Luis Mario Rodríguez

“Morbo” electoral… De Luis Mario Rodríguez

Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

Luis Mario Rodríguez, 18 mayo 2017 / EDH

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó como “morbosa” la exigencia de varios sectores para que los resultados electorales preliminares en las legislativas y municipales de 2018 se conozcan la misma noche en la que se realicen los comicios. Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

En las elecciones del mismo tipo durante el 2012 y en las presidencias de 2014 la autoridad electoral contrató una empresa internacional para la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares. En ambas ocasiones, la población con acceso a internet, acompañó, en tiempo real, la evolución de los datos de tal forma que, conforme llegaban las actas desde el interior del país a través del sistema informático, en el caso de las legislativas, la gente constataba cuántos votos obtenía cada partido y cuántas marcas cada candidato, y en la presidencial, los sufragios que sumaba cada presidenciable, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Cuando el árbitro electoral convocó a la última conferencia de la noche, tanto en 2012 como en 2014, para dar lectura a los respectivos boletines que presentaban el avance del conteo preliminar, los que siguieron “en línea” el progreso de la información ya conocían la distribución de escaños entre los diferentes partidos, los candidatos a diputados que lograron una curul y la fórmula que se agenció la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente.

Esa misma es la historia para el resto de los procesos electorales celebrados después de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el de 2009. En esa ocasión, las ansiedades en los partidos mayoritarios se desbordaban en las respectivas sedes de los candidatos presidenciales. Si los magistrados que integraban al TSE no hubieran informado, al término de la jornada, quién era el próximo presidente de la República, muy probablemente se habría producido una crisis política de dimensiones inimaginables. La rapidez con la que actuó el colegiado y la madurez que demostró tanto el candidato de derecha como su partido admitiendo, sin ambigüedades, la victoria del FMLN, le valió al país el reconocimiento internacional por aceptar una alternancia pacífica en la que Alianza Republicana entregó el poder después de 20 años de administrarlo.

En idénticas circunstancias, durante el año 2000, en México, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptó, a tan solo unas horas de cerrados los centros de votación, que su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, arrasó en las urnas terminando con siete décadas de gobiernos priistas. Recientemente en Ecuador, la enconada disputa entre el candidato del oficialismo y el de la oposición, presionaron al Consejo Nacional Electoral para publicar, de manera preliminar y durante el día del evento electoral, quiénes pasaron a segunda vuelta así como el aspirante, que un mes y medio después, el día 2 de abril, se alzó con la banda presidencial. En esos mismos comicios se eligieron 137 diputados de la Asamblea Nacional y la tecnología empleada, en un sistema similar al nuestro, con el mecanismo de voto cruzado, arrojó el reparto de los asambleístas entre los partidos Alianza País, CREO-SUMA y el Partido Social Cristiano, el día de la elección.

Diferir la divulgación de los resultados electorales preliminares y hacerlos coincidir con el escrutinio definitivo, permite que los actores en contienda, los ciudadanos y la comunidad internacional especulen sobre las razones del retraso. Algunos asegurarán que se trata de un fraude mientras que los más indulgentes lo podrían atribuir a la negligencia de la autoridad electoral. Ciertamente el cálculo de los votos fraccionados y de las marcas, el llenado de actas, la transmisión y el procesamiento de datos exigen, en el caso salvadoreño, la aplicación de un sistema tecnológico sofisticado. La petición, por tanto, de corregir los errores que se presentaron en las elecciones anteriores, incluyendo la publicidad inmediata de los resultados, no es morbo de ningún sector, se trata simplemente de un reclamo elemental en un sistema democrático.

La apatía… De Luis Mario Rodríguez

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos.

Luis Mario Rodríguez, 11 mayo 2017 / EDH

La apatía es la enemiga mortal del desarrollo nacional. Abandonar el país a las decisiones de quienes ejercen el poder, sin auditar su gestión y sin exigirles el debate y la aprobación de leyes que fortalezcan a la democracia, condena a su gente a vivir en la ignorancia.

Allá donde la dejadez permite que se desgasten la libertad de expresión, la separación de poderes, la celebración de elecciones libres y transparentes, la protección de los derechos fundamentales y, en general, la aplicación del Estado de derecho, se transita rápidamente hacia un desorden político en el que difícilmente podrá revertirse el deterioro de las instituciones. Se atrofian los partidos, los comicios se vuelven ejercicios sin mayor legitimidad por el uso de recursos del Estado para respaldar a los candidatos del oficialismo, la seguridad deja de ser el monopolio del Estado y pasa, de manera peligrosa y anárquica, a manos de los civiles, los populistas encuentran tierra fértil para alimentar la insatisfacción con los políticos y la desesperanza empuja al talento humano a buscar nuevos y mejores derroteros en el extranjero.

El nuevo siglo ha ratificado que las instituciones importan. Son el antídoto contra los “líderes mesiánicos” que precisamente buscan en la “antipolítica” el trampolín para alcanzar un puesto de elección popular. Ni Chávez ni Maduro habrían secuestrado Venezuela de haber existido entidades públicas independientes. Lo mismo puede decirse de Nicaragua, donde, no obstante el crecimiento económico, como lo señaló Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, se han sacrificado las libertades individuales y las condiciones que caracterizan a toda sociedad libre.

El primer obstáculo que removieron esos “gobernantes” fue precisamente el de la separación de poderes. Crearon un sistema político a su medida. Impusieron militantes partidarios al frente del tribunal supremo de justicia, en el árbitro electoral, en la contraloría de los fondos públicos y además enterraron la posibilidad de manifestarse sin limitación alguna.

Al coctel autoritario agregaron la represión, la cárcel para los opositores, el control de la economía, la compra de voluntades en la Fuerza Armada y la diplomacia del dinero cuando los altos precios internacionales del petróleo les permitió financiar campañas electorales que garantizaran la victoria de los presidentes que integran la “alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América”. Con esta acción pretendieron bloquear la activación de la Carta Democrática Interamericana a cargo de la Organización de los Estados Americanos.

Por eso es tan peligrosa la desidia de la comunidad respecto de los asuntos públicos. Este abandono allana el camino de los que pretenden concentrar el dominio absoluto de las atribuciones que la Constitución otorga a diferentes organismos públicos. Asimismo obstruye el avance de la cultura política debilitando los esfuerzos para exigir más transparencia, más acceso a la información pública y una rendición de cuentas más exhaustiva de quienes representan los intereses colectivos.

A la apatía se le combate con el activismo. El grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, el grupo gestor de la nueva Ley de Probidad, el consorcio por la transparencia, las acciones en favor de la reforma político electoral por parte del movimiento ciudadano “Aliados por la Democracia”, la perseverancia y el incisivo trabajo de Acción Ciudadana por transparentar las finanzas de los partidos políticos, la defensa y la promoción de la legalidad desde el Centro de Estudios Jurídicos, la labor de educación cívica del Movimiento Libertad y del Grupo 300, el repudio a las dictaduras por un buen número de centros de pensamiento, asociaciones de profesionales, gremiales empresariales, sindicatos, organizaciones de jóvenes y ONG, nos demuestran que, en el caso salvadoreño, por ahora existe un total rechazo a toda expresión de tiranía que intente abusar de la autoridad que le concede el voto popular.

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos. Así las instituciones pueden contar con titulares libres de toda atadura ideológica y sujetos por completo al imperio de la ley. Con un gobierno que adula a quienes ignoran los cimientos básicos de todo sistema democrático, la indiferencia ciudadana no es una opción.

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.

Del impago al default… De Luis Mario Rodríguez

No nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

Luis Mario Rodríguez, 20 abril 2017 / EDH

Manuel Alcántara, uno de los politólogos más destacados de España, afirma que la polarización no es un obstáculo para la democracia siempre y cuando no genere parálisis legislativa. En otras palabras, se puede debatir sobre un determinado aspecto, inclusive apasionadamente, pero al final se toman decisiones independientemente del interés de los actores.

Las calificadoras de riesgo se han apresurado a señalar que el impago en el que se encuentra el país se debe a la ausencia de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios. Siguiendo la tesis de Alcántara habríamos entrado en una etapa en la que las diferencias entre las fuerzas políticas están generando estancamientos muy graves en la concreción de acciones. Este letargo político puede llevarnos aceleradamente a una condición en la que la credibilidad ante los organismos financieros internacionales se desmorone y, entre otras consecuencias, dificulte el otorgamiento de préstamos en el futuro inmediato, aumente las tasas de interés, genere desempleo y reduzca la ya menguada calidad de los servicios públicos en salud y educación.

Sin embargo, el salto del impago al default, en otras palabras, la mutación de un estado en el que aún se puede restaurar la confianza de quienes consideran sujeto de crédito a El Salvador a otro en donde ya no se tiene capacidad de pago y se desaparecen las alternativas para obtener financiamiento, no se debe a la falta de acuerdos entre ARENA y el FMLN. Tanto en 2012 como en 2016 ambos partidos suscribieron con los gobiernos de turno sendos compromisos para evitar la realidad que estamos sobrellevando. Por tanto no nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

En 2012 el Ejecutivo adquirió la obligación de elaborar “iniciativas de responsabilidad fiscal” entre las que sobresalía la de “tener un déficit de 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013”. Para hacer efectiva esa reducción del déficit, la administración de ese entonces se comprometió tanto a introducir “las medidas de ingresos y gastos que formaran parte del programa de ajuste y sostenibilidad fiscal” como a lograr que el presupuesto fuera “consistente, integral, consolidado y completo”. Otra de las obligaciones fue la de aprobar una “política de ahorro y austeridad para 2013”.

En 2016 se firmó un documento adicional donde el FMLN y ARENA, junto al presidente de la República y al Secretario Técnico y de Planificación, convinieron en “consolidar las finanzas públicas en 2017 a través de medidas de ingresos y gastos durante los siguientes tres años que dieran como resultado al menos 3.0 % del PIB”. Se recalcó, de nuevo, la necesidad de presentar un presupuesto íntegro y la urgencia de cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional para mejorar el rendimiento de los fondos de pensiones. También se garantizó la aprobación del presupuesto extraordinario para las elecciones de 2018 y la formalización de la solicitud, ante el Fondo Monetario Internacional, de un acuerdo que asegurara la sostenibilidad fiscal, además de otros aspectos.

Los consensos políticos alrededor del problema fiscal han sido amplios y serios. De haberse ejecutado en forma cabal e íntegra, la situación sería distinta a la que estamos padeciendo. La primera falta grave a lo estipulado en ambos casos fue la de no someter a la Asamblea un presupuesto que se adecuara a lo establecido a la Constitución. La reciente admisión de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de 2017 demuestra la presunta infracción.

Lo cierto es que, por primera ocasión, El Salvador es objeto de calificaciones de riesgo vergonzosas que ponen en entredicho la buena reputación de país ante las instancias financieras del extranjero, hacen resurgir siniestras soluciones como la “desdolarización” y la “expropiación de los fondos de pensiones” y permiten que, en medio de la “buruca” todos y nadie sea el responsable de este desorden.

No es la polarización la que afecta la adopción de alianzas, el pecado se refleja en el empeño de imponer lo ideológico, lo partidario y lo electoral por sobre el bien común y eso puede llevarnos al fondo del precipicio.

La infancia perdida… De Luis Mario Rodríguez

Buena parte de los miembros de pandillas son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia.

Luis Mario Rodríguez, 13 abril 2017 / EDH

Según una nota publicada por este rotativo, “la muerte acecha a los niños salvadoreños desde los 13 años”. El desglose de los datos es aún más alarmante. El Instituto de Medicina Legal (IML) señaló a El Diario de Hoy que “188 niños fueron asesinados entre 2009 y 2016. Entre las víctimas hubo desde bebés menores de un año hasta niños de 12 años. Son 133 las víctimas de 13 años. Las víctimas de 14 años fueron 346. Además, hubo 728 adolescentes de 15 años asesinados y 1,036 de 16 años”. La Policía Nacional Civil advierte que se trata de pandilleros. “Los matan la pandilla rival, la misma pandilla, los ciudadanos cansados o la policía en enfrentamientos”.

Las pandillas son agrupaciones de individuos que gravitan en una espiral de sentimientos, frustraciones, comportamientos y peligros innumerables y contradictorios. El odio, el rencor y la venganza se mezclan con la incertidumbre, el miedo y la desesperanza.

Buena parte de sus miembros son adolescentes que enfrentan la soledad debido a la desintegración de su familia. Buscan compañía, seguridad y pertenencia. Se aferran a la vida en barrios donde sobrevivir es su trabajo diario y el “salvoconducto” más eficaz lo administran pandilleros líderes cuando ofrecen “protección” a cambio de “lealtad”. El amparo que los muchachos encuentran en las “clicas” no es el de una parentela normal.

Un porcentaje alto apenas alcanza la mayoría de edad. Ahora los hay entre 8 y 9 años. Son grupos de personas con diversos pensamientos y motivaciones. Algunos se involucran para evitar que los acosen o lastimen a sus seres queridos; otros han ennegrecido sus corazones, oscurecido su presente e hipotecado su futuro voluntariamente. Una tercera fracción, por temor a ser “ajusticiados”, permanece en esa negrura aguantando hora tras hora la deshumanización que destilan los cabecillas cuando deciden quién vive y quién muere.

Existe una amalgama que combina asesinos, extorsionistas, violadores, acosadores, ladrones y matones con cipotes que sufren, atemorizados, raptados por una situación en la que no pidieron involucrarse pero que forzosamente padecen. Un buen número de jóvenes quiere dejar ese infierno en el que se encuentra y recuperar su autoestima de niños y niñas, de adolescentes, de hombres y mujeres a los que el sistema y la sociedad parecen haber abandonado.

Después de convivir con ellos por años, la gente ya no distingue entre quienes están allí obligados por las circunstancias, de otros que intencionalmente han desarrollado un gusto por la muerte y el dolor ajenos. La población no diferencia a los que actúan con saña de aquellos que lo hacen porque los jefes pandilleriles y sus secuaces les intimidan y vigilan.

Ciertamente el pueblo ya no soporta las extorsiones en sus pequeños negocios y los asesinatos de familiares y amigos. Se ha derramado demasiada sangre y el dolor, la angustia y el malestar de los residentes en caseríos, cantones, colonias, pueblos y ciudades es inaguantable. Sin embargo, algunos mareros padecen la misma aflicción y abatimiento porque no encuentran una vía de escape. Sobrellevan un silencioso sufrimiento, tanto los reclutados sin su consentimiento, como los que, habiéndose incorporado voluntariamente, desean con todas sus fuerzas renunciar a esas tinieblas y encontrar la luz.

Por esa razón cualquier idea que abra una rendija para rescatar a estos sujetos, por pequeña e insignificante que sea, debe ser aprovechada. Se trata de recuperar un espacio de bienestar y dignidad del que estos muchachos han sido despojados.

Puede tratarse de programas de reinserción, de proyectos que les brinden protección y los acepten como refugiados, de iniciativas que les ofrezcan la oportunidad de aprender un oficio, de obtener un empleo y recibir una remuneración producto de una actividad decente y ya no de un acto delictivo. También lo sobrenatural, una conversión, Dios, puede representar una salida, quizás la opción más sólida para “llegar a puerto seguro”.

En el triduo pascual viene bien reflexionar sobre la pena que continúan soportando miles de muchachos en todo el país. Seguir justificando el salvajismo con el que se les trata sin discernir entre quienes piden auxilio y los que delinquen por naturaleza nos convierte en una sociedad indiferente y derrotada.

El caos electoral… De Luis Mario Rodríguez

Sin recursos el Tribunal no podrá adquirir tecnología, retrasará la capacitación de los responsables de contar los votos, tendrá que descartar los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios y seguramente realizará pobres campañas cívicas para explicar las formas de votar. Se avecina otro caos electoral.

Luis Mario Rodríguez, 6 abril 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos contarán los sufragios “a mano”. Eso significa que los integrantes de las mesas no tendrán ningún tipo de tecnología que les facilite su trabajo. Las consecuencias serán las mismas de 2015: errores en los cálculos de los votos fraccionados y de las marcas, inconsistencias en las actas, desconocimiento ciudadano de los resultados preliminares, intervención de la Sala de lo Constitucional ordenando el recuento allá donde existan evidentes errores en la consignación de los números, suspensión de la toma de posesión de los diputados, entre otras.

Ciertamente el costo de los comicios ha venido aumentando desde 1994 cuando se celebró la primera votación después de suscrito el acuerdo de paz. En aquel momento el desembolso del Estado ascendió a $4,915,296. Se trató de elecciones generales en las que se eligieron diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente. Si se analizan únicamente las votaciones legislativas y municipales, con excepción de las efectuadas en 2000 y 2003, fácilmente se constata que la inversión ha variado como consecuencia de tres factores: el consistente incremento del padrón elección tras elección, la aplicación del voto residencial y las exigencias adicionales para el TSE por las reformas a la legislación electoral, tanto las acordadas por los partidos como las adoptadas por mandato de la Sala de lo Constitucional.

En 1997 la suma demandada se duplicó, alcanzando un monto de $8,571,429. Los habilitados para votar se ampliaron en más de 260 mil personas. El financiamiento de las competencias electorales de 2000 y 2003 se quedó muy cercano al de aquel año: $8,148,571 y $8,571,430, respectivamente, no obstante el crecimiento del padrón en un promedió de más de 250 mil votantes entre una y otra justa electoral. En 2006 inició la primera etapa del voto residencial y además el padrón subió incorporando 263 mil electores, elevando el costo de la elección a $12,800,000. En 2009 coincidieron otra vez los tres tipos de elecciones. La Asamblea Legislativa acordó separar los eventos, dejando el de alcaldes y diputados para enero y las presidenciales en marzo. Además el TSE continuó con la ejecución gradual del voto residencial y se sumaron al padrón más de 420,000 nuevos electores. Estos aspectos incidieron en un valor más alto del proceso electoral; el TSE solicitó $23, 014,435.

La petición ciudadana que la Sala de lo Constitucional resolvió favorablemente, ampliando la capacidad de opción del elector con el denominado popularmente como “voto por persona” y la contratación de tecnología para la transmisión y procesamiento de los resultados, obligó al TSE a añadir una considerable cantidad de dinero. El monto de lo pedido en 2012 fue de $34 millones. A esos cambios debe agregarse el salto de 23 a 185 municipios, entre 2009 y 2012, en los que se acercaron las urnas a los electores a través del voto residencial.

Previo al proceso electoral de 2015, la Sala de lo Constitucional le otorgó la razón a quienes solicitaron abrir las listas de candidatos a diputados de tal forma que los votantes escogieran a sus preferidos de entre las opciones presentadas por los diferentes partidos. Además el voto residencial se aplicó en el ciento por ciento del territorio nacional, se eligieron diputados al Parlacen y fue la primera ocasión en la que los concejos se integraron pluralmente, es decir, con la participación mayoritaria del partido ganador y con una representación minoritaria de la oposición, según la cantidad de votos obtenida. Lo invertido en este proceso sobrepasó por poco los $25 millones. El recorte de lo exigido por el TSE se tradujo en las primeras elecciones malogradas desde el pacto de Chapultepec.

Sin recursos el Tribunal no podrá adquirir tecnología, retrasará la capacitación de los responsables de contar los votos, tendrá que descartar los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios y seguramente realizará pobres campañas cívicas para explicar las formas de votar. Se avecina otro caos electoral y la culpable no será la Sala y sus sentencias, como lo afirma el presidente del organismo colegiado, sino la falta de aprobación del presupuesto extraordinario de elecciones y el retraso en la toma de decisiones por parte del TSE.

Vergonzoso… De Luis Mario Rodríguez

Como “vergonzoso” se calificó el rechazo de San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Saint Kitts y Nevis, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y República Dominicana para tratar la deplorable situación de Venezuela como punto único en la sesión extraordinaria realizada en la Organización de los Estados Americanos el pasado 28 de marzo.

Luis Mario Rodríguez, 30 marzo 2017 / EDH

Finalmente el orden del día se aprobó con 20 votos entre los que figuraron los de Honduras y Guatemala, ambos socios, junto a El Salvador, de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto financiado por los Estados Unidos. La abstención, aunque siempre humillante y deplorable, habría sido una mejor opción en nuestro caso. Así lo hicieron Trinidad y Tobago y Antigua y Bermuda, mientras que Granada prefirió ausentarse del cónclave en el momento de la votación.

La obstrucción de esos gobiernos es bochornosa porque simboliza el repudio de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI). Y esta decisión no es cosa menor. El secretario Almagro adelantó en su segundo informe que en Venezuela “se violan todos los artículos de la CDI”. Con su resolución, los representantes de esas naciones ante la OEA, y no la totalidad de los habitantes de aquellas, desaprobaron los elementos esenciales de la democracia representativa acordados en Lima, Perú, durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de ese organismo efectuado en septiembre de 2001.

Contrarrestar el debate sobre el quiebre democrático que sufre uno de los Estados que integran a la Organización continental significa ignorar “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3 CDI).

Al contrariar el consenso mayoritario que predominó en la asamblea comentada, los gobiernos que vetaron la discusión sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela ignoraron los componentes fundamentales de un legítimo ejercicio democrático, entiéndase “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” (artículo 4 CDI).

Por otra parte la actitud de los embajadores que rehuyeron el análisis de la realidad venezolana se opone al “fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas”, aspecto que la Carta Democrática considera como “prioritario para la democracia” (artículo 5 CDI). Así debe interpretarse porque uno de los muchos señalamientos del secretario Almagro, tanto en su informe de mayo de 2016 como en el de la semana pasada, fue el de la inobservancia, por parte del Ejecutivo, del principio de separación de poderes y la manipulación de la justicia para dejar sin efecto los acuerdos adoptados por los partidos de oposición en la Asamblea Nacional. El Secretario también advierte sobre la criminalización de todas aquellas declaraciones o acciones de los miembros de entidades ciudadanas que protestan legítimamente para que se cumpla la Constitución, los tratados y las declaraciones universales que garantizan el acatamiento de las libertades individuales.

Con su actitud, los Estados disconformes con la “doctrina Almagro”, así llamada por Mario Vargas Llosa, impugnan el activismo ciudadano como “una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia” y se rehúsan a “promover y fomentar diversas formas de participación” que fortalezcan al sistema político. Tampoco reconocen que “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia” (artículo 12 CDI). Esas naciones refutan el compromiso adquirido en 2001 por los signatarios de la CDI con el propósito de “adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema” (artículo 12 CDI).

En realidad lo sucedido en la OEA debe interpretarse como el apoyo de 20 países pidiendo “la realización de elecciones, que se abra un canal humanitario, la libertad a los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional venezolana”.