Piden reducir en 5% el gasto estatal de 2016 para la seguridad

ARENA asegura que al bajar el gasto, al año se recaudarían más de $200 millones para el combate a la criminalidad.

Reunión de la Interpartidaria, 28 de septiembre 2015

Eugenia Velásquez / Juan José Morales, 29 sept. 2015 / EDH

Bajar en un 5% el Presupuesto General de la Nación del próximo año, los gastos en viajes y otros rubros de todos los funcionarios públicos, son dos de las alternativas que, a juicio del principal partido de oposición y de los empresarios, el Gobierno debería instaurar, en vez de plantear el cobro de más impuestos como el del 10 % a los usuarios de todos los servicios de telefonía e internet planteado por el gobierno.

La diputada de ARENA, Milena de Escalón, así como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, afirman que si el Gobierno se apretara el cincho reduciendo el gasto público para 2016 lograría recoger más de $200 millones al año que podrían servir para combatir la inseguridad que agobia a la población.

“Serían $230 millones (la reducción para seguridad) es algo posible de hacer, ayudaría a la economía, mandaría un buen mensaje en vez de poner más impuestos”, reflexionó Cardenal. (Ver más detalles en nota aparte).

Ante la moción del Gobierno presentada a la Asamblea Legislativa recientemente, de colocar un tributo del 10 % a todos los usuarios de los servicios de telefonía, internet y cable, sin distinción de ingresos económicos, ARENA,  PCN, PDC y GANA han diseñado diferentes estrategias para hacer llegar fondos al Estado a fin de impulsar planes contra la delincuencia.

Algunas de ellas cuentan con el respaldo de dos o más partidos, sin embargo, la de gravar a los usuarios de las telefónicas no es compartida por los institutos políticos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, informó ayer en la entrevista Frente a Frente, que también están pensando en gravar con impuesto a las empresas y personas naturales que obtienen ganancias arriba de $500 mil al año (una propuesta que GANA también presentó la semana pasada), así como encarcelar a los evasores y elusores del fisco, aún cuando éstos hayan pagado sus impuestos.

“Tenemos que buscar opciones para que la seguridad cuente con recursos permanentes, hay una base de grandes contribuyentes que aún no están aportando lo que les corresponde, aunque esto implique descartar por el momento el impuesto a los bienes suntuarios por la complejidad que representa”, acotó.

Pero ARENA insiste en que el Gobierno no ha sido austero y que cuenta con fondos de varios préstamos, a razón de $183 millones desde 2013 que no ha ejecutado y que tienen como destino planes de prevención de la violencia y obras en las cárceles para evitar el hacinamiento.

Por esta razón es que según De Escalón, el Gobierno tiene otras opciones antes que “castigar” a la población más pobre que usa un celular.

Al respecto, la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, revela que los segmentos pobres y en pobreza extrema representan el 40% de la población, por lo que serían los más afectados en sus bolsillos con el nuevo impuesto.

“Ya se dieron suficientes impuestos, creemos que es conveniente mejor la austeridad, yo le propondría al Gobierno: revisemos, quitémonos los viajes todos los Órganos del Estado, y yo le aseguro que ya tendrían $100 millones que ya podrían empezar (a usar en seguridad)”, afirmó.

De Escalón agrega que conociendo que el Gobierno del FMLN no ha sabido destinar los fondos del Estado para lo que realmente dice, es que se debe recortar inicialmente con el 5 % el presupuesto del país previsto para 2016.

El plan de gastos para el próximo año deberá ser presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a la Asamblea, a más tardar mañana.

Según De Escalón, si se tomara en consideración su propuesta de recortar con el 5 % el presupuesto del próximo año, esto equivaldría a ahorrarse el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, que sumaría casi $200 millones que se podrían utilizar para seguridad.

La diputada tricolor sugiere que esa reducción se haga anualmente y no de una sola vez como lo pretende hacer el Ejecutivo, ya que según el Consejo de Seguridad Pública se necesitarían $2,100 millones para el combate de la criminalidad en un plazo de cinco años, pero De Escalón propone que se haga anual.

“Lo que tienen que hacer es una sinceración: ¿cuánto necesitás? ‘$2,500 millones pero en cinco años’, pero no estarás en cinco años, ¿por qué no decimos?: ‘en este 2016 yo necesito esto’, pero específico, nosotros no le pensamos dar ningún cheque en blanco al Gobierno, porque se lo gasta en otra cosa y no en lo que debe de ser”, cuestionó.

Subraya que al aplicar lo anterior sí se lograría obtener el  dinero que se necesita; pero según González, eso no alcanzaría si no se toman en cuenta otras medidas como gravar a los grandes empresarios.

De Escalón aseveró ayer en la Comisión de Hacienda que son pocas las personas y empresas que obtienen esas utilidades, y de hecho, la presidenta de la Comisión, Lorena Peña, del FMLN, dijo que son cerca de ocho mil.

La propuesta de ARENA sería llevada hoy al Consejo de Seguridad Pública, que ayer también se reunió en Casa Presidencial para estudiar el anteproyecto de Ley de Reinserción de Pandillas, algo que está contemplado en el plan “El Salvador Seguro”.

 En la sesión no se abordaron las propuestas de nuevos impuestos. Rodolfo Parker, del PDC, dijo que estas se discutirán hoy en la interpartidaria.

“Los partidos coincidimos en que es necesario contar con más recursos pero tenemos que ampliar la discusión en el Consejo, hay que revisar los planteamientos de cada partido y buscar no castigar a la población con más impuestos”, dijo Parker.

Un acuerdo muy prometedor que esperamos se concrete de manera progresiva y consistente en los hechos. Editorial La Prensa Gráfica

Ayer Segunda Vuelta publicó la «Declaratoria Conjunta de Ataco» de los partidos políticos, y convocó al debate público sobre este primer acuerdo de la Interpartidaria. La primera reacción pública es el editorial de La Prensa Gráfica. El debate está abierto.

Segunda Vuelta

31 agosto 2015 / Editorial LPG

La problemática generada por la inseguridad galopante que padecemos ha hecho que la misma realidad esté demandando, con creciente apremio, que los actores políticos se pongan en línea en la búsqueda de soluciones que vayan devolviéndole al ambiente la normalidad perdida. Resulta evidente que ha venido dándose, en especial por parte de las organizaciones partidarias, una tozuda resistencia a la búsqueda de entendimientos para enfrentar en común dicha problemática, pero la realidad se impone frente a los intereses particularizados y es lo que empezamos a comprobar una vez más en este momento.

El pasado jueves y viernes, en una encerrona en las refrescantes alturas de Ataco, los principales representantes de los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC llegaron a muy importantes acuerdos para encarar el tema delincuencial en común, dando señales concretas que apuntan a crear una atmósfera política propicia de aquí en adelante. Si bien es cierto, como decíamos, que el fenómeno real es algo a lo que nadie puede escapar de manera permanente, por más resistencias que se pongan en juego, en los acercamientos positivos que resultaron de la encerrona aludida vuelve a hacerse patente aquello que es enseñanza de la sabiduría popular que viene rodando desde siempre: el que quiere, puede.

Los 10 acuerdos concretos a los que se llegó dan pie para confiar en que habrá resultados también concretos. Ahí se incluyen cuestiones como el apoyo al Plan El Salvador Seguro, el fortalecimiento de las instituciones directamente encargadas del combate y la prevención de la violencia, la evaluación institucional del establecimiento de jueces sin rostro, la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito, el apoyo a las medidas para asegurar el bloqueo de las señales telefónica en los centros penales, entre otras. Y, desde luego, una cuestión que viene de generar gran confrontación política: el punto de la aprobación de los 900 millones de dólares en endeudamiento, acordado a última hora por la legislatura pasada. Hoy, en muestra de distensión muy elocuente, los partidos han decidido solicitar a la Asamblea Legislativa, configurada con ellos mismos, que exhorte a la Sala de lo Constitucional a que dé pronta resolución al recurso presentado contra aquella decisión legislativa.

Hay un acuerdo que se relaciona directamente con la función de los medios de comunicación: la exhortación a que, dentro del marco del respeto a las libertades de expresión y de prensa, contribuyan a propiciar un ambiente acorde con los esfuerzos y avances institucionales en el área de seguridad ciudadana. En lo que a nosotros corresponde, la práctica cotidiana se ha orientado siempre a presentar los hechos a la luz de la verdad; y, dentro de ese marco, la contribución al ambiente positivo es factor determinante de nuestra política informativa y formadora de opinión. Apoyamos, pues, todos los empeños institucionales que apunten a la dinamización del bien común.

Insistimos en la trascendencia de esta señal de armonía interpartidaria, que se pone en la línea de lo que la ciudadanía demanda desde hace tiempos. Ahora sólo queda esperar que lo acordado en las palabras pase a ser realidad verificable en los hechos. Le damos a esta iniciativa el beneficio de la confianza, en plan vigilante. Y reiteramos nuestra convicción de que la realidad es, en definitiva, la que manda.