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¿Qué sucede en pensiones según las leyes? De Ruth de Solórzano

Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones.

Tuth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, 18 octubre 2016 / EDH

¿Cuáles son las verdades sobre la base de las Leyes vigentes en Pensiones? ¿A quién afecta la reforma al Fideicomiso de Pensiones?

1.Debemos saber todos que el dinero de los trabajadores ahorrado en su Fondo de Pensiones está separado completamente del dinero de la sociedad que los administra, llamada AFP.

2. En la Ley SAP se establecen las condiciones para invertir los Fondos de Pensiones de los Trabajadores, por ser un ahorro tan relevante para la vejez, la invalidez y la sobrevivencia.

diario hoy3. Las mejoras al esquema para diversificar las inversiones por instrumento, “para no tener todos los huevos concentrados en una sola canasta”, han sido muy limitadas a pesar de que tanques de pensamiento y las mismas AFP han pedido más oportunidades de inversión para los ahorros de los afiliados y para que así se cumpla con el objeto que es “una adecuada rentabilidad” para que cada trabajador pueda tener una buena pensión.  Solo dos veces se ha mejorado el Art. 91 de la Ley, en 2001 y en 2006.

4. El 100 % de la rentabilidad de los Fondos de Pensiones es de los dueños de dichos Fondos que son los trabajadores y “exclusivamente de los trabajadores”. A la AFP se le establece que puede cobrar una comisión a sus afiliados y esta comisión está escrita por Ley, no se puede cobrar nada más ni tocarse la rentabilidad de los ahorros.  Esta comisión la han ajustado varias veces: en 2001, 2005 y 2012. Desde 3.5 % hasta 2.2 %.

5. Lastimosamente, la apertura para buscar mejores opciones de inversión de los ahorros de los trabajadores se ha quedado esperando varias veces con propuestas concretas desde 1996, en 2005, 2009 2012 y 2014.  Todos esos expedientes con articulados completos propuestos por las AFP y con iniciativas de ley están en la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto, en documentos de Fundaungo, de Funde y en escritorios de funcionarios públicos pasados y presentes, en el documento de Enade 2014 y de la misma Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda de 2014. Entonces, ¿cómo se podrán mejorar las pensiones si no se mejora la forma en que la ley y las normas establecen las reglas para la inversión de los Fondos de Pensiones de los trabajadores?

6. Cuando se hace la modificación a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales el 29 de septiembre de 2016, debemos tomar en cuenta sus bases, ya que ese Fideicomiso emite papeles llamados Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que son comprados obligatoriamente con ahorros de los trabajadores desde 2006.

7. Luego, en  2012 hacen una reforma a la Ley del SAP y  ese límite de compra obligatoria se eleva del 30 % al 45 % de los Fondos de Pensiones, es decir que por mandato de Ley los trabajadores debemos prestarle al Estado $45 de cada $100 que ahorramos desde el año 2012 y antes de 2012 le prestábamos $30.

8. Desde 2006, el uso de esas inversiones obligatorias en CIP de los ahorros de los trabajadores era exclusivamente para el pago de obligaciones del ISSS y del INPEP y para que los pensionados de estos Institutos no dejaran de recibir sus pensiones mensuales. Gracias a estas inversiones es que no les ha faltado su pago mes tras mes. Los $500 millones anuales que estos institutos pagan por obligaciones con sus cotizantes no salen  de las arcas del Estado, salen de los ahorros de los trabajadores que se lo prestan al Estado para que no falle al sagrado derecho de las pensiones.

9. En esa Ley del Fideicomiso de Pensiones de 2006, ese préstamo que los trabajadores le hacemos al Estado para que pague lo que debe del ISSS y del INPEP, el Estado no se desligaba de su responsabilidad, sino que era quien paga anualmente intereses y capital de esos préstamos del CIP. La misma Ley del Fideicomiso lo señalaba hasta antes del 29 de Septiembre de 2016 que se cambió:

Art. 6, numeral 3. Es obligación del Ministerio de Hacienda, en su calidad de fideicomitente, “proporcionar al Fiduciario, los bienes y derechos necesarios para cumplir con aportaciones que sean necesarias”;

Y en el “Art. 5, numeral 2. Los demás aportes que deberá realizar el Estado al Fideicomiso, de conformidad a los recursos que se aprueben en el Presupuesto General del Estado, para cada ejercicio”;

10. Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones (FOP).  Entonces ¿quién pagará los intereses y el capital que ya ese Fideicomiso les debe a los trabajadores?  Ese Decreto de reforma a la Ley FOP, establece entonces que el Fideicomiso emita más Certificados de Inversión Previsional (CIP) y que los trabajadores se paguen a sí mismos lo que el Fideicomiso les debe.  Esto significa para 2016, que si el Estado debía pagar $71.9 millones de intereses y capital a los trabajadores, ya no los pagará el Estado, sino que el mismo Fideicomiso emitirá más papeles por $71.9 millones para que los trabajadores los compremos obligatoriamente con los ahorros para la pensión y cuando el Fideicomiso reciba esos $71.9 mm, se los devuelven como pago de intereses y capital de los CIP. Esto significa pagar deuda con deuda. Es decir, que cada trabajador se paga a sí mismo lo que el Estado le debía pagar.

La reforma del Fideicomiso no fue para pagar pensiones. De Ruth de Solórzano

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Ruth de Solórzano, presidenta Ejecutiva de la AFP Crecer

, 4 octubre 2016 / EDH

Para comenzar a explicar lo que ocurrió la semana pasada en la Asamblea Legislativa, lo primero que debe aclararse es que la reforma hecha al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) no responde a la necesidad de pagarle pensiones a 160 mil pensionados.

El pago de las pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP y de las AFP no es lo que estaba en riesgo, pues existen tanto los recursos como los mecanismos de pago, los cuales siguen vigentes. Decir que la reforma responde a esta urgencia no es cierto, pues actualmente el Estado no está sacando efectivo de la caja de Hacienda para pagar las pensiones del ISSS e INPEP, ni de las AFP. El pago de las pensiones no dependía de la aprobación de esta reforma al FOP.

diario hoyAntes de esta reforma al Fideicomiso, el Estado era responsable de presupuestar anualmente el capital e intereses de la deuda contraída con los trabajadores a través de la compra obligatoria de los CIP con sus Fondos de Pensiones. Para 2016, no se presupuestó lo debido para hacer este pago durante todo el año, sino que les hizo falta.

El pago de intereses y capital de los CIP que se debe a los trabajadores anualmente andaba entre 2 % y 3 % del Presupuesto General de la Nación. Pero, en la Asamblea Legislativa se modificó la Ley del Fideicomiso para que se emita más deuda para poder pagar el servicio de la deuda de CIP (Certificados de Inversión Previsional) que el Estado tenía con los trabajadores dueños de sus Cuentas de Ahorro para la Pensión.

Ahora con esta reforma, el Estado se desliga y es el Fideicomiso el que deberá emitir más deuda para pagar el servicio de intereses y amortización de la deuda que emite.

Con esta reforma a la Ley del Fideicomiso (FOP) que se aprobó, en lugar de que la compra obligatoria de CIP que hacen los cotizantes en las AFP sirva solo para uso exclusivo del pago de las pensiones y obligaciones de los Institutos públicos ISSS e INPEP, hoy también con esa reforma obligan a los afiliados a darle sus ahorros para que el Estado pague los intereses y amortización de capital de esos CIP, es decir, toman dinero de los mismos trabajadores para pagar compromisos de deuda consigo mismos, que antes de esta reforma le correspondía pagar al Estado.

En resumen, la reforma sirve para pagar CIP con CIP, papel que se paga con otro papel, no es papel (CIP) que recibe dinero como pago por el préstamo que se le hizo al Estado.

Ya no hay quien pague los compromisos de capital e intereses por las emisiones de CIP que hace el Fideicomiso. Esta reforma sí pone en peligro que no haya dinero para pagar las pensiones actuales de 165 mil personas y las de los futuros pensionados.

Para detallarlo más:

1. Hoy la cuenta de ahorro de cada trabajador tiene el 60 % de su dinero en un papel que se llama CIP obligado por el Estado para comprarlo.

2. El Gobierno con esta Ley dice hoy que no le puede pagar los intereses y capital de los CIP correspondiente al dinero que cada trabajador le ha prestado con sus ahorros, sino que manda a que le preste más dinero de su propia cuenta de ahorro, para poder pagarle los intereses y capital que le debe. Entonces toca comprar los segundos CIP para pagar los primeros CIP.

3. Cuando en  2017 le toque al Estado pagar intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP que le prestó cada trabajador antes de 2016 y en el 2016, el Estado le va a volver a pedir a cada trabajador que le vuelva a prestar de sus propios ahorros para pagarle todos esos intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP, con un tercer CIP.

4. En el año 2018, le volverá a pedir dinero prestado al trabajador de su cuenta de pensión para pagarle los intereses del 1º., 2º. y 3er. CIP con un 4º. CIP. Y esto, no se sabe si se acaba o parará hasta que se acabe el dinero de cada trabajador y no haya con qué pagar ni tu pensión ni la de tus padres ni la de tus hijos.

Falsedades sobre las AFP. De Axel Kaiser

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Axel Kaiser, Director Ejecutivo de la Fundación Para el Progreso (Chile)

Axel Kaiser, 28 septiembre 2016 / EDH

Si hubiera que juzgar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por cómo han defendido y explicado el sistema en la última década(en Chile), sin duda no merecerían seguir existiendo. Hace años algunos venimos advirtiendo que un sector ideologizado del país busca destruir el que constituye el pilar central del modelo económico actualmente en cuestión y hemos dicho que era cosa de tiempo para que se iniciara una masiva campaña en su contra. Les advertimos, años atrás, que debían tirar “toda la carne a la parrilla” en un país en que la mayoría no entiende los principios básicos del sistema. Lamentablemente, poco hicieron por dar la batalla por la imagen. Al parecer nunca entendieron que lo que hay de fondo es un tema ideológico y comunicacional más que técnico y seguirá siendo así a pesar de las reformas de la Presidenta. Ninguna institución, dijo John Stuart Mill, subsiste el paso del tiempo si la opinión mayoritaria no la respalda y esa opinión, dijo el mismo Mill, la forman los intelectuales y difusores de ideas.

diario hoyDaniel Kahneman, psicólogo de Princeton y premio Nobel de economía por sus investigaciones sobre cómo funciona nuestro cerebro en la toma de decisiones, dice que “una forma confiable de hacer creer a la gente falsedades es la repetición frecuente, pues la familiaridad no es fácilmente distinguible de la verdad”. La idea de que las AFP son un robo se ha repetido tanto, implícita o explícitamente, en todos los foros, medios de comunicación, universidades y otros que no es raro que hoy se esté poniendo en tela de juicio su subsistencia. Los demagogos se han encargado de propagar por años estas falsedades con el único fin de hacer girar el clima de opinión de modo tal de hacer caer el sistema. Cuando en sus recientes intervenciones José Piñera dijo que los medios de comunicación han sido responsables directos de que haya mucha gente que cree que las AFP son un mal arreglo tenía toda la razón. Lo extraño es que no haya habido de parte de las AFP una contraofensiva potente e inteligente para salir al paso de tanto engaño. Ha habido excepciones como el notable Klaus Schmidt Hebbel, pero ciertamente no se ha percibido una estrategia de comunicaciones integral que atienda la naturaleza ideológica de la amenaza que enfrentan.

Ahora que estamos entrando en un delirante proceso de creación de una nueva constitución, ¿qué pasará con las pensiones? No lo sabemos. Es cierto que hoy hay intereses extranjeros involucrados en el negocio y que eso constituye un freno adicional al zarpazo que políticos populistas e ideólogos colectivistas quieran pegarle al sistema. Pero no debemos subestimar el alcance que puede llegar a tener el populismo en nuestro país en la próxima década. La tentación de confiscar los más de US$ 160 mil millones acumulados es gigantesca y solo una sociedad civil organizada dispuesta a defender su dinero será capaz de frenarla en el largo plazo. Para eso, la opinión común no puede ser que aquí un par de ricos dueños de las AFP nacionales o extranjeros están esquilmando a los cotizantes como quieren hacernos creer ciertos grupos. Por cierto el clima de opinión general en contra de los empresarios es parte de esa campaña por destruir la credibilidad del sistema de mercado donde las AFP son un pilar fundamental. ¿O acaso condenar el lucro como inmoral en sí no destruye inmediatamente la legitimidad del negocio de las AFP? ¿Por qué va a ser inmoral lucrar con educación y otros derechos sociales y no con la pensión que es un tema todavía más sensible? Resulta increíble que muchos empresarios en Chile aun hoy no entiendan lo que está en juego y el nivel en que debe darse la batalla. Esto no puede explicarse sino por la falta de hábitos de lectura entre muchos de nuestros empresarios muy dedicados a los números pero totalmente indolentes al mundo de las ideas que es el que define la sustentabilidad de largo plazo de su negocio. Se siguen comportando como el transeúnte que camina al lado de un Rottweiler que le está gruñendo y mostrando los dientes y que cree que por no mirarlo no lo va a morder.

Santiago Montenegro “Quieren tapar un hueco fiscal como lo hizo Argentina”

El experto colombiano dijo que financiar un sistema de reparto con dinero del sistema privado es expropiar el dinero de los ciudadanos y camuflar un problema fiscal.

El economista colombiano visitó el país ayer el país y contó cómo funciona el sistema de pensiones en su país. | Foto por Jorge Reyes

El economista colombiano visitó el país ayer el país y contó cómo funciona el sistema de pensiones en su país. | Foto por Jorge Reyes

, 18 febrero 2016 / EDH

diario hoyLa reforma de pensiones que el gobierno salvadoreño prevé presentar la próxima semana solo es comparable con la estatización de las pensiones que  la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,  realizó en 2008.

Así lo cree el economista colombiano, Santiago Montenegro, quien es el actual  Presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de Colombia, y   miembro de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

“Esto se parece mucho a Argentina, que tenía un problema fiscal de caja porque había aumentado mucho el gasto”, señaló ayer el experto en temas previsionales, en una visita al país.

Con un problema fiscal originado por el excesivo gasto que durante su administración, la ex presidenta Kirchner, conocida por sus excentricidades y gustos por el lujo, decidió trasladar a la bolsa estatal unos $30,000 millones en activos que administraban las AFP.

El resultado, recuerda Montenegro, ha sido un problema fiscal más grande del que tenían, y una deuda cada vez más elevada que degrada al país sudamericano como uno de los menos confiables en Latinoamérica.

En América Latina, solo Argentina ha expropiado las cotizaciones a sus trabajadores. El resto de países que han creado un sistema mixto han financiado el sistema público con cotizaciones totalmente separadas de las que se hacen al sistema privado.

En El Salvador, la propuesta gubernamental pretende reabrir el sistema de reparto, pero con fondos del sistema privado, que ya tiene 17 años de funcionamiento.

Enterado de la situación salvadoreña, Montenegro afirma que si el Gobierno pretende reabrir un sistema de reparto, “están dando un paso atrás” y prácticamente, expropiando los recursos de los cotizantes, que han ahorrado durante su vida laboral.

“Esto es como una ilusión. Van a borrar la deuda hoy, pero van a crear una más grande en el mediano y largo plazo. A mí me preocupa muchísimo esto. Es una expropiación de los recursos. Los fondos de los ciudadanos van a desaparecer”, dijo el funcionario colombiano.

¿Y qué dice la gente sobre eso?, pregunta el funcionario colombiano, intrigado por las reacciones que puede generar el tema de una reforma previsional encaminada a un sistema mixto.

Y le intriga más porque en Colombia, el sistema de pensiones es paralelo, no mixto. Desde 1993, entraron al ruedo las AFP y los ciudadanos tuvieron la opción de pasarse a ese sistema de capitalización individual de forma voluntaria, en el cual a la fecha cotizan un aproximado de seis millones de colombianos.

Las personas pueden elegir el sistema que quieran, pero solo cotizan a uno de los dos.

“Se hizo un sistema paralelo porque el hueco fiscal que tenía el gobierno colombiano con el sistema de reparto era gigantesco”, dijo el experto.

En Colombia, como en El Salvador, los ciudadanos cotizaban muy poco, pero los beneficios a la hora de jubilarse eran muy grandes, lo que fue originando un déficit previsional que aún permanece.

Sus cotizaciones van a un fondo común que no se reinvierte y que solo entrega a los colombianos “una promesa” de que en el futuro se le pagarán las pensiones.

En cambio, los que comenzaron a cotizar con el sistema privado han logrado un capital que ha ganado una rentabilidad histórica real del 9%.

A la fecha, el 70% de los ahorros son producto de esa rentabilidad que se ha logrado porque las AFP tienen un régimen de inversiones muy libre, que le permite invertir el dinero en diferentes instrumentos financieros que generan rentabilidad. Además “no tienen eso de que las obligan a invertir en solo un instrumento”, dijo Montenegro en referencia a la obligación que tienen en El Salvador las AFP para invertir el dinero de los trabajadores en bonos y certificados del Estado.

Sobre la cobertura, Montenegro señaló que “este no es un problema del sistema previsional sino del mercado laboral”. “La mejor reforma de pensiones es la formalización del mercado laboral, que todos tengan trabajo para que todos coticen y haya más dinero”, señaló el experto.

Y agregó que si el Gobierno cree que hacer un sistema de reparto es un castigo a las AFP por el cobro de sus comisiones, en realidad, dijo que “es un castigo para los trabajadores”.

Eficiencia con los fondos

Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), expresó por su parte que debe existir un debate para encontrar soluciones al problema del sistema de pensiones. Cabrera indicó que hay varios problemas en el actual régimen como la baja tasa de cotización y rentabilidad, pero son estos elementos los que “hay que ir debatiendo”.

De igual manera, aseveró que “lo importante es proveer una vejez digna a los trabajadores independiente de quién administre los fondos tiene que ser eficiente en sus costos operativos”. En este último punto, señaló que estos costos operativos deben ponerse en contraste con aquellos que se están pagando en otros países como Chile y Argentina.

“Esto es como una ilusión.
Borra la deuda hoy, pero crea una más grande
en el mediano y largo plazo”,
Santiago Montenegro, economista,
presidente de Asofondos de Colombia y miembro de FIAP.

Carta a los dueños de los ahorros de pensiones: No se dejen expropiar. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 24 octubre 2015 / EDH

Trabajadores del país:
Lo que pretende hacer el gobierno, en su desesperación por más pisto, es aberrante: nacionalizar los ahorros del sistema privado de pensiones, para resolver un problema fiscal – cuando la cosa es al revés: se necesita resolver el problema fiscal del país, con una reforma fiscal integral, para poder asegurar las pensiones.

Hay una verdad que no quieren decir: Para asegurar las pensiones hay un déficit de 24 mil millones de dólares – y son obligaciones del Estado. No pueden salir del sistema de pensiones, sea este estatal, mixto o privado. Por tanto, la reforma de pensiones que plantea el gobierno (no solo Carlos Cáceres, sino el gobierno), no aporta nada a la solución del problema de las pensiones.

Cuando se hizo la reforma del sistema e introdujo las AFP y el ahorro a título personal de cada cotizante, estas obligaciones del Estado ya existían. Vienen del sistema viejo (ISSS, INPEP e IPSFA), que casi no tenía ahorros, pero la obligación de pagar las pensiones de miles de salvadoreños.

Las cotizaciones en el nuevo sistema privado, y los fondos que se acumulan ahí no tienen absolutamente nada que ver con esta deuda previsional del Estado. Estas cotizaciones son para las futuras pensiones de los cotizantes de las AFP.

diario de hoyOtra cosa que mucha gente no sabe es que con las cotizaciones mensuales como las fija la ley,  los trabajadores que ganan menos del doble del salario mínimo nunca alcanzarán una pensión digna. Imposible. Ahí surgen nuevas obligaciones del Estado que tiene el deber de completar estas pensiones. El monto de una pensión depende principalmente del monto del salario. En un país con salarios bajos, las pensiones serán bajas y necesitan complementos por parte del Estado.

Además, cualquier política social que el gobierno promueve para pagar “pensión universal” a personas que no han cotizado, porque no son parte de la economía formal, aumenta más estas obligaciones del Estado en materia provisional. Si el Estado les quiere dar una pensión, lo tiene que pagar el Estado. No puede salir del sistema de pensiones.

En total estas obligaciones del Estado suman unos 24 mil millones de dólares. Ninguna reforma del sistema de pensiones, por más adecuada y eficiente que sea, podrá financiar estas obligaciones. Tienen que salir de ingresos del Estado – y para esto se necesita una reforma fiscal profunda y de largo plazo. Pero nadie habla de esto…

Lo que propone el FMLN, a través de su ministro Carlos Cáceres, es exactamente lo contrario, y por tanto irresponsable: usar los fondos privados y personales de pensiones, que son administrados por las AFP, para resolver su propio problema fiscal. Con esto, haría más grande el hoyo, o sea el déficit previsional. El FMLN nos quiere convencer que quieren expropiar a las AFP y sus accionistas, pero estarían expropiando a todos ustedes que son los dueños de estos fondos. Las AFP solo los administran y los invierten para que nuestros ahorros crezcan con la acumulación de intereses.

La reforma fiscal que necesitamos no es solamente para erradicar el déficit fiscal que resulta cada año del desbalance de ingresos y egresos del Estado, sino además tiene que abrir caminos para asegurar que en el las próximas décadas el Estado tenga con qué pagar los 24 mil millones de dólares de deuda previsional, o sea lo que necesita para seguir pagando las pensiones del sistema tradicional (ISS, INPEP, IPSFA) y para completar las pensiones de los cotizantes de salario mínimo.

Para que esta suma no se le haga aun más grande, es esencial que el sistema nuevo de las AFP funcione como estaba concebido. Esto significa: no expropiarle nada, y dejar de obligar a las AFP a prestar miles de millones al gobierno a tasas de interés ridículas. Puede ser que signifique también incrementar las cotizaciones mensuales, o incluso subir la edad de pensionarse. Pero ojo: Incluso si todo esto se hiciera de la manera más eficiente, lo único que lograría es consolidar el sistema privado de pensiones, pero jamás resolver el problema de pensiones que tiene el gobierno con los derechohabientes del sistema viejo estatal, en el ISSS, INPEP e IPSFA.

Para resolver esto se necesita una negociación entre gobierno, oposición, empresa privada y sociedad civil sobre una reforma fiscal que reduzca y priorice los gastos, amplíe la base tributaria, facilite el crecimiento económico y defina los impuestos que vamos a pagar para financiar las pensiones que no están cubiertos por el sistema privado. En Uruguay pagan 5 puntos de IVA extra para las pensiones.

El gobierno no está interesado en hablar de esto, sino solamente en caer a los 4 mil millones de dólares que suman nuestros ahorros en las AFP. Y para esto, solo necesitan 43 votos en la Asamblea..

La única forma de evitar esto es dejarle claro al FMLN y GANA que quien juega con nuestros ahorros, que cometen suicidio político y electoral.

Saludos,

firma paolo

¿Qué le dirá ahora el vicepresidente Ortiz al Grupo Atlántida que compró las acciones del Citi en AFP Confía? De Jorge Lagos

EL-DIARIO-DE-HOY-LOGOJorge Lagos, 17 octubre 2015 / EDH

Hace cinco meses, allá por mayo, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se ufanaba con justa razón de la confianza depositada en la seguridad jurídica que el país brindaba a inversionistas extranjeros, cuando daba un avance de la compra de las acciones que el banco Citi de El Salvador (oficialmente Citibank Overseas Investment) poseía en AFP Confía, por parte del conglomerado financiero hondureño Corporación de Inversiones Atlántida. Eso era muestra inequívoca (palabras nuestras) del excelente clima de inversiones imperante en El Salvador. Óscar Ortiz dijo que no habría cambios significativos y que se continuaría con las operaciones normales de la administradora de pensiones, según reportó El Diario de Hoy en su edición del 5 de mayo de 2015, en la sección de negocios.

La transacción se cerró en agosto pasado por un monto aproximado de $50 millones, de acuerdo con lo expresado por Ortiz, por el 75 % de las acciones que el Citi tenía en la AFP Confía, cuyo valor nominal era de alrededor de $7.9 millones. Esto representaba un valor de mercado de más de seis veces el valor facial de las acciones, que no incluía las utilidades retenidas y que si las hubiera abarcado, se conocería como valor contable. No se dio a conocer en ese entonces el valor en libros o contable (incluyendo utilidades retenidas) de las acciones para poder determinar más acertadamente la prima que el grupo hondureño pagó por las acciones que el Citi vendía. Este periódico hizo referencia el 14 de agosto de este año de una noticia que apareciera en el diario hondureño La Tribuna, que reportaba “el presidente de Banco Atlántida, Guillermo Bueso Anduray, anunció la operación de adquisición más grande realizada por un grupo financiero hondureño en la región centroamericana, al haber adquirido el control de AFP Confía de El Salvador, antes propiedad de Grupo Citi”.

Sin embargo, en apenas dos meses, después de haberse concretado la compra de las acciones, ahora el gobierno está tratando de estatizar una gran porción del fondo de pensiones, con lo cual la rentabilidad de la inversión del grupo Atlántida se vendría al suelo, al disminuir drásticamente el tamaño del fondo, ya que la AFP obtiene sus ingresos brutos de una comisión que percibe por administrar el fondo, que depende del monto del mismo. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento del fondo se verán claramente reducidas al perder éste un porcentaje sustancial de sus afiliados.

Obviamente, este grupo financiero, de más de un siglo de existencia, debe haber hecho sus cálculos de riesgo de país, entre ellos el político, además de proyectar la rentabilidad de la inversión para arribar al precio de mercado de las acciones que el Citi puso en venta. Lo extraño, por no decir insólito, es que el grupo Atlántida no estuviera al corriente del debate que se llevaba a cabo en El Salvador con respecto a la insostenibilidad de todo el sistema actual de pensiones, incluyendo tanto el de reparto como el de ahorro individual. Desde hace más de un año que se hablaba de reformar el esquema actual, aunque no necesariamente de cambiarlo, como se discute ahora, sino de darle una revisada a la edad de jubilación, cotización del trabajador, monto de la pensión, comisión que cobra la AFP, tasa de interés que el Estado le paga al fondo de pensiones por préstamos que se utilizan para pagarle las pensiones a los afiliados al sistema anterior de reparto, etc.

¿Habrá habido alguna falla en la asesoría contratada para evaluar la inversión? Más importante aún, ¿estaría el vicepresidente Ortiz conocedor de lo que el gobierno estaba gestando, que es estatizar los ahorros que los trabajadores mantienen con las AFP, cuando hizo el anuncio de la compra de las acciones?

Jorge Lagos es Asesor Financiero, MBA, Wharton School.

Denuncia comité sindical: Propósito del plan Cáceres es ideológico

Comité sindical preocupado por las declaraciones de ataques contra las AFP que hace el FMLN.

Ricardo Soriano y Enrique Anaya están preocupados porque el tema de pensiones tenga una visión política.

Ricardo Soriano y Enrique Anaya están preocupados porque el tema de pensiones tenga una visión política.

, 5 octubre 2015 / EDH

Las viejas cargas ideológicas de lucha de clases de personeros del partido de gobierno, el FMLN, están impidiendo que se discuta de manera técnica el plan Cáceres de las pensiones, denunció  el comité sindical a favor de los ahorros de los trabajadores, Comtradefop.

Los dirigentes de la organización laboral, el sindicalista Ricardo Soriano y el abogado Enrique Anaya, denunciaron que en recientes reuniones  los diputados efemelenistas Norma Guevara y Rolando Mata, les manifestaron que  “no les temblará la mano para sacar a las AFP del país”, una frase que les demuestra el principal objetivo que hay detrás de la propuesta de Cáceres de regresar parcialmente a un sistema de pensiones manejado por el Gobierno.

También puedes leer: Plan Cáceres deja sin ahorros a más de 1 millón de trabajadores

También lo confirman al escuchar las declaraciones del secretario general del FMLN, Medardo González, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña y el ministro Cáceres, quienes han expresado su rechazo a la  “la privatización de las pensiones que  impulsó ARENA” en 1998 y que, según ellos,  está dejando millonarias ganancias a las AFP.

“La privatización del sistema de pensiones que impulsó ARENA, fracasó y las grandes ganadoras han sido las AFP”. “El Estado salvadoreño ya no puede seguir con este sistema de pensiones”, señaló González la semana pasada.

Sin embargo Anaya dice que estas declaraciones afectan un debate serio del tema pues la discusión se aleja del ámbito técnico que debería tener.
“En lugar de tener una visión técnica sobre el tema, se contamina con una visión ideológica y la necesidad del dinero”, dijo Anaya.

“Ellos lo que quieren es una muerte a pausas de las AFP. No les importa la cobertura, ni la rentabilidad ni nada más, solo sacar a las AFP”, dijo el abogado, quien además  ve en el Plan Cáceres  un ataque contra la empresa privada.  “No habrá necesidad de que los saquen del país. Ellos mismos se van a ir. Esto es una muerte a pausas para las AFP, una lucha contra la empresa privada”, dijo Anaya.

También: Sindicato: plan Cáceres quebrará ambos sistemas de pensiones

El diputado Rolando Mata  respondió ayer  que esas palabras que Soriano y Anaya escucharon en la reunión son solo “su percepción” y que no es cierto que el FMLN quiera sacar a las AFP del país.

Y lejos de eso, acusó a Soriano y a Anaya de recibir financiamiento de las AFP para publicar sus comunicados en los periódicos, a pesar que dijo no tener pruebas de eso.

Debate integral 
Las AFP, por su parte, se han defendido a través de un comunicado, alegando que el sistema de ahorro de pensiones a través de una cuenta individual ha sido sostenible en el tiempo y cuenta con el respaldo financiero para garantizar el pago de pensiones en el futuro.

En otra oportunidad la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos para Pensiones (Asafondos) también ha manifestado que son empresas privadas supervisadas  constantemente por la Superintendencia del Sistema Financiero, y que cumplen a cabalidad las disposiciones legales de inversión y cobro de comisión que les aprueba el Gobierno.

Por disposición de la Superintendencia del Sistema Financiero, a julio de este año las AFP deben cobrar una comisión neta del 1.18% del fondo y cumplir con los límites de inversión que le establece la ley.

“Todo el mundo le tira las flechas a las AFP, pero es a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que hay que apuntar para que ésta mejore. La discusión debe ser técnica y no ideológica” señaló Soriano.

Los sindicalistas señalan, además, que el Gobierno está centrando su atención en una reforma que solo les permita tener más dinero para sus gastos, pero no están considerando otros aspectos importantes para que la reforma sea sostenible en el tiempo y que incluya aspectos generacionales que impactarán en las futuras generaciones.

Diferentes organizaciones y tanques de pensamiento también se han pronunciado a favor de que se discuta una reforma integral que no solo abarque el problema fiscal sino que además se presenten soluciones para una mayor cobertura previsional y una mejor rentabilidad, entre otros aspectos.

Gobierno administrador
Si las AFP se fueran sería el Estado el que administraría el dinero de los cotizantes.
Empero, ni Anaya ni Soriano están convencidos de que el Estado tenga la capacidad para administrar ese dinero y pagar pensiones. “¿Para qué se va a poner más carga el Gobierno?, dice Soriano, quien no confía en que el Gobierno haga un trabajo de administración transparente. “Hacer una AFP estatal no significa que no vaya a tener gastos el Gobierno. Necesitan personal, pago de planillas y pago de pensiones”, dijo. “Esto es una estatización lenta”, agregó Soriano.

La única propuesta de reforma de pensiones que ha salido a la luz hasta hoy es la del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Este plan propone reabrir un sistema de reparto o público alimentado por las cotizaciones de los trabajadores que ganen menos de $484.

Según el plan Cáceres, todos los que ganen hasta dos salarios mínimos tendrán que trasladar sus ahorros personales a un fondo común administrado por el Gobierno.

Los números oficiales indican que más del 53% de los actuales cotizantes de las AFP ganan ese salario, por lo que más de $4,200 millones pasarían inmediatamente a las arcas del Estado.

Mira también:
Funde advierte que plan Cáceres solamente solventará
problema fiscal por unos 3 años

El objetivo del Plan Cáceres es darle liquidez al Gobierno para que pague las pensiones de los actuales pensionados del ISSS y el INPEP pues cada año el Gobierno tiene que desembolsar un aproximado de $400 millones que ahora se le prestan a los actuales cotizantes de las AFP.

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Anaya: “el plan de Cáceres es una condena para el futuro de los jóvenes”

Comité sindical instó a los jóvenes a informarse y a defender sus ahorros, que son propios.

, 5 octubre 2015 / EDH

Los jóvenes que comienzan a trabajar deberían ser los más preocupados por las reformas al sistema de pensiones que se discuten en estos momentos.
De acuerdo con el representante legal del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya,  la generación que más sufriría por cualquier cambio que se haga al sistema previsional serían los jóvenes que cotizan regularmente a las AFP.

 “Nuestra generación es la que más está afectada. Ahora se está viendo cómo pagarle a los jubilados del ISSS y el INPEP, pero hay que garantizar que los jóvenes de hoy también tengan segura una pensión en el futuro”, dijo Anaya.

Desde 1998 hasta la fecha todo trabajador cotiza un porcentaje de su salario a las AFP y ese dinero se va a una cuenta individual con su nombre, que funciona como una cuenta bancaria. La única diferencia es que el dinero no lo puede sacar cuando quiera, sino que debe esperarse a cumplir los años de jubilación.

Pero el plan de pensiones de Cáceres propone que más del 50% de esta población que cotiza hoy en las AFP le entregue el dinero al Gobierno para que éste lo meta en un fondo común, sin dueños, ni nombres.

“El proyecto del Ministro Cáceres es una condena para el futuro de los jóvenes”, dice Anaya, pues se está garantizando la pensión para los de hoy, pero a los jóvenes de hoy solo se les está dando “la promesa”, de que cuando se jubilen les pagarán una pensión, pero es una promesa incierta.

“Hay una falta de compromiso generacional. La gente que está ahorrando en estos momentos es la gente joven, pero solo les están ofreciendo la promesa de que les van a pagar, sin que haya un respaldo financiero”, señaló.

Encuestas que han hecho las mismas AFP revelan que hoy día más del 70% de los trabajadores que cotizan a una AFP tienen conciencia de que el dinero que les descuentan cada mes es suyo, está a su nombre y nadie puede quitárselos. También hay más consciencia de la importancia de que estos ahorros se inviertan bien para ganar intereses.

 Por ese derecho a la propiedad privada es que Anaya, junto al Comité de trabajadores aseguran que están dispuestos a acompañar a los ciudadanos a presentar demandas de amparo por vulnerar sus derechos.

“Si se llegara a aprobar un plan de carácter expropiatorio, nosotros seríamos los primeros en ponernos en la fila para promover amparos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado.

“La gente está tomando cada vez más conciencia de que el dinero que ahorran es de ellos y que el Gobierno no puede tomarlo así por así”, señaló.
Ricardo Soriano, presidente del Comité, dijo que tampoco descartan acciones públicas en rechazo por la toma del dinero privado por parte del Gobierno y que si es necesario salir a las calles a protestar por la expropiación del dinero, podrían hacerlo.

En respuesta a los temores de estatización, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, así como el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, han asegurado que las reformas de pensiones que se proponen no son confiscatorias y que lo que se busca es garantizarle al Estado la liquidez suficiente para pagar las pensiones de los jubilados de hoy.