Reforma de pensiones: Denuncian que propuesta GOES es inconstitucional

Preocupación. Los 200 sindicatos reunidos en COMTRADEFOP piden una discusión técnica, amplia sobre todos los temas relacionados con las pensiones. Por ejemplo, la ampliación de cobertura y la facilitación de una pensión que sea digna y alcance para toda la vida.

Sindicatos preparan demandas y recursos por la supuesta reforma. ASAFONDOS advierte que los problemas fiscales van a complicarse más con la propuesta del Gobierno. En tanto, ANEP dijo que el Gobierno “ha jugado” con la OEA y el PNUD en materia de diálogo.

Lourdes Quintanilla, 25 febrero 2016 / LPG

Los trabajadores reunidos en el Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Pensiones (COMTRADEFOP) han preparado herramientas legales con las que pretenden detener el impacto que puede llegar a tener la reforma al sistema de pensiones que plantea el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda (MH). Se trata de una demanda por inconstitucionalidad y un recurso de amparo que estarán disponibles para el público, si los diputados aprueban la propuesta.

El MH presentó ayer la propuesta de reforma al sistema de pensiones, con el que buscan instalar un sistema mixto en el que funcionarán al mismo tiempo el Instituto Nacional de Pensiones (INP) y las AFP. En otras palabras: el Gobierno plantea que operen de manera simultánea un régimen de reparto (que sería el “nuevo”) y un régimen de capitalización individual, que es el que ha estado vigente desde 1998.

El titular del MH, Carlos Cáceres, confirmó ayer que el INP sustraerá fondos de las cuentas individuales de ahorro para pensión y que además la afiliación o ingreso al de reparto será obligatoria.

El artículo 232-C del proyecto de reforma que presentó ayer Hacienda a la Asamblea Legislativa establece que “los recursos para financiar el régimen de reparto estarán constituidos por las cotizaciones de este régimen, los recursos obtenidos del traslado de la cuenta individual de ahorro para pensiones y del traslado de los certificados de traspaso”. Es decir, este artículo consigna que el Gobierno tomará un porcentaje del fondo de pensiones, donde están reunidos los ahorros previsionales de los trabajadores, para dar sustento al INP.

“Como ya hemos tenido acceso al decreto, ya estamos listos y está la lucha con un recurso de amparo, además de la demanda por inconstitucionalidad”, dijo ayer Enrique Anaya, abogado constitucionalista y representante legal de COMTRADEFOP. En caso de que llegue a ser necesario, el comité publicará en los medios de comunicación un modelo de recurso de amparo. El interesado solo llena con sus datos y puede ir a la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentarlo.

Anaya explicó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó ayer el Gobierno violenta cinco artículos de la Constitución de la República: el número 2, sobre el derecho a la propiedad y la posesión; el 3, sobre la igualdad ante la ley; el 50, sobre la obligación del Estado a proveer seguridad social; el 102, que garantiza la libertad económica; y el 103, que garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

De acuerdo con lo que plantea el proyecto de ley, las personas que ganen un salario inferior a $504 pasarán todos sus ahorros previsionales al INP, a un fondo común, y perderán la posesión individual de la cuenta que tenían en las AFP.

Los primeros cálculos arrojan que el 78 % de los trabajadores que mantienen activa su cuenta en las AFP pasará al nuevo instituto, así que al menos 537,951 cotizantes perderán su cuenta individual y trasladarán ese dinero al régimen de reparto. Este traslado también está descrito en los artículos 232-T y 232-U. En estos textos también está consignado que las autoridades de Gobierno emitirán reglamentos, o normativas técnicas, para describir la manera en que nacerá el régimen de reparto y cómo se financiará.

Ricardo Soriano, vocero de COMTRADEFOP, denunció ayer: “Llame como se llame, significa que el Gobierno se apropiará de los ahorros de cada trabajador que tiene en su propia CIAP (Cuenta Individual de Ahorro para Pensión). Ya sea que se traslade parte de sus ahorros, o se traslade todo el saldo de la cuenta de ahorro para pensiones”.

Durante la presentación de la reforma, Carlos Cáceres, titular del MH, dijo que a su criterio la reforma tiene un “alto contenido social”. El funcionario detalló que con estos cambios pretenden que más personas puedan tener acceso a la llamada pensión mínima respaldada por el Estado.

Por ahora, la pensión mínima que devengan los jubilados por ley es de $207. Para recibirla, esta persona tiene que haber acumulado 300 cotizaciones o 25 años de trabajo, y haber cumplido la edad que estipula la ley: 55 para las mujeres y 60 para los hombres. Si no cumple uno de estos requisitos, el jubilado recibe todo su ahorro en una sola entrega y pierde el acceso al servicio de salud que presta el ISSS.

La intención del Gobierno es captar las cotizaciones a través del INP y obtener los recursos para la pensión mínima incluso si no se cumplieron los requisitos. En consecuencia, también accederían al ISSS.

En la misma presentación, Cáceres admitió que el régimen de reparto nace con un desequilibrio y que todos los fondos que llegarán a sustraer de los ahorros de los trabajadores no serán suficientes para cumplir con todas las obligaciones relacionadas con los próximos pagos de pensiones.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, dijo que la presentación de la reforma ayer les sorprendió porque se suponía que el Gobierno había establecido una mesa con los partidos políticos y organismos como la OEA y Naciones Unidas para hacer una discusión más amplia. “Lo que demuestra es que todas esas mesas de diálogo son una farsa, que están en una situación fiscal tremenda y tercero que les urge quitarle el dinero a la gente”, opinó el dirigente, quien llamó a los diputados a que reflexionen sobre cómo van a votar.

Como representantes de los empleadores, lamentó que no se les haya participado sobre los términos de la reforma. “No tienen deseos ni voluntad de discutir la reforma. Van detrás de las pensiones de la gente… Es una manera irresponsable de hacer las cosas”, acotó Daboub. Dijo que más adelante analizarán opciones de amparo o recursos, si fuese necesario.

Mientras tanto, ASAFONDOS, que representa a las dos AFP que operan en el país, expresó a través de un comunicado que todavía no hay claridad sobre cuál será su papel en el sistema mixto.

“Es insostenible financieramente, no aumentará la cobertura, no mejorará el monto de las pensiones, incrementará aún más la deuda pública, y solo se orienta a cubrir necesidades de liquidez de corto plazo del Estado, poniendo en riesgo el bienestar de las generaciones futuras”, manifestó la gremial.

En noviembre pasado, ASAFONDOS presentó al público sus ideas sobre cuáles pueden ser los cambios necesarios al sistema actual de pensiones.

“Que el tema de pensiones es de enorme trascendencia para las actuales y futuras generaciones y merece la creación de una comisión especial de carácter técnico”, indicó la gremial.

Santiago Montenegro “Quieren tapar un hueco fiscal como lo hizo Argentina”

El experto colombiano dijo que financiar un sistema de reparto con dinero del sistema privado es expropiar el dinero de los ciudadanos y camuflar un problema fiscal.

El economista colombiano visitó el país ayer el país y contó cómo funciona el sistema de pensiones en su país. | Foto por Jorge Reyes

Karen Molina/ Pedro Carlos Mancía, 18 febrero 2016 / EDH

La reforma de pensiones que el gobierno salvadoreño prevé presentar la próxima semana solo es comparable con la estatización de las pensiones que  la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,  realizó en 2008.

Así lo cree el economista colombiano, Santiago Montenegro, quien es el actual  Presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de Colombia, y   miembro de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

“Esto se parece mucho a Argentina, que tenía un problema fiscal de caja porque había aumentado mucho el gasto”, señaló ayer el experto en temas previsionales, en una visita al país.

Con un problema fiscal originado por el excesivo gasto que durante su administración, la ex presidenta Kirchner, conocida por sus excentricidades y gustos por el lujo, decidió trasladar a la bolsa estatal unos $30,000 millones en activos que administraban las AFP.

El resultado, recuerda Montenegro, ha sido un problema fiscal más grande del que tenían, y una deuda cada vez más elevada que degrada al país sudamericano como uno de los menos confiables en Latinoamérica.

En América Latina, solo Argentina ha expropiado las cotizaciones a sus trabajadores. El resto de países que han creado un sistema mixto han financiado el sistema público con cotizaciones totalmente separadas de las que se hacen al sistema privado.

En El Salvador, la propuesta gubernamental pretende reabrir el sistema de reparto, pero con fondos del sistema privado, que ya tiene 17 años de funcionamiento.

Enterado de la situación salvadoreña, Montenegro afirma que si el Gobierno pretende reabrir un sistema de reparto, “están dando un paso atrás” y prácticamente, expropiando los recursos de los cotizantes, que han ahorrado durante su vida laboral.

“Esto es como una ilusión. Van a borrar la deuda hoy, pero van a crear una más grande en el mediano y largo plazo. A mí me preocupa muchísimo esto. Es una expropiación de los recursos. Los fondos de los ciudadanos van a desaparecer”, dijo el funcionario colombiano.

¿Y qué dice la gente sobre eso?, pregunta el funcionario colombiano, intrigado por las reacciones que puede generar el tema de una reforma previsional encaminada a un sistema mixto.

Y le intriga más porque en Colombia, el sistema de pensiones es paralelo, no mixto. Desde 1993, entraron al ruedo las AFP y los ciudadanos tuvieron la opción de pasarse a ese sistema de capitalización individual de forma voluntaria, en el cual a la fecha cotizan un aproximado de seis millones de colombianos.

Las personas pueden elegir el sistema que quieran, pero solo cotizan a uno de los dos.

“Se hizo un sistema paralelo porque el hueco fiscal que tenía el gobierno colombiano con el sistema de reparto era gigantesco”, dijo el experto.

En Colombia, como en El Salvador, los ciudadanos cotizaban muy poco, pero los beneficios a la hora de jubilarse eran muy grandes, lo que fue originando un déficit previsional que aún permanece.

Sus cotizaciones van a un fondo común que no se reinvierte y que solo entrega a los colombianos “una promesa” de que en el futuro se le pagarán las pensiones.

En cambio, los que comenzaron a cotizar con el sistema privado han logrado un capital que ha ganado una rentabilidad histórica real del 9%.

A la fecha, el 70% de los ahorros son producto de esa rentabilidad que se ha logrado porque las AFP tienen un régimen de inversiones muy libre, que le permite invertir el dinero en diferentes instrumentos financieros que generan rentabilidad. Además “no tienen eso de que las obligan a invertir en solo un instrumento”, dijo Montenegro en referencia a la obligación que tienen en El Salvador las AFP para invertir el dinero de los trabajadores en bonos y certificados del Estado.

Sobre la cobertura, Montenegro señaló que “este no es un problema del sistema previsional sino del mercado laboral”. “La mejor reforma de pensiones es la formalización del mercado laboral, que todos tengan trabajo para que todos coticen y haya más dinero”, señaló el experto.

Y agregó que si el Gobierno cree que hacer un sistema de reparto es un castigo a las AFP por el cobro de sus comisiones, en realidad, dijo que “es un castigo para los trabajadores”.

Eficiencia con los fondos

Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), expresó por su parte que debe existir un debate para encontrar soluciones al problema del sistema de pensiones. Cabrera indicó que hay varios problemas en el actual régimen como la baja tasa de cotización y rentabilidad, pero son estos elementos los que “hay que ir debatiendo”.

De igual manera, aseveró que “lo importante es proveer una vejez digna a los trabajadores independiente de quién administre los fondos tiene que ser eficiente en sus costos operativos”. En este último punto, señaló que estos costos operativos deben ponerse en contraste con aquellos que se están pagando en otros países como Chile y Argentina.

«Esto es como una ilusión.
Borra la deuda hoy, pero crea una más grande
en el mediano y largo plazo”,
Santiago Montenegro, economista,
presidente de Asofondos de Colombia y miembro de FIAP.

¿Qué le dirá ahora el vicepresidente Ortiz al Grupo Atlántida que compró las acciones del Citi en AFP Confía? De Jorge Lagos

Jorge Lagos, 17 octubre 2015 / EDH

Hace cinco meses, allá por mayo, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se ufanaba con justa razón de la confianza depositada en la seguridad jurídica que el país brindaba a inversionistas extranjeros, cuando daba un avance de la compra de las acciones que el banco Citi de El Salvador (oficialmente Citibank Overseas Investment) poseía en AFP Confía, por parte del conglomerado financiero hondureño Corporación de Inversiones Atlántida. Eso era muestra inequívoca (palabras nuestras) del excelente clima de inversiones imperante en El Salvador. Óscar Ortiz dijo que no habría cambios significativos y que se continuaría con las operaciones normales de la administradora de pensiones, según reportó El Diario de Hoy en su edición del 5 de mayo de 2015, en la sección de negocios.

La transacción se cerró en agosto pasado por un monto aproximado de $50 millones, de acuerdo con lo expresado por Ortiz, por el 75 % de las acciones que el Citi tenía en la AFP Confía, cuyo valor nominal era de alrededor de $7.9 millones. Esto representaba un valor de mercado de más de seis veces el valor facial de las acciones, que no incluía las utilidades retenidas y que si las hubiera abarcado, se conocería como valor contable. No se dio a conocer en ese entonces el valor en libros o contable (incluyendo utilidades retenidas) de las acciones para poder determinar más acertadamente la prima que el grupo hondureño pagó por las acciones que el Citi vendía. Este periódico hizo referencia el 14 de agosto de este año de una noticia que apareciera en el diario hondureño La Tribuna, que reportaba “el presidente de Banco Atlántida, Guillermo Bueso Anduray, anunció la operación de adquisición más grande realizada por un grupo financiero hondureño en la región centroamericana, al haber adquirido el control de AFP Confía de El Salvador, antes propiedad de Grupo Citi”.

Sin embargo, en apenas dos meses, después de haberse concretado la compra de las acciones, ahora el gobierno está tratando de estatizar una gran porción del fondo de pensiones, con lo cual la rentabilidad de la inversión del grupo Atlántida se vendría al suelo, al disminuir drásticamente el tamaño del fondo, ya que la AFP obtiene sus ingresos brutos de una comisión que percibe por administrar el fondo, que depende del monto del mismo. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento del fondo se verán claramente reducidas al perder éste un porcentaje sustancial de sus afiliados.

Obviamente, este grupo financiero, de más de un siglo de existencia, debe haber hecho sus cálculos de riesgo de país, entre ellos el político, además de proyectar la rentabilidad de la inversión para arribar al precio de mercado de las acciones que el Citi puso en venta. Lo extraño, por no decir insólito, es que el grupo Atlántida no estuviera al corriente del debate que se llevaba a cabo en El Salvador con respecto a la insostenibilidad de todo el sistema actual de pensiones, incluyendo tanto el de reparto como el de ahorro individual. Desde hace más de un año que se hablaba de reformar el esquema actual, aunque no necesariamente de cambiarlo, como se discute ahora, sino de darle una revisada a la edad de jubilación, cotización del trabajador, monto de la pensión, comisión que cobra la AFP, tasa de interés que el Estado le paga al fondo de pensiones por préstamos que se utilizan para pagarle las pensiones a los afiliados al sistema anterior de reparto, etc.

¿Habrá habido alguna falla en la asesoría contratada para evaluar la inversión? Más importante aún, ¿estaría el vicepresidente Ortiz conocedor de lo que el gobierno estaba gestando, que es estatizar los ahorros que los trabajadores mantienen con las AFP, cuando hizo el anuncio de la compra de las acciones?

Jorge Lagos es Asesor Financiero, MBA, Wharton School.

Pensiones: sostenibilidad del sistema o socorro para la caja. De Roberto Rubio

Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE y representante de Transparency International

Roberto Rubio, 12 octubre 2015 / LPG

Hablar de reforma de pensiones es un tema sensible, complejo, contradictorio y asentado en limitantes estructurales. Sensible pues toca el ahorro concreto o pensiones de las personas. Complejo no solo por la terminología usada sino también por las varias dimensiones involucradas: humana, fiscal, financiera, económica, administrativa, institucional. Contradictorio, como muchas cosas en economía, pues lo que es bueno para uno no es bueno para otro: pensiones altas será bueno para el pensionado pero no tanto para el fisco. Con limitantes estructurales, donde la prolongación de la esperanza de vida y las deficiencias del mercado laboral dificultan la sostenibilidad del sistema previsional público o la rentabilidad del privado.

En nuestro país hay cierto consenso que el sistema público (ISSS/INPEP/IPSFA) o lo que proviene de él (los optados que pasaron al sistema privado en 1998) no es sostenible, y que el actual sistema privado, aunque por su naturaleza de capitalización individual no debería tener problemas de sostenibilidad, sí los tiene debido a que el 80 % del ahorro de los trabajadores está invertido en deuda pública, además de problemas importantes de rentabilidad. También hay cierto consenso que se necesita reformar el sistema previsional.

El problema/diferencia está en el tipo de reforma que se necesita. Sin embargo, en buena parte debido a la carga polarizante existente, el debate sobre lo que hay que hacer se está planteando mal. En lugar de comenzar por la discusión serena, técnica y objetiva de lo que hay que hacer, se ha caído en el rascuache debate ideológico de buenos y malos. Así, con ligereza se demoniza a los actores involucrados: para unos, las AFP son las voraces empresas capitalistas que explotan; para otros, la Hacienda Pública es la pícara y ladrona que quiere llevarse tu dinero ahorrado. Con esas cabezas vacías de neuronas y llenas de insultos y prejuicios, con ese debate de las culpas, no vamos muy lejos.

Antes de entrar a debatir confrontativamente el tipo de administración/institucionalidad más conveniente (pública, mixta o privada), discutamos ante todo sobre aquellas cosas que están haciendo insostenible o poco rentable cualquier forma que se adopte, y cómo hacemos para enfrentarlas. Porque, por ejemplo, ninguna forma de gestión o reforma del sistema será sostenible, equitativa o rentable si alrededor del 70 % del empleo se mueve en la informalidad, si se cubre apenas el 24-25 % de la PEA, si crece el empleo precario, si los salarios son bajos, si no hay más cotizantes, si mantenemos prestaciones que no podremos pagar, si la tasa de cotización no alcanza, si los intereses por los ahorros son bajos, si las inversiones del fondo dependen en un 80 % de un sector público con finanzas enclenques, si no empezamos a salir de la trampa de endeudarnos para pagar más deuda.

Por ello, la primera pregunta que tenemos que responder es qué medidas hay que tomar para que lo que tenemos mejore. Bajo este escenario podemos discutir más objetiva y fríamente aquellas cosas que, a corto y largo plazo, ayuden a hacer sostenible lo público y rentable lo privado. Luego veamos qué tipo de institucionalidad conviene.

Ello implica analizar, sin miedos y prejuicios, por un lado, aquellas medidas estructurales y de medio/plazo que contribuyan a incrementar el número de cotizantes (acciones de reactivación económica y generación de empleo, incentivos para la incorporación de trabajadores independientes, formalización de actividades informales), sanear las finanzas públicas, generar transparencia y confianza en el uso del gasto, aligerar el peso de la deuda. O por otro lado, medidas de corto plazo producto de un análisis serio sobre la suficiencia de tasas de cotización y el porcentaje de la comisión administrativa, la colocación de las inversiones del fondo de pensiones y su contribución al crecimiento económico, la edad de jubilación, los candados y plazos de los CIP, los beneficios otorgados, la tasa de reemplazo, los programas no contributivos, etcétera.

Si el gobierno quiere tercamente imponer un sistema mixto de pensiones, no se queje después de que buena parte de la opinión pública se resista, pase factura, y piense que no quiere tanto resolver los problemas de sostenibilidad del sistema, sino los apuros de su caja y desaparecer cosméticamente su deuda con los trabajadores.

Instituciones se niegan a dar información de pensiones

Se niegan a dar información sobre el manejo de los fondos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

Las pensiones de los actuales jubilados se pagan con las cotizaciones de los trabajadores que aportan a las AFP. | Foto por Archivo

Karen Molina, 5 octubre 2015 / EDH

Cinco instituciones gubernamentales involucradas en el manejo y uso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se han negado en reiteradas ocasiones a dar información sobre el uso que hacen de los ahorros de los cotizantes de las AFP.

Aunque el Instituto de Acceso a la Información Pública ya les ordenó entregar los documentos que un comité sindical les ha solicitado de diversas maneras, el Ministerio de Hacienda,  la Superintendencia del Sistema Financiero, Bandesal, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) se niegan a informar sobre el dinero que toman prestado de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones de los jubilados actuales y sobre la tasa de interés que le pagan a los cotizantes.

Las solicitudes de información comenzaron en enero de este año, luego que en diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la tasa de interés del 1.2%, que se usaba con base a la tasa LIBOR por usar los fondos de pensiones.

En sustitución de esta tasa, el Consejo Administrativo del FOP decidió establecer una tasa de interés del 3% cuando tomara prestado dinero de los cotizantes, sin que hasta la fecha se divulgaran las razones de esa decisión.

Tras conocer esa aún baja tasa de interés, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), que promovió su inconstitucionalidad ante la Corte,  solicitó en reiteradas veces  una explicación formal de ese 3%, pero las autoridades se han negado a entregarla aduciendo que son datos confidenciales.

Cuando pidieron la información al Ministerio de Hacienda, éste respondió que los datos eran responsabilidad del Banco de Desarrollo (Bandesal) por ser la institución que ejerce como fiduciario.

Pero cuando se solicitó la misma información a Bandesal y luego a la Superintendencia del Sistema Financiero, ambas entidades respondieron que no podían entregar los datos porque es información confidencial por secreto fiduciario.

Y mientras se ha dilatado la respuesta, el Fideicomiso ya emitió a la fecha más de $300 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se usan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Estos certificados se han emitido a una tasa del 3%, es decir que por cada $100 que un cotizante de las AFP le presta al Gobierno, solo recibe 3 dólares de ganancia.

Este dinero que el Gobierno toma prestado son ahorros que los trabajadores actuales depositan en las AFP y que se le prestan al gobierno obligatoriamente.

Según la resolución de la Sala de lo Constitucional el Gobierno debe pagarle a los trabajadores una tasa de interés de mercado, que actualmente ronda entre el 5 y el 7%.

La nueva tasa debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, pero a pesar de que Comtradefop ha pedido reiteradas veces que agilicen esa decisión, los diputados le han dado largas y no han reformado la ley.

El comité también ha pedido a la Sala de lo Constitucional que le ponga un plazo a la Asamblea para que agilice dicha reforma, pero ni uno ni otro se ha movido.

Al ISSS y al INPEP
Comtradefop también  solicitó por la vía formal información sobre los planes anuales de cumplimiento de las obligaciones previsionales del ISSS y el INPEP, a fin de determinar que efectivamente, el dinero que se presta a las AFP sirve para pagar las pensiones de los jubilados de estas instituciones.

No obstante, ambas instituciones respondieron que la información era confidencial por lo que se negaron a entregar los datos solicitados.

Ante las reiteradas negativas el representante legal del  Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, ha apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), misma que ya le dio la razón en todos los casos y le ha ordenado a las instituciones entregar la documentación que se le ha solicitado.

Pero la negativa ha continuado y todas las instituciones también han presentado su apelación ante el Instituto, por lo que la información requerida aún no llega a las manos de los solicitantes.

Anaya insiste en que esta debe ser información pública pues se trata de dinero de los salvadoreños que se usa para un fin público.  Asegura que recurrirá a todas las instancias para transparentar los fondos.

Denuncia comité sindical: Propósito del plan Cáceres es ideológico

Comité sindical preocupado por las declaraciones de ataques contra las AFP que hace el FMLN.

Ricardo Soriano y Enrique Anaya están preocupados porque el tema de pensiones tenga una visión política.

Karen Molina, 5 octubre 2015 / EDH

Las viejas cargas ideológicas de lucha de clases de personeros del partido de gobierno, el FMLN, están impidiendo que se discuta de manera técnica el plan Cáceres de las pensiones, denunció  el comité sindical a favor de los ahorros de los trabajadores, Comtradefop.

Los dirigentes de la organización laboral, el sindicalista Ricardo Soriano y el abogado Enrique Anaya, denunciaron que en recientes reuniones  los diputados efemelenistas Norma Guevara y Rolando Mata, les manifestaron que  “no les temblará la mano para sacar a las AFP del país”, una frase que les demuestra el principal objetivo que hay detrás de la propuesta de Cáceres de regresar parcialmente a un sistema de pensiones manejado por el Gobierno.

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También lo confirman al escuchar las declaraciones del secretario general del FMLN, Medardo González, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña y el ministro Cáceres, quienes han expresado su rechazo a la  “la privatización de las pensiones que  impulsó ARENA” en 1998 y que, según ellos,  está dejando millonarias ganancias a las AFP.

“La privatización del sistema de pensiones que impulsó ARENA, fracasó y las grandes ganadoras han sido las AFP”. “El Estado salvadoreño ya no puede seguir con este sistema de pensiones”, señaló González la semana pasada.

Sin embargo Anaya dice que estas declaraciones afectan un debate serio del tema pues la discusión se aleja del ámbito técnico que debería tener.
“En lugar de tener una visión técnica sobre el tema, se contamina con una visión ideológica y la necesidad del dinero”, dijo Anaya.

“Ellos lo que quieren es una muerte a pausas de las AFP. No les importa la cobertura, ni la rentabilidad ni nada más, solo sacar a las AFP”, dijo el abogado, quien además  ve en el Plan Cáceres  un ataque contra la empresa privada.  “No habrá necesidad de que los saquen del país. Ellos mismos se van a ir. Esto es una muerte a pausas para las AFP, una lucha contra la empresa privada”, dijo Anaya.

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El diputado Rolando Mata  respondió ayer  que esas palabras que Soriano y Anaya escucharon en la reunión son solo “su percepción” y que no es cierto que el FMLN quiera sacar a las AFP del país.

Y lejos de eso, acusó a Soriano y a Anaya de recibir financiamiento de las AFP para publicar sus comunicados en los periódicos, a pesar que dijo no tener pruebas de eso.

Debate integral 
Las AFP, por su parte, se han defendido a través de un comunicado, alegando que el sistema de ahorro de pensiones a través de una cuenta individual ha sido sostenible en el tiempo y cuenta con el respaldo financiero para garantizar el pago de pensiones en el futuro.

En otra oportunidad la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos para Pensiones (Asafondos) también ha manifestado que son empresas privadas supervisadas  constantemente por la Superintendencia del Sistema Financiero, y que cumplen a cabalidad las disposiciones legales de inversión y cobro de comisión que les aprueba el Gobierno.

Por disposición de la Superintendencia del Sistema Financiero, a julio de este año las AFP deben cobrar una comisión neta del 1.18% del fondo y cumplir con los límites de inversión que le establece la ley.

“Todo el mundo le tira las flechas a las AFP, pero es a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que hay que apuntar para que ésta mejore. La discusión debe ser técnica y no ideológica” señaló Soriano.

Los sindicalistas señalan, además, que el Gobierno está centrando su atención en una reforma que solo les permita tener más dinero para sus gastos, pero no están considerando otros aspectos importantes para que la reforma sea sostenible en el tiempo y que incluya aspectos generacionales que impactarán en las futuras generaciones.

Diferentes organizaciones y tanques de pensamiento también se han pronunciado a favor de que se discuta una reforma integral que no solo abarque el problema fiscal sino que además se presenten soluciones para una mayor cobertura previsional y una mejor rentabilidad, entre otros aspectos.

Gobierno administrador
Si las AFP se fueran sería el Estado el que administraría el dinero de los cotizantes.
Empero, ni Anaya ni Soriano están convencidos de que el Estado tenga la capacidad para administrar ese dinero y pagar pensiones. “¿Para qué se va a poner más carga el Gobierno?, dice Soriano, quien no confía en que el Gobierno haga un trabajo de administración transparente. “Hacer una AFP estatal no significa que no vaya a tener gastos el Gobierno. Necesitan personal, pago de planillas y pago de pensiones”, dijo. “Esto es una estatización lenta”, agregó Soriano.

La única propuesta de reforma de pensiones que ha salido a la luz hasta hoy es la del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Este plan propone reabrir un sistema de reparto o público alimentado por las cotizaciones de los trabajadores que ganen menos de $484.

Según el plan Cáceres, todos los que ganen hasta dos salarios mínimos tendrán que trasladar sus ahorros personales a un fondo común administrado por el Gobierno.

Los números oficiales indican que más del 53% de los actuales cotizantes de las AFP ganan ese salario, por lo que más de $4,200 millones pasarían inmediatamente a las arcas del Estado.

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problema fiscal por unos 3 años

El objetivo del Plan Cáceres es darle liquidez al Gobierno para que pague las pensiones de los actuales pensionados del ISSS y el INPEP pues cada año el Gobierno tiene que desembolsar un aproximado de $400 millones que ahora se le prestan a los actuales cotizantes de las AFP.

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Anaya: “el plan de Cáceres es una condena para el futuro de los jóvenes”

Comité sindical instó a los jóvenes a informarse y a defender sus ahorros, que son propios.

Karen Molina, 5 octubre 2015 / EDH

Los jóvenes que comienzan a trabajar deberían ser los más preocupados por las reformas al sistema de pensiones que se discuten en estos momentos.
De acuerdo con el representante legal del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya,  la generación que más sufriría por cualquier cambio que se haga al sistema previsional serían los jóvenes que cotizan regularmente a las AFP.

 “Nuestra generación es la que más está afectada. Ahora se está viendo cómo pagarle a los jubilados del ISSS y el INPEP, pero hay que garantizar que los jóvenes de hoy también tengan segura una pensión en el futuro”, dijo Anaya.

Desde 1998 hasta la fecha todo trabajador cotiza un porcentaje de su salario a las AFP y ese dinero se va a una cuenta individual con su nombre, que funciona como una cuenta bancaria. La única diferencia es que el dinero no lo puede sacar cuando quiera, sino que debe esperarse a cumplir los años de jubilación.

Pero el plan de pensiones de Cáceres propone que más del 50% de esta población que cotiza hoy en las AFP le entregue el dinero al Gobierno para que éste lo meta en un fondo común, sin dueños, ni nombres.

“El proyecto del Ministro Cáceres es una condena para el futuro de los jóvenes”, dice Anaya, pues se está garantizando la pensión para los de hoy, pero a los jóvenes de hoy solo se les está dando “la promesa”, de que cuando se jubilen les pagarán una pensión, pero es una promesa incierta.

“Hay una falta de compromiso generacional. La gente que está ahorrando en estos momentos es la gente joven, pero solo les están ofreciendo la promesa de que les van a pagar, sin que haya un respaldo financiero”, señaló.

Encuestas que han hecho las mismas AFP revelan que hoy día más del 70% de los trabajadores que cotizan a una AFP tienen conciencia de que el dinero que les descuentan cada mes es suyo, está a su nombre y nadie puede quitárselos. También hay más consciencia de la importancia de que estos ahorros se inviertan bien para ganar intereses.

 Por ese derecho a la propiedad privada es que Anaya, junto al Comité de trabajadores aseguran que están dispuestos a acompañar a los ciudadanos a presentar demandas de amparo por vulnerar sus derechos.

“Si se llegara a aprobar un plan de carácter expropiatorio, nosotros seríamos los primeros en ponernos en la fila para promover amparos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado.

“La gente está tomando cada vez más conciencia de que el dinero que ahorran es de ellos y que el Gobierno no puede tomarlo así por así”, señaló.
Ricardo Soriano, presidente del Comité, dijo que tampoco descartan acciones públicas en rechazo por la toma del dinero privado por parte del Gobierno y que si es necesario salir a las calles a protestar por la expropiación del dinero, podrían hacerlo.

En respuesta a los temores de estatización, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, así como el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, han asegurado que las reformas de pensiones que se proponen no son confiscatorias y que lo que se busca es garantizarle al Estado la liquidez suficiente para pagar las pensiones de los jubilados de hoy.

AFP insisten que prioridad debe ser mejorar las pensiones

Ante acusaciones que hicieron funcionarios de Gobierno sobre enriquecimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estas recordaron que son entidades auditadas y supervisadas.

Las AFP insisten en que dicho sistema es sostenible porque cada trabajador es dueño de sus ahorros y de su futura pensión.

Rodolfo Ortiz, 4 octubre 2015 / EDH

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) expresaron que el debate sobre la reforma al sistema debe centrarse en la mejora de la pensión para los trabajadores y que esta sea sostenible.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) reaccionaron así ante el intento de algunos funcionarios por lograr que los sindicatos rechacen a las AFP y apoyen el paso de todos los ahorros a un fondo del Estado.

“Como administradoras consideramos que se debe priorizar en las propuestas el rendimiento de los Fondos de Pensiones , evaluando opciones para que los trabajadores tengan una mejor pensión” reza el comunicado que hicieron publico ayer.

La gremial también recordó que mejorar las pensiones del sistema actual pasa por permitir más opciones para que los ahorros de los trabajadores puedan ser invertidos.

De momento la rentabilidad de los ahorros es muy baja porque 56 de cada 100 dólares están invertidos en certificados del Estado que apenas generan 1.3 % de ganancia.

Asafondos también se refirió a las acusaciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario técnico, Roberto Lorenzana, sobre las ganancias de las AFP y la forma en que contratan lo seguros de vida para los afiliados.

“En relación al  manejo financiero y operativo de las AFP como empresas y del fondo de pensiones, es importante señalar que son empresas reguladas por ley, supervisadas y auditadas por la Superintendencia del Sistema Financiero”, señala el comunicado.

La gremial además recordó que cada trabajador puede solicitar la información relacionada a cómo se han administrado sus ahorros.

También aclaró que de los $8,500 millones que hay ahorrado actualmente en los Fondos de Pensiones, $2,550 millones fueron generados por la rentabilidad de las inversiones que hacen las AFP. Dicho dinero se encuentra en la cuenta individual de los trabajadores.

Campaña contra las AFP

Sin hacer referencia directa, Asafondos reaccionó así a la reunión de cuatro horas que el viernes sostuvieron varios sindicatos con Roberto Lorenzana para hablar sobre pensiones.

De acuerdo con algunos sindicalistas presentes en el evento, la prioridad durante todo el conversatorio fue hacer señalamientos en contra de las AFP y además, sondear el respaldo que la propuesta de reforma gubernamental tiene entre los trabajadores.

Al respecto de la reunión Asafondos solo mencionó en el comunicado que “nos parece muy positivo el ofrecimiento oficial de incorporar a los sectores involucrados en la construcción de una propuesta para el fortalecimiento del Sistema de Pensiones en El Salvador”.

Añadieron que la reforma debe estar sustentada en estudios técnicos, legales y cálculos de largo plazo cuya información esté disponible para toda la sociedad.

“Lo fundamental es poder conocer cómo quedan los derechos de los afiliados y pensionados, como se financiará la deuda que se genere con cada propuesta y quien lo pagaría durante las décadas que dure esa deuda”, recalca el comunicado.

La propuesta del Gobierno, el Plan Cáceres, busca crear un fondo público al cual pasarían los ahorros y cotizaciones de todos los trabajadores que ganen menos de $484. Quienes ganen más transferirán solo un porcentaje de sus ahorros.

El estado entregará una pensión mínima a todos y quienes tengan salarios mayores a $484 podrán recibir una pensión complementaria según sus ahorros en las AFP.

La propuesta ha sido criticada por varios sectores, incluyendo algunos sindicatos de trabajadores.

Una de las primeras críticas es que la iniciativa del Gobierno no había sido consultada con ningún sector.

Por otro lado, tanques de pensamiento, gremiales y algunos sindicatos han dicho que la reforma significaría una confiscación del ahorro de los trabajadores.

Representantes sindicales presentes en la reunión del viernes pidieron que se les permita participar en la elaboración de la propuesta. También solicitaron que se busque mejorar la pensión que recibirán los trabajadores y no entrar en discusiones ideológicas o políticas sobre el tema.

«Como administradoras consideramos que se debe priorizar en las propuestas
el rendimiento de los Fondos de Pensiones, evaluando opciones
para que los trabajadores tengan una mejor pensión»

Gobierno seduce a sindicatos para apoyar el Plan Cáceres.

Funcionarios se reunieron con trabajadores y usaron un discurso para que los sindicatos rechacen a las AFP.

El ministro Carlos Cáceres habría pasado la coordinación de la reforma de pensiones al secretario Roberto Lorenzana.

Rodolfo Ortiz, 3 octubre 2015 / EDH

El Gobierno sostuvo ayer la primera reunión con el sector sindical para sumar apoyos al Plan Cáceres, o  propuesta de reforma de pensiones, planteada por el Ministerio de Hacienda, con el propósito de desestimar la labor que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Paradójicamente, en el encuentro ni siquiera explicaron a los presentes en qué consiste dicha iniciativa.

En la cita estuvieron presentes representantes de al menos 60 sindicatos junto al secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana y el secretario de transparencia, Marcos Rodríguez.

De acuerdo con uno de los trabajadores presentes, Lorenzana inició el conversatorio explicando a los sindicalistas, del sector público y privado, que ahora es él quien toma el liderazgo en la propuesta de reforma. Aunque la invitación se hizo para hablar de la reforma de pensiones, fue lo que menos se hizo.

El presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, expresó que al parecer la reunión buscaba levantar los ánimos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Ellos creen que las AFP no han desarrollado su papel que les correspondía, porque lo ven más por el lado empresarial, pero no como tema social… Eso viene a motivar a que no le vean futuro estable a las AFP. Como diciendo, miren, este ha sido un mal. El gobierno sí le puede responder al trabajador”, explicó Soriano.

Este representante laboral comentó que la presentación fue abundante en datos sobre la reforma que dio vida a las AFP y las ganancias que estas obtienen por administrar los ahorros de pensiones.

Sin embargo, Lorenzana y Rodríguez evitaron mencionar las propuestas concretas del Plan Cáceres o el contenido de un estudio que pidieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para saber si es factible reabrir un fondo de reparto para las pensiones.

En opinión de Soriano, el encuentro estuvo más encaminado a conocer el respaldo con el que cuenta el Plan Cáceres entre los sindicatos. Añadió que al menos algunas organizaciones de empleados del sector público expresaron que apoyarán la propuesta gubernamental e incluso se habló de hacer actividades de calle durante el fin de semana.

Para el presidente de Comtradefop fue una lástima que no se hablara sobre aspectos concretos de la reforma. También el que ningún funcionario respondiera cuando les preguntó por qué no están influyendo para que la Asamblea Legislativa apruebe una nueva tasa de interés para los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que favorezca a los cotizantes.

Por su parte, la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahí Molina, dijo que como trabajadores no están interesados en charlas ideológicas sobre el tema, sino en establecer una mesa técnica para que el sector pueda participar en la elaboración de la reforma.

“En general todos dijimos que no estamos de acuerdo en que se reforme el sistema de pensiones sin la participación de los trabajadores, que somos los dueños del dinero… No solo que nos cuenten, queremos proponer y participar en la reforma”, comentó.
Molina añadió que en base a los diagnósticos técnicos se podrá juzgar el papel de las AFP en el sistema, no mediante un planteamiento ideológico o político.

De acuerdo con la líder sindical, varias organizaciones presentes en la reunión de Casa Presidencial solicitaron conocer de manera oficial todos los documentos relacionados a la reforma: el estudio del sistema hecho durante la administración Funes, el documento de factibilidad hecho por el BID, y los borradores del Plan Cáceres que han circulado durante los últimos dos meses. Sin embargo ambos líderes sindicales señalaron que no hay acuerdos concretos. Aunque se habló de  próximas reuniones y presentación de la propuesta que ha elaborado el Gobierno, no hubo compromisos para entregar la información o participar en elaborar la reforma.

Campaña contra AFP
El tono que Lorenzana mantuvo respecto a las AFP concuerda con el discurso que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, expresó ayer por la mañana en una entrevista televisiva. Cáceres evadió, también, hablar sobre el estudio del BID y se centró en explicar su visión sobre las AFP y los compromisos derivados de la primera reforma de pensiones y sus modificaciones.

“Qué hicieron, como en todo proceso de privatización, se privatizan las ganancias, pero los costos que los pague la población, y la población lo paga con sus impuestos”, dijo.

El ministro también hizo referencia a las ganancias que han tenido las AFP en sus casi dos décadas de existencia, indicando que es una rentabilidad mayor que la de los bancos.  Según Cáceres esos ingresos habrían aliviado los gastos del Estado en pensiones. Además opinó que hoy en día, sería más fácil denunciar un robo en un sistema de reparto, si es que lo hubiera.

«Ellos creen que las AFP no han desarrollado su papel que les correspondía…
Eso viene a motivar a que no le vean futuro estable a las AFP.
Como diciendo, miren, este ha sido un mal.
El gobierno sí le puede responder al trabajador. »
Ricardo Soriano, presidente de Comtradefop

AFP: propuesta deja sin fondos al sistema privado de pensiones

ASAFONDOS teme que la reforma al sistema de pensiones se trate de una nacionalización encubierta, puesto que dejaría a las AFP con pocos fondos para hacer frente al pago de pensiones.

Mariana Belloso, 30 sept. 2015 / LPG

La propuesta de reforma del sistema de pensiones que prepara el Gobierno aún no se hace pública, pero ya ha levantado preocupaciones entre diferentes sectores, organismos no gubernamentales y centros de análisis.

Para la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), uno de los principales problemas de la propuesta es que busca sacar fondos del sistema privado para llevarlos, de nuevo, a un sistema público, que en el pasado ha probado no ser sostenible.

Las AFP manejan actualmente unos $8,500 millones, que son la sumatoria del dinero que 1.8 millones de salvadoreños han cotizado en cuentas individuales como ahorro para su futura jubilación.

René Novellino, director ejecutivo de ASAFONDOS, dijo que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo presentaciones sobre su propuesta, en la que todos los salvadoreños que ganen menos de dos salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, deberán pasar a un esquema público de pensiones que se crearía a partir de la reforma.

Cerca de dos terceras partes de los trabajadores del país caen en ese rango salarial. Para pasar al sistema público, las AFP deberán trasladar al Gobierno el dinero que estos trabajadores han cotizado durante el tiempo que el Sistema de Ahorro Previsional (SAP) lleva funcionando. De 1998 a la fecha, son 17 años de cotización.

“Se pasarían unos $4,000 millones al Fondo de Obligaciones Previsionales, pero como nosotros no tenemos el dinero líquido, sino que lo tenemos invertido, la última presentación que ha hecho Hacienda deja abierta la posibilidad de que se les trasladen Certificados de Inversión Previsional (CIP) y otros instrumentos transables”, explicó Novellino.

El Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) fue creado en 2006, durante la administración de Antonio Saca, para ser un instrumento financiero para el pago de pensiones. El dinero del FOP se obtiene de la venta de los CIP, que son unos instrumentos que pagan una tasa de interés muy baja, actualmente cercana al 1.1 % anual.

Las AFP están obligadas por ley a comprar estos CIP, y hoy por hoy un 56 % de los ahorros para pensión de los salvadoreños está invertido en estos papeles, ganando una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad baja implica que el dinero que se ahorra no crece, y al no crecer suficiente, significará pensiones bajas en un futuro.

En pensiones se habla de la “tasa de reemplazo”, que es el monto de pensión al que se aspira, y es el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años. Con las condiciones actuales de baja rentabilidad, ASAFONDOS calcula que la tasa de reemplazo para los futuros pensionados será de apenas el 30 %: recibirán como pensión menos de un tercio de su salario promedio de los últimos 10 años.

A las AFP les quedarán $4,500 millones invertidos mayormente en CIP, lo cual les dificultará aún más el manejo de los fondos. Los CIP ganan un interés muy bajo y producen poca rentabilidad. “Llegará el momento en el que tengamos que empezar a vender los títulos que sí nos generan rentabilidad, porque tenemos la obligación de pagar la pensión a los jubilados que ya tenemos”, agregó. Sería una privatización encubierta, al deteriorar el sistema privado.

“Es posible que cuando la gente vea que las AFP comienzan a tener estos problemas decidan pasarse al sistema público, sería prácticamente una renacionalización”, advirtió.

Movimientos

Si se aprueba la propuesta tal y como se ha planteado, las AFP pasarían estos $4,000 millones en ahorros de los trabajadores al FOP. Novellino dice que Hacienda prevé que sean $2,000 millones en CIP y $2,000 millones en otros instrumentos que sí devengan mejores tasas de interés, de alrededor del 7 % anual.

“Esto significa que el Gobierno estará recibiendo en el corto plazo estos flujos, pero a cambio de una obligación futura de pagar las pensiones”, señaló Novellino.

El problema verdadero, agrega, es que este dinero no se guardará para pagar las pensiones futuras, sino que se usará para pagar las pensiones pasadas. La llamada deuda de pensiones requiere unos $460 millones anuales para pagarles a los jubilados del ISSS y del INPEP que cotizaron al antiguo sistema de reparto.

Como el dinero del sistema antiguo se agotó en 2001, la obligación del pago de estas pensiones pasó al Estado.

“El Estado va a recibir los flujos de los ahorros para pensiones de esta gente, pero no los usará para las pensiones futuras, sino para las pasadas, entonces no habrá dinero que respalde el pago de las pensiones a futuro. Las respaldará una ley, pero no dinero”, insistió Novellino.

Plan del Gobierno reduce pensión a más de 100 mil trabajadores

Un grupo de trabajadores que optó por pasar del sistema público a las AFP perdería algunos beneficios.

Rodolfo Ortiz, 26sept. 2015 / EDH

La nueva versión del Plan Cáceres, avalada por el Gobierno del Fmln, abre la puerta para que miles de salvadoreños, a quienes se les aseguró que recibirían el 63 % de su salario como pensión, el día de mañana pierdan ese beneficio y reciban solo la pensión mínima (actualmente de $207.6).

Este cambio afectaría a quienes siguen trabajando y a quienes ya están jubilados.

La versión 2 del plan gubernamental introduce una contradicción con el primer borrador. Mientras el documento filtrado en agosto dice que los jubilados no sufrirían ningún cambio en su pensión, el de septiembre añade que los pensionados, sin excepción, pasarían a recibir la pensión mínima.

“En el caso de los Pasivos del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP o jubilados del sistema privado) una parte serán pagadas por recursos propios y al acabarse se le pagará la pensión mínima con fondos públicos”, señala una frase en la página 42 del nuevo documento.

La misma lámina dice que se anularán los decretos legislativos 100 y 1217, los cuales otorgaban beneficios a un sector de la población que eligió cambiarse del sistema público al privado (AFP).

Con esta gente el Gobierno se comprometió en 2003 a pagarles como pensión el 63 % de su salario, una vez se terminaran sus ahorros del sistema privado.

Ya que estas personas fueron las primeras en afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), juntaron pocos ahorros y estos generaron una menor ganancia. Los decretos les permitieron elevar su pensión al 63 % de su salario y el Estado pondría el dinero que hiciera falta.

El nuevo plan del Gobierno, elimina este beneficio y de un plumazo baja la pensión mensual de estas personas, dejándolas en menos de $300 en el mejor de los casos.

En el peor, estos salvadoreños tendrían que quedarse solo con los $207 que el Estado otorgará como pensión mínima.

La primera versión del Plan Cáceres destinaba este golpe únicamente para los salvadoreños beneficiados con estos decretos y que no se han jubilado todavía.

La segunda versión, en cambio, abre la posibilidad de que los adultos mayores que ya reciben una pensión de $600 (por ejemplo) al mes siguiente solo obtengan $207.

Es decir, si el ahorro de un trabajador ya se terminó, el nuevo sistema de reparto que estudia el Fmln le bajará la  pensión a los trabajadores y le entregará solo $207.

En la actualidad estos decretos le protegen y aseguran que, aunque su dinero se acabe, el Estado le seguirá pagando la misma pensión sin bajar un centavo.

A los jubilados que reciben dicho beneficio, el Plan Cáceres le reducirá sus ingresos que necesita para pagar alimentación, gastos médicos, vivienda y otros.

Un par de escenarios a manera de ejemplo

En el caso de un trabajador que gane $600 y este por jubilarse en un par de años, gracias a estos decretos tiene asegurado que su pensión será del 63% de su salario.

En otras palabras, al retirarse recibirá cada mes $378 como pensión. Además, si sus ahorros de AFP se terminan, el Gobierno le seguirá pagando esa misma cantidad.

Ahora bien, si entra en vigencia el Plan Cáceres, avalado por el Gobierno, los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFP serán divididos. El porcentaje que corresponda a las cotizaciones de los primeros $484 de su salario irán al nuevo sistema público. Y, otro porcentaje, correspondiente a los restantes $116 de su salario se quedará en la AFP, generando una pequeña ganancia.

Al retirarse esta persona recibirá los $207 de pensión mínima, más lo que sus reducidos ahorros de AFP le puedan aportar, algo tan poco como $60 mensuales (por ejemplo).

A esa persona que recibiría $378 como pensión, el Plan Cáceres le bajará los beneficios y le entregará solo $267.

Veamos otro ejemplo. Con el mismo cálculo, hecho con un salario de $1,000, la pensión bajaría de $630 a $267, aproximadamente.

Actualmente la pensión que entrega el sistema de AFP representa entre el 30 % y el 40 % de los salarios debido a las restricciones que tiene para invertir los ahorros y generar mayores ganancias. Los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que el Estado usa para tomar ese dinero prestado, es uno de esos obstáculos, pues hasta hace poco apenas ganaban el 1.2 % de interés. Desde este año pagan el 3 %.

Los CIP han sido calificados por un representante de las AFP como “ancla” para las ganancias que pueden obtener los trabajadores.

Los decretos 1217 y 100 de alguna manera beneficiaban a un sector de la población, no solo de las bajos ahorros que lograron juntar en la transición de un sistema a otro, sino del daño que inversiones como los CIP han hecho a los ahorros de pensiones.

Historia de los decretos

El decreto 1217 fue emitido en 2003 y el 100 en 2006 como respuesta a demandas y necesidades de los salvadoreños.
Cuando en 1998 se hizo la reforma de pensiones que dio vida a las AFP se dio a 220 mil personas la posibilidad de elegir si se quedaban en el anterior sistema público o pasaban al nuevo.

Este grupo de personas tenía entre 36 años y 50 años (las mujeres) o 55 años (los hombres) cuando ocurrió la reforma.

El gobierno se comprometió con las personas que pasaron a una AFP a que les daría Certificados de Traspaso (CT) cuando se jubilaran, los cuales serían equivalentes a todo el dinero que cotizaron en el sistema antiguo (ISSS e INPEP).

Al juntar ese dinero con los ahorros en las AFP, esos trabajadores se encontraron que por haber pasado poco tiempo en el nuevo sistema habían generado pocas ganancias.

Su pensión además era muchísimo menor a la que habrían tenido si se quedaban en el sistema público.

Ante el malestar de la gente, en 2003 el Gobierno y la Asamblea Legislativa emitieron el decreto 1217.

Con ello se crearon los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) con los cuales el Estado se compromete a entregar el dinero adicional para elevar la pensión de estas personas al 60 % de su salario.

Posteriormente en 2006 se emitió el decreto 100. Con este se buscó simplificar el esquema de los CT y CTC. En resumen el Gobierno se comprometió a entregar, mes a mes, la pensión del 60 % del salario a estas personas una vez que se terminen su ahorros de AFP. El beneficio se mantendría de por vida para este sector.

En ese mismo año se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los cuales el Gobierno saca ahorros de las AFP para pagar las pensiones del sistema antiguo y los beneficios de estos decretos.

Varios analistas han criticado que el Plan Cáceres es una violación a los derechos adquiridos de los trabajadores. Estas personas ya trabajaron varios años y cotizaron para  ganarse ese beneficio que les ofreció el Gobierno en su momento. El ministro Carlos Cáceres sostuvo esta semana reuniones con políticos, empresarios y organizaciones de desarrollo para sumar sectores que apoyen la propuesta. Sin embargo,  el ministro ha marginado a las AFP y a los trabajadores y a sindicatos como el Comité de Trabajadores es Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop). A estos actores ni siquiera los ha llamado a reunión.