amnistía

Amnistías cazabobos. Columna Transversal de Paolo Luers

23 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

El 15 de enero 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley de Amnistía para facilitar la transición pacífica del país a la democracia. Es una amnistía general, por una parte a todos los opositores condenados, perseguidos, o exilados por causas políticas, Por otra parte, se promete inmunidad a todos los militares y funcionarios gubernamentales y judiciales responsables de violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes relacionados a la represión del gobierno contra la oposición y sus seguidores, con una sola condición: la inmunidad se concede a quienes faciliten la transición democrática y contribuyan al restablecimiento del orden constitucional. Esta amnistía favorecería a militares, policías, fiscales, jueces, agentes del servicio secreto y paramilitares que han cometido arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y hasta homicidios, siempre y cuando decidan ponerse del lado de la transición democrática. Hasta el mismo Nicolás Maduro se podría acoger a esta amnistía con solo que emita la orden de cesar la represión y abandone la presidencia.

Fue una de las primeras iniciativas de Juan Guidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional recién había asumido transitoriamente la presidencia de la República, luego de que el parlamento había declarado vacante el cargo, ya que no reconoció la reelección de Nicolás Maduro efectuada en 2018.

A partir de la juramentación de Juan Guaidó, el 10 de enero 2019, existen en Venezuela dos gobiernos: el simbólico de Guaidó, apoyado por la Asamblea Nacional, la gran mayoría de los venezolanos y por muchos gobiernos latinoamericanos; el otro es el gobierno de facto de Maduro, apoyado por las Fuerzas Armadas, la policía, la Guardia Nacional y el servicio secreto SEBIN y su capacidad y voluntad de reprimir las manifestaciones de los movimientos opositores.

Guaidó asumió el reto de la presidencia transitoria sabiendo que la única forma de lograr la transición pacífica a la democracia era que la facilitara parte del aparato de poder gubernamental, partidario, jurídico y sobre todo militar del régimen. Guaidó y los legisladores, quienes aprobaron una amnistía general para facilitar la transición, tenían plena consciencia que estaban incluyendo en la amnistía a personas que habían cometido graves crímenes. Lo incluyeron con la convicción de que era necesario y justificado sacrificar la aplicación de la justicia si de esta manera podrían evitar masacres, liberar a todos los presos políticos, facilitar el regreso de los exilados políticos, conseguir el cese a la represión y abrir espacio para una transición democrática mediante elecciones libres.

En estos días de enero 2019, con el presidente de la Asamblea asumiendo la conducción de la transición democrática, con docenas de gobiernos del mundo desconociendo la presidencia de Maduro, con la oposición uniéndose detrás de la Asamblea Nacional y su presidente Guaidó, con los primeros dirigentes del chavismo separándose de Maduro y apoyando la transición, la amnistía tuvo un respaldo total: en la Asamblea, en el movimiento opositor, entre las organizaciones de Derechos Humanos, en la comunidad internacional. Si de esta manera se podría conseguir que militares que antes habían sido el sostén del régimen de Maduro podían ponerse del bando de la oposición o irse al exilio; y si de esta manera los máximos dirigentes del chavismo, incluyendo Maduro, podían negociar el abandono del poder y del país, todos estaban dispuestos de apoyar esta amnistía.

Ya sabemos que el plan no prosperó. Sólo unos pocos funcionarios y militares se pusieron del lado de la transición democrática. La Fuerza Armada no se dividió y quedó leal al régimen. Maduro se mantuvo en el poder. Tampoco ha tenido el valor de arrestar o matar a Juan Guaidó, quien sigue presidiendo la Asamblea y actuando como “presidente encargado” de la transición democrática. La oferta de la amnistía se mantiene…

Me pregunto: ¿Y si en enero 2019 o después el régimen chavista hubiera colapsado, si los militares hubieran abandonado a Maduro y aceptado la amnistía, si de esta forma se hubiera abierto la puerta para una transición pacífica a la democracia en Venezuela? Una vez restablecido el orden constitucional, una vez desarmado el aparato de represión, una vez instalada nuevamente una justicia independiente, ¿cuánto tiempo se hubieran tardado ciertos defensores de los Derechos Humanos para levantar el grito al cielo, exigiendo que se hagan juicios a los responsables de la represión?

Suele pasar cuando el polvo se ha asentado, cuando ya no hoy represión, cuando hacer uso de la libertad de expresión ya no es peligroso. Una amnistía puede tener toda la lógica dentro de una situación histórica tensa, cuando para todos la meta prioritaria, en coma de todas las demás, es conseguir la paz, la libertad, el cese de guerra y persecución. Y años más tarde, cuando los peligros han sido superados, hay quienes cambian las prioridades y exigen, en nombre de la justicia, cambiar la historia y abolir las amnistías.

Pero insisto: la historia no se puede reescribir. Mucho menos escogiendo las partes que ya no nos gustan. Tampoco se puede dar amnistías cazabobos.

Ubiquémonos en el año 1993. Columna Transversal de Paolo Luers

9 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

Nos hicimos amigos con Raymond Bonner en diciembre del 1981, cuando salimos juntos a El Mozote para investigar la masacre. El reportaje que Bonner publicó en THE NEW YORK TIMES, más otro que escribió Alma Guillermoprieto para el WASHINGTON POST y las fotos de Susan Meisalas que corrieron por el mundo entero, confirmaron las denuncias hechas por Radio Venceremos de la muerte de unos mil civiles a manos del BatallónAtlacatl.

Constatar la masacre con los ojos de sus propios reporteros fue la única manera que los medios más influyentes iban a publicar esta noticia tan sustancial, que de hecho cambió el debate en Estados Unidos sobre la ayuda militar para El Salvador. Nunca voy a olvidar la ira que sintió Bonner al darse cuenta de la dimensión de la masacre, y de ahí surgió su valor de documentar algo que el gobierno de su país categoricamente desmentía y tildaba de propaganda comunista. Este valor le costó incluso su trabajo en el NEW YORK TIMES. Publicaron el reportaje, pero luego cedieron a la presión de Washington…

Ahora, 38 años después, Raymond Bonner vuelve a escribir en THE NEW YORK TIMES sobre El Mozote, en una columna de opinión sobre el debate que aquí en El Salvador se ha desatado sobre cómo llegar a la verdad y la justicia en este tipo de capítulos oscuros de la guerra. Y esta vez tengo que disentir con mi amigo Raymond.

Bonner escribe en el NYT: “Ahora el FMLN (con 23 diputados en la Asamblea Legislativa de 84 miembros) está apoyando un proyecto de ley sobre reconciliación nacional propuesto por ARENA  (con 37 diputados), que equivale a una amnistía de hecho para los delitos cometidos durante la guerra. Los políticos pueden tener aliados extraños, ¿pero esto?”.

Esto no es lo que está pasando. No es una ley de ARENA, la que por razones extrañas apoya la ex guerrilla. Resumamos cómo se llegó al punto de discutir hoy, 27 años después de la firma de la paz, una Ley de Reconciliación. En 1992, la Asamblea Legislativa decretó una primera Ley de Amnistía, necesaria para que los combatientes y comandantes de la guerrilla pudieran deponer sus armas, regresar a la vida legal e insertarse en el sistema político, así como acordaron en los Acuerdos de Paz. De esta amnistía quedaron exentos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que iba a investigar la Comisión de la Verdad instalada por Naciones Unidas.

El informe de esta comisión fue presentado en 1993 y documentaba una serie de crímenes, la gran mayoría cometida por fuerzas gubernamentales, y otras por la guerrilla. Según la ley de amnistía vigente del 1992, estos crímenes señalados por el informe de la Comisión de Verdad, entre ellos la masacre de El Mozote, tendrían que llevarse a los tribunales.

Ubiquémonos en el año 1993. Ya no había guerra, pero tampoco había garantía de paz

La parte esencial de los acuerdos firmados en enero 1992 todavía no estaba cumplida. Había un cese al fuego, había desmovilización y entrega de armas del FMLN, pero las estructuras guerrilleras no estaban del todo desmontadas y desarmadas; la Fuerza Armada todavía no estaba depurada; los batallones especiales (como el Atlacatl, que cometió las masacres de El Mozote y la UCA) aún no estaban desmovilizados; la nueva Policía Nacional Civil todavía no existía, sino que siguió patrullando la vieja Policía Nacional. La Corte Suprema de Justicia todavía estaba en manos de personeros como Mauricio Gutierrez Castro. Ni siquiera se había comenzado con una depuración de la Fiscalía.

La paz todavía podía colapsar de un momento a otro.

En esta situación crítica, densa y peligrosa, que muchos ya han olvidado (y otros ya no la vivieron), ¿cómo comenzar con juicios contra los jefes militares y guerrilleros? ¿Qué confianza se podía tener en la justicia, en la Fuerza Armada, en la guerrilla  y en la solidez del cese al fuego? Ninguna confianza ciega.

En 1993, la decisión de dar una amnistía general fue lógica, necesaria y justificada. Había un conflicto entre dos imperativos: la paz y la justicia, y lo único sensato, necesario e incluso justo fue priorizar la paz.

No tenemos derecho de revertir retrospectivamente lo que fue necesario y justo en 1993. Hoy, 26 años más tarde, no podemos venir y decir:  como ya no estamos ante un cese al fuego frágil y ante el peligro de una nueva guerra civil, revirtamos nuestra decisión de prioridades –hoy es hora de aplicar la justicia. La historia no se puede reescribir, tampoco las partes que a uno le causen problemas éticos.

Lo que está haciendo la Asamblea ahora es cumplir un mandato de la Sala de lo Constitucional y llenar un vacío legal

La Sala declaró nula la amnistía del 1993, pero tenía plena conciencia que esto podía causar un caos jurídico. con avalanchas de juicios contra todos los protagonistas de la guerra, que podía comenzar con intenciones justas de búsqueda de verdad pero convertirse en una cadena de venganzas. Por esto la Sala ordenó a la Asamblea aprobar una ley que priorice la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de los crímenes.

Esto es lo que está haciendo la Asamblea. Lo hizo mal, no supo involucrar y armonizar las posiciones encontradas en la sociedad civil. No supo valorar que esta ley, para ser aceptada por la sociedad, no podía salir de una comisión integrada por ex militares y ex guerrilleros.

Como reacción a estos errores surgen nuevamente voces que piden castigo, cárcel, incluso venganza. Hablan de verdad y justicia, pero no aceptan una ley que no lleve a la cárcel a los responsables.

El periodismo, sobre todo cuando es ejercido por los que sí vivimos las angustias de la transición de la guerra a la paz, tiene que ser responsable cuando trate esta problemática.

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente. De Paolo Luers

23 mayo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimado don Fabio:

Me han gustado mucho las dos entrevistas que acaba de dar, en El Diario de Hoy a Ricardo Avelar y en TCS a Federico Zeledón. No importa que uno no esté de acuerdo con algunas de sus posiciones, lo agradable es que alguien tenga posiciones claras, que las exprese libremente y que no las adapte a lo que actualmente es considerado políticamente correcto.

Entre las figuras políticas e intelectuales del país usted es de los muy escasos que piensan y hablan contra corriente. Se agradece, porque los oportunistas nos sobran en este tiempo del reseteo del poder y de los reposicionamientos políticos frente a las nuevas correlaciones de poder.

¿Quién más tiene la independencia y el valor para decir que sí se necesita una amnistía para los miles de personas que en el contexto de la guerra violaron leyes y cometieron delitos?

Nadie (de las personas fuera de cualquier sospecha de buscar un beneficio propio) se atreve a argumentar que nadie, ni las víctimas y sus familiares, ganará nada con tal que los responsables de crímenes de guerra pasen su vida en la cárcel.

Que bueno que un personaje de la credibilidad de usted se sienta con la solvencia de decir un par de verdades, aunque contradigan las leyendas históricas que se han construido en al país:

…que no es cierto que la impunidad para los protagonistas de la guerra sea responsable del auge actual de la violencia;

…que la Comisión de Verdad presentó al país un informe valioso para enfrentar nuestra historia, pero que no lo confundamos con la Biblia ni tampoco con la sentencia inapelable de un tribunal, resultado de un procedimiento formal de acusación y defensa validando o deslegitimando pruebas y testigos;

…que el país tal vez necesita una Comisión Independiente para investigar la corrupción, pero que no hay ni necesidad ni justificación para que esta tarea sea delegada a instancias o expertos internacionales;

…que por supuesto los delitos, todos los delitos sin excepción, tienen que prescribir en algún momento y que por tanto es incompatible con la seguridad jurídica querer decretar que ciertos delitos, por ejemplo de corrupción o de ‘lesa humanidad’ nunca prescriban;

…que aquí la categoría de ‘crímenes de lesa humanidad’ se usa con irresponsabilidad en todo este debate sobre amnistía y prescripción.

Con estos comentarios, usted mató a varias vacas sagradas. Pero alguien lo tiene que hacer si queremos abrir un debate racional sobre temas tan delicados como corrupción, impunidad, amnistías y reconciliación. Las vacas sagradas, los mitos, las leyendas y los dogmas de corrección política son obstáculos para el debate, y por tanto para la construcción de consensos.

Qué bueno que ahora estos obstáculos están siendo desafiados por alguien como usted, a quien nadie puede acusar de malas intenciones contra el Frente o contra el presidente electo. Espero que salgan otras mentes independientes y críticas al encuentro de los debates necesarios sobre impunidad, justicia, verdad y reconciliación. No importa que estemos todos de acuerdo, de la variedad de posiciones honestas vamos a construir consensos.

Saludos,

LAS COLUMNAS DE PAOLO LUERS SOGRE EL TEMA AMNISTIA:

Carta a “los cuatro magníficos” (septiembre 2013)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Columna transversal: Víctimas y víctimas, en El Salvador y Colombia (octubre 2016)
https://www.elsalvador.com/…/victimas-y-victim…/205813/2016/

Cállese, señor presidente (julio 2016)
https://www.elsalvador.com/…/callese-senor-pre…/194050/2016/

Carta a los sabios: Tomen la reconciliación en sus manos (11 de marzo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar (22 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-la-asambl…/604527/2019/

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente (23 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-fabio-cas…/605316/2019/

Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar. De Paolo Luers

21 mayo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Cuando la Sala declaró inconstitucional la amnistía y mandó a consensuar y redactar una Ley de Reconciliación, dejó al país una tarea bien complicada. La nueva ley no podía volver a dejar impunes todos los crímenes, ciertamente no los de lesa humanidad – pero tampoco podía dejar la puerta abierta para que todos los hechos de guerra, insurgencia y contrainsurgencia llegaran a los tribunales, haciendo colapsar no solo el sistema judicial, sino el sistema de postguerra en general.

Viendo lo delicado del asunto, publiqué en julio 2016 una columna titulada “Cállese, señor presidente”. Escogí un titular tan drástico, porque Salvador Sánchez Cerén había anunciado que iba a presentar a la Asamblea esta ley. Entonces, mi consejo fue: “El presidente (y todos los demás ‘implicados’ de todos los bandos), por decencia y prudencia, tenían que apartarse de este debate. Si no, la posible solución sería inmediatamente percibida como un nuevo pacto de los protagonistas de la guerra de evadir su responsabilidad”.

Mi propuesta fue: La solución a este dilema, para tener validez, esta vez tiene que surgir de la sociedad civil, incluyendo las víctimas, y no de las partes beligerantes.”

Al fin el gobierno, sabiamente, no hizo nada, pero nadie asumió la responsabilidad y la tarea. Así que no pasó nada.

En marzo, ya casi terminándose el plazo que la Sala había dado, escribí en otra columna: “Lo que hubieran tenido que hacer los poderes del Estado (Presidencia, Asamblea, Corte Suprema) es convocar una ‘Comisión de sabios’ (compuesta por rectores de universidades, representantes de iglesias, penalistas, constitucionalistas y otras personalidades de prestigio moral e intelectual) para organizar debates tanto públicos como académicos, y que de ellos surja una propuesta de Ley de Reconciliación que llene el vacío que dejó la derogación de la Amnistía de 1999.”

Tampoco se hizo. Al fin se configuró el peor de los escenarios: en la Asamblea se articularon propuestas, que de antemano provocaron desconfianza porque fueron presentados por protagonistas de ambos bandos de la guerra. Primero Rodolfo Parker, luego Nidia Díaz y Jorge Handal juntos con el general Vargas y el coronel Almendariz. Para mi criterio, sus propuestas, siempre mejorables, son racionales y mesuradas. Pero por razones obvias, en la opinión pública no generaron ninguna confianza.

Claro que no, porque la iniciativa no tenía que surgir de ellos, sino de la sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil, no es idéntico, como muchos piensan con las organizaciones que asumen la representación de las víctimas de represión y crímenes de guerra cometidas por fuerzas gubernamentales y paramilitares afines. Estas organizaciones, que también presentaron una propuesta de ley y objetaron las que surgieron de la Asamblea,  deben tener voz, pero no la representación, ni de las víctimas en general, ni de la sociedad. La peor solución del dilema actual sería que todo se arregle en una negociación entre las organizaciones que sumen la representación de una parte de las víctimas y los diputados.

Nunca es tarde. Todavía pueden sentarse en una mesa ‘los sabios’ y llegar a una solución que nos saque de este dilema entre los dos imperativos -justicia y paz- y se enfoque en el imperativo de la verdad. Nunca van a estar contentos todos. En ambos bandos históricos hay quienes aparte de verdad y justicia quieren venganza. Por otra parte, también en todos los bandos históricos, hay quienes abogan por el olvido, porque no quieren que se sepa la verdad. Ambas posiciones son fuertes, pero minoritarias. Minoritarias entre los protagonistas de derecha e izquierda, minoritarios entre los familiares de las víctimas, y aun más minoritario en la sociedad. La mayoría de los salvadoreños hace tiempo ha perdonado a quienes durante la guerra les violaron derechos, pero también están interesados en conocer la verdad. No quieren olvidar, pero si poner punto final al capítulo de la guerra.

Propongo que la Asamblea no emita ninguna Ley de Reconciliación, mientras que desde la sociedad no surja una propuesta desinteresada y racional. Saludos,

LAS COLUMNAS DE PAOLO LUERS SOGRE EL TEMA AMNISTIA:

Carta a “los cuatro magníficos” (septiembre 2013)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Columna transversal: Víctimas y víctimas, en El Salvador y Colombia (octubre 2016)
https://www.elsalvador.com/…/victimas-y-victim…/205813/2016/

Cállese, señor presidente (julio 2016)
https://www.elsalvador.com/…/callese-senor-pre…/194050/2016/

Carta a los sabios: Tomen la reconciliación en sus manos (11 de marzo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-los-sabio…/574958/2019/

Carta a la Asamblea: Mejor no legislar que mal legislar (22 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-la-asambl…/604527/2019/

Carta a Fabio Castillo: Hablar contra corriente (23 mayo 2019)
https://www.elsalvador.com/…/carta-a-fabio-cas…/605316/2019/

Imperdonables. De Cristian Villalta

CRISTIAN VILLALTA,
director de El Gráfico

17 marzo 2019 / LA PRENSA GRAFICA

¿Cuántos de los 16,403 ciudadanos que votaron hace un año por el diputado Rodolfo Parker esperaban de él una iniciativa de ley para perdonar los delitos cometidos durante la guerra?

Uno cree que si votaron por Parker marcando su rostro, la mayoría de esas 16 mil personas lo conocen, al menos lo suficiente para saber que durante el conflicto fue asesor jurídico de los altos mandos militares, y acusado de encubrimiento por la Comisión de la Verdad en el caso de los jesuitas.

Entendiendo que la mayoría de los salvadoreños es gente sensata, cuesta creer que con esos atestados los votantes de Parker esperaran su proactividad en un asunto en el que su criterio está comprometido. Quizá los más de esos pedecistas se preguntan hoy si la presencia de Parker en la comisión que estudia qué hacer con los pedazos de la ley de amnistía no es cuando menos inconveniente.

Si uno lo escucha en sus cada vez más frecuentes apariciones en los medios de comunicación, el parlamentario tiene un discurso prolijo, bien articulado, con una retórica de hierro. Por eso, es fácil entender su propósito: básicamente sostiene que nadie debe responder penalmente por los delitos que haya cometido durante la guerra.

Matices más, matices menos, al menos otros tres miembros de la comisión apoyan esa idea: un coronel, un general y una ex comandante guerrillera.

Aunque 30 años después el propósito de quienes hicieron la guerra sea el de cerrar decentemente ese episodio decisivo de la vida nacional, hay dos debilidades en su razonamiento. Número uno, por más palabras bonitas que le pongan, invocar a la seguridad jurídica para relativizar el derecho de justicia de las víctimas es simple y llana impunidad; número dos, la participación en estas comisiones de personajes que tuvieron carácter ejecutivo en los bandos en conflicto es una grosería.

Si como sociedad hemos aportado nuestra parte, entendiendo que ninguna de las víctimas tendrá derecho sino a soluciones eventualmente compensatorias, lo menos que esperamos de los representantes de las fuerzas victimarias es que no interfieran, y mucho menos que sean ellas las que confeccionen una nueva solución. Los ciudadanos no necesitamos que firmen otro armisticio; aquellas condiciones extraordinarias en las que unos y otros se perdonaron sus crímenes ya no son tales. El presente demanda memoria histórica e inédita generosidad del Estado. Mientras eso no ocurra, el futuro seguirá secuestrado por el pasado.

La situación plantea un desafío extra que no debemos soslayar. ¿Cómo se explica que el ejercicio electoral de millones de salvadoreños en aras de la democracia representativa termine con cuatro personas de criterio minoritario tomando decisiones por toda la nación, y en un tema así de controversial?

Estas cosas nos pasan porque la administración del poder sigue teniendo más de cálculo político que de ética pública. Reconocemos ese desequilibrio en el alma de nuestra nación a primera vista, y con abonos al más alto nivel. ¿O acaso al leer que la CSJ decide ella misma quitarse los dientes, y morder, si acaso, solo a los dos gobiernos del FMLN, no nos sentimos un poco huérfanos de campeones?

Es a partir de la acumulación de estos resultados, de estos portazos en la cara cortesía de las instituciones, que el ciudadano triste y peligrosamente cree cada vez menos en la democracia.

Si finalmente renunciamos a la fidelidad de quienes deben representarnos, solo nos esperaran imperdonables la apatía y la furia.

¿Historia oficial? Columna Transversal de Paolo Luers

10 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En un noticiero internacional hice un descubrimiento sorprendente: En Polonia existe una “política oficial de historia”. El término que usaron en el noticiero –“Geschichtspolitik” en alemán- y su traducción al español suenan raro. ¿Cómo puede existir una política oficial del Estado (o gobierno) en cuanto a cómo entender y escribir la historia? Con otras palabras, ¿puede existir una “historia oficial”, administrada y reglamentada por una política oficial?

Parece que sí. La noticia era sobre un incidente en Polonia: El gobierno conservador-nacionalista de Polonia removió al historiador Papel Machcewicz de la dirección del Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk. El conflicto detrás de la noticia: Machcewicz inauguró el museo con una exposición sobre el Holocausto cometido por los alemanes contra los judíos polacos durante la ocupación nazi de Polonia – y en esta exposición también documenta el antisemitismo polaco. Esto, según el ministro de cultura, “no corresponde a la ‘política de historia’ del gobierno. Machcewicz tuvo que ir y el museo cerró sus puertas, hasta que adapte la exposición a la historia oficial…

Polonia no es el único país, donde el gobierno y el partido oficial quieren escribir una ‘historia oficial’, aunque creo que no hay muchos gobiernos tan descarados como para inventar el concepto de una ‘política de la historia’, que sirve para censurar exposiciones y otras expresiones culturales o académicas, y para justificar el despido de un director de museo u otros funcionarios académicos.

En otros lados, igual que en Polonia, en este mismo contexto, se habla de la ‘cultura de memoria’ – o de ‘la memoria histórica’, por ejemplo aquí en El Salvador. No hay nada mal de hablar de ‘cultura de memoria’ o ‘memoria histórica’, siempre cuando nadie trate de uniformar y reglamentarlos. La memoria, por definición es subjetiva y depende del punto de vista y la experiencia particular de los individuos y grupos. No puede haber una memoria única o una que reclame representar ‘la verdad’ – y mucho menos puede pasar esto por decreto, desde el estado o gobierno. La memoria o es diversa y plural, o es un constructo de engaño.

La historia parece un asunto más objetivo, no tan subjetivo que la memoria. Pero  tampoco existe ‘la historia’. Para acercarse a la verdad, siempre tienen que existir y estar en comunicación varias maneras de ver la historia. Y la única a la cual no hay que hacer caso es la que viene vestida de ‘historia oficial’.

Nosotros que vivimos en la posguerra (por más que algunos quieren reclamar que esté cerrado este capítulo), nos topamos con este problema todos los días. Por ejemplo en la actual discusión sobre la amnistía. Aparecen quienes hablan a nombre de ‘las víctimas’, pero es obvio que no representan a todas las víctimas. Obviamente en una guerra entre dos partes beligerantes, hay víctimas de ambos bandos y de civiles. Hay víctimas que sufrieron violencia de ambas partes, hay víctimas organizadas que reclaman justicia, hay víctimas que nunca se organizaron y no se sienten representados por nadie y para reclamar nada a nadie. Cada grupo de victimarios tiene sus ‘memorias’ y su historia, igual que cada grupo de víctimas. Hay que escucharlas todas.

La política oficial polaca puede escribir una historia oficial, en la cual el antisemitismo polaco no existe – pero siguen existiendo las víctimas de ataques racistas cometidos por compatriotas, no solo por la fuerza invasora nazi. Y si existen las víctimas, existe su memoria y su historia, tenga espacio en la historia oficial o no.

Igual aquí. Cuando se habla de ‘las víctimas’, uno piensa en los campesinos de El Mozote masacrados por el Atlacatl, o en los padres jesuitas, masacrados por el mismo batallón 8 años más tarde. Pero también existen los familiares de los campesinos de San Vicente, masacrados no por la Fuerza Armada sino por las FPL en su paranoica fiebre de erradicar ‘desviaciones ideológicas’. Y también existen las víctimas de secuestros y atentados de a guerrilla. Hay de todos: víctimas que no quieren amnistía para nadie, y víctimas que no quieren negarle amnistía a nadie. Las historias de todos ellos son parte de la memoria histórica.

Los diputados, al legislar para llenar el vacío legal y la incertidumbre que dejó la suspensión de la amnistía del 1993 por parte de la Sala, tiene que tomar en cuenta a toda la historia y escribir una ley de Reconciliación que haga justicia a todas las víctimas. Y a los que critican con tanto absolutismo el borrador existe para esta ley, les recomiendo que lo lean entero, o por lo menos el artículo 2, donde dice que en la amnistía quedan excluidos los crímenes de lesa humanidad y de gravedad.

Dos ante-proyectos de Ley de Reconciliación/Reparación

Todo debate comienza con una propuesta. Esta puede provocar reacciones en contra y en pro, enmiendas y contrapropuestas. Presentamos dos propuestas: la reciente propuesta que el diputado Rodolfo Parker hizo a la comisión creada por la Asamblea Legislativa para elaborar un proyecto de Ley de Reconciliación, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalidó la Ley de Amnistía; y otra, presentada en 2017 por un ‘grupo de víctimas’ de la represión estatal durante e conflicto. Muchos han criticado estas propuestas de antemano, pero sin leer y estudiarlas. Abramos este debate en serio, sobre la base de propuestas.

Segunda Vuelta

24 febrero 2019 / SEGUNDA VUELTA

La propuesta de Ley de Reconciliación discutida actualmente en la Comisión legislativa

La propuesta de Ley de Reparación presentada en 2017 por un grupo de víctimas