Mes: febrero 2019

Carta a los diputados: A los dóciles nadie los respeta. De Paolo Luers

19 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si quieren conseguir que la sociedad les tenga confianza y respeto, comiencen a cumplir su mandato con dignidad.

Los que reclaman para ellos la representación del “pueblo”, porque acaban de ganar una elección presidencial, ahora quieren presionarlos a ustedes, los diputados, a que se subordinen a la “voluntad popular’ expresada el 3 de febrero.

Pero el órgano que por definición y mandato constitucional representa a todos los sectores de la sociedad es la Asamblea Legislativa, no la presidencia. Es por esto que el presidente, para las decisiones importantes, tiene que solicitar la aprobación de los parlamentarios.  

No le toca al presidente controlar la labor de la Asamblea. Es al revés: ustedes como  diputados tienen el mandato de controlar al Ejecutivo, a hacerle contrapeso, a limitarle mediante leyes el poder al presidente y su gobierno. Si la Asamblea no goza de respeto de la ciudadanía es porque no ejerce con coherencia este mandato. Los abusos de poder de los gobiernos, incluyendo la corrupción, solo son posibles cuando ustedes como parlamentarios no cumplen su responsabilidad.  

Hoy les quieren sugerir (no solo con argumentos y seducciones, sino también con amenzas y chantajes) que los diputados, para quedar bien con la “voluntad del pueblo”, tienen que someterse a la voluntad del presidente elegido por “el pueblo”.  

De esto se trata cuando el presidente electo, al mejor estilo Trump, les comunica mediante Twitter su exigencia de dedicar la mitad del préstamo aprobado para construir el nuevo edificio legislativo a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas. No es una solicitud, es una orden. O la cumplen o “el pueblo” los va a castigar. “El pueblo” decidió abrir un nuevo capítulo y ahora las reglas son diferentes…

Sospecho que la mayoría de los salvadoreños no comparte que sea necesario pagarle a la Asamblea un edificio digno y seguro. Gastar en escuelas siempre es más popular. Cualquier encuesta lo confirmaría. Pero ustedes no tienen su mandato vía encuestas. Ustedes están obligados a tomar decisiones correctas, sean o no populares.

Un presidente electo, que a esta altura ni siquiera tiene armado su equipo de transición y mucho menos su gabinete, ¿de dónde sacó cuánto debería costar el edificio para la Asamblea? ¿De dónde sacó el costo de 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Acaso ya tiene listo todo el plan de inversión en infraestructura escolar para los 5 años de su gobierno, para saber que el primer paso son 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Y por qué no apuesta al equipamiento de 20 salas de operación? Y la pregunta del millón: ¿Por qué el presidente, queriendo mostrar austeridad, no comienza en casa propia, en Casa Presidencial?

Es obvio que Bukele no sacó sus números de un esquema racional de prioridades, ni mucho menos de estudios financieros y de factibilidad. Los sacó de donde siempre saca sus nuevas ideas y sus proyectos: de la manga, de sus (normalmente muy atinados) cálculos de marketing político.

Por supuesto que hay que revisar bien el proyecto del edificio legislativo antes de ejecutarlo. ¿Realmente es irreparable el edificio? ¿Cuánto espacio necesita la Asamblea? ¿Cuál es el diseño adecuado? Deleguen esto a una comisión especial legislativa con asesoría de profesionales, no al presidente electo.

Para recuperar el respeto de la sociedad, actúen con dignidad. Lo peor que podrían hacer para ganar el respeto es comportarse dóciles ante el nuevo polo de poder. Nuestro parlamento necesita un edificio funcional, seguro y digno. Si esto no lo pueden defender ustedes, la gente tal vez aplaudiría al presidente electo por otro triunfo más, pero no a ustedes. A los dóciles nadie los respeta.

Saludos,

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Preguntas. De Cristian Villalta

17 febrero 2019 / LA PRENSA GRAFICA

Dos maldiciones persiguen a nuestro pueblo, la pobreza y el autoritarismo. Hijas putativas de la acumulación y el despojo, nos empujaron en la centuria pasada a un genocidio y a una guerra civil.

En este siglo, la apertura democrática le cerró muchos grifos al autoritarismo, que ahora se ceba de modo exclusivo con la juventud de renta baja, reducida a unas condiciones de exclusión y represión que no tienen nada que envidiarles a las de hace 40 años.

La fractura que el autoritarismo dejó en la convivencia nacional no se reduce a los más que latentes modos de nuestros cuerpos de seguridad; la posibilidad de que un poder, generalmente el del Estado, no sólo pueda sino que a veces deba extinguir cualquier expresión por legítima que sea en aras del bien “general”, es socialmente aceptada y con pocas excepciones.

Algunos de los más urgentes debates sobre el combate a la delincuencia, la recuperación de los territorios y la penetración del Estado en órdenes actualmente secuestrados por la marginalidad terminan precozmente con un manierismo autoritario. Hasta los políticos más desacreditados se permiten esas expresiones porque son populares en un país en el que la población está tan descreída de la democracia que le ha perdido aprecio a la libertad.

Los dos partidos políticos que condujeron al Estado durante la posguerra comparten ese germen desde su fundación. El resultado de las presidenciales 2019 debe servir como almádena final para destruir la contradicción esencial de Arena y Fmln: ofrecerle democracia a la población desde un instrumento autocrático, tan arbitrario como lo demandasen las necesidades de los señores a los que han servido.

Efecto inevitable de 30 años de tal ejercicio democrático, con seis administraciones producto de esa maquinaria, fue que a las instituciones les haya costado tanto tiempo empoderarse; por eso hemos tenido en el pasado reciente a magistrados de la Sala de lo Constitucional o a un Fiscal General de la República que en lugar de recibir el apoyo gubernamental debieron enfrentarse incluso directamente con el jefe del Ejecutivo.

La partidocracia y la vocación autoritaria de los poderes que han mandado en El Salvador le doblaron las más de las veces la cerviz a nuestras instituciones. Por eso es que el juego de contrapesos necesario para la salud democrática es todavía endeble. Un sistema así, sin el músculo y la independencia necesarias para fiscalizar a sus administradores, es patio de juegos para la corrupción.

El chasco arenero del 3 de marzo clausura una racha de resultados electorales, sí. Pero más que el ocaso del bipartidismo, a nuestra nación lo que le urge es romper para siempre con el autoritarismo.

Que no nos quepa duda, el ejercicio político criollo cambiará para siempre. Es, quizá, el canto del cisne del Fmln. Arena está huérfana de liberales. Pero ¿las instituciones recibirán el espaldarazo que necesitan? ¿Se honrará la independencia de poderes o se pretende discutir un nuevo modelo constitucional? ¿Nuestra democracia madurará o sólo mutará en otro grado de la intolerancia?

Son las mismas preguntas que nos hicimos tras el primer triunfo del Fmln pero con una diferencia fundamental. Hace 10 años, se creyó que la alternancia fortalecería la convicción democrática.

Hoy, la alternancia emociona a miles porque sabe a quiebre, a cisma, a ruptura, antojos del alma cuando se está harto. Pero el futuro sólo será brillante si los administradores se resisten a sus apetitos, si el ejercicio público se ocupa como servicio y no como vendetta y si el Estado deja de hacer lo mismo de siempre a los mismos de siempre.

La política del “siempre ha sido así”. De Cristina López

17 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Existe un concepto en el estudio de las ciencias sociales llamado “dependencia del camino” o “path dependence” en inglés. Se refiere a las limitaciones que todas las decisiones tomadas anteriormente ejercen sobre las decisiones presentes. Para poner un ejemplo, la dolarización de 2001 puso al país en un camino del que, para bien o para mal, sería demasiado costoso salirse. La decisión tomada entonces, de adoptar el dólar como moneda de circulación legal, limita decisiones actuales, como la de imprimir moneda propia e influir en la política monetaria nacional. Sin embargo, también existe el peligro de pensar que todas las decisiones anteriores limitan irrevocablemente las decisiones presentes y paralizan la posibilidad de cambiar, y pensar así es peligroso porque impide imaginar alternativas. Se impone el costumbrismo y se continúan haciendo cosas sin pensar por qué, simplemente porque “siempre ha sido así”.

La política del “siempre ha sido así” es peligrosa porque atrofia la imaginación. Sin la capacidad de imaginar un futuro diferente es prácticamente imposible llevar una nación al desarrollo. Y hay tantas cosas que perpetuamos sin mayor intencionalidad simplemente porque no tenemos la audacia de cuestionar alternativas más prácticas. La semana pasada, una propuesta valiente del diputado no partidario Leonardo Bonilla puso en evidencia lo mucho que la política del “siempre ha sido así” domina nuestro quehacer nacional. Bonilla ha propuesto una reducción del número de diputados en la Asamblea Legislativa.

Sobran motivos para por lo menos considerar la propuesta: podría aumentarse la representatividad si eligiéramos representantes por distritos, habría mucha más cercanía con los constituyentes, generando mayores incentivos para la existencia de verdaderos mecanismos de rendición de cuentas. Fuera de eso, se abriría una oportunidad para la reducción de costos operativos e ineficiencias que imperan en la Asamblea. Y sin embargo, aparentemente basado en la política del “siempre ha sido así”, el mismísimo presidente de la Asamblea, Norman Quijano, demostró un desconocimiento deprimente del ordenamiento jurídico cuando descartó la propuesta de Bonilla sin argumento alguno, diciendo que el número de diputados estaba establecido por la Constitución y que por lo tanto, se necesitarían dos períodos legislativos para lograr una reforma así.

El error es entendible si viniera de un ciudadano común y corriente: no cualquiera se sabe de memoria los contenidos del Código Electoral, donde se establece el número de diputados, y se le perdonaría al ciudadano común y corriente haber olvidado la lección de estudios sociales donde se explica que las reformas legislativas apenas requieren 43 votos. Pero que el presidente de la Asamblea ponga en evidencia su falta de entendimiento de las razones por las que el cuerpo legislativo que dirige se conforma de una u otra manera, que no tenga claro qué procedimientos se requieren para cambiar dicha conformación, y aparte, no tenga verdaderas razones de peso por lo menos a considerar el debate, es equivalente a un contador o asesor financiero con dislexia numérica. ¿Cuántas alternativas estamos dejando engavetadas por el apego a la costumbre?

El desarrollo de nuestro país depende de que tengamos suficientes líderes con la audacia de imaginar diferentes maneras de hacer las cosas, dispuestos por lo menos a vender los pros y contras de sus ideas. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos —si existe una justificación razonable para continuar con el mismo número de diputados que tenemos, que sea porque ha habido un debate al respecto intencional y razonado, y no solo porque “siempre ha sido así”.

@crislopezg

Devolvamos la democracia a Venezuela. De Felipe González.

El 2 de febrero, miles de venezolanos salieron a protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Foto Credit Meridith Kohut para The New York Times
Felipe González, ex-presidente del gobierno español

14 febrero 2019 / THE NEW YORK TIMES

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MADRID — Tengo vínculos políticos y personales con Venezuela desde hace más de cuatro décadas. Conocí y disfruté de la amistad de Rómulo Betancourt, fundador de la democracia venezolana; de la relación con Carlos Andrés Pérez, quien gobernó al país en dos periodos, y con todos los presidentes de la Venezuela democrática.

Tanta y tan intensa ha sido mi relación con Venezuela que, tras el golpe de Estado fallido contra el presidente Hugo Chávez, a finales de 2002, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, me pidió que fuera su representante personal para el país. Le dije que no quería, pero que tampoco podía negarme. Añadí que Chávez no lo aceptaría por mi amistad con Pérez, quien era su bestia negra, y porque él creía que España había tenido algo que ver con ese golpe. Aclaré que era verdad mi amistad con Pérez (incluso cuando discrepamos), pero que yo no estaba a favor de ningún golpe de Estado, ni en ese momento ni cuando lo intentó el propio Chávez, en 1992, entonces un teniente coronel que intentó derrocar a Pérez. Como esperaba, Chávez rechazó la propuesta.

Siempre entendí que la relación entre España y Venezuela era fundamental. Venezuela fue un actor importante en América Central y el Caribe, además del refugio político de muchos exiliados de las dictaduras latinoamericanas y, con los años, de cientos de miles de españoles. Esa tierra siempre los acogió como una hermana.

Así que, desde el gobierno o como mero ciudadano comprometido con los valores de la democracia y el progreso, he dedicado tiempo y esfuerzo a ayudar a los venezolanos a recuperar sus libertades. Lo he hecho desde una posición que ha sido tan incómoda como incomprendida por los que proclaman unos valores y se dedican a ejercer los contrarios, pero no me importa: la defensa de la democracia no tiene color político ni puede tener “padrinos” por razones ideológicas.

No exagero cuando digo que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado fallido. Por eso no podemos fallarles a los venezolanos y debemos ayudarles a recuperar su democracia.

El gobierno de Maduro ha destruido el aparato productivo de un país rico en recursos, en donde aproximadamente el 90 por ciento de la población vive en la pobreza. Ha generado una atroz escasez de alimentos de primera necesidad y medicamentos básicos y ha provocado una hiperinflación sin precedentes. Ha forzado el mayor éxodo de la historia de América Latina, vaciado las instituciones e instaurado una tiranía arbitraria donde los opositores carecen de los más mínimos derechos, incluyendo el derecho a la vida.

La mayoría de las democracias occidentales han dictaminado que las elecciones del 20 mayo de 2018 fueron ilegales y fraudulentas. La Asamblea Nacional, que es la única institución elegida democráticamente que queda en el país, ha obrado correctamente al designar a Juan Guaidó como presidente encargado. Dudar de su legitimidad es dudar de la democracia. La paradoja más increíble es que la oposición sea la que le exija a Maduro el respeto a la constitución bolivariana, creada durante el mandato de Hugo Chávez, y sea él quien la incumpla.

Aunque llegue mucho más tarde de lo que me habría gustado, estamos ante una oportunidad única para devolver la democracia a Venezuela. No será una tarea fácil. Maduro tiene la fuerza que le dan las armas mientras que la Asamblea Nacional, que tiene toda la legitimidad, carece de poder fáctico. ¿Cómo cambiar este fatal equilibrio?

En primer lugar, debemos apostar por una unidad sin titubeos ni fisuras. Las naciones democráticas que reconocen a Guaidó deben reforzar su legitimidad política y su autoridad sobre los activos económicos del país, dentro y fuera de él. Ello privará a Maduro de los recursos para seguir oprimiendo a los venezolanos y mandará una señal muy clara a sus seguidores, particularmente a los militares, de que carecen de futuro a su lado.

Pero también es esencial devolver al conflicto a su esfera original, que es América Latina. Venezuela no debe convertirse en un escenario más de la pequeña guerra fría que Estados Unidos y Rusia vienen librando en frentes como Siria y Ucrania. Estados Unidos, Rusia y China deben evitar ver a Venezuela como una pieza más en su lucha de poder geopolítico. Absteniéndose de interferir, pueden evitar un impasse que podría darle a Maduro tiempo y recursos para aferrarse al poder.

La gestión de la crisis venezolana debe ser devuelta a los actores de la región. La Unión Europea, con el apoyo de Canadá, debe abrir los espacios para que pueda actuar el Grupo de Lima, que conforman catorce países latinoamericanos. También, debe sumar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la causa de la democracia en Venezuela y hacer ver al régimen cubano que no puede mantener más tiempo su injerencia en Venezuela ni seguir parasitando sus recursos.

El retorno de la democracia a Venezuela exige que los pirómanos se hagan a un lado. Las amenazas y bravatas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una invasión militar deben cesar inmediatamente. Sería irónico, si no fuera trágico y preocupante, que el gobierno de Trump —aislacionista por vocación y con una nula preocupación por la promoción de la democracia en el mundo— convirtiera a Venezuela en un objetivo central de su política exterior. Estados Unidos hace tiempo que agotó el cupo de intervenciones militares en América Latina. Ese escenario debería quedar como un mal recuerdo del siglo XX. Por eso pido a los líderes demócratas y republicanos en el congreso estadounidense que trabajen juntos con sus socios y vecinos latinoamericanos y europeos para devolver la democracia a Venezuela de forma legal, legítima y pacífica.

El presidente encargado, Juan Guaidó, tiene delante de sí una tarea colosal. Debe tomar el control del país, poner las fuerzas armadas al servicio de las instituciones democráticas, desarmar a las milicias bolivarianas, hacer frente a la catástrofe humanitaria y migratoria y estabilizar la economía.

El gobierno de transición que lidere Guaidó deberá convocar unas elecciones presidenciales, pero ese objetivo requerirá tiempo, pues antes es necesario reconstruir el Consejo Nacional Electoral, liberar a los presos políticos y elaborar un censo electoral válido. La reconstrucción institucional es, como todo lo que vale la pena, costosa en tiempo y en esfuerzos. Sería una miopía política, con riesgos de conflicto permanente, apurar a Guaidó por el mero hecho que la transición se haga incómoda para algunos socios internacionales.

Restaurar la democracia en Venezuela es posible, pero el proceso es tan frágil y precario como la salud de los venezolanos, que han perdido en promedio 11 de kilos de peso. Maduro, por el contrario, sigue bien alimentado y sus adeptos continúan robando los recursos del país a escala masiva. El presidente encargado, Juan Guaidó; la Asamblea Nacional, portadora de la legitimidad democrática, y el pueblo de Venezuela necesitan el aliento y apoyo de una comunidad de naciones democráticas que sea unida y esté determinada a ayudarles a recuperar la libertad que su país merece.

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La democracia en peligro. De Antonio Caño

Bajo la formalidad de un modelo político con elecciones periódicas, asistimos a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar nuestra convivencia.

Antonio Cano, ex director
de El País

16 febrero 2019 / EL PAIS

Tal vez si todos fuésemos más conscientes de la fragilidad de la democracia, del enorme sacrificio que ha costado alcanzarla y de la facilidad con la que puede perderse si no la cuidamos, con hechos, no con palabras, encontraríamos más entusiasmo para defenderla frente a los oportunistas y demagogos que se aprovechan de un sistema político basado en la tolerancia, incluso para quienes lo usan en su beneficio personal, lo adulteran groseramente o tratan de destruirlo.

Hasta después de la II Guerra Mundial, hace poco más de 70 años, la democracia era todavía una opción minoritaria en Europa frente al predominio de las soluciones radicales, el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. España, Portugal y Grecia aún tardaron tres décadas más en sumarse a esa corriente. Los países bajo el control de la Unión Soviética tuvieron que esperar hasta los últimos años del siglo XX.

Es edificante, como digo, el trabajo de Berman, pero es al mismo tiempo alarmante comprobar en qué brevísimo periodo de tiempo han vuelto a florecer los síntomas del horror totalitario que creíamos haber dejado atrás. Con qué rapidez han resurgido las soluciones extremistas, las que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación” frente a las injusticias del capitalismo o el asedio de culturas o tradiciones extranjeras. Incluso los enormes logros de la socialdemocracia europea, con su grandioso esfuerzo por humanizar la economía de mercado, son ahora ignorados o minusvalorados por los nuevos socialistas que prefieren competir por las supuestas esencias ideológicas de la izquierda y que han acabado por perder la razón básica de su existencia.

Resurgen soluciones extremistas que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación”

La confluencia en el nuevo siglo de la crisis económica y la revolución tecnológica frenó el ciclo de prosperidad que siempre estuvo unido al auge de la democracia liberal, e inmediatamente regresaron los viejos demonios, seguramente agazapados en el fondo de la condición humana: el miedo, el sectarismo, el fanatismo y el nacionalismo. “En la medida en que este orden declinó y reaparecieron muchos de los problemas que debía resolver —los conflictos y divisiones económicas y sociales, la fabricación de enemigos externos y el extremismo—, volvieron a aparecer voces en la izquierda y en la derecha que cuestionan la viabilidad, incluso la deseabilidad, de la democracia liberal”, afirma Sheri Berman. Un sistema político como el de China ya no despierta ninguna clase de resistencia ni en la derecha ni en la izquierda. Buena parte de la derecha no ve con malos ojos los modelos de Hungría y Polonia, especialmente su política frente a la emigración. Hasta hace bien poco, cierta izquierda mostraba simpatías con Venezuela o prefería mirar para otro lado. Y el estilo autoritario de Putin tiene adeptos por igual en la derecha, por su nacionalismo y firmeza, y en la izquierda, que no pierde el instinto de mostrar afecto para quienquiera que se oponga a Estados Unidos y a la Europa liberal.

¿Es reversible esta tendencia? ¿Caminamos hacia el precipicio del totalitarismo o vivimos turbulencias a las que la democracia será capaz de sobreponerse? Quizá sea conveniente anotar que la crisis de la democracia liberal no tiene por qué desembocar en un sistema plenamente totalitario o antidemocrático. Lo que la realidad nos va mostrando apunta más bien al surgimiento de modelos no liberales y semidemocráticos bajo la formalidad de una democracia con elecciones periódicas. Asistimos, más que a un drástico cambio de sistema, a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar gravemente nuestra convivencia.

El nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país y dañado su imagen internacional

Evitar esa degradación es una responsabilidad de todos. En una democracia los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Uno de los primeros es el de exigir a los gobernantes responsabilidades por el uso del poder. Entre las últimas está la de respetar las ideas que no se comparten, especialmente las que no se comparten, y respetarlas significa no responder a ellas con insultos y descalificaciones. “Democracia”, recuerda Berman, “no es meramente un sistema político que elige a sus líderes de una forma particular, es también un sistema político cuyos gobernantes y ciudadanos actúan de una forma particular. Las democracias difieren de las dictaduras no solo en la forma en que eligen a sus líderes, sino en la forma en que tratan a sus ciudadanos y en que sus ciudadanos se tratan entre ellos”.

Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo un sistema democrático, pero su democracia se degrada cuando su presidente ataca la libertad de prensa o hace mofa de sus rivales políticos. Nada ha degradado más la democracia en España que el surgimiento de un nacionalismo radical en Cataluña que, como en el caso de Trump, otro nacionalista, ha menoscabado el valor de la verdad, ha ignorado la función crítica de los medios de comunicación, ha dividido a la sociedad, ha menospreciado a sus adversarios, ha señalado enemigos externos y se ha burlado de la justicia y de las leyes. El presidente de esa comunidad autónoma española decía recientemente que la voluntad de “la gente” está por encima de las leyes. “Un fascista dice la gente y quiere decir alguna gente, la que a él le conviene en ese momento”, recuerda Timothy Snyder en su último libro, The Road to Unfreedom.

En el caso español, además, el nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país, ha dañado gravemente su imagen internacional, ha estresado al límite el sistema, ha hundido al Partido Popular, ha dividido —y quizá también hundido— al Partido Socialista y, como último y gran logro, ha resucitado al nacionalismo radical español que había sido derrotado hace 40 años por una sociedad, por fin, integradora, moderada, reformista y moderna. No se defiende la democracia blanqueando a ninguno de estos nacionalismos con acuerdos políticos, sino desvelando su verdadera naturaleza e impidiendo sus propósitos.

En cada país el retroceso democrático adquiere rostros distintos, por lo general, acorde con su tradición y su historia. La de España ha flaqueado siempre por el lado de las divisiones territoriales. También por el de un concepto monopolizador del poder en la derecha y el de una gran confusión en la izquierda sobre la creación de un proyecto nacional. Ahí están los puntos débiles de la democracia española y ahí es donde surgen nuestros Brexits.

En contra de lo que podría pensarse hasta hace poco, no se ha quedado España al margen del proceso casi universal de degradación democrática. Simplemente ha llevado otro ritmo, ha sido diferente. Algunos han querido pensar que solo ahora, con la aparición de un partido de extrema derecha xenófobo en el ámbito del nacionalismo español, España se suma a la plaga de esta década. Pero lo cierto es que el contagio llegó mucho antes. Es en el campo del nacionalismo catalán donde se produjo el terremoto que ha llevado a nuestra democracia a la peor crisis de su historia. Todo lo demás y lo que quede por venir es consecuencia de ese desastre.

Carta a los que demandaron una CICIES: ¡Abran el debate! De Paolo Luers

16 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos en DTJ, Funde, Fusades…:
Uno de los primeros grandes temas de discusión y negociación en esta fase de transición será la CICIES. La instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad fue una de las banderas principales de campaña del ahora presidente electo– dentro de su discurso central de denunciar a todos los partidos de la postguerra como corruptos.

Hagamos historia: La demanda de una CICIES no es invento de Nayib Bukele. Surgió con fuerza en la sociedad civil salvadoreña, cuando las instituciones salvadoreñas no estaban dispuestas a romper con la impunidad de los corruptos – y cuando a la vez vimos que en Guatemala, con ayuda de la CICIG, desbancaron y enjuiciaron a un presidente corrupto y su vice. Y nosotros tuvimos una Fiscalía General comandada por un delincuente y extorsionista, una sección de Probidad dormida, una Corte de Cuentas corrompida, y partidos que querían ponerle bozal a la primera Sala de lo Constitucional independiente. ¿Cómo no nos iba a dar envidia la CICIG?

Ahora ya no estamos en la misma situación. La Sala terminó sobreviviendo todos los intentos de mediatizarla, y se renovó con magistrados que prometen defender su independencia. El fiscal general corrupto, Luis Martínez, está preso, igual que el ex presidente Saca. El ex presidente Funes tiene 4 órdenes de captura. Obviamente, nada de esto hubiera pasado sin un avance sustantivo en la Fiscalía General y la Corte Suprema.

Por tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Todavía necesita El Salvador una CICIES? ¿O podemos apostar a la consolidación de las instituciones propias? Esta discusión hay que abrirla inmediatamente en toda las sociedad civil, la academia, las organizaciones civiles y la comunidad jurídica. Y hay que exigir al gobierno entrante que no impulse ninguna iniciativa unilateral sin tomar en cuenta esta discusión de la sociedad civil.

Y si se llega a la conclusión que siempre es preciso una institución externa independiente de investigación y asesoría para fortalecer a nuestras instituciones jurídicas, la pregunta central sería: ¿Cuál sería el diseño y la misión de una CICIES que realmente cumpla con esta misión?

Aquí algunas tesis iniciales:

El primer imperativo para una CICIES sería su absoluta independencia. Si no es independiente del Ejecutivo y de intereses partidarios, sería contraproducente. Por tanto, el presidente electo tendrá que despojarse de los discursos manejados durante su campaña de una CICIES controlada por el gobierno. Siempre una CICIES nacerá de un convenio entre el gobierno y la comunidad internacional (Naciones Unidas y/o OEA). Pero los términos de este convenio, en cuanto a la misión y los mecanismos de funcionamiento de la comisión, tendrían que ser discutidos y aprobados por la Asamblea Legislativa.

Hay que definir un mecanismo confiable para nombrar al jefe de la Comisión. No puede ser simplemente por acuerdo del gobierno con los organismos internacionales, si para elegir a un magistrado o un fiscal general se requiere mayoría calificada de la Asamblea.

El punto esencial a discutir y definir es la relación CICIES-FGR. La CICIES tiene que fortalecer a la Fiscalía General, no hacerle competencia ni restarle competencias.

Tiene que respetarse el monopolio de la acción penal en manos de la fiscalía. Hay que discutir hasta qué punto esto tiene que incluir las decisiones sobre la apertura de investigaciones penales, y sobre cómo comunicar sus resultados al público. Hay que evitar el populismo judicial y los juicios mediáticos.

Todo esto hay que comenzar a debatir inmediatamente, con seriedad y libre de presiones. Es un asunto demasiado delicado para dejarlo solo en manos de los políticos y gobiernos. Por esto, esta carta va a los activistas, voceros, investigadores de las organizaciones civiles, académicas, y de la comunidad jurídica.

De este debate y su incidencia política dependerá si tendremos una CICIES que fortalezca nuestra institucionalidad o un pelotón de fusilamiento. Y a los diputados hay que decir que no pueden asumir ningún compromiso antes de que este debate haya producido consensos.

Saludos,

¿Haciendo historia? De Manuel Hinds

15 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

“Hagamos historia” fue uno de los eslóganes usados por el ahora Presidente electo en su campaña.

Realmente en la elección logró varias cosas que serán mencionadas en la historia, tales como haber terminado con el duopolio electoral ARENA-FMLN, que había durado por tres décadas, o haber sido uno de los comicios ganados en primera vuelta (con más del 50 % de los votos, como Cristiani, Flores y Saca).

Pero las elecciones, y las cosas que pasaron en ellas, solo son pasos intermedios en la historia, habilitaciones para hacer o no cosas que realmente hagan historia en el país. Un gran triunfo electoral pierde sentido histórico sin una mejoría real y sostenible en la vida de la población.

En las condiciones de nuestro país, el verdadero quiebre histórico se daría si se sentaran las bases para generar un crecimiento alto y sostenido en el país, de tal forma que El Salvador comenzara a desarrollarse, económica y socialmente, a un ritmo que permitiera a las generaciones actuales ver un país en franco desarrollo.

Esto no se logra con trucos macroeconómicos como políticas expansivas monetarias o fiscales, que al final, ambas, terminan con inflación, endeudamientos excesivos e inestabilidad. Basta ver lo que ha pasado en Venezuela y en Nicaragua en los dos gobiernos sandinistas, para darse cuenta de que estos trucos son como las drogas, que generan dependencia y luego su propia destrucción.

Además, para generar desarrollo, no es necesario solo crear crecimiento sino también, crucialmente, transformar la economía salvadoreña de lo que es ahora, una de bajo valor agregado, a una de alto valor agregado, que se produce solo con un capital humano desarrollado —es decir, con una población altamente educada, con niveles altos de salud y gozando de seguridad ciudadana. Esto, que siempre ha sido cierto, lo es mucho más ahora, en plena expansión de la economía del conocimiento. Para lograrlo, es indispensable concentrar los recursos del Estado en un esfuerzo enorme para aumentar el capital humano de nuestra población. Es posible enfocar esta inversión en cuatro actividades que nos pongan firmemente en el camino del desarrollo. Estas actividades serían las siguientes:

Primero, invertir en la salud preventiva y la educación temprana de los niños que están naciendo ahora, que se convertirían en la primera generación ya encaminada al desarrollo. Esta inversión temprana reduce mucho los costos del paso al desarrollo porque beneficia a los niños en una etapa en donde mayor salud y mayor educación toman ventaja de la edad en la que ellos están más susceptibles de aprender para formar inteligencias y cuerpos fuertes y bien saludables.

Segundo, ir siguiendo esta generación con inversión en educación y salud de primer mundo, para que cuando entren al mercado de trabajo, puedan insertar el país en la economía mundial del conocimiento.

Tercero, invertir en educación técnica y de tercer nivel para los salvadoreños que ya están en la fuerza laboral, para que ellos puedan superarse también y aumentar el valor agregado de su producción, y con esto, los ingresos de la población.

Cuarto, invertir también fuertemente en la seguridad ciudadana, con entrenamiento a las fuerzas policiales y con fuerte desarrollo local para prevenir el crimen.

Generar los recursos para esta inversión inicial en dar un salto de calidad en el desarrollo requerirá de una política fiscal muy bien pensada, y de un empuje muy fuerte a la producción para crear los recursos necesarios, algo que puede lograrse con esfuerzos para conseguir inversión local y extranjera, y con reducciones en los costos innecesarios que la burocratización excesiva impone a las empresas. Esto requiere grandes esfuerzos pero es factible.

Lograr esto crearía historia más allá de triunfos electorales, que pueden llevar a un desencanto si no llevan a mejores políticas que al fin pongan al país en el rumbo del desarrollo. Si este desarrollo se logra, entonces sí las generaciones futuras pensarán en 2019 como una verdadera refundación de la República, no porque allí se instalaron políticos y partidos que luego duraron uno, o dos, o muchos períodos en el gobierno como Chávez y Maduro, sino porque desde este momento se comenzó a invertir en serio en incorporar al país a la economía del conocimiento, y por tanto, al desarrollo y la riqueza.