Luis Mario Rodríguez

El odio. De Luis Mario Rodríguez

El odio se está reproduciendo aceleradamente. A ello contribuimos los ciudadanos motivados probablemente por la envidia, por la falta de tolerancia o por el resentimiento; los periodistas, cuando abordan las notas sin examinar detalladamente las fuentes o las tergiversan; los funcionarios, cuando actúan motivados por intereses ideológicos o por simple antipatía en contra de los adversarios políticos.

14 junio 2018 / El Diario de Hoy

La sociedad salvadoreña está transitando rápidamente del enfado al odio. Ciertamente los casos “destape de la corrupción” y “saqueo público”, en los que se investiga el presunto desvío ilegal de cantidades millonarias de fondos públicos para beneficiar a dos expresidentes de la República y a sus círculos de colaboradores más cercanos, son motivo de sobra para enfurecer a los ciudadanos. Situaciones como estas son las que alimentan a las “elecciones del enojo”, esas en las que los votantes hacen a un lado lo tradicional y prueban “nuevas” opciones que terminan siendo experimentos populistas cuyos resultados se revierten en contra de la población.

La ira que produce la deshonestidad en el ejercicio de la función pública es justificable. Lo mismo sucede con la negligencia de algunos funcionarios públicos, con el mal comportamiento de los partidos, de algunos empresarios y sindicalistas, y de los que rehúyen al cumplimiento de sus obligaciones. Todas esas conductas son objeto de indignación y no queda otro camino que reprobarlas públicamente. Este no es el problema. La cuestión es que nos hemos olvidado de las formas y ya no distinguimos entre el reclamo y las intimidaciones saturadas de ultrajes. Nos satisface la humillación del prójimo y deseamos su ruina y, en ocasiones, hasta su muerte. ¡Que se pudra en la cárcel o en el infierno!

Lo que toca ahora es alertar sobre el sentimiento de rencor que se percibe cada vez más arraigado en distintos ámbitos de la vida nacional. Las expresiones anónimas en las redes sociales son solo parte del problema. Lo realmente alarmante es que políticos, líderes de opinión, analistas, activistas de la sociedad civil, tuiteros y reconocidos personajes públicos rebasan los límites de la crítica situándose en un terreno muy peligroso en el que abunda la rabia, la descalificación y el desprecio.

Es absolutamente válido opinar y examinar los asuntos que perjudican a la institucionalidad, los que dificultan el crecimiento económico y el progreso social, y aquello que carcome la credibilidad de la política, de los partidos y de las elecciones. Sería una omisión imperdonable no señalar la incompetencia de las entidades públicas que no cumplen a cabalidad las atribuciones que les asigna la Constitución de la República ni auscultar el pasado de quienes pretenden gobernar el destino de la nación.

Lo que no se vale es pasar del reproche a la animadversión y enfilar los señalamientos en contra de las personas utilizando burlas y mecanismos que eliminan toda posibilidad de defensa. El Fiscal General lo dijo esta semana de manera contundente cuando abordó el tema del saqueo público: “No sean cobardes. No creen páginas falsas para difamar a personal de la FGR”. Todo juicio de valor, toda mención sobre la imprudente actuación de un individuo ha de ser cuidadosamente probada. Este comportamiento es excepcional y más bien nos hemos convertido en “justicieros impunes” que insultamos sin el menor reparo con la confianza de que nuestras declaraciones no tendrán consecuencia legal alguna.

En los espacios virtuales se lee cualquier tipo de calumnia. Quienes las conciben suelen utilizar cuentas falsas, “troles” les llaman. Esto es grave, porque no existe control alguno; pero es aún más preocupante que esos agravios son consentidos con “likes” o “retuits” por perfiles reales, hombres y mujeres a quienes podemos identificar, porque denota la aversión con la que actúan y la falta de raciocinio e intelecto para comprender la complejidad de las situaciones a las que se debe enfrentar un funcionario, un académico, un analista y, en general, aquellos que han optado por expresar públicamente sus opiniones.

Pero de nuevo volvamos al tema central. El odio se está reproduciendo aceleradamente. A ello contribuimos los ciudadanos motivados probablemente por la envidia, por la falta de tolerancia o por el resentimiento; los periodistas, cuando abordan las notas sin examinar detalladamente las fuentes o las tergiversan; los funcionarios, cuando actúan motivados por intereses ideológicos o por simple antipatía en contra de los adversarios políticos. El odio también se está expandiendo en las parejas, lo comprueban las decenas de feminicidios; y en los jóvenes, lo demuestran las decenas de miles de pandilleros. Castellanos Moya escribió en 1997 “el asco”; quizás es tiempo de relatar una nueva historia, “el odio”.

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Blindajes. De Luis Mario Rodríguez

17 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El populismo se escuda en la falta de institucionalidad. Por eso El Salvador necesita blindajes para que aquél no le contamine durante el quinquenio 2019-2024. Tenemos un alto endeudamiento y un abultado gasto público; existe un serio problema de seguridad pública agravado por la alarmante situación de violencia intrafamiliar; no se tienen incentivos orientados a revertir la caída en la mayoría de índices que miden el clima de inversión; y continúan las amenazas a la independencia de poderes y el debilitamiento del sistema judicial. Hay quienes pretenden contrarrestar esta realidad con medidas cortoplacistas y desechar estudios y diagnósticos en los que se plantean soluciones estructurales a los dilemas citados.

En 2013 la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knul, presentó las conclusiones de la misión que visitó el país durante noviembre de 2012 para conocer de las denuncias a raíz de la crisis institucional que protagonizaron en ese año la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Se trató de recomendaciones que conservan su vigencia y que, lamentablemente, no han sido atendidas.

La exrelatora propuso revisar el procedimiento para el nombramiento de jueces y magistrados con el propósito de evitar la intervención de los partidos políticos y de grupos económicos. Agregó que deberían asignarse suficientes recursos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Procuradurías General y de Defensa de los Derechos Humanos para que puedan cumplir sus mandatos constitucionales. Advirtió que es necesario garantizar la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados y que deben adoptarse acciones para fortalecer la coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil, así como mejorar la capacidad técnica de esta última para investigar los delitos y reunir las pruebas que se presentan en las actuaciones judiciales.

En los siguientes cinco años hace falta un “apretón de tuercas” a la institucionalidad que consolide la jurisprudencia constitucional sobre el perfil de quienes presidirán instancias de control como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR, todo con la determinación de conservar la solidez y el equilibrio del sistema político.

Las observaciones de la ex-Relatora de Naciones Unidas no revelaron nada que la sociedad civil organizada no hubiera denunciado con anticipación en anteriores ocasiones. Que en aquella oportunidad lo ratificara la máxima instancia a nivel mundial en materia de independencia judicial, y que varios de sus señalamientos sean de actual aplicación, es motivo suficiente para llamar la atención de los partidos políticos y principalmente de los presidenciables. Las propuestas de la señora Knul, registradas en aquel informe, son insumos estratégicos para los equipos de campaña y, como mínimo, tendrían que incorporarse en los planes de gobierno.

Al igual que en el caso de Naciones Unidas, se cuenta con otras sugerencias en el ámbito fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional, en materia de elecciones por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y respecto de la facilidad para hacer negocios por el Banco Mundial. Todos estos organismos ofrecen asesoría técnica para la implementación de iniciativas orientadas a prevenir apuros que deriven en protestas sociales como las que hemos presenciado en América Latina en los últimos años.

El panorama es muy incierto y con él son imprecisos los efectos que provocará el ambiente electoral en diversas áreas del desarrollo nacional. La designación de los magistrados de la CSJ en julio de este año y la del Fiscal General en enero de 2019, durante la campaña presidencial, será un buen termómetro para medir el nivel de compromiso con la autonomía de las instituciones por parte del próximo mandatario lo mismo que el de su fracción legislativa.

En resumen, para resguardar a la Nación del populismo no se debe confiar solo en los gobernantes sino y principalmente en el Estado de Derecho, en la institucionalidad democrática y en la cultura de la legalidad. Además la vigilancia ciudadana, un buen sistema anticorrupción y el respeto a la separación de poderes constituyen, como lo hemos reiterado en otros editoriales, la más efectiva protección frente a la politiquería.

Las internas en ARENA. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, 5 abril 2018 / El Diario de Hoy

Este día celebran en ARENA el primer “debate” entre los precandidatos a la presidencia de la República. En 2008 se aplicó la misma modalidad y los encuentros degeneraron en meras presentaciones de propuestas en las que el reglamento aprobado por la dirigencia prohibió la réplica entre los contrincantes. Esa decisión impidió el contraste de ideas y limitó significativamente los objetivos de la iniciativa. Los temas y las preguntas estaban preparados a la medida de quien finalmente ganó. La falta de discusión no permitió identificar los rasgos de cada presidenciable y al final se impuso la sonrisa sobre la propuesta, la arenga en lugar de la razón y el “dedazo” por encima de la voluntad de los miembros del partido.

Al que intentó salirse del “guion” le amenazaron con expulsarlo de la contienda. A pesar de esa advertencia en uno de los tres “simulacros de disputa” se escuchó la sugerencia de aprobar una ley que promoviera el acceso a la información pública. Ese “atrevimiento” se hizo en clara rebeldía con la posición del gobernante del país y presidente de la organización partidaria de derecha quien en reiteradas ocasiones expresó que la mejor legislación para regular aquella materia “es la que no existe”. Las notas periodísticas destacaron que esa medida marcó ventaja para el pretendiente que la hizo.

En aquellas primarias el voto fue a “mano alzada” y con la presencia atemorizante de algunos de los integrantes de la dirigencia. Los electores sabían que un voto en contra de la directriz del Coena podría significar, como mínimo, su expulsión del partido. Además los directores departamentales endosaron públicamente su adhesión a un precandidato en medio de los reclamos de los otros postulantes. Aun y con esas intimidaciones varias decenas de juntas municipales y el sector empresarial respaldaron a uno de los precandidatos; pero no fue suficiente para imponerse ante el “bendecido” por la cúpula.

En este nuevo ejercicio los debates tienen que consentir la polémica entre los precandidatos. Además es necesario garantizar plenamente el voto libre y secreto. Si quienes eligen encuentran total dispensa para expresar su voluntad, la persona escogida gozará de una amplia legitimidad y promoverá la unidad del partido. Cuidado con “cargar los dados” convirtiendo los tres encuentros en simples exposiciones para no exhibir las debilidades de cada uno de los participantes. Ciertamente no se trata de protagonizar ataques personales que serían utilizados en contra de quien resulte designado; pero esta oportunidad es la ideal para comparar con absoluta precisión la personalidad, el conocimiento y las destrezas de quienes aspiran a gobernar El Salvador en el próximo quinquenio.

Un aspecto de fondo en las primarias es la integridad del padrón interno. En ARENA, y en general en todos los partidos, los militantes han de confirmar que los datos registrados en ese instrumento son los correctos asegurando su potestad de participar el día de la elección. Esta certeza se consigue con la consulta anticipada. Los afiliados no deben tener restricciones para verificar aquel registro por lo menos con dos o tres semanas de antelación al evento. Si este derecho es fundamental para los empadronados lo es aún más para los que compiten por la designación. Con el resguardo de los datos personales, a los precandidatos debe entregárseles el padrón con el mismo adelanto como muestra de la transparencia con la que actúan los órganos de dirección de los institutos políticos.

La posibilidad de la alternancia en el Ejecutivo durante 2019 es tan cierta como lo fue en 2009. Esta realidad impone la obligación al principal partido de oposición, lo mismo que a las otras fuerzas políticas, de mostrar a los ciudadanos, no solo a la militancia, que se practica internamente, con las mismas exigencias, la democracia que se exige cuando se celebran procesos electorales. Las internas son también la ocasión perfecta para comprobar que el populismo, los mensajes sin contenido y el show mediático no serán las estrategias utilizadas para obtener la candidatura y posteriormente la presidencia del país. En una época en la que las democracias se encuentran debilitadas por la falta de resultados de los gobiernos, los que buscan el poder deben preocuparse por construir políticas públicas serias, responsables y sostenibles.

La otra elección. De Luis Mario Rodríguez

Los ataques a la autonomía de los magistrados, especialmente a los de la Sala de lo Constitucional, se han incrementado, llegando incluso a la amenaza de procesarlos penalmente una vez concluya su período como miembros de esa instancia.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 1 febrero 2018 / El Diario de Hoy

Los diputados que integren la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo elegirán a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta designación tendrá lugar en julio. Los legisladores deberán escudriñar los antecedentes de treinta candidatos procedentes, la mitad de ellos producto de la elección que efectúan los abogados, y el resto, de la lista que envíe el Consejo Nacional de la Judicatura.

EDH logSobre este tema existen dos posibles escenarios: el primero, una eventual acefalía en la Sala de lo Constitucional por no lograr las fuerzas mayoritarias un acuerdo que atienda los mandatos de la Constitución, situación que pondría en riesgo la tutela de los derechos fundamentales; y el segundo, una elección con criterios políticos que no responda al perfil del magistrado establecido en la Ley Fundamental y en las sentencias dictadas por la actual Sala, cuyos miembros ya no estarán en funciones y, por tanto, no ejercerían ningún control de legalidad.

La Fundación para el Debido Proceso, un organismo internacional de carácter privado, de reconocido prestigio por su labor a favor de la justicia en el Continente, anunció que vigilará la transparencia de la designación de los nuevos magistrados. Varias universidades y organizaciones civiles solicitaron también a la OEA su asistencia. Este último organismo hemisférico veló por la limpieza del nombramiento de los jueces de la CSJ en Ecuador durante el 2005. Asimismo el gobierno boliviano requirió de nuevo los oficios de la OEA para resguardar las elecciones judiciales que se realizaron en diciembre de 2017.

Son preocupantes las señales que se observan en el caso salvadoreño. Los ataques a la autonomía de los magistrados, especialmente a los de la Sala de lo Constitucional, se han incrementado, llegando incluso a la amenaza de procesarlos penalmente una vez concluya su período como miembros de esa instancia. Este comportamiento denota una clara intención de elegir para los siguientes nueve años a personas que no continúen con la labor desarrollada desde el 2009 por la Sala. Semejante realidad enfrentaría al país a una crisis de gobernabilidad por la reversión de la jurisprudencia que ha contribuido a fortalecer varios ámbitos del sistema político y democrático.

Durante los últimos ocho años la justicia constitucional ha impactado positivamente al sistema político y a la democracia salvadoreña. Las diferentes resoluciones han fortalecido el acceso a la información pública, la transparencia y el combate a la corrupción.

Se han sentado precedentes relativos a la “despartidización” de las instituciones públicas. Entidades como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la misma CSJ, entre otras, estaban cooptadas ideológicamente con titulares directamente vinculados a las organizaciones partidarias; algunas mantienen esa distorsión. La Sala también obligó a que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contemplara tanto los ingresos como los gastos ya que la práctica, desde hace más de una década, era la de aprobar este instrumento no obstante la omisión de las autoridades de incluir el financiamiento necesario para hacer frente a las inversiones que se proponían.

Otros fallos han generado debate por su influencia en el sistema electoral y en la amnistía que benefició a los que intervinieron en el conflicto armado, tanto guerrilleros como miembros de la Fuerza Armada. Para una parte de la población la Sala fortaleció el sistema de representación y, para la otra, las elecciones se han complejizado. En todo caso la falta de iniciativa de los partidos, que debían revisar periódicamente el funcionamiento del sistema electoral, motivó a los ciudadanos a presentar recursos ante la Sala de lo Constitucional. Quienes hicieron la guerra y principalmente los familiares de las víctimas asesinadas en las masacres cometidas por uno y otro bando festejaron la decisión de la Sala, mientras que otros señalaron que la sentencia vendría a desestabilizar políticamente a la nación que terminó los años de violencia armada con la firma de la paz.

Lo cierto es que esta otra elección es tan importante como la del próximo 4 de marzo. La observación internacional y la atención de la sociedad civil significan una garantía para sostener la independencia de la justicia.

¿Escepticismo ciudadano? De Luis Mario Rodríguez

Muchos habilitados para votar agregan diariamente una excusa a la larga lista de justificaciones por las que no asistirán a las urnas a emitir el sufragio. El pretexto que más se repite aquí y en otras latitudes es el del desencanto que les provoca la democracia por la carencia de resultados.

Luis Mario Rodríguez, 25 enero 2018 / El Diario de Hoy

Luis Mario RodríguezEl afán de los candidatos no partidarios por pasar el filtro legal para que el Tribunal Supremo Electoral los acepte como aspirantes a diputados es un esfuerzo encomiable del que deberían tomar ejemplo los ciudadanos y los partidos.

Se trata de hombres y mujeres que sin la estructura territorial que poseen los institutos políticos, con pocos recursos económicos y arriesgando su futuro profesional, han logrado persuadir a cientos de personas para que les apoyen con las firmas que establece la legislación electoral. Son salvadoreños comprometidos con el desarrollo social, económico e institucional. Quieren representar a los que insisten en reformar la política tradicional. Su empeño por dignificar el ejercicio de la función pública desde la Asamblea Legislativa demuestra un alto grado de civismo.

EDH logA diferencia de los no partidarios muchos habilitados para votar agregan diariamente una excusa a la larga lista de justificaciones por las que no asistirán a las urnas a emitir el sufragio. El pretexto que más se repite aquí y en otras latitudes es el del desencanto que les provoca la democracia por la carencia de resultados: continúan la inseguridad, el desempleo y la corrupción. El desquite de la gente ante el descuido de los grupos parlamentarios que no aprueban leyes para resolver los problemas nacionales es otorgarle escasa importancia al voto individual o la designación de caudillos sin importar las consecuencias que todos hemos testimoniado cuando se ignoran las instituciones y la ley.

Otra reacción en las sociedades ante el desagrado que produce la política es la apatía y el rechazo de todo aquello relacionado con el proceso electoral. Sus residentes no desean saber de las campañas, no les interesa informarse sobre el contenido de las “plataformas legislativas”, rehúsan cualquier invitación a ser parte de misiones nacionales de observación electoral, se resisten a colaborar con el Tribunal Supremo Electoral incorporándose a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y se llega al extremo de respaldar los llamados a anular el voto.

Se cree, de manera errónea, que este tipo de conductas contribuirá a erradicar la “mala política”. Lo cierto es que la falta de arraigo democrático de los pueblos termina justificando la permanencia por tiempo indefinido de funcionarios dañinos. Quienes desempeñan un cargo de elección popular conocen el territorio, saben dónde conseguir el respaldo que necesitan y, aunque en ocasiones el apoyo es el mínimo, les alcanza para conservar el poder. En la medida que más votantes deciden participar, en esa misma proporción crecen las posibilidades de llevar al Legislativo, a las alcaldías y a la presidencia de la República a nuevos líderes o, si lo merecen, de reelegir a los políticos que se han esmerado por consumar lo prometido.

El escepticismo de los que piensan que su voto no vale contrasta con el entusiasmo de los individuos que durante los últimos meses dedicaron jornadas completas a convencer a los transeúntes que encontraban en avenidas, calles y parques a sumarse al proyecto de transformar a El Salvador. A estos “quijotes” los mueve el ánimo de cimentar las bases para un mejor país.

Hasta ahora no se explotó la ampliación de los derechos establecidos por la Sala de lo Constitucional en respuesta a las peticiones de los demandantes cuando exigieron más protagonismo en la organización de los comicios. Animarse a correr por un asiento en la Asamblea sin la sombrilla de un partido no sería fácil. Tampoco integrar las mesas de votación para garantizar la transparencia de los comicios. Sin embargo en ambos casos la población tiene la posibilidad de incidir. En sistemas con una cultura política más amplia, buscar una diputación o formar parte de una JRV es un privilegio. Es una concesión otorgada por la ley para ocupar una posición de influencia.

El 4 de marzo tenemos la oportunidad de refrendar en sus puestos a los alcaldes y diputados que lo han hecho bien y de sustituir a los que abusaron de la confianza que les depositaron sus votantes. También tenemos la facultad de cuidar la limpieza de los comicios inscribiéndonos voluntariamente como parte de los organismos que contarán los votos. Si no aprovechamos ni una ni otra opción, la que perderá será la democracia.

Alcaldes y diputados al debate… De Luis Mario Rodríguez

Los nuevos tiempos demandan hombres y mujeres que no le rehúyan a la discusión de las ideas. Se terminó el ciclo de eslogan y frases rimbombantes.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 18 enero 2018 / El Diario de Hoy

En un sistema como el salvadoreño, en el que los votantes elegimos a los legisladores de nuestra preferencia sin importar el partido en el que militan, se transforma en urgente la necesidad de debatir. De lo contrario, la campaña se reduce a explotar la mejor sonrisa de los aspirantes a diputados.

Ciertamente con las listas abiertas es necesario que quienes aspiran a formar parte de un grupo parlamentario indiquen la posición que ocupan en la papeleta y, si no son figuras públicas, además exhiban su imagen para que los electores los recuerden. Pero no es el aspecto o su apariencia física lo que han de promover. Más bien tienen que demostrar su ingenio, su compromiso con el país, el respeto al Estado de Derecho y las iniciativas para mejorar la vida de la gente.

EDH logCuando se pretende un cargo público, no confrontar los planes entre los adversarios niega el derecho de los ciudadanos de asistir a las urnas de manera informada. El escenario se torna peor si la población marca el rostro de una persona o la bandera de un partido sin analizar sus planteamientos acerca de los retos que enfrenta tanto la Nación, en los comicios presidenciales y legislativos, como los municipios si se trata de una elección local.

Los nuevos tiempos demandan hombres y mujeres que no le rehúyan a la discusión de las ideas. Se terminó el ciclo de eslogan y frases rimbombantes. El que quiera representar a la sociedad desde la Asamblea, en las alcaldías o en el Ejecutivo, está obligado a contraponer sus programas con los de sus oponentes de tal manera que, abierta y públicamente, se logren evidenciar sus capacidades, debilidades y omisiones.

En gran medida las quejas de los latinoamericanos a la democracia y el coqueteo con el populismo en el siglo XXI se originan en el desconsuelo que brota al constatar el engaño del que han sido víctimas los electores. Falsos juramentos, escándalos de corrupción, incompetencia en el manejo de la cosa pública, clientelismo político, improvisación, son solo algunas de las conductas que podrían haberse detectado si durante las campañas se hubiera deliberado sobre las respectivas promesas.

Ni la experiencia que supuestamente otorgan décadas de ejercicio en un gobierno local ni mucho menos una cara atractiva en la Asamblea Legislativa garantizan el éxito de un político. La estrategia de no debatir porque se encuentra “arriba” en las encuestas pasó de moda. El electorado necesita razonar su voto y los datos para lograrlo no pueden tener como fuente el silencio de los candidatos. Esta actitud debería tomarse como negligente porque demuestra el desinterés –o el temor– de los competidores a encarar la crítica de quienes se encuentran disputando el mismo espacio dentro de la función pública.

La posibilidad de marcar directamente a la persona que consideramos apta para integrar la Asamblea Legislativa no se originó para anular los debates. En otras palabras, quien cruza su voto debe hacerlo porque conoce las intenciones de aquellos y no actúa influenciado por su fotografía en una valla publicitaria. Identificar a los candidatos permite a la ciudadanía exigirles cuentas si ignoraron los asuntos que ofrecieron antes de convertirse en funcionarios. El votante tiene la posibilidad de enmendar el error que cometió en la elección anterior y sustituir por nuevas opciones a los defraudadores.

Lo mismo aplica para las municipalidades. Los que luchan por alcanzar la silla edilicia están obligados a argumentar frente a los pobladores por qué deben refrendarles un período más o las razones por las cuales llegó la hora de la renovación. Los políticos que buscan la alternancia tendrán que persuadir a los residentes y vecinos que sus proyectos pueden resolver problemas que por años han dificultado la vida en esa localidad. Este objetivo se alcanza si los pretendientes a presidir el respectivo concejo municipal refutan públicamente los fallos de su oponente, aceptan sus aciertos y muestran las novedades que ellos impulsarán, de preferencia en un encuentro ante los medios de comunicación.

Avivar la polémica acerca de los temas que interesan a los habitantes debería significar una ventaja electoral para quien la estimula.