Luis Mario Rodríguez

Lecciones del 16J. De Luis Mario Rodríguez

La coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 20 julio 2017 / EDH

La consulta popular celebrada en Venezuela el pasado 16 de julio nos demuestra que la sociedad civil es capaz de enfrentar, con la Constitución y la ley en la mano, a quienes pretenden secuestrar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Lo hizo a pesar del corto tiempo con el que contó, la insuficiencia de recursos y las amenazas del oficialismo por boicotear el ejercicio democrático convocado por la Asamblea Nacional. No la detuvo ni la represión de la que han sido víctimas los estudiantes ni las decenas de muertos a causa de la violencia empleada por las fuerzas de seguridad del Estado.

EDH logLa coordinación de esfuerzos entre las organizaciones civiles y los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le demostró al mundo que en realidad la insatisfacción social, más que existir en perjuicio de la democracia, se encamina contra aquellos que abusan del poder, que reprimen la libertad de expresión, que disfrazan el populismo con el ropaje de programas sociales insostenibles financieramente y que ignoran principios básicos de todo sistema republicano como la separación de poderes, la libertad de expresión y la renovación de las autoridades a través de elecciones libres, transparentes y justas.

Un antecedente previo se presentó en 2015 en los comicios parlamentarios donde los partidos de la MUD ganaron la mayoría de diputados. En esa ocasión los movimientos ciudadanos desplegaron una campaña en redes sociales acerca de las condiciones que debía cumplir el proceso electoral. Un grupo de abogados y politólogos de varios países latinoamericanos viajamos a Caracas, invitados por el Centro Carter, para persuadir al liderazgo civil venezolano para trabajar por una finalidad concreta: evitar la dispersión de objetivos, impedir la parcialidad del Consejo Nacional de Elecciones y exigir la limpieza de los resultados. Las acciones se enfilaron entonces a esa meta común y, aunque los recursos financieros fueron escasos, contribuyeron al triunfo de la oposición.

Pueden identificarse otros factores, pero algunos de las circunstancias que allanaron el camino del éxito para que más de siete millones de venezolanos atendieran el llamado de la oposición el 16J fueron el hartazgo de la gente con la situación política, social, económica y de seguridad, la actuación sincronizada de organizaciones partidarias, la sólida ofensiva internacional, la observación por parte de figuras notables del ámbito político, el establecimiento de “puntos soberanos” –mesas donde se votaba- en todos los estados de Venezuela y en el extranjero, además de la granítica participación de la sociedad civil.

En el caso salvadoreño, a partir de 2010 ha despuntado un favorable protagonismo de todos aquellos que, sin pertenecer a un partido político, quieren influir en el correcto funcionamiento del Estado. Ciertamente desde los Noventa varias agrupaciones no partidarias vienen empujando una agenda orientada a fortalecer la independencia de las instituciones, a promover la transparencia y a mejorar el sistema electoral. Sin embargo, con la integración de la Sala de lo Constitucional en 2009 y más recientemente, con la conformación de la Corte Plena, tomó nuevos brillos el interés de la población organizada por impulsar medidas que respalden la decidida aplicación de la ley, el uso correcto de los fondos públicos y una más efectiva contraloría y rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

En 2017 el país cuenta con iniciativas de jóvenes, grupos promotores de la probidad, la transparencia y el acceso a la información, consorcios que aglutinan a diferentes gremiales, sindicatos, universidades y centros de pensamiento, además de otras alianzas surgidas recientemente como DECIDE y FUERZA CIUDADANA que persiguen propósitos semejantes vinculados a la consolidación institucional y al acatamiento del orden jurídico. Sus integrantes son una mezcla de personas que nunca han militado en partidos políticos, otras que lo hicieron por muchos años y ahora prefieren aportar su experiencia desde otro tipo de asociaciones, académicos, profesionales, trabajadores, empresarios y un buen número de recién graduados en varias de las mejores universidades del mundo.

Ojalá que sin perder la identidad y la intención de cada cual, quienes dirigen estas instancias piensen en una gran “coalición civil” que identifique actividades puntuales en las que se muestre el “músculo” que empieza a tonificarse aceleradamente para defender la democracia.

La incertidumbre… De Luis Mario Rodríguez

El escepticismo no es buen compañero de viaje. Aleja la inversión local y extranjera, impide la adopción de acuerdos sobre aspectos fundamentales en materia económica, produce una “sospecha” en cualquier acto o declaración que hagan los funcionarios públicos y los políticos.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 13 julio 2017 / EDH

La incertidumbre se ha convertido en “la madre” de todos los problemas nacionales. La falta de certeza sobre diferentes aspectos que podrían afectar el bienestar general agobia a los ciudadanos diariamente. Cada quien se resguarda, como puede, de la amenaza de las pandillas; las empresas, principalmente las micro y pequeñas, viven con el agobio de las extorsiones; los empleados perciben la preocupación de sus jefes por la excesiva burocracia y los consecuentes retrasos que esa situación causa en el EDH logcumplimiento de las metas y los objetivos anuales; las plenarias legislativas se han convertido en una “caja de sorpresas” en las que se desconoce si serán aprobadas reformas que afecten al sistema de pensiones, a la libertad de expresión y al combate a la corrupción o, si por fin, se adoptarán medidas que garanticen la fidelidad de los resultados en las próximas elecciones.

A la desconfianza la alimentan las amenazas de los funcionarios y la excesiva regulación gubernamental. Recientemente el titular del Tribunal Supremo Electoral advirtió a las organizaciones civiles abstenerse de “desestabilizar” las próximas elecciones legislativas y municipales. Por otro lado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó el proyecto de prevención de la violencia en el que se propone la “autorregulación” para que los medios de comunicación filtren el contenido de las noticias relacionadas con hechos de violencia para no afectar la salud mental de los salvadoreños.

Asimismo las carteras de Salud y Educación anunciaron la aprobación de la “normativa de tiendas y cafetines escolares saludables”, la que, según las gremiales empresariales de alimentos y bebidas, no fue estudiada en la mesa donde se estaba analizando el contenido de la misma desde hace por lo menos dos años.

El sector privado también se queja de los constantes retrasos en las aduanas, la arbitrariedad con la que se aplican las leyes fiscales y el retroceso en la facilitación del comercio. Una regulación adicional tiene que ver con el examen psicológico para obtener la licencia de conducir.

En materia de estabilidad política la duda surge cuando se estudian las consecuencias generadas en otros sistemas por la insatisfacción ciudadana con la democracia. Como ya se ha comentado, “la demonización” de los partidos por parte de la población los ha debilitado hasta el punto de afectar la composición de los congresos, es decir, el número de partidos y diputados que los integran, mostrando rupturas significativas, lo que ha entorpecido la gobernabilidad legislativa, dificultando a su vez el avance de los programas presidenciales que necesitan de leyes para su implementación. Ciertamente lo anterior depende de la capacidad del mandatario para “tejer” alianzas; pero esta tarea se vuelve más difícil si los partidos con los que debe discutir son diez y no dos o tres y, si además, existen varios diputados independientes, cada uno con su propia percepción de la realidad.

En definitiva, el escepticismo no es buen compañero de viaje. Aleja la inversión local y extranjera, impide la adopción de acuerdos sobre aspectos fundamentales en materia económica, produce una “sospecha” en cualquier acto o declaración que hagan los funcionarios públicos y los políticos y, en resumen, no permite resolver los dilemas colectivos. Cuando se está al acecho permanentemente, los actores se enfocan en lo urgente y descuidan lo importante. ¿Cuánta energía, creatividad e imaginación malgastamos semanalmente dedicándonos, entre otros temas, a pensar en las estrategias para evitar que el Estado expropie los fondos de pensiones; a calcular cuál es el plan de la autoridad electoral para evitar que se repitan los enredos de los comicios de 2015; a bregar con los inconvenientes que imponen las oficinas públicas para facilitar los negocios y a detener todo intento de pervertir las instituciones nombrando funcionarios de segundo grado con agenda ideológica y partidaria?

Uno de los más importantes asuntos que deben atender los precandidatos presidenciales y los aspirantes a diputados y a alcaldes es la creación de certeza, predictibilidad y seguridad jurídica que piden los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos. Continuar sin una visión de país, con el camino empedrado y lleno de obstáculos hacia el futuro, aumentará la incredulidad y sumará más años al enorme retraso que ya presenta el desarrollo nacional.

La renuncia de los diputados… De Luis Mario Rodríguez

En los controversiales temas “liberales” y “conservadores”, como lo señaló la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, “lo relevante es abrir el espacio a la discusión”.

Luis Mario Rodríguez, 6 julio 2017 / EDH

El alboroto causado por la renuncia de dos diputados a su reelección para la Legislatura 2018-2021 por el principal partido de oposición ha provocado el debate sobre los procedimientos y criterios que se están aplicando en las elecciones internas de los partidos políticos. Estos últimos fallaron al no divulgar públicamente los requisitos que exigirían para tamizar las solicitudes de los aspirantes a precandidatos. Transparentar esta información probablemente habría evitado el escándalo mediático que causó el rechazo de las personas propuestas por los legisladores Wright y Valiente como sus suplentes.

El episodio del fin de semana nos deja dos reflexiones. La primera tiene relación con las condiciones establecidas por las dirigencias de los institutos políticos para la inscripción de los precandidatos. Puede tratarse de la experiencia en actividades de servicio, la preparación académica y la militancia previa, entre otros aspectos. Estas formalidades deben ser coherentes con lo dictado por la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones y con los requerimientos que señala la Constitución de la República. En efecto, se requiere de filtros que prevengan una inscripción masiva de aspirantes, algunos de los cuales probablemente no reúnan el perfil indispensable para los cargos respectivos. Sin embargo, los reglamentos de los partidos no pueden imponer, a quienes aspiren a competir, “barreras de entrada” más allá de las indicadas en las sentencias de la Sala y en la Carta Magna.

Por otra parte, si la normativa está apegada a Derecho surge la obligación de aplicarla de manera uniforme a todos los precandidatos. No es válido exigir determinadas calificaciones a unos y a otros relajarle su imposición con tal que puedan ser aceptados sin problema alguno. En otras palabras, el “colador” tiene que ser parejo y no arbitrario. De lo contrario, los partidos se exponen a reclamos y a nulidades que pondrían en riesgo la inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

En un proceso de este tipo las reglas son fundamentales. Su ambigüedad o su empleo abusivo e injusto puede provocar sismas innecesarios en los partidos. También es fundamental que quienes valoren la posibilidad de someterse a la competencia por la candidatura a diputado, alcalde, presidente o vicepresidente calculen los riesgos, asuman que otros buscan ganar el proceso y reconozcan los resultados. Si no están conformes existen los mecanismos para apelar las decisiones hasta llegar, si fuera el caso, a pedir la intervención del árbitro electoral.

La segunda consideración tiene que ver con los valores, las posturas y los principios de los precandidatos. Aspectos como la probidad y el compromiso con materias asociadas a la transparencia, al acceso a la información pública, a la separación de poderes, a los derechos fundamentales y, en general, a las condiciones de todo sistema democrático, indudablemente no tienen discusión alguna. Los que no comulguen con estas ideas no podrían ser tomados en cuenta.

Luego vienen los controversiales temas “liberales” y “conservadores”. Se trata, por ejemplo, del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la legalización de las drogas. Son áreas en las que algunos estamos convencidos que no hay espacio para posiciones “relativas” que den lugar a “medias tintas”. Muchos sostenemos que no es posible valorar ningún tipo de aborto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que el consumo de las drogas puede generar estragos irreparables para quienes las usan. Sin embargo, la realidad se impone y buena parte del electorado, en especial los jóvenes, exige un debate acerca de estas cuestiones.

Este es uno de los retos más complejos para los partidos sobre todo cuando su ideario es incompatible con aquellos asuntos. En estos casos, como lo señaló la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, “lo relevante es abrir el espacio a la discusión”, teniendo presente que finalmente el partido, si es conservador, no respaldará esta agenda y, por tanto, algunos de los aspirantes posiblemente decidan no inscribirse en el proceso, o si se trata de diputados electos, se les permitirá votar diferente a sus colegas, alegando “objeción de conciencia”, aunque en el resto de la agenda legislativa se coincida en un ciento por ciento.

DECIDE… De Luis Mario Rodríguez

La gran controversia en la actualidad tiene que ver con la credibilidad de los partidos políticos. Precisamente ese es el “disparador” para el surgimiento a movimientos amplios y democráticos como DECIDE.

Luis Mario Rodríguez, 29 junio 2017 / EDH

El hartazgo político está haciendo ebullición. Era natural que el fastidio con los partidos generara tal efervescencia que obligara a la sociedad civil a pasar de la crítica a la acción. Está sucediendo desde hace un quinquenio cuando surgieron los indignados en España y los “Occupy Wall Street” en los Estados Unidos. Luego explotó en Brasil y Guatemala con escandalosos casos de malversación de fondos públicos, llegó a México cuando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se extendió a Honduras con la “marcha de las antorchas”, y los referéndums en Colombia y el Reino Unido reflejaron un comportamiento diferente de los habitantes. También las elecciones en Francia, Grecia y España mostraron una motivación del voto influenciada por el desasosiego de cientos de miles de familias afectadas por diversas razones.

Este hervidero de frustraciones ciudadanas se repite periódicamente en algún lugar del mundo. Abundan los reclamos por la falta de servicios públicos, por el pobre desempeño de la economía, por el creciente desempleo, por los intentos de concentrar el poder y por la abultada corrupción.

El empacho colectivo con los representantes que surgen de las urnas está provocando un remezón de enormes magnitudes en diferentes latitudes. En algunos sitios el malestar de la sociedad hundió a los partidos tradicionales, fragmentó el sistema y abrió el espacio para los líderes populistas. La reacción del electorado está causando oleajes peligrosos para la democracia. Se deteriora aceleradamente la confianza en las instituciones, las grietas por las que se cuela el financiamiento ilícito de la política se están ensanchando y se cree que las candidaturas independientes son el sustituto ideal a falta de liderazgos partidarios.

Por eso es relevante el surgimiento de nuevas voces y de entidades civiles que aspiran a proteger el sistema político, a fomentar el Estado de Derecho y a educar a la población para elevar la calidad del debate político. Esta es precisamente la plataforma que distingue al movimiento “Defensa ciudadana de la democracia” el cual, según sus fundadores, está integrado por varias otras iniciativas cuya agenda es coincidente con los intereses de DECIDE.

La gran controversia en la actualidad tiene que ver con la credibilidad de los partidos. Precisamente ese es el “disparador” que impulsa a las agrupaciones sociales a lanzarse al activismo. El debilitamiento de los primeros es precisamente el “caldo de cultivo” para demandar, entiéndase bien, su depuración, no su desaparición. Nada bueno puede surgir en un sistema democrático sin organizaciones partidarias. Cuando en política participan individuos sin un ideario que refleje la forma de pensar del que quiere alcanzar el poder, sin una estructura nacional y con un personalismo por encima de cualquier institución o grupo social, se fomenta el autoritarismo y se desnaturalizan las políticas públicas confundiéndose con programas asistencialistas que no garantizan su sostenibilidad en el tiempo.

DECIDE incluye entre sus acciones el “desarrollo de un amplio programa de educación y formación política que le permita al ciudadano interpretar la realidad del país y entender cómo esta le afecta directamente”. Con ello se compromete, en resumen, a fortalecer la cultura política de los salvadoreños. Buena parte de los dilemas nacionales tienen su origen en la falta de información y en el desinterés por los asuntos políticos y por la administración del Estado. En la medida que los funcionarios públicos, los partidos y quienes desempeñan un cargo de elección popular sepan que se les exigirá una detallada y más exhaustiva rendición de cuentas seguramente mejorará su desempeño, teniendo en cuenta que, con excepción de la presidencia y la vicepresidencia de la república, la reelección es admitida por la Constitución y la ley.

DECIDE agrega en su comunicado que servirá de “plataforma de debate político para la gestión de ideas, proyectos y propuestas de solución de los grandes problemas nacionales”. Se trata de una labor fundamental que lamentablemente no se practica en el país y, cuando se hace, se instrumentaliza ideológicamente. Si la nueva organización cumple con aquel objetivo habrá contribuido a mejorar la vida en democracia. Esa es la ruta para que los partidos elijan mejores candidatos, se modernicen, ajusten sus planes a las necesidades del país y procuren buscar acuerdos con sus adversarios.

La observación electoral en 2018. De Luis Mario Rodríguez

La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta.

Luis Mario Rodríguez, 22 junio 2017 / EDH

Como en anteriores procesos, en 2018 la observación electoral será fundamental para cuidar la transparencia de los comicios. Se trata de una práctica que ha venido perfeccionándose en las últimas décadas. Su trabajo ya no se limita a verificar el cumplimiento de meros formalismos el día de la elección. Ahora las misiones se instalan con anticipación vigilando aspectos como las “campañas adelantadas”, el uso y la aplicación de la tecnología que se empleará para el conteo de votos, el procesamiento y la transmisión de resultados electorales y la supervisión del financiamiento que invierten los partidos en medios de comunicación. Con posterioridad revisa la efectividad de la justicia electoral.

Las misiones realizan un sondeo con diferentes actores. Exploran la percepción de la sociedad civil respecto del desempeño de la autoridad electoral, examinan los controles que esta última utilizará para evitar que los competidores tomen ventajas prohibidas por la ley y comprueban las estrategias de seguridad allá donde la violencia todavía es un factor que incide en la celebración de las elecciones.

Las misiones internacionales de observación no pueden intervenir en la organización de las elecciones. Tampoco les es permitido pronunciarse en favor de ningún instituto político y les está vedado opinar sobre las acciones del árbitro electoral. Sin embargo, su presencia obliga a las instituciones a cumplir con los requisitos mínimos de toda elección. Las autoridades y los partidos saben que les vigilan y que una vez concluida la votación, las misiones procederán a publicar su informe preliminar. La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta y, por tanto, avalar o, en su caso, reprobar la manera en la que se desarrolló el ciclo electoral antes, durante y después de los comicios.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) son las dos entidades oficiales que mayor experiencia presentan en la materia. Además del informe que entregan inmediatamente después de concluida la elección, en los meses siguientes, las delegaciones preparan un documento mucho más completo y riguroso que contiene una amplia descripción del proceso, recomendaciones y llamados de atención. Este ejercicio alimenta la agenda de quienes, desde las organizaciones ciudadanas, procuran mejorar los procesos electorales. También contribuye a que los partidos políticos y la entidad que administra las elecciones tomen nota y traten de implementar los cambios sugeridos para los siguientes comicios.

En sistemas como el salvadoreño, en los que se permite “cruzar el voto” y donde la tecnología electoral es indispensable para el cómputo tanto de los diputados que obtienen los partidos como de las preferencias de cada candidato para finalmente asignar los escaños, la observación electoral ha debido especializarse. En estos casos las misiones incluyen expertos informáticos que comprueben la fiabilidad de los equipos que se utilizarán. La desconfianza en este tipo de mecanismos, principalmente por parte de los partidos, exige el máximo cuidado para evitar especulaciones de fraude.

El trabajo de estos grupos es esencial en contextos donde la inseguridad puede influir en los resultados de la elección. En ámbitos donde peligra la integridad física de los observadores y de los mismos electores, las misiones están obligadas a garantizar la protección de sus miembros y además deben constatar que las autoridades locales están comprometidos a facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos.

Por otra parte, en las legislativas y municipales de 2018 la observación electoral local será estratégica. Durante las últimas tres elecciones diferentes agrupaciones ciudadanas han solicitado al Tribunal Supremo Electoral su acreditación como observadores. Lamentablemente se ha percibido que el ejercicio de este derecho está influido por intereses ideológicos cuando lo ideal es que todos los nacionales que participan bajo ese estatus cuiden la integridad de la elección y no los votos a favor de un partido u otro.

Otro actor irreemplazable es la Fiscalía Electoral. Su papel es evitar el cometimiento de delitos que pueden influenciar los resultados. Fortalecer a la FRG en este sentido será indispensable para 2018.

Una crisis innecesaria… De Luis Mario Rodríguez

Que a los miembros de un partido se les reconozca la legítima aspiración de competir para obtener la candidatura a un cargo público es un avance de primer orden en la vida democrática.

Luis Mario Rodríguez, 15 junio 2017 / EDH

Si bien las elecciones internas en los partidos inauguran una etapa de apertura dando fin a la designación arbitraria de candidatos, también representan un peligro de no apegarse a los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación electoral
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Desde 2012 los salvadoreños elegimos directamente a los candidatos a diputados de nuestra preferencia. El sufragio ya no restringe al voto por bandera y ahora la población identifica a quienes pretenden representarle en la Asamblea Legislativa.

En 2014 esa libertad de opción se expandió aún más cuando la Sala de lo Constitucional, como resultado de una demanda ciudadana, dispuso abrir las listas para que los votantes pudieran marcar a los aspirantes a diputados de entre las alternativas presentadas por los distintos partidos, con la única restricción de no sobrepasar el número de escaños asignados a la correspondiente circunscripción. Quienes votan en San Salvador, por ejemplo, lo hacen, si así lo desean, hasta por 24 candidatos propuestos por cualquiera de las organizaciones partidarias, porque ese es el número de legisladores asignados al departamento.

Este cambio, trascendental para el sistema electoral y que únicamente es aplicable en Honduras, Ecuador y El Salvador, fue acompañado de otra sentencia en la que la Sala, también por petición ciudadana, ordenó legislar sobre las reglas generales aplicables a la realización de las elecciones internas. La de 2018 será la primera justa electoral en la que los candidatos a alcaldes y diputados, inscritos por los partidos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tendrán que surgir de la voluntad de la militancia antes del 4 de agosto de este año.

Que a los miembros de un partido se les reconozca la legítima aspiración de competir para obtener la candidatura a un cargo público es un avance de primer orden en la vida democrática. En otros sistemas este tipo de modelo es frecuente y es considerado un acontecimiento normal previo a las elecciones generales. México, Honduras, Costa Rica, Argentina y Chile, por citar sólo algunos ejemplos, eligen a sus candidatos de esta manera. Unos lo hacen en “internas cerradas”, donde votan quienes están inscritos formalmente en el partido, mientras que otros prefieren las “internas abiertas” en las que todo aquel habilitado para ejercer el sufragio tiene el derecho de participar en el nombramiento de los candidatos que correrán en los respectivos comicios.

Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional quedaron atrás las designaciones “de dedo” por parte de las cúpulas. Aquellas encerronas de unos pocos mantenían el privilegio de decidir quiénes serían los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. La obligación actual es la de sustituir esta práctica por otra participativa, abierta y transparente, hecho que seguramente oxigenará a los partidos permitiéndoles identificar nuevos liderazgos.

El inédito mecanismo para elegir candidatos debe cumplir los parámetros establecidos en el fallo de la Sala, en la Ley de Partidos y en los lineamientos del TSE. De infringirse algunas de estas condiciones se corre el riesgo de no satisfacer las exigencias legales, que la elección sea declarada nula por el árbitro electoral y, por tanto, que al partido se le impida inscribir candidatos en las elecciones de 2018.

También pueden presentarse impugnaciones de resultados por parte de aquellos precandidatos que no acepten el veredicto de la Comisión Electoral Nacional alegando que se cometieron irregularidades en el proceso interno. Este es otro eventual tropiezo que se evita con una competencia cristalina en la que se garantice el voto libre, secreto, directo e igualitario, además de contar con un padrón lo más depurado posible al que los afiliados del partido puedan tener acceso con anticipación al día de la elección interna para asegurarse que su nombre está incluido y que no tendrán objeciones para votar el día del evento.

Tratándose de la primera ocasión en la que los partidos formalmente y de manera obligatoria tienen que escoger a sus candidatos aplicando métodos democráticos, el TSE debe prestar atención a los diferentes eventos y solventar todo tipo de consultas con el propósito de consumar exitosamente la proclamación de los postulantes a alcaldes y diputados. Un comportamiento pasivo de la autoridad electoral y de los partidos en esta materia puede generar una crisis innecesaria.

Los partidos “tradicionales”… De Luis Mario Rodríguez

El rechazo a los partidos “tradicionales” no es exclusivo de El Salvador. Lo hemos presenciado en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo a Chile, y en buena parte de Europa.

Luis Mario Rodríguez, 9 junio 2017 / EDH

La encuesta de la UCA reveló una realidad que ya otros estudios de opinión, locales y extranjeros, habían destacado: la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia. El rechazo a los partidos “tradicionales” no es exclusivo de El Salvador. Lo hemos presenciado en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo a Chile, y en buena parte de Europa. El malestar de la sociedad con los partidos ha derivado en consecuencias nada positivas. Se propagó el populismo, el poder se está ejerciendo, en algunos Estados, de manera autoritaria, y la apatía ciudadana no permite la entrada de nuevos protagonistas en política.

El calificativo de “tradicional” describe a una organización política que mantiene el verticalismo sin dejar espacio a la democracia interna para la elección de candidatos y autoridades. Se refiere también a la falta de transparencia del financiamiento que recibe durante la época de campaña. Son entidades que no conectan con las generaciones actuales y que prescinden de las tecnologías para comunicarse con su militancia y con los que, sin ser integrantes de los partidos, se interesan por conocer la visión que estos últimos tienen respecto de los problemas que agobian a la sociedad.

A los partidos tradicionales también les afecta su pasado. Los adversarios se encargan de maximizar los errores cometidos, algunos muy graves, como la corrupción y la falta de cumplimiento de promesas, y hacen a un lado cualquier acción positiva que haya contribuido al desarrollo nacional. Ciertamente esa “mochila” que llevan en la espalda los partidos con varias decenas de años de existencia supone un obstáculo a superar. Sin embargo es posible modernizarse, dejar atrás las malas prácticas y acomodarse a un nuevo siglo que exige una estrecha vinculación entre los políticos y los habitantes, menos discursos y más resultados. Algunos partidos lo entendieron desde el primer momento y lograron recuperar el poder, en los casos en los que retornaron después de varios años de estar en la oposición, o accedieron a él, siendo de reciente formación, sin haber tenido experiencia alguna en los asuntos de gobierno.

Un instituto puede ser nuevo en política pero actuar como lo han venido haciendo sus pares desde hace años, ganándose el rechazo de los electores; o bien haber formado parte del sistema de partidos desde hace mucho tiempo y cambiar, adaptándose a los nuevos tiempos. No hay reglas únicas ni fórmulas mágicas. Lo que sí está claro, cada vez más, es que la gente ha despertado y, aunque no toma parte activa en la política, quiere rendimientos efectivos que le permitan obtener empleo y sostener a su familia.

Permanecer inmóviles, creyendo que la fama de antaño le permitirá obtener los mismos resultados que en elecciones anteriores, es un grave error. La antipolítica, la frontera cada vez más borrosa entre los que son de “izquierda” y los que comulgan con “la derecha”, las carencias de los ciudadanos por la falta de crecimiento económico y, en algunos casos, la frágil defensa de la vida por la situación de inseguridad ciudadana, convierte a los partidos tradicionales en presa fácil de aquellos que los responsabilizan de todos los males que padece la población.

La única y más clara solución es evolucionar. Se trata de abrir las puertas a figuras independientes que comulguen con el ideario del partido, de presentar iniciativas que fortalezcan a las instituciones, de reconocer al contrario si tiene la razón y de criticarlo fuertemente cuando ignora al Estado de derecho. Los partidos le temen al cambio de imagen, a revisar sus posturas ideológicas y al relevo generacional. Sin embargo esas son precisamente las áreas en las que deben poner las “barbas en remojo” si quieren enfrentar con éxito la ola que cruza al continente y que no es posible detener.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo hizo hace más de 30 años, renunciando al marxismo y transformándose en socialdemócrata; y le resultó. Ganó las elecciones y se mantuvo varios años en la presidencia del gobierno, por la voluntad de los españoles. Ahora se encuentra en problemas, junto al Partido Popular, porque la infección del “tradicionalismo” los hizo perder adeptos y permitió el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que fragmentaron el Congreso.

El reto está servido en el caso salvadoreño.