Luis Mario Rodríguez

La observación electoral en 2018. De Luis Mario Rodríguez

La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta.

Luis Mario Rodríguez, 22 junio 2017 / EDH

Como en anteriores procesos, en 2018 la observación electoral será fundamental para cuidar la transparencia de los comicios. Se trata de una práctica que ha venido perfeccionándose en las últimas décadas. Su trabajo ya no se limita a verificar el cumplimiento de meros formalismos el día de la elección. Ahora las misiones se instalan con anticipación vigilando aspectos como las “campañas adelantadas”, el uso y la aplicación de la tecnología que se empleará para el conteo de votos, el procesamiento y la transmisión de resultados electorales y la supervisión del financiamiento que invierten los partidos en medios de comunicación. Con posterioridad revisa la efectividad de la justicia electoral.

Las misiones realizan un sondeo con diferentes actores. Exploran la percepción de la sociedad civil respecto del desempeño de la autoridad electoral, examinan los controles que esta última utilizará para evitar que los competidores tomen ventajas prohibidas por la ley y comprueban las estrategias de seguridad allá donde la violencia todavía es un factor que incide en la celebración de las elecciones.

Las misiones internacionales de observación no pueden intervenir en la organización de las elecciones. Tampoco les es permitido pronunciarse en favor de ningún instituto político y les está vedado opinar sobre las acciones del árbitro electoral. Sin embargo, su presencia obliga a las instituciones a cumplir con los requisitos mínimos de toda elección. Las autoridades y los partidos saben que les vigilan y que una vez concluida la votación, las misiones procederán a publicar su informe preliminar. La voz de los que componen a las representaciones extranjeras, generalmente integradas por expertos, por expresidentes y por observadores con amplia trayectoria dada su participación en decenas de elecciones en diferentes países, es imprescindible porque puede pronunciarse sobre la legitimidad del proceso o la falta de esta y, por tanto, avalar o, en su caso, reprobar la manera en la que se desarrolló el ciclo electoral antes, durante y después de los comicios.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) son las dos entidades oficiales que mayor experiencia presentan en la materia. Además del informe que entregan inmediatamente después de concluida la elección, en los meses siguientes, las delegaciones preparan un documento mucho más completo y riguroso que contiene una amplia descripción del proceso, recomendaciones y llamados de atención. Este ejercicio alimenta la agenda de quienes, desde las organizaciones ciudadanas, procuran mejorar los procesos electorales. También contribuye a que los partidos políticos y la entidad que administra las elecciones tomen nota y traten de implementar los cambios sugeridos para los siguientes comicios.

En sistemas como el salvadoreño, en los que se permite “cruzar el voto” y donde la tecnología electoral es indispensable para el cómputo tanto de los diputados que obtienen los partidos como de las preferencias de cada candidato para finalmente asignar los escaños, la observación electoral ha debido especializarse. En estos casos las misiones incluyen expertos informáticos que comprueben la fiabilidad de los equipos que se utilizarán. La desconfianza en este tipo de mecanismos, principalmente por parte de los partidos, exige el máximo cuidado para evitar especulaciones de fraude.

El trabajo de estos grupos es esencial en contextos donde la inseguridad puede influir en los resultados de la elección. En ámbitos donde peligra la integridad física de los observadores y de los mismos electores, las misiones están obligadas a garantizar la protección de sus miembros y además deben constatar que las autoridades locales están comprometidos a facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos.

Por otra parte, en las legislativas y municipales de 2018 la observación electoral local será estratégica. Durante las últimas tres elecciones diferentes agrupaciones ciudadanas han solicitado al Tribunal Supremo Electoral su acreditación como observadores. Lamentablemente se ha percibido que el ejercicio de este derecho está influido por intereses ideológicos cuando lo ideal es que todos los nacionales que participan bajo ese estatus cuiden la integridad de la elección y no los votos a favor de un partido u otro.

Otro actor irreemplazable es la Fiscalía Electoral. Su papel es evitar el cometimiento de delitos que pueden influenciar los resultados. Fortalecer a la FRG en este sentido será indispensable para 2018.

Una crisis innecesaria… De Luis Mario Rodríguez

Que a los miembros de un partido se les reconozca la legítima aspiración de competir para obtener la candidatura a un cargo público es un avance de primer orden en la vida democrática.

Luis Mario Rodríguez, 15 junio 2017 / EDH

Si bien las elecciones internas en los partidos inauguran una etapa de apertura dando fin a la designación arbitraria de candidatos, también representan un peligro de no apegarse a los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación electoral
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Desde 2012 los salvadoreños elegimos directamente a los candidatos a diputados de nuestra preferencia. El sufragio ya no restringe al voto por bandera y ahora la población identifica a quienes pretenden representarle en la Asamblea Legislativa.

En 2014 esa libertad de opción se expandió aún más cuando la Sala de lo Constitucional, como resultado de una demanda ciudadana, dispuso abrir las listas para que los votantes pudieran marcar a los aspirantes a diputados de entre las alternativas presentadas por los distintos partidos, con la única restricción de no sobrepasar el número de escaños asignados a la correspondiente circunscripción. Quienes votan en San Salvador, por ejemplo, lo hacen, si así lo desean, hasta por 24 candidatos propuestos por cualquiera de las organizaciones partidarias, porque ese es el número de legisladores asignados al departamento.

Este cambio, trascendental para el sistema electoral y que únicamente es aplicable en Honduras, Ecuador y El Salvador, fue acompañado de otra sentencia en la que la Sala, también por petición ciudadana, ordenó legislar sobre las reglas generales aplicables a la realización de las elecciones internas. La de 2018 será la primera justa electoral en la que los candidatos a alcaldes y diputados, inscritos por los partidos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tendrán que surgir de la voluntad de la militancia antes del 4 de agosto de este año.

Que a los miembros de un partido se les reconozca la legítima aspiración de competir para obtener la candidatura a un cargo público es un avance de primer orden en la vida democrática. En otros sistemas este tipo de modelo es frecuente y es considerado un acontecimiento normal previo a las elecciones generales. México, Honduras, Costa Rica, Argentina y Chile, por citar sólo algunos ejemplos, eligen a sus candidatos de esta manera. Unos lo hacen en “internas cerradas”, donde votan quienes están inscritos formalmente en el partido, mientras que otros prefieren las “internas abiertas” en las que todo aquel habilitado para ejercer el sufragio tiene el derecho de participar en el nombramiento de los candidatos que correrán en los respectivos comicios.

Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional quedaron atrás las designaciones “de dedo” por parte de las cúpulas. Aquellas encerronas de unos pocos mantenían el privilegio de decidir quiénes serían los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. La obligación actual es la de sustituir esta práctica por otra participativa, abierta y transparente, hecho que seguramente oxigenará a los partidos permitiéndoles identificar nuevos liderazgos.

El inédito mecanismo para elegir candidatos debe cumplir los parámetros establecidos en el fallo de la Sala, en la Ley de Partidos y en los lineamientos del TSE. De infringirse algunas de estas condiciones se corre el riesgo de no satisfacer las exigencias legales, que la elección sea declarada nula por el árbitro electoral y, por tanto, que al partido se le impida inscribir candidatos en las elecciones de 2018.

También pueden presentarse impugnaciones de resultados por parte de aquellos precandidatos que no acepten el veredicto de la Comisión Electoral Nacional alegando que se cometieron irregularidades en el proceso interno. Este es otro eventual tropiezo que se evita con una competencia cristalina en la que se garantice el voto libre, secreto, directo e igualitario, además de contar con un padrón lo más depurado posible al que los afiliados del partido puedan tener acceso con anticipación al día de la elección interna para asegurarse que su nombre está incluido y que no tendrán objeciones para votar el día del evento.

Tratándose de la primera ocasión en la que los partidos formalmente y de manera obligatoria tienen que escoger a sus candidatos aplicando métodos democráticos, el TSE debe prestar atención a los diferentes eventos y solventar todo tipo de consultas con el propósito de consumar exitosamente la proclamación de los postulantes a alcaldes y diputados. Un comportamiento pasivo de la autoridad electoral y de los partidos en esta materia puede generar una crisis innecesaria.

Los partidos “tradicionales”… De Luis Mario Rodríguez

El rechazo a los partidos “tradicionales” no es exclusivo de El Salvador. Lo hemos presenciado en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo a Chile, y en buena parte de Europa.

Luis Mario Rodríguez, 9 junio 2017 / EDH

La encuesta de la UCA reveló una realidad que ya otros estudios de opinión, locales y extranjeros, habían destacado: la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia. El rechazo a los partidos “tradicionales” no es exclusivo de El Salvador. Lo hemos presenciado en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo a Chile, y en buena parte de Europa. El malestar de la sociedad con los partidos ha derivado en consecuencias nada positivas. Se propagó el populismo, el poder se está ejerciendo, en algunos Estados, de manera autoritaria, y la apatía ciudadana no permite la entrada de nuevos protagonistas en política.

El calificativo de “tradicional” describe a una organización política que mantiene el verticalismo sin dejar espacio a la democracia interna para la elección de candidatos y autoridades. Se refiere también a la falta de transparencia del financiamiento que recibe durante la época de campaña. Son entidades que no conectan con las generaciones actuales y que prescinden de las tecnologías para comunicarse con su militancia y con los que, sin ser integrantes de los partidos, se interesan por conocer la visión que estos últimos tienen respecto de los problemas que agobian a la sociedad.

A los partidos tradicionales también les afecta su pasado. Los adversarios se encargan de maximizar los errores cometidos, algunos muy graves, como la corrupción y la falta de cumplimiento de promesas, y hacen a un lado cualquier acción positiva que haya contribuido al desarrollo nacional. Ciertamente esa “mochila” que llevan en la espalda los partidos con varias decenas de años de existencia supone un obstáculo a superar. Sin embargo es posible modernizarse, dejar atrás las malas prácticas y acomodarse a un nuevo siglo que exige una estrecha vinculación entre los políticos y los habitantes, menos discursos y más resultados. Algunos partidos lo entendieron desde el primer momento y lograron recuperar el poder, en los casos en los que retornaron después de varios años de estar en la oposición, o accedieron a él, siendo de reciente formación, sin haber tenido experiencia alguna en los asuntos de gobierno.

Un instituto puede ser nuevo en política pero actuar como lo han venido haciendo sus pares desde hace años, ganándose el rechazo de los electores; o bien haber formado parte del sistema de partidos desde hace mucho tiempo y cambiar, adaptándose a los nuevos tiempos. No hay reglas únicas ni fórmulas mágicas. Lo que sí está claro, cada vez más, es que la gente ha despertado y, aunque no toma parte activa en la política, quiere rendimientos efectivos que le permitan obtener empleo y sostener a su familia.

Permanecer inmóviles, creyendo que la fama de antaño le permitirá obtener los mismos resultados que en elecciones anteriores, es un grave error. La antipolítica, la frontera cada vez más borrosa entre los que son de “izquierda” y los que comulgan con “la derecha”, las carencias de los ciudadanos por la falta de crecimiento económico y, en algunos casos, la frágil defensa de la vida por la situación de inseguridad ciudadana, convierte a los partidos tradicionales en presa fácil de aquellos que los responsabilizan de todos los males que padece la población.

La única y más clara solución es evolucionar. Se trata de abrir las puertas a figuras independientes que comulguen con el ideario del partido, de presentar iniciativas que fortalezcan a las instituciones, de reconocer al contrario si tiene la razón y de criticarlo fuertemente cuando ignora al Estado de derecho. Los partidos le temen al cambio de imagen, a revisar sus posturas ideológicas y al relevo generacional. Sin embargo esas son precisamente las áreas en las que deben poner las “barbas en remojo” si quieren enfrentar con éxito la ola que cruza al continente y que no es posible detener.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo hizo hace más de 30 años, renunciando al marxismo y transformándose en socialdemócrata; y le resultó. Ganó las elecciones y se mantuvo varios años en la presidencia del gobierno, por la voluntad de los españoles. Ahora se encuentra en problemas, junto al Partido Popular, porque la infección del “tradicionalismo” los hizo perder adeptos y permitió el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que fragmentaron el Congreso.

El reto está servido en el caso salvadoreño.

Van por la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo.

Luis Mario Rodríguez, 25 mayo 2017 / EDH

En los últimos dos años se han intensificado los artificios legales para tomarse algunas de las instituciones que por años acogieron la relación tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En 2013 se neutralizó por completo al Consejo Superior del Trabajo (CST). Esta instancia surgió después de la firma del acuerdo de paz como un espacio para que los sectores laboral y privado discutieran, bajo la mediación del Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, distintas medidas que fortalecieran los derechos laborales, incentivaran el crecimiento económico y promovieran el cumplimiento de los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de 19 años ininterrumpidos de fomentar el diálogo social, el ministro de turno rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales alegando que no estaban representadas algunas que, según trascendió públicamente, son afines al partido de gobierno. Las federaciones de sindicatos que han formado parte del CST alegan que el ministerio autorizó cientos de sindicatos, pasando, según las estadísticas de 2013, año en el que se desarticuló el ente tripartito, de 213 a 618 entre públicos y privados.
En 2015 la OIT urgió al gobierno salvadoreño a reactivar al CST señalando que su acefalía violenta el convenio sobre libertad sindical ratificado por El Salvador en 2006 después de una intensa negociación entre las autoridades de ese entonces y el partido FMLN. A dos años de la resolución de la OIT el CST continúa sin operar.

La misma estrategia se utilizó para la designación de los representantes laborales en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El período para el cual fueron elegidos sus miembros finalizó en febrero de 2015 y el Ministerio de Trabajo convocó a elecciones hasta el 31 de octubre de 2016 en medio de la negociación para el aumento del salario mínimo. Tanto las organizaciones sindicales del sector privado como las gremiales empresariales delataron serias irregularidades en la elección de los nuevos integrantes quienes finalmente aprobaron un incremento salarial con montos y condiciones diferentes a los que originalmente pactaron las anteriores autoridades del CNSM.
En un nuevo episodio de saqueo institucional el Grupo Promotor (GP) de la Ley de Acceso a la Información Pública denunció los intentos por controlar el Instituto que tiene a su cargo la aplicación de esta normativa. La queja señala la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial al exigir la presencia del representante legal de las organizaciones con derecho a voto sin permitírseles otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre. Además el GP rechaza la participación de organizaciones que no pueden participar en la elección porque su naturaleza jurídica es la de una asociación cooperativa cuando la ley establece el derecho para las asociaciones empresariales. También criticó la imposibilidad de examinar con el rigor necesario las hojas de vida de los candidatos, varios de los cuales, según el comunicado de esa instancia ciudadana, carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esta realidad puede llevarnos de nuevo a la oscuridad en la que vivíamos antes de 2011 y que favoreció el mal manejo de los fondos públicos.

Con esos antecedentes a sus espaldas es muy probable que la próxima “víctima” sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo. Sus resoluciones han modernizado el sistema electoral, promovieron el acceso a la información pública, iniciaron la despartidización de varias entidades del Estado, impulsaron la transparencia y la democratización interna de los partidos políticos y han sido fundamentales, junto con el resto de integrantes del máximo tribunal de justicia y la Fiscalía General de la República, en la lucha contra la corrupción. También revalorizó la justicia constitucional.

La concentración del poder político debilita por completo a los sistemas democráticos. Venezuela y Nicaragua son dos claros ejemplos en la región latinoamericana. Sin independencia de poderes los ciudadanos pierden la mayoría de sus libertades individuales. Detener esta insana pretensión es urgente si se quiere vivir en un pleno Estado de derecho.

“Morbo” electoral… De Luis Mario Rodríguez

Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

Luis Mario Rodríguez, 18 mayo 2017 / EDH

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó como “morbosa” la exigencia de varios sectores para que los resultados electorales preliminares en las legislativas y municipales de 2018 se conozcan la misma noche en la que se realicen los comicios. Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

En las elecciones del mismo tipo durante el 2012 y en las presidencias de 2014 la autoridad electoral contrató una empresa internacional para la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares. En ambas ocasiones, la población con acceso a internet, acompañó, en tiempo real, la evolución de los datos de tal forma que, conforme llegaban las actas desde el interior del país a través del sistema informático, en el caso de las legislativas, la gente constataba cuántos votos obtenía cada partido y cuántas marcas cada candidato, y en la presidencial, los sufragios que sumaba cada presidenciable, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Cuando el árbitro electoral convocó a la última conferencia de la noche, tanto en 2012 como en 2014, para dar lectura a los respectivos boletines que presentaban el avance del conteo preliminar, los que siguieron “en línea” el progreso de la información ya conocían la distribución de escaños entre los diferentes partidos, los candidatos a diputados que lograron una curul y la fórmula que se agenció la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente.

Esa misma es la historia para el resto de los procesos electorales celebrados después de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el de 2009. En esa ocasión, las ansiedades en los partidos mayoritarios se desbordaban en las respectivas sedes de los candidatos presidenciales. Si los magistrados que integraban al TSE no hubieran informado, al término de la jornada, quién era el próximo presidente de la República, muy probablemente se habría producido una crisis política de dimensiones inimaginables. La rapidez con la que actuó el colegiado y la madurez que demostró tanto el candidato de derecha como su partido admitiendo, sin ambigüedades, la victoria del FMLN, le valió al país el reconocimiento internacional por aceptar una alternancia pacífica en la que Alianza Republicana entregó el poder después de 20 años de administrarlo.

En idénticas circunstancias, durante el año 2000, en México, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptó, a tan solo unas horas de cerrados los centros de votación, que su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, arrasó en las urnas terminando con siete décadas de gobiernos priistas. Recientemente en Ecuador, la enconada disputa entre el candidato del oficialismo y el de la oposición, presionaron al Consejo Nacional Electoral para publicar, de manera preliminar y durante el día del evento electoral, quiénes pasaron a segunda vuelta así como el aspirante, que un mes y medio después, el día 2 de abril, se alzó con la banda presidencial. En esos mismos comicios se eligieron 137 diputados de la Asamblea Nacional y la tecnología empleada, en un sistema similar al nuestro, con el mecanismo de voto cruzado, arrojó el reparto de los asambleístas entre los partidos Alianza País, CREO-SUMA y el Partido Social Cristiano, el día de la elección.

Diferir la divulgación de los resultados electorales preliminares y hacerlos coincidir con el escrutinio definitivo, permite que los actores en contienda, los ciudadanos y la comunidad internacional especulen sobre las razones del retraso. Algunos asegurarán que se trata de un fraude mientras que los más indulgentes lo podrían atribuir a la negligencia de la autoridad electoral. Ciertamente el cálculo de los votos fraccionados y de las marcas, el llenado de actas, la transmisión y el procesamiento de datos exigen, en el caso salvadoreño, la aplicación de un sistema tecnológico sofisticado. La petición, por tanto, de corregir los errores que se presentaron en las elecciones anteriores, incluyendo la publicidad inmediata de los resultados, no es morbo de ningún sector, se trata simplemente de un reclamo elemental en un sistema democrático.

La apatía… De Luis Mario Rodríguez

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos.

Luis Mario Rodríguez, 11 mayo 2017 / EDH

La apatía es la enemiga mortal del desarrollo nacional. Abandonar el país a las decisiones de quienes ejercen el poder, sin auditar su gestión y sin exigirles el debate y la aprobación de leyes que fortalezcan a la democracia, condena a su gente a vivir en la ignorancia.

Allá donde la dejadez permite que se desgasten la libertad de expresión, la separación de poderes, la celebración de elecciones libres y transparentes, la protección de los derechos fundamentales y, en general, la aplicación del Estado de derecho, se transita rápidamente hacia un desorden político en el que difícilmente podrá revertirse el deterioro de las instituciones. Se atrofian los partidos, los comicios se vuelven ejercicios sin mayor legitimidad por el uso de recursos del Estado para respaldar a los candidatos del oficialismo, la seguridad deja de ser el monopolio del Estado y pasa, de manera peligrosa y anárquica, a manos de los civiles, los populistas encuentran tierra fértil para alimentar la insatisfacción con los políticos y la desesperanza empuja al talento humano a buscar nuevos y mejores derroteros en el extranjero.

El nuevo siglo ha ratificado que las instituciones importan. Son el antídoto contra los “líderes mesiánicos” que precisamente buscan en la “antipolítica” el trampolín para alcanzar un puesto de elección popular. Ni Chávez ni Maduro habrían secuestrado Venezuela de haber existido entidades públicas independientes. Lo mismo puede decirse de Nicaragua, donde, no obstante el crecimiento económico, como lo señaló Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, se han sacrificado las libertades individuales y las condiciones que caracterizan a toda sociedad libre.

El primer obstáculo que removieron esos “gobernantes” fue precisamente el de la separación de poderes. Crearon un sistema político a su medida. Impusieron militantes partidarios al frente del tribunal supremo de justicia, en el árbitro electoral, en la contraloría de los fondos públicos y además enterraron la posibilidad de manifestarse sin limitación alguna.

Al coctel autoritario agregaron la represión, la cárcel para los opositores, el control de la economía, la compra de voluntades en la Fuerza Armada y la diplomacia del dinero cuando los altos precios internacionales del petróleo les permitió financiar campañas electorales que garantizaran la victoria de los presidentes que integran la “alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América”. Con esta acción pretendieron bloquear la activación de la Carta Democrática Interamericana a cargo de la Organización de los Estados Americanos.

Por eso es tan peligrosa la desidia de la comunidad respecto de los asuntos públicos. Este abandono allana el camino de los que pretenden concentrar el dominio absoluto de las atribuciones que la Constitución otorga a diferentes organismos públicos. Asimismo obstruye el avance de la cultura política debilitando los esfuerzos para exigir más transparencia, más acceso a la información pública y una rendición de cuentas más exhaustiva de quienes representan los intereses colectivos.

A la apatía se le combate con el activismo. El grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, el grupo gestor de la nueva Ley de Probidad, el consorcio por la transparencia, las acciones en favor de la reforma político electoral por parte del movimiento ciudadano “Aliados por la Democracia”, la perseverancia y el incisivo trabajo de Acción Ciudadana por transparentar las finanzas de los partidos políticos, la defensa y la promoción de la legalidad desde el Centro de Estudios Jurídicos, la labor de educación cívica del Movimiento Libertad y del Grupo 300, el repudio a las dictaduras por un buen número de centros de pensamiento, asociaciones de profesionales, gremiales empresariales, sindicatos, organizaciones de jóvenes y ONG, nos demuestran que, en el caso salvadoreño, por ahora existe un total rechazo a toda expresión de tiranía que intente abusar de la autoridad que le concede el voto popular.

Ese ardor cívico debe traducirse también en una robusta asistencia de votantes a las elecciones. Además de vigilar el ejercicio del poder, los habitantes están obligados a informarse para elegir a los mejores candidatos. Así las instituciones pueden contar con titulares libres de toda atadura ideológica y sujetos por completo al imperio de la ley. Con un gobierno que adula a quienes ignoran los cimientos básicos de todo sistema democrático, la indiferencia ciudadana no es una opción.

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.