Luis Mario Rodríguez

Los jóvenes en democracia… De Luis Mario Rodriguez

Lo importante es asumir que el relevo o, en su caso la llegada de nuevos liderazgos, frescos en edad o en ideas, que compartan con los que tienen más experiencia, es obligatorio si se quiere evolucionar al mismo ritmo que lo están haciendo otros Estados.

Luis Mario Rodriguez, 23 marzo 2017 / EDH

El interés de las nuevas generaciones por aportar al desarrollo nacional es indispensable. Su ausencia sería inexcusable. Causaría un enquistamiento de quienes han administrado el poder por décadas y condenaría a los ciudadanos a vivir bajo un esquema en el que, lo importante y trascendente, sería mantener los privilegios que el sistema le ha concedido a los primeros. Se esquivaría el debate de temas esenciales para la organización y la vida en sociedad, se impondría, como de hecho sucede ahora mismo, el clientelismo político sobre la meritocracia, y con el retiro o la muerte de los antiguos líderes, también desfallecerían con ellos, hasta apagarse, la luz del republicanismo, la observancia del Estado de derecho y las bases elementales de todo sistema democrático.

Esto no significa, ni por asomo, que en la actualidad se carezca por completo de líderes políticos. Los hay, y de todas las edades. Lo importante es asumir que el relevo o, en su caso la llegada de nuevos liderazgos, frescos en edad o en ideas, que compartan con los que tienen más experiencia, es obligatorio si se quiere evolucionar al mismo ritmo que lo están haciendo otros Estados. La trillada combinación entre “experiencia y juventud” es siempre un buen método para acoplar la prudencia con la temeridad, la calma con la ansiedad y el discernimiento que da el sentido común con los conocimientos que concede la formación académica.

El “encargo democrático” que la nación le entrega a los nóveles activistas y a quienes, después de los cuarenta incursionan en la política o se interesan por incidir en la cosa pública, difiere, sustancialmente, si se trata de una coyuntura política donde la Constitución no se cumple, de aquella otra donde la democracia aún vive, pero se amenaza a la división de poderes, a las elecciones como forma de alcanzar el poder y al respeto de los derechos humanos.

Los jóvenes simbolizaron la figura central en varias de las protestas más emblemáticas en diferentes partes del mundo y en distintas épocas durante el siglo XX. Así lo registra la historia en México, en la República Popular China, en Venezuela y aquí mismo, en El Salvador.

En 1968, la “matanza en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco”, conmocionó a los mexicanos y a la comunidad internacional. Los estudiantes, como en otras partes del orbe, se oponían al autoritarismo y a los “métodos” utilizados por el régimen para desafiar a cualquiera que rechazara su “forma” de gobernar. Las crónicas señalan que el levantamiento estudiantil “marcó una inflexión en los tiempos políticos de México porque fue independiente y contestatario” y se fortalecía con “las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial”.

La masacre de la “Plaza de Tiananmén”, en 1989, representa otro de los hechos históricos que confirman el involucramiento de la juventud allá donde el sistema democrático y las libertades se encuentran secuestrados. La foto del joven opositor enfrentando un escuadrón de tanques es la viva imagen de un individuo que exige el cese de la represión, en aquel momento, encarnada por el partido comunista. El Ejército Popular de Liberación disolvió la movilización y aunque la cifra de asesinados no está clara se habló de cientos de manifestantes.

La resistencia de los universitarios venezolanos a la reforma constitucional impulsada por el fallecido Hugo Chávez en 2007 con la intención de establecer la reelección presidencial indefinida, será recordada como otra de las luchas a favor de la democracia en América Latina. Esa fue la primera derrota electoral del exmandatario después de una serie de triunfos consecutivos que le otorgaron el poder desde 1999. En otro caso emblemático la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez fue repelida por los movimientos universitarios salvadoreños. Lideraron la “huelga de brazos caídos” y sacaron al dictador del poder.

En democracia, sin represores, pero con intimidaciones serias encaminadas a debilitar la forma de gobierno y la transparencia, con una crisis fiscal en ciernes, un magro panorama en materia de seguridad, una economía estancada que no genera empleos y un alto nivel de pobreza, los jóvenes deben reflexionar cuál será su contribución a la construcción de consensos. Hacer lo contrario los asemejaría a quienes ellos pretenden superar.

El nuevo “informe Almagro”… De Luis Mario Rodríguez

El nuevo “informe Almagro” intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Luis Mario Rodríguez, 16 marzo 2017 / EDH

En su segundo informe sobre la crisis que vive Venezuela, el Secretario General de la OEA dijo que en ese país se violan “todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana” y que “la Constitución ha dejado de tener sentido”. Almagro no titubeó al señalar que “el Estado de derecho no está vigente”. Las acusaciones son claras, sin rodeos ni sutilezas. Al referirse a los ciudadanos, el secretario advierte que “si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, nos los presenta a un juez ni instruye acusación fiscal”.

Respecto del diálogo impulsado por diferentes entidades, incluyendo organismos internacionales y Estados como el Vaticano, sentencia que  “ha fracasado” y que únicamente ha servido como “cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario”. Dice que “el diálogo no es tal, porque no es recíproco, ni ha ofrecido garantías, ni ha cumplido ninguna de sus premisas”. El alto funcionario de la OEA admite que seguir esperando soluciones de ese proceso, que lo único que ha hecho es “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”, los hace cómplices por omisión. Su inacción en esta situación “es sinónimo de omisión en proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

Luis Almagro nos recuerda, en este segundo documento histórico, que “la protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”. Por eso los que promovieron el diálogo en Venezuela, como mecanismo para solucionar la precaria situación en la que se encuentran sus habitantes, ahora señalan que esta herramienta debe ir “acompañada de acciones”. En ese sentido la Santa Sede, según el informe que se comenta, urgió la activación de cuatro cuestiones: aliviar la crisis humanitaria, el establecimiento de un calendario electoral, la restitución del rol de la Asamblea Nacional previsto en la Constitución y la liberación de los arrestados, en referencia a los presos políticos.

El Secretario General enumera una serie de recomendaciones orientadas a normalizar el funcionamiento del sistema democrático. Pide el referéndum revocatorio, solicita la liberación de todas las personas recluidas por razones políticas, llama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a resolver, de manera conjunta, la vulneración de los derechos básicos de la población, exige a esas instancias brindar estándares suficientes de seguridad, reclama el respeto al equilibrio de poderes del Estado, requiere una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia, exhorta al combate a la corrupción a través de un sistema como el de la CICIG en Guatemala y demanda la incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos a la comisión de la verdad.

El gobierno eliminó la posibilidad de celebrar el referéndum revocatorio. Retrasó plazos, adicionó requisitos no exigidos en la ley e hizo colapsar la infraestructura electoral. Además impidió la elección de 23 gobernadores y de los 236 miembros de las asambleas legislativas estatales que debieron renovarse el 16 de diciembre de 2016, al cumplirse su mandato constitucional de cuatro años. Por otra parte, Maduro mantiene en la cárcel a sus adversarios políticos por sus ideas, criminaliza las protestas, no les permite a los detenidos tener acceso a su familia ni asesoramiento jurídico, existen “detenciones secretas”, las condiciones carcelarias son inadecuadas y aplica, según el informe, el “efecto puerta giratoria”, es decir que “mientras libera a algunos presos políticos, encarcela a un número similar”.

En Venezuela, de acuerdo al documento del Secretario Almagro del pasado 14 de marzo,  hay crisis económica, falta de seguridad personal, estancamiento en la reducción de la pobreza, escasez de alimentos y medicinas, aumento de la mortalidad infantil y tráfico de drogas.

Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, The Global Competitiveness del Foro Económico Mundial, el World Justice Project y el Democracy Index de la Revista The Economist, entre otros, confirman el secuestro de la institucionalidad en Venezuela. Así lo dictamina el nuevo “informe Almagro” y de esta manera intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

La disidencia… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario Rodríguez, 9 marzo 2017 / EDH

En las últimas semanas las dirigencias partidarias han publicado las respectivas convocatorias para celebrar elecciones internas. Se trata de un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el que se ordenó elegir a los candidatos a alcalde, diputado, presidente y vicepresidente, así como a las máximas autoridades de los partidos, a través de un procedimiento que garantizara, como mínimo, la participación de la militancia, el voto libre, directo, secreto e igualitario y la posibilidad de impugnar un proceso si se comprueban irregularidades en su ejecución.

Con anticipación a la sentencia de la Sala, algunos institutos políticos “ensayaron” este tipo de prácticas democráticas. Los vicios en la elaboración del padrón interno y el uso de mecanismos como la “votación a mano alzada” o la designación “por aclamación”, nublaron la transparencia de esos primeros ejercicios. Las últimas experiencias nos mostraron un avance centrado en el uso del voto secreto. Sin embargo el principal partido de oposición prefirió elegir, a través de este método, únicamente a algunos de sus postulantes y, en el caso del partido de gobierno, se presentó “planilla única” para los puestos de secretario general y su respectivo adjunto. Para el 2018 los partidos deberán elegir en internas al cien por ciento de sus aspirantes cumpliendo los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.

Ciertamente esta manera de escoger a quienes competirán por cargos públicos presenta, como mínimo, dos consecuencias. En primer lugar genera un ambiente de apertura en las filas del partido. Las “hábitos” del pasado que permitían los nombramientos de candidatos “a dedo” ya no tienen cabida en pleno siglo XXI. La mayoría de países en América Latina promueven “primarias” en las que participan aquellos líderes que tienen interés de llegar a la Asamblea Legislativa, a las alcaldías o al Ejecutivo. En algunos sistemas los electores no son sólo los afiliados, sino también todos los ciudadanos interesados en que cierta persona alcance una determinada candidatura. Se trata de “primarias abiertas” que se desarrollan en un mismo día por parte de todos los partidos y donde la autoridad electoral supervisa la transparencia del evento. Esta clase de jornada sirve como “termómetro” para conocer el nivel de aceptación de los diferentes pretendientes y puede significar una ventaja para el partido que los postula.

No puede esconderse que esta forma de nominar a los rivales en una contienda por el poder también produce competencia entre los participantes de un mismo partido. Si no se administran correctamente, las elecciones internas pueden generar divisiones y resentimientos que amenazarían, por ejemplo, con aflorar en el pleno legislativo al momento de votar por alguna iniciativa de ley por parte de quien busque la reelección, si no obtiene la candidatura. Las internas también fragmentan el financiamiento político porque los precandidatos buscarán apoyos económicos para dar a conocer, entre sus correligionarios, las promesas de campaña, de convertirse en candidatos y los planes de gobierno en los comicios generales.

Un segundo aspecto tiene que ver con el comportamiento del que se convierte en diputado, alcalde o gobernante del país respecto del partido que lo arropó en el proceso electoral. Un efecto inmediato de las internas y de las primarias es el de empoderar al que resulta ganador. Pasa lo mismo con los candidatos a diputados en un sistema de listas abiertas, como el salvadoreño, donde llega a la “silla curul” el que más marcas consiguió. El electo crea un vínculo con los miles de habitantes que respaldaron sus ideas aunque en realidad se trate del proyecto del partido. Quienes le votaron le exigirán que cumpla su oferta electoral y que mantenga posiciones que coincidan con los intereses de la sociedad. Los partidos, por tanto, más que temer a esta especie de “disidencia”, deben entender que se trata de discrepancias que demuestran el grado de libertad y la capacidad de análisis de sus funcionarios, como en el caso de los partidos estadounidenses, donde demócratas y republicanos examinan cuidadosamente las propuestas que se someten a su consideración. Otra cosa muy diferente es renegar del ideario del partido y avalar creencias que chocan frontalmente con los principios doctrinarios de la organización. Sobre esto último discutiremos en próximas columnas.

Prohombres de Estado… De Luis Mario Rodríguez

Un homenaje a Abraham Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 2 marzo 2017 / EDH

En su libro sobre “Figuras Universales”, el notable intelectual, abogado y humanista, Alfredo Martínez Moreno, nos recuerda una cita del prestigioso jurista salvadoreño, don José Gustavo Guerrero, eminente internacionalista, nombrado presidente de las dos Cortes Internacionales de la Haya, en la que se refirió a las cualidades de “los estadistas que conducían las relaciones internacionales en la época anterior a la Primera Guerra Mundial”. Decía el célebre e ilustrado pensador: “En todas partes dirigían esas relaciones hombres formados –por educación y tradición- en el arte de tratar los asuntos del Estado con cortesía, mesura y moderación, y con un sentido profundo del respeto mutuo y de la dignidad del prójimo”.

diario hoyEn aquella misma obra, una de las tantas escritas por el culto exdiplomático Martínez Moreno, todas sobresalientes y orientadoras para las actuales y futuras generaciones, evoca la mención que sobre el doctor Guerrero revelara el escritor José Gómez Campos en la que describe la personalidad del ilustre salvadoreño así: “No debe buscársele símil en el oro, sino en el acero: brillante y útil; más fuerte cuanto más flexible”.

Cortés, mesurado, respetuoso, brillante, útil, fuerte y también flexible. Todas esas eran, precisamente, las destrezas y talentos que distinguían la esencia del doctor Abraham Rodríguez. El parangón con los atributos que identificaron al destacado expresidente de la actual Corte Internacional de la Haya no es superficial. Cada uno, salvando las diferencias por el contexto político que les correspondió vivir, fueron “hombres de su época”. Enfrentaron con valentía los desafíos que les impuso su profesión y no evadieron el cometido que les demandó la patria, a uno, en la esfera política nacional y, al otro, en las lides internacionales.

El mundo necesita más hombres y mujeres con este talante. El Salvador los reclama diariamente. Se trata de individuos sin dobleces, que reconocen sus errores, multiplican sus dones y carismas y animan a otros a que tomen “el testigo”, el tubo que pasa un corredor a su compañero en las carreras de relevo. Lo hacen porque están conscientes que alguien más debe continuar en la lucha por afianzar al Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática, al desarrollo económico y al combate a la pobreza, como la espina dorsal para alcanzar la finalidad única de todo el que dedica su existencia a transformar a la nación, ya sea desde la función pública o en las trincheras de la sociedad civil: el bien común.

En una época en la que se cuestiona todo y todo se relativiza, urgen personajes de convicciones firmes, persuadidos de la obligación que no buscaron pero que la coyuntura les impuso, de mantener en pie a la república, sosteniendo de manera incólume la separación de poderes, la sustitución periódica de las autoridades a través de elecciones íntegras, equitativas y competitivas, la promoción de la cultura de la legalidad, la defensa de la vida y la dignificación de la política.

René Fortín Magaña, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y gladiador incansable desde la academia, las letras, el derecho y la actividad partidista, en la que estuvo inmerso durante la década de los ochenta como fundador del “partido de la flechita”, en uno de sus artículos titulado “valoración de la política”, incluido en un compendio más amplio de escritos recopilados en el libro de su autoría denominado “Reflexiones Impertinentes”, nos señala, con la erudición monumental que lo caracteriza, que “a las instituciones las hacen los hombres. Sus diseños formales, ciertamente, están descritos en una hoja de papel que llamamos Constitución. Pero sólo cobran vida por la actividad fasta o nefasta de los hombres y las mujeres de carne y hueso que son la materia que las hace funcionar en cumplimiento de la Constitución y la ley”.

No se equivocó el Maestro Fortín Magaña, como tampoco lo hicieron otros prohombres de la talla de Alfredo Martínez Moreno, José Domingo Méndez, Enrique Borgo Bustamante y nuestro póstumo homenajeado, Abraham Rodríguez, al aceptar las responsabilidades públicas que les fueron concedidas. Ellos, como un día lo expresara Humberto Guillermo Cuestas, exvicepresidente de la república y compatriota insigne, entendieron que “debían honrar al cargo” y no esperar a que “el cargo los honrara a ellos”. Misión cumplida doctor Rodríguez.

La confianza… De Luis Mario Rodríguez

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 febrero 2017 / EDH

Sin confianza no hay acuerdos ni diálogo ni mucho menos desarrollo económico y social. Su ausencia le impide a una nación concertar una visión común de país. Es muy difícil cultivarla cuando, intento tras intento, el engaño la sofoca, la mentira la ahoga y la opacidad la entierra. Por el contrario su práctica habitual permite la construcción de entendimientos, generalmente irreversibles, que fortalecen la institucionalidad, mejoran la calidad de los servicios públicos y procuran oportunidades de crecimiento para todos por igual.

diario hoyCuando en 2002, los miembros del ahora agonizante Consejo Superior del Trabajo (CST), viajamos a España a conocer el Consejo Económico y Social (CES), nos enteramos que en el CES se “construye confianza”. Los pactos y las alianzas se tejen afuera de la organización, en la sede de las gremiales empresariales y en la de los sindicatos. En el CES se sellan las propuestas y se calendariza su puesta en marcha.

Una situación similar aconteció en el CST. Esta instancia surgió en 1994 cuando dejó de operar el Foro para la Concertación Económica y Social, una iniciativa impulsada por el expresidente Alfredo Cristiani en 1992, después de la firma de la paz, para tratar la relación obrero – patronal y para que las aspiraciones de estos y de otros sectores se tradujeran en generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.

Entre 1999 y 2004, por las funciones propias de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, atendí la representación del sector privado en el seno de aquel Consejo tripartito. El trato con los sindicatos siempre fue amable y tolerante y las conversaciones de “doble vía”. Aprendimos a dialogar, a comprender las razones del otro y a discutir un plan que integrara los principios y las convicciones de cada sector. Los debates sobre el respeto de los derechos laborales, la necesidad de cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por El Salvador y la discusión de diferentes proyectos de ley, enfocados a proteger a los trabajadores y a mejorar la productividad empresarial y la competitividad nacional, ocuparon la agenda de las reuniones quincenales que presidía, con la cortesía y formalidad que le caracteriza, el entonces titular del Ministerio de Trabajo, don Jorge Nieto Menéndez.

En 2006, cuando la presión por prorrogar los beneficios comerciales entre la Unión Europea (UE) y El Salvador, como acto previo a la firma del Acuerdo de Asociación Comercial con la UE, alcanzó su límite máximo, la confianza establecida años atrás con los sindicatos en el CST y con algunos diputados del FMLN en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, permitió la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. En ese marco se pactó, en encendidas discusiones,  las limitantes legales y constitucionales que impedirían la sindicalización de los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, así como la prudencia fiscal que debía tenerse en cuenta al momento de negociar las condiciones en los contratos colectivos dentro del sector público.

Esa misma franqueza y cordialidad permitieron que otras ideas rindieran los frutos esperados. Durante el quinquenio 2004-2009 se constituyeron, entre otras comisiones, la de Desarrollo Local y la de Modernización Laboral, ambas dirigidas por la excomisionada para la gobernabilidad democrática, doña Glorita Salguero Gross, de grata recordación. La pluralidad de esas instancias, la metodología empleada, los participantes, los mecanismos para solucionar las diferencias y el buen trato de su coordinadora, así como el seguimiento de los acuerdos, fomentaron un intercambio de conocimiento que finalmente se concretó en varias iniciativas legales, algunas de las cuales recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa. Doña Glorita, como le llamábamos quienes apreciamos su insistente trabajo por “despolarizar” a la política, supo entretejer lazos de confianza entre los que, por sus distintas afinidades ideológicas, acudían a las mesas recelosos, con un enorme escepticismo y con las sospechas de siempre.

Ante la posibilidad de un nuevo ejercicio para un acuerdo nacional, es necesario que los facilitadores se enfoquen, desde un inicio, en disminuir y ojalá erradicar la suspicacia de los actores y en engendrar un ambiente de certidumbre y tranquilidad que perdurará en la medida que se cumplan los compromisos pactados.

A casi un año de las elecciones de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 9 febrero 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los diputados se les termina el tiempo para sugerir y aprobar, respectivamente, reformas a la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al Código Electoral (CE). En mayo de 2016 la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración. Las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. Esto significa que apenas son cuatro sesiones plenarias las que restan antes de iniciar la “veda electoral”.

diario hoyLa práctica internacional sugiere este tipo de restricciones para evitar cambios en la legislación que podrían representar obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda electoral. Por supuesto que esta limitación no aplicará si, durante los doce meses antes del evento, la Sala de lo Constitucional pronuncia una resolución cuyo mandato necesariamente deba incorporarse al ordenamiento jurídico.  Lo ideal es que los otros Órganos de Estado respeten, de manera voluntaria, el período en el que las condiciones de la competencia se mantendrán inalterables como garantía para quienes disputan el poder político.

Para controlar el financiamiento político es necesario cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó publicar la lista de donantes, los montos recibidos y, en general, el uso y destino que se hizo de los fondos públicos y privados recibidos. La LPP mantiene el texto de las disposiciones que exigen el consentimiento de quienes aportaron a las campañas para revelar su identidad. Igualmente se requiere la ampliación de las facultades del TSE para que auditen la información y no se limiten únicamente a obtener los estados financieros y a verificar el cumplimiento de formalidades contables. El control de los candidatos y precandidatos partidarios como sujetos obligados a dar cuenta del dinero que perciben durante las campañas es una recomendación adicional.

Por otra parte, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de elección en los partidos políticos, es indispensable regular, legislativamente, la facultad de la militancia de comprobar, con anticipación al día en el que se celebrará la elección interna de candidatos a cargos de elección popular o a puestos de dirección, que se encuentran inscritos en el padrón electoral del respectivo partido. También debe quedar claro que las formas de votar en un proceso de esta clase no admite los mecanismos de “mano alzada” ni el de “aclamación popular” y que el único método aceptado es el que promueve el voto libre, directo, igualitario y secreto.

Uno de los aspectos más importantes es el establecimiento de un marco normativo que faculte al TSE para adoptar las medidas que aseguren un conteo y procesamiento rápido, eficaz y seguro de los votos en las Juntas Receptoras. Los medios tecnológicos empleados en 2015 no permitieron la correcta  transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares y las inconsistencias en las actas complicaron el conteo de votos y marcas. En tal sentido, el debate sobre el tipo de escrutinios que regularía el Código Electoral es fundamental. Dado el retraso en la aprobación del presupuesto presentado por el TSE y debido al inexplicable rechazo por parte de la Asamblea legislativa y el Ministerio de Hacienda  del monto solicitado, debe tenerse una opción en caso la autoridad electoral no cuente con el dinero suficiente para contratar la tecnología requerida. Puede pensarse, como ya lo han expresado algunos magistrados del organismo electoral, en un conteo de votos enteros en la JRV, mientras que el escrutinio de los votos fraccionados y el de las marcas por los diferentes candidatos a diputados sea por cuenta del TSE, con el uso de un avanzado sistema informático. Esta alternativa requeriría de una adecuación legal en el CE.

Finalmente es obligatorio resolver la manera en la que se integrarán los Organismos Electorales Temporales, revisar el plazo que tendrá el TSE para realizar un sorteo en la circunscripción que corresponda para elegir a los miembros de las JRV si los partidos no envíen las respectivas listas, y las inhabilidades de aquellas personas que tengan una relación formal con los institutos políticos.

El tiempo corre, la incertidumbre crece y la exigencia de elecciones transparentes, equitativas y competidas se mantiene.

El inmediatismo: obstáculo para el diálogo nacional. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 2 enero 2017 / EDH

El cumplimiento de las medidas pactadas en los más de veinte ejercicios de diálogo celebrados después del acuerdo de paz nos habría permitido dar un salto de calidad en los ámbitos político, económico y social. Esas alianzas contaron con el respaldo de una pluralidad de ciudadanos representativos de los sectores gubernamental, privado,  sindical, académico, social  y eclesiástico. Se trató de iniciativas convocadas, en su mayoría, por los respectivos gobiernos de ARENA y del FMLN. Otras surgieron por decisión de los partidos políticos y ninguna por presión de la sociedad civil.

diario hoyEn estas instancias se abordaron temáticas muy diversas: la inseguridad ciudadana, la revisión del sistema electoral, la reforma del sector salud,  la modernización de la educación pública, una estrategia nacional con un enfoque de desarrollo territorial, los derechos laborales, el crecimiento económico, la generación de empleo, la deuda pública, la reducción de la pobreza, la inversión en el medio ambiente, la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Sin embargo nos ha faltado capacidad de gestión. Lo acordado o no se consumó, o se ejecutó a medias o, peor aún, únicamente se realizó aquello que arrojaba réditos electorales. Se antepuso el inmediatismo, esa necedad de obtener resultados rápidos y veloces ignorando que los efectos de las reformas de gran calado toman su tiempo en consolidarse.

Diversos proyectos de ley no fueron aprobados. La legislación sobre el aprendizaje, que procuraba el establecimiento de un régimen voluntario en el que las empresas abrirían espacios para que los jóvenes se instruyeran en un determinado oficio; una nueva ley del servicio civil, con el propósito de sustituir el clientelismo político por la meritocracia al momento de contratar personal para las oficinas públicas; y las normas para reactivar el empleo, que habrían permitido horarios flexibles para que los trabajadores optaran a distintas fuentes de ingresos, simplemente fueron descartados. Lo mismo sucedió con las ideas de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El impulso del ecoturismo en la zona de los volcanes, el aprovechamiento del Río Lempa para la producción de servicios ambientales, y el empuje de la región costera de Comalapa, que se destinaría a la innovación y exportación agrícola e industrial, se quedaron en el escritorio de los funcionarios de turno.

En el “Pacto de San Andrés” se hablaba ya de profesionalizar el Organismo de Inteligencia del Estado, de la creación de un escalafón salarial “técnicamente diseñado” para dar los incentivos correctos en función del desempeño, de impulsar la descentralización municipal, desahogando de esa manera al Ejecutivo, y del aumento de salarios vinculados a la productividad. Materias de igual importancia fueron discutidas en la CND, en el Plan de Educación 2021, en la Comisión Nacional de Modernización Laboral y en la Comisión Multidisciplinaria que atendió la crisis financiera de 2008.

En buena parte la ambición por alcanzar el poder político y el extremismo ideológico han contribuido al reducido impacto de lo acordado. Aún persiste el debate sobre el sistema económico, la forma de gobierno y el papel del Estado que los Constituyentes incorporaron en la Ley Fundamental. Estos son aspectos esenciales cuya estabilidad es clave para promover la certidumbre y la predictibilidad que busca todo inversionista. El éxito en otras latitudes se ha debido, entre otras variables, al consentimiento unánime de los responsables políticos, sociales y empresariales para garantizar la permanencia e inamovilidad de esos temas e impedir que se amenace con cambiarlos en cada ocasión en la que se instala una mesa de debate nacional.

La experiencia latinoamericana demuestra que las negociaciones sobre el régimen político y el sistema económico han derivado en el fortalecimiento del republicanismo para asegurar la separación de poderes y en el funcionamiento autónomo de las instituciones públicas, así como en la instauración de las condiciones que permitan a las empresas expandir sus inversiones y generar empleos en un entorno de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada. Lo mismo ha sucedido en el área social  donde se han concretado planes y programas sostenibles financieramente, alejados del populismo y con rendimientos medibles en el corto, mediano y largo plazo.