Luis Mario Rodríguez

Un informe revelador… De Luis Mario Rodríguez

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 7 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

La Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a 82 observadores de 25 nacionalidades a las recientes elecciones hondureñas. En su informe preliminar la OEA señaló que los partidos hicieron traslado masivo de electores, situación que permite inducir la voluntad de las personas, compra de votos en tres departamentos, violación de la secretividad del sufragio en ciertos centros de votación y publicidad ilegal de las encuestas de “boca de urna” con anticipación al plazo que establece la ley; estos datos pueden divulgarse hasta dos horas después del cierre de las votaciones. Se vivió incertidumbre, falta de transparencia y vacío de información por parte de la autoridad electoral. Hubo problemas de coordinación logística y altos niveles de improvisación.

EDH logLa misión de Observación Electoral (MOE/OEA) también indicó que Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla incumplieron el pacto “Declaración por la Democracia Hondureña”. Se trató de una iniciativa del organismo hemisférico para mitigar las ansiedades de los competidores y las primeras manifestaciones de violencia entre los simpatizantes de sus respectivas agrupaciones políticas.

El informe reveló que hubo transporte de maletas electorales sin custodia, que fueron abiertas sin respetar protocolo alguno y que algunas se recibieron incompletas y en otras faltaba el acta de resultados. La OEA advirtió además que el sistema de procesamiento de actas quedó detenido por diez horas. Este aspecto es relevante porque desde un inicio la contratación de la tecnología estuvo envuelta en fuertes controversias. Resulta que la empresa a la que se le adjudicó este servicio se sustituyó 30 días antes de la elección por “sospechas de su cercanía con el partido de gobierno”. Sobre este punto la MOE/OEA recomendó que es necesario determinar y contratar al proveedor que hará la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados con suficiente antelación y que los respectivos simulacros deben realizarse oportunamente.

La falta de independencia de la autoridad electoral y el cuestionamiento a la composición partidista de esta instancia fue otra de las graves objeciones de los observadores internacionales. Asimismo se delató la compra de credenciales en la integración de las mesas de votación y la deficiente capacitación de sus miembros a cargo de los partidos políticos. El registro electoral se sumó a la lista de reparos. Se criticó que mantiene a fallecidos como votantes activos y a personas que emigran, porque no se registran en el exterior y permanecen en el censo electoral. La misión propuso contar con un sistema de depuración y actualización permanente para mantener vigentes los registros.

En su declaración final la MOE/OEA expresó que “el estrecho margen de resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados”. Entre otras sugerencias se planteó verificar 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, otorgar un plazo razonable para que los partidos interpusieran las impugnaciones de resultados debido al retraso que sufrió tanto el escrutinio ordinario como el especial, verificar la integridad del sistema de escrutinio y divulgación electoral, y esperar a que en un plazo de 30 días el TSE emita la declaratoria oficial del ganador del proceso. Igualmente censuró enérgicamente la pérdida de vidas como consecuencia del recelo y las sospechas que generó la pasividad del organismo electoral.

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil ante la manipulación de la institucionalidad, y la baja participación electoral, apenas un 58 % del padrón. Un factor adicional, propio de su sistema electoral, es que no existe la segunda vuelta presidencial, mecanismo que habría permitido una competencia entre los dos candidatos más votados por no alcanzar ninguno de ellos el 50 % más uno de los votos.

Varias de las circunstancias ocurridas en Honduras, si no es que la mayoría de ellas, se aplican, salvando las diferencias, a lo ocurrido en 2015 durante las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas. El árbitro electoral debe evitar que los procesos de 2018 y 2019 se transformen en una catástrofe que derive en una severa crisis política.

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Comunicado de la Secretaría General de la OEA respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras

6 de diciembre de 2017 / OEA

Screen Shot 2017-12-06 at 10.32.47 PM.pngLa Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA para las elecciones en Honduras ha informado a la Secretaría General de la OEA sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permiten a esa Misión tener certeza sobre los resultados.

Por otra parte, resulta claro que no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral -como ha denunciado parte de la oposición- restituir la confianza de la población en el proceso.

Esta desconfianza y polarización han generado episodios insostenibles de violencia. Resultan irresponsables e incompatibles con la democracia los llamados públicos al amotinamiento e insurrección militar realizados en el contexto postelectoral.

Con igual fuerza, la Secretaría General de la OEA deplora los extemporáneos llamados a la violencia y a la utilización de fusiles de asalto en poder de particulares por parte de líderes partidarios.

La Secretaría General de la OEA condena, asimismo, las muertes acaecidas y exige la inmediata investigación de los hechos, al tiempo que expresa sus condolencias y se solidariza con el dolor de las familias de las víctimas.

La suspensión de los derechos constitucionales relacionados al Decreto del 1 de Diciembre de 2017 emitido por el Gobierno de Honduras se justifican según la Carta Magna citada en el decreto considerado en situaciones extremas, tales como “la invasión del territorio nacional, la perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general”. Por ello, la Secretaría General de la OEA considera desproporcionada la aplicación de estas medidas frente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral llevado a cabo el 26 de noviembre de 2017, y solicita el inmediato levantamiento de las mismas.

El proceso electoral es por excelencia la manifestación de la expresión popular, y la democracia no puede ni debe ser menoscabada por irregularidades graves, represión y muertes.

Es imprescindible que se den garantías suficientes para que la violencia sea detenida inmediatamente.

Mirando hacia adelante, el informe de la MOE ha exigido una serie de acciones con el fin de restablecer la confianza, generar certidumbre y dar garantías.

Por ello,  hacemos nuestras las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe preliminar de la MOE. Dichas conclusiones han determinado, con base a criterios técnicos derivados de estándares internacionales, las etapas necesarias a completar.

Lleváremos adelante todos los pasos señalados y brindaremos el imprescindible seguimiento.

El candidato presidencial Juan Orlando Hernández Alvarado ha admitido las conclusiones y recomendaciones del informe de la MOE, y ha manifestado su compromiso de someter al escrutinio técnico con acompañamiento de los observadores internacionales los resultados de las elecciones.

Lamentablemente, pese al sustento técnico y de base científica de las recomendaciones de la MOE, no ha sido posible llegar a un acuerdo firmado.

La Secretaría General de la OEA reitera que el proceso electoral en la República de Honduras no ha concluido, por cuanto resta para ello la implementación completa de las recomendaciones que siguen a continuación:

  • El cotejo de las 1.006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial con las originales recibidas, para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas online o parte de aquellas que fueron procesadas una vez llegaron al Centro de Acopio Nacional Electoral, ubicado en las instalaciones del INFOP.
  • La verificación de las 5.174 actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias.
  • La revisión de la participación en la votación de los departamentos de Lempira, Intibucá y la Paz, tomando el 100% de las Mesas Electorales Receptoras (MERs) de cada uno de los departamentos.
  • El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones. Debido a los retrasos en los escrutinios ordinario y especial, se exhorta al Tribunal Supremo Electoral a ser flexible en la recepción de estas impugnaciones y a resolverlas con todas las garantías procesales, de forma individualizada tras un cuidadoso análisis debidamente fundado y motivado.
  • La publicación de los listados de los miembros de las MERs de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yoro.
  • La verificación de la integridad del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) y de sus componentes.

Si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la Misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar inclusive la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantías de que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen.

La Secretaría General de la OEA no dejará solos a los hondureños y reafirma su máxima vocación para contribuir a resolver las diferencias en torno al proceso electoral. Por ello, la MOE se mantiene para continuar su apoyo técnico-político.

Referencia: C-090/17

 

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¿Epidemia para Centroamérica? De Luis Mario Rodríguez

En esta era de la transparencia la gente sabe más, exige más y quiere más. La respuesta a todo este barullo debe ser institucional, necesita huir del inmediatismo y tiene que rechazar por completo el populismo.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 30 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

Honduras pasa por un momento de inestabilidad política que podría derivar en una crisis de gobernabilidad. La combinación entre un candidato-presidente que manipuló la justicia constitucional para reelegirse, el retraso injustificable del Tribunal Supremo Electoral para declarar al vencedor, y la posibilidad de triunfo de otro “señor de la televisión” resulta para ese país –y quizás para la región entera– en un muy mal augurio.

EDH logEn Centroamérica, como en el resto del Continente, a la democracia la amenazan enemigos despiadados. Las noticias falsas, la ira colectiva contra la clase política por la falta de resultados, el descrédito de las autoridades electorales, el espacio, cada vez mayor, para que el “personalismo” en la política penetre en las esferas de poder y terminen en el Ejecutivo candidatos, casi siempre populistas y sin partido, la reducida distancia entre perdedores y ganadores, y la manipulación de las Cortes de Constitucionalidad para lograr la reelección presidencial indefinida, representan algunas de las causas que van carcomiendo lentamente la confianza de los ciudadanos en las organizaciones partidarias, en la institucionalidad y, en general, en las elecciones como el mecanismo exclusivo para acceder a cargos públicos por el voto popular.

El Istmo presenta particularidades muy propias, en buena medida, como resultado de los factores señalados en el párrafo anterior. La permanente incertidumbre política en Guatemala, país en el que al mismo tiempo de tomar conciencia de la necesidad de erradicar la corrupción carece de un proyecto político sólido por la falta de partidos; la fragmentación legislativa en Costa Rica, república en la que, una vez procesados algunos expresidentes por presuntos malos manejos de fondos públicos, surgieron una decena de institutos políticos que terminaron con el bipartidismo, originando una seria parálisis que mantiene detenidos importantes asuntos como el de la reforma fiscal; el secuestro de las instituciones, asumido como incurable por la sociedad civil y prolongado en el tiempo por los Ortega-Murillo, que hace del régimen nicaragüense, parafraseando a Carlos Fernando Chamorro, una nación autoritaria en lo político, populista en lo social y liberal en lo económico; ahora la lucha incierta por la presidencia en Honduras y el desastroso papel del árbitro electoral; y la insistencia del principal partido de izquierda en El Salvador de amenazar al empresariado con llevar al país al socialismo, aunado al obstinado amago por violentar la independencia de los Órganos de Estado, desafían al liderazgo centroamericano a atender el germen del desajuste democrático que estamos presenciando.

Por otra parte el comportamiento de los dos candidatos más votados en las recientes elecciones hondureñas rememora una situación similar ocurrida en México durante los comicios de 2006 y destaca la relevancia de una justicia electoral oportuna e imparcial. El episodio protagonizado por Manuel Andrés López Obrador cuando desestimó el veredicto ciudadano que le concedió la victoria a Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional, se solventó con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta última entidad es la encargada de calificar la validez de las elecciones mientras que el organizador del evento es el Instituto Nacional Electoral.

Contar con un modelo desconcentrado, en el que una institución administra los procesos electorales y otra dirime, en plazos razonables, los conflictos que surgen cuando se presenta alguna irregularidad o se incumple la normativa sobre elecciones, le permitió a los mexicanos prevenir un trance que habría sido profundamente traumático para el proceso democrático iniciado en 1977. En las elecciones de diputados en 2014 y en las presidenciales de 2015, a falta de actuación del Tribunal Supremo Electoral, debió ser la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que resolviera las demandas de los partidos. Ello demuestra el incipiente desarrollo de la justicia electoral salvadoreña.

Los aspectos que están debilitando a los sistemas políticos en la región se asientan sobre el desnutrido crecimiento económico, un galopante desempleo y el amplio sector informal. También se aprovechan del deteriorado progreso social y del angustioso aumento de la pobreza. En esta era de la transparencia, la gente sabe más, exige más y quiere más. La respuesta a todo este barullo debe ser institucional, necesita huir del inmediatismo y tiene que rechazar por completo el populismo.

El voto secreto y los debates en las internas… De Luis Mario Rodríguez

Los precandidatos en los distintos partidos tienen que debatir. Esta es la única manera de comparar las capacidades, aptitudes y visión de país de quienes pretenden gobernar.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 16 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

La designación de los presidenciables debe ser el resultado del voto secreto de la militancia. Esta condición, que deriva de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pasa por el establecimiento de un procedimiento interno en los partidos que asegure la total transparencia en el conteo de los votos y en el procesamiento de los resultados.

EDH logA diferencia de los comicios celebrados en la historia reciente de El Salvador, en los que las cúpulas partidarias señalaban al “ungido” y donde la “mano alzada” era el método empleado para “escuchar la voz” de los militantes, por primera ocasión serán estos últimos los que, en reserva total, decidirán quién los representará en la competencia por el Ejecutivo durante el 2019.

Si falla la secretividad del voto fracasará la elección interna y sobrevendrá la crisis en el respectivo instituto político. El Tribunal Supremo Electoral no podría inscribir al precandidato ganador y éste se quedaría fuera de la contienda presidencial.

La protección de la identidad de los electores y del sentido de su voto blinda a todos aquellos que podrían sentirse amenazados por haber ofrecido su apoyo, voluntaria o involuntariamente, a determinado precandidato. En 2008, cuando se celebró el proceso para designar al candidato del entonces partido de gobierno, algunos de los altos dirigentes se distribuyeron en los catorce departamentos de tal forma que los afiliados votaron “a viva voz” bajo la mirada desafiante de quienes tenían la potestad de terminar con su carrera política o de despedirlos si ocupaban un cargo en una institución pública.

No obstante esa intimidación, decenas de integrantes de las juntas municipales respaldaron a precandidatos diferentes al bendecido por el presidente de turno. Este gesto fue interpretado como una muestra de “indisciplina” de las directivas cuando en realidad era una clara manifestación de la “sabiduría” de los hombres y mujeres que intuían una clara derrota si se imponía al candidato presidencial. Y precisamente eso fue lo que ocurrió.

La historia no fue muy diferente en el principal partido de izquierda. En su caso imperaba el verticalismo y los procesos internos no eran más que fachadas para demostrar que el “elegido” había competido por la nominación. Se sabía que la disciplina superaba a cualquier intento de insubordinación y que el castigo ante todo atisbo de rebeldía era la expulsión. Es más, en 2009 y en 2014 la dirigencia acordó nombrar al aspirante presidencial en una asamblea general en la que también la “aclamación” sustituyó al voto secreto.

Adicionalmente las comisiones electorales nacionales deben cuidar que no se incumplan las normativas que rigen las elecciones internas. Es necesario prohibir el “clientelismo político” que puede ser utilizado por los precandidatos para afianzar el voto de los simpatizantes a cambio de prebendas u otro tipo de “ofertas”. Además se requiere vigilar las expresiones de apoyo fuera del período fijado para la campaña interna.

Aún y violentando estas restricciones reglamentarias, comportamiento que merece ser sancionado, la militancia puede votar libremente por la opción que prefiera y que considera como el mejor oponente frente al resto de competidores de los otros partidos. Nadie le vigilará al momento de marcar la papeleta ni estará en peligro su futuro político o su empleo.

Por otra parte, los precandidatos en los distintos partidos tienen que debatir. Esta es la única manera de comparar las capacidades, aptitudes y visión de país de quienes pretenden gobernar. Una gira nacional por los departamentos en la que cada quien exponga su propuesta contrastándola con la del resto de participantes es saludable para elegir al más calificado.

Este ejercicio permitirá a los militantes, en su calidad de ciudadanos, y a quienes no pertenecen a ningún partido, conocer los planes y proyectos de los precandidatos para solucionar los problemas locales. También es conveniente una discusión sobre temas trascendentales como el de la seguridad pública, la situación fiscal, la continuidad en el combate a la corrupción, la modernización del Estado y el respeto a la libertad de expresión, los derechos humanos y la independencia de los Órganos fundamentales del Estado.

El filtro que imponen las “primarias” es positivo. Democratiza el poder al interior de los partidos.

La observación electoral independiente. De Luis Mario Rodríguez

Cuando el encargado de organizar las elecciones no indica los avances de aspectos relevantes como la tecnología que se utilizará para transmitir y procesar los resultados, se genera un ambiente de escepticismo que puede provocar una baja participación el día de las elecciones.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 26 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó esta semana un informe que explica “la diferencia entre tener o no observación electoral independiente”. Lo hizo en clara alusión a las recientes elecciones en Venezuela sobre las cuales, previamente, este organismo hemisférico señaló que estuvieron “a todas luces plagadas de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaran la voluntad del pueblo venezolano”.

EDH logLa facilidad con la que el ciudadano puede ejercer su derecho al sufragio y la confianza en el árbitro electoral son dos de los elementos fundamentales que distinguen a unos comicios válidos y transparentes de otros que no lo sean. Si al votante se le dificulta encontrar su centro de votación o éste se encuentra alejado de su domicilio, no tiene clara la forma de votar, sus datos no coinciden con los del padrón y no consigue referencias de los candidatos y de las propuestas de los partidos, entonces nos encontramos frente a un sistema que no simplifica el proceso para votar y, por tanto, obstaculiza la posibilidad de la población de exigir cuentas a sus representantes.

Por otra parte, cuando el encargado de organizar las elecciones no indica los avances de aspectos relevantes como la tecnología que se utilizará para transmitir y procesar los resultados, los requisitos para que los ciudadanos pueden integrar las mesas de votación, la capacitación de los responsables de contar los votos, las medidas que se adoptarán con la finalidad de evitar el uso indebido de recursos del Estado para campañas electorales o el método para fiscalizar el dinero que recibirán los partidos políticos, se genera un ambiente de escepticismo que puede provocar una baja participación el día de las elecciones.

Para no ahuyentar a los electores de las urnas debe garantizarse el empleo efectivo de todas las formalidades mencionadas en los párrafos anteriores. También es necesario certificar que los comicios contarán con reglas claras y condiciones equitativas que posibiliten una competencia pareja a los que aspiran al poder. La observación independiente contribuye a alcanzar ese objetivo. La OEA advierte en su análisis acerca de los riesgos que enfrenta una elección cuando no se impulsa este tipo de supervisión por actores ajenos al proceso. Además aclara que hay procedimientos que tienen que ser auditados en paralelo a su ejecución y no en una “fase postelectoral”. Aquellos que sí pueden evaluarse con posterioridad al evento “requieren del acceso a mucha información” y contar con el compromiso de la autoridad de transparentar los procesos y ofrecer toda la documentación a los auditores.

En Venezuela debió vigilarse la convocatoria del proceso y el calendario del mismo; la admisión, rechazo o sustitución de candidaturas; la elaboración del padrón; el acto para escoger la posición de los partidos en la papeleta; la conformación de las mesas de votación; la aprobación y publicación del directorio de centros de votación; la campaña, el acceso a medios y la regulación del financiamiento político; y la totalización, adjudicación y la proclamación de resultados.

En prácticamente todas las etapas se presentaron anomalías “que se hicieron visibles dentro y fuera del país y generaron un clima de desconfianza e incertidumbre respecto a la transparencia y validez de los comicios”.

Otra de las auditorías que la OEA describe como imprescindible es la aplicable a los sistemas informáticos. El uso de tecnología en las elecciones es cada vez más frecuente como reiterado es también el debate sobre la seguridad de estos nuevos métodos. Tanto el voto electrónico como la posibilidad de transmitir y procesar los resultados a través de mecanismos tecnológicos generan en la población el temor que su sufragio sea alterado o se distorsione la voluntad popular. La OEA recomienda el acompañamiento de los partidos políticos y de actores creíbles a los exámenes y revisión que el organismo electoral efectué a los equipos que se utilicen.

En El Salvador debe promoverse la observación de todas las etapas del proceso electoral. Con ello se daría certeza al trabajo del TSE y se suprimiría toda sospecha de trampa. El aval de la OEA animaría al electorado a concurrir masivamente a esta fiesta cívica.

Fraudes electorales. De Luis Mario Rodríguez

El riesgo es que estos procesos electorales presentan desviaciones cada vez más pronunciadas, entre las que destacan la inequidad en el financiamiento político, el ventajismo oficial, la adulteración de los resultados.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 19 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

El fraude electoral en Venezuela nos demuestra que la manipulación de la voluntad popular sigue constituyendo una amenaza a la democracia. La ausencia total de independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su sumisión descarada al Ejecutivo burlaron por completo las reglas de la competencia. Así lo delató la oposición política aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 16 de los expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

EDH logA diferencia del siglo pasado, cuando las dictaduras truncaron por completo la alternancia política, la defensa internacional de la democracia ha pasado a un primer plano en el que los organismos internacionales y la comunidad de naciones reaccionan de inmediato para reclamar el restablecimiento del orden constitucional allá donde existen amagos de graves fracturas políticas. La Carta Democrática Interamericana garantiza la práctica de la democracia representativa y su aplicación, aunque depende de la voluntad de los Estados que integran a la OEA, cuida la limpieza de las elecciones y fomenta la denuncia de todo intento de distorsión por parte del oficialismo.

Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se celebrará en diferentes países latinoamericanos, incluyendo El Salvador, un aproximado de 14 elecciones entre presidenciales, legislativas y municipales. En Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela se elegirán a los titulares del Ejecutivo. Algunos de estos países también votarán por diputados, gobernadores y alcaldes.
La buena noticia es que la democracia electoral persiste como el mecanismo por excelencia para alcanzar el poder político. El riesgo es que estos procesos, no obstante erigirse como la única vía para acceder a la administración de la cosa pública, presentan desviaciones cada vez más pronunciadas, entre las que destacan la inequidad en el financiamiento político, el ventajismo oficial, la adulteración de los resultados, como acusó Smartmatic en la consulta para la ilegal Asamblea Constituyente en Venezuela, la insuficiencia de información a los votantes, la parcialidad de los árbitros electorales y la pésima organización de los comicios.

La sofisticación para engañar a los votantes incluye también al populismo y al clientelismo político. Nicaragua representa un buen ejemplo. La combinación de reformas constitucionales para reducir el porcentaje de votos que necesita el ganador, el secuestro de las instituciones, incluyendo al organismo encargado de administrar las elecciones, y el intercambio de bienes por votos contaminan por completo la esencia del sistema electoral. Otro recurso empleado en la última década, principalmente en los países que integran el socialismo del siglo XXI, fue el del “nuevo constitucionalismo”. La principal reforma en esa corriente es la de permitir la reelección presidencial indefinida. Sucedió en Venezuela y Ecuador. Los gobernantes que no obtuvieron el respaldo para cambiar la Carta Magna invocaron la interpretación del máximo tribunal de justicia para conseguir el aval que les permitiera competir de nuevo por el cargo. Ese fue el caso de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras. También lo intentó sin éxito Álvaro Uribe en Colombia y lo logró Óscar Arias en Costa Rica.

La antipolítica es otro de los grandes aliados del debilitamiento de las democracias. Acuerpados por la decepción del pueblo ante la falta de respuesta por parte de los gobiernos de turno al desempleo, la pobreza, la inseguridad y por la carencia de servicios públicos de calidad, los “outsiders” han venido penetrando en la conciencia ciudadana y se han impuesto a los partidos tradicionales. En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la pretensión de 86 personas para aspirar a candidaturas independientes a la presidencia de la República en 2018. Quienes pasen el filtro que establece la ley deberán obtener más de 800,000 firmas para que su intención se concretice y se les inscriba oficialmente como aspirantes a la “silla del águila”.

El blindaje más efectivo para enfrentar el boicot de las elecciones es la observación electoral nacional e internacional. Solo así es posible descubrir la determinación de algunos de falsear los eventos electorales o de utilizar artificios que inclinen la balanza a favor de uno u otro candidato. Ese será el antídoto más seguro en el caso salvadoreño.

Dos referentes políticos para la reflexión… De Luis Mario Rodríguez

El expresidente y el exsecretario serán recordados como políticos de “pura cepa”, comprometidos con el ideario de sus respectivos institutos políticos, pero, sobre todo, identificados con las necesidades más urgentes de los ciudadanos.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 12 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La reacción de prominentes líderes de los dos partidos mayoritarios ante la muerte de Armando Calderón Sol y de Hato Hasbún nos confirma la falta que le hace al país la práctica del diálogo social y de la negociación política. Uno, expresidente de la República por ARENA, el primero después de la firma del Acuerdo de Paz. El otro, exsecretario presidencial en las dos administraciones del FMLN, encargado de la “gobernabilidad democrática”, de las comunicaciones y, en determinado momento, de coordinar el espinoso asunto de la seguridad pública. A los dos les correspondió administrar momentos históricos para sus entidades políticas y para la Nación.

EDH logEmpezar a tejer una relación con la exguerrilla, ya no con la finalidad de concluir un conflicto armado sino con el propósito de reconocer su legítimo derecho como fuerza opositora en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos locales, no fue una tarea sencilla. Se requirió de una dosis alta de tolerancia, apertura, carácter y sentido de responsabilidad. Los testimonios de destacadas figuras del partido de izquierda evidencian que el expresidente Calderón Sol lo hizo bien. Eran frecuentes, incluso antes de su penoso deceso, las expresiones de admiración hacia el político de derecha. Se rememora su predilección por el debate y la flexibilidad ante las peticiones que beneficiaran a la población sin importar el origen político de las iniciativas. El impulso de trascendentales reformas constitucionales vinculadas al fortalecimiento del sistema político y a la transparencia de las elecciones; la participación ciudadana a través de la Comisión Nacional de Desarrollo; y una acentuada personalidad, sencilla pero al mismo tiempo firme e imperturbable, que facilitó el trayecto de un quinquenio presidencial donde el respeto, la paciencia y la condescendencia allanaron la relación con el FMLN, representan algunos de los legados más importantes del Doctor Calderón Sol.

Por otra parte, sin la alternancia en la Presidencia la transición democrática que inició en 1992 se habría visto limitada. Esta fue una condición que consolidó los Acuerdos de Paz y cada vez, con mayor convicción, los partidos la consideran como una característica estable de la política salvadoreña. La sucesión en el Ejecutivo no eliminó las tensiones propias de una forma distinta de gobernar. El arribo de la izquierda al poder generó ansiedades que debieron ser correctamente administradas. Siendo la primera vez que la presidencia recaía en una organización con postulados socialistas, las expectativas y los temores alcanzaron niveles muy elevados. Las dudas y la desconfianza del empresariado y de buena parte de la sociedad civil se justificaban debido al pasado y a la orientación ideológica de las propuestas del FMLN. Hato Hasbún encaró esta realidad. Tendió puentes, fundamentalmente con el sector productivo, y desamarró poco a poco los nudos generados por el recelo y el escepticismo que, sábado tras sábado, eran alimentados por los constantes ataques y descalificaciones que el presidente de turno enfilaba en contra de empresarios, académicos, líderes de opinión, dirigentes sindicales y sociales que criticaban su gestión.

Estar al frente de una secretaría presidencial cuyo desafío principal era el de persuadir a las élites productivas, laborales y sociales, de que el diálogo sí era posible y que sus demandas serían canalizadas y llevadas a la práctica, significó un reto monumental para “don Hato”. A pocos días de la presidencial de 2009, con la incertidumbre de quién sería el nuevo inquilino de Casa Presidencial, suscribimos con el flamante exsecretario, él en representación del FMLN y algunos otros por diferentes movimientos ciudadanos, un acuerdo que establecía el compromiso de promover entendimientos institucionales que permitieran un fluido intercambio de propuestas para el desarrollo nacional. Desde entonces, demostró una inclinación muy clara a la creación de espacios en los que pudiera discutirse, distendidamente, sobre la difícil situación nacional en materia económica, de seguridad pública y social.

El expresidente y el exsecretario serán recordados como políticos de “pura cepa”, comprometidos con el ideario de sus respectivos institutos políticos, pero sobre todo, identificados con las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Los dos se auxiliaron de su sentido del humor, pero especialmente fue su sensibilidad humana la que les permitió cumplir su misión como hijos predilectos de esta Patria.

De nuevo la seguridad pública…. De Luis Mario Rodríguez

Mientras la sociedad no exija un compromiso integral, los políticos y las mismas víctimas y familiares de estas seguirán conformándose con parches legales, demostraciones de fuerza y estrategias dispersas.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 21 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Las últimas decisiones del gobierno para mitigar las condiciones de inseguridad combinan reformas legales con una mayor presencia policial y de efectivos militares. De la misma manera que en administraciones anteriores, de derecha y de izquierda, las autoridades quieren hacer creer a la gente que las circunstancias mejorarán aumentando penas y exhibiendo al ejército en las calles. Para quienes sufren en carne propia la crueldad de los extorsionistas, homicidas y ladrones, estas medidas les parecerán correctas e imprescindibles.

EDH logEn aquellas zonas donde las pandillas, y no el Estado, son las que establecen las reglas de “convivencia social” por supuesto que resulta mil veces preferible que sean los agentes de la PNC o la Fuerza Armada los que cuiden y protejan a su familia. La idea que ha venido cincelándose desde hace varios años en la opinión pública, de que no importa que se viole la ley con tal de resolver la crítica situación de violencia que soportan los habitantes, sigue tomando forma y alentando al Estado a emprender “todo tipo de actos” para generar una sensación de alivio entre la población afectada.

El dilema de la falta de seguridad permanecerá sin modificación alguna de continuar todos, los funcionarios y los habitantes, aceptando una solución que indudablemente nos conduce siempre a los mismos resultados. Los primeros insisten en estos métodos porque de lo contrario pueden obtener efectos adversos en las próximas elecciones; y los segundos admiten los remedios anunciados porque simplemente no soportan el infierno que padecen diariamente. De esta manera las trabas que ocasionan las decenas de homicidios y delitos de todo tipo para el comercio, el crecimiento económico y el ejercicio de las libertades, debido a la mala imagen que proyecta el país, no harán más que multiplicarse y ampliar su radio de acción limitando el desarrollo nacional.

Cuando en 2014 el presidente Sánchez Cerén creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se anunció una nueva etapa de acuerdos entre los distintos sectores que enfrentaría la epidemia de asesinatos que afecta a la Nación. Este fue también el objetivo de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social durante la última administración del partido ARENA. Ambas instancias presentaron sendos planes en la materia, cuyo seguimiento e implementación “brillaron por su ausencia”. De haberse ejecutado estas iniciativas la realidad en este ámbito habría mejorado.

A cinco meses de las elecciones es poco probable que los responsables de la seguridad pública, la presidencia y el partido en el poder renuncien a una estrategia muy similar sino idéntica a la utilizada por los gobiernos de derecha. Y al final los dañados somos todos. Es así porque se prefieren los votos y se desprecia la vida de los cientos de salvadoreños que la pierden como consecuencia de un hecho delictivo. Mientras la sociedad no exija un compromiso integral, los políticos y las mismas víctimas y familiares de estas seguirán conformándose con parches legales, demostraciones de fuerza y estrategias dispersas.

Es innegable que a los policías y a los soldados debe cuidárseles. Quienes atentan contra ellos desafían a la comunidad entera. También es una verdad comprobada que para encarar a la delincuencia se necesitan recursos. Con una policía desmotivada, sin el equipo idóneo, con la existencia amenazada, lo mismo que la de sus allegados, no es posible luchar contra un flagelo cuyas raíces tienen varios metros de profundidad. Esas dos condiciones, la protección de las fuerzas de seguridad y el auxilio presupuestario, deben ser parte de una política criminal que incluya acciones de prevención del delito, reinserción y rehabilitación de los pandilleros y de los malhechores condenados, y una severa aplicación de la ley que respete el Estado de Derecho y que al mismo tiempo imponga orden en el territorio.

Cuando se convive con el mal, como ocurre en El Salvador, se pierde la sensibilidad y la capacidad de exigir un arreglo definitivo de las contrariedades y las penas que nos agobian. Por eso es necesario recordarle a los electores que la obligación de sus representantes es la de cumplir con sus promesas, en este caso la de recuperar el control de la seguridad y no la de proteger su reelección.