Luis Mario Rodríguez

La confianza… De Luis Mario Rodríguez

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 febrero 2017 / EDH

Sin confianza no hay acuerdos ni diálogo ni mucho menos desarrollo económico y social. Su ausencia le impide a una nación concertar una visión común de país. Es muy difícil cultivarla cuando, intento tras intento, el engaño la sofoca, la mentira la ahoga y la opacidad la entierra. Por el contrario su práctica habitual permite la construcción de entendimientos, generalmente irreversibles, que fortalecen la institucionalidad, mejoran la calidad de los servicios públicos y procuran oportunidades de crecimiento para todos por igual.

diario hoyCuando en 2002, los miembros del ahora agonizante Consejo Superior del Trabajo (CST), viajamos a España a conocer el Consejo Económico y Social (CES), nos enteramos que en el CES se “construye confianza”. Los pactos y las alianzas se tejen afuera de la organización, en la sede de las gremiales empresariales y en la de los sindicatos. En el CES se sellan las propuestas y se calendariza su puesta en marcha.

Una situación similar aconteció en el CST. Esta instancia surgió en 1994 cuando dejó de operar el Foro para la Concertación Económica y Social, una iniciativa impulsada por el expresidente Alfredo Cristiani en 1992, después de la firma de la paz, para tratar la relación obrero – patronal y para que las aspiraciones de estos y de otros sectores se tradujeran en generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.

Entre 1999 y 2004, por las funciones propias de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, atendí la representación del sector privado en el seno de aquel Consejo tripartito. El trato con los sindicatos siempre fue amable y tolerante y las conversaciones de “doble vía”. Aprendimos a dialogar, a comprender las razones del otro y a discutir un plan que integrara los principios y las convicciones de cada sector. Los debates sobre el respeto de los derechos laborales, la necesidad de cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por El Salvador y la discusión de diferentes proyectos de ley, enfocados a proteger a los trabajadores y a mejorar la productividad empresarial y la competitividad nacional, ocuparon la agenda de las reuniones quincenales que presidía, con la cortesía y formalidad que le caracteriza, el entonces titular del Ministerio de Trabajo, don Jorge Nieto Menéndez.

En 2006, cuando la presión por prorrogar los beneficios comerciales entre la Unión Europea (UE) y El Salvador, como acto previo a la firma del Acuerdo de Asociación Comercial con la UE, alcanzó su límite máximo, la confianza establecida años atrás con los sindicatos en el CST y con algunos diputados del FMLN en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, permitió la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. En ese marco se pactó, en encendidas discusiones,  las limitantes legales y constitucionales que impedirían la sindicalización de los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, así como la prudencia fiscal que debía tenerse en cuenta al momento de negociar las condiciones en los contratos colectivos dentro del sector público.

Esa misma franqueza y cordialidad permitieron que otras ideas rindieran los frutos esperados. Durante el quinquenio 2004-2009 se constituyeron, entre otras comisiones, la de Desarrollo Local y la de Modernización Laboral, ambas dirigidas por la excomisionada para la gobernabilidad democrática, doña Glorita Salguero Gross, de grata recordación. La pluralidad de esas instancias, la metodología empleada, los participantes, los mecanismos para solucionar las diferencias y el buen trato de su coordinadora, así como el seguimiento de los acuerdos, fomentaron un intercambio de conocimiento que finalmente se concretó en varias iniciativas legales, algunas de las cuales recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa. Doña Glorita, como le llamábamos quienes apreciamos su insistente trabajo por “despolarizar” a la política, supo entretejer lazos de confianza entre los que, por sus distintas afinidades ideológicas, acudían a las mesas recelosos, con un enorme escepticismo y con las sospechas de siempre.

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores y en engendrar un ambiente de certidumbre y tranquilidad que perdurará en la medida que se cumplan los compromisos pactados.

A casi un año de las elecciones de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 9 febrero 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los diputados se les termina el tiempo para sugerir y aprobar, respectivamente, reformas a la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al Código Electoral (CE). En mayo de 2016 la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración. Las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. Esto significa que apenas son cuatro sesiones plenarias las que restan antes de iniciar la “veda electoral”.

diario hoyLa práctica internacional sugiere este tipo de restricciones para evitar cambios en la legislación que podrían representar obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda electoral. Por supuesto que esta limitación no aplicará si, durante los doce meses antes del evento, la Sala de lo Constitucional pronuncia una resolución cuyo mandato necesariamente deba incorporarse al ordenamiento jurídico.  Lo ideal es que los otros Órganos de Estado respeten, de manera voluntaria, el período en el que las condiciones de la competencia se mantendrán inalterables como garantía para quienes disputan el poder político.

Para controlar el financiamiento político es necesario cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó publicar la lista de donantes, los montos recibidos y, en general, el uso y destino que se hizo de los fondos públicos y privados recibidos. La LPP mantiene el texto de las disposiciones que exigen el consentimiento de quienes aportaron a las campañas para revelar su identidad. Igualmente se requiere la ampliación de las facultades del TSE para que auditen la información y no se limiten únicamente a obtener los estados financieros y a verificar el cumplimiento de formalidades contables. El control de los candidatos y precandidatos partidarios como sujetos obligados a dar cuenta del dinero que perciben durante las campañas es una recomendación adicional.

Por otra parte, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de elección en los partidos políticos, es indispensable regular, legislativamente, la facultad de la militancia de comprobar, con anticipación al día en el que se celebrará la elección interna de candidatos a cargos de elección popular o a puestos de dirección, que se encuentran inscritos en el padrón electoral del respectivo partido. También debe quedar claro que las formas de votar en un proceso de esta clase no admite los mecanismos de “mano alzada” ni el de “aclamación popular” y que el único método aceptado es el que promueve el voto libre, directo, igualitario y secreto.

Uno de los aspectos más importantes es el establecimiento de un marco normativo que faculte al TSE para adoptar las medidas que aseguren un conteo y procesamiento rápido, eficaz y seguro de los votos en las Juntas Receptoras. Los medios tecnológicos empleados en 2015 no permitieron la correcta  transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares y las inconsistencias en las actas complicaron el conteo de votos y marcas. En tal sentido, el debate sobre el tipo de escrutinios que regularía el Código Electoral es fundamental. Dado el retraso en la aprobación del presupuesto presentado por el TSE y debido al inexplicable rechazo por parte de la Asamblea legislativa y el Ministerio de Hacienda  del monto solicitado, debe tenerse una opción en caso la autoridad electoral no cuente con el dinero suficiente para contratar la tecnología requerida. Puede pensarse, como ya lo han expresado algunos magistrados del organismo electoral, en un conteo de votos enteros en la JRV, mientras que el escrutinio de los votos fraccionados y el de las marcas por los diferentes candidatos a diputados sea por cuenta del TSE, con el uso de un avanzado sistema informático. Esta alternativa requeriría de una adecuación legal en el CE.

Finalmente es obligatorio resolver la manera en la que se integrarán los Organismos Electorales Temporales, revisar el plazo que tendrá el TSE para realizar un sorteo en la circunscripción que corresponda para elegir a los miembros de las JRV si los partidos no envíen las respectivas listas, y las inhabilidades de aquellas personas que tengan una relación formal con los institutos políticos.

El tiempo corre, la incertidumbre crece y la exigencia de elecciones transparentes, equitativas y competidas se mantiene.

El inmediatismo: obstáculo para el diálogo nacional. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 2 enero 2017 / EDH

El cumplimiento de las medidas pactadas en los más de veinte ejercicios de diálogo celebrados después del acuerdo de paz nos habría permitido dar un salto de calidad en los ámbitos político, económico y social. Esas alianzas contaron con el respaldo de una pluralidad de ciudadanos representativos de los sectores gubernamental, privado,  sindical, académico, social  y eclesiástico. Se trató de iniciativas convocadas, en su mayoría, por los respectivos gobiernos de ARENA y del FMLN. Otras surgieron por decisión de los partidos políticos y ninguna por presión de la sociedad civil.

diario hoyEn estas instancias se abordaron temáticas muy diversas: la inseguridad ciudadana, la revisión del sistema electoral, la reforma del sector salud,  la modernización de la educación pública, una estrategia nacional con un enfoque de desarrollo territorial, los derechos laborales, el crecimiento económico, la generación de empleo, la deuda pública, la reducción de la pobreza, la inversión en el medio ambiente, la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Sin embargo nos ha faltado capacidad de gestión. Lo acordado o no se consumó, o se ejecutó a medias o, peor aún, únicamente se realizó aquello que arrojaba réditos electorales. Se antepuso el inmediatismo, esa necedad de obtener resultados rápidos y veloces ignorando que los efectos de las reformas de gran calado toman su tiempo en consolidarse.

Diversos proyectos de ley no fueron aprobados. La legislación sobre el aprendizaje, que procuraba el establecimiento de un régimen voluntario en el que las empresas abrirían espacios para que los jóvenes se instruyeran en un determinado oficio; una nueva ley del servicio civil, con el propósito de sustituir el clientelismo político por la meritocracia al momento de contratar personal para las oficinas públicas; y las normas para reactivar el empleo, que habrían permitido horarios flexibles para que los trabajadores optaran a distintas fuentes de ingresos, simplemente fueron descartados. Lo mismo sucedió con las ideas de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El impulso del ecoturismo en la zona de los volcanes, el aprovechamiento del Río Lempa para la producción de servicios ambientales, y el empuje de la región costera de Comalapa, que se destinaría a la innovación y exportación agrícola e industrial, se quedaron en el escritorio de los funcionarios de turno.

En el “Pacto de San Andrés” se hablaba ya de profesionalizar el Organismo de Inteligencia del Estado, de la creación de un escalafón salarial “técnicamente diseñado” para dar los incentivos correctos en función del desempeño, de impulsar la descentralización municipal, desahogando de esa manera al Ejecutivo, y del aumento de salarios vinculados a la productividad. Materias de igual importancia fueron discutidas en la CND, en el Plan de Educación 2021, en la Comisión Nacional de Modernización Laboral y en la Comisión Multidisciplinaria que atendió la crisis financiera de 2008.

En buena parte la ambición por alcanzar el poder político y el extremismo ideológico han contribuido al reducido impacto de lo acordado. Aún persiste el debate sobre el sistema económico, la forma de gobierno y el papel del Estado que los Constituyentes incorporaron en la Ley Fundamental. Estos son aspectos esenciales cuya estabilidad es clave para promover la certidumbre y la predictibilidad que busca todo inversionista. El éxito en otras latitudes se ha debido, entre otras variables, al consentimiento unánime de los responsables políticos, sociales y empresariales para garantizar la permanencia e inamovilidad de esos temas e impedir que se amenace con cambiarlos en cada ocasión en la que se instala una mesa de debate nacional.

La experiencia latinoamericana demuestra que las negociaciones sobre el régimen político y el sistema económico han derivado en el fortalecimiento del republicanismo para asegurar la separación de poderes y en el funcionamiento autónomo de las instituciones públicas, así como en la instauración de las condiciones que permitan a las empresas expandir sus inversiones y generar empleos en un entorno de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada. Lo mismo ha sucedido en el área social  donde se han concretado planes y programas sostenibles financieramente, alejados del populismo y con rendimientos medibles en el corto, mediano y largo plazo.

La encuesta de la UCA… De Luis Mario Rodríguez

La falta de respuesta a las necesidades de la gente, la corrupción y el creciente deterioro institucional son algunas de las causas que podrían “conllevar en el mediano plazo a un progresivo agotamiento del sistema político salvadoreño”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 26 enero 2017 / EDH

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP,) de la UCA,  presentó los resultados de  la encuesta sobre el estado del país y la democracia a 25 años del acuerdo de paz. Sobre la democracia se señala que el 65.9 % de los consultados considera que ha “mejorado” poco o nada. En cuanto al “sistema político” el 81.8 % aseguró estar poco o nada satisfecho con su funcionamiento, mientras que el 82.4 % se expresó en el mismo sentido cuando se le preguntó sobre el “sistema de partidos” agregando, en este último aspecto, que el 75.5 % cree que este es el ámbito que “menores avances” ha presentado durante estas dos décadas y media después del pacto de Chapultepec. Existe, por tanto, una “alta insatisfacción ciudadana” con “las instituciones claves del país”.

diario hoyEs muy probable que los entrevistados asocien ambos tipos de sistemas, el político y el de partidos, al comportamiento de quienes integran a estos últimos. Lo contrario podría hacernos creer que la población está de acuerdo con la sustitución de los partidos por otros “sujetos” que, sin “ataduras ni controles”, se encarguen de administrar el poder político. Ciertamente a los partidos se les juzga, en buena parte, por la conducta de quienes les representan en la Asamblea Legislativa, en los concejos municipales o en el Órgano Ejecutivo. Otra forma de evaluarlos, que recientemente ha tomado importancia, tiene relación con lo dicho de manera reiterada en esta columna de opinión: la transparencia con la que manejan los fondos que reciben y la apertura que revelan permitiendo la entrada de nuevos liderazgos.

La falta de respuesta a las necesidades de la gente, la corrupción y el creciente deterioro institucional, son algunas de las causas que, según el estudio de opinión, podrían “conllevar en el mediano plazo a un progresivo agotamiento del sistema político salvadoreño”. Algunas de estas condiciones, y la falta de atención y diligencia para corregirlas, terminaron sepultando la estabilidad política en varios países suramericanos en los que se reemplazó a los partidos por individuos cuyo propósito fue el de concentrar el poder en una sola persona con la finalidad de  ejercerlo arbitrariamente.

La solución no está en relevar a los partidos políticos de la función que cumplen en una democracia. De hecho la misma encuesta de la UCA advierte que “tres de cada cuatro ciudadanos (76.4 %), consideran que la democracia sigue siendo el mejor régimen político para el país, aunque tenga problemas”. Seguramente el tipo de democracia al que la gente se refiere es el “electoral”, porque a través de las votaciones tienen la posibilidad de cambiar a quien lo está haciendo mal. Se trata entonces de renovar a las personas sin desbaratar al sistema. La irrupción de nuevos partidos, con arraigo democrático y que se alejen del populismo, así como la modernización de los institutos políticos tradicionales, ambos con la firme convicción de promover la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción, es la mejor estrategia para revertir la percepción de la gente sobre el desgaste del sistema democrático.

La encuesta también se refiere a “la valoración negativa sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos de paz” y a la opinión mayoritaria, casi el 85 %, que se muestra favor “que el país adopte una nueva Constitución que reforme el sistema político salvadoreño”. Respecto del último punto entendemos que los entrevistados siguen equiparando al sistema político con los partidos. Para reformar a estos últimos no es necesario un cambio a Ley Fundamental. Basta con que las instituciones encargadas de regularlos les obliguen a cumplir la ley y, principalmente, que los ciudadanos elijan a los mejores candidatos para que tomen el mando al interior de las organizaciones partidarias y de esa forma se presenten mejores opciones a diputados, alcaldes y presidente.

Sobre el cumplimiento del acuerdo de paz, tanto la democratización del país, como el respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña, deben juzgarse en su justa dimensión. En 1992 se terminó con los fraudes electorales, se aplacó la represión y los salvadoreños aplaudieron la terminación del conflicto armado. Veinticinco años después el desagrado con la democracia no puede imputársele a aquel convenio histórico.

El espionaje político. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 19 enero 2017 / EDH

El espionaje del que están siendo objeto algunas entidades públicas y privadas desentona con el espíritu de reconciliación y de paz en el marco del veinticinco aniversario del acuerdo de Chapultepec. Es el reflejo de una sociedad en la que aún encontramos personas que no consideran a las prácticas democráticas como la única opción para debatir las ideas. Son actores que prefieren la oscuridad y el anonimato para asfixiar el potencial de desarrollo que tiene El Salvador.

diario hoyEspiar no es más que la tarea realizada por alguien con el fin de obtener “información secreta”. Quienes leen los trabajos y participan en las actividades de las gremiales empresariales y de los centros de pensamiento saben que todo lo que allí se discute no necesita de confidencia ni de sigilo alguno. Los estudios, publicaciones y eventos resumen las decenas de horas que semanalmente se invierten en preparar análisis críticos y propuestas serias encaminadas a fortalecer a las instituciones, a preservar el sistema democrático, a incentivar el crecimiento económico y a superar la pobreza extrema.

Las “escuchas ilegales” alimentan las sospechas de unos contra otros y aumentan el escepticismo sobre el futuro del país. Cuando la tirantez que envuelve a los empresarios, al gobierno y a los trabajadores impide resolver los problemas de inseguridad, del alto endeudamiento público y de la falta de incentivos para la generación de empleo, el acecho clandestino no contribuye a generar el ambiente propicio para que funcionarios y ciudadanos se animen a buscar los “nuevos acuerdos” que se intenta construir con la intermediación de Naciones Unidas.

Los micrófonos descubiertos simbolizan una “gangrena política” que debemos extirpar. Estas prácticas necesariamente conllevan otras acciones como las de infiltración y penetración de personas que colaboran con la instalación de los dispositivos y con la identificación del lugar idóneo para colocarlos. Son actos delictivos que deben ser investigados y sancionados. Encarnan una actitud en la que existe una lógica de “amigo-enemigo” donde no hay adversarios sino rivales a los que se deben husmear y, si es posible, destruir. Procuran intimidar al contrincante para que calle o se abstenga de detallar, con claridad, los obstáculos que entorpecen la mejora de la calidad de vida de las personas y retrasan la modernización del sistema político.

No es posible reeditar la paz que se obtuvo en 1992 sin poner fin a los intentos de quienes pretenden concentrar el poder, siendo una de sus manifestaciones la vigilancia ilícita de las conversaciones privadas. Tampoco será viable el diálogo si, con anticipación, se señala por parte de las dirigencias de los institutos políticos que no detendrán la lucha electoral. Esa disputa por la autoridad, legítima en todo sistema democrático, no debe entenderse como el pretexto para empujar una crisis de gobernabilidad. No se vale sacrificar el bienestar general, bloqueando cualquier oportunidad de consenso, con tal de conseguir la victoria en las elecciones.

El episodio de espionaje político redunda en un alarmante desgaste de la confianza entre las partes. Esa erosión puede desarraigar el espíritu conciliador que necesitamos para concretar iniciativas y ponerlas en marcha. El facilitador de la ONU tendrá que lidiar con esta realidad, con un ambiente preelectoral impregnado de mucha ansiedad y con las cicatrices que dejó en el sector empresarial la manipulación de una de las entidades tripartitas más relevantes cuando se nombraron a los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo con un procedimiento que la ANEP señaló de irregular.

La paz posibilitó a los salvadoreños emprender un camino que nunca se pensó sería cómodo y fácil de andar. Esa senda nos ha llevado por tortuosas veredas que finalmente nos están mostrando las ventajas de contar con una institucionalidad independiente y funcional. Así lo demuestran las acciones de la Corte Suprema de Justicia al tutelar los derechos fundamentales y promover la probidad pública, y las de la Fiscalía General de la República en la lucha anticorrupción. Sin embargo aún quedan “cabos sueltos” que no permiten repensar al país fuera de los extremismos ideológicos. De allí la relevancia de investigar y sancionar los hechos denunciados para que los políticos y la sociedad civil recuperen la certidumbre y se dispongan a retomar la agenda nacional.

La antesala del 25 aniversario… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 22 diciembre 2016 / EDH

El año concluye sin Presupuesto General de la Nación, con la denuncia de los trabajadores sobre la ilegalidad en el procedimiento para elegir a sus representantes en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) y con la amenaza del partido de gobierno de crear una entidad paralela a la Sala de lo Constitucional.

diario hoyA las puertas del veinticinco aniversario del acuerdo de paz el panorama del 2017 es muy desalentador. Las aspiraciones de quienes pretendían aprovechar este acontecimiento para delinear un “pacto” que redujera el alto grado de polarización parecen esfumarse sin ni siquiera haber sensibilizado a los actores políticos. Las maniobras de estos últimos se encaminan más a la lucha “preelectoral” que a la conmemoración de un suceso que enrumbó al país por la senda democrática. Se profundiza la división y el odio de “clases”, se agita a la población en contra de las instituciones y se tuercen las ideas con el propósito de generar un peligroso rencor colectivo.

Las fuerzas políticas no alcanzan a dimensionar el riesgo que representa la frágil situación fiscal del país. El pacto que suscribieron apenas hace un mes se ignora por completo y mientras tanto se continúan encontrando excusas para mantener el endeudamiento público al borde del desplome. Presentar una proyección de ingresos y gastos que “sincere” las necesidades financieras del Estado no debería significar mayor problema. La mala práctica, desde finales del tercer gobierno de derecha hasta la actualidad, de afirmar que el proyecto de presupuesto es “equilibrado” y que no existe la necesidad de contraer más deuda cuando en realidad sucede todo lo contrario, además de incumplir las disposiciones constitucionales que regulan las finanzas públicas, impide resolver el problema de insolvencia de manera definitiva.

Por otra parte la integración del CNSM, en clara violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, la aprobación del aumento del salario mínimo contraria a derecho, tensiona aún más las relaciones entre las autoridades y el sector productivo nacional. Estratégicamente el discurso oficial se ha centrado en la “falta de sensibilidad social” de los empresarios por oponerse a un ingreso digno para los trabajadores. La Asociación Nacional de la Empresa Privada y las gremiales que la integran han señalado su aval al incremento salarial siempre y cuando este se realice cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. De hecho existía un acuerdo entre empleados y empleadores, representados en la entidad tripartita, que el gobierno no atendió.

El tercer hecho político con el que concluye el 2016 fue una nueva agresión a la independencia de los órganos fundamentales del Estado. Por enésima ocasión el oficialismo arremetió contra la Sala de lo Constitucional. Ahora lo hizo durante el festejo de los 33 años de existencia de la Constitución de República. El FMLN Propuso sustituir a esa instancia por un “tribunal independiente”. El partido de izquierda fundamenta su iniciativa, entre otras razones, por las sentencias de la Sala que “han declarado ilegal los nombramientos de funcionarios de la Corte de Cuentas de la República y de la misma Corte Suprema de Justicia”. En los últimos cuatro años, varias resoluciones de esa instancia han apartado de sus cargos a algunos de los titulares de diferentes instituciones, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Legislativa, debido a que los elegidos presentaban vínculos con determinados partidos políticos, porque no se comprobó su idoneidad o como consecuencia de la violación del procedimiento constitucional que faculta a la Asamblea a designar la sustitución de únicamente un tercio de los magistrados de la cúpula del Órgano Judicial. Los argumentos jurídicos de esas decisiones cumplen con la pretensión ciudadana de contar con instituciones autónomas que no respondan a intereses partidarios ni ideológicos.

Ante el comportamiento de algunos funcionarios, diputados y dirigentes políticos, queda como último recurso la presión ciudadana. La sociedad civil organizada ha mostrado su determinación en aspectos muy específicos: la reforma electoral, la investidura de funcionarios de segundo grado cuya conducta se rija exclusivamente por las atribuciones que le prescribe la ley y la lucha contra la corrupción. Ahora es el momento de batallar contra la demagogia, el populismo, el clientelismo político y la falta de acuerdos.

Balance político de 2016… De Luis Mario Rodríguez

El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 diciembre 2016 / EDH

El 2016 presentó avances concretos en la lucha contra la corrupción. Fue un año en el que la cooperación internacional, la elección de funcionarios independientes y el decidido protagonismo de la sociedad civil organizada contribuyeron a mejorar el combate contra aquel flagelo. A esa alineación de factores positivos debe unirse la Corte de Cuentas de la República cuyos integrantes se nombraron recientemente. Las declaraciones de la primera mujer designada como magistrada del organismo contralor sobre la “depuración global” que necesita la institución, prometen un desempeño similar al de la Fiscalía General y al de la Corte Suprema de Justicia en el control de la probidad de los empleados y funcionarios públicos.

diario hoyPor otra parte la relación entre los Órganos de Estado mostró un deterioro significativo. Las acusaciones de los principales voceros del Ejecutivo y del partido de gobierno en contra de la Sala de lo Constitucional revelaron un preocupante comportamiento del presidente y de la comisión política de esa organización partidaria. El tono de los reclamos y las estrategias de presión, movilizando a sus bases con amenazas a la integridad física de los magistrados, rebasó las fronteras del respeto institucional. Lo normal habría sido expresar su desacuerdo con el criterio jurídico de la Sala.

Mientras tanto, el Ejecutivo perdió el respaldo del aliado que lo apoyó desde la administración anterior en la Asamblea Legislativa. El partido Gran Alianza Nacional negó sus votos para la aprobación de nuevos impuestos, del presupuesto general de la Nación y de algunas leyes que, no obstante su intención de disminuir la evasión tributaria, incumplen garantías constitucionales. GANA y el resto de partidos saben que los ciudadanos los observan y que en 2018, con el sistema de listas abiertas, podrían enfrentarse a un desastre electoral, perdiendo diputados, si continúan avalando medidas que perjudican a la población.

En cuanto a la “democracia de resultados” ni la economía ni la seguridad pública arrojaron mejoras sustanciales. Ciertamente disminuyeron los homicidios pero, según las encuestas de opinión, las extorsiones y la percepción de victimización siguen posicionando a la inseguridad como el principal problema. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico. Se anunciaron dos grandes inversiones inmobiliarias y una empresa suramericana inauguró operaciones en los últimos días. Sin embargo no existen suficientes empleos que alcancen a cubrir los puestos de trabajo para los miles de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Las mesas de diálogo que el presidente Sánchez Cerén instaló desde el inicio de su mandato no contribuyeron en 2016 a solucionar los dilemas señalados. El Consejo de Seguridad, el Asocio para el Crecimiento y la mesa fiscal, si bien incentivaron el intercambio de ideas entre los sectores privado y gubernamental, no lograron concebir acciones concretas para prevenir el delito, estabilizar las finanzas públicas y detonar una pujante actividad empresarial. Por el contrario, el procedimiento viciado para la integración del Consejo Nacional del Salario Mínimo deterioró la ya debilitada confianza en los funcionarios.

Aunque las principales fuerzas políticas suscribieron un acuerdo fiscal, todavía no se cumplen las condiciones pactadas. No se corrige el proyecto de presupuesto para el 2017, se ignoran las recomendaciones para reducir el gasto, está fuera de la discusión el debate sobre los incentivos que necesita la empresa privada para invertir, y se esquivan los temas de la calidad de los servicios públicos y de la profesionalización de los empleados y los funcionarios del Estado. El clientelismo político sigue sustituyendo a la meritocracia en las oficinas gubernamentales y la educación, la salud y el transporte público permanecen con déficits serios.

Los reclamos se concentran en la necesidad de más préstamos, de nuevas emisiones de bonos y de más impuestos. La lucha contra la evasión fiscal es necesaria e impostergable, pero esta debe efectuarse en el marco del Estado de derecho. Asimismo es urgente retomar la ampliación de la base tributaria.

El año también nos deja deudas importantes en materia electoral. Parece que algunos conspiran para que los comicios de 2018 exhiban los mismos o más graves problemas que las legislativas de 2015. El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario, es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.