronel Domingo Monterrosa, a quién la gente de Morazán aplicó justicia por su crimen.

Está bien que El Faro dé volumen a las voces de los sobrevivientes. Pero que no confundan la verdad que ahí se revela, la verdad de las víctimas, con una verdad jurídica que permita establecer condenas penales. Sólo estarían aportando a más frustración.

Esto es lo que tengo que decir sobre el caso en Gotera. Saludos,

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Carta a la conciencia nacional: Apostemos a la reconciliación. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 julio 2017 / MAS! y EDH

Howard Cotto apareció en televisión confirmando que la PNC ha recibido ordenes de captura contra los exguerilleros que en 1991 dieron muerte a 3 asesores militares norteamericanos, luego de haber derribado su helicóptero militar en el municipio de Lolotique. El director de la PNC y también exguerrillero dijo que no se sabía los nombres de los imputados, porque “no eran figuras conocidas en la opinión pública”.

EDH logBueno, comisionado: Como se trata de excompañeros y amigos míos, te voy a decir quiénes son: Se llaman Fernán Hernández “Aparicio” y Severiano Fuentes “Porfirio” y han sido destacados combatientes en la lucha que te ha catapultado a tu cargo en la PNC – que yo sepa, más destacados que vos.

Y encima del sacrificio de pelear en la guerra, ellos han hecho otro que ningún otro comandante o combatiente ha sido capaz de hacer: Luego de la firma de la paz, se presentaron voluntariamente a la justicia. No querían que el controversial caso del helicóptero norteamericano que derribaron, y de la muerte que dieron a dos sobrevivientes, se convirtiera en obstáculo para el complicado y frágil proceso de implementación de los Acuerdos de Paz.

mas“Porfirio” y “Aparicio” tuvieron la hombría de asumir su responsabilidad. Ante el juez se hicieron cargo de haber derribado la nave, y de haber dado “tiros de gracia” a los dos militares norteamericanos sobrevivientes, pero mal heridos. El tercero había muerto en la caída del helicóptero. Asumieron su condena e ingresaron al penal de Mariona.

Luego fueron sobreseídos, en cumplimiento de la Ley de Amnistía, y salieron libres. Ahora, al haber declarado la Sala de lo Constitucional inconstitucional esta amnistía, los andan buscando para que 25 años después cumplan su condena. Por esto las órdenes de captura que emitió la fiscalía, cuyo titular tampoco se molestó en darles el beneficio de mencionarlos con sus nombres y explicar las circunstancias.

Estos dos hombres, tratados por el director de la PNC y el fiscal general como unos fulanos anónimos que no vale la pena identificar por su nombre y su trágica historia, al ser capturados pagarán el costo de la suspensión de la amnistía – y de la negligencia de la Presidencia de la República y de la Asamblea Legislativa. Ambos no han cumplido con la sentencia de Sala que les mandaba generar una Ley de Reconciliación Nacional que buscara soluciones a este tipo de casos, sobre todo los que no son de “crímenes de lesa humanidad.”

Precisamente este semana, en una audiencia de seguimiento convocada por la Sala, se hizo evidente que ni en Casa Presidencial ni en la Asamblea se está trabajando en esta legislación indispensable para no dejar un vacío legal y ético luego de la suspensión de la amnistía. Simplemente nadie ha hecho caso a esta parte de la sentencia.

En este vacío legal, del cual nadie se hace responsable, están cayendo las vidas de “Porfirio” y “Aparicio” y sus familias.

Están en la misma situación que el coronel Benavides, quien fue condenado en el caso del asesinato de los jesuitas, luego amnistiado, y luego de la sentencia de la Sala recapturado para cumplir su condena. Pero en este caso, la UCA y los jesuitas han solicitado al Estado que le conmuten la condena y lo pongan en libertad. Una iniciativa valiente y profundamente humana.

Lo mismo hay que exigir en el caso de “Porfirio” y “Aparicio”. Igual que el coronel Benavides no constituyen ningún peligro para la sociedad. Presentándose en 1992 voluntariamente, han mostrado que para ellos la paz tenía prioridad sobre sus intereses personales. Espero que los jesuitas, el Cardenal Rosa Chávez y la ciudadanía respalden la solicitud de reducir su condena y concederles libertad.

Saludos,

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Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 marzo 2017 / EDH y MAS!

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,